Ir al contenido principal

Etiqueta: inclusión

UCR: El mercado laboral sigue excluyendo a personas con discapacidades

La inclusión de personas con discapacidades es baja en el mercado laboral. La exclusión educativa reduce sus oportunidades de contratación y persisten barreras actitudinales en el ámbito empresarial, aspectos que limitan su autonomía y fomentan la dependencia. En la foto aparece el joven Eder Mata, asistente de oficina en la empresa PIASA. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Los derechos laborales de las personas en situación de discapacidad continúan rezagados en la práctica empresarial

Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)

En Costa Rica casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores. Aunque en materia de empleo la Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5% de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría labora en el sector privado. Y en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), que calcula ese segmento de población en 670000 personas, solo el 28% se gradúa de secundaria.

Sobre el tema, la Lic. Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un “problema”, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61%. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó la Lic. Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (PROCALA), un proyecto de Acción Social coordinado por el PROIN (ED-2481).

Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.

Superando barreras

La Lic. Mata fue enfática al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En PROIN partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.

Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concientización de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.

Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.

La Lic. Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.

Un caso de éxito

Para Eder Mata Mata, con 34 años y vecino de Coronado, su paso por los cursos libres del PROIN representó la puerta de entrada para alcanzar su independencia económica y personal. Además de ser un joven con un alto compromiso por su trabajo, dedica tiempo para practicar deportes y ver videos para aprender inglés.

En PROIN he estudiado fotografía, manejo del dinero, cursos de oficina; he estado en la UCR unos seis años. Los profesores me enseñaron matemáticas, y ahora me gustaría llevar inglés porque el año pasado ya llevé un curso, porque yo quiero hablar inglés”, dijo Mata, quien actualmente trabaja en la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. (PIASA).

Anteriormente, Mata laboró en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde noviembre, tras superar una pasantía, se integró al equipo de colaboradores de PIASA. El joven realiza diversas labores de apoyo administrativo y entre sus metas está seguir aprendiendo más. “Estoy muy feliz aquí, cuando llego a mi casa les digo a mi mamá, mi papá y mi hermano que lo pasé muy bien, y que estoy aprendiendo cosas nuevas, me gusta aprender”, comentó con entusiasmo.

Un llamado social

La arquitecta Adriana Picado Marín es la supervisora directa de Eder Mata, quien detalló que para su inserción se “revisó el perfil del trabajo que podría realizar. Aquí siempre tenemos mucho trabajo. Aunque ingresó como asistente administrativo, lo hemos capacitado en el uso de la planoteca, a llenar bases de datos con información que nos hacía falta, él se ha diversificado muchísimo”.

Picado compartió a este semanario que “ese miedo previo a la contratación desapareció, como organización queremos sentar las bases para considerarnos como una empresa regional incluyente”. A su criterio, otras pueden sumarse a la inclusión social, para ello recomendó el estudio previo de las normativas nacionales e internacionales sobre el tema y la responsabilidad social empresarial. Así como crear conciencia entre los colaboradores acerca de que todas las personas son capaces.  “Simplemente es saber quién va en cada puesto, qué apoyos se requieren y definir bien los roles de las personas que se necesitan para posibles contrataciones. Se han abierto espacios en el deporte, pero en el mercado laboral aún falta bastante”, concluyó Picado.

En el ámbito nacional, el PROIN es el único programa público que se enfoca en la dignificación del trabajo, para lo cual brinda capacitación para que personas con discapacidad cognitiva encuentren un trabajo de acuerdo a sus vocaciones e intereses personales.

Un retraso de medio siglo del estado en zonas costeras del país

Bernardo Archer Moore

El Estado costarricense demoró medio Siglo (1974 – 2024) para planificar la administración ordenada de las áreas de Zona Marítima Terrestre ZMT) del país.

Este retraso, agravado por la fragilidad humana de la corrupción en la administración de los asuntos públicos, ha provocado un desorden absoluto en las zonas costeras.

Lo cual ahora los gobernantes de turno pretenden resolver sin afrontar las consecuencias económicas de su propia negligencia; y peor todavía, con un Manual de Ordenamiento carente de EQUIDAD en sus normas de Zonificación.

A quienes con harta soltura señalan a los habitantes costeros como “PRECARIOS” de lo demanial, les diré lo siguiente: «Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio». (Lucas 6:37-42)

Al abordar este tema es necesario tener presente la importancia de la equidad en las normas de zonificación para garantizar un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades afectadas. La exclusión de comunidades vulnerables del desarrollo turístico sin duda perpetuará desigualdades y marginación.

Tanto el Concejo Municipal del Cantón de Talamanca, como su alcalde de turno y la Comisión del Plan Regulador, les corresponde abogar por políticas que promuevan la inclusión y participación de todas las comunidades en el desarrollo turístico, asegurando que se respeten sus derechos y se aborden las desigualdades existentes. Cosa que no han hecho.

La equidad en las normas de zonificación es fundamental para crear un entorno justo y equitativo para todos los habitantes costeros de nuestro país.

Es fundamental que las políticas de zonificación tengan en cuenta la diversidad de las comunidades locales y promuevan un desarrollo sostenible que beneficie a todos.

La planificación de las áreas costeras debe ser inclusiva y considerar los intereses de las comunidades locales, garantizando su participación en el proceso de toma de decisiones.

Las concesiones municipales pueden ser una herramienta útil, pero es importante que se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de las comunidades locales y evitando su desarraigo.

Promover una política de equidad en las normas de zonificación es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y justo en las áreas costeras, protegiendo el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades locales; elementos ausentes tanto en el actual Proyecto de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, Talamanca, como en todas las demás áreas costeras del Caribe costarricense.

Si cree, como yo, que un reinicio o un nuevo comienzo de este Plan Regulador es necesario para evitar daños a las generaciones actuales y futuras, puede que valga la pena explorar formas de abordar estas preocupaciones y trabajar por un futuro más sostenible y positivo.

Entonces, la colaboración, la comunicación y un compromiso compartido para marcar la diferencia pueden ayudar a allanar el camino para un mañana mejor.

Recuerde que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia y, al tomar medidas reflexivas e intencionales, podemos crear un mundo que sea más inclusivo, sostenible y solidario para todos. Trabajemos juntos para construir un futuro mejor para las generaciones venideras.

Publicado en Las Cosas Son Lo Que Son y compartido con SURCOS por el autor.

Nosotros el pueblo

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Enfundados con banderas republicanas del candidato Donald Trump y bajo el lema “Recuperemos nuestra frontera”, un grupo de personas autodenominadas “El ejército de Dios” llegó en los últimos días a las inmediaciones de Río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos, uno de los principales puntos de ingreso de personas migrantes provenientes de Centro y Sur América.

Autoconvovados bajo la idea de servir de muro de contención humana al ingreso de cientos de personas a su país (EEUU), llegaron a la zona fronteriza en caravanas identificadas con consignas religiosas, en defensa de la vida, las armas, el país y en contra de lo que consideran la amenaza migrante.

Dueños de un enfoque restrictivo, buscan posicionar desde ya las ideas antiinmigrantes impulsadas por Donald Trump de cara a las elecciones nacionales de noviembre próximo. Con este enfoque, se identifica una inmensa mayoría de votantes, a los cuales las ideas populistas de la amenaza migrante les han calado profundamente.

“El ejército de Dios”, como se hacen llamar, está listo para actuar de oficio “cazando” migrantes en la frontera y defender así su territorio de “gente mala”, concepto que han logrado socializar de forma amplia.

Se llaman así mismos “Nosotros el pueblo”, frase con que inicia la Constitución de Estados Unidos. Uno se pregunta entonces cual idea de pueblo es la que subyace tras estos esquemas excluyentes y discriminatorios.

Arrogarse el derecho de decidir quién entra a un país bajo conceptos racializados, habla de cuán distintantes estamos de construir sociedades inclusivas y solidarias. No quisiera pertenecer a ningún “nosotros” ni ningún pueblo con estas ideas despectivas.

Hay otras formas de construirnos como experiencia colectiva. Seamos ese otro pueblo incluyente y amplio. Seamos nosotros ese otro pueblo levantado desde la inclusión y la convivencia.

La función política del lenguaje

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

“Te van a comer los perros” le habrían gritado desde la tribuna. En anteriores columnas nos habíamos referido a este hecho ocurrido recientemente en un estadio de fútbol costarricense. No es solo el grito xenofóbico lo que es posible escuchar: tras este insulto, se esconde la construcción de un lenguaje deshumanizante que utiliza calificativos despectivos, inferioriza, barbariza.

Recientemente un artículo publicado en la BBC en su sección de noticias mundiales, señalaba la función de ese tipo de lenguaje: “se encuentran en el lenguaje de los enfrentamientos en todo el mundo: viejas figuras literarias y calificativos despectivos que buscan retratar a grupos enteros de personas como si fueran de alguna manera menos que humanos”, mencionaba la reflexión a propósito del conflicto Israel-Hammas y de cómo los bandos en pugna no solo usan la tiranía de las armas sino que también el fusil de la palabra que hiere, agrede y mortifica.

En escenarios crispados, desiguales, tensos, lo que se dice de los otros y las otras es igual o más importante que un enfrentamiento físico. En ocasiones se devela frontal, como en el caso de los insultos en un estadio costarricense hacia un jugador nicaragüense. En otros momentos el ejercicio es más bien velado y se maquilla detrás del humor y, ahora, del meme en redes sociales.

Si bien la deshumanización del otro a través de la palabra resulta en una especie de “aniquilación simbólica”, una suerte de desaparición del sujeto, también debe recuperarse el carácter político, el orden del discurso desde la premisa foucaultiana, en el que estrategia y sentido resultan de primer orden.

En una reciente conversación con la poeta, actriz y activista guatemalteca radicada en Estados Unidos María Herrera, refería a la potencialidad del lenguaje cuando se utiliza para resistir al poder.

Contaba de su decisión de leer sus textos poéticos en español en una actividad organizada en Los Ángeles California. A contrapelo de los organizadores, insistió en su lectura en su idioma materno: “es que ya es bueno que el español sea defendido”, decía.

En un país con cerca de 60 millones de hispanos, el que el español sea visto como herramienta de resistencia habla claramente acerca del sentido político del lenguaje en un momento histórico como el presente.

Si bien las palabras hirientes impactan subjetividades, también su uso como herramienta de reivindicación nos muestra el camino hacia sociedades cada vez más inclusivas.

Educación inclusiva implica evaluación inclusiva, también con pruebas estandarizadas

COMUNICADO

Ante las recientes declaraciones de la Señora Ministra de Educación Pública, consideramos necesario aclarar, a la opinión pública, y reafirmar ante las personas estudiantes, docentes, y padres y madres de familia, algunos conceptos fundamentales relacionados con la evaluación de los aprendizajes, en el contexto de la educación inclusiva, tanto por medio de pruebas de aula, construidas por la persona docente, como por medio de pruebas estandarizadas educativas, y recordando precisamente que la evaluación educativa, como disciplina científica, se basa en la ética y el rigor técnico como pilares fundamentales.

La ética evaluativa a nivel internacional, y las leyes de nuestro país, señalan que, al haber personas estudiantes con alguna situación de discapacidad, incluidas en la educación regular, es necesario asegurar su plena participación en igualdad de condiciones y oportunidades, tanto a nivel de aprendizaje, como en las distintas formas de evaluación que se empleen, sean estas pruebas de aula o pruebas estandarizadas educativas.

En primer lugar, debemos recordar que la educación inclusiva se enfoca en la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación plena de todas las personas estudiantes, entre ellas las que están en situación de discapacidad. Existe, además, abundante evidencia científica de los beneficios educativos y sociales de la educación inclusiva, al crear ambientes escolares que promueven la diversidad, el respeto y la inclusión.

Ahora bien, la evaluación de aula es construida por la persona docente, y es utilizada para la gestión de los procesos de enseñanza con sus estudiantes, en un contexto específico. Es parte de la llamada micro-evaluación y es un proceso que se realiza con diferentes instrumentos, entre ellos pruebas diagnósticas, formativas o sumativas, las cuales permiten al profesorado orientar su enseñanza, según los requerimientos del estudiantado a su cargo. Precisamente, el anterior es el valor agregado de las pruebas en el aula; ya que la validez de estas evaluaciones tiene sentido cuando se interpretan en el contexto específico del grupo de estudiantes para las que fueron diseñadas.

Respecto a las pruebas estandarizadas educativas, cabe resaltar que son exámenes que se construyen, aplican y califican en condiciones estándar o equivalentes, y usualmente deben estar alineados al currículo de programas de estudio específicos. Es así como evalúan los mismos aprendizajes en la gran mayoría de las personas examinadas, y por tanto generan puntuaciones que son comparables entre la población estudiantil. Se diseñan y validan siguiendo principios fundamentales de rigor científico y ética. Estas pruebas aportan información sobre los niveles de desempeño de las personas estudiantes en los aprendizajes evaluados. De esta manera, las autoridades educativas pueden tomar decisiones en cuanto al logro de los niveles meta de los aprendizajes por parte del estudiantado, identificando también situaciones de inequidad, referentes a diversas variables sociodemográficas y geográficas, con el fin de tomar medidas correctivas y brindar los apoyos y refuerzos que se requieran.

Debemos recordar también que los resultados de una prueba estandarizada, bien construida y debidamente validada, brindan una línea base para evaluar el desempeño de todas las personas estudiantes en relación con las metas de aprendizaje establecidas en los programas de estudio, y utilizadas con propósitos formativos, ofrecen, asimismo, a cada estudiante y sus correspondientes docentes, una descripción de sus fortalezas y áreas de mejora en aprendizajes. Finalmente, las autoridades educativas y otros sectores involucrados deben utilizar los resultados de estas pruebas para ejecutar y desarrollar políticas educativas en torno a temas de excelencia y equidad en la educación.

Ahora bien, en el contexto de la educación inclusiva y reconociendo la diversidad existente en el estudiantado, la evaluación inclusiva implica que los procedimientos aplicados deben ser de accesibilidad universal, de manera que queden eliminadas todas aquellas barreras que restrinjan la participación plena y activa de la totalidad de la población estudiantil.

Entonces, desde el marco de referencia asociado a las pruebas estandarizadas y para sus procesos de elaboración y validación, es necesario reconocer dos situaciones: por un lado, aquellas personas estudiantes que poseen alguna condición física, psicosocial, sensorial o de aprendizaje que no afecta su desarrollo intelectual, y que reciben todos los temas de los programas de estudio en una asignatura específica van a requerir probablemente de ciertos apoyos educativos y/o productos de apoyo, para acceder a los contenidos de las pruebas, que les permitan estar en igualdad de oportunidades con el resto del estudiantado. A este tipo de apoyos se les ha conocido anteriormente como adecuaciones no significativas, y adecuaciones de acceso, dado que el contenido de la prueba se mantiene. Por ejemplo, en la aplicación de las diversas pruebas de admisión a las universidades públicas, se ofrecen una variedad de apoyos de este tipo, para garantizar la equidad en el acceso a su contenido. Tal es el caso de pruebas que se presentan en el sistema Braille o con lector de pantalla para hacerlas accesibles a las personas con ceguera o baja visión, la disponibilidad de rampas o ascensor para personas usuarias de silla de ruedas, andaderas, coches u otros, que requieren llegar a un aula en un piso superior para realizar el examen, o la interpretación de la prueba en la LESCO (Lengua de Señas Costarricense) para una persona sorda. Como los contenidos que mide la prueba se mantienen, los puntajes de las personas que reciben estos apoyos son totalmente comparables a los de la población que no los requiere, y, por tanto, los resultados de ambos grupos se analizan conjuntamente, y se generan las mismas interpretaciones.

Otra situación diferente se origina con las personas estudiantes que presentan diversidad intelectual y funcional, y que, de acuerdo con ajustes razonables en el contexto de la educación inclusiva, reciben contenidos educativos modificados o adaptados a su perfil. A estas personas se les debe brindar evaluaciones de su rendimiento escolar equivalentes a las de la población sin discapacidad, pero modificadas según su propuesta educativa particular. Tal puede ser el caso de personas con síndrome de Down o Trastorno del Espectro Autista, por ejemplo. Entonces, en un modelo educativo inclusivo, una prueba estandarizada de contenidos curriculares puede presentar ciertas modificaciones, de tal manera que se incluyan en ella solo los aprendizajes que fueron gestionados, en particular, para esa persona estudiante. El grado de comparabilidad entre los puntajes de estas pruebas estandarizadas modificadas y los puntajes de los estudiantes de la población sin la modificación es variable, por tanto, en general, deben analizarse e interpretarse de manera separada. Aun así, se pueden construir indicadores del desempeño para esos grupos de estudiantes. También es relevante mencionar que frecuentemente sucede que una persona estudiante requiere ajustes razonables solo en alguna(s) de las asignaturas. Por supuesto, si este es el caso, dicha persona resolverá la prueba estandarizada sin modificar en aquellas asignaturas donde no requiere ajustes razonables, y la prueba estandarizada modificada en aquellas donde sí presenta ajustes razonables.

Ciertamente para las personas especialistas en evaluación educativa el modelo de la educación inclusiva y, consecuentemente, de la evaluación inclusiva, representa retos metodológicos, tanto para la construcción y validación de pruebas estandarizadas, como para el análisis e interpretación de los resultados, puesto que la prueba estandarizada con contenidos modificados no es, de oficio, directamente comparable con la aplicada a la población regular. Por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas con modificaciones no deberían ser parte de los análisis estadísticos realizados con los datos de la población que no presenta alguna discapacidad, y las interpretaciones en términos de las descripciones de los desempeños estudiantiles, según los puntajes de las pruebas, también cambiarán. Pero estos asuntos técnicos de ninguna forma deben limitar la participación de todas las personas estudiantes en los procesos evaluativos que involucren pruebas estandarizadas.

Existe en el país un ejemplo de una prueba que, desde su misma concepción, es adaptable para evaluar poblaciones con diversidad intelectual en el contexto de la educación inclusiva, permitiendo la diferenciación de contenidos. Se trata de la prueba de dominio lingüístico en lenguas extranjeras, desarrollada por la Universidad de Costa Rica, y que está alineada al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esta prueba puede ser adaptada fácilmente para que evalúe solo los niveles recomendados por especialistas en Educación Especial, en aquellas personas con alguna discapacidad en sus habilidades intelectuales. Por ejemplo, hay posibilidad de evaluar, de acuerdo con su perfil, solamente hasta el nivel de desempeño A2 (principalmente precisión y descripción), por lo que el instrumento es ensamblado con ítems específicos para este nivel. Así se evita exponer a la persona estudiante a restricciones arbitrarias de exclusión de la prueba, que la ponen en una situación de desventaja, y, además, se obtiene información de su propio desempeño, de forma equitativa al resto de la población estudiantil. Nuestra propuesta es que se use ese mismo modelo en las otras asignaturas de la educación regular.

En este contexto, reconocemos que el Ministerio de Educación Pública cuenta con especialistas, no solo en Educación Especial, sino en evaluación con pruebas estandarizadas, quienes poseen el conocimiento necesario para crear estos instrumentos y hacerlos inclusivos para todo el estudiantado, pues son claros los beneficios educativos y sociales de la educación y de la evaluación inclusiva.

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown), y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, instamos vehementemente a las autoridades del Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación, para que utilicen los valiosos recursos disponibles y la experiencia acumulada, y cumplan con su deber de realizar procesos evaluativos que sean inclusivos y respetuosos de los derechos del estudiantado, pues se trata de derechos salvaguardados en nuestra legislación, jurisprudencia y en las convenciones suscritas por nuestro país. Todo lo anterior con el fin de continuar por el camino trazado hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, respetando las diferencias individuales y la dignidad de cada persona estudiante. De nuestra parte estamos, igualmente, en la mejor disposición para colaborar en dichos procesos.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Doctora en Educación
Máster Académica en Evaluación
Educativa

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa
Profesora Jubilada
Universidad de Costa Rica

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular, Colypro

Katalina Perera Hernández
Docente e investigadora
Doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y
M.Sc. en Tecnología educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

Laura Jiménez Umaña
Máster en Evaluación Educativa
Investigadora y Evaluadora

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado
Analista Curricular, Colypro

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

Luis Miguel Rojas Torres
Máster en Estadística
Doctor en Educación
Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas
Universidad de Costa Rica

Yency Calderón Badilla
Profesora
Máster Académica en Evaluación Educativa

Colaboradora: M.Sc. Carolina Álvarez Rodríguez
Profesora de Educación Especial, UCR

Por la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown):

Rosette Kleiman Neuman
Trabajadora Social
Presidenta de Junta Directiva

Maureen Fernández Arrieta
Administradora de Empresas
Vicepresidenta de Junta Directiva

Itzel Zúñiga Alfaro
Administradora de Empresas
Secretaria de Junta Directiva

Josec Salazar Hernández
Agente de Aduana
Tesorero de Junta Directiva

Nohelia Useche Peñaloza
Coordinadora Educativa
Vocal 1 de Junta Directiva

Natalia Vargas Calvo
Asistente de Oficina
Vocal 2 de Junta Directiva

Yalile Chacón Hernández
Contadora Pública
Vocal 3 de Junta Directiva

Adriana María Ureña Suárez
Psicopedagoga
Fiscal de Junta Directiva

Éricka María Álvarez Ramírez
Abogada Especialista en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Mildred García González
Fisióloga y Máster en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Ana Helena Chacón Echeverría
Relacionista Internacional
Miembro de ASIDOWN

Vernor Muñoz Villalobos, abogado
ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación
Colaborador de ASIDOWN

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Tania E. Moreira Mora
M.Ed. Melania Monge Rodríguez
Lic. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Lic. Vera Sancho Mora
Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 11 de octubre de 2023.

Costa Rica atenderá a población migrante y vulnerable con apoyo de US$20 millones del BID

Comunicado. 10 de agosto de 2023. El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hoy otorgar US$20 millones no reembolsables a Costa Rica para la implementación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables. El objetivo de esta donación es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población local y migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación.

Costa Rica es principalmente un país de destino para los migrantes y tiene una amplia tradición de inclusión, con políticas receptivas hacia migrantes y refugiados. Ante el creciente número de migrantes que ingresan al país, o que hacen tránsito en su camino a Estados Unidos, surgen nuevos retos de seguridad para esta población: riesgos de convertirse en víctima y/o victimarios del crimen y la violencia, limitada capacidad institucional para atender necesidades de los migrantes, o el aumento de actitudes en contra de la migración, entre otros.

En este contexto, la donación es posible gracias a que Costa Rica es uno de los países elegibles para acceder a los recursos de la Facilidad No Reembolsable para Apoyar a Países que Reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud, que el BID constituyó con recursos propios en 2019 por US$100 millones.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y consta de dos componentes: prevención social de la violencia y fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios.

El primero permitirá ampliar la infraestructura y los servicios orientados a la prevención de la violencia, beneficiando tanto a la población migrante como a las comunidades de acogida en diversas regiones del país. Por medio del segundo componente se fortalecerán las capacidades institucionales de la Dirección General de Migración y Extranjería para atender los flujos migratorios, con el objetivo de promover la inclusión socioeconómica de la población migrante y así reducir sus niveles de vulnerabilidad y exposición a delitos y violencia.

La iniciativa complementará el trabajo que ya se realiza en el país a través del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, financiado por el BID mediante un préstamo por US$100 millones. Dicho programa incluye la construcción de delegaciones policiales y la creación de Centros Cívicos por la Paz en comunidades vulnerables.

 

Imagen: https://ciencia.unam.mx/leer/1124/-buscas-informacion-sobre-la-migracion-

Las Olimpiadas Especiales, sus atletas y sus familias merecen equidad en los medios

José Luis Pacheco Murillo

Considero una injusticia el observar cómo los medios de comunicación radial, televisivos y escritos dedican cientos de minutos y páginas para referirse a acontecimientos poco edificantes y cargados de chismografía o a actuaciones deportivas tan tristes como los papelones que ha dado nuestra selección nacional de fútbol durante los últimos cinco años, y omitan o dediquen muy poco espacio y tiempo para referirse a un acontecimiento mundial lleno de entusiasmo, de entrega, de dedicación, de inclusividad y amor. Me refiero al torneo mundial de Olimpiadas Especiales.

Costa Rica posee una delegación de atletas especiales que nos están representando con gran suceso y que están haciendo sus mejores esfuerzos por lograr una representación digna y decorosa para nuestro país, y muy pocos medios de comunicación apenas si mencionan algo de eso. Eso es muy triste y decepcionante.

En estas olimpiadas, atletas con discapacidad de todas las edades, géneros y nacionalidades, compiten, conviven y comparten la alegría del deporte, encarnando el espíritu deportivo, y rompiendo los estereotipos y expectativas de la sociedad. Es la más grande celebración deportiva de inclusión en el planeta.

Después de haber participado en un Juego Mundial de Olimpiadas Especiales, muchos regresan a casa con el espíritu fortalecido, redoblando esfuerzos por crear cambios en sus comunidades y entornos, para crear ese mundo inclusivo que nos beneficia a todos.

Los familiares de estos representantes de Costa Rica y de todos los países hacen enormes esfuerzos para lograr estar hoy en Alemania, y en otras ocasiones en otros países, y también la organización de “Olimpiadas Especiales” del país hace lo suyo.

A lo largo del año, Olimpiadas Especiales organiza y desarrollo entrenamientos y torneos en 32 deportes de tipo olímpico, para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de la alegría de los deportes, mientras fortalecen no sólo su salud y condiciones físicas, sino su autoestima, comunicación, liderazgo y otras habilidades sociales que les ayudarán dentro y fuera del campo de juego.

Por eso me parece injusto que los medios de comunicación omitan referirse a esta representación nuestra y tan importante y se gasten tantos minutos y páginas en cosas banales y sin importancia como temas faranduleros y de chismes.

Dios quiera que haya más sensibilidad y más reconocimiento por parte de los medios de comunicación para estos atletas especiales, y que en el futuro, le den la importancia que estos Juegos Olímpicos poseen, o al menos, que le den el mismo trato que a los demás juegos deportivos.

Estos jóvenes y sus familias se lo merecen.

Sinopsis de la Trilogía Latinoamericana publicada por PRISMA Latinoamérica

Miguel Ángel Sobrado

En mi libro conjunto con Juan José Rojas de México, «América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas», publicado en 2004 en México por la cámara de diputados y posteriormente con dos ediciones de la Universidad Nacional en Costa Rica, señalábamos, que más allá de las relaciones imperialistas que han configurado la economía mundial y generado dependencias, existían dinámicas internas, de origen colonial, que facilitaban esta dominación deformando los sistemas de poder, manteniendo la exclusión, la dependencia y el atraso. De tal manera que la construcción de repúblicas, en esas condiciones, ha sido más aparente que real, ya que los dados han estado cargados desde el principio. Se fortalecieron los sistemas centralistas heredados, donde han predominado los dueños de las tierras y el capital, dejando de lado de las oportunidades educativas y de acceso a la propiedad a las poblaciones originarias, antiguos siervos, a los afrodescendientes, ex esclavos y otras poblaciones mestizas, mulatas y desprovistas de oportunidades. En dicho libro planteamos la importancia de la descentralización para facilitar la inclusión de a través de la educación y la capacitación especialmente en organización, fuente de poder económico y ciudadano.

Nuestro propósito, con los documentales que integran la Trilogía Latinoamericana, es darle vida a este aporte estratégico para el análisis y la acción política, que reorienta el eje de atención hacia las causas sistémicas y centrarnos en las deformaciones que deben ser enfrentadas para generar inclusión, ciudadanía y regeneración del medio ambiente. Salir del entramado moralista que achaca los problemas a la corrupción a los dirigentes omitiendo las condiciones del sistema que los reproducen. Los documentales no se limitan a señalar los orígenes de la deformación sistémica ni a las limitaciones que han tenido las políticas públicas basadas en una visión neoliberal de “perdedores” para lograr la inserción de los excluidos, sino que presenta senderos que han abierto las mejores prácticas donde se ha estimulado la organización autónoma, y el desarrollo de capacidades en la producción cooperativa, la salud y la organización comunitaria. Prácticas desarrolladas por la educación popular impulsada en nuestro continente por dos grandes educadores brasileños: Clodomir Santos de Morais y Paulo Freire.

América Latina requiere incluir con una educación renovada y actualizada, la capacitación organizacional, especialmente en esta época de avance tecnológico para los jóvenes y la masa de excluidos. Es fundamental aprovechar el llamado “bono demográfico” para que no sea carne de cañón del narco ni expulsados vergonzosamente hacia el norte. Sin una educación actualizada y capacidad de organización no existe poder popular proactivo, más allá de los conceptos gastados de izquierda o derecha los pastores y dirigentes clientelares seguirán manejando a las masas de ovejas.

22 de septiembre de 2022, Santa María de Dota, San José Costa Rica

SURCOS le invita a ver la secuencia de la Trilogía Latinoamericana; este es el enlace para ir al inicio: 

Equal Film Fest – cine por la inclusión

Les compartimos la  invitación a participar en las proyecciones del  festival Equal Film Fest, festival de cine por la inclusión.

Las películas acercan a la población a historias sobre mujeres, personas con discapacidad, personas mayores y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Todas las proyecciones son gratis, en las imágenes adjuntas puede consultar la cartelera de las películas siguientes.

Compartido con SURCOS por Yasy Morales.