¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico.
El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población. Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.
El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.
La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico.
Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:
La Universidad Nacional (UNA) es un pilar fundamental en la educación superior costarricense, pues le permite a miles de estudiantes acceder a oportunidades académicas que de otra manera no estarían a su alcance. El sistema de becas de la UNA es uno de los más robustos del país, y resulta clave en el proceso de inclusión y movilidad social.
Raquel Loría, una joven socióloga recientemente titulada, es un ejemplo de cómo las becas cambian vidas. Proviene de una zona rural y de una familia de escasos recursos, enfrentó numerosos desafíos para ingresar a la universidad; sin embargo, gracias al apoyo de la UNA, que le otorgó una beca socioeconómica, culminó sus estudios con una formación integral que trasciende lo académico.
En el 2023, la UNA asignó un total de 10.574 becas, de las cuales 8.570 correspondieron a la categoría socioeconómica. Estas becas no solo cubren la matrícula y los créditos académicos, sino que también ofrecen una serie de beneficios adicionales que facilitan el proceso educativo de los estudiantes. De los más de 10.000 estudiantes beneficiados en 2024, el 93,2% proviene de colegios públicos y educación abierta, lo que subraya el compromiso de la universidad con la equidad educativa.
Los campus regionales de la UNA han desempeñado un papel crucial en la expansión de estas oportunidades. Los porcentajes de estudiantes becados en campus como Coto (85,9%), Pérez Zeledón (84,1%) y Sarapiquí (81,2%) reflejan el impacto directo de las becas en las regiones fuera del Valle Central, donde la necesidad de apoyo económico es mayor. Asimismo, en la Región Central, campus como Omar Dengo y Benjamín Núñez mantienen coberturas de becas significativas, con un 54% y 40,8% de su población estudiantil beneficiada, respectivamente.
La inversión realizada por la Universidad Nacional en su sistema de becas y beneficios estudiantiles en 2024 asciende a ₡12.244.876.073, uno de los presupuestos más significativos en este rubro. Este esfuerzo no solo asegura el acceso a la educación superior, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para contribuir activamente al progreso social y económico del país.
El testimonio de estudiantes como Raquel Loría demuestra que la educación pública es un motor de cambio en Costa Rica, y abre puertas a un futuro más prometedor y equitativo para todos.
Video:
Para más información comunicarse con la periodista Natalia Salas Gómez a los teléfonos 8873-60-01 22773067.
Foro sobre pensiones convocado por JUPEMA – mensaje en representación del Arzobispado de San José
Dr. Luis Alejandro Rojas A. Sacerdote Católico San José, 7 de agosto de 2024
A mis cuatro bisabuelas no las pensionaron. Fidelina, que trabajaba en Alajuela Centro, tuvo tres patronos muy generosos. Como empleada doméstica, cada uno le dejó un “chiquito” a cuidar por el resto de su vida. Las dos bisabuelas josefinas, Chepita y Ramona, laboraron haciendo “puros” para un comerciante del Mercado Central, y Apolonia de Carrizal de Alajuela, se dedicó a tener hijos e hijas para ir “a coger” café donde el finquero del pueblo.
Suerte parecida la de Juanita, mi abuela materna, que enviudó cuando su esposo contaba con 35 años y le dejó 8 hijos huérfanos en medio de la pobreza. Mi abuelo Roberto era un peón agrícola por el lado de Guachipelin que nunca lo incluyeron en planillas. Tampoco, cotizaron para mi abuela Gestrudis que era operaria de costura y murió al amparo de sus hijos.
Esos rostros humanos no deben olvidarse en las reflexiones del presente Foro sobre Pensiones, que pretende un enfoque de inclusión y bienestar social.
Esa Costa Rica dirán algunos, ya no existe. Es verdad. La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y su régimen de salud y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ha traído beneficios para la población más vulnerable. Así como el programa de pensiones del régimen no contributivo.
Debemos estar siempre agradecidos con esos compatriotas visionarios, que pensaron desde el amor al prójimo en una Caja patrimonio histórico para la seguridad social, solidaria y universal.
El programa del régimen de pensiones no contributivo es solidario y justo, para mitigar en parte, las necesidades de muchos de nuestros adultos mayores, personas con discapacidades, mujeres y hombres en viudez, con personas en situación de pobreza y enfermos, particularmente en las zonas rurales.
Sin embargo, están en espera aproximadamente vientidós mil solicitudes, del programa de pensiones del régimen no contributivo. Asimismo, son muy escasas la resoluciones anuales, y muy lejano también, un incremento económico de las mismas.
Sabemos que contribuye la Junta de Protección Social, FODESAF y otras instituciones; más el Estado representado por el Gobierno de turno no debe disminuir su aporte. Y mucho menos permitir que se desmantele la Caja, por intereses de bloques hegemónicos financistas y sectores económicos, que solo ven oportunidades de negocios para acrecentar riquezas.
Sigue siendo la gran tentación de algunos siervos de la economía de mercado, la misma que tuvieron los hebreos al pie del Sinaí (Exódo 32,1-9); que se hincaron a adorar al becerro de oro, y algunos adoradores de nuestro tiempo, ya no les interesa tanto el becerro, sino el oro del becerro.
Pidamos a Dios que llegue el día, que por voluntad del soberano, es decir por decisión de nuestro pueblo costarricense, decidamos despolitizar la Caja Costarricense del Seguro Social para que adquiera su auténtica autonomía institucional, y vele por sus propios intereses y no por provechos de los políticos de turno.
Los mismos Obispos han manifestado que hay que impedir las tendencias a la privatización de la Caja, y piden superar las inhumanas y prolongadas listas de espera (Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria, 29 de febrero de 2024). Y agrego, urge el pago de la deuda del Estado.
También, seamos justos con las mujeres trabajadoras respecto a la edad de jubilación. Jesús de Nazareth, tuvo siempre sensibilidad para las mujeres de su tiempo con las que trató. Así, rompió los paradigmas culturales e ideológicos de su época y habló con la mujer samaritana, para mostrarle el camino de liberación; sanó a la mujer cananea con flujos de sangre; detuvo la procesión fúnebre en las afueras de la aldea de Naím, cuando una viuda llevaba a enterrar a su amado y único hijo, y ante la alegría de aquella madre, Jesús le devolvió la vida al joven (San Lucas 7,11-17). Además, fue un grupo numeroso de mujeres que acompañaron a Jesús hasta la cruz, como seguidoras del Mesías. No se quedó atrás María Magdalena como primera testigo de la gloriosa resurrección del Señor, una mujer excluida de su tiempo.
El párrafo anterior, facilita un marco referencial para recordar que el 21 de julio del 2021, en respuesta a la consulta pública de las autoridades de la Caja sobre el fortalecimiento del Régimen de pensiones y bajo el título: “El IVM pilar de nuestro sistema de protección social, la progresividad debe ser el eje”, el Foro Mario Devandas, coordinado por la Iglesia Católica y su Arzobispado de San José, desde el movimiento sindical y social, propuso iniciativas que garantizaran la sostenibidad financiera del I.V.M., que aseguraran que nuestro sistema de protección social fuera cada vez más universal y solidario, en beneficio de las grandes mayorías de nuestro país, particularmente de las mujeres que laboran.
El documento de 19 páginas, subscrito por 33 organizaciones sindicales y sociales, sale en defensa de las mujeres trabajadoras y sus derechos sociales y humanos, y aboga por el establecimiento de una edad más temprana para la pensión respecto a los varones, y ofrece nueve propuestas para alcanzar la sostenibilidad financiera del régimen de I.V.M.
Finalmente, estimados participantes a este encuentro, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y el señor Arzobispo de San José, agradecen a JUPEMA la feliz iniciativa del presente foro sobre pensiones y desea que todos ustedes enriquezcan estos caminos de diálogo y construyan muchos aportes para un sistema de pensiones sostenible, universal y justo que incluya a los sectores más vulnerables y pobres, para el bienestar social de todas y todos los costarricenses. Por eso, un abordaje integral será, no sólo considerar la importancia de los aportes técnicos para la discusión sobre el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, sino pensar en el eje político que transversa dicho sistema. Muchas gracias.
Oración:
Jesús Maestro, que amaste con corazón humano y divino, verdadero Dios y verdadero hombre, haz que lo injusto no nos sea indiferente; ni el hambre del hermano; ni el frío del habitante en condición de calle; ni la soledad del migrante que pasa por nuestros caminos; ni las lágrimas de la viuda; ni las condiciones de las personas con discapacidades; o el cansancio del adulto mayor que ha trabajado toda su vida, y las tareas extras de las mujeres trabajadoras; ni tampoco la frustración del que no encuentra empleo y se muestra impotente ante los retos del mercado laboral.
Jesús de Nazareth, trabajador de Galilea, artesano en el taller de san José, bendice a todos los participantes del FORO SOBRE PENSIONES, para que, con sus aportes técnicos contribuyan en la sostenibilidad, suficiencia, y cobertura, especialmente para los pensionados del regimen no contributivo y en beneficio de las mujeres trabajadoras, en defensa de los derechos humanos y el bienestar social de todas y todos los costarricenses.
La Fundación Belén También, inaugurada en 2023, es un proyecto que nació del esfuerzo y dedicación de Cindy Quirós Sequeira, una apasionada neuroeducadora, quien, inspirada en su hija neurodivergente, decidió crear un espacio seguro y gratuito para apoyar a personas con diferentes condiciones neurodivergentes. Su misión es proporcionar herramientas y recursos necesarios para que estas personas puedan desarrollarse adecuadamente en un entorno inclusivo y comprensivo.
Actualmente la Fundación atiende a más de 32 personas y sus familias, ofreciendo lecciones personalizadas que se adaptan a las necesidades individuales de cada uno. Además, organiza actividades recreativas que fomentan el desarrollo de habilidades sociales y proporciona charlas educativas para los cuidadores, facilitando así un soporte integral. Los programas de la Fundación abarcan desde el abordaje terapéutico hasta la intervención temprana para infantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promoviendo la justicia social y la equidad de oportunidades.
A pesar de su reciente apertura, la Fundación Belén También ha logrado avances significativos. Se cuenta con el reconocimiento y el apoyo de la comunidad local, y se ha establecido una red de voluntarios y profesionales comprometidos con la causa. La Fundación se sitúa como un referente en el tratamiento y apoyo a personas con condiciones neurodivergentes, destacándose por su enfoque inclusivo y personalizado.
Actualmente, la Fundación enfrenta desafíos en relación con su sede; sin embargo, gracias al apoyo de la Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad de San José, que ha abierto sus puertas, brindado un espacio físico y ofrecido todo su compromiso y apoyo, estos desafíos se están superando. Cindy Quirós continúa trabajando con la esperanza de que este nuevo espacio permita a la Fundación operar sin costos de alquiler y ofrecer servicios esenciales a la comunidad de manera gratuita.
De cara al futuro, la Fundación Belén También desea expandir sus servicios y llegar a más personas que los necesiten, creando un impacto positivo y duradero en la sociedad. Además, su fin primordial es continuar su labor de apoyo al desarrollo de las personas neurodivergentes, a fin de que tengan las oportunidades y recursos necesarios para prosperar.
El mes de junio, dedicado a la celebración del Orgullo nos invita a reflexionar y a conmemorar el levantamiento de Stonewall movimiento generado por grupos racializados y suscitado en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York. Dichas luchas, han impulsado el movimiento en defensa y reconocimiento de los derechos de la Comunidad LGTBIQ+, que conocemos a la fecha.
Como universidad, reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y el respeto mutuo. Reconocemos que cada persona, con nuestras diversas identidades y experiencias, enriquecemos el tejido de nuestra comunidad universitaria.
Es a partir del respeto a la diversidad sexual que reivindicamos el derecho de las personas a vivir con libertad su orientación sexual e identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias. De esta manera, la Institución ratifica la resolución promulgada en 2012 de declarar al Instituto Tecnológico de Costa Rica como espacio libre de discriminación, por la orientación sexual e identidad de género, así como las políticas de igualdad aprobadas en 2019.
Asimismo, apoyamos las acciones que se lideran desde la Fiscalía Institucional contra el Hostigamiento Sexual y la Comisión Institucional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (DOSIEG), que responden a la normativa interna aprobada en el 2021 según la cual es posible prevenir y sancionar dichas conductas de discriminación.
Sigamos trabajando en conjunto para construir una comunidad universitaria inclusiva, segura y tolerante donde cada voz sea escuchada y cada persona sea respetada. Recordemos que no existe nada que curar y honremos las contribuciones, la historia y la lucha continua de todas las personas que conforman la comunidad LGTBIQ+.
Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional
Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.
La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.
Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.
Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.
En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)y al INFOCOOP promoverentre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.
En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE)informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia.Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Falta de inclusión en el proceso de toma de decisiones en sus instituciones educativas, modalidad técnica agotadora y estresante y falta de infraestructura, insumos tecnológicos y acceso a internet. Estos son algunos hallazgos preliminares de la investigación, «Análisis de la puesta en práctica de la política curricular vigente desde la dimensión pedagógica en la educación general básica del MEP: un acercamiento a su impacto en las dinámicas de la inclusión-exclusión (2022-2024)», que realiza el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA).
Este estudio interdisciplinario, que lo conduce cinco especialistas desde el Proyecto Perfiles, destaca tres áreas problemáticas principales:
Participación estudiantil:los estudiantes de educación técnica profesional perciben una falta de inclusión en el proceso de toma de decisiones en sus instituciones educativas, lo que contrasta con la visión de la política educativa que promueve la formación de una ciudadanía crítica y participativa.
Carga académica y estrés: los estudiantes encuentran la modalidad técnica agotadora y estresante, aunque reconocen sus beneficios en términos de oportunidades laborales futuras.
Infraestructura y tecnología: existe una demanda significativa de mejor infraestructura, insumos tecnológicos y acceso a internet, especialmente en las zonas periféricas, lo que indica una persistente brecha digital que contribuye a las dinámicas de exclusión.
Arturo Meléndez Montero, asistente del proyecto, enfatizó sobre la necesidad de considerar las voces de los actores educativos para entender mejor las discrepancias entre la teoría y la práctica de las políticas educativas. “Estos hallazgos preliminares destacan la importancia de escuchar las voces de los actores educativos para comprender mejor las brechas entre la teoría de las políticas educativas y su implementación en la práctica. El Proyecto Perfiles continuará analizando estos datos para ofrecer recomendaciones que puedan mejorar la implementación de políticas educativas en Costa Rica», afirmó Meléndez.
El Proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense, se estableció en 2002 con el objetivo de proporcionar un análisis detallado sobre la evolución histórica, estructura, dinámicas actuales y desafíos del sistema educativo costarricense. Desde su concepción, en 2001, el proyecto ha llevado a cabo 10 investigaciones significativas, publicado numerosos artículos y organizado eventos académicos para fomentar el diálogo sobre la educación en Costa Rica.
Ejes de análisis de la investigación
La investigación actual se centra en la política curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP), implementada en 2016 bajo el lema “Educar para una nueva ciudadanía”. Los principales ejes de análisis incluyen:
Impacto en las dinámicas de inclusión-exclusión: evaluación de cómo la política curricular afecta la inclusión y exclusión de estudiantes.
Implementación pedagógico-administrativa: análisis de la implementación de la política desde perspectivas administrativas y pedagógicas.
Diseño y gestión de la política: estudio del diseño y la gestión de la política en las realidades educativas.
Voces resilientes y emergentes de los educadores: recopilación de experiencias y percepciones de los educadores.
Voces resilientes y emergentes de los estudiantes: recopilación de experiencias y percepciones de los estudiantes.
Metodología y recopilación de datos.
El equipo de investigación ha visitado diversas instituciones educativas en todo el país, incluyendo zonas urbanas del Gran Área Metropolitana (GAM) y zonas periféricas. Las técnicas de recolección de datos incluyeron entrevistas y grupos focales. Entre las instituciones visitadas se encuentran las escuelas de La Carpio y Finca San Juan, los colegio Bilingüe de Belén, Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas, Técnico Profesional de San Rafael de Poás, así como la Escuela Surik y el Colegio Indígena La Casona, ubicados en la zona del Pacífico Sur, cerca de la frontera con Panamá.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El 29 de mayo la Universidad Nacional (UNA) conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha destinada a fomentar el respeto, la igualdad, los derechos y la comprensión hacia las personas con discapacidad. La UNA reafirma su compromiso con esta población a través de la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) y el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil.
El CIAD, instancia adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se encarga de supervisar el cumplimiento de las leyes y normativas relacionadas con la accesibilidad. Esta comisión incluye representantes de diversas instancias universitarias, como los departamentos de Recursos Humanos, de Orientación y Psicología, y el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (Prodemi), entre otros.
Desde su creación, en 2005, el Programa de Inclusión y Apoyo Estudiantil de la UNA brinda atención a más de mil estudiantes en los últimos cuatro años. En 2020 fueron 194 nuevos estudiantes y seguimiento a 153; en 2021, 168 nuevos y 116 en seguimiento; en 2022, 173 nuevos y 141 en seguimiento y en 2023, 248 nuevos y 175 en seguimiento. En total se atendieron 1368 estudiantes.
El programa se actualiza continuamente para adaptarse a los avances en la sociedad y en el ámbito científico y médico. De esta manera promueve una imagen más inclusiva y distribuye la responsabilidad de la atención a las personas con discapacidad entre todas las instancias universitarias. Se han implementado medidas para aumentar los apoyos a la población estudiantil con discapacidad, y se ha capacitado al personal docente sobre las diversas condiciones y necesidades de estos estudiantes. Estas medidas garantizan el desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad.
Además de la atención académica, la UNA se enfoca en la vida universitaria integral, para lo cual ofrece apoyos en áreas como tutorías, actividades artísticas y deportivas. Estas iniciativas involucran a los estudiantes con discapacidad en todas las facetas de la vida universitaria, facilitan la formación de amistades y hace que la experiencia universitaria sea completa.
El programa ha observado un aumento en la atención a casos de discapacidad psicosocial, que incluye condiciones como ansiedad, depresión, trastorno del espectro autista y esquizofrenia. Estas condiciones, menos visibles que otras discapacidades, requieren una atención especial y han sido integradas en los servicios que ofrece la UNA. El año anterior se atendieron 31 estudiantes en el primer ciclo y 34 en el segundo ciclo lectivo.
La atención a esta diversidad de condiciones ha visibilizado más estas necesidades, lo que se traduce en un apoyo adecuado a esta población.
Quienes requieran de estos apoyos pueden solicitarlos de tres maneras: durante el periodo de admisión, para lo cual deben adjuntar un dictamen médico certificado; mediante solicitud personal con un documento que evidencie la dificultad; o por referencia de cualquier instancia universitaria.
Lizeth Martínez Corrales, psicopedagoga del Departamento de Orientación y Psicología, enfatiza la importancia de esta conmemoración: “Es vital que toda la comunidad universitaria y el país tomen conciencia del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Conmemorar este día nos brinda la oportunidad de reflexionar y mejorar las acciones en favor de esta población, siempre considerando su voz.”
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La inclusión de personas con discapacidades es baja en el mercado laboral. La exclusión educativa reduce sus oportunidades de contratación y persisten barreras actitudinales en el ámbito empresarial, aspectos que limitan su autonomía y fomentan la dependencia. En la foto aparece el joven Eder Mata, asistente de oficina en la empresa PIASA. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Los derechos laborales de las personas en situación de discapacidad continúan rezagados en la práctica empresarial
Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
En Costa Rica casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores. Aunque en materia de empleo la Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5% de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría labora en el sector privado. Y en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), que calcula ese segmento de población en 670000 personas, solo el 28% se gradúa de secundaria.
Sobre el tema, la Lic. Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un “problema”, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61%. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó la Lic. Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (PROCALA), un proyecto de Acción Social coordinado por el PROIN (ED-2481).
Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.
Superando barreras
La Lic. Mata fue enfática al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En PROIN partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.
Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concientización de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.
Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.
La Lic. Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.
Un caso de éxito
Para Eder Mata Mata, con 34 años y vecino de Coronado, su paso por los cursos libres del PROIN representó la puerta de entrada para alcanzar su independencia económica y personal. Además de ser un joven con un alto compromiso por su trabajo, dedica tiempo para practicar deportes y ver videos para aprender inglés.
“En PROIN he estudiado fotografía, manejo del dinero, cursos de oficina; he estado en la UCR unos seis años. Los profesores me enseñaron matemáticas, y ahora me gustaría llevar inglés porque el año pasado ya llevé un curso, porque yo quiero hablar inglés”, dijo Mata, quien actualmente trabaja en la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. (PIASA).
Anteriormente, Mata laboró en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde noviembre, tras superar una pasantía, se integró al equipo de colaboradores de PIASA. El joven realiza diversas labores de apoyo administrativo y entre sus metas está seguir aprendiendo más. “Estoy muy feliz aquí, cuando llego a mi casa les digo a mi mamá, mi papá y mi hermano que lo pasé muy bien, y que estoy aprendiendo cosas nuevas, me gusta aprender”, comentó con entusiasmo.
Un llamado social
La arquitecta Adriana Picado Marín es la supervisora directa de Eder Mata, quien detalló que para su inserción se “revisó el perfil del trabajo que podría realizar. Aquí siempre tenemos mucho trabajo. Aunque ingresó como asistente administrativo, lo hemos capacitado en el uso de la planoteca, a llenar bases de datos con información que nos hacía falta, él se ha diversificado muchísimo”.
Picado compartió a este semanario que “ese miedo previo a la contratación desapareció, como organización queremos sentar las bases para considerarnos como una empresa regional incluyente”. A su criterio, otras pueden sumarse a la inclusión social, para ello recomendó el estudio previo de las normativas nacionales e internacionales sobre el tema y la responsabilidad social empresarial. Así como crear conciencia entre los colaboradores acerca de que todas las personas son capaces. “Simplemente es saber quién va en cada puesto, qué apoyos se requieren y definir bien los roles de las personas que se necesitan para posibles contrataciones. Se han abierto espacios en el deporte, pero en el mercado laboral aún falta bastante”, concluyó Picado.
En el ámbito nacional, el PROIN es el único programa público que se enfoca en la dignificación del trabajo, para lo cual brinda capacitación para que personas con discapacidad cognitiva encuentren un trabajo de acuerdo a sus vocaciones e intereses personales.
El Estado costarricense demoró medio Siglo (1974 – 2024) para planificar la administración ordenada de las áreas de Zona Marítima Terrestre ZMT) del país.
Este retraso, agravado por la fragilidad humana de la corrupción en la administración de los asuntos públicos, ha provocado un desorden absoluto en las zonas costeras.
Lo cual ahora los gobernantes de turno pretenden resolver sin afrontar las consecuencias económicas de su propia negligencia; y peor todavía, con un Manual de Ordenamiento carente de EQUIDAD en sus normas de Zonificación.
A quienes con harta soltura señalan a los habitantes costeros como “PRECARIOS” de lo demanial, les diré lo siguiente: «Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio». (Lucas 6:37-42)
Al abordar este tema es necesario tener presente la importancia de la equidad en las normas de zonificación para garantizar un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades afectadas. La exclusión de comunidades vulnerables del desarrollo turístico sin duda perpetuará desigualdades y marginación.
Tanto el Concejo Municipal del Cantón de Talamanca, como su alcalde de turno y la Comisión del Plan Regulador, les corresponde abogar por políticas que promuevan la inclusión y participación de todas las comunidades en el desarrollo turístico, asegurando que se respeten sus derechos y se aborden las desigualdades existentes. Cosa que no han hecho.
La equidad en las normas de zonificación es fundamental para crear un entorno justo y equitativo para todos los habitantes costeros de nuestro país.
Es fundamental que las políticas de zonificación tengan en cuenta la diversidad de las comunidades locales y promuevan un desarrollo sostenible que beneficie a todos.
La planificación de las áreas costeras debe ser inclusiva y considerar los intereses de las comunidades locales, garantizando su participación en el proceso de toma de decisiones.
Las concesiones municipales pueden ser una herramienta útil, pero es importante que se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de las comunidades locales y evitando su desarraigo.
Promover una política de equidad en las normas de zonificación es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y justo en las áreas costeras, protegiendo el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades locales; elementos ausentes tanto en el actual Proyecto de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, Talamanca, como en todas las demás áreas costeras del Caribe costarricense.
Si cree, como yo, que un reinicio o un nuevo comienzo de este Plan Regulador es necesario para evitar daños a las generaciones actuales y futuras, puede que valga la pena explorar formas de abordar estas preocupaciones y trabajar por un futuro más sostenible y positivo.
Entonces, la colaboración, la comunicación y un compromiso compartido para marcar la diferencia pueden ayudar a allanar el camino para un mañana mejor.
Recuerde que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia y, al tomar medidas reflexivas e intencionales, podemos crear un mundo que sea más inclusivo, sostenible y solidario para todos. Trabajemos juntos para construir un futuro mejor para las generaciones venideras.
