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Etiqueta: independencia institucional

«La defensa de los derechos humanos no admite categorías de personas»: defensora de los Habitantes ante la moción legislativa

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, anunció que no presentará su renuncia al cargo, como le solicitó una moción aprobada en la Asamblea Legislativa por 29 diputaciones. «Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí», afirmó en un pronunciamiento público emitido el jueves 19 de noviembre.

Según explicó, la moción le fue notificada el día anterior. En ella se le pide la renuncia inmediata y se le advierte que, de no hacerlo, se abrirá un procedimiento de investigación para determinar si procede su destitución.

La inspección al CACCO

De acuerdo con la defensora, la moción se fundamenta en la inspección que realizó el viernes 13 de noviembre, junto con el equipo técnico de la Defensoría, al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). En la moción se cuestiona el establecimiento de prioridades institucionales en la defensa de los derechos humanos y se le atribuye haberse conducido de forma «altanera e irrespetuosa» con el personal administrativo y policial del centro penitenciario.

Cruickshank Lambert indicó que la visita se realizó en el marco de una investigación que la Defensoría tramita desde mayo de 2025, a raíz del anuncio del proyecto de construcción de una megacárcel. Su objetivo, señaló, fue recabar insumos objetivos mediante observación directa sobre las condiciones de funcionamiento del centro y de las personas privadas de libertad.

La defensora relató que, al responder la invitación de la presidenta de la República a la inauguración del CACCO, el 12 de octubre de 2026, le comunicó que no participaría en el acto, pero le informó de su interés en realizar lo antes posible una visita técnica de inspección, como lo ha hecho en otros centros de detención e instituciones públicas.

Recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes faculta a la institución para inspeccionar oficinas públicas sin previo aviso y requerir la información necesaria para sus funciones. Según indicó, la Defensoría ha realizado más de 210 visitas a centros educativos, albergues del PANI, EBAIS, hospitales, ministerios, centros de larga estancia para personas adultas mayores y centros de atención para personas con discapacidad.

Sobre los señalamientos de conducta, afirmó que en ningún momento se condujo de manera altanera o irrespetuosa. Según su versión, comunicada formalmente al ministro de Justicia y Paz, hubo conductas del personal a cargo de ese ministerio que «no solamente fueron irrespetuosas» de su investidura, «sino que también obstaculizaron, incluso físicamente, e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización institucionales». Ante ello, explicó, tanto ella como otras personas funcionarias que participaron en la inspección pidieron de manera contundente el cese de esas conductas.

Víctimas y personas privadas de libertad

La defensora sostuvo que la defensa de los derechos humanos «no admite categorías de personas cuyos derechos puedan desconocerse o relativizarse». Afirmó que es posible, y además una obligación ética e institucional, mostrar solidaridad con las víctimas y sus familias al tiempo que se velan los derechos de las personas privadas de libertad.

Presentar ambas posiciones como contrapuestas, advirtió, «constituye una narrativa de división, que atenta contra la convivencia democrática y la propia cultura de derechos humanos de nuestro país», y parte de «una indebida instrumentalización de las víctimas y sus familias dolientes, para constituirse en discursos de odio que promueven la violencia».

Cruickshank Lambert enumeró a las poblaciones cuyas voces, afirmó, la Defensoría ha atendido:

  • personas en listas de espera;
  • familias de mujeres víctimas de femicidio;
  • personas migrantes y deportadas;
  • pacientes en salones de emergencia;
  • familias de personas privadas de libertad;
  • jóvenes universitarios;
  • pueblos indígenas y afrodescendientes;
  • niñas y niños albergados en el PANI.

En cuanto a las víctimas de la delincuencia, mencionó acciones como el seguimiento a la Política Nacional de Seguridad, el acompañamiento a familias de víctimas de femicidio y la atención a víctimas de ciberdelincuencia, de las que la institución ha dado cuenta en sus informes anuales ante la Asamblea Legislativa.

«No renunciaré»

La defensora expresó su confianza en que las presidentas de los supremos poderes coincidirán en que «Costa Rica no quiere ver más instituciones divididas y luchando entre sí, sino instituciones que conversen francamente y que respeten los derechos humanos».

Recordó que la Asamblea Legislativa le encomendó un mandato de cuatro años y que es su intención y su deber completarlo. «No renunciaré a las responsabilidades que la ley me ha encomendado ni dejaré de ejercer las competencias institucionales que corresponden. La defensa de los derechos humanos exige objetividad, firmeza y responsabilidad, aun cuando el ejercicio de esta labor técnica e independiente genere incomodidad, cuestionamientos o amenazas a nuestra labor», concluyó.

El presupuesto como látigo: la encrucijada de la democracia costarricense

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

La reciente advertencia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, sobre la inviabilidad del recorte presupuestario del 5% impulsado por el Poder Ejecutivo no debe interpretarse como una simple discusión sobre números. Lo que realmente está en juego es la fortaleza de la democracia costarricense.

La Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones constituyen los principales contrapesos del poder político. Su función no es respaldar al gobierno de turno, sino garantizar la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Cuando estas instituciones son debilitadas mediante recortes presupuestarios, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos. Una Contraloría con menos recursos reduce su capacidad para fiscalizar el uso de los fondos públicos y prevenir actos de corrupción.

Un Poder Judicial limitado financieramente incrementa la mora judicial, mientras que una Sala Constitucional saturada tarda más en resolver recursos de amparo y otros procesos que protegen los derechos de las personas y de las comunidades.

La historia demuestra que una de las formas más eficaces de concentrar poder no consiste en eliminar las instituciones de control, sino en reducir progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sin recursos suficientes, estas instituciones pierden eficacia, aumenta la frustración ciudadana y luego resulta fácil desacreditarlas como organismos lentos e ineficientes.

Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Costa Rica.

La austeridad fiscal es necesaria cuando responde a criterios técnicos y de eficiencia. Sin embargo, deja de ser una política responsable cuando se convierte en un mecanismo para debilitar la independencia de los órganos encargados de controlar al propio Estado.

La ciudadanía debe comprender que defender el presupuesto de estas instituciones no significa proteger privilegios burocráticos. Significa preservar los mecanismos que garantizan elecciones limpias, justicia oportuna, combate a la corrupción y respeto por el Estado de Derecho.

El presupuesto nunca debe utilizarse como un látigo político. Cuando los recursos públicos se emplean para presionar o limitar a los órganos de control, quienes finalmente pierden no son las instituciones, sino todos los costarricenses.

Una democracia sólida no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la independencia y fortaleza de las instituciones que limitan el poder. Debilitarlas hoy puede tener consecuencias que lamentaremos durante muchos años.

Mensaje de la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, frente a los agravios del presidente Chaves Robles

Comunicado

Señor Presidente:

Comienzo por manifestarle que no me es grato expresarle estas palabras. Ninguna persona al frente del Tribunal Supremo de Elecciones debió hacerlo en 76 años. Coincidieran o no con nuestras resoluciones, les diéramos la razón o no en sus tesis, todos los presidentes y la presidenta de la República que hemos tenido desde 1949 han respetado al Tribunal, conscientes de que se trata del órgano que, al certificar el resultado de las urnas, sustentaba la legitimidad de sus propios cargos y que deslegitimarlo era deslegitimar su mandato presidencial. Conscientes de que no tenemos otro mecanismo de resolución pacífica de la competencia por el poder político que el proceso electoral, por lo que difamarlo amenaza con dejarnos a los costarricenses sin alternativas a la violencia política que hace tanto superamos. Espero que comprenda que eso es algo que no podemos permitir.

Ahora bien, presentadas ya las candidaturas, el debate público nacional y el foco de atención no debe estar en usted, sino en las personas que aspiran a ser electas y en sus propuestas para resolver los problemas nacionales. Por eso esta será mi única manifestación pública sobre sus agravios.

No me mueven consideraciones personales para dirigirme a usted. Merezco respeto como persona y usted me lo ha faltado, pero no es esa la razón que me obliga a pronunciarme. Estoy ya al final de mi carrera de servicio público y, gracias a la sabiduría de nuestros constituyentes, usted carece de potestad para destituirme. Así que, en lo personal, sus manifestaciones sobre mí son irrelevantes. Pero no lo son en lo institucional y por la investidura que represento: cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal como juezas y jueces electorales, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos. Está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo, le repito, que no podemos permitir.

Es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones esté sesgado en su contra. Cuidamos los votos a su favor en 2022, cuando sus correligionarios no eran suficientes para hacerlo en las mesas de votación. Declaramos la elección a su favor, porque fue la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y eso para nosotros es sagrado. Desde entonces, hemos admitido y también rechazado denuncias en su contra, siempre conforme a lo que en derecho corresponde a los jueces. Pero, por ese mismo respeto a nuestras responsabilidades constitucionales y legales, no podíamos incumplir nuestro deber de fiscalización del financiamiento de campaña, quedarnos de brazos cruzados cuando amenazó con un apagón de radio y televisión, o permitir que se trasgredan las normas que en Costa Rica exigen la imparcialidad política de las autoridades de gobierno. Ha sido entonces que hemos pasado de merecer sus elogios a ser objeto de sus vituperios. No antes, solo entonces, y solo por cumplir con nuestro deber.

En esos ataques suyos, más que señalar deficiencias técnicas en nuestras decisiones colegiadas, usted ha optado por intentar desprestigiarme en lo personal. No sé si lo comprende, pero haber participado en algún partido político o servido un cargo durante un gobierno no veta a nadie para la magistratura electoral en ninguna democracia del mundo, porque en democracia la participación político-partidaria no es una vergüenza, sino un sagrado derecho ciudadano, y porque haber servido un cargo durante un gobierno, como usted mismo debe saber, no compromete a la persona con la agrupación política por la que se eligió ese gobierno. En mi caso, toda mi trayectoria profesional, de la que estoy muy orgullosa, incluido mi servicio público durante la primera administración Arias Sánchez, es y ha sido pública por años en el sitio web del TSE. Ese dato era público cuando yo recibía sus elogios, y lo era muchos, muchísimos años antes, durante elecciones en las que declaramos ganadores a personas de muchos diferentes partidos políticos.

Luego de años de trabajo honrado, tanto en el país como internacionalmente, en defensa de los derechos humanos, de las personas refugiadas, de las niñas y los niños, y de los derechos políticos de las personas, especialmente de las mujeres, cerré con broche de oro asumiendo como la primera mujer presidenta de uno de los órganos electorales más prestigiosos del mundo, no solo conduciendo con éxito los complejísimos procesos electorales de 2022 y 2024, sino, además, con una trayectoria impecable, sin haber sido sancionada jamás por falta alguna.

Con esas credenciales, flanqueada por mis dos compañeras magistradas y mis dos compañeros magistrados, juezas y jueces igualmente probos, y acuerpada por 1.400 funcionarios y funcionarias electorales de amplia experiencia y mística probada, de los cuales ninguno, ni uno solo, fue nombrado por ningún gobierno de turno, dirigiré las elecciones nacionales 2026 y garantizaremos, una vez más, que las y los costarricenses puedan votar en un proceso electoral libre, en el que las leyes electorales se cumplan y la voluntad popular se imponga.