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Etiqueta: índice de desarrollo humano

Desnutrición educativa y presupuesto

Carta Abierta
Movimiento Mauro Fernández Acuña

Con suma preocupación por la desnutrición de nuestro sistema educativo, nos dirigimos a la ciudadanía comprometida con el bienestar de las generaciones que nos sucederán.

La desnutrición se produce cuando al organismo le faltan nutrientes o cuando no los puede asimilar. A nuestro organismo educativo le suceden ambas, le faltan nutrientes y los que le quedan tiene dificultades para asimilarlos. De este mal, viene padeciendo desde hace unos 10 años, pero a falta de “atención primaria”, ya se encuentra en el umbral de tercer grado, el más avanzado de la desnutrición. ¿Cómo lo sabemos? Porque los síntomas se exacerban y son muy evidentes debido a la falta de los nutrientes esenciales en la salud educativa: pérdida de masa corporal debido a la falta de cobertura; déficit curricular y precarización de la infraestructura.

Pero es que además sufre de mareos pedagógicos e inadecuada asimilación de recursos tecnológicos. La oxigenación que cotidianamente venía recibiendo del personal docente sufre cortes constantes.

Todos estos síntomas han resultado en que, el índice de desarrollo humano de Costa Rica en 2024 haya bajado 8 posiciones en relación con la década de los años 90, ubicándonos ahora en el puesto 64.

Estamos a la puerta de una muerte educativa por inanición; una muerte anunciada. Por eso es que hacemos un llamado para que, de manera urgente, se le asigne una fuerte dosis presupuestaria al organismo educativo del país.

Aunque algunos piensan que la educación está nutrida presupuestariamente, vamos a evidenciar que no es así. El plan presupuesto para el 2025, tiene una visión reduccionista y fiscalista cuyo único objetivo es cumplir con los límites presupuestarios impuestos del Ministerio de Hacienda, y es evidente que se mantienen las reducciones a los programas de equidad.

En términos reales, las reducciones presupuestarias son alarmantes, en claro incumplimiento al mandato constitucional de otorgar al menos 8% del PIB a educación, llegando a un mínimo histórico en los últimos 20 años. Y si nos comparamos con otros países, la situación no se ve bien. Veamos a continuación.

Presupuesto 2025

Según el análisis presupuestario del consultor Ricardo Vindas, publicado recientemente por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), la inversión pública en educación enfrenta una evidente tendencia a la baja, teniendo como referencia que el máximo histórico fue de ₵2.670.018 millones en el 2020 y para el 2025 será de ₵2.580.414 millones.

En ese contexto, vemos como seis de las ocho subpartidas de remuneraciones vienen sufriendo rebajos desde el 2023: sueldos para cargos fijos, dedicación exclusiva, seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aporte patronal a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y a la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional (JUPEMA). Las únicas subpartidas que reflejan un aumento son las de suplencias y aguinaldos, pero éstas corresponden a falsos aumentos que buscan llenar el “hueco presupuestario del 2024”, por inadecuadas estimaciones, lo cual impidió el pago de ambos rubros en el mes de agosto.

El presupuesto también presenta un déficit para la ejecución en recursos tecnológicos en todas las líneas presupuestarias vinculadas con la política de informática educativa. Además, para agosto del 2024 sólo se había ejecutado el 21% del presupuesto, muy por debajo de lo ejecutado con la Fundación Omar Dengo.

Las Juntas de Educación y Administración tienen un papel importantísimo en la administración y el mantenimiento de la infraestructura educativa. Requieren además de los presupuesto necesarios para cumplir con su tarea, un gran apoyo de manera que puedan adquirir los conocimientos más recientes en temas de la gestión de recursos. Y en ese rubro vemos con preocupación como a dichas Juntas se les recortan aproximadamente ₵555 millones para el próximo ejercicio fiscal.

Realmente inaceptable es la condición en las que se dejan a los Comedores Escolares que se ven reducidos en su capacidad de compra: aunque se observa un leve aumento para el 2025, y que según el MEP, es el monto más alto presupuestado en los últimos 13 años, cuando se suprime el efecto de la inflación, se reduce la capacidad de compra en un 12% con respecto a los montos presupuestados pre-pandemia (2018 y 2019). Es una obligación indiscutible dotar de una alimentación balanceada y nutritiva a los niños y niñas que asisten a los Comedores Escolares; además de que sabemos que, para muchos de ellos, provenientes de hogares en pobreza y pobreza extrema, los alimentos que reciben en los Comedores Escolares son su único alimento al día. Dejar de alimentar, literalmente, a los niños y niñas del país, es inadmisible.

De acuerdo con el análisis de Vindas, publicado por COLYPRO, se pasó de un máximo histórico de 7.4 % del PIB, a un mínimo histórico de 4,92% en cuestión de 4 años, y el más bajo en décadas. Esta situación no es solo un claro incumplimiento sistemático de la Constitución Política, sino un irrespeto a la dignidad e integridad de la sociedad costarricense.

Inversión en educación y por estudiante: una comparación

Si nos comparamos con América Latina. Un estudio de McKinsey & Company llamado “¿Cómo pueden mejorar los sistemas escolares el aprendizaje a escala?” (2024), establece cinco categorías de desempeño educativo alrededor del mundo: excelente, bueno, justo, pobre y muy pobre. Según el estudio, ningún país de América Latina alcanza la categoría de buen o excelente desempeño educativo. Costa Rica, con una inversión anual de $6000 dólares por estudiante, se coloca en la categoría de desempeño justo (mediocre), muy cerca de la categoría de pobreza educativa.

Si nos comparamos con los países de la OECD, donde si hay países con desempeños altos, el panorama se recrudece. Según el informe Education at a Glance 2023, entre 2020 y 2021, de los países de la OECD, Costa Rica reporta la mayor caída de gasto por estudiante (-8,3%). Mientras que en países como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Eslovenia, España y Turquía, el gasto por estudiante aumentó, desde la educación primaria hasta la terciaria.

Este mismo informe señala que el costo medio por estudiante en la educación secundaria académica en Costa Rica es de $5.000 anuales y para quienes asisten a educación técnica llega a los $5.700. En primaria, secundaria académica y técnica, el país invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.

El argumento de la baja natalidad

Frente a tales graves síntomas de desnutrición educativa, el argumento dado por el MEP para recortar el gasto es la baja natalidad (índice demográfico), y con ello el cierre de centros educativos, rurales la mayoría. Primero, el argumento de la baja en la natalidad (indicador demográfico) es totalmente insuficiente para justificar el recorte presupuestario, puesto que otros indicadores están tan mal atendidos, que el argumento de baja en la natalidad no los compensa mientras los centros y la calidad educativos sigue, en general, absolutamente comprometida. Es una falacia sugerir que la reducción del presupuesto responde a la baja demográfica.

Segundo, estudiantes no son solo los que podrían haber nacido, estudiantes son los que no asisten a las aulas y se les invisibiliza y excluye: los que dejaron de ir, los que nunca fueron, los que no pueden ir (población carcelaria) los menores de 4 años. Estas poblaciones no son consideradas en los montos presupuestarios.

Entonces, utilizar el indicador demográfico de baja natalidad como único criterio para disminuir la inversión educativa, eso es perpetuar, malintencionadamente, la baja calidad de la educación y más que eso, llevarla a la desnutrición extrema, así arrastrará a la población a vivir con un mínimo educativo y para muchos implicará una muerte educativa por inanición.

Costa Rica, merece mejores decisiones para seguir siendo una república democrática donde la educación es el derecho supremo para el desarrollo y el bienestar.

Silvia Chacón Ramírez
Eleonora Badilla Saxe
Karla Salguero Moya
Yalile Chan Jiménez
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

Democratizar la educación para reconstruir la democracia

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El régimen democrático costarricense, que celebró índices de desarrollo humano y de paz social ejemplares en América Latina, se ha deteriorado cualitativamente. El creciente empobrecimiento, desigualdad e inseguridad social junto con la avanzada del autoritarismo político y el fundamentalismo religioso-cultural son los factores que explican, en buena medida, ese deterioro. El mismo se manifiesta en un debilitamiento sustantivo de nuestra institucionalidad social pública, así como en la pérdida de protagonismo del país en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel mundial.

Todo ello también ha contribuido a profundizar la polarización social, acicateada por los elevados decibles de las voces del odio y la intolerancia que campean hoy en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Asimismo, una gestión gubernamental que no da indicios de contribuir al tan necesario diálogo social para encarar los álgidos problemas del país. Acudir a las vieja prácticas de componendas interpartidarias solo abonan el terreno de la polarización y el desencanto ciudadano.

Reconstruir el régimen democrático del país es una tarea tan urgente como importante. Para ello necesitamos una ciudadanía con mejores niveles educativos, particularmente, como se recomienda en esta era de la inteligencia artificial, poniendo especial atención a la formación en “capacidades blandas” para humanizar el desempeño técnico-profesional e incentivar la creatividad y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, se requiere ampliar la cobertura del sistema educativo en todos sus niveles, es decir, democratizarlo fortaleciendo la institucionalidad pública y convocando a la privada a un mayor compromiso solidario. Asimismo, redefinir la estrategia curricular atendiendo a las nuevas condiciones de disponibilidad y acceso a la información.

Una verdadera democratización de la educación es aquella que garantice que todo joven costarricense a la edad de 18 años haya culminado la educación secundaria y esté preparado para acceder a una carrera técnica o académica del mejor nivel. De esta manera, se crean las condiciones que eviten seguir reproduciendo la “generación perdida” de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un país que se precia de tener un “ejército de maestros” no debe estar tirando a las calles a jóvenes en edad productiva, para que se conviertan en delincuentes, sicarios, consumidores y traficantes de drogas, contribuyendo a reproducir los círculos de la pobreza y la violencia.

Si bien es cierto, la educación no es la única solución a los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la violencia social (cultural, simbólica y política) y criminal, sin educación no hay posibilidad de avanzar significativamente en la solución de los mismos. Como se dice, es una condición necesaria pero no suficiente. Sin embargo, en las condiciones actuales, si el país pretende rescatar su viejo protagonismo en desarrollo humano y reconstruir su régimen democrático la democratización de la educación tiene que convertirse en una prioridad de la política pública.

En esta dirección se requiere afinar la planificación y regulación de todo el sistema educativo, tanto público como privado, con un norte claro y definido: garantizar la conclusión de los estudios secundarios para todos los jóvenes que habitan este país. Es la gran deuda social que arrastramos desde hace décadas, como bien lo han reiterado los Informes sobre el Estado de la Educación. Para ello, se requiere un seguimiento personalizado del avance educativo de los jóvenes y, por consiguiente, una estrategia de cooperación por parte de las familias, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el Estado.

Si no queremos una sociedad con más cárceles que escuelas y colegios, tenemos que actuar ya. Hay que superar el actual modelo de “oligarquización de la educación” y dar el salto cualitativo hacia la democratización de la educación, la vía por la cual el país cosechó sus mejores logros y los puede seguir cosechando.

Un país de proletarios

Oscar Madrigal

“Vamos a hacer un país de propietarios y no de proletarios”, repetía una y otra vez Luis Alberto Monge en las décadas del 70 y 80. Era el mensaje de la socialdemocracia frente a los marxistas y comunistas; era también el auge del cooperativismo y la distribución de la tierra, de las “jugosas” convenciones colectivas del sindicalismo liberacionista, del poderoso movimiento comunal. De ese mensaje ya no queda nada.

Liberación Nacional apuesta ahora por la proletarización de los costarricenses mediante los proyectos de zonas francas que extenderán a las zonas rurales, fronterizas y costeras. El PLN hace ahora un país de proletarios y no de propietarios, invirtiendo su lógica social, con la consiguiente pauperización de las condiciones sociales.

El proyecto de ley para extender las zonas francas fuera del GAM se propone, según él, llevar trabajo y progreso a las regiones más pobres del país. Después de lo que escribí ayer sobre este tema, me quedó una duda: ¿por qué esas zonas son tan pobres? ¿Qué las hace ocupar los últimos lugares del índice de desarrollo humano? ¿Es que en ellas no se produce nada, no hay empresas o inversión?

Integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década, se dice en los informes del Atlas de Desarrollo Humano.

Los cantones más pobres del país son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Osa y Matina, según el Atlas de Desarrollo Humano de 2021.

Si el análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional de pobreza. En otras palabras, Limón es la provincia más pobre de Costa Rica.

¿Hay producción y empleo en esos cantones? Llama la atención que las grandes producciones de piña y banano se encuentran en esas regiones, las más pobres del país. La principal zona productora de piña es la Región Huetar Norte, donde están los cantones de Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí y Buenos Aires de la Región Brunca, entre los 15 más pobres.

Los principales cantones que actualmente producen banano son Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, siendo que la mayor concentración de producción del Banano se ubicada en la zona del Caribe, generando con esto alrededor de un 76% de la mano de obra local. Estos también están entre los cantones más pobres del país.

La producción de banano, según Corbana, genera el 76% de la mano de obra de Limón, lo cual significa que tres cuartas partes de los trabajadores limonenses trabajan en las plantaciones bananeras. Sin embargo, Limón es la provincia más pobre del país.

¿Por qué las producciones de banano y piña no producen desarrollo humano, sino más bien pobreza? Esa es la cuestión a plantearse y no la de llevar más salarios de hambre con zonas francas. No hay ningún indicio y estudio de que nuevas zonas francas en zonas rurales puedan cambiar esa realidad de pobreza en esas regiones, a menos que el Estado y su Gobierno se involucren en políticas de apoyo a los sectores poblacionales más empobrecidos.

Como ha escrito German Masís en SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-dgc): “En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020)”. Agregaría que es impostergable la revisión por parte del Gobierno de las políticas salariales en ese sector productivo y los derechos laborales.

Las zonas francas no son la solución, son parte del problema. La OCDE y el presidente Biden (que aclaro que NO son comunistas para orientación de algunos despistados) han recomendado la eliminación de las exoneraciones fiscales como método de atracción de inversiones. El camino, han dicho, es que esas empresas tributen. Pero aquí andamos por el camino inverso. Mientras el mundo viene, nosotros vamos.

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

El Impacto del Turismo en el Desarrollo Regional

German Masís Morales

La semana anterior el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) presentaron el índice de progreso social turístico.

Los resultados del IPS Turístico revelaron que el primer puesto lo ocupa La Fortuna, con 77,88 puntos, el segundo Monteverde, con 77,74 puntos y el tercero San Vito, con 77,69 puntos. La cuarta posición pertenece a la Zona Los Santos con 74.98 puntos y Turrialba con 74.80 puntos.

Según el ICT y el CLACDS, el Índice de Progreso Social (IPS) consiste en una herramienta para medir y entender de forma concreta el bienestar de las personas en los destinos turísticos, y mejorar, a partir de este conocimiento, la forma en que se establecen las agendas público-privadas para fomentar el progreso social y un crecimiento económico incluyente y sostenible (INCAE,25-2-2020).

No obstante más allá de la medición efectuada, es importante destacar el impacto que el turismo ha tenido en el desarrollo de las regiones del país, en particular de las regiones periféricas y las que presentan los indicadores socioeconómicos más bajos a nivel nacional.

Al respecto la Directora del ICT, resaltó que en términos generales los centros de desarrollo turístico tienen mejores resultados de progreso social que los cantones en los que se encuentran. Esto valida la importancia social y económica del turismo, así como las posibilidades de desarrollo integral que presentan para sus habitantes, principalmente en las zonas alejadas del centro del país.

No obstante, es bueno establecer las dimensiones de ese progreso a nivel local y cantonal, ya que en algunos casos el desarrollo turístico impacta de manera diferenciada los distritos y comunidades particulares como en Monteverde o la Fortuna o lo hace en el ámbito cantonal o regional más amplio, como la zona de los Santos, Turrialba o Coto Brus.

Al respecto, es oportuno señalar que San Carlos se encuentra en el puesto 51 del Índice de Desarrollo Humano Cantonal del PNUD, el cantón de Puntarenas del que Monteverde es el 9º. Distrito ocupa el puesto 59, Coto Brus al que pertenece San Vito tiene el puesto 76, los cantones de la zona de los Santos, Dota ocupa el puesto 68, seguido de Tarrazú el 69 y León Cortés el 71, mientras que el cantón de Turrialba, ocupa la mejor posición del IDH con el puesto 44, evidenciando que el desarrollo turístico podría tener impactos desiguales en el desarrollo humano de las comunidades y cantones.

Esta vinculación entre el índice de progreso social turístico y el índice de desarrollo humano, revela las particularidades del desarrollo turístico en algunos casos localizado en comunidades específicas, que por la riqueza de sus recursos naturales, la capacidad de gestión de las organizaciones locales y la redistribución de la riqueza generada entre los actores locales, han logrado impactar el desarrollo humano y constituirse en una alternativa de desarrollo regional.

Es importante también, valorar la articulación del desarrollo turístico local con las iniciativas y programas gubernamentales de desarrollo regional, como serían las propuestas de la Franja de Desarrollo en la zona Huetar Norte y los programas de Desarrollo del Pacífico Central y la Región Brunca, en los cuales el componente del turismo ha sido incluido como acciones puntuales o como acciones de mediano plazo.

De esta forma aparecen, en la región Huetar Norte, las acciones del proyecto del aeropuerto de Altamira y la ruta Maleku de turismo rural, en el Pacífico Central, el Parque del Muellero en el Paseo de los Turistas, la construcción del Puente de Mata de Limón, el Atracadero de Isla Chira y el Acondicionamiento turístico de la Isla San Lucas, mientras que en la región Brunca, están el aeropuerto de Osa, el muelle de Golfito, la iniciativa Caminos de Osa y el atracadero de bahía Drake.

En la zona de los Santos, ligadas a la producción de café y de otras actividades agroindustriales como los frutales de altura y la producción de truchas, se impulsan los tours del café, las visitas a micro beneficios de café, los tours a la reserva los Quetzales y los emprendimientos para la pesca de truchas. En Turrialba, en el plan Turrialba piensa en Grande, se impulsa la consolidación del turismo, como Ciudad turística inteligente. (Masís, G, 2019).

En los últimos años, el turismo se ha convertido en un nuevo eje de acumulación que ha desplazado o complementado a actividades económicas tradicionales como la agricultura y su impacto en el desarrollo regional puede asociarse a lo que se ha denominado “modelos de desarrollo turístico”(FLACSO,2002, p.48-49) que en el caso de algunos de los lugares analizados ha tendido a un modelo integrado, en los que se logrado una mayor participación de las poblaciones locales en la gestión del turismo, una mejor apropiación de las comunidades locales de los beneficios generados, junto a una adecuada protección y conservación de los recursos naturales y el paisaje.

 

Imagen ilustrativa tomada de la UCR.

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