A menos de 20 días para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las caravanas de personas migrantes han empezado a formarse de nuevo, tal vez como último recurso antes que empiece la anunciada política antiinmigrante a ser implementada en las primeras directivas que tomará en sus primeras horas de mandato.
Ni tan siquiera se habían apagado los fuegos artificiales despidiendo 2024 y dando la bienvenida a este incierto 2025, cuando se anunció la conformación de un numeroso grupo de personas migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, principalmente.
Para muchas de estas personas el destino final es la frontera entre México y Estados Unidos, para intentar cruzarla.
Pero también se reconoce la dificultad que implica el cruce y la estancia en Estados Unidos, frente a la implementación de una línea de política migratoria más dura, cuando el republicano asuma la presidencia. Ya hemos dicho que nos parece una línea más dura, dado que la administración demócrata que termina ha sido una de las más castigadoras contra las personas migrantes, en particular las de origen centroamericano.
Estos primeros grupos conformados salen del sur de México, concretamente Tapachula, escenario de una escalada de violencia en medio de la cual las personas migrantes han quedado atrapadas, sin otra posibilidad más que emprender el viaje.
A seis años del inicio de estas formas inéditas de movilización humana (grupos, colectivos, visibles en carreteras y fronteras internacionales en Centroamérica y México) su continuación se explica por la permanencia de las condiciones expulsoras en los países desde donde se originan: violencias, inequidad, desigualdad, pobreza, desempleo.
México aguarda por un posible aumento de personas devueltas o deportada al iniciar la administración Trump.
Esto desencadenará sin duda la intensificación del riesgo y la vulnerabilidad, que han producido ya 120.000 personas migrantes desaparecidas en ese territorio federal 2010 y un número aún no confirmado que ronda 7.500 personas migrantes fallecidas en los últimos diez años.
Antes estos hechos, el continuo caminar se convierte en estrategia, recurso y respuesta desde las mismas personas migrantes para tener al menos una pequeña esperanza de contar con un futuro mejor que su complejo presente.
Aguardemos por la suerte de este grupo que salió recientemente de Tapachula y esperemos más grupos a lo largo de este mes, antes que Donald Trump jure como el presidente #45 de la historia estadounidense.
Andrea Sanabria, indígena cabécar, ganadora en varias ocasiones de la Carrera al Chirripó, participó en la competencia mundial de atletismo de montaña en España. Iba en los primeros lugares hasta que sufrió una lesión en el tobillo. Logró completar la competencia, pero terminó en una posición inferior a la inicial. A esta brillante atleta nunca se le ha brindado el apoyo que merece.
En contraste, la Selección Nacional de Futbol que entró al Campeonato Mundial por la puerta del repechaje fue despedida como si fueran héroes, con escolta de la Policía de Tránsito. Sin sonrojarse, hablaron de la posibilidad de convertirse en campeones.
Un ex dirigente de futbol, condenado por recibir sobornos escribe un libro y se convierte en noticia y objeto de entrevistas.
Un futbolista que estuvo en el banquillo en dos equipos extranjeros regresa al país en un avión privado y trae consigo al peluquero de su esposa: esto también es noticia.
No es de extrañar, por tanto, que un presidente misógino, que no dice la verdad y es chabacano, goce de la simpatía de un grupo nada despreciable de los ciudadanos.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Probablemente usted leerá esta columna horas antes o después del cambio de año. Una transición simbólica que al menos en mi caso implica considerar lo andado y plantearme nuevas expectativas ante lo que está por venir.
Estará por pasar o habrá pasado ya la declaratoria de cierre de año y la apertura de otro que comienza, todo en el marco de la solemnidad, la simbología o el silencio del momento. A cada quien su conteo. A cada quien su historia. La que importa.
Al cierre de las reflexiones que he compartido en este espacio en 2023 no puedo dejar de lado el rigor de las cifras, el valor del dato, pese a que por años es el enfoque cualitativo el que he preferido impulsar para mis estudios y escritos.
Terminamos este año 2023 con tres cifras que, pese a su aparente desconexión, revelan en su base la desigualdad y la inequidad existente en nuestras sociedades.
La primera cifra es de carácter doméstico. Al iniciar este año, en Costa Rica tuvimos uno de los meses de enero más violentos que se recuerden en la historia reciente con 73 homicidios solo en ese mes. Ese hecho hizo que las proyecciones y las prospectivas indicaran un número aterrador al finalizar el 2023: se decía que la cifra de homicidios podría alcanzar la devastadora cantidad de 900.
Y los cálculos no fallaron.
En lo que me senté a escribir este texto ya el conteo frenético llevaba 903 personas asesinadas en la Costa Rica excepcional y pacífica. Una estadística que quedará para siempre reflejada en la historia, como la más vergonzosa constatación de que el contrato social costarricense ha llegado a su término.
Pasada la pólvora y la borrachera de fin y principio de año y de cara a los comicios municipales, allí donde se teje territorialmente la red de la violencia homicida, el país debería entrar en un diálogo profundo y serio para detener este problema, que ya debería considerarse como el principal tema de salud pública a nivel nacional.
El segundo dato es realmente preocupante. Este año vio el aumento exponencial de personas migrantes por el mítico y peligroso paso del Tapón del Darién, un sitio inexpugnable, peligroso y riesgoso por el que han pasado cerca de 500.000 personas solo en 2023. Ni por asomo, parecido a la ya preocupante cantidad de 150.000 en 2022. El aumento de redes de tráfico de personas y la comercialización de este paso, ha provocado una severa coyuntura migratoria que está lejos de acabarse.
El tercer número es demoledor. Debe considerarse la última de las megacaravanas que hace unos días salió del sur de México con destino a la frontera norte. Formada por cerca de 10.000 personas, la colectividad migrante ha puesto a correr a las autoridades mexicanas y estadounidenses, para tratar de resolver con más seguridad y clausura de fronteras, una problemática a todas luces estructural.
Cabría aquí la sugerencia (respetuosa dirían algunos) de pensar en estos datos mientras hace su conteo para el cierre del año o su lista de metas para el 2024. No se puede estar completo en un mundo, en una sociedad que genera estos números.
Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).
Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses
El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.
En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.
Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.
De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).
La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).
A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).
Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.
A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.
Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan
En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.
Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.
Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.
En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.
Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.
El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.
La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo
Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.
Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.
En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).
Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).
Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.
Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.
La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.
Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023
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PabloMoraVargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition
Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.
El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.
LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”
En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.
Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).
En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.
En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.
SIN AGUA Y MÁS POBRES
Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:
“2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.
Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua.
Más de la mitad de la población -4.200 millones de personas- carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua”.
Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.
En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).
Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.
Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.
En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.
NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA
Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índiceNQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.
Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sinaguaapueblosenteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como CostaRica,laagroindustriadelmonocultivodepiña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigadoscontóxicos.
Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?
Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:
Excluirde cualquierlínea de financiamiento la explotación de agua para la industria hidroeléctrica, pues mientras ésta no se reconozca como energía sucia y contaminante, la tercera parte de los ríos del planeta que quedan libres, podrán ser represados o drenados.
Garantizar que las industrias energéticas y agroindustriales sean controladas y del todo excluidas de territorios vulnerables, y que respeten los derechos de los ecosistemas, de la gente, del agua y de los ríos. Europa, por ejemplo, no deja de hablar de “compromisos” pero se está “re-carbonizando” y pospuso el cierre de minas de carbón de 2030 hasta 2049.
Impedir que se legisle, facilite y justifique la explotación del agua para cualquier negocio privado de uso productivo como los monocultivos extensivos, o el megaturístico de los llamados “polos” de desarrollo, que en muchos casos conllevan al establecimiento de enclaves de inversión externa, o bien privados nacionales.
Asegurar que el agua y los servicios sociales derivados de ella sean reconocidos y operados efectivamente como un derecho humano. Esto implica que los Gobiernos y la institucionalidad internacional controlen y limiten cualquier negocio local, nacional o global, que no cumpla este requisito.
Es impostergable que el agua sea distribuida con equidad, solidaridad y entregada sin costo a la gente más pobre que no pueda pagarla. Todas las vías de privatización son peligrosas, pero en este momento merece cuidado especial la transacción de “futuros del agua”, se si bien se localiza geográficamente, es un negocio global que amenaza la totalidad de fuentes de agua del planeta.
Los usos prioritarios del agua deben iniciar con la protección de los ecosistemas, seguida del consumo humano, la producción para la seguridad alimentaria y otros usos de carácter colectivo y solidario.
Una urgencia prioritaria en todo el mundo es iniciar la eliminación del negocio del agua embotellada que no es más que una estafa que ha servido para privatizarla, y es, además, un foco de conflictos en los que los pueblos y los ecosistemas generalmente pierden ante los gobiernos y las empresas privadas.
No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.
Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano, ingresar a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas, en los países en vías de desarrollo.
Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías, se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez más inequitativas de la región.
Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.
¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos. Figueres recibe en donación, de un magnate amigo, el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.
En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.
Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en primera instancia. Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.
De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.
Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.
Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.
Entre más rica y desarrollada tecnológicamente sea una sociedad, se requiere de un sistema político con mayor participación. Si es un sistema inequitativo, urge controlar las mentes de ese pueblo por medio de la educación. Los educadores tendrán la función de formar a una población que comprenda mejor y más rápido las órdenes, más productivos, pero, más dóciles.
Una democracia falsa necesita formar en un falso pensar crítico, resguardada por un cuerpo jurídico-policial preventivo, sólo en última instancia, represivo.
Costa Rica, se encuentra, como casi todos los países, sincronizada a un destino común en un tiempo de pronto post pandemia.
El sistema capitalista, altamente inequitativo, y la democracia representativa, de falsa libertad, se encuentran en alta evidencia en momentos en que se irán tomando las decisiones sobre quienes pagarán el mayor endeudamiento de los gobiernos por la pandemia.
Los educadores son el alma, el centro posible de una transformación total, comenzando por un nuevo pensar, verdadero Pensar crítico. Por lo que les extendemos la invitación a continuar informándose y ampliando sobre este tema en el siguiente PDF.
El Covid-19 es mucho más que un asunto biológico o médico. Es, sobre todo, una problemática sociocultural, sicosocial y socioeconómica. Por ello más que una pandemia, es una sindemia: porque son las condiciones de inequidad, pobreza, desigualdad y violencia, las que le proporcionan el combustible que lo convierte en un arrasador tsunami. Y, sin embargo, esas condiciones atinentes a nuestra compleja problemática social han estado casi completamente ausentes en el abordaje oficial. Desde el CICDE-UNED, por medio de esta carta y este documento, formulamos un respetuoso llamado al presidente Alvarado y a las autoridades de salud, sobre ese particular.
Un llamado público al presidente Carlos Alvarado y a las autoridades de salud
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED) Mayo 2021
Le invitamos a descargar, leer y compartir este documento del CICDE recibido en SURCOS. Los contenidos principales son los siguientes:
La problemática social detrás del Covid-19
Algunos factores socioculturales y psicosociales asociados al agravamiento del problema
Propuestas frente a la crisis sanitaria del Covid-19
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.
De epidemias de toda clase ha estado surcada la larga historia de la humanidad, éstas no sólo han sido de orden natural o biológico en estricto sentido, sino que casi todas ellas se han exteriorizado, dentro de una naturalidad muy impregnada por lo social, con toda clase de situaciones paradojales, puntos de encuentro y desencuentro hacia el interior de la sociedad misma, dentro de lo que han sido siempre unas tensas y asimétricas relaciones con la naturaleza, las que con el paso del tiempo han venido estrechándose, y alcanzando peligrosos límites que eran insospechables, al menos durante el siglo XIX, cuando innumerables autores expresaban su optimismo acerca de los inagotables recursos del planeta. Hoy la naturaleza nos lanza advertencias no siempre explícitas de que las cosas han cambiado: el problema es que la especie humana hace como si esos peligros no existieran, por lo que no introduce los cambios requeridos en su accionar.
Como un resultado visible de las actitudes humanas que han venido imperando, en este cambio de siglo nos alcanzó una epidemia de proporciones totales y con temibles efectos para la población, de tal manera que se le ha dado el calificativo de pandemia por ser una enfermedad extendida dentro una dimensión planetaria jamás alcanzada anteriormente, esa es el Covid 19, con una escala o condición totales que no alcanzaron ni la gran peste negra de la Edad Media europea, ocasionada por las ratas y el desconocimiento de los agentes patógenos que aquellas incubaron, ni la mal llamada “gripe española” de 1918-1920, una especie de deriva o “daño colateral”, provocado por las malas condiciones sanitarias a que dio lugar la Gran Guerra Europea (1914-1918), aunque ambas hayan ocasionado la pérdida de millones de vidas, no alcanzaron a ser pandemias en estricto sentido y difícilmente hubieran sido percibidas como tales.
La más reciente noción de sindemia apareció por ahí, de manera sigilosa, hace ya unos treinta años, pues se afirma que: “ El término sindemia, que es un neologismo creado con la unión de las palabras sinergia y epidemia, fue acuñado por Merrill Singer a mediados de la década de 1990 y desarrollado en su libro Introduction to syndemics de 2009”(Aristos Veyrud ECONOMÍAS); ahora bien, tengo la impresión de que todavía no hemos encontrado el término para designar el exterminio de hecho de buena parte de la población mundial, lo que implícitamente ocurriría una vez que se despliegue en toda su intensidad la llamada Cuarta Revolución Industrial, con la automatización de la mitad de los puestos de trabajo (para el caso de Costa Rica), aunque los apóstoles de ésta anuncien medidas paliativas (aquellas que alivian, pero no evitan el deceso del paciente) diz que para enfrentar ese fenómeno, a pesar de que no hay duda alguna que ese desempleo masivo se sumaría al que ya ha generado el Covid 19, en fin se trata de otro fenómeno epidémico para el que no habrá ninguna vacuna. Esa no este otra cosa que la cara política de un evento de suyo tan complejo, la dictadura del capital financiero se dispone a asaltar el estado social de derecho y los últimos bastiones del capital productivo, por lo general anclados en los estados nacionales que intentan reafirmar su soberanía frente a los poderes fácticos o silenciosos, los que van mucho más allá de la lógica de la existencia de los estados nacionales y de los requerimientos efectivos de las grandes poblaciones del planeta.
Frente a la amenaza latente, pero no oculta y más bien manifiesta, de la automatización masiva de los puestos de trabajo, sus apóstoles o emisarios nos dicen: ”Hay que mejorar y garantizar la protección social (algo en esencia paradojal) para evitar que los niveles de pobreza se disparen incluso mucho más en comparación con las cifras que enfrentamos actualmente con la pandemia”, apuntó el investigador (Andrés Fernández Arauz, Academia de Centro América)…Por esa razón, el estudio propone reducir las cargas sociales laborales que limitan la contratación de personal en las empresas…Costa Rica es un país con altas cargas laborales y esto desincentiva la creación de nuevas empresas y para las que sí se desarrollan, muchas lo hacen en el mercado informal” aseveró” (EL FINANCIERO n°1319 15 de enero de 2021, página 9). Todo esto es en realidad un conjunto de argumentaciones falaces que ocultan el efecto de las políticas recesivas, las que ha provocado la contracción del mercado interno, al disminuir estrepitosamente la demanda agregada de bienes y servicios. El capital financiero y sus agentes ideológicos se encargan de ocultar muy bien sus corridas financieras, en especial el peso insoportable de los intereses de la deuda interna sobre el conjunto de la economía, unos intereses asfixiantes con los que se beneficia ese sector social, con la ayuda de sus mentores ideológicos de la Academia de Centro América.
En estas condiciones sociales y políticas tan delicadas, sucede que las sindemias se desarrollan o irrumpen en condiciones de una gran inequidad sanitaria, la que por lo general tiene su origen en la pobreza creciente e intensificada, también el estrés o la violencia estructurales se encargan de hacer lo suyo en este macabro escenario, estamos avisados.
Partimos de un mundo capitalista, patriarcal, colonialista y antropocéntrico. Estos conceptos encierran las prácticas más nocivas para la vida; vida en la que no se permite soñar, porque todo sueño está atravesado por la explotación laboral, por sistemas educativos punitivos, por la violencia estatal y una ecología decadente.
Aún se conservan pueblos que por su legado ancestral o por lucha y resistencia política, mantienen prácticas inspiradas en la solidaridad, en el respeto a la Tierra y por una vida digna. Estos grupos, con pensamiento de caracol, constantemente vuelven su mirada atrás, para reflexionar sobre sus acciones y poder crecer, mejorando su convivencia. Esto en contraposición con la visión unidireccional que promueve el mal llamado progreso neoliberal.
Un abrazo a les Zapatistas, a los pueblos aborígenes y a todas las organizaciones alrededor del planeta, que sostienen una vida desacelerada, armoniosa y que inspira a todes quienes sufrimos el egocentrismo occidental.
Con los pies en una tierra actualmente conocida como Costa Rica, delimitada por fronteras ficticias e inspirada por un proyecto político con espíritu mercantil, manchado con sangra de aborígenes asesinades por genocidas como Cristóbal Colón y que ingenuamente se hace llamar un país de paz, se hace esta reflexión al calor de una coyuntura política crítica.
Las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, son herramientas con las que se puede analizar el estallido social que estamos viviendo, ya que a pesar de que las consignas que exigen les manifestantes son muy específicas, lo que muestran es que el deterioro de las condiciones de vida es un problema estructural, es un sistema que por más reformas que se le apliquen, no es capaz de suministrar lo necesario para que se cubran las necesidades básicas. Esto es, porque, aunque en muchos discursos políticos quieran hacer creer lo contrario, a este sistema no le importa crear condiciones para una vida digna, lo que le importa es crear riqueza y distribuirla inequitativamente en pocas manos. Para cerrar este párrafo es importante mencionar que cuando se dice sistema, no es de manera abstracta, este sistema tiene caras, nombres: son aquellas personas que ostentan el poder desde posiciones privilegiadas en puestos gubernamentales, empresariales y en la milicia. Contra estas personas es que se lucha, para derribarles.
El caos precede a la creación. Esta es una oportunidad para alimentar discusiones que nos dirijan a un mejor mañana, para que las exigencias no solo sean por reformas que ni a mediano ni a largo plazo van a mejorar nuestra calidad de vida. Que la rabia y la disconformidad nutran consignas anti-capitalistas, anti-patriarcales, anti-colonialistas y anti-antropocéntricas. Soñemos, soñemos con alternativas revolucionarias.
