Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.

El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.

LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”

En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.

Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).

En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.

En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.

SIN AGUA Y MÁS POBRES

Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:

• “2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.
• Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua.
• Más de la mitad de la población -4.200 millones de personas- carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
• 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
• El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua”.

Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.

En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).

Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.

Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.

En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.

NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA

Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índice NQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.

Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sin agua a pueblos enteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como Costa Rica, la agroindustria del monocultivo de piña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigados con tóxicos.

Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?

Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:

• Excluir de cualquier línea de financiamiento la explotación de agua para la industria hidroeléctrica, pues mientras ésta no se reconozca como energía sucia y contaminante, la tercera parte de los ríos del planeta que quedan libres, podrán ser represados o drenados.
• Garantizar que las industrias energéticas y agroindustriales sean controladas y del todo excluidas de territorios vulnerables, y que respeten los derechos de los ecosistemas, de la gente, del agua y de los ríos. Europa, por ejemplo, no deja de hablar de “compromisos” pero se está “re-carbonizando” y pospuso el cierre de minas de carbón de 2030 hasta 2049.
• Impedir que se legisle, facilite y justifique la explotación del agua para cualquier negocio privado de uso productivo como los monocultivos extensivos, o el megaturístico de los llamados “polos” de desarrollo, que en muchos casos conllevan al establecimiento de enclaves de inversión externa, o bien privados nacionales.
• Asegurar que el agua y los servicios sociales derivados de ella sean reconocidos y operados efectivamente como un derecho humano. Esto implica que los Gobiernos y la institucionalidad internacional controlen y limiten cualquier negocio local, nacional o global, que no cumpla este requisito.
• Es impostergable que el agua sea distribuida con equidad, solidaridad y entregada sin costo a la gente más pobre que no pueda pagarla. Todas las vías de privatización son peligrosas, pero en este momento merece cuidado especial la transacción de “futuros del agua”, se si bien se localiza geográficamente, es un negocio global que amenaza la totalidad de fuentes de agua del planeta.
• Los usos prioritarios del agua deben iniciar con la protección de los ecosistemas, seguida del consumo humano, la producción para la seguridad alimentaria y otros usos de carácter colectivo y solidario.
• Una urgencia prioritaria en todo el mundo es iniciar la eliminación del negocio del agua embotellada que no es más que una estafa que ha servido para privatizarla, y es, además, un foco de conflictos en los que los pueblos y los ecosistemas generalmente pierden ante los gobiernos y las empresas privadas.