La escuela indígena de Rey Curré de Buenos Aires inauguró el pasado miércoles 22 de diciembre, varias obras de infraestructura entre los que se encuentra su nueva aula para los niños de preescolar, así como un extenso pasillo a aceras que comunica este recinto con el gimnasio y el comedor.
Para celebrar este acontecimiento, la Junta de Educación y padres de familia realizaron varias actividades con los niños como juegos infantiles, concursos, piñatas y muchas comidas y bebidas.
De abril a julio del presente año, se desarrolló la primera parte del proyecto general, el cual consistía en la construcción de la nueva aula y a mediados de diciembre se culminó con las aceras o pasillos internos, cuyas dimensiones son de aproximadamente 40 metros de largo por dos de ancho, que permitirá a los estudiantes caminar seguros dentro de su propia institución, especialmente para los pequeños de preescolar que deben trasladarse a una zona con algunos desniveles en la topografía del lugar.
Estas obras de construcción se lograron gracias a los aportes de algunos sectores de la comunidad civil, los cuales, se complementaron con los fondos recolectados en las distintas actividades sociales realizadas por los padres de familia de esta institución.
De acuerdo con Junier Varela, representante de la Junta de Educación de este centro educativo, “la construcción de esta aula ha sido un avance hacia el cumplimiento de nuestro deber como Junta Administrativa de facilitarles mejoras en su infraestructura física escolar y de paso facilitar el ejercicio del derecho que tienen los niños a esta fase de pre escolaridad.
Las aceras cuentan con dos pequeños puentes con techos y barandas protectoras que buscar evitar posibles riesgos de los niños a sufrir algún incidente. Es una obra diseñada con el mayor detalle en busca de lo mejor para esta comunidad estudiantil. Por su parte, el aula cuenta con un moderno sistema de electrificación, cielo raso, servicios básicos y con bastante ventilación. Este proyecto de mejoras a la infraestructura escolar tuvo un costo aproximado a los 8 millones de colones.
Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.
Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.
Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).
En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.
¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).
A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.
A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.
En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.
Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.
Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.
Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.
Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.
En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.
Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.
Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.
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A pesar de la creación de instituciones y leyes para la protección de la niñez y la adolescencia, persiste un problema estructural, puesto que la distribución y gestión de los recursos no ha permitido optimizar el desempeño del Sistema Nacional de Protección Integral. Las desigualdades afectan con mayor fuerza a las niños, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, costeras y fronterizas.
Se cumplen 25 años de que Costa Rica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo persisten importantes desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación, que afectan especialmente a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afro descendientes; así como a aquellos con discapacidad. Esta es la conclusión contundente que se desprende del VIII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA).
El VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conocido como el Informe EDNA) ofrece un balance sobre la situación de las personas menores de edad en nuestro país y se elabora en el marco de cooperación entre la UCR y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El VIII Informe EDNA fue presentado este viernes 11 de diciembre, en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Consiste en un trabajo analítico sobre la situación de diferentes factores normativos, políticos, programáticos y socioculturales que inciden en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia costarricense. Las fuentes utilizadas en el Informe corresponden a fuentes oficiales de información primarias y segundarias provenientes tanto de registros administrativos (registros de estadísticas vitales, educativos, de salud, judiciales, etc.) como de Encuestas Nacionales (Encuestas Nacionales de Hogares y/o personas) y Censos (Censo Nacional de Población y Vivienda 1989, 2000 y 2011). El EDNA también genera datos relevantes convirtiéndose en fuente primaria.
¿Tras el rastro del avance o el retroceso?
Patricia Fumero ha destacado en diferentes foros en torno a los resultados del octavo informe EDNA que el acceso a la cultura y espacios culturales públicos para niñas, niños y adolescentes requiere de mayor inversión y una mejora en la colaboración interinstitucional que conjugue políticas culturales, y no solo acciones puntuales (foto Laura Rodríguez).
Para la Dra. Patricia Fumero Vargas, de la UCR y coordinadora académica de este informe, es necesario superar el predominio de la visión adulto-céntrica basada en el concepto de posesión y control social sobre las niñas, niños y adolescentes para brindar a esta población el acceso a sus derechos. “Necesitamos empezar a pensar en las poblaciones vulnerables a partir de la economía del hambre la cual ayuda a comprender la deserción escolar, el embarazo temprano y el impacto de las débiles políticas de salud”.
Las poblaciones con menor acceso a la educación la integran niños, niñas y adolescentes indígenas, afro-descendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres o en unión de hecho o matrimonio (antes de los 18 años). A menudo, este segmento de población es excluido de los procesos educativos formales, ya sea por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, o bien, porque las opciones educativas no están a su alcance, más aun cuando se trata de condiciones especiales.
Las condiciones de vulnerabilidad se remarcan en contrastes tales como que, según el censo del 2011, en relación con la no asistencia a clases, se detectó un 23,5% de menores migrantes frente a un 11,8% de no migrantes; así como un 20,2% de menores indígenas frente a un 12,2% de no indígenas. El reto está en que el presupuesto para la educación pública se extienda a la diversidad de poblaciones, así como en la variedad de apoyos a la educación (uniformes, materiales de trabajo, viáticos).
Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF: Para enfrentar estas situaciones, motivamos a Costa Rica a asumir con mayor fuerza el enfoque de equidad en las políticas públicas y a implementar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para lograr una mayor inclusión social de la niñez. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción alguna, tienen derecho a recibir todas las oportunidades para el disfrute pleno de sus derechos. El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Niñez y Adolescencia de Costa Rica marcan la ruta para lograrlo (foto Laura Rodríguez).
No obstante, la dificultad estriba en el financiamiento a la educación; lo que, a pesar de las mejoras que se han hecho, no logra suplir adecuadamente todas las necesidades. Hace falta una política de inclusión que, además, capacite a los docentes y a las comunidades para la atención de esta problemática.
Los niños y las niñas se ven más afectados por la pobreza. Entre las razones, se encuentra el hecho de que las familias pobres son las más numerosas. De acuerdo con un estudio reciente del PNUD, los niños y las niñas representan el 46,3% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, el 39,3% de los que están en pobreza no extrema y el 21,7% de los países no pobres, pero que son vulnerables. A ello se suma, que hay mayor proporción de mujeres jefas de hogar, la cual aumenta conforme se incrementa la pobreza, con efectos negativos en el cuido de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños, y en el ejercicio del derecho a la educación.
Durante su intervención en el acto, el señor Gordon Jonathan Lewis representante de UNICEF-Costa Rica, reconoció que al suscribir Costa Rica la Convención sobre los Derechos del Niño inició un cambio de paradigma que conllevó el imperativo moral que significa trabajar en pro de los derechos de esta población, “y hoy en día la pregunta que todos debemos hacernos es ¿es Costa Rica un mejor país para sus niños? Para Lewis si bien los avances y logros han sido importantes, estos no han llegado a toda esta población de la misma manera, lo cual no posibilita que todos aborden el tren del desarrollo”.
Al referirse a este octavo informe de la UCR, la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, enfatizó que el país tiene un desafío enorme: el abordaje de una atención integral de la niñez y la adolescencia; además de hacer investigación que nos diga con precisión los alcances de la problemática y cuáles son las estrategias innovadoras que se requieren para abordar la negligencia, la explotación sexual, el trabajo infantil, entre otros. “Necesitamos otras respuestas para no seguir haciendo más de lo mismo, y este octavo informe nos muestra una muy clara radiografía pero ahora qué vamos a hacer; y es entonces cuando el tema de la investigación que pueda hacerse de los espacios universitarios, para aunar esfuerzos con otras instancias en la búsqueda de respuestas, cobra gran importancia”.
Ana Teresa León: necesitamos respuestas innovadoras para no seguir haciendo lo mismo que décadas atrás, y es una tarea no solo del PANI sino de diferentes entes que debemos trabajar en conjunto y de una sociedad que debe asimilar el concepto de derechos humanos cuando hablamos de los derechos de la niñez y adolescencia (foto Laura Rodríguez).
Entre los datos innovadores de este informe se encuentran los referentes al tema de la cultura. Se requiere mayor inversión para generar espacios culturales públicos de calidad para el esparcimiento y se debe realizar un adecuado monitoreo de las políticas sociales y la inversión social en niñez.
Para Roberto Salom Echeverría, vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica “este octavo informe es el resultado de un gran esfuerzo académico e investigativo que contribuye a la reflexión y análisis crítico de la situación, como de los problemas de esta población con respecto al ejercicio y defensa de sus derechos. La UCR realiza este tipo de investigaciones desde el año 2000 con el objetivo de favorecer la adopción y reorientación de políticas públicas en esta materia; así como la acción desde la esfera de la sociedad civil, siempre desde los principios fundamentales de la UCR como institución de educación superior pública; para posibilitar una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más incluyente; que no piense sólo de forma adulto céntrica”.
El vicerrector enfatizó que este informe sienta las bases para la revisión de los planteamientos de los siete informes anteriores, como capital generado que permite afirmar que “contamos ya con una abundante información sobre numerosos temas ligados a los derechos de la niñez y la adolescencia y con este informe se pretende difundir y discutir esos alcances, actividad que es estratégica para impulsar los cambios».
Algunos desafíos y recomendaciones en el octavo informe EDNA
Desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la niñez en Costa Rica ha experimentado una realidad de contrastes y paradojas, que comienza con el hecho de experimentar una crisis y un ajuste de expectativas y de recursos en el momento en que este tratado internacional se asume en el país como el enfoque que orienta el marco legal e institucional.
Es también interesan te el reconocimiento de los derechos sociales e individuales de la niñez en un momento de ajuste y reformas en el Estado Social, en el que esta institucionalidad estaba en duda. Después de 25 años, no hubo un desmantelamiento del Estado Social, más bien se dio una recuperación de la inversión social, dentro de la cual la niñez se ha visto favorecida gracias a que ha recibido relativamente más recursos que otros sectores de población, a pesar de que su peso en la pirámide poblacional ha tendido a ser menor.
Esto ha permitido mejorar algunos indicadores sociales, como, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y recuperar otros que habían caído dramáticamente, como los indicadores en el campo educativo. Al mismo tiempo que se presenta esta realidad, las condiciones de vulnerabilidad de la niñez más bien ha crecido, sobre todo porque el entorno económico y social ha cambiado, generando una gran desigualdad social y profundizando brechas sociales entre los niños y las niñas, sobre todo entre las zonas rurales más pobres y las áreas urbanas más privilegiadas.
Otro contraste interesante es la presencia de una extensa red de protección social y de políticas universales, que no solo se mantuvieron a pesar de las presiones para privatizar el Estado Social, sino que consolidaron un enfoque de servicios de atención pública al que accede la mayoría de la población, sobre todo en los servicios de atención de la salud y la educación, y una red de protección social hacia los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad.
Esta institucionalidad, no obstante, vive una profunda crisis de gestión, tanto porque no está organizada como se debe, ni conceptualmente ha sido eficiente para adoptar el enfoque de los derechos humanos, ya que operativamente encuentra una serie de ineficiencias, que impiden que la inversión social llegue con mayor impacto a quienes la necesitan. Resulta evidente que se requiere de una reforma político-administrativa que subsane semejantes carencias, pero esta urgencia contrasta con un hecho verificable: a partir de la crisis, las instituciones están experimentando procesos de reforma, al punto de que hoy tenemos varias generaciones de cambios sustanciales, aunque incrementales.
Pareciera que la violencia y el maltrato hacia la niñez son más explícitos hoy, aunque ello puede obedecer a que se han visibilizado problemáticas como la violencia y el maltrato hacia la niñez.
Vista la realidad de la niñez desde esta perspectiva, está muy claro que no hay cabida para interpretaciones fáciles, sino que, nunca como hoy, se requiere trazar un panorama de innovaciones que permita aprovechar la institucionalidad, la legalidad y la sensibilidad existente para configurar políticas que trasciendan los períodos cortos de gobierno y formulen una política de largo plazo. Existen los instrumentos de política y el nivel de compromiso, pero al mismo tiempo, hay factores de riesgo que amenazan con retroceder y relativizar los logros alcanzados hasta hoy.
