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Etiqueta: informe

CONCEVERDE denuncia violación de zona inalienable con alta vulnerabilidad y recarga acuífera

El 28 de abril del presente año José Francisco Alfaro Carvajal a nombre del colectivo ciudadano de San Rafael de Heredia CONCEVERDE, le escribe mediante un correo electrónico tanto a Franz Tattenbach Capra Ministro de Ambiente y Energía como a David José Chavarría Morales Director Ejecutivo del SINAC, esto para denunciar la violación de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, esto ya que se han realizado construcciones o habilitaciones de camino en esta zona; se destaca que es un sector de alta vulnerabilidad e imporante recarga acuífera.

Dicha denuncia se tramitaría y posteriormente, el lunes 13 de mayo, el despacho del ministro de ambiente y energía y la  dirección ejecutiva SINAC envían un informe acerca de la denuncia. Ante la información presentada, el Licenciado José Francisco Alfaro Carvajal denota inconsistencias y falencias en el informe por lo que procede a redactar una réplica en la cual señala dichas inconsistencias y falencias. Compartimos el documento.

Reflexiones sobre el Informe de Fiscalía de la ASOUTN: ¡Un ejemplo de transparencia!

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

El término transparencia se refiere a la cualidad de un objeto que permite ver a través del mismo. De acuerdo con el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “proviene del latín medieval transparens, -entis, participio presente activo de transparere, literalmente aparecer a través de, la cuarta definición como adjetivo quiere decir: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.” ¡El antónimo de transparencia es opacidad, o sea aquello que no permite ver a través de una cosa! Por eso, el Informe de Fiscalía de la ASOUTN es ¡Un ejemplo de transparencia! Ante tanta OPACIDAD en nuestra organización de educación superior universitaria.

Con fundamento en la Ley de Asociaciones Solidaristas el inciso a) del artículo 27 y de conformidad con las facultades indicadas en los artículos 51,52 y 53 de la misma Ley, así como lo dispuesto en los Estatutos de ASOUTN, Don Luis Miguel Segura Paniagua y don Vladimir Campos Chacón en su calidad de Fiscal 1 y Fiscal 2 nos presentaron el Informe Anual Fiscalía correspondiente al período 2023.

El Informe citado es una verificación a la ASOUTN, tanto de las actas de Asamblea General y Junta Directiva – que se pueden consultar en la página web de la ASOUTN. ¡TRANSPARENCIA TOTAL!   Nos exponen ambos Fiscales, que no existen acuerdos pendientes de la Junta Directiva, que se dio un gran control interno, que el presupuesto garantiza la transparencia, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones de la organización. Puntualizan ambos Fiscales en un tema que advierten: “Utilidades del periodo, esta Fiscalía desea advertir sobre la caída de las utilidades que se viene observando en los últimos años”.

Como se puede observar exponen los Fiscales ASOUTN en el cuadro anterior, las utilidades del periodo 2022 presentaban una tendencia a la baja, sin embargo, para el periodo 2023 las utilidades mostraron un incremento del 334,19%y este se debe a varias situaciones: 1. Incremento en las tasas de rendimiento sobre las inversiones, así como la decisión de Junta Directiva de colocar inversiones a largo plazo cuando las tasas de intereses fueron muy atractivas.  2. Colocación de recursos en la línea de crédito mi primera casa.  3. Disminución de gastos (Unificación de un solo evento, Fiesta/Asamblea) 4. Eliminación de bonos (Bono navideño para niños, bono vacacional)”.

“Para el 2022, la Asociación contaba con una edificación de 4 apartamentos, de los cuales dos estaban ocupados para oficinas, uno utilizado como bodega y el otro como casa de habitación para alquiler. Para el 2023, como medida en la búsqueda de utilidades, la Junta Directiva tomó la decisión de eliminar el departamento utilizado como bodega y disponerlo como apartamento habitable. Dicho inmueble ya se encuentra alquilado por un monto de ¢240.000.00 (doscientos cuarenta mil colones 00/100) mensuales”.

Exponen también ambos Fiscales, sobre la “Asistencia a la Sesiones de Junta Directiva” Según información tomada del libro de actas suministrada por la Administración, durante el período 2023, – nos dicen- la Junta Directiva realizó un total de 28 sesiones, 25 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias. El Órgano de fiscalización comprobó la asistencia de cada uno de los miembros de esta Junta Directiva a las sesiones, determinando un 88.22% promedio de asistencia a las 28 sesiones. Sin lugar a dudas una comprometida participación de la Junta Directiva en la ASOUTN donde las ausencias fueron debidamente justificadas y corresponde a situaciones fuera de control de los directivos.

La Junta Directiva “trabajó en la revisión, actualización y publicación de siguientes reglamentos: ✓ Reglamento de Actividades Sociales. ✓ Reglamento de Asociados. Se realiza la revisión y autorización de cambio al Estatuto ASOUTN que serán presentadas en la Asamblea General para su aprobación”.

Se cuenta con órganos de participación como el Comité de Elecciones, el Comité de Actividades Sociales, Comité de Ética. En cuanto a los servicios brindados se cuenta con Librería.

Hay un tema sensible expuesto referido a Demandas por el traslado de aporte patronal a la ASOUTN específicamente del aporte patronal interinos. La fiscalía fue clara: “En relación a este tema la fiscalía desea informar las acciones realizadas por la Junta Directiva a la fecha: 1. Para el proceso de demanda, la cantidad de interinos que decidieron participar en el proceso fue de 39 personas. 2. De las 39 personas únicamente 22 funcionarios decidieron realizar el proceso de demanda con la asesoría legal contratada por la ASOUTN. Dichas demandas ya se encuentran en trámite a la espera de una resolución, algunas de ellas ya tienen sentencias favorables para nuestros asociados”.

Este es un tema sensible que se deberá tratar con las nuevas autoridades universitarias – Rector UTN- para establecer el compromiso de trasladar los aportes a los interinos asociados de ASOUTN. Hay que revisar todos los pronunciamientos de la PGR que establecían ciertas restricciones para la afiliación de interinos a una asociación solidarista y que teína que ver con la devolución de los aportes por cualquier motivo de finalización de la relación laboral, deberíamos indagar un poco más este tema, aunque ya existe un fallo de un juzgado o tribunal al respecto. Mientras que otros posibles aspirantes ni siquiera se han referido al tema y menos de manera pública el Dr. Fernando Villalobos Chacón, aspirante a la Rectoría UTN 2024-2028, ya estableció su compromiso de trabajar en esa dirección y dar solución justa a corto plazo a los interinos asociados de ASOUTN.

Por último, nos hacen recomendaciones los Fiscales ASOUTN: ✓ Incentivar la participación de los Asociados para ocupar cargos en la Junta Directiva. ✓ Incentivar la búsqueda y puesta en marcha de nuevos negocios que le generen nuevas y mayores fuentes de ingresos a la ASOUTN. ✓ Realizar campañas de divulgación para todos los asociados, orientadas a la formación y conocimiento de las normas y reglamentos de las Asociaciones Solidaristas, que permitan fomentar una cultura de arraigo, mejores criterios y análisis en la toma de decisiones. ✓ Realizar una revisión a los contratos de trabajo de los funcionarios administrativos de la ASOUTN, así como también de temas relacionados a pago de anualidades.

Por tanto, al César lo que es del César. Felicito como Asociado a la Junta Directiva ASOUTN y especialmente a Don Luis Miguel Segura Paniagua y don Vladimir Campos Chacón en su calidad de Fiscal 1 y Fiscal 2 por el Informe presentado. ¡Sigamos avanzando con el Movimiento Solidarista en la UTN! ¡Un ejemplo de transparencia!

Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Costa Rica – Comité contra la Tortura

SURCOS comparte la versión de avance no editada del documento con las observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, para el caso de Costa Rica.

Invitamos a descargar el documento para conocer el detalle de las observaciones.

En una de sus secciones se indica:

El Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En particular, toma nota del trabajo que lleva a cabo el Equipo de Respuesta Inmediata, así como de la celebración de acuerdos binacionales orientados a promover flujos migratorios laborales seguros, así como las labores de inteligencia con finalidad de prevenir estos actos. El Comité lamenta, no obstante, las deficiencias señaladas en varios informes en la identificación de las víctimas de la trata, especialmente entre las personas migrantes, y mayor incidencia de estos casos detectados de personas en situación vulnerable, incluidos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Además, se observa que el número de casos de trata investigados y enjuiciados es muy reducido en comparación con la incidencia de este fenómeno en el Estado parte. Finalmente, el Comité expresa su preocupación ante las informaciones que indican una reducción de las partidas presupuestarias para programas de prevención de la trata y acompañamiento a las víctimas como consecuencia de las medidas de austeridad financiera en vigor desde el 2020.

Más adelante dice:

“El Comité mantiene su preocupación ante las informaciones que documentan actos de hostigamiento y atentados contra la vida o la integridad física de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y activistas medioambientales ocurridos durante el período objeto de examen. Aunque toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado parte sobre sus esfuerzos en la materia, incluido el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, así como el enjuiciamiento del asesinato del líder indígena Jehry Rivera, el Comité observa con preocupación que, conforme a diversas fuentes, otras agresiones y asesinatos, como el atentado contra la vida del líder indígena Sergio Rojas en 2019 habrían quedado sobreseídos o no resueltos”.

Puede descargar el documento desde este enlace.

 

Imagen: https://spanish.vlexblog.com

UCR: Estudio resalta la necesidad de fortalecer el sector vivienda en Costa Rica

En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA

Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.

Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.

“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.

“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.

Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.

Una radiografía del sector vivienda 2022

El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.

La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.

El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.

El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.

“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.

Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR.

“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.

“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.

“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.

Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.

Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:

  • Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
  • Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
  • Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
  • Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.

Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.

 

Carlos Quesada
Asesor en comunicación del Informe, UCR

UCR: Estudio resalta la necesidad de fortalecer el sector vivienda en Costa Rica

En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR

Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA

Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.

Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.

“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.

“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.

Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.

Una radiografía del sector vivienda 2022

El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.

La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.

El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.

El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR

Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.

“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.

Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR

“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.

“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.

“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.

Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.

Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:

  • Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
  • Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
  • Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
  • Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.

Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.

 

Carlos Quesada

Asesor en comunicación del Informe, UCR

Las finanzas de la Caja y las truculencias de Chaves y Esquivel

Luis Paulino Vargas Solís

El informe de la OIT sobre las finanzas de la Caja (“Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”), confirma conclusiones a las que yo había arribado por mi cuenta, incluyendo cuestiones que publiqué en esta página de Facebook.

1) Rodrigo Chaves y Marta Esquivel han sustentado públicamente una posición basada en un informe actuarial sumamente defectuoso e incoherente, cuyas conclusiones, totalmente fantasiosas e injustificadas, son síntoma de una de dos cosas, o quizá de ambas combinadas: a) negligencia e impericia por parte de quienes lo elaboraron; b) manipulación deliberada de los datos.

2) La directora actuarial, responsable de semejante esperpento, debería ser separada de su cargo y sancionada. En vez de eso -y como parte de la corrupta red de cuido de Chaves y Esquivel- ha sido graciosamente premiada.

3) No es cierto que los estados financieros de la Caja no sean confiables. Esa es otra información falaz que Chaves y Esquivel han reiterado. Toda la evidencia disponible, proveniente de auditorías independientes, ratifican que esos estados financieros “…presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera del Seguro de Salud” (página 16).

4) Desde el punto de vista financiero, el seguro de salud no solo es solvente, sino que, a lo largo de los años, acumula notables superávits. Estos se deben básicamente a una razón: la posposición de inversiones en equipo e infraestructura hospitalaria y de atención a las personas usuarias. En los últimos años, también incide el frenazo a las remuneraciones derivado de la legislación impulsada por Carlos Alvarado (lo cual es seguramente uno de los factores que incide en la fuga de especialistas).

5) O sea: alguien en el pasado tomó la decisión política de ahorrar mediante la contención de la inversión, lo cual repercute en el deterioro actual de los servicios.

6) Siendo lo anterior terrible, es absolutamente criminal agarrarse de datos falsos y manipulados para frenar proyectos de inversión urgentes, tal cual Chaves y Esquivel lo han hecho.

7) En resumen: se nos ha venido mintiendo, reiterada y sistemáticamente ¿Qué hay detrás de toda esa oscura truculencia?

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Informe OIT desmiente que la CCSS está quebrada

SINAE AFINES insiste en que Dirección Actuarial y Presidenta Ejecutiva manipulan información

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) remitió, este viernes, la opinión técnica sobre las valuaciones actuariales del seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS); el informe evidencia inconsistencias metodológicas que comprometen la validez de que existen problemas financieros que compromete la estabilidad de la institución anunciado por la Presidenta Ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Por lo anterior, el Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermeria y Afines (SINAE AFINES), Lenin Hernández Navas, informó que el informe demuestra una vez más que la Caja, no está quebrada, y que la inestabilidad financiera anunciada por la Presidenta Ejecutiva busca justificar las acciones en contra de los propios usuarios y de la Seguridad Social, como por ejemplo, varar las inversiones contempladas en el portafolio y no cumplir con las obligaciones del Estado con la institución.

El representante de los trabajadores (as) denunció que el gobierno adeuda, en un año y tres meses, al Seguro de Salud ¢300 mil millones, lo que atenta contra la Seguridad Social, mientras tanto,  crece la lista de espera que ascendía, a abril del 2023, a alrededor de 1 millón de personas esperando por una cirugía, una examen diagnóstico terapéutico y una consulta con un especialista.

Por otra, se informó que SINAE AFINES adjuntará el informe técnico de la OIT como prueba a la denuncia que presentaron por falsedad ideológica e incumplimiento de deberes contra la Directora Actuarial, Carolina González Gaitán y la Presidente Ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, desde el pasado 25 de abril, ante la Fiscalía de Probidad.

¿QUÉ ES LA OIT?

La OIT es una institución tripartita que integra la representación y visión de tres sectores: gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores posee una trayectoria de varias décadas liderando el trabajo actuarial en seguridad social a nivel mundial, incluyendo el desarrollo y aplicación de metodologías y modelos actuariales reconocidos y adoptados en prácticamente todo el mundo.

El documento entregado formalmente, este viernes, se preparó en atención a un pedido de asistencia técnica de parte de un grupo de organizaciones sindicales de Costa Rica, quienes presentaron una solicitud formal ante la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, con el propósito de que emitiera una opinión técnica sobre el último Estudio Actuarial del Seguro de Salud elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, en cuanto a su metodología, resultados y conclusiones.

La OIT solicitó al Gobierno datos y documentos para  fundamentar mejor la elaboración de la opinión técnica. La CCSS puso a disposición de la OIT un gran número de los documentos.

Además, entre el 4 y 6 de julio, una misión técnica de la OIT visitó San José para consultar con la CCSS, las organizaciones de  trabajadores y de empleadores para así recolectar documentos y datos adicionales.

El trabajo del equipo técnico de la OIT se elaboró con base en los resultados de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, con corte a diciembre de 2021, presentado en 2022 y la información puesta a disposición se trasladó al Departamento de Protección Social de la OIT, Ginebra, Suiza.

SINAE AFINES
PRENSA
19-2023 (11-08)

Costa Rica y pueblos indígenas: informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe realizado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita  in situ en Costa Rica a finales del año 2021. 

El informe está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace. El delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:

» Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights.  Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system«.

Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica

Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en Ginebra, se sugiere la lectura integral y detallada del informe como tal, el cual contiene una gran cantidad de datos recopilados durante su visita por este experto de Naciones Unidas. Las conclusiones ubicadas en la parte final revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales. 

En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:

«91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».

Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que interesan a una multitud de entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:

«f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas; 

g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá; 

h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a: 

    i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;

     ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública; 

i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

El instrumento internacional al que refiere el Relator en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez mas incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú:  Chile oficialmente es Estado Parte número 13.  Algunas reflexiones desde Costa Rica«. Se trata de una nueva excitativa hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional, y que de ser seguida, le permitiría a Costa Rica ser más consistente y coherente con la imagen internacional que proyecta al mundo en materia de derechos humanos.

Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial

Cabe recordar que las acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica, y el hecho que dos de ellos perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, colocan a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 1).  

Al tiempo que persiste un indignante clima de impunidad que tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta perspectiva, la «disculpa pública» recomendada  en el punto h) ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia. 

Otra disculpa, por la denominada «arrastrada» vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo (véase nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10  años de este triste episodio que marcó y sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses). 

Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas térrabas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:

«Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH«.

A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por otro experto de Naciones Unidas titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica» (véase enlace) puso de manifiesto las carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.

A modo conclusivo

Este nuevo informe de Naciones Unidas viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. Se da a conocer después de que, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a completar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969  y expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable (Nota 2). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que se trata de un verdadero «hito»:

«El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José —derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua—7 . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia»  (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, pagina 2)

Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.

Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica. 

Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indígenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas  pautas y herramientas al Estado costarricense.

Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indígenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.

–Notas–

Nota 1: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran nunca más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.

Nota 2: La paciencia y la perseverancia de las comunidades afectadas son dignas de resaltar en el presente caso: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1992 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales en 1984. Posteriormente, en el 1998, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Frente al incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH sometió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en el 2020.

 

Imagen ilustrativa. Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.

Informe alternativo independiente sobre la labor de la defensora de los habitantes

Se le invita a leer el documento adjunto a esta carta, titulado “Informe alternativo independiente ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica de la labor de la señora Catalina Crespo Sancho como defensora de los y las habitantes”.

En este se abordan los derechos que tienen, deberían de tener, y circunstancias desfavorables que tienden a vivir las personas de la comunidad LGBTIQ+ y se realiza una denuncia pública hacia distintas instituciones nacionales sobre cómo deben velar también por el bienestar, respeto y trato igualitario a estas poblaciones.

La carta fue firmada y apoyada por las siguientes agrupaciones:

FIRMAS DE ORGANIZACIONES Y PERSONAS APOYANDO:

Jóvenes y adolescentes positivos de Latinoamérica y el Caribe

Asociación TRANSVIDA

Fundación Casa Rara

Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Rev. Randall Murillo Barrios. Rector.

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Observatorio Ético Caribe y América Central – OBETICA

Asociación Esperanza Viva en pro de personas con VIH en pobreza y pobreza extrema del

territorio nacional. (ASEV)

Richard Stern, Activista Independiente

Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos (OIDH)

Asociación Cuenta conmigo Puntarenas

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas. (LANPUD)

Positivxs

Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans (REDLACTRANS)

Memo Murillo. Activista Independiente.

Grupo de Apoyo de Familiares y Amigos/as/es de la Diversidad Sexual (GAFADIS)

Asociación MANÚ

Asociación Demográfica Costarricense

Comunidad Trans-formando de la Iglesia Luterana Costarricense

 

Compartido con Surcos por Marco Castillo Rojas.

Imagen ilustrativa.

La afectación de la salud mental está en el centro de la vida cotidiana

Raúl Ortega Moreno / Psicólogo y académico UNA

En Costa Rica, las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres, según estudio sobre salud mental realizado por las universidades públicas durante la pandemia.

El pasado viernes 17 de junio de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el «Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos», primer informe sobre salud mental que publica la OMS en 20 años, el cual presenta una visión actual y normalizada de las afectaciones en la salud mental como un fenómeno existente en la vida cotidiana de personas y comunidades, y como uno de los efectos más significativos de la pandemia que, a día de hoy, todavía sigue presente. La salud mental es, como plantea el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, “una parte intrínseca de nuestra salud y bienestar individuales y colectivos” (OMS, 2022). 

Entre los datos más significativos que publica el informe, se encuentran la prevalencia de sintomatología asociada a depresión y ansiedad en nuestras sociedades y su aumento de aproximadamente un 25% durante la pandemia; así mismo, la prevalencia de distintos trastornos mentales, para un aproximado de una de cada ocho personas del mundo, como, por ejemplo, la esquizofrenia, presente en una de cada 200 personas adultas en el mundo; y la realidad del suicidio como una situación que afecta a personas, familias y comunidades, llegando a representar uno de cada 100 fallecimientos en todo el mundo, situándose como “una de las principales causas de muerte” entre las personas jóvenes. 

El informe señala la situación de desatención y falta de financiación y recursos que los servicios de salud mental tienen en todos los países, así como la falta de gobernanza, investigación o recursos, la priorización de la salud física, bajo un enfoque biologicista, y la carencia sistemática de fondos para la salud mental comunitaria, hasta llegar a menos de un 2% del total de presupuestos de atención de la salud dirigidos específicamente para salud mental, y, de este presupuesto, una gran parte destinada a psiquiatría y hospitales psiquiátricos.

Esta situación es uno de los fundamentos que conllevan que las personas no prioricen el cuido de la salud mental, junto con la falta de conocimiento, la estigmatización, la discriminación, la falta de acceso a servicios en el ámbito público o el costo en el ámbito privado.

Salud mental en Costa Rica

En Costa Rica, las universidades públicas (UNA, UCR, UNED) nos unimos durante la pandemia con las instituciones públicas de salud (Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social) para generar información y evidencia sobre el impacto que la emergencia sanitaria ha tenido en la población de Costa Rica. Los datos encontrados se alinean con los presentados en el informe, mostrando el aumento durante la pandemia en sintomatología asociada a depresión grave y ansiedad generalizada, estrés o burnout (este último, principalmente en población trabajadora). Las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres. 

El informe mundial falla en profundizar en los antecedentes relacionados con la situación de salud mental, mencionando solo de pasada la desigualdad social y económica, situada al mismo nivel y no como causa también de otros factores indicados como conflictos armados, violencia, o el desplazamiento y las migraciones vinculadas con estos conflictos y por la emergencia climática. Los datos de Costa Rica ponen en el centro de la discusión también la necesidad de priorizar la defensa de los derechos humanos, y atender la desigualdad socioeconómica y su impacto en el bienestar de su población.

Recomendaciones para atender la situación

La OMS señala como recomendaciones para la mejora en la atención de la salud mental la revisión y actualización de leyes, planes y políticas, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, el aumento de la inversión, la coordinación y articulación efectiva entre actores institucionales y sociales, el fortalecimiento de la investigación y el acceso a información, la acción de base comunitaria, el refuerzo de las capacidades y el conocimiento del personal de salud pública, la promoción de la inclusión social de personas con trastornos mentales y el acceso a servicios bajo un enfoque de derechos humanos y biopsicosocial basado en la evidencia. 

Desde el Ministerio de Salud, la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, instancia que ha atendido esta temática de forma integrada y articulada con instituciones y organizaciones durante la pandemia, se presentó el pasado mes de marzo una propuesta para orientar la Recuperación Psicosocial de personas, comunidades y organizaciones durante el fin y posterior al fin de la emergencia sanitaria, señalando alguno de estos aspectos, e incluyendo la atención a la recuperación socioeconómica de la población. 

La atención de la salud mental es un compromiso que debemos asumir todas las personas. El cuidado propio y el cuidado colectivo, con apoyo en las estrategias, iniciativas y acciones que instituciones públicas del país, organizaciones comunitarias y otras proponen, precisa ser una prioridad para todas y todos. Porque el bienestar y la dignidad de las personas no se negocia, y no podemos dejar a nadie atrás.