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Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Escrito en 25/10/2023. Publicado en Derechos.

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Sálvese quien pueda

Escrito en 02/09/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q.

La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.

En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.

Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.

En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).

Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.

Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.

“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.

No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.

En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.

Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.

En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.

Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.

Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.

“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.

La libertaliradicalización: violencia y mercado. Esta liberaliradicalización de la presente etapa del liberalismo está marcada por su carácter irreflexivo y autoristarista a que empuja la preponderancia del mercado y los intereses multinacionales dentro de la misma democracia representativa como sistema a perfeccionar.

Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.

En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.

Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.

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General Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos: Mensaje de tranquilidad para sus amigos.

II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.

Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.

El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.

Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.

Cuatro días antes – el 15 de marzo de 2011- el pueblo sirio es víctima de los intentos de partición de su territorio por terroristas del llamado estado islámico, controlados y financiados por Estados Unidos para controlar en su totalidad la llamada ruta del petróleo desde Irak. Con esta operación quirúrgica, el llamado Occidente colectivo, se garantizaría petróleo a precios de robo y seguiría colonizando la región, hasta nuestros días (Fuentes: https://actualidad.rt.com/economia/view/25395-Guerra-en-Libia-un-castigo-a-Gaddafi-por-renunciar-al-d%C3%B3lar; https://www.telesurtv.net/analisis/Yihadismo-e-industria-petrolera-20140624-0063.html)

En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.

En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada. Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.

A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.

En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.

Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.

El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.

“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.

¡Como que en todas partes cuecen habas!

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil

Escrito en 22/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil que se comete en contra de quienes sueñan y confían en que, por fin, las cosas cambiarán para bien de los que más necesitan.

Si bien es cierto se pueden dar actos y se pueden tomar decisiones que hacían suponer que efectivamente las cosas cambiarían, ha habido otras que llevan a pensar que será más de lo mismo y ahí es donde la ilusión y las esperanzas se hacen añicos.

El tema del desarrollo económico y generación de empleo, el ataque frontal a la corrupción y a la inseguridad, buscar el mejor de los funcionamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social eliminando filas y haciendo que los especialistas permanezcan en la Caja con medidas oportunas… En todo ello falta mucho por hacer y el pueblo mantiene la esperanza de que se haga.

Pero el que ahora se pretenda cargar de impuestos a los que siempre son los que pagan los platos rotos, los trabajadores, y lo poquísimo que queda de clase media, es una injusticia, máxime cuando aún se dan casos de gastos excesivos y de acciones de corrupción que no son atacados en debida forma.

Aún se está a tiempo para que el gobierno enderece su rumbo, logre una estabilidad en su gabinete y se ejecuten las acciones que deparen el desarrollo económico y el bienestar social que todos esperábamos y seguimos esperando. No es tiempo de impuestos, es tiempo de control en el gasto y de ejecución de acciones que demuestren que se cumplirán las promesas de campaña, entre ellas la de no imponer más impuestos.

Dios quiera que tanto el presidente como sus ministros, especialmente el de Hacienda, enderecen el rumbo y se encaminen a lograr esas metas que se propusieron como promesas de campaña.

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Escrito en 27/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023

La lucha ha valido la pena

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Fue recientemente el afamado escritor Sergio Ramírez, quien planteó lo perturbadoras que pueden resultar hoy las novelas de Charles Dickens, escritor inglés del siglo XIX, “por su descarnada exposición del delito incubado en la miseria.” (Cfr. Ramírez Sergio. “La Nueva Edad de la Fe”. Artículo periodístico, La Nación. 16.04.2023. “Página Quince”). Aludiendo a este ejemplo, el escritor nicaragüense, pero de talla internacional ha querido combatir la “nueva fe moralista”, bajo cuya tutela se censura, hasta hacer desaparecer de los colegios, si fuera posible, en especial del llamado “cinturón bíblico” en los Estados Unidos, aquella literatura cuestionadora de la realidad como también lo fueron las obras de Orwell preventivas de lo que el propio autor denominó “el orden totalitario”, el cual querría desde semejante autoritarismo reinventar la escritura del pasado. Pero, la verdad es que, no se necesita vivir en un país totalitario nos dice también Sergio, para que se establezca la “edad de la fe”.

Se trata, explica Ramírez, de un nuevo puritanismo mediante el que se quiere implantar en los Estados Unidos y más allá, una nueva fe religiosa, supremamente intransigente y castigadora. Lo más delicado es que este puritanismo pretende hacerse global. Así en este mundo interconectado, las influencias ideológicas y culturales emanan, sobre todo del norte pudiente y prepotente al sur subdesarrollado y desventurado. Esta nueva moral ha llegado como ave migratoria de rapiña, dispuesta a estacionarse en los países del sur, para hurtar nuestra herencia cultural e imponernos una superestructura neocolonial, una ideología moralista y prepotente que juzga y condena, muy conveniente a los intereses de las capas y élites dominantes de la sociedad.

Desde esta perspectiva, no se quiere ni estudiar el delito, ni interesa comprenderlo; más vale darle la espalda a la ciencia, esta sencillamente no debe estorbar, pues no tiene incumbencia en estos asuntos que pertenecen insisto, a una moral que mira a la sociedad “desde arriba”, una moral puramente punitiva; el delito se condena y se castiga con rudeza y punto. “Castigo Divino” como se denomina una novela de Sergio Ramírez, es lo que debe predominar en la sociedad con el afán de preservarla libre, impenetrable e imperturbable del magma del pensamiento cuestionador y crítico que, la puede socavar desde abajo.

He recordado hoy las lecturas de Dickens, que trajo a colación en estos días, el mismo escritor Sergio Ramírez. En sus amenas y soberbias lecturas, Dickens se adentra con agudeza en la sociedad victoriana del siglo XIX que, en muchos sentidos conservan su vigencia hasta el día de hoy. Será por eso tal vez, que le llaman a Charles Dickens “el cronista de la miseria victoriana” del siglo XIX. En la actualidad, con el término «moral victoriana» se hace alusión a todos aquellos valores que abarcan una fuerte represión sexual, una baja tolerancia ante el delito y un estricto código de conducta social. Esta realidad se pone de manifiesto, entre otras, en algunas de las mejores obras de Dickens como son: “Oliver Twist” (1837-1839), “David Copperfield” (1849-1850), o “Historia de Dos ciudades” (1859).

En “Historia de dos Ciudades”, nos habló de Francia y de Inglaterra, comparándolas entre sí. En un inicio nos narra bellamente el siguiente pasaje que, muy a pesar de su esplendor, también quedaría censurado: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo”. De Francia, el autor la describe como una sociedad regida: “Bajo la dirección de sus pastores cristianos, se entretenía, además, con distracciones tan humanitarias como sentenciar a un joven a que se le cortaran las manos, se le arrancara la lengua con tenazas y lo quemaran vivo, por el horrendo delito de no haberse arrodillado en el fango un día lluvioso, para rendir el debido acatamiento a una procesión de frailes que pasó ante su vista, aunque a la distancia de cincuenta o sesenta metros…” En tanto que, su vecina Inglaterra fue descrita como aquella otra que: “Apenas si había […] un átomo de orden y de protección que justificara la jactancia nacional. La misma capital era, por las noches, teatro de robos a mano armada y de osados crímenes. Públicamente se avisaba a las familias que no salieran de la ciudad sin llevar antes sus mobiliarios a los guardamuebles, únicos sitios donde estaban seguros […] En las cárceles de Londres se libraban fieras batallas entre los presos y sus carceleros y la majestad de la ley los arcabuceaba convenientemente.” (Cfr. Dickens, Charles. “Historia de dos ciudades”. Editorial Chapman and Hall, Londres, 1859).

En la sociedad actual costarricense, como ha dicho acertadamente el ex viceministro de justicia del gobierno Solís Rivera (2014-2015) y profesor en la UNA, Marco Feoli, “muchos de los encarcelados cometieron delitos asociados a pobreza y exclusión.” (Cfr. Feoli, Marco. “El papel de las cárceles en la seguridad ciudadana”. Artículo periodístico en La Nación, “Página Quince”. 01.04.23.) Exactamente igual que lo explica Charles Dickens de la sociedad victoriana, donde muchos delitos resultaron incubados en la miseria y como lo narra Sergio Ramírez también; con la única ventaja en nuestro caso que, fue prohibida por decreto la pena de muerte desde finales del siglo XIX por el propio presidente de la República, Tomás Guardia Gutiérrez. Luego se abolió para todos los delitos, no solo ya para el homicidio premeditado y seguro, sino, por otro lado, para el alevoso y demás.

Fue bajo el mandato y por iniciativa de la muy valiente ministra de Justicia y Paz, del mismo gobierno Solís Rivera, que la Lic. Cecilia Sánchez Romero, inició un proceso de reforma sin precedentes en el sistema penitenciario de nuestro país, conducente a modernizarlo, poniendo el énfasis en la educación para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, todo ello encaminado a enfrentar el horrible e inhumano hacinamiento en las cárceles, donde los presidiarios, del orden que fuera, terminan por corromperse; más aún, debido a otros tratos vejatorios y humillantes, amén de violatorios de los derechos humanos. Todo lo cual lo inició la exministra Sánchez, bajo el asedio y el fuego cerrado de esa “moral” hipócrita y aberrante, al son de muchos medios de información, todos clamando al unísono por linchamiento público contra la ministra y sus acompañantes…Y todos también, cerrando filas en contra de la licenciosa aspiración de desatorar las cárceles, porque supuestamente, la libertad de un solo preso, por más que tuviera años de un comportamiento ejemplar en el penal y aunque, en muchas ocasiones, su delito hubiese sido considerado con una serie de atenuantes por los jueces que dictaron sentencia, pondría en peligro la vida y tranquilidad de toda la sociedad. El juicio de muchas personas aferradas a esa moral farisea, falsa o de tartufo que prefiere decir encogiéndose de hombros: ¡No, que se pudra en la cárcel!

La creencia más generalizada es que, quien está en la cárcel, está bien guardado allí; y se hace caso omiso, al hecho de que, una buena parte de los que delinquen, ya por homicidio culposo, ya por robo no agravado, u otros por delitos menores, se forjaron en una sociedad que les negó oportunidades de empleo, de salud y de buena educación y, de feria, se les recetó un encierro que ha estado muy lejos de ser un correccional, ni mucho menos un lugar en el que pudiera rehabilitarse y rehacer su vida. Pero no, oídos sordos para todas estas personas. Una buena parte de la sociedad no las considera como tales; por más que ese sector social acomodado, nunca hayan visitado un penal, tampoco una barriada pobre en la que cunde la desesperanza. La sociedad es la que nos corrompe como decía Rousseau. Pero, por eso puso el acento en la educación de calidad para todas las personas por igual, indistintamente de su condición social. (Léase al efecto “El Emilio” o “De la Educación”, obra escrita en 1762.) O sea, prevención, política social preventiva y educativa, en lugar de cincha, garrote y encierro. Es posible que los resultados no los obtengamos inmediatamente, pero son más seguros cuando se logra disminuir la pobreza y la desigualdad social. Y, claro que mientras vienen esos resultados debe haber seguridad ciudadana, pero una seguridad donde el acento este puesto en la prevención del delito antes de tener que acudir a las políticas represivas.

Entre las realizaciones más importantes, impulsadas por la entonces ministra Sánchez, que son muy poco conocidas en el país, están: haber cerrado las llamadas “tumbas”, un ámbito de máxima seguridad totalmente violatorio de los derechos humanos; haber reducido los niveles de hacinamiento y haber logrado humanizar la ejecución de la pena. La metodología llevada adelante por Cecilia Sánchez y su equipo de trabajo para impulsar la reforma, estribó en un proceso bastante original extraído de la identidad cultural de los costarricenses; como dijo la propia ministra, consistió en: “la promoción de una serie de actividades que permitieron mover a nuestra población hacia el arte, la cultura, el deporte, el acercamiento familiar.” Así fue expresado por ella misma en una entrevista concedida a “El Mundo CR”, previa a su salida del puesto de ministra de Justicia, para pasar a ser directora del “Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en el 2017; la primera mujer latinoamericana en alcanzar tan honroso puesto de trabajo, desde donde pudo continuar desarrollando esa misma línea de acción, pero con un alcance mayor, ya que, en el ILANUD, le correspondió hacerse cargo de la problemática carcelaria en toda la región de América Latina.

En las cárceles costarricenses, la modificación del espacio físico era importante, y se modificó en gran medida, pero, hay algo a lo que la ex ministra Cecilia Sánchez le concedió mayor relevancia todavía como fue cambiar el modelo de atención de los privados de libertad. El nuevo modelo que se implementó tenía como eje de atención de la población en las cárceles, inducirlos al estudio y al trabajo, muchos lograron obtener títulos de las universidades y de otras instituciones de educación. La idea consistió en que previo estudio esa población pudiese, una vez capacitada, movilizarse libremente y dedicarse a aquello para lo que se había capacitado, a fin de terminar con la ociosidad en la institución penal, donde el ser humano se degradaba y corrompía, víctima de la ociosidad y rehén por ende de la indolencia, la falta de respeto por sí mismo y por los demás, en cuyas condiciones las personas privadas de libertad carecían de oportunidades para reformarse de los vicios adquiridos las más de las veces, en las mismas condiciones de precariedad en las que habían nacido y crecido. En aquellas condiciones, que hoy están presentes de nuevo, porque se abandonaron muchas de las iniciativas incoadas u originadas por la exministra Sánchez, se reproducían, como se siguen dando hoy vicios, violencia y otros males propios de semejantes condiciones carcelarias. Para que la reforma pudiese continuar teniendo éxito, era y es menester que el propio presidente de la República se involucrara, como ocurrió con el presidente Luis Guillermo Solís, quien le brindó entonces con valentía el respaldo que era necesario.

Se trató de una “Reforma” (escrita así con mayúscula), que valió la pena; ahí han quedado estampadas en la mente y en el corazón de la población que se había visto afectada por las inhumanas condiciones de hacinamiento y malos tratos de nuestro sistema penitenciario, las nuevas oportunidades y el nuevo tratamiento concedidos a todos ellos por los trabajadores que los atendían con una nueva mentalidad, así como debido a las políticas públicas que, bajo la conducción de la ministra Sánchez se aprobaron. Conviene dejar claro, que algunas de las más importantes medidas implementadas, se ejecutaron sin engrosar el personal, simplemente induciendo una reubicación de la población trabajadora; tal fue el caso de la oficina de Inserción Social.

Antes de asumir la dirección del ILANUD, el 1 de enero del 2018, Cecilia Sánchez recibió una honrosa felicitación y el reconocimiento por el presidente de la República y también nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual calificó los resultados de su labor como ejemplares para la región.

Deseo ahora, remarcar y traer a colación un recuento de su obra, además de lo ya expresado, por la eficiencia y eficacia de los logros alcanzados; parafraseo un informe de rendición de cuentas del propio Ministerio de Justicia y Paz, en un comunicado emitido el 12 de diciembre del 2017:

1.Se logró reducir la sobrepoblación carcelaria a niveles admisibles por los estándares internacionales.

2.Después de que no se construyeran centros carcelarios en el país durante 20 años, la gestión de la ministra Sánchez dejó construidas tres Unidades de Atención Integral en San Rafael de Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí de Limón. Los centros tienen capacidad para albergar en total 1.600 internos, con condiciones dignas y posibilidades de estudiar y trabajar para garantizar la reinserción social.

3.También se remodelaron espacios en centros penitenciarios, se mejoraron las condiciones de trabajo de la Policía Penitenciaria y, mediante el Viceministerio de Paz, quedó construida y estructurada la red de los Centros Cívicos por la Paz.

4.El trabajo de la exministra Sánchez también permitió dejar avanzado el nuevo modelo de atención penitenciaria, clausurar las celdas de castigo en el Centro de Adaptación Social La Reforma (conocidas como Las Tumbas), a las cuales hicimos referencia.

5. Se impulsaron proyectos para apoyar a las mujeres y a la población joven, y firmar acuerdos con universidades, municipalidades, organizaciones no gubernamentales y clubes deportivos, así como la implementación del sistema de vigilancia electrónica. En mi condición de exrector de la UNA, tuve el honor y la oportunidad de firmar uno de estos acuerdos con Cecilia Sánchez en calidad de ministra de Justicia y Paz, lo que dio lugar a un meritorio trabajo de jóvenes estudiantes de distintas escuelas de la UNA, entre ellas la de Administración, la de Relaciones Internacionales, la División de Educación Básica del CIDE, y estudiantes del Centro de Estudios Generales, entre otras.

Hoy se vuelve a la política de la improvisación por parte del gobierno, el cual nos receta desdichadamente lo que una vez la misma diputada oficialista Pilar Cisneros, refiriéndose a otro plan, denominó “más de lo mismo”. Leo con honda preocupación el comunicado del pasado 19 de abril de esta administración en el que nos habla de seis reformas de ley, que son un verdadero culto a la improvisación y a la ocurrencia. Como si no supiéramos para empezar cuánto debe durar un buen proyecto en la Asamblea Legislativa para cocinarse, madurar hasta que esté preparado para servir de guía en la solución de los problemas sociales. Con el respeto debido, el presidente Chaves, a sabiendas que en verdad urge una buena política de atención a la inseguridad ciudadana, hoy más que nunca provocada y dirigida por el narcotráfico, el cual, se ha instalado en nuestra sociedad amasando un enorme poder para corromper y usar jóvenes, en lugar de ello, se propone a la sociedad que aceptemos seis proyectos de ley, y algunas peregrinas ideas para atender lo inmediato, sin tocar fondo. En el comunicado nos dice a semejanza del matonismo desplegado por el gobernante salvadoreño: “Queremos una mejor Costa Rica para las próximas generaciones, y solo luchando contra la criminalidad es que lo vamos a lograr. Yo quiero que la gente pueda andar tranquila en la calle, etc…” ¿Y las políticas de fondo para impartir educación, en donde estamos más atascados que nunca? ¿Y la política social preventiva y con planes bien concebidos? Para alcanzar una mejor Costa Rica, ah no “…solo luchando contra la criminalidad es que lo vamos a lograr.” Válgame, Dios. Como muy bien me lo resumió una amiga: “más de lo mismo, más represión, juzgar menores como adultos, más policías, pero menos beneficios penitenciarios y peor aún, cero inversiones en política social y prevención.” “¡Aviados estamos!”, o sea, en buen romance ¿en qué lío nos hemos metido?