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Siete de noviembre Día de la Democracia Costarricense

Escrito en 07/11/2025. Publicado en Análisis.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Desde 1942 con gran sapiencia nuestros gobernantes han designado el 7 de noviembre como el Dia de la Democracia Costarricense. Y es precisamente para honrar al gran y noble pueblo costarricense por su hidalguía y dignidad al salir en defensa de la voluntad soberana y popular, ante el temor y las malignas intenciones del gobernante de la época, de confabular en favor de la candidatura de sus preferencias y perpetuarse en el poder en una forma indigna, ilegal y antidemocrática. Se equivocaba en ese actuar el presidente de la época, don Bernardo Soto Alfaro, quien deseaba que el verdadero ganador de las elecciones don José Joaquín Rodríguez Zeledón, no llegara al poder. Don José Joaquín, tenía la mayor cantidad de apoyo en San José y fuera de la ciudad capital. Don Bernardo Soto deseaba transferir el poder a Ascensión Esquivel, a pesar de que había perdido las elecciones en 1889. Ante el temor de que el gobernante arrebatara el poder al soberano, el pueblo actuó, se movilizó y exigió el respeto a los resultados lectorales. Es decir, el pueblo había hablado y decidido a través de las urnas. Costa Rica daba una extraordinaria lección cívica y de espíritu republicano ante las pretensiones innobles y espurias del gobernante. Dichos eventos históricos, también nos permiten traer a colación la vil muerte en San Ramón del ilustre ciudadano Rufino Mora Rodriguez, durante ese periodo de arrebato y pasiones desbordadas. Don Rufino fue asesinado en octubre de 1889 en las calles de San Ramón. Ante el riesgo inminente de violencia ante el enojo de los costarricenses, bien hizo don Bernardo Soto al reconocer su error y pronunciar la célebre frase “por mí no habrá de morir un costarricense”. Permitiendo de esa manera la transición pacífica del poder a fines de 1889 y que posteriormente don José Joaquín Rodriguez fuese designado como presidente la República como consecuencia de la expresión de la voluntad del soberano- es decir el pueblo costarricense. Hermosísima lección cívica y patriótica, escrita por los costarricenses, que debe quedar en los anales de la historia y muestra del civismo que siempre debe predominar y que el currículo escolar costarricense ha de exaltar.

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están a menos de cien días; éstas, tras doscientos años de historia, parecieran ofrecer panorama que pudiese ser desolador o darnos una nueva venturosa oportunidad de reencontrarnos con nuestras raíces. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y lo construyeron nuestros abuelos; u otra, sinuosa, tortuosa, llena de sombras siniestras y riesgos desmedidos e insospechados. Podríamos pagar caro nuestra indiferencia y pereza; no es opción dejar que sea la mediocridad, la corrupción -que asoma rampante durante los últimos meses, la vulgaridad y el fascismo, los elementos que nos gobiernen y se perpetúen. No pueden sustituir a las buenas formas del ejercicio del poder, en forma democrática, cívica, de entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian ante la incapacidad de nuestros gobernantes por intentar resolverlos. El chavismo-cisnerismo amenaza, acecha y confabula para quedarse en el poder. Echan mano literalmente al librillo discursivo que ya hemos visto ponerse en práctica en países vecinos, de desprestigiar y atacar a aquellos que valientemente se les oponen o que de alguna manera constituyan una amenaza moral. El chavismo-cisnerismo se comporta como una dictadura para señalar, perseguir y espiar a quienes piensen distinto; osan desprestigiarlos para minar su credibilidad. Recuerdo perfectamente una entrevista de 2018 donde se le preguntó a Donald Trump por qué insistía en denigrar a la prensa. El respondió “lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Así lo escribí en artículo denominado De aprendices y absolutistas, que publiqué el 26 de enero de este año. Para Cisneros, Chaves y su comparsa, cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones; ante las muertes violentas, ante la crisis educativa, los deseos de seguir debilitando la CCSS, minar al IC E desde dentro. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a esa repugnante y patológica forma de estar en una eterna y estéril campaña política, permanentemente. Durante más de 40 meses hemos sido testigos de muecas y una explosiva pirotecnia discursiva, donde desde Zapote primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la CGR, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes y finalmente en medio de lluvias, tormentas e inundaciones, le ha llegado el turno al TSE. Tal y como penosamente profetizábamos en ese artículo propio, de finales de enero de este año.

Llamo la atención costarricenses, que estamos en presencia de una ruta fascista que nos pone al borde de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas; para que ahora, como nos advertía Juan Rafael Mora P. en noviembre, en otro noviembre, el de 1855, “…una gavilla de advenedizos”, liderados por una sombría figura, cuya estatura moral y dotes de estadista son discutibles, pretende borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega en Nicaragua y Bukele en El Salvador….preguntémonos por qué sospechosamente han debilitado la educación pública? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de recursos y propiciar una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué destinar menos recursos para el combate a la pobreza, reduciendo becas para estudiantes y bonos de vivienda?

El desinterés que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical; que nos permita reaccionar patrióticamente antes de que el riesgo de que seamos despojados de los derechos más elementales sea consumado. Como ciudadanos no debemos pasar por alto el afán de esta administración de instrumentalizar las instituciones para la consecución de sus pérfidas intenciones y perversos fines para ser capaces de perseguir a costarricenses y ocultar sus verdaderos objetivos. Poner a Hacienda a perseguir a Baruch y hablar de un megacaso de fraude fiscal. Utilizar al Ministerio de Salud para cerrar un centro recreativo como Parque Viva porque es de La Nación. Lograr en México que, desde el servicio exterior a través de la embajada, una diputada del PUSC crítica de la administración, perdiera su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Utilizar el BCIE para destinar fondos de allí y canalizarlos presumiblemente para espurias contrataciones y movilizaciones de partidarios del chavismo. Intentar destruir la reputación y honra de personas como doña Patricia Navarro; el señor Bulgarelli, cuya familia fue amenazada y todo el país fue testigo. O al mismo jefe de la policía judicial a través del INAMU.

Debemos de ser capaces de denunciar y repudiar el alineamiento de cierto sector de la prensa, alejado de la objetividad y búsqueda de la verdad en el ejercicio del periodismo serio; carentes de objetividad y estigmatizados por su énfasis en la manipulación y la criminal desinformación. Debemos de entender que las mentiras que propelen constituyen una amenaza cancerosa a la democracia. Están alineados a una morbosa y podrida forma de hacer política y ejercer el poder.

Este grupo que nos gobierna hoy, sueñan con quedarse en el poder, y ya cosechan sus propios casos de presumible corrupción como caso Barrenador, caso Comején, caso Richter y podría estar incubando otros como “cariñitos” “TRADECO”, el chorizo con MECO en el supuesto arreglo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, y la desfachatez con el favorecimiento hacia CISCO con millonarios contratos en el ICE.

O tendremos en Zapote a una persona sentada, lacaya y porrista de Cisneros y Chaves, absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda; o a alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, construir acuerdos, discutir y proponer salidas a los múltiples atolladeros que hoy nos abruman. No vaya a ser que despertemos viviendo en un país que ya no es el nuestro.

Hoy en este aniversario de nuestra Constitución Política y de la democracia costarricense, concluyo con esta reflexión donde se ve reflejado todo el pueblo costarricense. Pregúntese usted, ¿en qué estrato se ubica?

“un sabio levantó su mano
Y señaló al cielo con el dedo.
Muchos miraron hacia la luna, maravillados
… otros se enfocaron tan sólo en el dedo!”

Dia de la Democracia Costarricense

En defensa de Costa Rica

Escrito en 01/11/2025. Publicado en Elecciones.

Sylvia Montero Mejía

Costa Rica es una nación muy joven: doscientos y un poquito más de años de vida independiente y un poquito menos de vida republicana. En términos “universales” (me refiero a su vida en relación con la vida del Universo), nuestra existencia es comparable a menos que nada. ¡Pero “somos”, “estamos aquí”!

A lo largo de esta corta vida, ciudadanos ilustres, mujeres valientes, hombres y mujeres intachables nos han ido dejando una larga lista de enseñanzas. Nuestra historia ha sido una secuencia de hechos que nos llenan de orgullo, de decisiones que han ido conformando nuestro “ser costarricense”, de voluntades que juntas han moldeado nuestro modo de ser, nuestro modo de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos.

Con errores a veces, con resultados tal vez no deseados, pero en la mayoría de los casos con una voluntad de hacer las cosas bien, en beneficio de la mayoría, habíamos adquirido en el ámbito mundial un lugar destacado. Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la Naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable. Tan buena fama adquirimos que nuestro eslogan “pura vida” se convirtió en nuestra carta de presentación ante el mundo entero. Venir a Costa Rica era, para muchos, la meta deseada, el destino ideal, el país anhelado. ¡Algo así como el sueño hecho realidad!

¿Qué ha sucedido?

¿Por qué nuestro nombre resuena hoy en el ámbito mundial como el destino menos recomendado, como el país más inseguro y además de los más caros? ¿Como el paraíso de los narcotraficantes donde no existen controles, ni vigilancia en los puertos y donde en las calles mueren a diario jóvenes involucrados y colateralmente mucha gente inocente?

El deterioro de Costa Rica se ha hecho insostenible. Nuestros pilares: educación, salud y seguridad necesitaban ser fortalecidos, pedían a gritos una inyección de mejoras. Se habían debilitado, pero con voluntad política podían salir adelante.

Sin embargo, durante estos últimos cuatro, el deterioro se agudizó. No se tomaron medidas para mejorar nuestras instituciones, sino que por el contrario prevaleció a lo largo de ellos una voluntad de destrucción, de abandono, de desamparo. Cuatro años han sido suficientes para dar al traste con todo lo que nos hacía distintos en el ámbito mundial. Se institucionalizaron, con una fuerza y un descaro nunca antes vistos, el robo, la insolencia, el irrespeto.

Es triste, realmente lamentable la situación que estamos viviendo.

Pero en medio de este ambiente inquietante y penoso, una carta de una funcionaria ejemplar nos ha devuelto la esperanza de que Costa Rica puede salir adelante. Ella, doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ha levantado su voz en defensa de nuestra nación. Sus palabras son un llamado a todos los costarricenses para que no dejemos que nos roben lo que, por tantos años, con esfuerzo denodado de muchos patriotas, se ha conquistado en Costa Rica.

Con fuerza, determinación, claridad y valentía lanza esta frase:

“Usted está amenazando la paz y la estabilidad política”.

No es necesario decir nada más. La acusación es contundente y no deja espacio para dudas. Lo que se cierne sobre Costa Rica es de un peligro que no se había experimentado desde hacía 76 años.

Prestémosle oídos muy atentos a esta advertencia, a estas palabras pronunciadas por una persona de trayectoria impecable en el servicio público, por una ciudadana profundamente preocupada por nuestro futuro, y por la inmediatez de unas elecciones presidenciales.

Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.

Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría de los que con entrega y auténtico patriotismo pusieron a Costa Rica en un pedestal en el mundo.

A propósito de los discursos de odio, en el contexto electoral en Costa Rica

Escrito en 31/10/2025. Publicado en Elecciones.

Una reflexión desde el poema de Martin Niemöller
“Primero vinieron”
“Cuando los Nazis vinieron a llevarse a los comunistas
guarde silencio,
ya que no era comunista…”

Mainier Barboza Soto

El gobierno de la república de Costa Rica, que preside Rodrigo Chaves Robles, ha convertido el Poder Ejecutivo -que como su nombre lo indica, su función principal es ejecutar, coordinar, dirigir las acciones en política pública, económica, social del Estado; dichas tareas van desde la gestión de recursos/país en la producción nacional, el consumo, sancionar las leyes que han surgido de la Asamblea Legislativa, presentar proyectos de ley al poder legislativo, que fomenten el desarrollo y la estabilidad del país; además debe promover la estabilidad económica y financiera, de forma que, haya equilibrios y justicia en la distribución del ingreso a toda la población-, en un escenario teatral y de plaza pública, para lo que ha generado, dos líneas de acción, nada políticas, en su sentido filosófico, sino, de propaganda:

Primera línea:

– La descalificación y control de la prensa nacional, con el estribillo de “prensa canalla”, ante cualquier acción de su gobierno, que fuera contraria a las leyes, a la moral o la ética pública; en este punto, ante las acusaciones de la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial-O.I.J-; aprovecha, el presidente para atacarlos y descalificarlos, acto seguido-como buen teatro-arrecia su ataque a la Asamblea Legislativa, por oponerse a algunos proyectos de ley que lesionarían seriamente el Estado Social de Derecho-¿ley jaguar?- Aquí pone un “bozal” a la crítica de análisis y a la prensa, y así, controla los medios de comunicación, para el proyecto neoliberal. Es esa nueva prensa, ahora, parte de su show, son sus voceros, solo que ahora se muestran con “perfil bajo” por conveniencia política y comercial.

Segunda línea:

– Se dirige, el presidente, a los partidos tradicionales y al señalamiento de algunas figuras políticas de estos partidos-curiosamente no alude a las leyes fiscales regresivas, a las leyes contra los sectores laborales, como la ley de empleo público, de fortalecimiento de las finanzas públicas, ley anti-huelgas, ley de las jornadas de 12 horas- ley de Armonización del Servicio Eléctrico, (reedición del combo del ICE, derrotado en el año 2000).

Los partidos, liberación, unidad y el pac- (con minúsculas dada sus bajas estaturas políticas actuales) han sido los que, las han promulgado-; aquí se nota y demuestra que el gobierno de Chaves llega a finiquitar la etapa final del maligno proyecto neoliberal, razón por la que solo necesitaba esa ley, mal llamada jaguar, para desmantelar el Estado Social de Derecho, en su centro vital jurídico, la Constitución Política de Costa Rica.

De todo lo anterior es sumamente preocupante la actitud y posición de mucha población costarricense, en especial de las poblaciones más vulnerables y mayoritariamente en los quintiles más bajos de la economía-ingresos por debajo de “$2.15” por día-ver informe del Banco Mundial-, de las otras personas que siguen y avalan el discurso de Chaves, no me ocupo, porque considero que tienen que abordarse más desde el punto de vista ideológico.

El poema que encabeza este artículo fue escrito por un pastor luterano, en principio seguidor del proyecto de Hitler, que rompe con éste, al considerar que el partido Nacional Socialista Obrero Alemán, del nazismo, ejerce una supremacía sobre la religión y los principales principios humanos.

El poema reconoce el peligro que representa el no tomar una posición de protesta, de resistencia frente a los abusos del poder y la manipulación del discurso, autoritario, engañoso, mentiroso, falso, que fue impulsado por la propaganda nazi y su jefe Paul Joseph Goebbels, hombre de buen discurso y con el complejo narcisista de la personalidad.

Conste, es el objetivo primordial del presente artículo, un refrescamiento breve de la historia, a la luz de la contienda electoral, a tres meses de realizarse; ese “refrescamiento” nos convoca hoy, mirando, escuchando el comportamiento de muchas personas, con respecto al discurso reiterado en contra de las instituciones públicas, de los poderes del Estado-judicial-legislativo-, el ataque sistemático a las autoridades policiales, a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; lo grave es que, literalmente, el autoritarismo, tiene silenciada a la prensa, creando un desasosiego general en el pueblo, que solo escucha el lado de “su prensa” no canalla, según el discurso desde el Ejecutivo y un grupo, a nuestro juicio oportunista, que solo persigue sus intereses particulares.

El Estado de bienestar que gozaba Costa Rica hasta los setenta del siglo anterior, se fue cercenando, sustituyéndose por una corriente neoliberal, que apoyada en el Consenso de Washington, los Tratados de Libre Comercio, y la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la más regresiva ley fiscal, al lado de la ley anti-huelgas, de empleo público, de jornadas 4×3, reducción del gasto público, que reduce el capital social, clave del sostenimiento de la paz y la seguridad social y de la salud y la democracia que ha gozado Costa Rica.

Recuperar las instituciones de la República de Costa Rica, su Corpus Jurídico, es recuperar nuestra idiosincrasia de pueblo soberano, trabajador, honesto, libre; es en esencia, la recuperación del legado histórico que ha costado lágrimas, sangre, trabajo, esfuerzo constante de nuestras madres, padres, de los verdaderos estadistas, de los que echaron a los filibusteros fuera de Centroamérica, de los que abolieron La pena de muerte, crearon las reformas liberales, los que optaron por la democracia en 1889.

Somos herederos de los que crean las garantías sociales y las instituciones públicas y autónomas que hoy mantienen la democracia, la paz; los que crean la segunda República, con la Constitución Política, ejemplo de corpus jurídico para América y el mundo; somos herederos de ancestros que abolieron el ejército, de mujeres y hombres que abrieron el camino del voto femenino, herederos de los que crearon escuelas, colegios, universidades públicas con acceso para un estudiantado talentoso pero en el grupo de los pobres, herederos de los que nos enseñaron a respetar las libertades de todas las personas, sean por pensamiento ideológico, religioso, de raza, de nacionalidad, o cualquier otra.

Por esa herencia, por la memoria de los que ya no están con nosotros, por los que dieron su vida por una patria para todos, recuperemos el Estado de Bienestar que es el más preciado legado que tenemos.

Los advenedizos no son bienvenidos, los vasallos, son enemigos de la patria…

Cambios en la Policía

Escrito en 04/10/2025. Publicado en Elecciones.

Rodrigo Cabezas Moya

Desde ayer entró en vigor el mandato constitucional que trasfiere todas las funciones policiales relacionadas con el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones.

Con la paz que hemos tenido durante tantos años, posiblemente muchos ciudadanos no valoran la necesidad o magnitud de este proceso.

Nací en 1938, recuerdo con toda claridad la Campaña Política de 1944, antecedente de la Guerra Civil de 1948. Fue una campaña violenta en donde el gobierno de turno usó la policía para reprimir plazas públicas del partido de oposición. En ese entonces vivía a 125 metros de la Plaza Iglesias, en Alajuela en donde el candidato Otilio Ulate celebró una manifestación donde vi a policías montados a caballo golpear con macanas a manifestantes pacíficos; de hecho, un amigo de mi familia fue golpeado en la cabeza y sangraba profusamente. En el mismo sitio, un miembro civil del gobierno sacó un revolver para intimidar a quienes lo reconocieron. Estos hechos violentos que describo fueron al final de 1947 en el Gobierno Picado.

Para la generación actual esta acción parecería simbólica, pero es de suma importancia se respeten las opiniones de todos.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Ganó la institucionalidad en la votación sobre la inmunidad presidencial”

Escrito en 23/09/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El exdiputado, historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió a la reciente votación en la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Según expresó, la decisión de no retirarla representó “una victoria de la institucionalidad”.

Aguilar recordó que para levantar la inmunidad se requieren 38 votos, sin embargo, en esta ocasión solo se alcanzaron 34. “Se respeta la institucionalidad no solamente en el proceso, sino al final en esa votación. Fue un bello tapabocas al presidente de la República y a doña Pilar Cisneros, que han pasado más de tres años atacando a la institucionalidad. Ahora, esa misma institucionalidad le dice a Rodrigo Chaves que puede estar tranquilo de aquí a mayo”, afirmó.

El exlegislador señaló que “esa institucionalidad tan menospreciada le salvó el pellejo” al actual gobernante, y expresó su esperanza de que esto sirva como lección.

Por otro lado, criticó fuertemente el comportamiento de algunos diputados en el plenario. Se refirió a la fracción de Nueva República como una “manada” que votó siguiendo la línea de su líder religioso: “Parece que no andan con la Biblia debajo del brazo, sino con la chequera y el número del SINPE para ver cuándo les cae el pago”.

También cuestionó a los diputados de la Unidad Social Cristiana que desobedecieron a su candidato presidencial, a su directorio político y a su asamblea, y mantuvieron su apoyo al presidente Chaves: “Han traicionado al partido más de una vez y le asestaron un golpe de muerte a esa agrupación. Demostraron que el partido no tiene un liderazgo fuerte. Parece que el único liderazgo lo da la chequera”.

Finalmente, Aguilar calificó el resultado como un “triunfo pírrico”. Señaló que, aunque la inmunidad se mantuvo, “34 diputados demostraron que el país quiere que Rodrigo Chaves vaya a los tribunales, y lo hará. Es simplemente un paréntesis. En mayo nos vemos en los tribunales de justicia, los ciudadanos y Rodrigo Chaves”.

Añadió que los procesos judiciales no se limitarán al caso actual: “Vamos a hablar de la Caja, de los financiamientos espurios de su campaña y de muchas otras causas. En mayo nos vemos, don Rodrigo, no le quepa duda”.

Chavismo y corrupción

Escrito en 12/09/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Durante la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles como candidato presidencial recorrió el país y clamó a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que lucharía contra la corrupción y los corruptos que, según él, se habían robado este país; tema que ha mantenido vigente en sus discursos presidenciales.

Por eso es importante que empecemos transcribiendo el primer párrafo que encontramos en la página 6 de su “Plan de Gobierno”, que tiene como flamante título: Freno a la Corrupción. Dice así:

– “La desenfrenada corrupción nacional nos empobrece a todos, nos roba a todos, nos reduce en cantidad y calidad los servicios públicos. Nuestra propuesta empieza por poner jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres para los puestos y no los mejores puestos para los amigos…” (El destacado no son del original, pero quisimos resaltar el párrafo)

Llevaba razón el candidato, la corrupción carcome las instituciones públicas en contra del ciudadano; pero como presidente de la República se olvidó de aquella afirmación y, por el contrario, se ha reído del pueblo de Costa Rica y, en especial, de aquellos que obnubilados siguen creyendo en sus discursos altisonantes, irrespetuosos y palabrotas de albañal y no se dan cuenta, o se niegan a aceptar su grave error, cuando eligieron al gobernante y equipo de gobierno más corrupto e incompetente de la Historia de Costa Rica. Veamos por qué lo digo.

Nunca un presidente de la República, a ocho meses de terminar su mandato, ha acumulado 120 acusaciones penales en la fiscalía general de la República, dos solicitudes de levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia y otra a punto de ser votada en la Asamblea Legislativa. No se trata de perseguir a nadie, sino de hacer respetar la ley, esa que tanto le estorba y pone en evidencia su permanente accionar corrupto; porque corrupción no es solo apropiarse indebidamente del dinero, sino mentir y tergiversar la verdad e incumplir la ley y las promesas hechas ante el pueblo.

Al listado acusatorio contra el presidente en la fiscalía, se unen los de sus excolaboradores, supuestos “jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres” que ofreció en campaña, citemos algunos de esos ex…que hoy aspiran a ser diputados para ampararse en cuatro años de inmunidad y oprobiosa impunidad, que han sido dados a conocer por diversos medios de comunicación: Nogui Acosta (Hacienda) 11 causas penales pendientes, Marta Esquivel (CCSS y Planificación) 14 causas pendientes, Ana K. Müller (Educación) 8 causas pendientes, Stephan Brunner (Vicepresidencia) 5 causas pendientes; Royner Mora (Deportes) y Robert Barrantes (Influencer en planilla de la Presidencia) 2 cada uno, Esmeralda Britton (Junta de Protección), Nayuribe Guadamuz (Cultura y Juventud), José Ml. Quesada (Recope y Acueductos y Alcantarillado), Raül Zamora Trejos (Asesor y Financista Campaña) María Isabel Camareno (CCSS), Osvaldo Artavia Vastillo (INDER) todos con una causa penal en la fiscalía y, por último, el abogado del presidente José Miguel Villalobos, con una causa en fiscalía y tres suspensiones profesionales en el Colegio de Abogados. Y no citamos otros nombres de ministros como André Tinoco o el depredador ambiental Franz Tattenbach que también están acusados ante la fiscalía, por no ser aspirantes a diputados.

Nunca, óigase bien, nunca se ha visto en la Historia de Costa Rica el que, aún sin terminar un gobierno o después, haya una lista tan extensa de posibles encarpetados en los juzgados penales, nunca se ha visto semejante colección de posibles hechos corruptos en un gobierno. Donde quedó la oferta de campaña que citamos al inicio de este artículo, donde la lucha contra los actos corruptos que, por el contrario, se convirtieron en una costumbre abierta e insultante en este gobierno. Entre el presidente y sus “honestos” colaboradores suman más de 160 expedientes abiertos en la fiscalía general de la República, un verdadero festín de coyotes… ¡habrase visto vergüenza mayor!

Pues sí, la encontramos en las papeletas a diputados del eso que llaman partido Pueblo Soberano, que no es más que someter a este pueblo al hecho inaudito de votar por estos encartados en la fiscalía y que encabezan las papeletas de todas las provincias del país. Con ello, el chavismo lanza un manto protector a sus corruptos, la impunidad se convierte en coraza y los votantes en cómplices de esa corrupción contra la cual creen, engañados por desinformados o indiferentes, que están votando. Y usted ciudadano, ¿va a seguir engañado para ser cómplice de este desafuero, o por fin va a despertar en defensa de nuestra democracia?

Si, estos desvergonzados en vez de presentarse a los tribunales penales como será su destino corren a inscribirse como candidatos a diputados para refugiarse en una inmunidad impúdica, como parte de la pandilla de los 40 que pide Chaves para robarnos la institucionalidad, al estilo de Ali Babá.

¿Crecimiento para quién? Democracia, Equidad y Derechos Humanos bajo el gobierno de Chaves Robles

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.

¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?

Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.

Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.

¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?

¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?

El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?

Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.

¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?

¿Puede haber seguridad sin justicia social?

El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.

El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.

¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?

¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?

Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?

Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.

¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?

¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?

Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.

¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?

Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?

Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?

Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.

Conclusión

Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.

Prospectiva y Ciencias Sociales

Escrito en 28/07/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ya no resulta lugar común la frase “El futuro ya está aquí”. El escenario global nos ha demostrado con creces que aquello que decíamos avizorar en el horizonte, nos ha alcanzado.

Este 2025 hemos asistido en pocos meses a la teatralización de la guerra y el recrudecimiento de la barbarie contra pueblos como el palestino, que sigue soportando a pesar del ensañamiento y el silencio de los grandes tomadores de decisiones a nivel mundial.

Hambrunas, catástrofes climáticas provocadas por el hombre, la sinrazón de los exilios forzados, la preeminencia de una instrumentalización artificial sobre la inteligencia social y humana.

Todo había sido pronosticado como si el futuro quedara ubicado en la lejanía. No.

Ya está aquí.

En el plano doméstico, Costa Rica enfrenta su hora más complicada desde que se hizo refundar su pacto social, a mediados de la década de los años cuarenta del siglo anterior.

Los niveles de deterioro de los principales indicadores sociales que por años sostuvieron el proyecto de sociedad costarricense, muestran que el futuro al que muchos sectores temíamos, ya está aquí: desigualdad, pobreza, desempleo, desconfianza en el sistema democrático, femicidio galopante, narrativas de odio desde las voces que dirigen los destinos del país, socavamiento de la institucionalidad base de la apuesta país, inmersión desmedida de los poderes fácticos en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Todos estos indicadores bastan para comprobar esta condición actual.

Imaginar lo que viene es tarea urgente. Por eso, las Ciencias Sociales costarricenses están llamadas a señalar el camino con las herramientas que la prospectiva le plantea. No es posible intervenir el ahora, sin señalar ese futuro que sigue alcanzándonos.

Es imperativo, por ello, profundizar los análisis y particularmente las propuestas centradas en esa imagen de sociedad que queremos. La academia debe asumir esa tarea. Las ciencias sociales deben liderar ese proceso.

A eso debemos avocarnos en lo que sigue.

La Constitución se cumple… ¿cuándo conviene?

Escrito en 24/07/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Elian Xavier Jiménez Campos
Estudiante de 4to año de Sociología, Universidad Nacional, Costa Rica
Pérez Zeledón, 25 de julio

Costa Rica celebra, o aparenta celebrar, su tradición democrática, su institucionalidad y su Constitución Política como si se tratara de una bandera inmaculada. Pero mientras tanto, hemos normalizado su incumplimiento cotidiano. Lo peligroso es que este incumplimiento ya no escandaliza: se vuelve hábito, estrategia política y, peor aún, parte de la rutina del poder.

La Constitución de 1949 no es un simple documento jurídico: es el pacto social que define los derechos, límites del poder y garantías mínimas para la ciudadanía. Sin embargo, hoy vivimos un momento donde ese pacto se está quebrando sin consecuencias reales.

Ejemplos sobran. El artículo 78 establece que la Educación Pública debe tener al menos un 8% del PIB. Aun así, los gobiernos negocian presupuestos a la baja y hacen recortes sistemáticos al FEES, desfinanciando la educación superior pública sin que haya consecuencias legales reales. El artículo 50, que habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado, se contradice con decisiones que priorizan proyectos extractivos o infraestructura sin consulta ni evaluación ambiental adecuada.

Y ni hablar del artículo 56, que establece el derecho al trabajo digno, o el 58, que garantiza una jornada laboral máxima de 8 horas. Mientras se impulsan reformas como el Proyecto de Ley N° 24.290, que alargan la jornada sin reconocer los impactos sociales, el poder político actúa como si la Constitución fuera un obstáculo y no una base.

Lo más preocupante no es solo el incumplimiento, sino la naturalización de este. El silencio cómplice de muchas instituciones y sectores es alarmante. Cuando la Constitución solo se cita cuando conviene, deja de ser norma suprema y se convierte en discurso vacío. ¿De qué sirve una Carta Magna que no se defiende ni se respeta en lo cotidiano?

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. La pérdida de confianza en el Estado de Derecho no se da de un día para otro: se cultiva cuando las reglas no aplican igual para todas las personas. Cuando se flexibiliza la ley para los poderosos y se vuelve rígida para los sectores populares. Cuando se abandonan derechos fundamentales bajo la excusa de la “eficiencia” o el “orden”.

Esto no es solo un problema legal, sino un reflejo de la crisis de legitimidad política que atravesamos como sociedad. Si la Constitución ya no marca los límites del poder ni garantiza los derechos que promete, ¿qué nos queda como ciudadanía?

Hoy más que nunca, es urgente volver a politizar la Constitución, entenderla como herramienta viva y no como símbolo decorativo. No se trata de memorizar sus artículos, sino de exigir que se cumplan. Porque la Constitución solo tiene sentido si la defendemos cada vez que la quieren pisotear.

El futuro democrático del país no se juega en los discursos oficiales ni en actos públicos de revelación de partidos, sino en la coherencia con la que enfrentamos su incumplimiento cada día.

Poder Judicial: luces y sombras frente al abismo

Escrito en 08/07/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rosaura Chinchilla Calderón
Abogada y docente en ejercicio de sus derechos convencionales

En 2021 se dictó una conferencia en el aniversario de la muerte de Ernesto Sábato que recoge parte del título de este artículo. Tanto los subtemas sobre los que discurrió la actividad (el mal, la libertad, la verdad y la crisis de la Modernidad) como las obras examinadas (El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador) nos remiten a los síntomas y efectos de la crisis de las democracias republicanas modernas: la incomunicación generada por polarización y la erosión del debate público ante la desinformación y los algoritmos; la identidad histórica fracturada generada por la desigualdad social, la exclusión y la corrupción; y el apocalipsis o implosión de modelos ante las guerras culturas, el populismo y los autoritarismos. En Costa Rica vivimos esa crisis y parte de ella toca al Poder Judicial y a quienes eligen a las magistraturas, es decir al Poder legislativo.

De la interrelación de tres trabajos recientemente presentados al público es posible desprender cómo, si bien el Poder Judicial costarricense es teóricamente una de las instituciones idóneas para contener el autoritarismo, las autocracias, los populismos y la corrupción, no se encuentra exenta de vicios estructurales que, como lastres, arrastra desde sus orígenes y se manifiestan en la politización histórica del gobierno judicial originada en compromisos partidarios y la captura de sectores que condicionaron su autonomía real y han erosionado la confianza ciudadana en una gestión independiente; la desconexión con las necesidades sociales manifestada en la mora y burocratización judicial y la falla sistemática en la tutela efectiva de los derechos de la población, en especial, de la más vulnerabilizada (migrantes, mujeres, niñez, población LGBTIQ+, personas con alguna condición de discapacidad, pueblos originarios, etc.). Me refiero al V Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación y los libros del sociólogo Manuel Solís Avendaño ¿Sin propósito de enmienda?: El vaciado de la legitimidad democrática y la investigación La formación del Poder Judicial en Costa Rica (1821-1892): autoritarismo, fragmentación y compromisos políticos y del historiador Carlos Humberto Cascante Segura, Premio Nacional de Investigación Cultural 2024.

Poco, realmente poco (“luces”), se ha hecho desde las fuerzas políticas democráticas nacionales para fortalecer desde fuera la estructura del Poder Judicial. Menos aún se ha efectuado a lo interno del Poder Judicial quien, ocho años después de su más visible y aguda crisis —que implicó la destitución de una de sus magistraturas y la sanción de otras—, ni siquiera ha podido gestionar el envío, a corriente legislativa, de alguna iniciativa de las entonces catalogadas como “urgentes” y menos ponerse de acuerdo para recibir en una sesión a una Relatoría para la Independencia Judicial de la ONU. Y, sin embargo, desde dentro y fuera, como la avestruz, se sigue haciendo lo de siempre, pese a que “Abaddón el exterminador” (la crisis de la civilidad) ya está entre nosotros y la democracia republicana está a punto de estallar en mil pedazos con la complicidad de quienes, desde el ejercicio del poder, pretenden mantener el status quo que les ha beneficiado creyendo que el estado de cosas actual es coyuntural (“sombras”).

Dentro de las luces, tal vez lo más significativa, haya sido el acuerdo legislativo N° 6933-22-23 con el que modificó su Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para transparentar las sesiones y votaciones, incluyendo las relacionadas con la designación y el régimen disciplinario de las magistraturas. También la aprobación de cambios legales para implementar la transparencia en el seno del Poder Judicial prevista por los artículos 11 y 27 de la Constitución Política y desarrollada en los votos 2003-2120 y 11750-2020 de la Sala Constitucional. Se trata de verdaderos faros que impiden pactos y componendas o, al menos, las exhiben y permiten sentar responsabilidades.

Sin embargo, la intensidad del halo de luz es insuficiente y persisten sombras en las esquinas, por ejemplo, en la permanente manipulación de los criterios de elección para designar a las magistraturas como anillo al dedo o traje para el emperador. Cada legislatura modifica las reglas a su antojo, cada Comisión de Nombramientos establece sus criterios y eso deja entrever el perfil de la candidatura que se aspira a promover: que si la entrevista vale 0, 20, 50 o 100; que si solo doctores de la ley; que si solo hombres o unas cuantas mujeres para adornar; que si recién salido de la universidad o con 20 años de experiencia o más, etc. Las reglas son caprichosas y, cuando la ciudadanía se descuida, las puertas giratorias de otrora (cuando se buscaba pasar de la diputación o de la asesoría parlamentaria o de políticos a la magistratura) inician su movimiento. No hay perfiles previos para cada puesto ni criterios invariables pese a que la Constitución Política alude a idoneidad comprobada (artículo 192) y a que el Estado ha suscrito tratados vinculantes de derechos humanos que obligan a adoptar políticas públicas para eliminar discriminaciones estructurales (por género, etnia, condición de discapacidad, etc.).

Se necesita una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para establecer esos criterios con mayores niveles de rigurosidad y rigidez y que soporten los vientos interesados de turno, pero también son precisos cambios constitucionales, con reserva de ley incluida, para elevar los requisitos de aspiración, pues no basta hoy la misma edad y la mínima referencia a la experiencia y ocupación de hace dos siglos, cuando la esperanza de vida y el acceso a la educación han variado significativamente. También debe, el Legislativo, modificar la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia la casi totalidad de funciones ajenas a la jurisdiccional, con el fin de reforzar esta pues para la elección solo se toma en cuenta el perfil jurisdiccional que es el que, ¡vaya ironía!, menos aplican en su praxis muchas magistraturas, dada la cantidad de comisiones a las que deben dedicar su tiempo.

Dentro del Poder Judicial destellean muchas luces en la inmensa noche que vive el país, como el reciente voto de la Sala Constitucional relativo a la protección de los derechos de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos o el trabajo tesonero de cientos de funcionarios y funcionarias para atender los conflictos que se les someten a su conocimiento con la mayor prontitud y esmero. Empero, también se transita entre tinieblas en ciertos espacios o momentos. La luz del Derecho parece funcionar intermitentemente en ocasiones. Votos contradictorios sobre un mismo tema en una misma sala o entre salas de diversa materia; creación jurisprudencial, sin base legal, de criterios de admisibilidad en algunas de las salas; cambios de criterio en votos vía adiciones y aclaraciones (que teóricamente no permiten hacer tal cambio); oposiciones a proyectos de ley aludiendo a normas inexistentes o a criterios emitidos en otros momentos históricos; promoción de proyectos de ley que han requerido múltiples ajustes legales posteriores ante los errores internos y la falta de diálogo; decisiones que inobservan prueba; procesos disciplinarios ante la crítica fundamentada efectuada hacia ciertos liderazgos, son solo algunos de los ejemplos documentados.

Sin embargo, la resistencia al cambio es quizá, el síntoma más persistente y se manifiesta haciendo “como siempre” lo que, por haberse aprobado nuevas normas, obliga a hacer las cosas de otro modo. Veamos un ejemplo. Como se dijo, el Poder Legislativo aprobó, durante el presente cuatrienio, con mayoría calificada por afectar al Poder Judicial y con un amplio consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, cambios a diferentes normativas para hacer realidad los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia previamente reconocidos como tales por reiterada jurisprudencia constitucional y que, por ende, podían ser aplicados directamente si se hubiera querido, lo que no siempre se quiso. Fue así como emitieron dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ):

i) ley de “Publicidad e idoneidad en el proceso de elección del Fiscal o Fiscala General de la República”, N° 10401 del 14-11-2023, vigente desde el 30 de ese mes y año, con el que se reforman los artículos 15 y 23 de la LOPJ. Valga indicar que, sin esa ley, en una oportunidad se hizo la elección de ese cargo mediante votación pública a lo interno de la Corte Plena pero, luego, se puso como excusa “cumplir la ley” (y no la Constitución ni la jurisprudencia constitucional de mayor jerarquía) y fue ese cambio de criterio de las magistraturas lo que hizo necesaria la reforma legal.

ii) la “Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial” No. 10325 de 09-11-2022, vigente desde el 11 de ese mes y año. Su emisión se dio luego de que, para que 12 magistraturas costarricenses (de un total de 22) eligieran a la actual Presidencia de la CSJ, en setiembre de 2022, se requirieran 19 rondas de votaciones a lo largo de dos meses. Si se tiene en cuenta que Robert Francis Prevost fue designado como papa León XIV con solo cuatro rondas en que intervinieron 133 cardenales electores de 70 países ubicados en los cinco continentes —ergo, con diferentes culturas e idiomas que, pese a ello llegaron rápidamente a una decisión— se evidencia la magnitud del entrabamiento burocrático de nuestro máximo tribunal. Esta ley reforma los artículos 5, 58 y 59 de la LOPJ. El numeral 58, en sus párrafos 7 a 9 indica, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia:

«Las sesiones y votaciones serán públicas a menos que por moción debidamente fundamentada y razonada, aprobada con el voto de al menos dos terceras partes del total de integrantes de la Corte Plena, se disponga que serán privadas.

Esta disposición procederá solo cuando exista una excepción calificada a los principios de transparencia y publicidad y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, por lo que procederá únicamente para casos en los que la información que allí se discuta tenga naturaleza de secreto de Estado o de información de confidencialidad de terceros conforme a la ley.

De la sesión privada se levantará un acta de conocimiento público, de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no se pueden divulgar porque el ordenamiento jurídico así lo prohíba, según lo establecido en la moción aprobada al efecto.» (El destacado es agregado).

Del examen del texto legal aprobado y vigente se desprende lo siguiente:

1)- La norma no distingue si Corte Plena actúa como órgano administrativo, de gobierno, órgano administrativo decisor o tribunal jurisdiccional. Se refiere a toda vez que tenga que sesionar. No puede distinguirse donde la ley no lo hace y menos cuando la misma ley establece, expresamente, que deben interpretarse restrictivamente las excepciones que ella regula.

2)- La regla, entonces, es la publicidad tanto de la sesión como de la votación. Sesión y votación no son sinónimos, sino actos separados. Uno no implica el otro. Si se decide sesionar en privado se puede votar en público; si se decide sesionar en público se puede votar en privado; también se puede sesionar y votar en público o sesionar y votar en privado.

3)- La excepción a la regla de la publicidad, es decir la privacidad, debe acordarse de previo a sesionar o votar de forma privada. Debe especificarse si la moción es para la votación, para la votación o para ambas y debe cumplirse con varios requisitos:

3.1 ha de existir una moción previa (que se sesiona y vota en público por ser la regla), que alguna magistratura debe presentar y suscribir, en la cual debe especificar si se refiere a la sesión, a la votación o a ambas;

3.2 la votación de esa moción (para sesionar o votar en privado) debe ser aprobada con mayoría calificada de la totalidad de la magistratura, es decir con 12 de 22 votos;

3.3 la decisión que apruebe la moción de sesión o de votación privada debe estar motivada o fundamentada;

3.4 la decisión de privacidad de la sesión, de la votación, o de ambas, solo puede basarse en:

3.4.1 declaratoria de secreto de Estado (regulado, entre otros, en el artículo 30 párrafo segundo de la Constitución Política y los numerales 16 de la Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, 273 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública; 293 del Código Penal y 303 de la Ley General de Aviación Civil) y,

3.4.2 confidencialidad de terceros (tal el caso de los actos en perjuicio de personas menores de edad según la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley de Justicia Penal Juvenil; de actos sexuales en perjuicio de mujeres según el CPP, etc.).

En ambos casos (secreto de Estado y confidencialidad de terceros), debe existir reserva de ley que regule tales supuestos (en el mismo sentido el artículo 19 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública).

3.5 esa regla de privacidad debe interpretarse restrictivamente.

Pese a lo antes indicado, el 30 de junio y el 01 de julio, ambos de 2025 la Corte Suprema de Justicia acordó por mayoría (en el primer caso de 17 votos a favor y 5 en contra y, en el segundo, de 15 a 7) solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal (conocido como inmunidad) a varias autoridades del Poder Ejecutivo: en el primer supuesto al ministro de justicia y gracia y, en el segundo, al Presidente de la República y al ministro de cultura, juventud y deportes. En ambos supuestos ya había una acusación presentada por el Ministerio Público contra ellos.

Ninguna de las sesiones fue transmitida por streaming ni la prensa o el público tuvo acceso. Luego de ello se emitieron comunicados oficiales de prensa dando cuenta de la votación, aunque sin indicación de los nombres y el sentido en que cada magistratura votó. Tampoco se tuvo acceso, hasta donde tengo conocimiento, a la sesión y votación en que se presentó y votó la supuesta moción previa de privacidad y sus fundamentos.

Valga indicar que no conozco alguna ley que decrete la privacidad de las sesiones o de la votación cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como órgano jurisdiccional, resuelve un levantamiento de fuero de improcedibilidad penal, que es el argumento que la prensa manejó. La ley No. 10325 no distingue el tipo de actuación que genere la intervención de la “Corte Suprema de Justicia”. En el Código Procesal Penal (en adelante CPP, vigente desde 1998), se establece la privacidad solo para:

1.- La etapa de investigación o preparatoria (arts. 289, 295 y 296 CPP) que, según el espíritu legislativo, tiene como fin proteger la investigación en curso. Esta etapa de investigación finaliza con la presentación de una acusación como acto conclusivo (arts. 299, 303 y 310 del CPP). En los casos supra referidos, al ya haber acusación presentada, había fenecido la fase preparatoria y no aplicaba esa norma.

2.- La realización de la audiencia preliminar (art. 316 del CPP) fase a la que aún no se llega en tales asuntos.

3.- En la fase de juicio si se afecta la vida privada o integridad física de intervinientes; la seguridad del Estado; si peligra un secreto oficial, comercial o industrial; si se recibe a una persona menor de edad o testimonios de víctimas o testigos protegidos u otros casos dispuestos en la ley (art. 330 CPP) fase a la que aún no se llega.

4.- La deliberación una vez cerrado el debate (artículo 360 del CPP). Nótese que no se trata de otras deliberaciones sino solo la que sigue al juicio oral y público. Si alguna duda cabe, la regla de la ley No. 10325 es la interpretación restrictiva: donde dice “debate” solo puede entenderse eso. Ergo, no cabe la privacidad de la deliberación para otros actos procesales previos al juicio, como el levantamiento de la “inmunidad” en la que cada magistratura, al tenor de lo estipulado en el numeral 395 del CPP, solo puede votar por:

rechazar la solicitud, si la persona acusada no tiene derecho de antejuicio;
desestimar la acusación, si los hechos acusados no constituyen delito. Aunque este artículo, del CPP aprobado en 1996 alude a la Corte Plena, el numeral 56 inciso 2 de la LOPJ (reformado por ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997, es decir, ley posterior), estableció que esta competencia la ejerce solo la Sala Tercera y,
trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, sin emitir criterio de fondo porque, de hacerlo, adelantaría criterio y afectaría la imparcialidad de sus integrantes ya sea de Sala III (que juzgarán) o del pleno (que conocerían apelación o casación).

Según comunicados de prensa oficiales que replicaron varios medios, algunas magistraturas habrían votado “…por devolver el expediente al Ministerio Público consideraron que con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley” (Cfr. Delfino) y ante ello saltan muchas preguntas que quedan, por ahora, sin respuesta:

¿por qué hubo sesión y votación privada en la CSJ? ¿quién mocionó y cómo se votó tal cosa? ¿en qué norma se basó y si se interpretó restrictivamente? O, en su defecto ¿por qué no se aplicó la ley No. 10325?
¿con fundamentó en qué norma las magistraturas que salvaron el voto analizaron el fondo de cada asunto? ¿adelantaron criterio? ¿se inhibirán de conocer el juzgamiento?

Reforzar la aplicación y explicación de criterios jurídicos y no discrecionales es parte de la tarea pendiente del Poder Judicial porque sus máximos órganos tienen, también, una misión de pedagogía jurídica y de orientación jurídica. Si no se tiene conciencia de esa responsabilidad y si no se actúa en consecuencia la furia ciudadana terminará, como ya lo han experimentado otros países, con reformas que se basen en juicios populares, aunque en el ínterin estos (como en el proceso del Jesús histórico o en la II Guerra Mundial) violen derechos humanos.

La labor por terminar de la actual Asamblea Legislativa es regular, de mejor manera, más objetiva y estandarizada conforme a pautas internacionales, el nombramiento de las magistraturas para crear ya no pequeñas lámparas sino reflectores plenos que alumbren y fortalezcan las competencias constitucionales del Poder Judicial.

Se trata, en definitiva, de seguir en la lucha contra las inmunidades del poder de que hablaba el autor español García de Enterría y no de apagar la luz de la democracia, la República y la independencia judicial la cual solo tiene razón de ser con su contracara de la responsabilidad en el ejercicio del cargo y no cuando se separa del Derecho.