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Etiqueta: institucionalidad

La verdad fáctica sobre la elección del 1º de febrero

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Todos los partidos con sus candidatos, a la presidencia de la República, en las elecciones que se realizarán el domingo primero de febrero, están obligados a presentar un Plan de Gobierno, una oferta de intenciones para realizar una vez que, alguno de ellos, asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo, en caso de que resulte triunfador ese día.

De no lograrlo, pasarán a la segunda ronda, el primer domingo de abril, los dos que hubieren logrado el porcentaje más alto de votos. En este segundo caso, de nuevo quedan a la disposición de los votantes escoger entre dos candidatos, dos partidos y supuestamente dos programa posibles de Gobierno.

Los electores, los votantes de la primera ronda, que no salieron favorecidos con las propuestas de sus candidatos de la primera ronda, se verán obligados a aceptar alguna de los dos propuestas de esta segunda ronda, gusten o no gusten.

Pero, ¿es real la posibilidad de que esos planes de gobierno se realicen de modo inmediato, en cuanto el candidato ganador asuma el gobierno el 8 de mayo próximo? La verdad es que no es real.

El Presupuesto Nacional de la República para el año 2006, que ya inició, que ya empezó a funcionar en su ejecución, fue aprobado en noviembre del año pasado, del 2025, y estamos en el 2026. No hay posibilidades reales de que ese Presupuesto Nacional pueda modificarse para adaptarlo al Programa de Gobierno que ofreció el candidato ganador o candidata ganadora. Esto ha sido así para todas las elecciones anteriores. El candidato ganador tan solo puede gestionar, administrar lo más correctamente el Presupuesto Nacional hasta el 31 de diciembre, ejecutar ese Presupuesto garantizando el buen uso de esos dineros nacionales para lo que han sido dispuestos. A lo sumo podrá modificar algunas partidas presupuestarias, si lo tiene bien estudiado y en posibilidad de hacerlo en los meses de mayo, junio y julio. Si no lo hace allí, ya no tendría oportunidad de modificar prácticamente nada, porque en noviembre tiene que aprobarse el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, del 2027. ¿Y, cuando se elabora ese Presupuesto?

Desde marzo se inicia la preparación institucional de ese Presupuesto del 2027. Toda la institucionalidad pública ya está trabajando en esa dirección. En marzo se empiezan a recoger las primeras directrices y resultados de lo que se va armando como Presupuesto del próximo año.

El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno el 8 de mayo, de manera que han transcurrido cuatro meses sin que pueda accionar de manera pura, solo él, su partido, sus ministros, sus asesores, en la elaboración del nuevo Presupuesto, puesto que, al asumir la Presidencia, ya el Presupuesto del 2027 tiene casi tres meses de estarse preparando.

En la práctica institucional este Presupuesto, en borrador debe estar técnicamente terminado en agosto, puesto que en setiembre y octubre inicia el trámite legislativo para que sea aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

De esta forma, el Programa de Gobierno, que ofrecen los candidatos y sus partidos son básicamente Planes de Buenas Intenciones para el futuro Gobierno.

En los Informes presidenciales del primer año de gobierno, que se rinde obligadamente a la Asamblea Legislativa, como parte del control político constitucional, que tienen los diputados sobre el presidente y su Poder Ejecutivo, que yo recuerde, ningún presidente les dice o informa a los diputados lo que ha cumplido de lo que prometió en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Generalmente, hacen un balance de la buena marcha que hicieron de la gestión y administración de las partidas que estaban asignadas en el Presupuesto para su ejecución.

En mi opinión esta situación ha sido el factor principal de desilusión, de desencanto que ha habido, de manera acumulada, con los gobernantes y partidos políticos que han ejercido el mando del Poder Ejecutivo. Los votantes de esos presidentes y partidos se han visto desmotivados ante el incumplimiento de sus presidentes y partidos, y esa desmotivación abraza a los no votantes por ellos, por cuanto tampoco ven buenos resultados frente a las expectativas que todos pusieron en las elecciones y sus resultados.

A esto podemos agregar los escándalos en que presidentes, y su Poder Ejecutivo, en sus ministerios e instituciones que dirige, se ven involucrados por prácticas de corrupción administrativa, de sus personas y equipos ministeriales e institucionales, que embarriala a todo el aparato de Gobierno, a quienes lo dirigen y a sus partidos políticos.

Todo esto produce un cansancio político, un agotamiento, una desesperanza anímica que desde 1998 viene expresándose en el aumento del abstencionismo electoral, en el no deseo de votar de los ciudadanos “por más de lo mismo”, o “de los mismos”.

Antes de 1998 el promedio del abstencionismo histórico era del 18%. Desde ese año ha aumentado pasando el promedio histórico en estos últimos siete procesos electorales a más del 25%, con procesos electorales que han pasado del 30%. Pero, recordemos que, con cualquier número de abstencionistas, siempre se elige presidente, porque para ello solo cuentan los “votos válidamente emitidos”, que son aquellos que se depositan para cualquiera de los candidatos. Quedan fuera de la cuenta de votos los emitidos en blanco, o los que se anulan por alguna razón porque así lo establezcan en la mesa electoral.

Los actos de corrupción son personales, son realizados por personas, no por entes abstractos, como por ejemplo, “Poder Ejecutivo”, “partidos políticos”, “la política”. El presidente, cuando no está directamente involucrado, en esos actos y no actúa contra la persona responsable queda involucrado fácticamente. Lo mismo sucede con el partido político que los llevó al gobierno, si se hacen los “tontos”, se “separan” del escándalo, como si no fuera con ellos como partido, porque como partido no se pronuncian sobre esos escándalos y sobre esas personas, ni tampoco establecen sanciones partidarias.

También suma en este sopor electoral el que antes del 2022 las sesiones parlamentarias, empezaban en mayo con las llamadas “ordinarias”, que es cuando los diputados tienen la iniciativa de ley. Es cuando solo los diputados y sus partidos pueden proponer proyectos de ley. Antes del 2022 esas sesiones “ordinarias” se prolongaban casi todo el año: mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre. Quedaba en este período solo el mes de agosto para las llamadas sesiones “extraordinarias”, que es cuando el Poder Ejecutivo, el presidente, puede proponer proyectos de ley, quedándole luego los meses de diciembre a abril, del siguiente año para seguir proponiendo proyectos de ley.

Esta situación cambió justamente en el 2022, cuando las sesiones legislativas se modificaron en sus períodos de arranque, para que las extraordinarias inicien en mayo, junio y julio, y por períodos de tres meses se van alternando. Esta iniciativa fue de quien esto escribe en la Comisión de Notables del 2010, que duró bastante para ser aprobada. Teóricamente le da al presidente electo, en febrero o en abril, del año electoral, que arranque sus primeros tres meses de gobierno con posibilidad de presentar sus primeros e importantes Proyectos de Ley, que son de su interés para marcar la ruta del gobierno y satisfacer en parte lo que ofreció en la campaña electoral.

En el año 2022 el presidente Rodrigo Chaves no tenía nada preparado. No tenía partido político que le ayudara, por su experiencia o por sus cuadros o dirigentes políticos a elaborar esos primeros proyectos. Si recordamos bien, los primeros días de mayo el gobierno no presentó proyectos, y si no presenta proyectos la Asamblea Legislativa no trabaja. Así empezó Rodrigo Chaves, sin presentar importantes proyectos de ley. Entró con las manos vacías y sigue con las manos vacías de Proyectos de Ley. La ruta de la educación fue un fiasco, la del arroz, ni qué decir de sus resultados.

Las únicas rutas que se activaron y desarrollaron fueron las del narco tráfico, las del desmantelamiento de los controles de lucha contra las bandas narcotraficantes, las que han permitido que Costa Rica se convierta en la bodega más importante del narco de la región, y consecuencia de ello el país se halla dividido en bandas que controlan regiones, lo que ha repercutido al incremento de crímenes, que ya pasan de los 1000 al año.

Lo que se destaca de la lucha contra el narco es lo que frecuentemente se decomisa en distintos países Europa que ha salido, campantemente, desde Costa Rica, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, con complacencia del presidente, que han desmantelado las bases navales de esa lucha y han debilitado las aéreas, debilitando los controles, incluso tecnológicos de control, como el apagón que se hizo por casi doce horas en el tráfico aéreo y de sus radares, de todo el país.

En los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, para que los candidatos presidenciales expliquen o divulguen a los televidentes, radioyentes y seguidores de sus redes sociales, se les da entre 30 segundos y no más de un minuto y medio, para que se refieran al tema que se le proponen de un formato de cuatro temas, lo que se convierte en un Canto a la Luna, sobre todo cuando se cuestionan entre ellos mismos a la posibilidad de justificar los fondos para sus proyectos de ley o de reformas institucionales, sobre un ejercicio de gobierno que inicia sin que ellos puedan literalmente hacer casi nada.

Los debates deberían concentrarse sobre los ejes principales de los candidatos para dirigir su gobierno, y no sobre las tareas específicas. No se ha perdido el tiempo con estos encuentros con los candidatos, pero no se les ha dado la mejor dirección para lucirlos, para presentarlos. En las instancias privadas que seleccionan candidatos se comete el mismo error de conducción de esos encuentros, preparados sobre algunos temas específicos, ignorando, que poco pueden hacer en la inmediatez de la asunción al Gobierno.

Estamos a 19 días de la elección. La elección va a depender más de la emoción que puedan causar estos candidatos a los votantes. Hasta ahora no destaca nada que atraiga como un gran imán a las masas electorales sobre los programas presentados al Tribunal Supremo de Elecciones.

El elemento que atrae centrífuga o centrípetamente, en el proceso electoral en marcha, es si el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles debe continuar proyectado, en su candidata oficial Laura Fernández, en primer lugar. Y si se le debe dar 40 o más diputados a ese partido para tener mayoría parlamentaria, dándole la posibilidad y capacidad de dirigir el país de una manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica y militarista más fuerte que como lo ha intentado el presidente Rodrigo Chaves. A ello sumémosle la posibilidad, que le ha sido ofrecida a Rodrigo Chaves para que continúe en el Gobierno, como ministro de la Presidencia, que lo haría el ministro más poderoso que la misma presidenta, en su lucha de dinamitar los poderes públicos y la institucionalidad democrática del país. Sería darle las armas para que pueda acabar con el Estado de Derecho, que es acabar con la independencia de poderes, acabar con la exclusividad de funciones, acabar con la indelegabilidad de esas funciones y de promover la subrogabilidad de los Poderes Públicos a la voluntad dictatorial y autoritaria de la mandataria, que solo estaría obedeciendo el Mandato de su ministro y no el Mandato del pueblo costarricense, que en el resultado electoral es el que se representa.

Por lo anterior, lo urgente es detener el peligro que significa el triunfo de Laura Fernández a la presidencia de la República, e impedir la elección de los candidatos a diputados, muchos de ellos cuestionados por estar con procesos judiciales pendientes, incluso de dineros que deben a las instituciones públicas y por ser defensores de destacados líderes del narcotráfico nacional, lo que recuerda el caso de otro diputado de condiciones similares, que en el pasado casi llegó a ser presidente legislativo, y ha terminado varias veces detenido y apresado por sus defensas y compromisos con estos personajes.

Lo que parece real es que la derrota posible de Laura Fernández descansa principalmente en la mayor cantidad de votantes que lleguen a las urnas electorales. Entre más personas voten, estadísticamente está comprobado, más posibilidad de que no gane. Esta es la realidad.

El esfuerzo de la ciudadanía debe ser de ir a votar. Derrotar a Laura y a su partido Pueblo Soberano con menos abstencionismo. Votar es la tarea política más importante del momento y trance histórico que tiene Costa Rica, para su democracia futura y para la defensa del futuro de todos los costarricenses.

Si votar le produce algún mal olor en la urna electoral, como me ha dicho un ciudadano, aconsejo que escoja el partido y el candidato que mejor considere, o que estime que tiene más posibilidad de ganarle a Laura, si así lo percibe, se presente a la urna, y con la mano que tenga que votar así lo haga y con la otra se tape la nariz. Pero, no se quede sin votar. Es la democracia costarricense la que está en juego. No lo olvide.

Costa Rica a la deriva: cuando el estado se parece a un océano descuidado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: M.Sc Esteban Guisseppe Cavallini Espinoza
Comunicador

El océano parece infinito, fuerte e inmutable. Desde la orilla, da la impresión de que nada puede alterarlo. Sin embargo, los oceanógrafos saben que basta con descuidarlo —contaminarlo, sobreexplotarlo, ignorar sus corrientes— para que su equilibrio colapse silenciosamente. Algo muy parecido ocurre hoy con el Estado costarricense.

Durante décadas, Costa Rica fue vista como un mar relativamente calmo en una región de aguas turbulentas: instituciones sólidas, democracia estable, libertad de expresión protegida y una Constitución Política que funcionaba como carta de navegación colectiva. Pero ningún océano se conserva solo. Y ningún Estado sobrevive si quienes lo gobiernan confunden la fuerza con el grito, la conducción con la confrontación y la crítica con el enemigo. El abandono y la deslegitimación sistemática de sus pilares han ido debilitando su equilibrio.

El océano-Estado y sus criaturas

En este océano llamado Costa Rica, las instituciones públicas son como los grandes arrecifes: sostienen la vida, regulan corrientes, permiten la convivencia entre especies distintas y protegen de las tormentas. La Caja Costarricense de Seguro Social-CCSS, las universidades públicas, el Poder Judicial, la prensa libre y los órganos de control no son obstáculos; son ecosistemas. Cuando se les debilita, no se libera el mar: se lo empobrece y se le priva de sus defensas naturales.

Los peces pequeños, que viven del equilibrio diario, representan a la ciudadanía común: trabajadores, estudiantes, emprendedores, pensionados. Son los primeros en sufrir cuando el agua se enturbia con discursos de odio, desinformación y desconfianza hacia lo público. No tienen grandes barcos ni redes poderosas; dependen de que el océano sea justo y predecible. La confusión es una forma de contaminación política.

Los grandes depredadores, en cambio, aparecen cuando el control falla. Son actores políticos y económicos que prosperan en aguas revueltas: se benefician del caos institucional, del debilitamiento de la ley y del desprestigio sistemático de la democracia. Como tiburones atraídos por la sangre, avanzan cuando perciben que la vigilancia ha sido desmantelada. Los grandes depredadores prosperan cuando el mar pierde reglas claras. Actores que se benefician del debilitamiento institucional, del desprestigio de la ley y de la normalización del autoritarismo encuentran en el caos su mejor hábitat.

Barcos sin brújula y capitanes que manipulan y gritan

El Poder Ejecutivo, que debería ser el capitán del barco, ha optado —en su versión más reciente— por navegar a base de confrontación constante. En lugar de leer los mapas constitucionales y dialogar con otras embarcaciones del Estado, ha preferido gritar desde el puente, desacreditar a los faros y acusar al mar de conspirar contra él.

Un capitán que insulta a los instrumentos de navegación no demuestra liderazgo; demuestra improvisación. La descalificación permanente del Poder Judicial, de la prensa, de la academia y de los órganos de control no fortalece al Estado: le perfora el casco. Y cuando se normaliza el discurso ofensivo y sin argumentos, se envía un mensaje peligroso: que la verdad es irrelevante y que el volumen sustituye a la razón.

El capitán obsesionado y la tripulación silenciada

En Moby Dick, el capitán Ahab encarna al líder consumido por la obsesión, dispuesto a sacrificar el barco entero con tal de imponer su voluntad. Su grito constante no es liderazgo, es advertencia. En esta analogía, ciertos rasgos del actual ejercicio del Poder Ejecutivo recuerdan peligrosamente a Ahab: confrontación permanente, desprecio por los contrapesos democráticos y una narrativa que convierte a toda crítica en enemiga.

Pero Herman Melville (escritor, novelista, poeta y ensayista EE. UU.-1851), introduce una figura esencial para entender el momento costarricense: Starbuck, el primer oficial. Starbuck no es débil ni ingenuo; es ético, racional y profundamente consciente de los límites del poder. Frente a la locura del Capitán Ahab, Starbuck representa la voz de la razón, la ley y la responsabilidad colectiva. Se atreve a cuestionar al capitán no por ambición, sino por deber moral.

Starbuck entiende que el barco no pertenece al capitán, sino a todos los que viajan en él. Que la misión no justifica destruir la nave. Que la autoridad sin ética conduce al naufragio.

Hoy, Costa Rica necesita más Starbuck y menos Ahab.

Turistas, pescadores y redes rotas

En este océano también están los turistas, que observan desde fuera. Costa Rica aún vende al mundo la imagen de un mar democrático ejemplar. Pero los visitantes atentos ya notan señales de alerta: corrientes de intolerancia, contaminación del debate público, ataques a la libertad de expresión. El prestigio internacional, como la biodiversidad marina, se pierde más rápido de lo que se construye.

Los pescadores, por su parte, representan a quienes históricamente cuidaron el Estado social de derecho: sindicatos, movimientos sociales, educadores, periodistas, jueces, organizaciones civiles. Ellos saben que no se puede pescar hoy destruyendo todo para mañana. Pero cuando se les acusa de enemigos del progreso o se rompen deliberadamente sus redes institucionales, el resultado no es abundancia: es escasez y conflicto.

El maremoto que se anuncia

El mayor peligro no es la tormenta ocasional, sino el maremoto que se gesta lentamente: la erosión de la confianza democrática. Cuando se desacredita la Constitución, se normaliza la mentira política y se promueve la idea de que las instituciones sobran, el suelo marino se vuelve inestable. El colapso no avisa; simplemente llega. Starbuck lo sabía: no toda desobediencia es traición, ni toda obediencia es virtud. El silencio ético frente al abuso también hunde barcos.

Costa Rica no está condenada, pero sí advertida. Los océanos mueren cuando se les trata como vertederos. Los Estados democráticos colapsan cuando se gobierna desde el resentimiento, el desprecio por la ley y la manipulación emocional de la ciudadanía.

Soluciones para evitar el naufragio

La salida no está en callar el mar, sino en escucharlo:

  1. Restaurar el respeto institucional: el desacuerdo es legítimo; la demolición sistemática no. Gobernar implica dialogar con los otros poderes, no humillarlos ni descalificarlos.

  2. Defender la libertad de expresión y la prensa como faros indispensables, incluso cuando incomodan al poder.

  3. Combatir la desinformación con datos objetivos y pedagogía, no con propaganda, ni con gritos ni insultos.

  4. Reactivar la educación cívica, para que la ciudadanía distinga entre liderazgo y espectáculo.

  5. Cuidar el Estado social de derecho como se cuida un ecosistema: con ética, ciencia, con visión de largo plazo y responsabilidad colectiva.

El océano costarricense aún tiene vida, corrientes sanas y una biodiversidad democrática envidiable. Pero ningún mar sobrevive si se le gobierna a golpes de timón y desprecio por la ciencia de navegar. La historia demuestra que los países que olvidan esto no se hunden de golpe: se van quedando sin agua limpia, sin peces y sin futuro.

El océano costarricense aún respira. Pero la historia —y la literatura— enseñan que cuando se ignora a Starbuck y se sigue ciegamente a Ahab, el final nunca es heroico. El barco se hunde, y con él, todos.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero el mar ya está enviando señales. Ignorarlas sería el verdadero acto de irresponsabilidad nacional. La pregunta es si quienes gobiernan están dispuestos a escuchar algo más que su propio eco.

¡Costa Rica a la deriva!; esto es un llamado a la acción que no puede ser tomado a la ligera.

La salida no está en el silencio o la represión, sino en un diálogo abierto y constructivo. Es momento de restaurar el respeto institucional y promover el diálogo en lugar de la confrontación. Lo que está en juego es el futuro de una Costa Rica que aún tiene la capacidad de ser un faro de democracia en la región. Ignorar esta llamada sería el verdadero acto de irresponsabilidad. Es hora de escuchar las señales y corregir el rumbo.

Intromisión extranjera en la campaña electoral de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Martín Rodríguez Espinoza

Lo que anunció Rodrigo Chaves no es un acto administrativo ni una visita protocolaria cualquiera, es una intromisión descarada en la campaña electoral costarricense, cuidadosamente montada como espectáculo político. Invitar al dictador Nayib Bukele en plena campaña, para “colocar la primera piedra” de una supuesta mega cárcel, es una provocación abierta a la institucionalidad del país y un mensaje electoral burdo a favor del oficialismo.

Que esta maniobra provenga de Rodrigo Chaves la vuelve todavía más grave. No se trata de cooperación internacional ni de intercambio técnico, es propaganda política importada, usando la figura mediática de un gobernante extranjero para influir en el electorado costarricense. Eso, aquí y en cualquier democracia que se respete, se llama injerencia.

El momento no es casual. En plena contienda electoral, montar un evento con luces, cámaras y discursos alrededor del llamado “Cacco” busca asociar mano dura, orden y autoridad, aunque sea prestada, con la candidata oficialista Laura Fernández. Aunque hoy digan que no hay una reunión “agendada”, ya la propia Pilar Cisneros dejó claro que “no se descarta una invitación”. El cálculo político es evidente.

Este acto debe ser condenado sin ambigüedades por la sociedad costarricense y, más aún, prohibido por el Tribunal Supremo de Elecciones. El TSE no puede mirar para otro lado mientras se usa a un mandatario extranjero, con un historial autoritario ampliamente cuestionado, para inclinar la balanza electoral. Si se permite esto, mañana se abrirá la puerta para que cualquier gobierno foráneo venga a hacer campaña en suelo nacional.

Costa Rica no necesita shows electorales disfrazados de obras públicas. Costa Rica se defiende con reglas claras, con soberanía, y con respeto al pueblo. Todo lo demás es una afrenta que no debemos normalizar.

8 de enero 2026

El outsider: el viejo truco populista en política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Wilmer Casasola-Rivera
Filósofo y Psicólogo
Escuela de Ciencias Sociales TEC

Las campañas electorales revelan cómo pensamos o, peor aún, cómo no pensamos cuando decidimos el futuro del país. También exponen las virtudes y carencias intelectuales de quienes aspiran a gobernar.

El populismo vuelve a ser protagonista en la contienda electoral de 2026 en Costa Rica, esta vez bajo el disfraz de la pureza moral y la supuesta ruptura con el sistema tradicional que encarna la figura del outsider. El advenedizo se presenta como portador de una gestión política supuestamente incontaminada, bajo una premisa frágil, pero peligrosa: que no haber participado en política sería garantía de una mejor administración del poder.

El fenómeno outsider surge como respuesta al descontento ciudadano frente a los partidos tradicionales. Quienes adoptan este discurso se presentan como agentes morales puros, con capacidades superiores y ajenos al poder político, bajo la promesa de que harán un mejor trabajo porque todos los anteriores lo han hecho mal. Sin embargo, esta supuesta virtud puede salir cara: la improvisación política no es una cualidad, sino un error grave. Además, el outsider rara vez ha sido completamente ajeno a la política. De una u otra forma ha estado vinculado al ejercicio público, aunque disfraza ese vínculo con una retórica antisistema diseñada para seducir al ciudadano menos informado y vender la idea de que no es político tradicional.

Estas posturas puristas en política son discursos abiertamente demagógicos y populistas. Al político populista le interesa construir un relato que se congracie con la mayoría, como cuando existen juicios sesgados hacia determinadas instituciones. El populista capitaliza ese descontento y lo convierte en un producto vendible. Esto recuerda al viejo Maquiavelo quien planteaba que un gobernante debe hacer todo lo posible por ganar y conservar el Estado. Proyectar una imagen sincera y lograr credibilidad es parte de este juego de poder.

Muchos podrían creer en este discurso populista debido al desgaste provocado por gobiernos que han hecho mal su trabajo. Sin embargo, ese fracaso previo no garantiza que estos nuevos mesías lo harán mejor. Algunos no solo han administrado deficientemente el país, sino que han socavado la institucionalidad para debilitar el Estado de derecho, a las instituciones y los medios que los cuestionan. Como advierte Moisés Naím, una democracia sin Estado de derecho es hueca. Un gobierno puede ser elegido democráticamente, pero si viola constantemente los límites a su poder, se vuelve corrupto y transgrede los derechos fundamentales de los individuos. El problema de fondo es que muchas de estas deficiencias han surgido, precisamente, de la mano de ese purismo político que se presenta como outsider.

La inexperiencia constituye una variable de riesgo crítica en los asuntos públicos. Si bien la trayectoria política no garantiza por sí misma un buen gobierno, su ausencia sistemática eleva exponencialmente las probabilidades de fracaso. No se trata de defender una experiencia acumulada por años que sea burocráticamente pasiva o carente de gestión social, pues es necesario reconocer que la excelencia y el mérito profesional no siempre imperan en la función pública. La excelencia es sustituida por lo aceptable, por la complicidad con el menor esfuerzo o, incluso, por la mediocridad. Bajo esta premisa, la intención de replantear los equipos de trabajo cobra validez, pero el problema surge cuando la excelencia se descarta y el argollismo se convierte en el único criterio de selección. De ahí que la promesa de conformar gobiernos con personas ajenas a la función pública pueda caer en un sesgo de preferencia y no de formación. La tesis de que la ausencia de contaminación política garantiza mejores resultados es discutible, pues ignora que el funcionamiento del Estado posee dinámicas particulares y que conducir un aparato institucional complejo exige experiencia, pericia y una comprensión integral de su funcionamiento.

Un país no es una empresa ni un fondo de inversión. Gobernar no es un ejercicio de gerencia corporativa, sino de liderar con visión la complejidad social. A diferencia de una entidad privada, cuyo fin último es la rentabilidad financiera y el beneficio de sus accionistas, el Estado tiene el deber de priorizar el bienestar social. Mientras que una empresa puede descartar clientes o líneas de negocio que no resulten rentables, el Estado tiene la obligación irrenunciable de atender a la totalidad de su población, especialmente a los sectores más vulnerables que carecen de oportunidades en el mercado. La gestión pública, por tanto, no es un asunto que deba reducirse únicamente a la eficiencia técnica. Aunque a veces, ni siquiera hay eficiencia técnica, sino intolerancia técnica que conduce al fracaso.

El gobierno de advenedizos es problemático. La confusión de roles conduce a la disfunción institucional y puede costarle caro al país. Esto se evidencia cuando un mandatario arremete contra los poderes legislativo y judicial, o contra la educación superior, por el simple hecho de que estas instancias cuestionan sus decisiones. Pensar que existe una supuesta “monarquía judicial” revela una preocupante ausencia de educación cívica y de comprensión democrática. La experiencia no se reemplaza con entusiasmo, ni las instituciones públicas se gestionan a partir de ocurrencias. Gobernar exige conocimiento especializado y experiencia en la administración pública.

La conformación de un gabinete no debería ser un ejercicio de simpatías ni de amiguismos, sino una búsqueda rigurosa de excelencia profesional y méritos académicos. Sin embargo, la pretensión de gobernar con figuras ajenas a la trayectoria política ha derivado en una improvisación que ha puesto en riesgo el país. La crisis educativa y la falta de gobernanza en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) representan tan solo dos de los fracasos más evidentes de esta gestión. Ambos casos evidencian que delegar instituciones estratégicas a perfiles inexpertos y advenedizos solo conduce al deterioro del sistema.

La crisis de la educación en Costa Rica es un ejemplo claro de lo que implica nombrar a personas sin conocimiento real de las instituciones públicas y de cómo ese desconocimiento conduce al fracaso. En el gobierno actual, la llamada Ruta de la Educación fue siempre un misterio que terminó en un berrinche para evitar su publicación y que fuera despedazada. Esa ruta tuvo las características del Ser de los filósofos griegos: una realidad última, una unidad inmutable, la esencia de las cosas, la idea eterna, un ente puro e indestructible, aunque nunca perceptible. Esa ruta nunca se expresó y el daño ya lo conocemos. Reestructurar un sistema educativo no es sencillo, pero es aún peor cuando se colocan forasteros en cargos para los cuales no están capacitados ni poseen las competencias necesarias.

Otro ejemplo particularmente claro de improvisación e incompetencia se observó en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Durante este periodo, la institución enfrentó una de las crisis más serias de su historia: aumento sostenido de las listas de espera sin una estrategia clara y verificable para reducirlas; cuestionamientos públicos sobre la transparencia y legalidad en la gestión de contratos; ruptura sistemática del diálogo con los sindicatos; tensiones constantes con la Contraloría General de la República por decisiones administrativas mal fundamentadas; y despidos de funcionarios guiados más por criterios ideológicos que expertos. En términos simples, se trató de una conducción improvisada y autoritaria en una institución que, por su naturaleza y por la población que atiende, exige rigor, sensibilidad y responsabilidad.

Los problemas sociales no son meros asuntos técnicos, sino lo que Heifetz y Linsky denominan desafíos adaptativos: problemas que exigen nuevas pautas de aprendizaje, cambios en valores, actitudes y conductas que permitan introducir enfoques distintos para resolverlos. Cuando se observa la realidad desde un único esquema mental, las soluciones suelen ser parciales o disfuncionales. Por este motivo, cuando gobernar se confunde con autoritarismo, se anula la disposición a aprender de los demás y desaparece la capacidad de ofrecer respuestas inteligentes e integrales.

Debe inquietarnos el discurso soberbio de ciertos candidatos que aseguran no necesitar curva de aprendizaje o presumen conocer a la perfección el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Esa pedantería expone una gran ignorancia. Y lo mismo ocurre con quienes creen que innovar consiste únicamente en mover capital financiero. El idealismo tecnocrático y los delirios de grandeza son peligrosos y nos dicen hacia dónde conduce esa postura.

Gobernar exige una comprensión social integral para enfrentar los desafíos del país, pues sin amplitud académica, la visión de la realidad se vuelve limitada. Sin embargo, parece que enfrentamos tiempos donde el rigor intelectual ha dejado de importar y algunos creen en un pragmatismo sin contenido, al punto de reducir el conocimiento académico a un simple panfleto o brochure. Costa Rica no requiere iluminados ni oportunistas que se bajan de un taxi y se suben a otro cuando les conviene, como tampoco la continuidad de malas decisiones. Lo que el país exige son líderes capaces de entender la complejidad del Estado para transformarlo sin destruirlo. Validar el mito populista del outsider, que eleva la ignorancia y la inexperiencia a la categoría de virtud, condena a la nación a ciclos viciosos de improvisación, polarización y autoritarismo. Gobernar requiere convicciones éticas, no delirios morales.

Del autoritarismo a la dictadura hay una línea delgada que suele trazarse con el abstencionismo y los fanatismos poco reflexivos al momento de votar. Deberíamos aprender de la experiencia amarga de otros países y de nuestra propia realidad política.

Óscar Aguilar Bulgarelli sostiene que el actual proyecto político busca destruir la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli señaló que, en la campaña política anterior, Rodrigo Chaves ya había anunciado su intención de destruir las instituciones del país, citando expresiones como “somos un tsunami que vamos a destruirlo todo” y una declaración realizada en Peñas Blancas, en julio de 2014, donde —según indicó— afirmó que querían “destruir este sistema”.

Aguilar Bulgarelli afirmó que Chaves justificó esa intención al sostener que sus adversarios se habían atrincherado en las instituciones, y vinculó esa postura con declaraciones posteriores de Laura Fernández, a quien calificó como cercana a Chaves. Según expuso, tras no aprobarse un proyecto impulsado por ella, Fernández atribuyó el problema al Estado de derecho, al que señaló como un obstáculo para que las instituciones actúen fuera de lo que establece la ley.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli contrastó estas posiciones con manifestaciones públicas de Pilar Cisneros, quien —según indicó— afirmó odiar las instituciones. A partir de ello, cuestionó qué es lo que se rechaza cuando se habla de destruir la institucionalidad, recordando que esas mismas instituciones han sostenido durante décadas el desarrollo del país.

El analista mencionó ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social, señalando que gran parte de la población joven nació, se atendió y continúa atendiéndose en ella; así como las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia— y el sistema educativo público, que permitió la formación de amplios sectores de la población. También aludió a los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable y la seguridad, que —según expresó— fueron garantizados por esa institucionalidad.

Aguilar Bulgarelli afirmó que, si bien han existido errores y casos de corrupción en distintos momentos, sostuvo que ningún gobierno había mostrado un nivel de corrupción comparable al actual, señalando acusaciones y procesos en curso contra figuras del Ejecutivo. Según dijo, el presidente cumplió lo que había anunciado, comparando su accionar con una “inversa del rey Midas”, al afirmar que todo lo que este gobierno ha tocado lo ha destruido.

Finalmente, sostuvo que el llamado a la continuidad política implicaría, según su exposición, seguir un proyecto orientado a destruir las instituciones y proteger a personas involucradas en hechos de corrupción, afectando la base institucional que —afirmó— ha permitido la construcción del país.

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.

Radiografía de una democracia en tensión

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Advierto que lo que aquí se expone quizá no encuentre eco en todos los lectores. No pretende reafirmar trincheras ni favorecer a ningún actor. Busca, más bien, ofrecer una lectura crítica y serena del clima democrático que atravesamos… y ese propósito, en sí mismo, ya es un desafío.

En la antesala de las elecciones, la conversación pública suele girar en torno a encuestas y debates. Las cifras cumplen una función legítima: registran el pulso de un electorado volátil, de partidos frágiles y lealtades cambiantes. Son fotografías del instante: útiles, pero insuficientes. Más allá de los datos que recogen las encuestas, lo que se necesita es una radiografía: un examen profundo que ilumine los órganos, los silencios, las ausencias y los contrapesos que laten —o se debilitan— bajo la superficie de la democracia, antes de que se produzca el acto de votar.

Costa Rica no enfrenta hoy un quiebre democrático ni la anulación abierta de sus reglas. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene legitimidad, el Poder Judicial conserva autonomía, y la Asamblea Legislativa continúa siendo un espacio de control. La institucionalidad resiste, y ese sigue siendo nuestro activo más valioso.

Sin embargo, hay un fenómeno que las encuestas no registran: la erosión lenta pero persistente de este vínculo entre ciudadanía e instituciones. El riesgo real no es una ruptura abierta del orden constitucional, sino la debilitación de los equilibrios que sostienen la democracia. Cuando los contrapesos, los frenos institucionales y los mecanismos de control pierden su peso simbólico y moral, las instituciones pueden seguir funcionando, pero dejan de percibirse como garantías y pasan a verse como obstáculos, vaciadas de sentido.

Este deterioro no se explica únicamente por el discurso del poder; se ve también alimentado por la acumulación de desaciertos institucionales: la inacción ante problemas, la falta de explicación de decisiones y la ausencia de respuesta ante demandas ciudadanas. Con el tiempo, estos vacíos erosionan la confianza en las instituciones y debilitan el vínculo entre ciudadanía y democracia.

En este contexto, el Poder Ejecutivo influye en el clima democrático, no solo por sus decisiones, sino también por el estilo y la consistencia de su comunicación. El Poder Judicial, en ocasiones, ha confundido independencia con silencio: aunque sus decisiones sean acertadas, la falta de explicación reduce la confianza ciudadana. De manera semejante, la Asamblea Legislativa enfrenta el riesgo de ejercer control político sin un relato que conecte su trabajo con la ciudadanía.

La prensa sigue siendo un actor visible, pero su protagonismo también revela un problema: cuando la deliberación política ocurre casi exclusivamente en los medios, es porque otros espacios de diálogo se han retraído. Las redes sociales, además, premian la simplificación, la emoción y el enfrentamiento. En ese contexto, los silencios institucionales pesan el doble: cuando no hablan, otros interpretan su rol por ellos, y esas versiones se difunden como verdades emocionales. Al mismo tiempo, los medios, en general, enfrentan un desafío de credibilidad, lo que debilita los espacios de información confiable y reduce la posibilidad de un debate público serio.

La radiografía muestra, también, un repliegue de otros contrapesos sociales: universidades, colegios profesionales, cámaras y organizaciones civiles. Su ausencia reduce el espacio público a una relación directa entre poder y ciudadanía, sin mediaciones legítimas.

En ese marco más amplio debe leerse también la creciente desafección hacia la clase política y dirigente. El aumento del abstencionismo no es solo una decisión individual ni un gesto de apatía; es la expresión acumulada de la distancia entre representación y ciudadanía. Cuando amplios sectores dejan de sentirse interpelados por el sistema político, la abstención se convierte en una forma silenciosa de retirada. No impugna el proceso electoral, pero revela una erosión más profunda: la pérdida de sentido de pertenencia a un proyecto democrático compartido.

Las elecciones pueden ser formalmente correctas y, aun así, estar precedidas por un desgaste del tejido democrático. Las encuestas seguirán mostrando el movimiento del proceso; la radiografía, en cambio, revela lo que ocurre en el fondo. Ignorarla no es un simple descuido: es aceptar que el voto se convierta en un trámite vacío, despojado de densidad cívica.

La democracia no se fortalece el día de la elección; se sostiene mucho antes, en la participación cotidiana que cultivamos, especialmente en las nuevas generaciones, y en la confianza que logramos preservar.

No podemos equivocarnos… esta vez

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En la campaña política del 2022 Rodrigo Chaves ocupó el segundo lugar en la primera votación del 6 de febrero con un pírrico 16.8% de los votantes lo que equivale a un 9.92% del Padrón Nacional, y en la segunda votación o balotaje lo favoreció solo el 28.7% del total de ese Padrón. Es decir, hubo 667.000 votos de ciudadanos que no votaron por él la primera vez, y se negaron a darle su voto a José Ma. Figueres en la segunda votación y, de acuerdo con los análisis hechos entonces, la mayoría de ellos salieron de las filas de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, PUSC y Frente Amplio. Evidentemente una minoría obnubilada por el mensaje de odio y vanas promesas que hicieron Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, nos llevaron a la tragedia nacional que hoy vivimos, y que nos tiene al borde del abismo autoritario y, más grave, fascista.

Pero el próximo 1 de febrero los costarricenses no pueden equivocarse otra vez, no queda espacio para ello, estas elecciones no son las más importantes en la Historia de Costa Rica, son las definitivas, lo he dicho muchas veces. O salvamos la democracia liberal o la hundimos y perdemos para siempre en manos de una horda de advenedizos, nacionales y extranjeros, que quieren tomar la Patria por asalto para saciar sus ansias de riqueza, a través de ejercer el poder con una amplia base de evidente narco corrupción. Como dice Giuliano Da Empoli en su libro “La Hora de los Depredadores”, para ellos nada del pasado tierne importancia, ni la división de poderes, el respeto a las instituciones, a las minorías y los derechos humanos, nada de eso tiene el menor valor, pues la “hora de los depredadores” se anuncia con bombos y platillos, voces altisonantes, lenguajes grotescos y corrupción galopante.

Para entender por qué son los “jaguares depredadores” es importante recordar algunas palabras de Rodrigo Chaves y de su acolita candidata Laura Fernández: “somos un tsunami que vamos a destruir todo” dijo en campaña, luego el 24 de julio del 2024 en Peñas Blancas sentencio que “queremos destruir ese sistema” pues según su insano criterio, quienes quieren darle un imaginario golpe de estado “se han atrincherado en lo que llaman la institucionalidad”. Además, su dócil delfina y candidata Laura Fernández, cuando era ministra de Planificación dijo, a raíz de la obsesión por hacer la Ciudad Gobierno saltando por encima de la Constitución y las leyes, que “el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”; entones ¿pretende que no haya leyes, ni controles, y que puedan hacer lo que les dé la gana? Obviamente NO, por eso, entre muchas otras cosas, este régimen autócrata, populista y con ínfulas de fascismo no puede continuar.

Para convencer al costarricense del mensaje mesiánico del culto chavista y de su sumo sacerdote, crearon lo que acertadamente Ignacio Ramonet llama en su libro “La Era del Conspiracionismo” el culto de la mentira, con el cual se logra provocar una triple crisis que él considera es la principal desazón contemporánea: crisis de la verdad, de la información y de la democracia. Para lograr este objetivo integraron en primera línea, a la par de Chaves, a la más importante sacerdotisa del culto a la mentira Pilar Cisneros y ambos, con una envidiable habilidad histriónica y circense, propalaron por todo el país el odio y la mentira. Cisneros, según su propio dicho, se dedicó a ser, no la docente sino la indecente, de la mentira, dedicada a entrenar a ministros y altos funcionarios a mentir, pues según ella, los “ticos básicos” todo se lo creen, y es fácil engañarlos.

De esa manera el culto chavista logró algo fundamental en todos los regímenes de orientación autocrática y fascista: que sus actos y acusaciones de odio, se convirtieran en actos de fe, que como en cualquier religión, son incuestionables y aceptados sin el menor análisis crítico. Igualmente, a Chaves y Cisneros, el sumo sacerdote y su sacerdotisa, les dieron casi el don de infalibilidad, así todo el odio y rencor que expelen se convirtió en verdad absoluta. Veamos un ejemplo: la corrupción.

En campaña Chaves ofreció luchar contra la corrupción, que metería a la cárcel a los que se habían apropiado del país, en su plan de gobierno ofreció nombrar a funcionarios eficientes y probos, pero, que pasó en la realidad. Tenemos el gobierno más corrupto de la Historia: nunca fue acusado ni encarcelado un solo funcionario de administraciones pasados, tenemos al narcotráfico corriendo campante por el país, favoreció a sus amigos arroceros con 60.000 millones de colones y no bajó el precio del arroz; cambió la forma de declarar el precio de vehículos nuevos para que pagaran menos impuestos y derechos de circulación y favoreció a sus amigos importadores de vehículos de alta gama con 32.000 mil millones de colones. Sus funcionarios han sido tan ineficientes y corruptos que tiene casi cien remociones en su gabinete, presidentes ejecutivos y directores de instituciones, de los cuales muchos están acusados penalmente ante el ministerio público en más de 50 causas, algunos de ellos como Nogui Acosta, Marta Esquivel, Stephan Brunner, José Miguel Villalobos, Katharina Müller y la propia candidata presidencial Laura Fernández, gracias a la red de cuido chavista, están en las papeletas para presidente y diputados, buscando el refugio de una inmunidad que se vuelve inmundicia, como en el caso del propio Chaves y más de cien acusaciones penales y administrativas, que lo esperan para ser enjuiciado después del 8 de mayo.

Pero si se le pregunta a un chavista, dice que le Rodrigo Chaves y Pilar le abrieron los ojos y que luchan contra la corrupción; porque si le abrieron los ojos es para que vea para otro lado, se tape la nariz, y acepte el desmadre como acto de fe… ¡por ser un básico! Diría con sarcasmo Pilar Cisneros.

Por todo esto y para evitar que caigamos más abajo en el despeñadero al que nos tiró Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, la candidata Laura Fernández…muy básica precisamente, y todos sus secuaces desde altos funcionarios hasta el último creador de contenidos basura y troles, debemos decir con determinación fuera Chaves y su pandilla, porque esta vez, definitivamente no cabe quedarse en casa, hay que ir a votar por cualquiera que no sea un chavista evidente o solapado, pero debemos salvar el país del caos fascista que ya se nos metió en la casa, y como con las cucarachas…barrer ¡pa´juera!

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.