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Etiqueta: institucionalidad pública

Privatización del sistema eléctrico nacional sería un error en materia de cambio climático

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de FECON

  • Organizaciones y expertos en cambio climático ven con preocupación avance en la Asamblea Legislativa del proyecto n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Representantes de organizaciones ambientales de todo el país se dan cita para debatir en torno a las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático y de transición justa. El Programa Estado de la Nación y la Federación Ecologista han organizado un evento este 15 de octubre, con el fin de analizar en conjunto el camino que debe de seguir Costa Rica en materia de energía y cambio climático para lograr una transición justa hacia modelos energéticos más sostenibles.

Una serie de expertos y representantes de comunidades dan contenido al encuentro denominado “Diálogo multisectorial: transición energía justa en Costa Rica”.

Entre los obstáculos y preocupaciones más importantes para logar la justicia energética y la transición justa se encuentra el proyecto de ley n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” impulsado por el Ejecutivo. Osvaldo Durán integrante de la FECON señaló que: “vemos con entera preocupación el curso del proyecto en la Asamblea legislativa y el adverso contexto nacional en favor de la privatización del servicio público de electricidad y el desmantelamiento del ICE. Dialogamos sobre la alianza entre los sindicatos del ICE, diputados y diputadas del Frente Amplio y nuestras organizaciones sociales, con la urgencia de reforzar la organización, movilización y capacidad de propuesta política y técnica para la defensa de la electricidad pública, los ríos y los ecosistemas, ante las propuestas de privatización y desnacionalización.”

El proyecto de ley n°23414 propone debilitar la institucionalidad pública en la administración de la energía eléctrica a nivel nacional, dando paso a un nuevo proceso de privatización, donde empresas privadas, que ya participan de la generación de electricidad, tengan más poder y control sobre la energía de este país. Lo cual hace que el sistema eléctrico pase de ser uno basado en los principios de solidaridad, universalidad y de funcionamiento al costo, para pasar a ser un sistema basado en la especulación, el mercado, el lucro. La energía en Costa Rica dejaría de ser un bien del que goza la gran mayoría de la población, a ser un recurso acaparado por unos cuantos. «A nivel global, la mayoría de los países entienden el tema energético con una cuestión de seguridad nacional, y de un tiempo para acá, un tema de seguridad climática. Es claro que los sistemas públicos de producción y distribución de electricidad públicos son más eficientes y resilientes ante los embates del cambio climático. Sacarlo de la esfera pública es impensable en otras geografías, pero en Costa Rica esta propuesta está movida por el afán de enriquecimiento a costa de la seguridad energética nacional.

Enlace al panel.

Las instituciones importan…Pero, ¿realmente importan…? (II y final)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Caryl Alonso Jiménez

¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres…?

Caryl Alonso Jiménez

En uno de los libros donde el posicionamiento de la democracia es el sello distintivo y postura ejemplar, es la que asume Norberto Bobbio (1909-2004), en aquel legado testimonial que no deja espacio a la duda en su libro, “El futuro de la democracia” (1987), que afirma, “Si para concluir el análisis se me pide quitarme la vestimenta de estudioso, y ponerme la del hombre comprometido con la vida política de su tiempo, no tengo ningún empacho en decir que prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres” (p. 136).

Y justamente, las instituciones son la expresión en la que se traduce el lenguaje de la respuesta democrática. Es el lugar donde la función institucional solo se explica por la defensa concreta de todo aquello que construya la verdadera realización de la sociedad en canales de ascenso social (Gutiérrez, 2014), pero lo contrario, es la negación del ciudadano como razón de la democracia…ese es el tema: el ciudadano y el bienestar.

El debate de las instituciones puede parecer denso por la complejidad de las redes del poder que se ejercen desde todos los ángulos, (discrecionalidades) que a veces es derrota y agotamiento en sociedades que siguen a la espera de servicios públicos reales.

Es verdad, ya están emergiendo generaciones de mujeres y hombres ejemplares, comprometidos con claridad de transformación en las instituciones de la región, a quienes seguramente habrá que acompañar….

Esos serán los temas en el curso PhD, “Teorías de Gobierno, gestión pública y gobernanza” gracias a la gentil invitación del Doctor Jean Paul Vargas, hombre comprometido con su tiempo, la región y dilecto amigo, Director del Doctorado Gestión Pública y Ciencias Empresariales, del Programa de Doctorado, del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), que tendré el honor de impartir a funcionarios y profesionales latinoamericanos.

Es indudable, a principios de este siglo el Doctor Manrique de la Peña, Profesor del Tecnológico de Monterrey dijo, “Para un barco sin rumbo, cualquier viento es bueno…”, En referencia a una reflexión sobre lo que sería el Siglo XXI, y, ¡Qué razón 22 años después tenía…!

Por cierto, fue una de las primeras experiencias virtuales en Guatemala, promovida por el Decano, Hugo Beteta, de la Facultad de Economía, de la Universidad Rafael Landívar de aquel entonces, del que fui invitado facilitar. Era una trasmisión que venía vía el Instituto del Banco Mundial, dirigido por Arturo Vergara, conectado vía satelital con México. Hugo Beteta hoy es el Embajador de Guatemala en Washington.

La democracia define el marco de la organización republicana, (independencia de los tres poderes Estatales). El gobierno, en teoría, ejerce su función apegada al marco Constitucional, y las instituciones públicas son, justamente el orden legal que, bajo competencias delegadas, cumple funciones en favor del ciudadano hacia el bienestar.

En esto no hay discusión y estoy convencido de que los demócratas con pensamiento republicano, aspiramos a que las imperfecciones del modelo se ajusten a procesos de mayor capacidad de respuesta: educación, salud, empleo, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa de las fronteras, justicia, propiedad privada y activación socioeconómica nacional e internacional. ¿En dónde no se entiende…?

Sin embargo, los grandes coloquios sociales, nacionales e internacionales, se embarcan en emblemáticos encuentros para analizar el espíritu y las grandes doctrinas que mueven los marcos democráticos. Extraño, ¿Antinomias o dudas Constitucionales…?

El Estado son todos aquellos principios abstractos y concretos que con precisión legal y normativa mueven la armonía colectiva (el orden economico, social y político), que tiene su particular reparto histórico. De eso justamente hablaremos: de las responsabilidades Estatales (todos), de las funciones institucionales (los que gobiernan) y el compromiso cívico (participación, organización ciudadana, auditoria social y derechos).

Se repasará la importancia de políticas, rol del partido, los agentes económicos y actores sociales en la construcción del Proyecto de Nación, que a veces no es la nación del Estado. Sin tentativas emocionales se abordará la importancia de la estrategia de Estado, la generación de pensamiento y la expectativa futura, con índices y mediciones.

Los programas de gobierno pueden incidir en la gestión de la institucionalidad pública, articulando redes de coordinación nacional y territorial para impactar el desarrollo. Pero no ocurre, si apuntaran a factores causales, seguro construirán certeza y confianza…

“El problema son los procedimientos que no se cumplen…”, dijo un alto funcionario del control gubernamental recientemente… Entonces, Como pedía Bobbio, ¿gobierno de leyes o de hombres…? Hoy es el momento de hacer efectivo el gobierno de leyes…

Las instituciones importan…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Caryl Alonso Jiménez

El estudio de la antropología del desarrollo es el dispositivo teórico para el estudio de la cadena de procesos económicos, sociales y políticos de la realidad…

Caryl Alonso Jiménez

Pensar en el desarrollo en términos de su mejor alternativa no es simplemente lo que se cree, piensa o se imagina; sino la evidencia de cómo debiera emprenderse las siguientes etapas. Y sin dejar de lado las fallas y lecciones para aprender del pasado, (Santayana, 1863-1952).

Por eso vale repasar todos los ángulos. Los mejores hombres y los más inteligentes incluyendo los estrategas (hasta los embusteros), ven el pasado como la medida del tiempo, y quien mejor lo explicó fue Robert Kaplan, en “El retorno a la Antigüedad” (2022). Kaplan es redactor del Atlantic Monthly y columnista colaborador del Washington Post, New York Times, entre otros.

Por cierto, libro que los políticos y algunos académicos entusiasmados por el posmodernismo despreciaron… ¡Vaya insensatos y soberbios, allí está la lección…! El mismo Steve Job (1952-2011), se los dijo en aquella famosa alocución sobre los genios… esa grabación que algunos miran y oyen en la intimidad, pero no escuchan el ruido…

Vale recordar que Kaplan fue lectura para los mariscales de campo en la guerra del Golfo a principios de este siglo. El libro está en digital para quienes quieran leerlo.

Un buen ejercicio entonces en esa línea, para ver más lejos (Newton, 1643-1727), desde la antropología del desarrollo, en un curso del mismo nombre que por invitación de uno de los científicos sociales más importantes de Guatemala, Doctor Nelson Amaro, que impartiré en la maestría, Estrategias Público-Privadas de Desarrollo Sostenible.

Al repasar entonces desde esa perspectiva, los procesos de reforma Estatal en la década de los 80 en el siglo pasado, cuando se reconfiguró, (eufemismo, que realmente consolidó lo que ya venía de decenas de años en Latinoamérica), la compleja institucionalidad pública y facilitó vías para liberar la economía que contó con el apoyo de las corrientes internacionales y nacionales para el supuesto nuevo Estado actual.

Que, entre otras premisas inconclusas, buscaba gestar mayores competencias a los gobiernos subnacionales para abrir nuevo camino hacia la reactivación territorial (Burky, 1989; Dillinger, 1992), que nunca fueron el objetivo en esta región.

Fue una especie de silogismo: dos premisas verdaderas (liderazgo local y libertad de elegir autoridades municipales -Art. 253, CPRG 1985-), pero de conclusión falsa: no se podía lograr por la incapacidad de gestión y autonomía municipal que persiste hasta ahora. ¿Por qué insistir en engañarnos en ese enfoque que nunca dio resultado?

Al parecer lo quieran o no aceptar, tienen responsabilidades históricas sobre esa verdad (academia, elites, políticos, dirigentes sociales) al respaldar decisiones políticas que marcarían al Estado y las instituciones de hoy. Daniel García lo repitió en su libro, “Y para cuándo los bienes publicos? (2018).

Fue tan grave que no se tiene claridad de las consecuencias excepto por las debilidades institucionales del Estado para intervenir en las fragilidades cotidianas: seguridad ciudadana, opacidad, violencia, salud, educación, infraestructura, vivienda y empleo.

Al analizar las reformas fue evidente que el proceso con matices económicos fortaleció la estabilización macroeconómica que favoreció al sistema crediticio, monetario y cambiario. Estimuló el crecimiento sin alcanzar índices de crecimiento de antes de 1980. El sector económico se fortaleció y creció, pero las instituciones públicas se debilitaron.

La modernización en Guatemala tuvo su epítome a partir de la Consulta Popular de 1994 que se constituyó en el centro del debate de los sectores sociales, económicos y gobierno. Ese torbellino se centró en la reforma fiscal y tributaria, pero no alcanzó acuerdos, excepto para reformas del sistema financiero (Art. 133, CPRG, 1985).

Al analizar el contexto histórico en profundidad, hace evidente que el problema era político, debió alcanzarse acuerdos y consensos. No se definió la ruta para 30 y 40 años en términos de bienestar. Pero en esos mismos años Singapur si lo logró, entonces, ¿Dónde estuvo la diferencia o cómo la explicamos…?

Los grandes estadistas se ausentaron de la representatividad, lo que confirmó que las reformas nunca fueron en línea hacia la vigorización democrática (Alonso, 2024), lo que impactó hasta hoy en la construcción de canales de ascenso social.

Fue notable la ausencia de inversiones territoriales, las oportunidades se limitaron. Y curiosamente hoy la oferta académica superior territorial no va en línea al formato a la demanda de la economía real, ¿Cómo explicar la migración con títulos universitarios y algunos con PhD?

Es imperativo un test de estrés del Estado, que pueda gestar lineas que reconstruyan el nuevo papel institucional. Sin embargo, tal como afirma Jeambar y Roucaute (2008), “En cada momento se apela a la inteligencia para que encuentre una solución eficaz que garantice las libertades en un Estado de derecho y permita el avance de la sociedad hacia la autonomía”. Pero realmente, ¿Es lo que se quiere hacer…?

Convocan movilización nacional por la crisis educativa y amenazas al sistema de bienestar social costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado

  • Organizaciones sociales y productivas agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores, acuerdan reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA que lideró la movilización más grande en defensa de la educación pública en el 2023. 

  • El pasado 06 de agosto más de 130 personas de 36 organizaciones diversas, acordaron convocar a MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, en el marco de la presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa. 

Más de 130 personas de diversas organizaciones sociales y productivas, como el AGRO, Universidades Públicas, Organizaciones de Sociedad Civil, Cooperativas Sindicatos y Movimiento Estudiantil, acordaron el pasado martes 06 de agosto en asamblea abierta, una MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto, por la educación pública de calidad en Costa Rica. 

Esta iniciativa multisectorial busca fortalecer la calidad de la educación en medio de la crisis educativa más dramática de los últimos 40 años. La expectativa de los diversos sectores es superar la movilización histórica del 2023, reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, demostrando nuevamente la capacidad de acción y cohesión de las organizaciones participantes.

Aunque la demanda principal es mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, también se acordó incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, de manera tal que se logre demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad, así como el rechazo a los recortes presupuestarios irresponsables e irracionales que, especialmente, agravan el deterioro de la política social dirigida a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Esta agenda amplia incluye el contexto nacional atravesado por la crisis en los servicios de salud, ejemplificada por las listas de espera, la apertura del modelo eléctrico nacional, la venta de activos del Estado como el BCR, el abandono estatal del sector agroalimentario, la crisis de abastecimiento de agua potable, la violencia e inseguridad ciudadana, la crisis ambiental, la corrupción, los recortes a programas sociales esenciales, la reducción de fondos para cultura y juventud, la censura a medios de comunicación y activistas sociales desde casa presidencial, que se refleja en la transgresión a los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.

La MOVILIZACIÓN NACIONAL está programada para el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, coincidiendo con la presentación del presupuesto nacional de educación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, se llevarán a cabo acciones regionales en todo el país el jueves 29 de agosto.

Las organizaciones y liderazgos, hacen un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente la crisis educativa y del sistema de bienestar social en Costa Rica, afectando a miles de familias, estudiantes y personas trabajadoras, se requiere una respuesta solidaria y coordinada, capaz de generar un cambio significativo y duradero, con iniciativas concretas en los territorios y comunidades fuera de San José, a su vez acompañada de acciones de incidencia Legislativa, gubernamental, así como acciones en la vía judicial.

Exigimos un nuevo rumbo para Costa Rica, que la Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo accionen coordinadamente mediante el Pacto Nacional por la Educación para fortalecer la educación de calidad, el sistema de bienestar social costarricense y el respeto constitucional del 8% del PIB para la educación.

¡MOVILIZACIÓN NACIONAL: ¡EDUCACIÓN HOY, PAZ MAÑANA!

¿Por qué el proyecto de “Armonización del Sector Eléctrico” que se discute en la Asamblea Legislativa es nocivo para el bien común?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alianza por una Vida Digna

  • Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto 23.414, denominado proyecto de armonización del sector eléctrico. Este proyecto afecta aspectos esenciales del concepto de gestión pública de la energía eléctrica en el país y tendría amplias repercusiones negativas para el bien común.
  • El proyecto plantea el traslado de la planificación eléctrica del ICE a un nuevo ente denominado ECOSEN, el cual se ubicaría en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Esto representa un cambio radical e inconveniente pues actualmente el ICE realiza esta planificación con una base técnica muy seria y profesional. En cambio, la junta directiva de ECOSEN estaría conformada por una representación más de tipo político, con fuerte presencia del sector privado. Esto traería graves consecuencias para la adecuada planificación de la energía eléctrica para el país.
  • El proyecto plantea la creación de un mercado eléctrico abierto, basado en subastas, en el cual los generadores eléctricos privados tendrían muchas ventajas, ya que podrían vender directamente la electricidad. Esta liberalización del mercado tendría múltiples efectos negativos para la población, ya que afectaría la seguridad energética del país y debilitaría la planificación a largo plazo, que actualmente realiza el ICE. Al ser desplazado el papel del ICE en el mercado eléctrico, esta institución pública disminuiría sus inversiones en zonas rurales donde el suministro eléctrico es poco rentable y actualmente se hace bajo la lógica de necesidades sociales y desarrollo solidario. Esta situación se ha vivido en diversos países en los que el mercado eléctrico se ha privatizado. En dichos países el suministro eléctrico a regiones rurales socialmente vulnerables se ha visto afectado.
  • El proyecto habilitaría a los generadores privados de electricidad a exportar directamente en el mercado regional. Actualmente dicha exportación es coordinada por el ICE. En este punto habría dos consecuencias negativas para el país: Por un lado, cuando el ICE exporta, ello resulta en una reducción de las tarifas a la población costarricense. Al dejar de tener ese control el ICE, este beneficio se perdería. Por otra parte, al abrirse la posibilidad de exportación directa por parte del sector privado, ello estimularía un boom de nuevos proyectos hidroeléctricos y de otro tipo, los cuales tendrían un fuerte impacto negativo a niveles ambiental y comunitario, como ha quedado en evidencia en comunidades donde se han creado enjambres de proyectos hidroeléctricos privados en el pasado. Entre otras cosas, la afectación sobre los ríos y las comunidades que los albergan sería enorme.
  • Es fundamental que la sociedad costarricense perciba las implicaciones que tendría la aprobación de este proyecto de ley, y que se desarrollen actividades de concientización y análisis a niveles comunitario e institucional que den lugar a procesos de participación social que cuestionen este proyecto.
  • Para más información sobre los alcances de este proyecto, se recomienda el video del foro que sobre este tema realizaron la Alianza por una Vida Digna y el Frente Nacional de Lucha el pasado 17 de abril, el cual se puede ver en el siguiente enlace de Facebook:

https://www.facebook.com/surcosdigital/videos/1232233241481217/?locale=es_LA

O bien en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna:

  • Para evacuar consultas y dudas sobre los alcances de este proyecto de ley, se puede contactar a las siguientes personas, quienes participaron en el foro:

Sofía Guillén Pérez: sofia.guillen@asamblea.go.cr

Sergio Ortiz Pérez: sergioortizperez@gmail.com

Osvaldo Durán Castro: osvaldodc@gmail.com

  • Así mismo, se comparte la presentación que ofreció en dicho foro Sergio Ortiz Pérez, de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL).
Presentacion-de-Sergio-Ortiz-PerezDescarga

Electricidad pública y solidaria para Costa Rica – Manifiesto contra el proyecto de “Armonización”, No. 23.414 – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Señora Daniela Rojas, Presidenta
Señores y señoras diputadas Comisión de Energía
Señores y señoras diputadas Asamblea Legislativa, República de Costa Rica

  • Un vehemente llamado a defender nuestra institucionalidad pública.
  • El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, y la EDUCACIÓN PÚBLICA, SON INSTITUCIONES NUESTRAS, Y SON FUNDAMENTOS DE NUESTRA SOCIEDAD.
  • A ustedes, que tienen la obligación de representarnos y cumplir nuestros mandatos e intereses en la Asamblea legislativa, LES EXIGIMOS DEFENDER AL ICE COMO INSTITUCIÓN PÚBLICA Y DE SERVICIO SOCIAL Y SOLIDARIO.

MANIFESTAMOS:

  1. El proyecto de ley “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, expediente n°23.414 tiene como objetivo liquidar el modelo eléctrico público y solidario de Costa Rica. Gobiernos y empresarios privados han buscado esto desde antes de que aprobaran la Ley 7.200 el 18 de octubre de 1990 y su reforma, conocida como Ley 7.508, el 9 de mayo de 1995. A estas leyes han seguido al menos otros 8 proyectos de ley con la misma finalidad.
  2. La esencia del proyecto 23.414 es afianzar los ya ilimitados privilegios de lucro para generadores privados de electricidad, que según el comunicado del ICE “Generación privada no abarata las tarifas eléctricas” en menos de una década hasta el 2018, acumulaban “más de ₡850.000 millones, un monto superior a la inversión para construir la Planta Hidroeléctrica Reventazón”.
  3. Según la Contraloría General de la República (Informe DFOE-SOS-IAD-00011-2023) sólo entre el 19 de enero y el 31 de agosto de 2023, el ICE pagó a 10 generadores privados, “sobrepagos” por US$ 3.6 millones (unos 1.910 millones de colones en julio de 2024). Esos sobrepagos se dieron con la complicidad directa de la Administración superior del ICE, empezando por el presidente ejecutivo, Marco Acuña Mora, lo cual implicó ”mayores costos y erogaciones en la compra de energía eléctrica a dichos generadores” (p.21) y bajo esquemas que ”fueron propuestas por los propios generadores privados” a los cuales el ICE se adaptó “para no afectar el flujo de caja de las empresas generadoras” (p.26).
  4. La creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, ECOSEN, que se propone en el  artículo 21 del proyecto 23.414, permitirá que hasta 5 entidades privadas, sumadas a las direcciones políticas cómplices del mismo ICE y el MINAE, sean quienes tomen decisiones políticas sobre la electricidad en el país, en vez de aplicar criterios sociales, técnicos y científicos de planificación y desarrollo del mercado eléctrico nacional como lo ha hecho el ICE.
  5. El objetivo de convertir el servicio social de electricidad en un negocio regido  por el lucro privado, se reafirma con la subasta del Mercado eléctrico regional (MER) al cual podrán exportar electricidad todos los “agentes” privados, con el privilegio adicional de que “…las redes de transmisión y distribución nacionales serán de libre acceso para los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional así como aquellos del Mercado Eléctrico Regional…” (artículo 27), y entre estas empresas están algunas que declaran todos los años “cero utilidades”, como el Ingenio Taboga.
  6. A diferencia del servicio PÚBLICO Y SOLIDARIO que el ICE ha garantizado en todo el país, el proyecto 414 amenaza todas las inversiones en territorios indígenas y rurales de más difícil acceso, que suman 5.110 instalaciones, pues no serán atractivas en el “mercado de subastas” que establecerá las reglas.  Es decir, se elimina el carácter incluyente y solidario del ICE.
  7. Además, provocará una presión total sobre todos los ecosistemas, empezando por los ríos y el agua, y abre la posibilidad de explotar petróleo, minerales y otras fuentes energéticas no renovables (artículos 3 y 16); todo lo contrario de lo requerido en esta época de crisis climática
  8. Este proyecto es un traje perfecto para los negociantes privados de la electricidad que junto con el Gobierno, la cúpula del ICE y las diputaciones que lo impulsan, buscan la destrucción del ICE.  Excluye a todas las instituciones, organizaciones sociales, comunidades y plantea un modelo de electricidad privado para la sobreexplotación de los ecosistemas para consolidar las ganancias de una reducida élite de empresas privadas nacionales y transnacionales.
  9. Nadie, ni el Gobierno, ni partidos como el PUSC, Liberal progresista y Nueva República y otros diputado.as que favorecen a los generadores privados, han podido dar una sola evidencia de que bajarán las tarifas eléctricas, lo cual demuestra su plan demagógico y falaz.
  10. Nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, con una capacidad instalada de más de 3.307 MW, nos da la seguridad de que no tendremos apagones, contrario a las mentiras del Gobierno.  Esta seguridad nos la brinda el ICE gracias a las plantas públicas de energía firme.
  11. A cada persona diputada le pedimos hacer un ejercicio de responsabilidad, estudio y memoria histórica y comprender que la construcción de una sociedad justa no se logra privilegiando élites, si no asegurando inversión en servicios sociales fundamentales, como la electricidad pública.  Les exigimos, por tanto, que no destruyan el bastión histórico de Costa Rica que es el ICE y que eviten quedar en la memoria colectiva como las personas que demolieron al ICE.
  12. El 23.414 es un proyecto pensado y creado para un grupo minúsculo y privilegiado.   No beneficia a la mayoría de la gente consumidora de electricidad, incluidas las personas trabajadoras y productoras que la necesitan para atender sus necesidades indispensables. La electricidad debe seguir siendo un servicio social, solidario, al costo y de acceso seguro y justo para toda la población.

El ICE, la CAJA y la EDUCACIÓN, SON INSTITUCIONES NUESTRAS Y LAS DERFENDEREMOS ENTRE TODO.AS.

En representación de organizaciones sociales firmantes:

Osvaldo Durán Castro, Mariana Porras Rozas, Sergio Ortiz Pérez

Buenos Aires y Pérez Zeledón, 20 julio 2024.

Súmese a la defensa del ICE y de la “ELECTRICIDAD PÚBLICA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA” firmando en: https://chng.it/nRr7CHPM6z

Régimen autoritario en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Martin Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el viejo refrán de «Zapatero a tus zapatos» tiene mucho sentido cuando vemos casos como el de Marta Esquivel al frente de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, la institución más emblemática e importante de Costa Rica.

Durante más de 70 años, nuestro país se exhibía ante el mundo entero por la institucionalidad pública. La columna vertebral del desarrollo, pero también de la redistribución de riqueza que Costa Rica producía, estaba compuesta por la salud pública, CCSS y el Ministerio de Salud, MS, la educación pública, el sistema de agua potable de Acueductos y Alcantarillados, AyA, la banca nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL, y el Instituto Nacional de Seguros.

Aparte de estas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, la Fábrica Nacional de Cemento, muelles, puertos y aeropuertos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, CNP, la Fábrica Nacional de Licores, FANAL, entre otras, constituían la fortaleza sobre la cual el desarrollo nacional podría ser más optimista para el pueblo costarricense. Redistribución de la riqueza que, además, proveía de fuentes de empleo extraordinarias, a la vez que brindaba seguridad alimentaria y Soberanía Nacional al país.

Desde el gobierno de Oscar Arias Sánchez, su primer gobierno, en 1986 y hasta nuestros días, Costa Rica fue empujada al abismo neoliberal que, junto al narcotráfico, tienen hoy al país en la oscuridad social, el hambre, la pobreza, la miseria y la muerte.

La mayoría de las instituciones que mencioné anteriormente han desaparecido, fueron destruidas, aniquiladas y los servicios que antes brindaban, hoy son el negocio de los saqueadores del país.

La CCSS es, con toda seguridad, la institución más fundamental. Sin salud pública no hay nada más. Junto a la salud pública, la educación, piedra angular sobre la cual se forjan los ciudadanos del presente y el futuro. Tanto la salud como la educación se encuentran hoy al acecho de quienes pretenden destruirlas completamente. Pero ¿para qué?

Precisamente es «el puñal en el corazón» de la Patria, no solo pretenden convertirlos en negocio de los estafadores políticos, corruptos y narcos, sino que además pretenden desaparecerlas.

La designación, no por capacidades de acuerdo con la institución en que se nombra, sino por la obediencia ciega y torpe de la presidencia ejecutiva de la CCSS, es una muestra de que no solo es incapaz de responder al mandato tanto de la Constitución Política, como de las leyes nacionales, es también absolutamente consciente de estas violaciones, amparada en la protección del Régimen imperante. A como se manejaba cuando era empleada de la empresa bananera transnacional, cree que se debe manejar una institución pública, «látigo, pan y agua».

Y es que el Régimen imperante en Costa Rica no es sólo el prepotente y «pichón de dictador» Rodrigo Chaves, no podría actuar de la forma que lo hace si estuviera solo, sino tiene la complicidad de los otros poderes políticos y del sector narco empresarial. Tiene el respaldo de los partidos políticos más corruptos de Costa Rica, el PLN, el PUSC y el hijo de estos, el PAC, con la complicidad de pseudo cristianos y los liberales (obvio). Pero además del Poder Judicial y Legislativo en conjunto.

Aquí, un presidente no se puede destituir o encarcelar por violar flagrantemente la Constitución Política, las Leyes y todo el Estado que llaman «Social de Derecho», no, no se puede, porque quienes debería hacerlo, son sus cómplices o son cobardes, que para el caso es lo mismo.

Dice la Constitución Política de Costas Rica, en el Artículo 9, que «El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.»

Pero hay un 4to Poder, que no son los medios de comunicación, estos son de los empresarios que están en el poder por medio de sus partidos políticos. Ese 4to Poder, y debe ser el primero, que es el Pueblo Costarricense, este es el que debe rebelarse y DEFENDER la Constitución Política que está siendo violentada y ultrajada.

Es el pueblo costarricense quien debe defender y recomponer la balanza del Poder en Costa Rica, poniéndola a favor suyo, del Pueblo y contra quienes la ultrajan y saquean, ¿Cuándo?, para mañana será tarde.

17 de julio de 2024

¡Borrón y cuenta nueva es autoritarismo!

Escrito en . Publicado en Análisis.

La Constitución Política de 1949 condensa en su articulado acuerdos que le permitieron a nuestro país fortalecer su institucionalidad pública. Tal pacto político, consecuencia de una confrontación armada, ha marcado, de manera profunda e ininterrumpida, la vida democrática costarricense.

Quienes hemos vivido en este país y puesto un grano de arena para hacerlo cada día mejor, sabemos que el nacimiento de las instituciones, programas y presupuestos públicos son resultado tanto de luchas como de negociaciones.

En 70 años de vida democrática, los y las costarricenses hemos elegido libremente la opción política de nuestra preferencia, sin obstaculizar la participación de representantes de otras opciones. Una mezcla de pensamientos y actores culturales, económicos y políticos moldean nuestra democracia conforme enfrentamos nuevos desafíos nacionales y globales.

Sin duda, nuestra institucionalidad requiere ser revisada y remozada. Enfrentamos retos que deben atenderse con seriedad, criterio técnico y sin dejar de lado la pluralidad de enfoques que han logrado posicionarse en democracia en estas siete décadas. Hacer “borrón y cuenta nueva” no es posible en una democracia como la costarricense, reconocida mundialmente.

Queremos resolver los desafíos en paz, con diálogo, participación ciudadana, respetando el debido proceso y la legalidad. La ruta está clara. No es cerrando programas e instituciones claves, recortando presupuestos, privatizando el patrimonio nacional y despidiendo a quienes adversan posiciones sin criterio técnico, como se van a resolver los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad. No es con mano dura, sin oposición, sin controles y sin contrapesos. Eso es autoritarismo.

27 de junio, 2024