Por Guido Mora
Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.
Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.
Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.
Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.
Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.
Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.
Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.
Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.
No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.
En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.
Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.
La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.
Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.
Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.
Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.
En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.
Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:
- ¿Cómo debe de concebirse la democracia costarricense en la segunda mitad del Siglo XXI?;
- ¿Cómo se concreta esta concepción democrática en actividades medulares para nuestra sociedad: en el campo de la salud, la infraestructura, la economía o la seguridad ciudadana, entre otras?
- ¿Cómo debe de expresarse y consolidarse esta concepción política desde la educación, en donde muchos padres ni estimulan, ni comprometen a sus hijos a asistir a los centros educativos y, dónde los muchachos han perdido la esperanza, la ilusión y el interés por educarse, pues les genera mayor expectativa y capacidad de materializar ser un “influencer” o vincularse a un grupo delictivo?
- ¿Cómo hacer sentir a los educadores responsables y protagonistas del proceso educativo, de manera que podamos mejorar la calidad de la educación costarricense?
- La pregunta anterior también válida para ser aplicada en la salud pública y comunitaria, transformando a los médicos en protagonistas del proceso de optimización del funcionamiento de los EBAIS y de la CCSS.
- ¿Cuál debe de ser el papel del Estado en la construcción de esta opción política?
- ¿Cuál el papel de los gobiernos locales?
- ¿Qué transformaciones deben de promoverse en las y desde las instituciones públicas, para lograr el fortalecimiento de la democracia política, económica y social?
- ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en esta dinámica sociopolítica?
Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.
Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.
Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.
Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.
Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.
