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Etiqueta: institucionalidad

Alianza Progresista respalda la institucionalidad y la democracia en Ecuador

Por Sofía Jiménez Murillo

Respaldamos la institucionalidad y la democracia en Ecuador

La APLA, plataforma regional en las Américas de la Alianza Progresista Global, conformada por partidos políticos, fundaciones y organizaciones democráticas y progresistas de toda la región, condena enfáticamente los ataques del crimen organizado a las instituciones democráticas del Ecuador. 

Desde la APLA apoyamos las acciones que el gobierno ecuatoriano, en el marco de la institucionalidad y legalidad del país, implementa para recuperar la paz social y restablecer el Estado de Derecho. Hacemos público nuestro apoyo incondicional a la Universidad de Guayaquil y al equipo administrativo y periodístico del medio TC Televisión que fueron tomados por una banda narcotraficante. 

Estos hechos que conmocionan a nuestra región, analizados desde hace varios años por la APLA, refuerzan la necesidad de abordar integralmente y con urgencia las causas y las consecuencias de la consolidación de estructuras criminales y el narcotráfico en la institucionalidad pública, que ponen en jaque el respeto a la independencia de poderes, la protección de la vida, los derechos de la población civil y la seguridad nacional y regional. 

Asimismo, hacemos pública nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano, esperando retomar la senda del desarrollo y crecimiento con equidad e inclusión social, como la vía democrática posible y duradera de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Organizaciones miembros de APLA firmantes: Argentina: Partido Socialista – Centro de Estudios Municipales y Provinciales; Brasil: Partido Socialista Brasileño; Chile: Partido Socialista – Partido Por la Democracia; Costa Rica: Partido Acción Ciudadana; México: Movimiento Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática – Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas; Nicaragua: UNAMOS; Paraguay: Partido País Solidario; República Dominicana: Partido Revolucionario Moderno; Venezuela: MAS (Movimiento al Socialismo) – Avanzada Progresista – Cambiemos

El más allá de los audios

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre los audios, aunque nos muestran a un presidente irrespetuoso al hablar, lo que trasciende es un presidente irrespetuoso de la legalidad. A un Chaves que planeó jugar, no solo con US$300 mil de dinero público, sino que forzó la estructuración de un aparato propagandístico, sin importarle las consecuencias que tendría el poner en una balanza, su imagen (que le preocupa que se desmorone), frente a los intereses de instituciones estatales que requieren promocionar sus productos.

O la farsa de «firmar» un decreto ejecutivo sobre la vacunación para enfrentar el Covid, en un papel en blanco, pues ni siquiera se habían puesto de acuerdo en una idea.

Un presidente para quien le importa un comino romper ilegalmente contratos de publicidad, pues, para él, lo que habría eventualmente que pagar el Estado como indemnizaciones, será «una cuecha».

Así como ver a un presidente amenazando con cortar la cabeza de los jerarcas de entes autónomos, que preocupados por las acciones ilegales que les ordenaba Chaves, pretendían actuar con prudencia, dentro de un marco de legalidad.

Vulgar, chabacano, puede ser. Esa es su personalidad, y sobre ello no se ha de centrar lo que revelan los audios, sino en el modo autoritario conque matiza sus acciones.

Presidente Chaves no quiere comerse la bronca de la seguridad ciudadana

La lucha contra la criminalidad común y organizada requiere de un esfuerzo coherente, coordinado y estratégico de todo el Estado. Ningún órgano puede excluirse de participar en ese esfuerzo respetando la separación de poderes; entendiendo que tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional son ámbitos de extrema complejidad en donde la unidad y la coordinación de la institucionalidad del Estado son imperativas. Por eso, las palabras del presidente de la República, en la conferencia de prensa de hoy, cuando frenético acusa a los poderes Legislativo y Judicial de la inseguridad en Costa Rica y, peor aún, intenta eximirse de su obligación de liderar la ejecución de políticas públicas en esa materia, son inaceptables y repudiables.

En vez de seguir la “ruta” del descrédito de los poderes Legislativo y Judicial tal y como ha sido el mantra del presidente Chaves, desde su toma de posesión, el mandatario debe ponerse a trabajar en conjunto con los otros poderes y la sociedad civil organizada en el combate de ese terrible flagelo que está desangrando nuestra sociedad.

Si el presidente Chaves intenta generar una crisis dentro del Estado para eximirse de su incapacidad, debe entender que la seguridad y el bienestar de las y los costarricenses se verá aún más amenazada por las acciones del crimen organizado.

Instamos al Ejecutivo que reconozca con humildad su incapacidad de liderar en solitario las tareas de la seguridad, asuma la responsabilidad que le compete, deje de culpar a otras instancias públicas de sus propios yerros y se ponga a trabajar junto con éstas para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en todo el país.

San José, 22 de noviembre del 2023.

Partido Acción Ciudadana

¡Por la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario!

El próximo 25 de octubre a las 9:00 a.m. se movilizará una marcha hacia la Casa Presidencial en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario.

Las consignas que convocan a esta marcha son:

  • No al Bloque de la Alianza del Pacífico.
  • Sí a la Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa.
  • No a la Ruta del Arroz.
  • No a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro.
  • No a la Canasta Básica Importada.
  • Sí a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario. 
  • Sí a la Defensa del PAI, un Mercado Seguro para la Producción Nacional.
  • Sí a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.

Chaves es sólo un títere irresponsable, efímero y fugaz

Por Guido Mora

Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.

Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.

Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.

Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.

Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.

Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.

Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.

Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.

No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.

En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.

Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.

La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.

Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.

Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.

Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.

La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.

En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.

Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:

  1. ¿Cómo debe de concebirse la democracia costarricense en la segunda mitad del Siglo XXI?;
  2. ¿Cómo se concreta esta concepción democrática en actividades medulares para nuestra sociedad: en el campo de la salud, la infraestructura, la economía o la seguridad ciudadana, entre otras?
  3. ¿Cómo debe de expresarse y consolidarse esta concepción política desde la educación, en donde muchos padres ni estimulan, ni comprometen a sus hijos a asistir a los centros educativos y, dónde los muchachos han perdido la esperanza, la ilusión y el interés por educarse, pues les genera mayor expectativa y capacidad de materializar ser un “influencer” o vincularse a un grupo delictivo?
  4. ¿Cómo hacer sentir a los educadores responsables y protagonistas del proceso educativo, de manera que podamos mejorar la calidad de la educación costarricense?
  5. La pregunta anterior también válida para ser aplicada en la salud pública y comunitaria, transformando a los médicos en protagonistas del proceso de optimización del funcionamiento de los EBAIS y de la CCSS.
  6. ¿Cuál debe de ser el papel del Estado en la construcción de esta opción política?
  7. ¿Cuál el papel de los gobiernos locales?
  8. ¿Qué transformaciones deben de promoverse en las y desde las instituciones públicas, para lograr el fortalecimiento de la democracia política, económica y social?
  9. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en esta dinámica sociopolítica?

Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.

Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.

Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.

Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.

Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.

Unidos por la Caja: “La institucionalidad no será quebrantada”

Comunicado

El movimiento social: Unidos por la CCSS, convocó a una mesa de diálogo nacional este 8 de agosto en el Auditorio Jorge Debravo, en oficinas centrales de UNDECA, para crear una agenda país.

Participaron múltiples sectores: educación, salud, agro, banca estatal, AyA, ICE, líderes comunales, indígenas, mujeres en lucha social, poder judicial, partidos políticos, diputados, ambientalistas.

Durante el conversatorio las Universidades Públicas se hicieron presente confirmando su entrega en la defensa por la salud y la CCSS, y durante la apertura del evento, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, confirmó su compromiso con esta lucha multi sectorial.

Se estableció una ruta de acción y el mensaje es contundente y firme: la institucionalidad no será resquebrajada, la unión nos permitirá alcanzar los proyectos necesarios para el bienestar de todos.

Esta convocatoria Inter sectorial se decide nombrarse Frente Nacional en Defensa de un Estado de Bienestar Costarricense.

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN:  todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.  

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:

Transparencia y la confiabilidad en la función pública

José Luis Pacheco Murillo

Es evidente que hoy día lo que se pretende hacer de “a callado” con la pretensión de que nadie se entere no es posible, pues hoy más que nunca queda claro que “entre cielo y tierra no hay nada oculto”.

En estos días ha salido a la luz pública, -sin que a esta hora se confirme tal situación, pero que la sola manifestación de que pudo haber sido, ya para el colectivo ciudadano lo fue y punto-, que la Ministra de Salud y la Jefa de la bancada oficialista en la Asamblea pagaron a un “Troll” para que en redes sociales se dedique a desprestigiar a personas y medios de comunicación.

A estas alturas, la tecnología misma impide que pasen inadvertidas actuaciones que se encaminen a propósitos concretos, y si bien muchos pueden utilizar las redes sociales como medio de comunicación, también los hay que las usan para obtener beneficios personales causando daños a otro.

Lo que si puede resultar, de comprobarse, inapropiado y comprometer la transparencia y la confiabilidad del pueblo hacia ellas es que funcionarias de la talla de la Ministra de Salud y la señora diputada oficialista hayan pagado s uno de esos troles para que afectaran reputación e imagen de personas y medios.

Eso puede resultar muy peligroso y generar acciones en contra de ellas mismas. Deben tener mucho cuidado.

Además, deberán por todos los medios posibles, si fuese factible, demostrar que tales acusaciones son falsas. Por el bien de ellas y de la institucionalidad. 

Dios quiera que ese tipo de situaciones, si fuesen ciertas, no se presenten más a nivel de gobierno, es decir, que funcionarios públicos, de cualquier nivel, pretendan utilizar medios poco transparentes e incluso hasta posiblemente delictivos, para lograr ulteriores propósitos en contra de personas y medios. Además y como decían nuestros abuelos “pueden salirles el tiro por la culata”.

FETRAL convoca a reunión urgente este lunes 24

SURCOS comparte la siguiente convocatoria:

«Compañeros (as): bendiciones. Convocatoria urgente a todos los líderes de todas las organizaciones civiles, comunales, sindicales, estudiantes, religiosos.

Este lunes 24 de octubre a las 5 pm en el edificio de Sintrajap.
Es urgente unirnos por la defensa de la institucionalidad de Costa Rica, dado el rumbo injusto y equivocado que marcan para Limón.

Este lunes 24 entonces 5 pm en SINTRAJAP.
FETRAL».

Caminamos hacia el resurgimiento de una nueva etapa del movimiento patriótico nacional

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
16 octubre 2022

Las señales que analizábamos previo al proceso de elecciones nacionales, tanto en la primera, como en la segunda ronda se han venido confirmando y estamos viendo un estilo de autoritarismo, de populismo y de manejo del escenario mediático y de redes muy atinado por parte del Presidente Rodrigo Chaves Robles, manejo que más allá de este calificativo no por lo cual deviene el mismo en sano para la democracia nacional.

Ese estilo que aun goza de una mirada de aceptación de la gente y que se refleja en las encuestas, sin duda representa (para decirlo en términos coloquiales), un buen tanque de oxígeno, que al menos en ciertos escenarios ya empezó a agotarse y está generando una variedad de procesos sociales muy interesantes.

Dicho esto, así grosso modo, nos parece que está en desarrollo un fenómeno social de unidad coyuntural al cual debemos ponerle atención y potenciarlo para que tenga una brújula adecuada, mismo que posiblemente parece rescatar o por lo menos debemos por mandato político impregnarle todos los ingredientes para imprimirle una mayor estructuralidad, soñando hacer florecer un sentimiento altamente patriótico que emule el abanico colorido del NO AL TLC.

En tal orientación es una tarea política de primer orden aspirar a tener como eje central la defensa de la institucionalidad y el restablecimiento con enfoque democrático y humanístico del Estado Social de derecho heredado de la Constitución Política establecida a partir de 1949, cuyos postulados esenciales han venido siendo dinamitados desde la alborada de neoliberal iniciada desde el primer plan de ajuste estructural en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).

Sin duda alguna ese enfoque ideológico de demonizar lo público y ensalzar lo privado ha provocado momentos clímax en las luchas desarrolladas desde los distintos movimientos de corte más progresistas y solo para ubicarlos, vale la pena solo citarlos, en su orden histórico, tenemos entonces: ALCOA, Combo ICE, No al

TLC y más recientemente la huelga contra el denominado combo fiscal en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Esos puntos de inflexión supra cuyos efectos e impactos se inscriben en la lógica política del proyecto conservador tienen el objetivo de vaciar de contenido la Constitución Política de 1949 y en esa hoja de ruta los sectores de la derecha nacional más rancia se inscribe la ley 9635 denominada de «fortalecimiento de las finanzas públicas», que incluye curiosamente dos títulos novedosos en tratándose de un cuerpo normativo de corte fiscal, uno capítulo referido al empleo público y otro sobre la conocida regla fiscal.

Así las cosas, después de haber ganado la batalla de la ley 9635, aprovechando los yerros tácticos y estratégicos de los movimientos sociales en general y en particular los del movimiento sindical del sector público, los sectores más conservadores del país logran consolidar la ley 9808 y la ley marco de empleo público, ley 10.159, que forman parte del proyecto de debilitamiento de la carta política superior, lo cual es a nuestro juicio el riesgo superior en debate en este momento.

Esta seguidilla de involuciones sociales y laborales que solamente citamos, son el reflejo a nuestro juicio de cómo está realmente el panorama y en tal sentido como hemos dicho las señales en pleno desarrollo que tienen como protagonista estrella al Presidente de la Republica están produciendo acoplamientos interesantes que a nuestro entender colocan nuevamente a los movimientos sociales, sindicales y socio productivos de distinto tipo ante un nuevo predicado histórico nacional.

De ahí que los eventos ya convocados por los sectores representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), en conjunto con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), para el 05 de noviembre 2022, con cuatro ejes de diálogo social: Educación, Seguridad Social, ambiente y energía y economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto de la Alianza Pacífico.

Y la convocatoria realizada desde la Rectoría de la Universidad de Costa, por parte de su Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta (oficio R-6882-2022, fechado 13 de octubre de los corrientes), dirigido a los distintos movimientos sociales y que denota una preocupación central, actual y válida, sobre los riesgos en desarrollo que presenta el pais en tres ejes específicos de la vida política nacional, como lo son: la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, devienen en una alerta sin precedentes en la historia reciente.

Riesgos que a la luz de nuestra lectura del momento compartimos plenamente y sin duda requieren del concurso urgente de los movimientos sociales, todo con la mirada puesta en el impulso de un urgente movimiento patriótico que aspire a descarrilar el tren neoliberal y coloque al país en la verdadera ruta de la inclusión social, el desarrollo nacional y la reactivación económica.

En tal sentido estos dos eventos convocados desde tan importantes casas de estudio nacional, resultan ser dos enormes oportunidades, dos luces que tintinean al final del túnel y que deben ser aprovechadas al máximo por los liderazgos actuales, es decir, este nuevo punto de encuentro de los movimientos sociales que parece estar en desarrollo tiene particularidades históricas que reducen casi a cero los márgenes de error de los líderes y lideresas que pensamos van a estar al frente de los acontecimientos que van tener lugar en el corto plazo.

En tal sentido las decisiones que se vayan a tomar próximamente requieren ser articulados y dirigidos con sentido estratégico y patriótico, actitud inclusiva y con un alto componente democratizador que incorpore la realidad de la gente (hombres y mujeres de los distintos sectores), que conocen su realidad y lideran en los territorios y en las estructuras.

De igual forma, a nuestro modesto modo de ver las cosas, el reto esencial del sindicalismo del sector público es descorporativizarse, desfetichizarce y convertirse en un actor político que potencie las condiciones de un proceso informativo – educativo de amplio espectro que permita apuntar a ganar la batalla informativa en las redes, en los sectores y en los territorios, dicho en sencillo, acabar con el deslumbramiento que tiene la gente sobre el Presidente, desnudándolo y sin victimizarlo.

En esencia debe convertirse el movimiento sindical en un articulador democrático que auspicie un nuevo gran movimiento patriótico nacional, esto resulta ser así, pues está en desarrollo un nuevo punto de inflexión y de cómo se conduzca este, las decisiones que se tomen y el desenlace que resulte, dependerá el futuro del país para los próximos 50 años, de eso estamos hablando.