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Etiqueta: intervención

Campaña contra la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo

SURCOS comparte el texto de la campaña y el enlace para firmar.

La intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, acto autoritario del gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, representa un ataque inaceptable a la acción cotidiana y legado de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. En lo inmediato, la intervención apunta a desplazar a la actual rectora Cristina Caamaño –electa por la Asamblea Soberana de la Universidad en marzo pasado-. En lo general, se trata de una acción deliberada de borrar la historia y cuestionar el movimiento legítimo que, durante años, ha sido un estandarte en la lucha contra la desaparición forzada, la tortura y la represión en toda América Latina. Es fundamental preservar la memoria histórica y los logros de esta institución, que ha sido un símbolo de resistencia. La Universidad es un espacio de enseñanza y vinculación social que recupera las tradiciones de luchas populares, en aras de transformar la sociedad y a nosotros mismos, en el saber y la lucha. La UNMA se ubica en las instalaciones de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que funcionó en la última dictadura cívico-militar argentina como el centro de detención, tortura y desaparición más grande de la dictadura. Sus paredes guardan los gritos de dolor y angustia de las y los torturados, de las muchachas parturientas a las que les eran arrebatados los bebés (sus hijos); de las y los que serían trasladados en los vuelos de la muerte. Es un espacio de enseñanza y cultura emblemático de la historia política argentina, que día a día da razones de porqué ¡Nunca más!, reflejando su compromiso con la sociedad y la democracia.

Por ello, al calce, están nuestras firmas, de estudiantes, trabajadoras y trabajadores administrativos y de servicios, de docentes de distintas universidades de América Latina, condenando la intervención impulsada por el gobierno autoritario de Javier Milei a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Milei busca la destrucción de la memoria y de las identidades que se pronuncian por la verdad y la justicia. Desde México, como universitarios y universitarias reivindicamos las tareas que cotidianamente se realizan en nuestra hermana Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

¡Ante la represión, la organización con base en Memoria, Verdad y Justicia!

¡Vivan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo! 

¡Viva el Pueblo Argentino que dice basta! 

¡Alto al despotismo de Javier Milei!

Para firmar utilice este enlace.

Imagen: CLACSO.

Gaza / Israel: Colombia presenta solicitud de intervención en demanda de Sudáfrica contra Israel

Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com

Este 5 de abril la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha informado que Colombia ha presentado una solicitud de intervención en la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre.

Si bien el procedimiento contencioso ante la CIJ refiere a dos Estados (en este caso Sudáfrica contra Israel), las reglas procesales permiten que un Estado tercero solicite intervenir en cualquier momento en una disputa entre dos otros Estados. Dos son los artículos del Estatuto de la CIJ que así lo disponen;

«Artículo 62 l. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. 2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición.

Artículo 63 1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados. 2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él«.

Con relación a la solicitud de Colombia de intervenir en la demanda que opone Sudáfrica a Israel, el comunicado de la CIJ está disponible en francés y en inglés.

Cabe recordar que, con relación a Israel y a la prolongada ocupación ilegal del territorio ocupado palestino, Colombia presentó recientemente en La Haya, en el marco de un procedimiento consultivo esta vez, su opinión jurídica a los jueces de la CIJ (véase comunicado oficial del 21 de febrero del 2024 y documento remitido a la CIJ en julio del 2023 en francés y en inglés).

La solicitud de intervención de Colombia en breve

Colombia solicita intervenir con base en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ citado con anterioridad. En su extensa solicitud (véase texto completo), con fecha del 5 de abril del 2024, Colombia señala diversos puntos. Es así como se lee por ejemplo en la parte inicial que:

«23. As recognized by Article 63 of the Statute, by virtue of Colombia’s status as a Party to the Genocide Convention, the legal interest of Colombia as a declarant State in the construction of the Convention is presumed to exist.

  1. 24. To clarify, Colombia is not seeking to become a party in the proceedings brought by South Africa against Israel. Colombia’s intervention is aimed at assisting the Court in construing the provisions of the Convention that are in question in this case. Colombia recognises that once its Declaration of Intervention under Article 63 of the Statute is admitted, the construction of the Genocide Convention to be rendered in the Court’s judgment will be equally binding upon it«.

Mucho más adelante, se indica por parte de Colombia que la intención de cometer un genocidio debe entenderse de la manera más integral posible al abarcar a todos sus posibles responsables, al señalar que:

«145. In the present case, as disclosed by the facts set out in South Africa’s Application, individual Israeli officials who did not themselves commit or personally direct the commission of acts of genocide, may nonetheless be guilty of incitement to commit genocide.

  1. For its part, Article III (d) includes “attempt to commit genocide” as another action punishable under the Convention. The offence of attempt to commit genocide appeared in the earliest draft of the Convention and was adopted by the Sixth Committee without debate.
  2. The Rome Statute of the ICC, to which Colombia and Palestine are Parties, provides in Article 25 (3) (f) certain clarity as to the threshold to demonstrate attempt to commit genocide, when it states that an attempt occurs when the offender “commences its execution by means of a substantial step”. Colombia endorses this definition».

Leemos en las conclusiones de la solicitud que hace Colombia de intervenir en la disputa entre Sudáfrica e Israel, que:

«185. On the basis of the information set out above, Colombia avails itself of the right conferred upon it by Article 63, paragraph 2, of the Statute to intervene in the proceedings in the case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). The present Declaration meets the requirements set out in Article 63 of the Statute and Article 82 of the Rules and is, thus, admissible

  1. 186. The Government of Colombia submits the present Declaration of Intervention in the genuine belief that the States parties to the Genocide Convention should do everything in their power to contribute to ensure the prevention, suppression and punishment of genocide and therefore, to assist the Court in finding the responsibility of any State Party to the Convention, for its failure to comply with the obligations contained therein, especially in the context of such a dramatic situation as that unfolding in the Gaza Strip«.

Una América Latina mucho más activa que las demás regiones para frenar la insensatez israelí en Gaza

Cabe recordar que ante la CIJ de La Haya, primeramente se registró una solicitud de intervención presentada el 22 de enero del 2024 por Nicaragua en la demanda de Sudáfrica contra Israel (véase texto en francés y en inglés). Desde el punto de vista jurídico, y en particular de la estrategia legal seguida, nótese que, a diferencia de Colombia, Nicaragua optó por solicitar una intervención sobre la base del Artículo 62 del Estatuto de la CIJ, en la que deberá demostrar a los jueces tener un «interés de orden jurídico que pueda ser afectado por la decisión» futura de la CIJ.

También se registró una demanda interpuesta por Nicaragua contra Alemania por complicidad de genocidio, presentada el primero de marzo del 2024 ante la CIJ (véase texto de la demanda en francés y en inglés), acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales). Tuvimos la oportunidad de analizar la fijación de audiencias que tendrán lugar los días 8 y 9 de abril del 2024 en La Haya entre Nicaragua y Alemania (Nota 1).

Además de la CIJ, pensemos también en otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI).

A la remisión de carácter urgente presentada, primero por Bangladés, Bolivia, Comoras, Maldivas y Sudáfrica en noviembre del 2023 (véase texto), se añade la presentada luego por Chile y México en enero del 2024 que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 2): véase comunicado oficial de Chile al respecto

Es de señalar que el silencio ensordecedor de la Fiscalía de la CPI desde principios de 2024 está minando su credibilidad ante los ojos de un buen número de Estados, los cuales tienen aún muy presente la extrema celeridad con la que la CPI emitió una orden de detención internacional contra el Presidente de Rusia por el traslado de niños ucranianos a territorio ruso (véase el comunicado de prensa de la CPI de 17 de marzo de 2023).

No está de más señalar que este mismo 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en Ginebra su ya tradicional resolución sobre el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, momento en el que se evidenció nuevamente el aislamiento total de Estados Unidos (cuyo único voto en contra fue acompañado esta vez por el de Paraguay). El tablero de votación es reproducido a continuación:

Las últimas cifras sobre la insensatez israelí en Gaza

Más allá de la continuidad de la política norteamericana tendiente a favorecer a toda costa a Israel en detrimento de los legítimos derechos del pueblo palestino, desde el 7 de octubre, es América Latina la región del mundo que ha optado por alzar la voz de manera tempranera ante la forma desproporcional e indiscriminada de bombardear a la población civil que ha adoptado Israel: tuvimos al respecto la oportunidad de analizar las acciones diplomáticas de diversa índole que se generaron en América Latina semanas después del 7 de octubre, mediante las cuales algunos Estados manifestaron su profundo repudio ante el accionar de Israel en Gaza (Nota 3).

Resulta oportuno señalar que el último informe de las Naciones Unidas sobre la situación en la Franja de Gaza (véase el informe a 3 de abril de 2024) indica un saldo de 32.975 palestinos muertos y 75.557 heridos. Al estar casi totalmente destruida la infraestructura hospitalaria y los servicios de atención médicos de Gaza, al faltar de agua potable, medicamentos, y al instalarse una hambruna generalizada en Gaza, es muy probable que una parte de los más de 75.500 heridos sucumban en las próximas semanas.

El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí. La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo hispanoparlante encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en castellano.

A modo de conclusión

Con esta nueva iniciativa de Colombia ante la CIJ, América Latina se ve confirmada como una región capaz de sustraerse de presiones diversas (en particular israelíes y norteamericanas), y de activar los diversos mecanismos jurisdiccionales existentes a disposición de todos los Estados, en aras de frenar los ímpetus destructores del aparato militar israelí en Gaza (y de algunos de sus aliados, en particular los que suplen de armas y componentes electrónicos con fines militares a Israel).

Se hubiese esperado de otras regiones del mundo (y Estados) mucha mayor consistencia, al mostrarse sumamente céleres para activar mecanismos jurisdiccionales e invocar el respeto al derecho internacional público luego de la agresión militar iniciada por Rusia en el territorio de Ucrania el 24 de febrero del 2022; regiones (y Estados) que, a diferencia de Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, México y Nicaragua, así como Belice (que suspendió sus relaciones diplomáticas con Israel), se muestran desde el 7 de octubre, impedidos e inhibidos de invocar este mismo derecho (en particular las reglas del derecho internacional humanitario) ante el drama inhumano al que Israel somete la población civil de Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

 – – Notas – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania», 15 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)«, editada el 18 de enero del 2024, y disponible aquí.

Nota 3; Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras», editada el 31 de octubre del 2023.Texto disponible aquí.

Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela – con firmas

Las personas abajo firmantes, costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, animadas por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.

Dionisio Cabal Antillón, cantautor y compositor.

Rubén Pagura Alegría, actor y músico.

Esteban Monge Flores, cantautor.

Manuel Monestel Ramírez, músico y compositor.

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio.

Elizabeth Cook, teóloga, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana.

Javier Francisco Cambronero Arguedas, educador, ex diputado de la República.

Francisco Enríquez Solano, catedrático emérito UCR.

Margarita Bolaños Arquín, antropóloga, profesora UCR pensionada.

Elsa Tamez, teóloga y biblista.

Juan Stam, teólogo, catedrático pensionado de la UNA.

Franz Hinkelammert, economista, escritor e investigador, Doctor Honoris Causa UNA.

Pablo Richard, teólogo.

Plutarco Bonilla, catedrático pensionado UCR.

Miguel Picado, historiador.

Manuel Araya Incera, historiador.

German Chacón, investigador y académico UNA.

Juan Boza, catedrático pensionado UCR.

Francisco Camacho, ex diputado.

Luis Guillermo Herrera, catedrático pensionado UCR.

Leonardo Perucci, actor.

Rocío Alfaro, filósofa y científica social.

Nieves Martínez, profesora universitaria UNA.

Daniel Camacho Monge, sociólogo, catedrático, profesor emérito UCR.

Walter Antillón, abogado, profesor emérito universitario, catedrático UCR.

Rafael Cuevas Molina, catedrático UNA.

Marcela Dumani Echandi, nutricionista, docente universitaria.

Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.

Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical.

Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista.

Yadira Calvo Fajardo, escritora, filóloga y feminista.

Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora jubilada, ex diputada del PAC.

Claudio Enrique Monge Pereira, catedrático UCR pensionado, ex diputado del PAC.

Arabella Salaverry Pardo, escritora y actriz.

Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.

Yendri Martínez Rivera, fisioterapeuta.

Gerardo Contreras Álvarez, historiador UCR, asesor sindical.

Célimo Guido Cruz, agricultor, ex diputado de Fuerza Democrática.

Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, ex diputado de Pueblo Unido.

Arturo Gudiño Briceño, periodista.

Sergio Reuben, catedrático UCR

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario, presidente del Movimiento Diversidad.

Edgardo Araya Sibaja, abogado, ex diputado y ex candidato presidencial del Frente Amplio.

Diego Miranda Méndez, regidor en San José.

Mario Grant Sáenz, ingeniero civil, regidor en San José.

Susan Campos Ortega, contadora, regidora en Desamparados.

Mario Ruiz Salas, regidor en Montes de Oca.

José Alberto Castro Porras, regidor en Aserrí.

Paquita Cruz Villalobos, pintora, feminista.

Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada.

Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor.

Oscar Jara Holliday, director CEP Alforja, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL.

Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.

Asdrúbal Marín Murillo, filósofo, profesor universitario.

Luis Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo ANEP.

Virginia María Acuña Montero, coordinación Justicia Paz e Integridad de la Creación. JPIC C.R.

María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.

Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático jubilado UCR.

Gerardo Hernández Naranjo, politólogo, profesor universitario UCR.

Gustavo Oremanuno Vignet, luchador social.

Alejandro Delgadillo Solano, educador y abogado.

Juan Félix Montero Aguilar, educador pensionado.

Marcela Sánchez Cortés, payasa y actriz, regidora en Montes de Oca.

Ronald Arrieta Calvo, profesor universitario, regidor en Goicoechea.

Geovanna Sandoval Cambronero, técnica en servicio al cliente, regidora en La Unión.

Kattia Rodríguez Brenes, docente, regidora en Turrialba.

Oscar F. Boschini Sáenz, Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela y la Revolución Bolivariana.

Xiomara Esquivel Vargas, actriz y productora de artes escénicas.

Oscar Leiva Cerrato, consultor.

María Rocío Céspedes Rodríguez, profesora pensionada.

Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora pensionada UCR.

Dita Montiel González, estudiante universitaria.

Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.

Rafael Angel Ugalde Quirós, periodista y notario público.

Fabio Cerdas Obando, escultor, pintor.

Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.

Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático pensionado, UCR.

Álvaro Fernández González, sociólogo.

Oscar Salas León, profesor jubilado UNA.

Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo, profesor jubilado, UNA y UNED.

Circulo Bolivariano Yamileth Lopez – Costa Rica.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Jaime Lobo Segura, matemático UCR.

Orlando Barrantes Cartín, dirigente Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

Ariel Robles Barrantes, académico UNA.

César López Dávila, psicólogo, asesor sindical.

Álvaro Rojas Valverde, comunicador e historiador popular.

Saúl Umaña Barquero, abogado laboralista.

Adriana Laclé Murray, médica pensionada.

Jorge Lobo Segura, biólogo, catedrático UCR.

Vicky Borbón Pineda, Humanista.

Jesús Campos Méndez, dirigente sindical, presidente de la CTCR.

Walter Quesada Fernández, coplero, dirigente sindical.

Marielos Castro Umaña, educadora jubilada.

Alcides Monge Mora, cc: Gaus, comerciante.

Vera Sancho Mora, docente.

Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor jubilado UCR.

Ana Georgina Ulate Chaves, trabajadora social.

Catalina Miranda Matamoros, técnica en masaje terapéutico.

Javier José Prada Ortiz, taxista.

Erika Maritza Álvarez Sandí, educadora.

Eduardo Guillén Gardela, regidor en Desamparados.

Oscar Madrigal Jiménez, abogado.

Marco Tulio Araya Barboza, periodista.

Marcela Naranjo Segura, regidora en Sarapiquí

Ricardo Araya Piedra, abogado.

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical CTRN.

José Gabriel Rivas-Ducca, biólogo.

Jaime Cerdas Solano, docente.

Luis Antonio Ulloa Bonilla, empresario.

Olman Varela Durán, consultor en medio ambiente.

Gerardo Badilla Álvarez, técnico especializado química – farmacia.

Marlon Quesada Medina, ingeniero topógrafo.

Kattia Murillo Jiménez, ingeniera ambiental.

Daniel Torres Sandí, regidor en Moravia.

Erica Guevara Reyes, psicóloga.

Virginia Ramírez Cascante, docente universitaria.

Melania Monge Rodríguez, educadora jubilada.

Lupita Chaves Salas, educadora jubilada.

Erika Henchoz Castro, periodista.

Yadira Martita Brenes, traductora.

Rosa Alvarado Avellán, profesora jubilada.

Iris Zumbado Zumbado, periodista.

Rubieth Jaén Angulo, docente jubilada.

Ileana Monge Serrano, educadora y empresaria.

Elisa Donato Monge, socióloga.

Alicia Eugenia Vargas Porras, educadora jubilada UCR.

María Eugenia Rojas Rodríguez, docente jubilada.

Mirta González Suárez, psicóloga y escritora, catedrática emérita UCR.

Sofía Alejandra Guillén Pérez, economista, asesora.

Bruno Merino Martínez, empresario.

Marcony Lacayo Elizondo, indígena Maleku de Guatuso, conciliador titulado por Los Mayores.

Reinier Canales Medina, dirigente campesino.

Claudio Ansorena Montero, economista.

María Pérez Iglesias, escritora.

José Luis Callaci Leguizamo, consultor, analista político.

Dulce Umanzor Alvarado, abogada.

Violeta Duarte Fonseca, pensionada.

María Elia Rodríguez, filóloga pensionada.

Ivonne Lepe Jorquera, ingeniera.

Rafael Angel Rivas Ducca, consultor de negocios.

Adriano Corrales Arias, escritor.

Hannia Mora Zamora, microbióloga.

Alejandra Espinoza Arias, corredora de seguros.

Luis Guillermo Serracín Fuentes, maestro de obras.

Ignacio Dobles Oropeza, psicólogo, profesor UCR.

Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social.

Ernesto Luna Palma, sociólogo.

Italo Fera Fallas, sociólogo.

María Ignes Monestel Corrales, abogada.

Laura Gómez Vázquez, decoradora de interiores, regidora en Tibás.

Ricardo Hernández Mora, profesor de química en secundaria.

Aristides Mena Mena, pensionado.

Roy Jiménez Oreamuno, politólogo y economista.

Eliohonay Arias Valverde, médico emergenciólogo.

Lidieth Uribe Loría, microbióloga.

Damaris Rodríguez Lara, ingeniera agrónoma, docente jubilada.

Osvaldo Calvo Rodríguez, agricultor.

Laura Hall Moore, educadora.

Milton Guerrero Poveda, profesor ciencias económicas.

Natalia Solano Vargas, técnica en ciencias médicas – laboratorista.

Jonatán González Díaz, educador.

Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, consultor ambiental.

Saúl Castañeda Salazar, director del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.

María Bejarano Monge, administradora de empresas.

Celina Beatriz Castro Zúñiga, Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.

Fernando Martínez Montoya, oficinista.

Carlos Luis Aguilar Garro, ingeniero agroquímico y agrónomo.

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social.

Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.

Edison Valverde Araya, Movimiento Buen Vivir CR, CaminantedelSur.Com

Fernando Francia, comunicador.

Sandra Paniagua Paniagua, médica.

Grace Prada Ortiz, historiadora, docente pensionada.

José Valverde Fuentes, oficinista.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Marielos Giralt Bermúdez, filósofa, profesora universitaria.

Ricardo Ascanio Sánchez, empresario librero.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.

Carlos Cruz Chavez, profesor universitario.

Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora social.

Carmen Brenes Sáenz, administradora pública, pensionada.

Rodrigo Quesada Solís, ingeniero.

Natalia Fernández Román, médica.

Oscar Morera Madrigal, médico.

José Daniel Fernández Román, estudiante.

Daniel Guillermo Fernández Morales, abogado.

Sonja Amarú Schumacher Fernández, estudiante.

Vladimir Quesada Santamaría, arquitecto.

Daniela Oca Varela, médica.

Margarita Varela Quesada, comerciante.

Alejandra Oca Varela, educadora.

Rashida Shajide Farah Guzmán, médica.

Karen Adriana Carranza Blanco, médica.

Alexis Oca Ramírez, técnico electrónica.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Ana Tristán Sánchez, jubilada.

María Magdalena Cano Valle, docente.

Marcos Chinchilla Montes, profesor UCR

Dan Abner Barrera Rivera, académico de la UNA

José Eduardo Medina Guevara, ciudadano.

Nidia Fonseca Rivera, profesora de secundaria.

Dagmar Facio Fernandez, ciudadana.

José Amesty, ciudadano.

Laura Arias Cabrera, ciudadana.

Leda Méndez Arias, abogada.

Sonia Salazar Quirós, ciudadana.

Paulo Barrera Rivera, sociólogo

Marianela Espinoza Vega, docente MEP.

Marco Antonio Umaña Vargas, agricultor.

Jiddu Rojas Jiménez, profesor de filosofía y master en estudios latinoamericanos.

Rudolf Wedel Schweichler, fotógrafo, profesor, UTN.

Marlin Oscar Ávila, ciudadano.

Antonieta Fernández Quirós, abogada.

Víctor Madrigal Sánchez, profesor Escuela Ecuménica UNA.

José Varela Arguedas, técnico en telecomunicaciones.

Hernán Alvarado Ugarte, jubilado.

Ana Isabel Gardela Ramírez, periodista.

Hernán Tasies Guido, ciudadano.

Ana Lucía Cabal Antillón, docente jubilada.

Marta Eugenia López Subirós, socióloga.

José Francisco Alfaro Carvajal, ciudadano.

Suy Wong Ugalde, traductora, activista por los derechos humanos.

Allan Guzmán Delgado, ciudadano.

Luis Del Valle Carazo, médico jubilado.

Isabel Calvo González, académica.

Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo.

Carlos Humberto Herrera, trabajador de la construcción.

Gustavo Campos Alfaro, Frente Amplio.

German Urbina Pastora, ingeniero en computación.

Gerardo Vargas Varela, sacerdote católico, ex diputado del Frente Amplio.

Ulises Araya Chaves, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales.

Otto Ureña Badilla, pensionado.

Juan Carlos Bermúdez, administrador.

José Rafael Jiménez, administrador de empresas.

Víctor Madrigal Sánchez, UNA, EECR.

Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, profesora universitaria jubilada.

Sergio Rodriguez, ciudadano.

Luis Fernando Astorga Gatjens, periodista y educador.

María Elena Fournier Solano, extensionista universitaria, presidenta y fundadora de la Asociación Conservacionista YISKI.

Axel Hernández Fajardo, catedrático jubilado de la Universidad Nacional.

Marta Chacón Mora, ciudadana.

Isabel Ducca Durán, socióloga y filóloga.

Alejandra Ducca Durán, socióloga.

Ana Franzen, defensora de Derechos Humanos Internacional, miembro de honor de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos.

Álvaro Vega, sociólogo.

Andrés Mora Ramírez, coordinador de la maestría en Estudios Latinoamericanos, UNA.

Marino Marozzi Rojas, economista.

Oscar Mario Solano Aguilar, médico, profesor universitario.

Dr. Jaime Delgado, catedrático UNA

Edgar Mora Guerrero, ciudadano cédula 202901140

José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor universitario catedrático

Alejandra Cartín Leiva, psicóloga

Cristóbal Montoya, profesor UCR jubilado, expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

Carlos Luis Chacón Salas, luchador social

Daniel Acuña Lizano, ciudadano

Antonio Ortega Gutiérrez, secretario general del Frente Amplio

Mauricio Jiménez Alvarado, educador, dirigente sindical

Marielos Álvarez Fernández, catedrática UNA. Jubilada

Carlos Alberto Ulloa Bonilla, ciudadano

Ana Virginia Ortiz Ortiz, administradora de empresas turísticas

Juan Guillermo Ortiz Ortiz. ciudadano pensionado

Eugenia Salazar Aguilar, abogada

Walter Benavides Hernández, compositor, productor y cantautor

E. Danilo Pérez Zumbado, académico pensionado UNA

Dr. Celso Vargas, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica

Gilberth Salas Hidalgo, ciudadano

Lic. Antonio Cabal Trejos, abogado independiente

Aurelia Trejos París, artista, compositora, actriz emérita

Andro Zeledón Castro, artista audiovisual

Marielos Azofeifa Víquez, educadora y administradora jubilada

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo, catedrático UNA

Olga Prieto Cruz, socióloga

Carlos Jaime Soley

 

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Enviado por Rodolfo Ulloa Bonilla.

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Incursión de H Solís provoca violencia

  • Se consolida oposición al PH San Rafael en Pérez Zeledón

 

Una acción civil y pacífica de las comunidades de San Pedro de Pérez Zeledón contra la empresa HSolís, terminó con la intervención de la policía y la detención injustificada de Luis Valverde Abarca, vecino de San Rafael. El incidente se originó porque la empresa, que pretende construir una hidroeléctrica en el río San Rafael, pagó maquinaria privada insistiendo en “dar ayuda para arreglo de caminos”, a pesar del rechazo de las comunidades.

Las personas opositoras se concentraron desde la primera hora de hoy cerca de Zapotal en la ruta hacia el acueducto de San Pedro de Pérez Zeledón, para manifestar su rechazo a la intromisión de la empresa. El mismo intento de HSolís por ofrecer “ayuda” se había dado en Fátima de San Pedro, de donde debieron salir por la presión de las comunidades.

Todo estaba muy tranquilo porque la misma gente de la maquinaria se iba a retirar y aceptaron que eran “pagados por alguien de afuera que sabemos que es HSolís. Pero a raíz de un supuesto daño a una patrulla a Luis Valverde lo golpearon y de manera muy violenta lo agarraron del pescuezo y lo detuvieron y también a su mamá la golpearon y la tiraron al suelo. Nosotros tenemos fotos y videos para demostrar que no hubo ningún daño a la patrulla y eso lo reconoció el mismo jefe de la policía. Más bien fue la policía la que agredió sin justificación pues estábamos haciendo las cosas de manera pacífica”, explicaron Alvaro Ureña e Isabel Solís Blanco, que participaron en la actividad. A Luis Valverde lo soltaron pero lo citaron a los Tribunales de flagrancia, por supuestos cargos de “golpear una patrulla y resistirse a la policía”.

Adelantándose al posible conflicto que la incursión de HSolís provocaría, desde el pasado 13 de octubre 2017, a las 06:27 horas, las comunidades previnieron a la empresa y le dieron aviso al país, al Gobierno Local, MINAE, SETENA y al Gobierno de la República de que “no aceptaban la manipulación de HSolís”. La oposición había denunciado que HSolís se estaba “guindando” de la emergencia nacional por la tormenta Nate para meterse a como diera lugar a las comunidades. “Esa insistencia es un intento de manipulación y aprovechamiento inescrupuloso para conseguir el apoyo de las comunidades que hasta ahora no han tenido”, reiteró Melvin Solís Blanco.

Con esto que pasó a HSolís le debe quedar más claro aún que las comunidades no los queremos, que los rechazamos porque lo único que andan buscando es construir su negocio de represa que destruye el río y nos deja sin agua. Nosotros no somos 3 gatos y seguiremos organizados hasta que se vayan. A Setena nosotros le decimos que aunque ellos siguen ayudando a la empresa, les vamos a demostrar que los permisos están mal dados y son ilegales”, dijo Melvin Solís.

La mega constructora H. Solís es la empresa más beneficiada por del Estado, teniendo contratos de mantenimiento de la red nacional de carretera por más de 137 592 millones de colones, desde el 2009-2013 que fue renovado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de forma directa, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) había insistido en la necesidad de abrir un concurso público. El año pasado volvió a ser seleccionada para seguir el lucrativo negocio que le permitió tener tantas ganancias que empezó a invertir en al menos 10 proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur.

Información: Melvin Solís Blanco 8740-8291, Alvaro Ureña 8802-7908

Antecedentes

Los vecinos y vecinas defensoras del río San Rafael trabajan sin recursos económicos y aun así han realizado múltiples acciones como: caminatas pacíficas, bloqueos, una visita a la SETENA, decenas de reuniones en las comunidades aledañas, recolección de más de 1500 firmas en oposición y han presionado a la Municipalidad para mantener una prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona de Deslizamiento Zapotal y toda la extensión del Río San Rafael (Ver Acuerdo).

En noviembre de 2016 fue agredido en preparativos de la marcha el señor Rafael Ángel Abarca, defensor del río, por un promotor del proyecto del PH San Rafael ( FECON, 19-11-2016). La aprobación de la viabilidad ambiental por parte de SETENA del PH San Rafael, el 27 de octubre, fue el detonante del descontento de la mayoría de la población del distrito de San Pedro de Pérez Zeledón (ver más). Recientemente fue aprobada la concesión de agua por parte de MINAE y faltan una serie de permisos entre ellos un decreto de conveniencia nacional.

 

Enviado por FECON.

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“Debemos pensar en lo social”

Investigadora invitada compartió con trabajadores sociales costarricenses

Eduardo Muñoz Sequeira,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Debemos pensar en lo social
El trabajador social incide en las organizaciones comunales para mejorar las condiciones de vida, promover cambios en las comunidades y en defensa de la dignidad y derechos de sus habitantes – foto Archivo ODI.

“Debemos pensar el hacer, en lo social, para que la intervención que hacemos sea estratégica, critica, propositiva y pertinente”, dijo la magister Rosa María Cifuentes Gil, quien ofreció varias exposiciones en la UCR la última semana de octubre pasado, como parte de las visitas académicas promovidas por la Escuela de Trabajo Social (TS).

Cifuentes es docente e investigadora de la Universidad La Salle, en Colombia. Su trayectoria profesional incluye la formación de educadores, trabajadores sociales y consultora de diversas instituciones en materia social. Precisamente, durante su visita a Costa Rica impartió una serie de charlas a estudiantes de esa unidad académica en la UCR, a integrantes del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y personal que ejerce en distintas instituciones públicas.

Sus talleres y conferencias se basaron en tres aspectos. El primero sobre la investigación cualitativa, desde una mirada dialogal y distintas perspectivas, y su relación con lo cuantitativo y las epistemologías contemporáneas. El segundo trató sobre la metodología e intervención del trabajo social como agente de cambio en las comunidades. Finalmente, expuso sobre la sistematización de experiencias como recurso para la construcción de conocimiento.

A criterio de la Dra. Cindy Calvo Salazar, investigadora de TS y coordinadora de la visita, “la sistematización de experiencias es un imperativo para cualificar los procesos de conocimiento a partir de la intervención profesional. De esta práctica fuimos protagonistas creadores en la década del 70; por razones de tipo ideológico y falta de claridad epistemológica, fue relegada. Hoy es inaplazable retomar la propuesta: conocerla, sensibilizar en torno a la misma, avanzar en su desarrollo y proyección, con el fin de promover la construcción de conocimientos a partir de la práctica y la construcción disciplinar”.

Un profesional contemporáneo

“Uno de los horizontes del trabajo social es trascender lo cotidiano, lo operativo, lo instrumental, lo burocrático, lo tecnocrático, para posicionarse desde una perspectiva comprensiva y transformadora del entorno social”, dijo la investigadora invitada.

Debemos pensar en lo social2
Cifuentes Gil considera que con la sistematización de experiencias se construye conocimiento y propuestas de acción comunitaria o institucional – foto Anel Kenjekeeva.

Según Cifuentes, el rol actual del profesional en trabajo social implica conocer las comunidades en las que está inserto. Este proceso de acompañamiento significa que se trabaja lado a lado, desde una perspectiva ético política para la construcción de una sociedad plural, de dignificación de la vida y desde los diferentes actores con los que interactúa cotidianamente.

“Tenemos que tener el oído bien abierto, trabajar con otros, descubrir con ellos, crear con los demás”, afirmó la investigadora. Cifuenes recordó que los profesionales de trabajo social están en contacto directo con las personas, les apoyan a resolver situaciones apremiantes; cada caso se archiva como uno más. No obstante, la académica colombiana reconoció que a lo largo de América Latina los profesionales se enfrentan a instituciones que exigen muchos trámites, labores administrativas y otras que les deja poco tiempo para la investigación y sistematización de sus intervenciones.

“Las instituciones son demandantes de acciones, y no hay tiempo para hacer intervenciones críticas, oportunas y estratégicas. Pero esas condiciones no se dan por si mismas, hay que negociarlas con la institucionalidad. La formalización del conocimiento se construye con la práctica; es desafiante, pero no imposible”, insistió durante un encuentro con profesionales adscritos en hospitales públicos.

Precisamente, sobre las falencias en el ejercicio del trabajo social, la invitada dijo que los programas deben promover más entre sus estudiantes que se asuman como futuros científicos sociales que construirán y compartirán conocimiento. Que ese trabajo le aportará al desarrollo social de la Nación. Además, otro de los retos en la formación es concientizar sobre la sistematización de experiencias como insumo indispensable de ese sabe, cada caso encierra realidades que deben analizarse. Asimismo, abogó por la autonomía de criterios para sus intervenciones, sea en instituciones o directamente en las comunidades.

Universidad-comunidad

Actualmente, el trabajador social debe trascender la elaboración y archivo de informes. Detrás de cada uno de ellos, queda la construcción de un tejido social y están los aprendizajes. No es fácil documentar estas experiencias, se requiere una voluntad política, condiciones laborales y tiempo para eso. En este proceso el acompañamiento de las universidades son importantes, sobre todo en proyectos de desarrollo regional que vincule a muchos actores sociales.

Pero esa incidencia comunal requiere que estén disponibles los diagnósticos regionales, y a partir de ellos proponer acciones. Sin embargo, una de las principales quejas de estos profesionales, añadió Cifuentes Gil, es la falta de tiempo y los pocos recursos. Es aquí, recordó, que las universidades tienen un rol de acompañamiento desde sus distintas instancias de investigación. Además, el Trabajo Social tiene que trabajar más cercanamente con otros científicos de diferentes disciplinas, porque un problema tiene muchas aristas y cada ciencia social contribuye en su resolución, concluyó la magister Cifuentes Gil.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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«Declaración de Panamá sobre Venezuela»: intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y apoyo al golpismo

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 50

Declaración de Panamá sobre Venezuela- intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y apoyo al golpismo
Cinco ex presidentes de Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», que es una intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y un apoyo abierto a la intervención.

 

La Comisión Nacional de Enlace considera que la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», firmada por 26 ex presidentes, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, es una provocación y una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos de Venezuela. Esa Declaración forma parte de la ofensiva de la derecha y de los sectores más reaccionarios para hacer colapsar al legítimo gobierno de Venezuela y es un apoyo abierto al golpismo y a la intervención.

La «Declaración de Panamá» arremete contra la institucionalidad venezolana y en la práctica se convierte en un programa de gobierno de transición como pretendió ser el llamado al Acuerdo Nacional de Transición elaborado y defendido por el golpismo.

El documento fue firmado por 24 ex presidentes de América Latina y dos de España. Uno de ellos fue el ex mandatario José María Aznar, quien planteó que lo llenaba de orgullo haber contribuido a que 26 jefes de Estado se pusieran de acuerdo en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la lucha en favor de aquellas personas que sufren persecución por causa de la libertad. Sin embargo, Aznar fue calificado como un asesino por el propio presidente de Venezuela Nicolás Maduro, «el sangriento asesino de España», responsable de la muerte de un millón doscientos mil iraquíes «porque él promovió la guerra» de 2003 contra Irak, junto al ex mandatario George Bush, guerra criminal justificada con pruebas falsas.

Otra de las figuras que firmó el documento fue el ex presidente español Felipe González, un político indecente, que pretende ser ahora un supra juez para liberar, sin juicio, a terroristas y seguir promoviendo la violencia. Su decisión de defender a los golpistas Leopoldo López y Antonio Ledezma promueve la impunidad de los opositores violentos que sembraron el terrorismo en las calles y produjeron 43 muertes en Venezuela.

Ambos, Aznar y González son directamente responsables de la situación que vive hoy España, al imponer un modelo económicamente criminal que tiene en el desempleo a más del 25% de la población laboral de ese país.

Se sumó a la «Declaración de Panamá» Álvaro Uribe, ex mandatario de Colombia. No ha habido un mandatario más cuestionado, ética y moralmente, como el colombiano Álvaro Uribe, con tantas y tan graves acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Igual que Pinochet en Chile, profundizó el llamado terrorismo de Estado y dividió al país entre buenos y malos, entre los que eran amigos de la seguridad democrática y los que eran criminalizados por oponerse a su gobierno. Uribe se ha manifestado como un opositor al proceso de diálogo para alcanzar la paz en Colombia.

¿Y quiénes más firmaron la «Declaración de Panamá»?, lo firmaron Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Andrés Pastrana, y Belisario Betancur (Colombia); Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Luis Alberto Monge y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Eduardo Duhalde (Argentina), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani (El Salvador), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Lucio Guitiérrez y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Martinelli y Mireya Moscoso (Panamá), Alejandro Toledo (Perú) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

¿Y qué es lo que quieren los ex presidentes? Dicen que en consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con su palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociación, según ellos (as), que permita abrirle senderos a una solución no violenta, a la «mencionada crisis», proponen entonces que efectivamente hay que corregirlo todo, pero lo esencial es que es necesario desregular la economía venezolana. Es decir, someter de nuevo a Venezuela a los postulados del Consenso de Washington, del FMI y del Banco Mundial y que, por supuesto, para eso se requiere un liderazgo capaz de producir consensos democráticos y movilizar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades. En otras palabras, sueñan con volver a los viejos esquemas del corrupto Carlos Andrés Pérez y del bipartidismos venezolano y hundir de nuevo a Venezuela en la pobreza y el hambre.

Nótese que por Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela» cinco ex presidentes (a): Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, en alianza explícita y desvergonzada con figuras altamente cuestionadas moral y políticamente.

En relación con la participación de cinco ex presidentes (a) de Costa Rica que firmaron la «Declaración de Panamá», consideramos que es una abierta intromisión en los asuntos internos de Venezuela y calificamos este hecho como en extremo grave y altamente comprometedor para el pueblo de Costa Rica. Con la firma del documento lo que queda en claro es que efectivamente sectores importantes de la oligarquía costarricense le están apostando al derrocamiento del gobierno de Venezuela, situación que tiene implicaciones en todos los órdenes para nuestro país cosa que hemos denunciado en anteriores ocasiones, además de la vergüenza de ver el país sumado a una «Declaración de Panamá» con elementos altamente cuestionados en el ámbito moral y político.

La «Declaración de Panamá sobre Venezuela» demuestra que efectivamente existe una ofensiva brutal por parte de los sectores oligárquicos regionales y del imperialismo por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero no solo les interesa derrocar al presidente Nicolás Maduro sino revertir todos los procesos reivindicativos de los pueblos de América Latina. Sin duda alguna, se están moviendo las fuerzas más oscuras para derrocar el gobierno de Venezuela. Los sectores dominantes regionales e internacionales todavía no digieren que la correlación de fuerzas que está favoreciendo cambios políticos y sociales en América Latina, a favor de los pueblos, está en un proceso de consolidación y por cambios todavía más profundos.

Las organizaciones sociales de América Latina tenemos el deber de prepararnos para defender esos cambios, porque la ofensiva será brutal por parte de los sectores dominantes y del imperialismo para recuperar sus perversos privilegios.

 

Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.

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Presentan manual de intervención clínica a mujeres con fibromialgia

Investigadora brinda recomendaciones a profesionales de la salud

Presentan manual de intervención clínica a mujeres con fibromialgia
La M.Sc. Cynthia Córdoba explicó que el manual puede ser utilizado por médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas y demás profesionales involucrados en la atención de pacientes con fibromialgia (foto: Rafael León).

 

Tatiana Carmona Rizo

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que padecen fibromialgia, la M.Sc. Cynthia Córdoba, funcionaria de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR elaboró un manual que les brinda a los profesionales del campo de la salud una serie recomendaciones para atender de manera adecuada a los pacientes que sufren esta enfermedad.

El manual se basa en el enfoque de diagnóstico y tratamiento multidisciplinario de la fibromialgia y reúne una serie de herramientas teóricas que pueden ser utilizadas por médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales de salud para mejorar los procesos de atención a estos pacientes.

“La fibromialgia al ser una enfermedad que tiene una causa etiológica confusa y que presenta mucha sintomatología diversa como dolor, ansiedad y depresión, las pacientes para ser diagnosticadas tienen que asistir a distintos lugares de consulta, fue así como decidí elaborar un manual que integra recomendaciones en el área biológica, psicológica y familiar, desde el enfoque de la intervención multidisciplinaria” afirmó Córdoba.

La investigadora añadió que el desarrollo teórico del proyecto se fundamentó en los resultados de múltiples estudios que se realizaron a nivel internacional en diferentes disciplinas, así como en los alcances de la Psicología de la Salud.

Presentan manual de intervención clínica a mujeres con fibromialgia2
El manual toca temas como la promoción, la prevención, el diagnóstico y tratamiento multidisciplinario de la enfermedad y la rehabilitación integral (foto: con fines ilustrativos).

“El trabajo de integración implicó consultar material de consenso y protocolos de otras disciplinas científicas, trabajar con otros profesionales, con mujeres que tienen fibriomialgia y con sus familiares, para lograr recopilar información y producir los lineamientos de intervención” manifestó Córdoba.

La investigadora Cynthia Córdoba agregó que el objetivo principal del manual es que los profesionales del área de la salud puedan aplicar las recomendaciones desde su especialidad, consultar el aporte que realizan otras disciplinas e integrar la información para realizar un abordaje multidisciplinario y así mejorar la atención y la calidad de vida de las mujeres que padecen fibromialgia.

El Manual para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de mujeres con fibromialgia fue presentado, el miércoles 18 de marzo, en la sala 1 de la biblioteca Carlos Monge Alfaro.

Los interesados en adquirir la publicación pueden encontrarla en la Librería Universitaria.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La viga de tu ojo

Dr. Freddy Pacheco León.
Dr. Freddy Pacheco León.

Freddy Pacheco León

 

Se ha rechazar, con vehemencia la intromisión indebida y directa de los EUA, iniciada antes a través de venezolanos desde Caracas y Miami, como capitales del Golpe de Estado que se ha venido gestando. ¿Quién podría argumentar objetivamente que lo que sucede al interior de Venezuela «amenaza la seguridad interna de los EUA»?

Con argumentos falsos («armas de destrucción masiva») se invadió Irak y se dejó, después de muchos muertos y un gasto monumental, «la mansa embarrada». Los que fueron asesinados en Panamá con el supuesto de capturar a una sola persona (Noriega) fue parte de otro acto ilegal ejecutado en nuestra América. Otra vez fue en República Dominicana, invadida para deponer a un hombre (Caamaño). Y aunque la lista podría hacerse mayor si nos trasladamos unos cuantos años atrás en que EUA jugaba el papel de soporte de sátrapas como Somoza, Pérez Jiménez, Batista, Trujillo… nos damos cuenta que el asunto no es jugando.

Es deber de todo patriota venezolano, empezando por su presidente constitucional, rechazar cualquier intento de intromisión en sus asuntos internos, y ha hecho muy bien el Presidente Nicolás Maduro en manifestarse con energía en contra de la declaración de un presidente de otro país que, incapaz de valorar la palabra del Maestro cuando dijo: “¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: “Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo”, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Lucas 6, 41-42).

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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UNDECA exige que gobierno de Costa Rica se pronuncie contra la intervención y la guerra

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, solicita al Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera que se pronuncie en contra de cualquier tipo de intervención en Venezuela.

Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA, manifestó que “la guerra debe ser desterrada de Latinoamérica. El respeto al proceso democrático y el derecho de los pueblos a autodeterminarse debe imperar. El argumento de que Venezuela amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos parece sólo un pretexto para invadir a un país de tradición petrolera.”

Es con argumentos similares que el gobierno de Estados Unidos ha promovido intervenciones militares en otras latitudes, que posteriormente resultaron absolutamente falsos, con el interés exclusivo de defender intereses económicos y geopolíticos. Las experiencias han sido nefastas como la intervención a países hermanos como Panamá y Honduras, cuyas consecuencias todavía se mantienen o el apoyo decido a mercenarios y dictaduras genocidas culpables de grandes crimines de guerra.

Por su parte Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, indicó que “Costa Rica, país con autoridad y respeto mundial por su tradición pacifista y como miembro de la CELAC debe manifestarse públicamente en contra de cualquier medida militar, por lo que significaría una guerra y los perniciosos efectos para miles de hombres, mujeres y niños en nuestro continente.”

Esta arremetida neoliberal y belicista es contra los cambios políticos y los gobiernos progresistas en nuestra América, que luchan por justicia social para los pueblos, y no se justifica.

 

Enviado a SURCOS Digital por UNDECA.

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