Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La pacífica y bucólica Costa Rica nunca ha estado exenta de la tentación de las cacerías de brujas, en distintos momentos de su historia, las que si bien no alcanzaron jamás las dimensiones de las ocurridas en la localidad de Salem, Massachussets, cuando un grupo de mujeres fueron acusadas de presuntos “tratos” con el diablo, siendo ejecutadas en la horca, durante los últimos años del siglo XVII, entre 1692 y 1693, no han estado ausentes del todo en nuestro horizonte político y social, teniendo como punto de partida la intolerancia religiosa, política o racial aún existentes entre nosotros.
La intolerancia y el fanatismo en materia religiosa y cultural, por parte del alto clero católico se puso de manifiesto durante el conflicto con los liberales, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, el que se saldó con las leyes liberales y la prohibición al clero de participar en la vida política electoral. Sin embargo, hubo cierta persecución hacia quienes predicaron y adoptaron el protestantismo liberal durante las primeras décadas del nuevo siglo, especialmente en las zonas rurales donde el predominio católico era casi total.
Los protestantes, por su parte, se institucionalizaron y expandieron su ámbito de influencia a través de la creación del Hospital Clínica Bíblica, concebido para favorecer a los sectores populares (propósito que fue distorsionado durante la segunda mitad del siglo XX al convertirse la medicina privada en un gran negocio), y del Seminario Bíblico Latinoamericano fundado en 1923, que se convirtió en los últimos años del siglo XX en la Universidad Bíblica Latinoamericana, heredera de la tradición académica y de los recursos documentales del primero.
Por otra parte, no hubo partidos políticos confesionales hasta un siglo después, cuando las sectas neopentescostales irrumpen en la vida política, durante los últimos años del siglo XX, desde posiciones muy reaccionarias, integristas y proclives al neofascismo, que establecieron vínculos estrechos con Jair Bolsonaro en Brasil y Yanine Áñez en Bolivia. La incidencia de este factor terminó por favorecer al statu quo político, representado por el PAC en las elecciones de 2014 y 2018, especialmente esos comicios en que Carlos Alvarado se enfrentó al neopentecostal Fabricio Alvarado, a quien venció en las urnas con un programa político proclive a la derecha y al autoritarismo, como herramienta para imponer las políticas de shock impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Tal y como habíamos dicho líneas atrás, Costa Rica vivió en un estado de excepción e intolerancia políticas, mucho más sufridas y percibidas por las víctimas que por los victimarios, quienes por lo general tienden a naturalizar o restarle importancia a estos hechos, durante el primer cuarto de la segunda mitad del siglo pasado, lo que constituye un período bastante extenso del devenir histórico de la sociedad costarricense, suficiente como para no haber dejado huellas profundas en la mentalidad de la población.
Con la derogatoria, más bien modificación, del párrafo segundo del artículo 98 de la constitución política de 1949, si bien se garantizaron los derechos políticos a la izquierda costarricense, se dejó siempre en manos del Tribunal Supremo de Elecciones todo lo relativo a la formación, medios de acción, ideología y estructuras organizativas de todos los partidos políticos, un hecho que a lo largo de los últimos años del siglo anterior y las dos primeras décadas del presente, terminó por dar al traste con la partidocracia costarricense, al distorsionarla esencialmente por la conversión de los partidos políticos en meros apéndices del estado, pudiendo el mencionado TSE disolverlos o distorsionarlos de acuerdo con los intereses de sus integrantes, por lo que la corrupción ha sido monstruosa, especialmente en lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales.
A pesar de la existencia del sostenido estado de excepción, a que hemos venido haciendo alusión y del feroz anticomunismo de oficio que imperaron durante la segunda mitad del siglo XX, el estado social de derecho y las conquistas sociales más importantes de la década del cuarenta mantuvieron su dinamismo hasta bien entrados los años ochenta, cuando empezaron los programas de ajuste estructural y se impuso en la región el mal llamado “Consenso de Washington” en la década de los noventa, dentro de lo que resulta una paradoja que confunde a mucha gente.
