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Etiqueta: inversionistas

Los desafíos de Crucitas siguen ahí: «Clima de negocios» Inversiones, ambiente y derechos humanos

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).

Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:

Gobierno

MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas

Diputaciones

Empresarios-Políticos

Colegio profesional

29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos

Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.

Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.

En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).

Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.

Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera,  cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.

Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.  En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.

PDFImagen

Tras casi dos años, inversionistas afectados por caso Aldesa continúan en la incertidumbre

El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Aldesa Corporación de Inversiones (subsidiaria de la firma financiera Aldesa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios) anunció problemas de liquidez y solicitó intervención judicial, lo cual implicó la suspensión de pago a los inversionistas.

Pero no se trata de inversionistas arriesgados, sino pequeños ahorrantes y asociaciones solidaristas, quienes alegan que Aldesa nunca les advirtió que los recursos captados estaban en Aldesa Corporación de Inversiones (de oferta privada y por tanto no regulada) y no en el Grupo Bursátil Aldesa (que albergaba el puesto de bolsa y se encontraba bajo el control de las superintendencias).

“Aldesa nos planteó una cara de normalidad, donde algunas de sus empresas estaban inscritas en el puesto de bolsa, en la operadora y otras entidades, pero para sorpresa nuestra la plata termina en otros negocios, no sabemos donde todavía”, explicó Gonzalo Meza, abogado de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado.

De acuerdo con Meza, las asociaciones solidaristas que representa no estaban enteradas de que los recursos captados por parte de Aldesa se movían hacia sociedades no reguladas como Aldesa Corporación de Inversiones, debido a que las asociaciones mantienen un perfil “conservador”, es decir, buscan invertir los recursos de forma segura y no en proyectos de alto riesgo.

Flora Fernández, hija de una de las inversionistas afectadas, comentó a SURCOS que ella y su familia desconocían por completo que las inversiones de su madre (quien incluso se había asesorado con un economista de renombre para colocar los ahorros de toda su vida en Aldesa, por tratarse de una firma reconocida) estaba en proyectos que no tenían ninguna garantía.

“Yo me enteré que todo estaba fuera de regulación cuando reventó el caso. Yo me hice cargo de las inversiones de mi madre en 2015 cuando aparece con Alzheimer, y continué muy tranquila creyendo que todo estaba regulado porque así se lo había dicho el corredor de bolsa y me lo había dicho a mí. Ella había manejado muy bien su dinero toda la vida, le había costado muchísimo levantar esos ahorros”, agregó Fernández.

Pero hasta ahora el caso no avanza. Más de 30 asociaciones solidaristas y cientos de pequeños inversionistas se mantienen a la espera.

“Requerimos acción. Hay pequeños inversionistas defraudados, no son ricachones como han dicho algunos, son asociaciones solidaristas, es gente que ahorró toda su vida y hoy lo está perdiendo todo”, comentó el abogado Meza.

¿Y los responsables?

En opinión de Fernández, los tres poderes de la República y las superintendencias cargan con responsabilidad, y agregó que la prensa se ha mantenido silenciosa con el caso.

“El abanico de responsables es grande. Las instituciones son las principales responsables. Si ellas hubiesen encendido las alertas, que es para lo que están, otro gallo habría cantado”, comentó la afectada.

En Costa Rica la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) son entidades encargadas de fiscalizar el funcionamiento de los mercados de valores, el sistema financiero y proteger a los inversionistas.

Según Meza “debemos devolverle la confianza al inversionista pequeño que está haciendo un esfuerzo de ahorrar en momentos de crisis para que este país se reactive y dándole buena garantía de supervisión”.

El mejor desenlace

Para Fernández el mejor desenlace sería la quiebra de Aldesa, la cual cataloga de “inminente” a pesar de que no se logre recuperar nada.

“En caso de quiebra podríamos determinar si fue fraudulenta o si fueron malos negocios. Yo estoy convencida que es la primera. Se deben sentar las responsabilidades del caso y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero engañarnos con que los inversionistas podríamos echar a andar la empresa en tiempos de pandemia, olvídese, eso no va a caminar ni un paso”, opinó.

De acuerdo con el abogado Meza, la quiebra implicaría saber qué fue lo que pasó, debido a que aún hay información que no está clara “si no hay devolución del dinero que por lo menos se sienten las responsabilidades en las personas, aquí hay gente de mucho peso, hay un montón de gente involucrada que tiene que darnos una respuesta”, agregó.

 

Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad.

El cartel de Crucitas

Óscar Madrigal

El problema ambiental de Crucitas, -dice el ex-ministro de ambiente Carlos Rodríguez en entrevistas a medios de prensa-, fue una invasión orquestada por Industrias Infinito, desde Abangares, por los dueños de las fincas y los grandes comerciantes del oro. Esas declaraciones son muy ilustrativas e impactantes. No ha sido un asunto de un grupo de coligalleros artesanales improvisados que venían de Nicaragua y se llevaban El Oro hacia ese país. Eso fue un cuento de hadas.

Detrás de este negocio está un Cartel del crimen organizado dedicado al trasiego del oro, de personas, de drogas, organizados en tres grupos.

Industrias Infinito incentivó la invasión de Crucitas e incluso indicó dónde estaba el oro.

Señaló a los medios por un manejo irresponsable del tema y también a varios diputados como Thompson. La comparecencia del Ministro en una comisión de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por el ridículo, haciéndole evidentemente preguntas sin ninguna trascendencia, sin ir al fondo del asunto mediante interrogantes redactadas por terceros que los diputados no sabían ni leer bien (Tal vez el Cartel intervino en ello).

El nivel del Cartel abarca a muchos peces gordos que aún no han sido detenidos y es ENORME, con muchas aristas.

Como queda dicho por el exministro, nos han estado vendiendo un poco de humo. Los noticieros hacían énfasis en que se trataba de personas individuales cuando estábamos en presencia de un ataque bien orquestado por grandes inversionistas, que ha tenido eco bien organizado en la Asamblea Legislativa.

La campaña para desinformar tenía como objetivo culpar a los ambientalistas del daño ecológico ocurrido en Crucitas, cuando era la misma Industrias Infinito la que estaba detrás de ello, y por tanto desacreditarlos. Además, ante el desorden o “desmadre” presentar proyectos de ley para permitir la explotación minera a cielo abierto y, por fin, liberar de responsabilidad a Oscar Arias de las ilegalidades que ocurrieron en todo este negociado.

Nos ocultaron el elefante de Crucitas. Estamos en presencia del CARTEL DE CRUCITAS. Un motivo más para dudar de la calidad de la información que recibimos.