El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Aldesa Corporación de Inversiones (subsidiaria de la firma financiera Aldesa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios) anunció problemas de liquidez y solicitó intervención judicial, lo cual implicó la suspensión de pago a los inversionistas.

Pero no se trata de inversionistas arriesgados, sino pequeños ahorrantes y asociaciones solidaristas, quienes alegan que Aldesa nunca les advirtió que los recursos captados estaban en Aldesa Corporación de Inversiones (de oferta privada y por tanto no regulada) y no en el Grupo Bursátil Aldesa (que albergaba el puesto de bolsa y se encontraba bajo el control de las superintendencias).

“Aldesa nos planteó una cara de normalidad, donde algunas de sus empresas estaban inscritas en el puesto de bolsa, en la operadora y otras entidades, pero para sorpresa nuestra la plata termina en otros negocios, no sabemos donde todavía”, explicó Gonzalo Meza, abogado de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado.

De acuerdo con Meza, las asociaciones solidaristas que representa no estaban enteradas de que los recursos captados por parte de Aldesa se movían hacia sociedades no reguladas como Aldesa Corporación de Inversiones, debido a que las asociaciones mantienen un perfil “conservador”, es decir, buscan invertir los recursos de forma segura y no en proyectos de alto riesgo.

Flora Fernández, hija de una de las inversionistas afectadas, comentó a SURCOS que ella y su familia desconocían por completo que las inversiones de su madre (quien incluso se había asesorado con un economista de renombre para colocar los ahorros de toda su vida en Aldesa, por tratarse de una firma reconocida) estaba en proyectos que no tenían ninguna garantía.

“Yo me enteré que todo estaba fuera de regulación cuando reventó el caso. Yo me hice cargo de las inversiones de mi madre en 2015 cuando aparece con Alzheimer, y continué muy tranquila creyendo que todo estaba regulado porque así se lo había dicho el corredor de bolsa y me lo había dicho a mí. Ella había manejado muy bien su dinero toda la vida, le había costado muchísimo levantar esos ahorros”, agregó Fernández.

Pero hasta ahora el caso no avanza. Más de 30 asociaciones solidaristas y cientos de pequeños inversionistas se mantienen a la espera.

“Requerimos acción. Hay pequeños inversionistas defraudados, no son ricachones como han dicho algunos, son asociaciones solidaristas, es gente que ahorró toda su vida y hoy lo está perdiendo todo”, comentó el abogado Meza.

¿Y los responsables?

En opinión de Fernández, los tres poderes de la República y las superintendencias cargan con responsabilidad, y agregó que la prensa se ha mantenido silenciosa con el caso.

“El abanico de responsables es grande. Las instituciones son las principales responsables. Si ellas hubiesen encendido las alertas, que es para lo que están, otro gallo habría cantado”, comentó la afectada.

En Costa Rica la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) son entidades encargadas de fiscalizar el funcionamiento de los mercados de valores, el sistema financiero y proteger a los inversionistas.

Según Meza “debemos devolverle la confianza al inversionista pequeño que está haciendo un esfuerzo de ahorrar en momentos de crisis para que este país se reactive y dándole buena garantía de supervisión”.

El mejor desenlace

Para Fernández el mejor desenlace sería la quiebra de Aldesa, la cual cataloga de “inminente” a pesar de que no se logre recuperar nada.

“En caso de quiebra podríamos determinar si fue fraudulenta o si fueron malos negocios. Yo estoy convencida que es la primera. Se deben sentar las responsabilidades del caso y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero engañarnos con que los inversionistas podríamos echar a andar la empresa en tiempos de pandemia, olvídese, eso no va a caminar ni un paso”, opinó.

De acuerdo con el abogado Meza, la quiebra implicaría saber qué fue lo que pasó, debido a que aún hay información que no está clara “si no hay devolución del dinero que por lo menos se sienten las responsabilidades en las personas, aquí hay gente de mucho peso, hay un montón de gente involucrada que tiene que darnos una respuesta”, agregó.

Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad.