Dra. Patricia Fumero, representante del área de Artes y Letras, Consejo Universitario y exdirectora del Instituto de Investigaciones en Arte (2014-2021); Dr. Bértold Salas, director del Instituto de Investigaciones en Arte.
En el marco del décimo aniversario del Instituto de Investigación en Artes reflexionamos sobre una instancia creada con el propósito de romper paradigmas en la investigación.
En su búsqueda de legitimidad, la investigación artística ha tenido que superar numerosas barreras y no pocas miradas incrédulas. Mencionemos tres de ellas, reconocidas desde nuestra experiencia en la dirección en el Instituto de Investigaciones en Arte, que en este marzo cumplió diez años.
La primera se encuentra entre las personas artistas, así como entre los docentes que enseñan artes y experimentan en el espacio académico, quienes no siempre conciben su propio trabajo como una forma de crear conocimientos que merece ingresar en la arena de los debates intelectuales y científicos. De esta manera, los aprendizajes y resultados de incontables procesos artísticos y didácticos se quedan en el espacio privado o, en el mejor de los casos, en las aulas, talleres y salas de ensayo, para beneficio exclusivo de los participantes, dejando al resto de la comunidad artística y académica sin los saberes generados. Pero esta barrera se ha resquebrajado, y en la última década los docentes del área de artes inscribieron 48 proyectos en el IIArte, a los que se suman 26 proyectos desarrollados desde las ingenierías, la física, la química y las humanidades que estudian las artes desde el paradigma STEAM. Además, ESCENA. Revista de las Artes se ha posicionado internacionalmente en el campo de la investigación en artes.
Una segunda barrera tiene que ver con la percepción que en otras áreas del conocimiento se tiene sobre los saberes producidos en el marco del quehacer artístico. Con el objetivo de solventar esta barrera, desde el IIArte reconocemos las metodologías de investigación en artes, las cuales responden preguntas que rebasan el método científico, además de trabajar transversalmente con las ciencias fácticas, formales, naturales y sociales para producir nuevos conocimientos y soluciones a diversas problemáticas en forma conjunta y transdisciplinaria.
Finalmente, la tercera barrera de incredulidad, es la que enfrenta todo instituto o centro de investigación en la Universidad de Costa Rica: el reto de convencer a propios y extraños que una institución superior latinoamericana es algo más que un listado de carreras y cursos y un conjunto de salones de clase. La investigación costarricense debe ser protegida y cultivada, y el IIArte, como cualquier otra institución análoga, viene a afirmar que la universidad es un espacio para la reflexión y, por supuesto, la generación de conocimientos, nuevos y autóctonos.
El Instituto de Investigaciones en Arte fue fundado hace una década como respuesta a una necesidad, que no era exclusiva de las personas académicas de la Facultad de Artes, sino de la Universidad de Costa Rica y de la sociedad costarricense: articular los esfuerzos por estudiar las prácticas artísticas, además de contribuir a su estímulo y, por qué no, aprender de ellas. A una década de trabajo constante y frente a un mundo y una Costa Rica cada vez más violenta, desigual y con escasas oportunidades para cultivar la sensibilidad, es necesario ir contra corriente, y hacer, compartir y pensar desde y sobre el arte. De la misma forma que procuramos incidir en los paradigmas contemporáneos basados en el STEAM, en el cual las artes se incorporan al desarrollo del conocimiento y económico a partir del trabajo transdiciplinario y en condición de paridad con las ciencias ciencias fácticas, formales, naturales y sociales.
La Universidad de Costa Rica es una institución humanista que reconoce el papel que juegan el arte y la cultura en la paz social, el desarrollo democrático y económico, la salud mental y, en general, la calidad de vida de las personas. En consecuencia, desde el IIArte hemos posicionado la investigación en artes y deliberamos sobre su pertinencia y las condiciones que la caracterizan. La investigación en arte contribuye al desarrollo nacional, a un mejor ejercicio docente, así como a producir prácticas artísticas más reflexivas y complejas. En su diversidad de formas e ingresos (en, sobre, desde, a través de las artes), y en diálogo con otras disciplinas, resulta una oportunidad para pensar la práctica artística e invita a repensar la investigación.
Dra. Patricia Fumero Vargas Representante del área de Artes y Letras, Consejo Universitario Ex Directora del Instituto de Investigaciones en Arte (2014-2021)
Dr. Bértold Salas Murillo Director del Instituto de Investigaciones en Arte
En días recientes, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha recibido ataques y cuestionamientos a partir de argumentos que combinan señalamientos basados en información desactualizada, falsas o mezcladas con otras que constituyen desafíos. Pareciera que quienes quieren ver debilitada a la UCR les molesta la sólida valoración de nuestra institución de educación superior en los rankings internacionales independientes, o también la consistente consideración de ser la institución mejor evaluada del país en todas las encuestas en que esto se pregunta. También pareciera molestarle que ejerzamos la autonomía universitaria, establecida en la Constitución Política.
En el presente artículo se intenta deconstruir algunos de estos estereotipos con información sobre una de las actividades sustantivas que desarrollamos en la UCR: la investigación. Desde la comunidad universitaria debemos responder con datos veraces a la información falsa que propalan en contra la educación superior pública, con el propósito de debilitarla y reducirla al mínimo posible como consecuencia de la regla fiscal y la ley de empleo público.
El modelo universitario y la gestión de la investigación
Con frecuencia, las críticas parten de una comprensión equivocada de lo que es el modelo universitario de la UCR, resultado del desconocimiento de sus actividades sustantivas. Otras veces, la crítica responde a la intención de distorsionar la imagen institucional para deslegitimar a la institución.
La UCR es una universidad de vocación humanista. Esta formación, que inicia en los Estudios General y continúa a lo largo de la senda de formación universitaria, es sustancial porque permite formar y reflexionar sobre principios necesarios para la sociedad del mundo de hoy, como son la solidaridad, el respeto a las diferencias, la pluralidad, la justicia y la necesidad de cuidar el planeta, entre otros. La formación humanística es estratégica en la educación universitaria porque ayuda a la población estudiantil a desarrollar habilidades críticas y reflexivas, a comprender la complejidad y diversidad del mundo, mejorar sus habilidades de comunicación y a apreciar la cultura en su sentido amplio.
La UCR tiene una aspiración a la integralidad, es una universidad completa, con actividad en todas las áreas de conocimiento. Tiene vocación democrática, tanto en su forma de gobierno, como en su acceso y cobertura. Tiene una visión crítica, con vocación transformadora, en función del bien común y la sostenibilidad ambiental. Por eso su compromiso con la búsqueda de soluciones a los grandes problemas y desafíos que enfrenta nuestro país. Su quehacer sustantivo, es la docencia de grado y posgrado, pero también la investigación y la acción social. Esta concepción está reflejada en los principios y objetivos del Estatuto Orgánico institucional.
Una de las distorsiones frecuentes, en particular cuando se quiere recortar su presupuesto, es proyectar la imagen de que la UCR solo hace docencia. Es una forma de ponernos en el mismo plano que las universidades privadas, invisibilizando el importante aporte que se realiza en acción social e investigación. En las siguientes secciones, explicaré la importancia de la investigación dentro de la UCR y el impacto transformador en nuestra sociedad.
La importancia y alcance de la investigación
Con relación a la labor de investigación, se niega la misma o se hacen afirmaciones propias de producción de posverdad. Por ejemplo, se sostiene de manera tajante que no hay planificación de la investigación y que esta es resultado de las ocurrencias de investigadores, que obtienen el financiamiento a partir de su influencia personal, insinuando malas prácticas de gestión.
Lo cierto es que la formulación de proyectos y programas de investigación, así como la definición de los problemas que se intentan resolver no son resultado de ocurrencias antojadizas, sino de la investigación acumulada y producida desde las comunidades científicas, propias, nacionales e internacionales. También responden a la planificación de la actividad investigativa y de la evaluación rigurosa de los proyectos que se aprueban después de ser evaluados por pares internos y externos.
En esa línea, las propuestas de proyectos se presentan en diversos órganos científicos colegiados y estructuras de investigación que forman parte de las unidades académicas, centros e institutos, que a su vez integran la estructura de gestión de la Vicerrectoría que coordina esta actividad. Estos son los órganos que evalúan la calidad y la pertinencia de los proyectos y de orientar el quehacer de investigación de la institución.
La distribución de recursos y apoyos se realiza sobre la base de la calidad, la pertinencia y el aporte de las propuestas. Los temas y problemas por resolver en estas investigaciones no son antojadizos, son el resultado de procesos de análisis y estudio cuyo objetivo principal es garantizar que la investigación por desarrollar significará la producción de conocimiento original y, eventualmente, un aporte innovador o de impacto para la sociedad.
La planificación y perspectiva de mediano y largo plazo de la investigación también ha permitido importantes inversiones en infraestructura, equipos y materiales que permiten desarrollar proyectos en este campo de relevancia científica y tecnológica, así como de gran impacto económico, social y ambiental. Esto se hace con el apoyo y supervisión de la Vicerrectoría de Investigación y en conexión con las unidades académicas en la gran mayoría de los casos.
El perfil de la investigación
La investigación que realiza la UCR representa aproximadamente 60% del total que se produce en el país y cerca del 50% de la región centroamericana. La gestión de esta actividad se ha vuelto mucho más compleja y se desarrolla bajo los mejores estándares internacionales. Hoy, la UCR cuneta con 39 centros de investigación, 13 institutos de investigación, 2 laboratorios nacionales y 21 estaciones experimentales, fincas, jardines y reservas.
Hay cerca de 2000 personas investigadoras activas, de las cuales el 46% son mujeres. Cerca del 42% tienen doctorado, 27,7% tienen maestría y 23,8% tiene licenciatura. Es decir, es una comunidad científica con alta calificación en términos de su formación académica.
En términos de la cantidad de proyectos de investigación, en 2021 se tenían 1909 iniciativas activas. En perspectiva quinquenal, entre 2016 y 2021 se desarrollaron 3.509 proyectos en más de 100 disciplinas, en todo el territorio nacional, con gran impacto científico-tecnológico y con una significativa incidencia económica, social y ambiental.
En cuanto a las áreas de conocimiento, los proyectos activos en 2021 se desagregaron de la siguiente manera: Artes y letras 132 proyectos (6%); Ciencias Agroalimentarias 219 (11,5%); Ciencias Básicas 516 (27%); Ciencias Sociales 409 (21,4%); Ingeniería 193 (10,1%) y Salud, 273 (14,3%). Las sedes sumaban 143 proyectos activos en 2021 (7,4%).
Los principales focos de investigación
Estos proyectos de investigación tienen estrecho vínculo con temáticas o problemas de la realidad nacional y, además, se ha apostado por el desarrollo inter, trans y multidisciplinario, como se puede observar a partir del agrupamiento por focos o ejes de investigación:
Salud y calidad de vida
48 proyectos de investigación en el marco de la Pandemia de la COVID 19, algunos de ellos continúan estudiando los efectos del virus y sus efectos posteriores.
31 proyectos de tratamiento de cáncer, incluyendo terapias, tratamiento experimental, estudio de factores de riesgo y análisis celular.
40 proyectos sobre salud mental, que incluyen temas como envejecimiento enfermedades demenciales y manejo de adicciones.
55 proyectos sobre antimicrobianos y enfermedades transmisibles, que incluyen alteraciones genómicas, actividad inhibitoria, sistema inmune, mecanismos de activación, resistencia, Aedes aegypti (dengue, fiebre amarilla, chikunguña y fiebre de Zika), Antimicrobianos, HIV.
43 proyectos de síndromes y enfermedades no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades hematológicas, síndrome metabólico, hematología.
78 proyectos sobre salud pública y sistemas de salud, con temas tales como el análisis de los sistemas de salud, salud pública, salud bucodental, obesidad y medicina preventiva.
2 proyectos relacionados con sueros antiofídicos (140 especies en serpientes venenosas en CR), cuyo impacto incluye protocolos de atención médica, recurso terapéutico para la atención de mordeduras de serpientes. Estos proyectos tienen una importante proyección internacional.
Agronomía y nutrición saludable
311 proyectos en productividad y competitividad del agro, resistencia factores abióticos y bióticos adversos al cultivo, adaptación y mitigación al cambio climático en el agro, mayor calidad nutritiva de nuestros productos alimenticios.
33 proyectos de nutrición animal orientados a una mayor calidad de alimentos para consumo animal, mejores materias primas, nutrientes y suplementos de consumo animal, reducción de erosión y promoción de reforestación, mejora en la reproductividad animal y mayor crecimiento de los animales.
Infraestructura y materiales
20 proyectos de investigación en nanotecnología, materiales, y ecomateriales, que podrían servir obra y política pública, así como para la industria.
Gestión del riesgo, prevención de desastres, cambio climático, océanos, diversidad biológica y recurso hídrico
370 proyectos de investigación en comportamiento de especies, ciclo hidrológico, resiliencia y capacidad de adaptación, educación y sensibilización ciudadana, meteorología, geografía, inventario de biodiversidad, amenazas naturales y vulnerabilidad social, mapeo y gestión de riesgo, abordaje psicosocial, instrumentos de medición, estudio de sismos y mecanismos de información y prevención.
33 proyectos que incluye estudios sobre la calidad de aguas, aguas residuales, la contaminación de agua, gestión de recursos, estudio de cuencas, ríos y tratamientos de aguas.
Desarrollo de ciudades, preservación de patrimonio y cultura
47 proyectos de investigación en turismo local, artes plásticas, artes visuales y patrimonio cultural.
36 proyectos sobre cultura e interculturalidad, lingüística, gobernabilidad, educación, prácticas ambientales, violencia, lengua, territorio, desarrollo del turismo.
Crecimiento económico, desigualdades, pobreza y desempleo
49 proyectos que abarcan análisis de macroeconomía, el ecosistema empresarial, la política monetaria, entre otros temas.
Educación y desarrollo
201 proyectos relacionados con estrategias de educación, gestión y evaluación educativa, pedagogía, mejoramiento de sistemas educacionales, evaluación, protocolos pedagógicos y acreditación de carreras
La investigación aplicada y la transferencia de conocimiento para la innovación
La UCR ha hecho un esfuerzo importante para fortalecer el desarrollo de investigación aplicada y la transferencia de conocimiento orientado hacia la innovación y el emprendimiento con el propósito de fortalecer el vínculo con la sociedad costarricense, en particular con el sector productivo.
Para ello ha creado la Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID). Desde esta plataforma, por medio de sus distintas unidades, se impulsa 88 casos de proyectos con innovación en proceso y tiene 23 nuevas oportunidades para innovar.
Desde AUGE, la incubadora de la UCR y parte de la DIPROVID, se acompaña cerca de 150 proyectos de emprendimiento dinámico y tecnológico, así como de emprendimientos derivados o Spin-Off. Esta incubadora es la más grande del país y de la región centroamericana.
Un último punto para mencionar es que desde DIPROVID se coordina el Hélice, programa que es resultado de un convenio bilateral entre Costa Rica y Corea y que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA). Hélice cuenta con el acompañamiento de la Universidad de Corea y está orientado a fortalecer las capacidades de la UCR para desarrollar transferencia de conocimiento por medio de la colaboración entre la universidad y el sector externo, así como los emprendimientos universitarios. En este momento, se han aprobado 38 proyectos de cooperación entre la comunidad científica y contrapartes del sector externo. Estos proyectos responden a cinco focos de innovación: agricultura y nutrición saludable, salud y calidad de vida, tecnología y sociedad, creación y cultura, y, ambiente y energía.
Como queda en evidencia, se está realizando un importante esfuerzo institucional para aumentar el impacto de la investigación generada por la UCR por medio de su difusión y transferencia de conocimiento orientada hacia la innovación. Se busca incidir en la mayor cantidad de sectores y las distintas regiones del país y que derive en beneficios concretos para las MIPYMES, el ecosistema de innovación y emprendimiento nacional y la ciudadanía en general.
A modo de cierre
El análisis realizado evidencia que los estereotipos y acusaciones que se vierten sobre la UCR no tienen asidero en la realidad actual de nuestra institución, mucho más compleja y diversa que hace tres o cuatro décadas. Nuestra investigación no es improvisada, es evaluada seriamente y tiene un importante impacto en términos de innovación en todos los sectores del país. Por ello, somos un actor clave del eco-sistema de innovación y emprendimiento del país.
Sabemos que no somos una institución perfecta. Tenemos muchas oportunidades de mejora y somos conscientes de ello. Pero la UCR no es una promesa incumplida. Es la universidad con el mejor desempeño de la región centroamericana y una de las mejores de América Latina, según las variables que se utilizan a nivel de evaluaciones internacionales independientes y también según los estudios de la opinión pública nacional que nos colocan de forma sistemática como la institución mejor valorada del país.
No nos dormimos en nuestros laureles, seguiremos trabajando individual y colectivamente para mejorar y servir de mejor manera a nuestro país y, de esa forma, tal y como indica el artículo 3 de nuestro Estatuto Orgánico, contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.
Alberto Cortés Ramos Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID-UCR)
El colectivo Mujeres por Costa Rica se manifiesta en contra del proyecto 23.380 “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” (FEES)
El proyecto del Gobierno de Costa Rica de una “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” y las afirmaciones, que a menudo se escuchan por parte de sus funcionarios, sobre estas instituciones, constituyen una de las mayores agresiones de un Gobierno de la República y, evidencian un desconocimiento, impropio del Poder Ejecutivo, sobre su función fundamental.
El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor aún, equivocada de lo que son las universidades públicas; se desconocen profundamente sus características y la esencia de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, es claro que se omite que durante las décadas de 1980 y 1990, ese financiamiento se vio severamente disminuido. En esos años el FEES pasó del 1,15% del PIB al 0,79%, con las consecuencias negativas que muchas personas conocen. La educación no debe entenderse como un gasto, es una inversión: se invierte para generar conocimientos, formar profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad costarricense.
Las universidades públicas no son simples casas de enseñanza, formadoras de profesionales, como se deduce del proyecto; son instituciones que generan la mayor parte de la investigación en ciencia, tecnología y las diversas ramas del conocimiento e invierten el 70% de los recursos nacionales para esos fines; en los campus universitarios se encuentra el 72% de institutos y centros de investigación y trabaja el 83% de los investigadores del país. Ese aporte a la sociedad costarricense se hace gracias al FEES y a los recursos propios que generan las universidades mediante proyectos con instancias públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La mayor parte de los proyectos se dirigen a sectores sociales productivos específicos, favoreciendo el desarrollo social. Además, es conocido que existe una profunda imbricación entre el quehacer universitario y la sociedad.
No es cierto, como equivocadamente se presenta en el proyecto 23.380, que los presupuestos universitarios se destinan, fundamentalmente, a financiar generosas anualidades y privilegios. En general los salarios universitarios están acordes o por debajo del resto de la administración pública y varios de los aumentos, que inciden en el balance presupuestario, han respondido a disposiciones o resoluciones de tribunales nacionales, como es el caso, de los profesionales del sector salud, en la UCR, en donde un fallo de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), obligó, al acatamiento de la Ley de Incentivo Médicos.
En cuanto a su estudiantado, los presupuestos universitarios han permitido ofrecer una educación de calidad a jóvenes provenientes de 81 cantones del país, un 79% de su totalidad son jóvenes que salieron de colegios públicos o subvencionados y un 21% de colegios privados. De esta forma, nadie que tenga las condiciones académicas ha dejado de estudiar por falta de recursos, debido al robusto sistema de becas que existe; se ha aprovechado el talento rural y urbano, lo que ha permitido que jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza tengan la posibilidad de estudiar.
Cuando, además, se señala que las universidades no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la necesaria pregunta: ¿qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales, principalmente, para la empresa privada y su interés mercantil?. La visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demanda la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto, tan necesario en tiempos presentes, de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, del arte y las humanidades?. Esas son, precisamente, las humanidades, las que desarrollan en sus graduados, las destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, la convivencia que tanto han influido en la idiosincrasia nacional, en fin, con una calidad superior para el servicio social.
No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades viven exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario, siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc.), de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente.
No es admisible, tampoco, una propuesta que irrespeta los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, en el proyecto 23.380, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), que quinquenalmente ha elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, con intereses politiqueros, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES.
Un planteamiento gubernamental, que viola la autonomía de las universidades es inadmisible. La Constitución de 1949, fue muy clara y es contundente en ese principio, al darle a la universidad, “independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio”. El Estado tiene un compromiso y una obligación con el desarrollo nacional y esto incluye, el respeto de la autonomía universitaria y el adecuado financiamiento de las universidades, como lo señala la Constitución Política.
Por todo lo anterior, la defensa frente a un proyecto que atenta contra los derechos de las universidades se impone, de manera necesaria y urgente; así como ante cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.
Hay que tomar decisiones sobre el rumbo del país, que estas decisiones conllevan, requerimos, pensar principalmente en caminar hacia la sociedad del conocimiento y la información y, en el papel vital de la educación superior pública para un desarrollo compatible con las riquezas naturales que tiene nuestro país. La discusión que se enfrenta en el presente no es solamente técnica o financiera, es política y debe enmarcarse en términos de un desarrollo nacional sostenible, equilibrado, equitativo e inclusivo; justo y acorde con los derechos de solidaridad.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica insta a la comunidad nacional a luchar, hoy más que nunca, por defender la perspectiva de que la educación superior sea de calidad, que sea una opción viable y acorde al desarrollo integral de las comunidades, las familias y las personas, y que mantenga su concepción de bien social y no se instrumentalice al servicio de intereses particulares, sino que signifique una oportunidad de movilidad social y una estrategia para lograr equidad y evitar las desigualdades, siendo generadora de identidad cultural.
Por el colectivo Mujeres por Costa Rica Dra. Yamileth González García Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras Dra. Lupita Chaves Salas Dra. Nora Garita Bonilla Bach. Erika Henchoz Castro Dra. Virginia Ramírez Cascante M.Sc. Sandra Cartín Herrera Licda. Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021 Licda.Vera Victoria Sancho Mora Dra. Elizabeth Fonseca Corrales Dra. Margarita Bolaños Arquín Arq. Eugenia Solís Umaña Licda. Martha Lorena Moreno Herrera Licda. Josefina Pujol Mesalles Dra. Eiliana Montero Rojas
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
El surgimiento de la UNA o Universidad Nacional de Costa Rica estuvo marcado por grandes esperanzas y expectativas (en tiempos de crecimiento económico y auge del estado benefactor) de transformación de la sociedad costarricense, cuando los efectos del crecimiento demográfico sostenido desde los primeros años de la posguerra, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se hacían sentir con demandas crecientes de servicios en el campo de la educación, la salud, las edificaciones y la infraestructura vial, en la medida en que una nueva generación, la del Baby Boom, tocaba las puertas de la educación superior cuando la Universidad de Costa Rica era la única institución de educación superior en el país. Fue entonces cuando se crearon nuevas universidades públicas como la UNA, el TEC y la UNED y se produjo una diversificación parcial del sistema educación superior pública de Costa Rica que nació en esos tempranos años de la década de los setenta. Lo paradójico del caso de la UNA es que no figurara entre sus planes la creación de carreras como derecho y medicina más aun, teniendo en cuenta que con la avalancha de universidades privadas surgidas durante las décadas posteriores, y la conversión de la educación en un mero negocio, esas entidades crearon numerosas escuelas de derecho y medicina, valiéndose de los docentes y la investigación que se realiza en las universidades públicas.
En el año de 1977, cuando el doctor Celedonio Ramírez aspiró a la rectoría de la UNA, frente a la candidatura del doctor Alfio Piva Mesén, quien fuera el segundo rector de la institución, recuerdo muy bien la afirmación de quien posteriormente fuera rector de la UNED, de haber recibido la oferta de asumir el Hospital San Juan de Dios, lo que hubiera sido un insumo importante para que la UNA creara una escuela de Medicina mucho antes de que las universidades privadas lo hicieran. ¿será por ese motivo que algunos estudiantes de entonces se sintieron defraudados con la nueva institución, alegando que la UNA les quedó debiendo?
La conmemoración de los cincuenta años de la nueva institución universitaria, que heredó buena parte de la tradición intelectual e instalaciones de la vieja Escuela Normal, fundada más de medio siglo atrás (1915), corre el riesgo de impregnarse del espíritu o ethos de estos tiempos marcados por el totalitarismo neoliberal, y el acelerado desmantelamiento del estado social de derecho que la acompañó durante la primera etapa de su desenvolvimiento institucional. Algunas de las reacciones. y comentarios de otros protagonistas de la vida institucional de entonces, publicadas en estos días, han sido omisas y acomodaticias hacia el presente neoliberal, soslayando así muchas dimensiones del proceso fundacional y el contexto sociopolítico en que se produjo (Ver al respecto José Eduardo Mora “La universidad “necesaria” del Padre Núñez” Semanario Universidad, edición 2454, 1 al 7 de marzo 2023, página 18, Cultura, en especial en lo referente a las declaraciones de Rodrigo Carreras y Vladimir De La Cruz). Se tiende a obviar la naturaleza específica del proyecto llamado universidad necesaria, especialmente en lo académico, con sus implicaciones en un nuevo tipo de universidad (¿la universidad necesaria acaso?, la que más allá de su mera enunciación implicaba un proyecto académico muy ambicioso) y en cuanto al compromiso político con los sectores populares que planteaba, también en cuanto a la naturaleza del IESTRA y otras unidades académicas e investigativas, que representó una gran oportunidad para incursionar en las múltiples dimensiones del mundo del trabajo (algo que había planteado en una entrega anterior de este artículo), las que iban mucho allá de la docencia dirigida hacia el sindicalismo y el cooperativismo. Siempre estaremos expuestos a la naturaleza acomodaticia de las “verdades oficiales” o mentiras complacientes, motivo por el que sólo la vigilancia y el espíritu crítico, incluso hacia nosotros mismos, pueden librarnos de caer en esas trampas tan peligrosas en este medio siglo transcurrido, desde el nacimiento de la UNA.
En el área de las llamadas Ciencias de la Salud se optó por darle impulso a la Escuela de Medicina Veterinaria, con su hospital veterinario, ambos ubicados en el Campus Benjamín Núñez (Barreal de Heredia), los que han representado toda una revolución en ese campo, dada su enorme proyección hacia el conjunto del sector agropecuario, especialmente en los órdenes de la investigación y extensión.
En medio de la “normalización” y burocratización crecientes, los posgrados representaron una excelente oportunidad para el ensanchamiento de la investigación y la docencia universitaria, si bien la sincronía y la concreción de esas iniciativas no siempre fueron las que se requerían, incluso con urgencia, lo que puede haber dado lugar a una falta de retroalimentación hacia muchas de las propuestas académicas de los fundadores.
La creación de la Maestría en Política Económica, ligada a la Facultad de Ciencias Sociales marcó un punto de inflexión para la docencia y la investigación en la UNA, pues alimentó también los estudios de grado y se proyectó hacia el conjunto de la sociedad costarricense. Posteriormente, los posgrados en otras facultades y especialmente en la Filosofía y Letras, aceleraron el proceso de retroalimentación de la docencia en los estudios de grado. La doctora Magda Zavala jugó un gran papel para la expansión de esos estudios en la mencionada facultad, a pesar de las dificultades de orden institucional que tuvo que afrontar.
Concluyo manifestando que restan muchos temas y situaciones específicas de la vida universitaria, a lo largo de los cincuenta años transcurridos, sobre los que debería haber una discusión constructiva entre quienes fueron sus protagonistas, lo que resulta más urgente en la medida que muchos de ellos van abandonando el escenario histórico, en especial los de la generación del baby boom.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
A lo largo de su medio siglo de existencia ya transcurrido, la UNA se fue dotando de una importante infraestructura física, tanto en sus campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, el primero ubicado en la ciudad de Heredia y el segundo en el sector del Barreal de Heredia, donde se concentran algunas de sus actividades más importantes de docencia, investigación y extensión, como también en los de las sedes y subsedes regionales de Pérez Zeledón, Coto, Liberia, Nicoya y Sarapiquí por lo que la nueva universidad fue consolidando la proyección nacional que siempre la caracterizó, aunque también en esto hay una gran diversidad de opiniones, si bien algunas caricaturescas como la de quienes hablaban de la “Universidad de Heredia” o simplemente “la del río Pirro”, con connotaciones también peyorativas. Sin embargo, fue el abandono gradual del proyecto académico original, con sus proyecciones sociales e interdisciplinariedad, lo que tiende a pesar desapercibido, o silenciado en la manera de evocar (o verdad oficial y oficiosa, para el caso) el inicio de la vida universitaria durante su etapa fundacional.
Los aportes de la UNA en los campos de la investigación y la extensión han sido tan valiosos como los de la docencia, y abarcan un espectro muy amplio en diversos campos de actividad científica, la acción social y de respaldo a la cogestión de comunidades y cooperativas de agricultores, pescadores y apicultores en diversos puntos de la geografía nacional. También, han sido muy importantes las contribuciones específicas del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la institución (OVSICORI), la Escuela de Biología Marina y sus laboratorios acerca de los problemas planteados por la pesca de arrastre, la matanza de tiburones y la pesca abusiva en el domo térmico de nuestra zona exclusiva marítima del Pacífico, las investigaciones de la Escuela de Química sobre la contaminación ambiental en los espacios urbanos entre otras actividades, el programa de investigación de plaguicidas y las implicaciones su toxicidad en el agro, el programa de análisis de la coyuntura económica y social, auspiciado por las escuelas de economía y sociología, las investigaciones del IDELA y sus constantes publicaciones sobre nuestra área continental, los del IDESPO o Instituto de Estudios de Población con sus encuestas demográficas, sociales, como también de opinión sobre temas sociales y políticos. En fin, todo un conjunto de acciones con las que UNA impacta en la comunidad nacional para beneficio de todos sus habitantes, si bien advertimos que este no pretende, de manera alguna, ser enumeración exhaustiva del inmenso aporte de esta universidad pública a nuestra nación.
La UNA acogió como estudiantes a jóvenes provenientes de los sectores populares, tanto urbanos como rurales, lo que se reflejó en las estadísticas para cuantificar los resultados y tendencias de las políticas de admisión, becas y residencias estudiantiles dentro del ethos del proyecto inicial de la UNA. Los logros se pueden apreciar también en el orden de lo cualitativo y en la medida del tiempo transcurrido se han hecho mucho más evidentes.
En los inicios mismos de la nueva institución, la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), rescatando la colección del Repertorio Americano de Joaquín García Monge (publicado en Costa Rica entre 1919 y 1958), con la ayuda de su hijo, el doctor Eugenio García Carrillo, dando lugar a un largo proceso de recuperación, análisis y divulgación de los contenidos de esa extraordinaria revista que circuló por todo el continente (Francisco Morales Hernández y Mario Oliva Medina, dixit). Por otro lado, los esfuerzos del IDELA se orientaron hacia el análisis de las tendencias que caracterizan al conjunto de nuestra región, en el plano de lo cultural, de la integración regional y el reconocimiento de una identidad común, y la del Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), con sus pioneras investigaciones y la docencia dirigida hacia los trabajadores sindicalizados, permitieron avizorar las tendencias y orientaciones de la UNA hacia el mundo laboral, con toda su intrincada y compleja problemática, cuando aún no soplaban los vientos fríos del pensamiento único neoliberal, los que fueron alejando a la socialdemocracia regional de sus políticas keynesianas y reformistas en el mundo laboral y empresarial, al mismo tiempo que entraban en una crisis, incluso de identidad, la casi totalidad de los diversos sectores de la izquierda socialista o comunista (¿meras etiquetas acaso?), los que durante las décadas siguientes abandonaron gradualmente las reivindicaciones obreras y campesinas en materia de legislación laboral, contrato colectivo de trabajo, salud ocupacional, sindicalización y respeto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Todo este lento y sostenido proceso, que si bien no se dio en términos del discurso pero sí en el de los hechos, como resultado del arribo de la llamada posmodernidad y presunto el abandono de los “grandes relatos” del período de entreguerras y la última posguerra, caracterizada por un crecimiento económico sostenido y el despliegue del estado de bienestar. Esto explicaría, al menos en parte, el cierre o reconversión del IESTRA en los últimos años del siglo XX, un hecho al cual hicimos alusión en la segunda parte de artículo y que marcó un punto de inflexión hacia una visión tecnocrática y utilitarista de la institucionalidad universitaria, frente al que al menos uno de los fundadores de la UNA, Francisco Morales Hernández protestó vehementemente. Tendremos que seguir conversando sobre otras dimensiones de la inmensa proyección de la UNA sobre el conjunto de la sociedad costarricense.
En respuesta a resoluciones de los tribunales de justicia, dirigidas a mitigar sustancialmente el impacto ambiental de la pesca del camarón de fondo, se ha propuesto continuar con el proyecto de investigación que fuere truncado por un veto desafortunado del presidente Carlos Alvarado.
Un calificado grupo de trabajo formado por biólogos pesqueros de gran experiencia académica y práctica (la mayoría con posgrado académico) por medio de un formal estudio de investigación, coincidente con un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, se valoraron científicamente diversas técnicas de captura por arrastre, con resultados significativamente positivos. Con una de las hipótesis, evaluada con especies de camarón fidel y pinky, se obtuvieron resultados extraordinarios al mutarse desde la técnica llamada «de arrastre» hacia la técnica «de fondo», donde las pequeñas redes se desplazan (no se arrastran) 25 centímetros por arriba del fondo arenoso.
Así, se logró disminuir la pesca incidental de especies de peces no comerciales -65,5% con camarón pinky y -65,7% con camarón fidel. Hecho significativamente relevante pues se logró demostrar que, con las innovadoras redes, es posible avanzar hacia una pesca sostenible del camarón costarricense, beneficiosa para esos apetecidos crustáceos y, algo que se tiende a «olvidar», en beneficio de las familias que han de sustentar su calidad de vida, en una pesquería tradicional que constituye casi su única fuente de empleo. ¡Jamás antes se había hecho un estudio semejante en Costa Rica! Esfuerzo que erróneamente fue desdeñado con un veto presidencial acomodado a una muy fuerte e interesada campaña de desinformación, que logró crear una opinión pública contraria a una pesquería limitada, común en casi todos los mares, pero presentada tendenciosamente en Costa Rica, como la causa de todos los males, en contra de valiosa información profesional, que cumple plenamente lo determinado por los señores magistrados.
Corresponde ahora seguir adelante con el hasta ahora exitoso proyecto de investigación, ampliándolo a otras especies y por un tiempo más prolongado, mediante el uso adecuado de la ciencia y la técnica que tenemos a disposición, con la esperanza de que el ambientalismo mal practicado, permita trabajar en paz a los científicos.
Ha de recordarse, que la causa de los graves problemas que enfrentan los pescadores artesanales, no se debe a la pesca del camarón. Desde hace más de medio siglo, por cuestiones como la sobrepesca, la destrucción de manglares, la contaminación, los errores administrativos, las deficientes políticas públicas, etc., se ha venido dando la destrucción de la actividad pesquera artesanal que hoy, lamentablemente, no permite siquiera subsistir a las golpeadas familias pescadoras, que siguen dependiendo de la muy limitada ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social.
Es muy triste admitirlo, pero la alta delincuencia que permea a los habitantes de nuestras costas se sustenta en un inhumano desempleo vinculado a políticas erradas como las promovidas por quienes prefieren que nuestros camarones se mueran de viejos, mientras se amarran las manos de piel curtida de unos compatriotas que no merecen tal maltrato, cuyas familias, desde hace años, parecen vivir una larga noche de insomnio que se les hace interminable.
Inauguración UNA-1973 Dr-Oscar Arias Sánchez-Margarita Penón, José Figueres Ferrer Pte CR- Karen Olsen de Figueres primera Dama.
Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel
Catedrático jubilado de la Universidad Nacional
Asesor de la Academia Solidarista Alberto Marten Chavarría.
La Universidad Nacional (UNA) fue creada por Ley N.° 5182 de 12 de febrero de 1973. El proyecto original fue impulsado, como una universidad pedagógica, por el Poder Ejecutivo de ese entonces (1970-1974) encabezado por Don Pepe Figueres, en su tercer gobierno, como Presidente de la República y Don Uladislao Gámez Solano como Ministro de Educación Pública. No obstante, en su tramitación en la Asamblea Legislativa, una iniciativa alternativa impulsada por los diputados en aquel tiempo: Daniel Oduber Quirós y Francisco Morales Hernández, se convirtió finalmente en ley de la República.
La ley referida encargó a una Comisión ad hoc organizar la nueva institución, la redacción del Estatuto Orgánico y la elección del primer rector. La Universidad abrió sus puertas el 14 de marzo de 1973. Fueron miembros de la comisión ad hoc, entre otros: Uladislao Gámez Solano, Óscar Arias Sánchez, Francisco Morales Hernández, Benjamín Núñez Vargas, Francisco Antonio Pacheco Fernández y Rose Marie Karpinski Dodero. La comisión citada designó al Pbro. Benjamín Núñez Vargas como primer rector de la UNA, quien ejerció la rectoría de 1973 a 1977. El señor Núñez concibió a la Universidad Nacional como una “universidad del pueblo”, como una Universidad Necesaria, al servicio de los sectores sociales más vulnerables. También para el Padre Núñez: “He ahí nuestra gran concepción de nuestra Costa Rica: una patria de propietarios, de hombres que poseen, que se poseen a sí mismos, que poseen sus propias opiniones, sus ideas propias, que poseen su propio instrumento de trabajo, sus propias viviendas, que poseen su propio pedazo de tierra para cultivarlo, que poseen su propio porvenir, que poseen su propia misión social, que poseen su propio derecho a la felicidad.”
El lema de la Universidad desde su fundación es: “la verdad nos hace libres”, propuesta por el Padre Núñez y esta institución desarrolla su oferta académica en áreas de docencia, investigación y extensión (similar a la acción social de otros centros universitarios públicos). Despliega más de 100 opciones de grado y posgrado.
La Universidad Nacional ha galardonado con el doctorado honoris causa entre otras, a las siguientes distinguidas personas, por haber alcanzado elevadas cumbres personales y profesionales, en beneficio de la sociedad: Uladislao Gámez Solano, José (Pepe) Figueres Ferrer, Franklin Chang Díaz, Óscar Arias Sánchez, Rodrigo Carazo Odio, Elizabeth Odio Benito, Benjamín Núñez Vargas, Rodrigo Zeledón Araya, Rigoberta Menchú Tum y Mario Boza Loría.
La Universidad Nacional cuenta con 5 sedes universitarias: A) La sede en Heredia: campus Omar Dengo y campus Benjamín Núñez. B) La región Chorotega (Liberia y Nicoya). C) La región Brunca (Pérez Zeledón y Coto). D) La región Huetar Norte y el Caribe (Sarapiquí). E) Sede interuniversitaria en Alajuela.
En la actualidad la UNA tiene 11728 estudiantes, distribuidos en las 5 sedes citadas. La Universidad Nacional cuenta con un Sistema de Colegios Humanistas Costarricenses. Estos colegios son académicos, preuniversitarios y responden al plan de estudios de educación diversificada del Ministerio de Educación Pública. Se ubican en Heredia, Coto, Nicoya y Sarapiquí. Atienden con altos niveles de excelencia académica a aproximadamente 300 estudiantes destacados.
Han ocupado la rectoría de la Universidad Nacional las siguientes personas: Benjamín Núñez Vargas, Alfio Piva Mesén, Edwin León Villalobos, Carlos Araya Pochet, Rose Marie Ruiz Bravo, Jorge Mora Alfaro, Sonia Marta Mora Escalante, Olman Segura Bonilla, Sandra León Coto, Alberto Salom Echeverría y Francisco González Alvarado (período 2020-2025).
En la actualidad, la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) de la UNA recoge la herencia del padre Núñez, en lo que respecta a la búsqueda de justicia, paz social, solidaridad, desarrollo integral de las personas, consecución de mejores condiciones de vida para los trabajadores y la edificación de una patria de propietarios; para ello, ha instituido la cátedra Alberto Martén Chavarría, instancia en la que se estudian, a profundidad, temas como los mencionados y se presentan soluciones pertinentes, desde una perspectiva solidarista.
En la Universidad Nacional desarrolla, desde 1974, su gestión el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN). Asimismo, ejecuta labores de bienestar laboral el Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional.
En la Universidad también actúa la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional (ASOUNA) que es la organización laboral más grande de la institución. Cuenta con el aporte decisivo de la UNA, lo que ha posibilitado que el auxilio se convierta en una prima de antigüedad (es decir, en un derecho adquirido), pagadera en todo caso de terminación de la relación laboral, sin límite o tope alguno. Contribuyendo así a la paz, la justicia social, desarrollo integral de los trabajadores y la armonía laboral en el seno de la Universidad.
Ahora bien, la actual coyuntura del país, caracterizada por una sociedad injusta y desigual, reclama imperiosamente líderes valientes y visionarios, como el padre Benjamín Núñez Vargas, mentor indiscutible de la Universidad Nacional, en su concepción de Universidad Necesaria.
Deseo fervientemente que la Universidad Nacional transite en el futuro, por amplias veredas de imaginación, desarrollo positivo y constructivo, en beneficio directo de las personas y regiones más vulnerables del país, plasmando así las altruistas aspiraciones de los próceres de la Patria que coadyuvaron en la creación de esta prestigiosa casa de estudios.
José Figueres Ferrer Presidente de Costa Rica, firma ley UNA 1973 con Uladislao Gámez-Ministro de Educación a su derecha.
De izquierda a derecha: Raziel Acevedo, Gregorio Duarte, Eduardo Villafuerte, Yennier Zúñiga, Maureen Briceño, Santos Leal, Jorge Madrigal, Abel Guadamuz, Breiner Acevedo y Rigoberto Tablada.
La Sede de Guanacaste y la Sede del Sur unieron esfuerzos para implementar una Conferencia – Concierto, fundamentada en la investigación del teclado en la marimba guanacasteca
En estos días, la Sede de Guanacaste y la Sede del Sur unieron esfuerzos para implementar una Conferencia – Concierto, fundamentada en la investigación del teclado en la marimba guanacasteca, desarrollada por la Etapa Básica de Música de Santa Cruz e inscrita en el Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (Cidicer) de la Universidad de Costa Rica.
La actividad se desarrolló en el Centro de Promoción Cultural de la Sede del Sur y contó con la participación de estudiantes, docentes y público interesado sobre el tema, dado que el instrumento tuvo mucha repercusión en la zona sur, durante la época de la bananera. La charla y concierto inició con un recorrido, sobre los diferentes tipos de teclados utilizados sea de 22, 24, 28 y 36 teclas. Estas cantidad de teclas se relaciona directamente con los diferentes tipos de marimba diatónica, es decir de un teclado: cuya cantidad repercute en el tipo de sonoridad, la música y la técnica utilizada, debido a que de acuerdo con el número de ellas, puede ser ejecutada por uno, dos y hasta tres músicos por instrumento, por ende, dependiendo de la cantidad de ejecutantes, así será su proyección sonora.
Ahora bien, históricamente la madera utilizada para construir el teclado en la marimba guanacasteca ha sido: Bálsamo, Ñámbaro o Cristobal y en su elaboración se realiza un proceso riguroso de selección del tipo de veta, el corte, preparación, cocción y finalmente, si la tecla responde acústicamente a una vibración determinada, se procede a barnizarla, para luego afinarla, de lo contrario se desecha.
Abel Guadamuz con la carraca, instrumento de acompañamiento.
Posterior a la charla, inició el Concierto para mostrar el funcionamiento del teclado y estuvo a cargo del Ensamble de Marimbas y Percusión, integrado por: Rigoberto Tablada Pizarro en el Bajo, Abel Guadamuz Mendoza en el tiple; Eduardo Villafuerte Jirón en la melodía; Santos Leal Obregón en la contramelodía; Yennier Zúñiga Rodríguez bajo tenor; Mauren Briceño Oviedo y Razziel Acevedo Álvarez, armonía; Breiner Acevedo Rosales y Jorge Madrigal Ruíz, percusión y Gregorio Duarte Castro, Saxofón. Durante el evento se interpretaron ritmos musicales tradicionales de Guanacaste y latinoamericanos, como: parranderas, pasillos, danzas, boleros y cumbias, los cuales fueron el deleite de los presentes. Un elemento importante de anotar radica en la técnica de la improvisación, pues en la interpretación de los músicos guanacastecos se encuentra muy presente en todos los eventos y tiene un alto nivel musical y artístico; en este caso varios de los músicos demostraron su capacidad técnica y musical, al interpretar improvisaciones con una exquisita técnica. También, tuvo su participación la carraca, con su sonoridad característica y el saxofón alto, con sus giros melódicos bailables.
Para cerrar las actividades de investigación entre ambas Unidades Académicas, se realizó una visita al hogar de ancianos de Golfito, con el Ensamble de Marimbas y Percusión, a fin de brindarles un espacio para el goce estético y el recuerdo, mediante un concierto con la música tradicional de Guanacaste y la música latinoamericana, que duró más de dos horas. Tiempo en el cual los asistentes escucharon canciones de su época, cantaron y varios salieron a bailar al ritmo de la marimba.
A manera de cierre se puede afirmar que el éxito de los eventos de investigación y difusión del quehacer investigativo, tuvo su asidero en la organización rigurosa de la Coordinación de Investigación de la Sede de Sur y el trabajo de la Coordinación de Investigación de la Sede de Guanacaste, junto con el talento y trabajo de la Etapa Básica de Música de Santa Cruz.
Raziel Acevedo Álvarez Investigación Sede Guanacaste UCR
Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica
Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.
El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.
Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.
En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.
A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.
Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.
No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.
No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.
Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.
Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.
Guía práctica para Comunicadores y Comunicadoras Populares
El concepto de periodismo comunitario permite conocer las voces y los trabajos de quienes forman parte de los procesos organizativos en las comunidades y territorios, procesos que pueden ser difundidos por los mismos miembros desde su propio contexto, ejerciendo su derecho de informar y ser informados.
Este manual de periodismo comunitario, elaborado por la organización “Boca de Polen” en México, enseña qué es el periodismo comunitario; cómo realizar investigaciones; claves para realizar la entrevista y una nota informativa; distintos tipos de narrativa y estrategias para difundir contenido.
El manual está dividido en cinco unidades que son:
Introducción al Periodismo Comunitario
La Investigación
La Entrevista y la Nota Informativa
La Narrativa en Nuestra Radio
La Difusión de Contenidos
Se le invita a leer el manual completo, el cual contiene ejercicios bastante interactivos y pedagógicos.
