Comunidades de Guácimo llaman a la movilización en lucha por Ruta 811
SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción por la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811.
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El jaque mate de la costa Caribe
Por Bernardo Archer Moore
Cahuita
El Jaque Mate de la Costa Caribe de Costa Rica se trata de un proceso que se inició hace cuatro décadas, primero con el desarraigo sutil de los habitantes a través de una campaña mediática orientada al debilitamiento de las organizaciones sociales y sindicales, en paralelo con la aniquilación de las empresas privadas regionales y de las instituciones gubernamentales que brindan empleo a gran escala; así como el desarrollo de infraestructura sostenible; tales como:
El cierre de las operaciones y taller del Ferrocarril del Atlántico en Ciudad de Limón.
La cancelación de concesiones y la quiebra inducida de las tres empresas estibadoras del muelle, el traslado de las oficinas y gran parte de las operaciones de RECOPE al Gran Área Metropolitana (GAM), el traslado de las Aduanas de Limón a San José, la concesión de APM y la consiguiente quiebra de Japdeva.
Así como la apropiación de fincas privadas sin expropiación y la correspondiente indemnización, para convertirlas en Parques Nacionales, Refugio de Vida Silvestre, Humedales y Patrimonio Natural del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), etc. El sobrante de esas titulaciones arbitrarias del IDA, son tierras que hoy están en manos del INDER.
Es decir, se implementó un enfoque de “tres frentes” que los pobladores locales ignoraron por la distracción de ver y abordar cada uno como un elemento aislado, cuando en realidad todos estaban dirigidos hacia el mismo objetivo.
Me atrevería a decir que incluso la mayoría de los presidentes de la República y otros altos funcionarios políticos del país durante ese período de cuatro décadas fueron engañados y utilizados al igual que los ciudadanos comunes y sus líderes locales. De hecho, ninguno de ellos es visto como un gran benefactor del Jaque Mate que se vislumbra en el horizonte. Dicho de manera coloquial “nos vacilaron a todos”.
Por lo tanto, el Plan Regulador Costero (PRC) y el Plan Nacional del ICT para el Desarrollo Costero del Caribe no deben ser considerados ni abordados de manera aislada, ya que en realidad representan un jaque mate en la apropiación con fines de lucro de los recursos naturales y la belleza escénica del Caribe costarricense.
Pero, como no existe una conspiración perfecta contra el mal, aún tenemos la oportunidad y la esperanza de revertirlo, mediante la organización ciudadana y la solidaridad. Eso sólo si empezamos hoy en lugar de mañana.
21/12/24.
El ascenso y la caída de la región Caribe de Costa Rica
Por Bernardo Archer Moore
Cahuita
Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.
Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.
Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.
Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.
Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.
Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.
Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.
Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).
La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).
Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.
A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:
En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.
Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.
Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.
Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.
Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.
Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.
Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.
Sala Constitucional encuentra vicios de constitucionalidad en Ley Jaguar 2.0
El primero de octubre del 2024 se llevó a cabo una evacuación de consultas de constitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República al Proyecto de Ley N. 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”. Ambas consultas versaban sobre los artículos 2, 4 y 5 del proyecto.
Se encontraron varios vicios de inconstitucionalidad, especialmente con el punto 4 y 5 del proyecto, listados abajo.
En el punto tercero se declaró por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4 del proyecto de ley, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ya que la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.
En el punto cuarto se declara por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 5 del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, debido a que la reforma que se propone permite la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.
La resolución completa está en redacción en la Sala, por ahora invitamos a leer el documento divulgado el 1 de octubre.
Comunidades unidas: La lucha por el asfaltado de la Ruta 811 continúa
El 7 de marzo de 2023, se formalizó la creación de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811, un esfuerzo conjunto entre diversas comunidades de la zona con el objetivo de luchar por la mejora de esta vía. La ruta 811, que conecta a seis comunidades importantes, incluyendo La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia, se encuentra en un estado crítico, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que dependen de ella para desplazarse.
Silvia, una vecina de la comunidad de Escocia, destaca los esfuerzos que han realizado para hacer visible su problemática. Menciona que las comunidades han trabajado incansablemente, acudiendo a sesiones municipales, enviando cartas tanto al gobierno central como a las instituciones encargadas de infraestructura vial, como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A pesar de sus múltiples gestiones, la situación sigue sin resolverse, lo que ha llevado a la comisión a buscar nuevos medios para difundir su causa, usando diversas plataformas para hacer escuchar su voz.
Damaris Leiva Bermúdez, residente de la comunidad de Irlanda, también expresa su preocupación sobre el mal estado de la ruta y la frustración de no haber sido incluida en los planes de pavimentación aprobados recientemente. A pesar de que algunas comunidades se beneficiarán de la pavimentación parcial, Irlanda ha sido excluida del presupuesto asignado, lo que Damaris considera injusto tras 40 años de espera. Su testimonio refleja la impotencia de una comunidad que, aunque cercana a las mejoras, sigue marginada de los proyectos de infraestructura.
Por su parte, Félix López, coordinador de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de ruta 811 y residente de Río Jiménez, destaca la importancia de la ruta 811 para la región. Explica que esta zona es un centro agrícola clave, con producción de piña y banano, así como de ganado, y que la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida diaria de los habitantes. Félix subraya que durante el verano la ruta se convierte en una nube de polvo que afecta la salud de las personas, especialmente los adultos mayores y los niños con problemas respiratorios. En invierno, el barro impide el acceso adecuado a los servicios esenciales, como la educación y la salud, y agrava la situación de las familias. López también advierte que, debido al estado deplorable de la carretera, los servicios de transporte público, ambulancias y otros vehículos de emergencia ya no quieren transitar por la ruta, afectando aún más la vida diaria de estas comunidades. Aunque reconoce el avance de la aprobación de una parte del pavimento, recalca la necesidad de seguir luchando para que toda la ruta sea reparada.
La comisión ha recibido una carta de respuesta por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que aclara algunos puntos importantes sobre el financiamiento del proyecto de asfaltado. En la misiva, se confirma que el proyecto tiene un financiamiento aprobado de más de ₡1.000 millones, provenientes de los fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, destinado a la conservación de 11,07 km de la ruta 811, abarcando las secciones que conectan La Ligia, Irlanda y Río Jiménez. Además, se informa que el proyecto tiene un plazo máximo para su culminación en septiembre de 2026 y que la ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Guácimo con el respaldo técnico del CONAVI.
Sin embargo, la carta de JAPDEVA, aunque ofrece una respuesta oficial, no aborda directamente las preocupaciones de las comunidades excluidas, como Irlanda, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre si se tomarán acciones adicionales para beneficiar a todas las comunidades afectadas. Esto ha motivado a los líderes comunales a mantener su lucha, buscando soluciones integrales para que toda la ruta 811 sea mejorada en su totalidad, sin dejar a ninguna comunidad atrás.
Nuevo reglamento aprobado por JAPDEVA afecta a las comunidades
SURCOS comparte las declaraciones de Gerardo Vargas Varela:
Las comunidades de Tortuguero, Parismina, Pacuare y demás comunidades aledañas en la provincia de Limón se verán afectadas con el nuevo reglamento de JAPDEVA, que parece ya fue publicado en la Gaceta, pues se indica que todas estas tierras son propiedad de la institución.
Es un atropello a los derechos fundamentales pues miles de familias tienen toda la vida de vivir en la zona, se hace un llamado a la organización comunal y no dejarse robar lo que tanto esfuerzo les ha costado.
El gobierno y JAPDEVA deben respetar estas familias, posiblemente detrás de este nuevo reglamento hay algún interés oscuro el cual no ha sido revelado, pero debe tomarse en consideración la riqueza de la zona.
Le invitamos a ver el video:
Comunicado para habitantes, dueños de negocios, finqueros, beneficiarios de bonos de vivienda en los terrenos ubicados en la finca propiedad de JAPDEVA
Comunicado
Lunes 19 de agosto de 2024
Este es un comunicado muy importante para todos los habitantes, dueños de negocios, finqueros, beneficiarios de bonos de vivienda en los terrenos ubicados en la finca propiedad de JAPDEVA.
JAPDEVA tiene un nuevo y ya aprobado reglamento para el cobro del arriendo en terrenos de JAPDEVA, publicado en la Gaceta el día 8 de agosto del presente año.
Un reglamento que nos perjudica a todos y todo el esfuerzo de años de trabajo, tiempo, dinero de cada uno de nosotros, con estos nuevos reglamentos JAPDEVA simplemente nos pueden despojar de nuestras casas, negocios, fincas ya que ellos pueden prescindir de los contratos de arrendamiento cuando ellos quieran.
La elaboración de este reglamento fue un acto completamente autoritario y unilateral, ya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de las personas ciudadanas según los Artículos 9, 11 y 50 y no incluyeron a la ciudadanía en la realización de este donde han violentado los principios dentro del marco constitucional que establecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas dentro de la República Participativa como lo es el gobierno de Costa Rica la cual debe de participar según la constitución y fue sólo una junta directiva la que tomó las decisiones.
Se establece también una tabla de cobros que no es clara y presenta muchas dudas ¿Cuál fue el criterio para establecer esos montos?
Todo esto nos deja a las Personas Ciudadanas de las zonas costeras en bienes administrados por JAPDEVA en extrema vulnerabilidad, desprotección e inseguridad jurídica de techo, trabajo porque ellos pueden venir como arrendadores a sacarnos sin ningún temor ni responsabilidad civil.
Esto no es un tema de marchas ni manifestaciones desgastantes, ni mucho menos un tema que se reduce a bonos de vivienda. Esto es un tema de ejercicio de poder del ciudadano como así lo establece la constitución de nuestro país que esta por encima de todo proceso legal.
Por lo cual la Ciudadanía en el ejercicio constitucional debe convocar una rendición de cuentas de las decisiones tomadas por parte de la Directiva de JAPDEVA.
Por esto queremos invitarlos a todos este próximo sábado 24 a una reunión en el gimnasio del colegio de Barra de Parismina a las 5 de la tarde para poder ampliarles más sobre el tema, ver cuál es la ruta que vamos a seguir y luchar por lo que nos ha costado tanto a todos.
María Fernanda Vargas Cabalceta
Presidenta ADI Barra de Parismina
«Los pueblos que no defienden lo suyo, terminan siendo inquilinos en su propio país» – Juan Mora Porras.
Insólito: JAPDEVA quiere quitarles sus casas a vecinos de las Barras construidas con el bono y alquilárselas
Comunicado del Bloque de Vivienda
Un hecho insólito tiene a los vecinos de las Barras (Pacuare, Colorado, en San Francisco, Tortuguero, la Lucha, Parismina) sin poder dormir de la preocupación, angustia y rabia, por cuanto la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) los quiere sacar de sus casas construidas con el bono de vivienda, y alquilárselas.
Por más ridículo que se lea, así es. Esto es lo que está ocurriendo a decenas de familias de esa región del Caribe para lo cual funcionarios de Japdeva estarán trasladando a los vecinos de todas esas comunidades a una reunión, este miércoles, donde se les darán los detalles.
Así lo explicó en un video de alerta, Orlando Barrantes, Coordinador del Bloque de Vivienda, quien pasó la voz de alarma a los vecinos para que no firmen ningún documento.
“Japdeva está haciendo todo el esfuerzo que ellos puedan hacer para quitarles el bono y lo digo esto con mucha claridad, conversen con los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo, y les expliquen por qué Japdeva está convocando para el miércoles 21 próximo a una reunión y pretende llevarlos a todos ustedes donde vivan, ya sea en Pacuare, en Colorado, en San Francisco, en Tortugueros. en La Lucha, en Parismina, pretenden llevarlos, eso es lo que están diciendo, hoy domingo” explicó Barrantes.
“Si tienen que decir algo sobre el bono de vivienda que vayan a las comunidades, como hacíamos nosotros. Este es un mensaje de alerta mucho cuidado con lo que les está diciendo Japdeva. Nosotros como Bloques de Vivienda, vamos a estar presentes en cualquier reunión que haga Japdeva. Nosotros vamos a estar presentes porque lo que pretenden es a los que ya están viviendo desde hace años en las casas se las van a quitar anulando los convenios de uso de suelo por 100 años, y cambiandolos por uno de alquiler o arrendamiento por 15 o 20 años”, dijo el dirigente de la mayoría de los grupos de vivienda todo el país.
Según Barrantes, Japdeva entregò a las familias que han vivido toda su vida en las Barras usos de suelo por 100 años lo que les permitió gestionar con el Banco Hipotecario de la Vivienda su respectivo bono de vivienda, y así cumplieron su sueño de tener casa propia.
Ahora Japdeva quiere anular esos contratos, y que los vecinos acepten un contrato de alquiler pero por 15 a 20 años, sin que haya ningún tipo de seguridad jurídica y no se sepa los alcances del bono de vivienda, ni que pasara cuando se venzan.
“Ni siquiera han dado nada por escrito, llaman a los dirigentes y les dicen lo que hay que hacer. Eso es una irresponsabilidad, las cosas hay que hacerlas de frente. Hacemos este llamado para que estén alertas, que estemos unidos. No vamos a permitir que Japdeva, ni nadie le quite la casa a ninguno de los vecinos de esas hermosas comunidades.
Ver video completo en el siguiente enlace
Un engaño más para los limonenses
Freddy Pacheco León
O Amador no sabe de lo que está hablando, o está jugando con los habitantes de Limón, otra vez. Cuando los muelles de Japdeva, según la Cepal, estaban dentro de los 12 mejores puertos latinoamericanos (en un ranquin de 120), la cantidad de contenedores de 20 pies (TEUS), era similar.
Los dos daneses y un británico que suscribieron el contrato de concesión (el 12 de febrero del 2012) en representación de APM, jamás van a permitir que se supere el número de 1.500.000 contenedores, pues, de hacerlo, la concesionaria, tendría que alcanzar la promocionada inversión de US$1.000 millones, obligados, entre otros, a condicionar la mitad de la isla artificial (40 Ha) con los otros puestos de atraque.
APM, como filial de la naviera MAERSK, que con una flota de más de 500 barcos portacontenedores, transporta alrededor del 15% del comercio mundial de esas estructuras, podrían, si lo necesitaran, regular el flujo de contenedores hacia la terminal, para que, en los años que le quedan a la pésima concesión, ni se aproxime la cifra de millón y medio de TEUS.
Así las cosas, los expertos relacionados con Japdeva, tendrían que decirle al ocurrente Amador, que, en su «idioma», está MFT. Que esa expectativa está en la cola de un venado; que lo que debería de hacer el MOPT es exigir que se cumpla la letra del contrato, en cuanto a que, solo «fully cellular container ships» (barcos con carga exclusiva de contenedores) sean los que APM podría recibir en sus dos puertos de atraque.
Que los que no sean de esa característica, deberían ser atendidos en los 10 puertos de atraque de Japdeva que, además de su eficiencia y menores tarifas, era financieramente autosuficiente.
CTRN celebra fallo que reinstala en sus puestos a 45 guardas de JAPDEVA y felicita a su sindicato SINTRAJAP por la lucha emprendida
Comunicado de Prensa
22 de enero, 2024
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) celebró el fallo judicial que reinstala en sus puestos a 45 trabajadores del servicio de Seguridad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA), quienes habían sido despedidos hace un año para reemplazarlos.
La secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira, aplaudió el triunfo de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que reconoció la enérgica lucha librada por su sindicato afiliado SINTRAJAP y, en particular, por su secretario general, Antonio Wells.
“Es una victoria para toda la clase trabajadora porque se ha hecho valer la legislación en materia laboral y se ha obligado a las autoridades a rectificar una violación flagrante a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, añadió Sequeira.
Un tribunal de apelación de la provincia de Limón ordenó reinstalar en sus puestos a 45 trabajadores de seguridad, quienes habían sido despedidos por las autoridades de la institución hace aproximadamente un año, con el propósito de entregar el servicio a una empresa privada.
El tribunal dio a conocer esta semana el fallo, en el cual ordena a JAPDEVA, la reinstalación de los trabajadores como medida cautelar, mientras se determina la legalidad de los despidos.
“Nosotros acudimos a los tribunales para pedir una medida cautelar y hacer valer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que fueron despedidos de la noche a la mañana, de manera atropellada y violentando el debido proceso”, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), Antonio Wells.
El “por tanto” de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación establece que: “se concede la medida cautelar solicitada (por SINTRAJAP). Por ende, deberá proceder JAPDEVA a la reinstalación de estas personas en sus puestos hasta tanto se conozca el fondo del asunto y se determine si lo actuado por JAPDEVA está o no apegado a derecho”.
“No hubo una comunicación previa a los compañeros, ni se informó a nuestro sindicato, que los representa. Un día llegaron, ordenaron a los guardas dejar su puesto y entregar el arma porque iban a ser reemplazados por personal de una empresa privada”, explicó Wells.
Fanny Sequeira fue enfática en señalar que es preocupante el hecho de que la disolución de la seguridad interna de la institución es contraria a las disposiciones de la ley, la cual establece que JAPDEVA tendrá su propio resguardo portuario.
Se debe recordar que las terminales de Limón y Moín son las puertas por las que se lleva a cabo casi toda la exportación e importación del país y la seguridad del comercio exterior del país es algo que debe estar garantizada por el Estado y no en manos de una entidad privada.