El inicio de operaciones de la concesionaria APM Terminals implica que será la encargada de administrar una concesión portuaria en la Terminal de Contenedores de Moín por aproximadamente tres décadas. Con esto, esa empresa obtiene una exclusividad vía contrato para atender los «FULLY CELULAR CONTEINERSHIPS», que son barcos muy especializados para el transporte de contenedores. Por ese derecho está obligada a aportar un canon de un 7.5% de sus ingresos a JAPDEVA para invertir esos recursos en el desarrollo de Limón. Ante esto, la Federación de Trabajadores Limonenses manifiesta lo siguiente:
De acuerdo con el contrato, los barcos que puede atender la APM son muy especializados, y de hecho, hasta hoy no han sido atendidos nunca en los puertos públicos costarricenses este tipo de embarcaciones. La pretensión de atender barcos que no cumplen con esta modalidad está causando graves perjuicios a los trabajadores públicos y también a quienes laboran en las empresas privadas relacionadas con la actividad portuaria limonense.
Ante el hecho de que las autoridades aprobaron esta concesión sin la presentación del estudio de impacto social y económico, requisito legal y obligatorio, lo cual es una grave falta, hoy no se nos permite conocer cuáles podrían ser los efectos directos de la puesta en práctica de esta concesión para los trabajadores y la comunidad limonense. Desde ya se habla de despidos que vendrían a recrudecer la difícil realidad de nuestra provincia.
La intención del Estado de entregar el canon que pagará la APM para su administración y ejecución al Concejo Nacional de Concesiones para financiar planes y proyectos no aprobados o recomendados por los limonenses, -según reciente publicación en un medio de circulación nacional-, violenta una vez más la autonomía del pueblo limonense en general, la Ley Orgánica de JAPDEVA, los derechos municipales, y lo consideramos una total falta de respeto.
Debe darse el rescate de la concesión que le concedieron a la APM Terminals por parte del gobierno, dado el daño social y económico que va a provocar en Limón por el carácter ruinoso de este contrato para el país.
POR FETRAL: Manuel Rodríguez Acevedo, Antonio Wells Medina.
Ministro de Trabajo rechaza señalamientos de falta de acción del Gobierno para crear empleos en provincia de Limón
Por Jorge Araya
Trabajadores de Chiquita en una reunión para discutir el despido decidido por la empresa.
Empresa APM Terminals dice que su principal compromiso es finalizar la construcción de la terminal de contenedores para iniciar operaciones en febrero del 2019.
Un recurso legal interpuesto por el sindicato en el juzgado laboral de Limón frenó de momento el despido de 110 trabajadores de la transnacional frutera Chiquita Brands, que se iba a ejecutar el pasado 22 de diciembre.
Los representantes obreros entienden, sin embargo, que este sería el primero de una cadena de despidos motivados por la próxima entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que construye la transnacional danesa APM Terminals y que espera poner en operación en febrero del 2018.
Esto porque esa terminal, exclusiva para barcos de contenedores, captará buena parte de los servicios portuarios complementarios que hoy prestan empresas de estiba (carga y descarga de barcos), patios (acondicionamiento y reparación de contenedores), entre otros, para los puertos de Moín y la ciudad de Limón, manejados por la estatal Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Chiquita decidió liquidar a 110 de los 260 trabajadores del patio que tiene en Limón, mientras que los empleados de Dolle, otra de las transnacionales fruteras, también fueron prevenidos de recortes que se darán este año, por lo cual tendrán que prepararse.
Tras infructuosas reuniones de conciliación realizadas en diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato presentó ante el juzgado laboral de Limón un conflicto colectivo económico social para detener el proceso de despido en Chiquita.
El juez acogió la demanda de conflicto e indicó a la empresa que no podía ejecutar los despidos. Actualmente se está en la conformación del órgano conciliador, pero el tema de los despidos está planteado, y “calculamos que cuando inicie operaciones la TCM van a cesar otros 100 trabajadores del predio de Chiquita”, consideró Maikol Hernández, secretario general del Sindicato Industrial del Trabajadores Costarricense del Banano y la Piña (Sintracobal).
De 37 predios que hay en Limón pertenecientes a diferentes empresas, con unos 2.500 trabajadores en total, solo en tres los empleados están organizados en sindicato.
La cesantía amenaza además a los trabajadores de las estibas (que emplean a unos 2.500) y de transporte de carga que movilizan los puertos de Japdeva, calculó el dirigente.
Hernández reprochó que el MTSS sea débil ante las empresas para hacer cumplir convenios que impiden hacer despidos masivos de trabajadores. También por la falta de respuestas del Gobierno a los pedidos que se le han hecho desde tiempo atrás para actuar en prevención de la desocupación que causaría la apertura de la TCM.
El asesor legal del sindicado, Frank Ulloa, apostilló que en el Gobierno han tratado el asunto como si fuera solo un problema de Japdeva y no previeron que las mayores consecuencias serán en el sector privado.
Esa situación supone, a corto plazo, el despido de trabajadores en patios de contenedores, donde se ocupa mano de obra especializada en refrigeración, soldadura en aluminio y otras labores relacionadas con la exportación de productos perecederos que es muy delicada, y para trabajadores que han estado 20 o 25 años en eso no se les puede mandar a trabajar en construcción en cualquier parte, como ha planteado el MTSS, aseguró.
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, rechazó que hayan faltado respuestas de la administración, y mencionó una serie de acciones emprendidas.
PUERTOS PÚBLICOS
Según Liroy Pérez, secretario de prensa de Sintrajap, el Sindicato de Japdeva, no hay duda de que la TCM se va a quedar con buena parte de la carga que Japdeva moviliza en la actualidad, pero consideró que no necesariamente eso se traduciría en recortes de empleos en la entidad estatal, por lo que considera aventurado el cálculo de la administración que habla del posible cierre de 900 puestos en la institución, cuya planilla consta de 1.300 empleados.
Pérez calculó que de los 700.000 contenedores que Japdeva moviliza anualmente, APM podría quitarles 400.000, pero eso más bien les dejaría campo para cambiar la modalidad de trabajo y mercadear los puertos estatales para atraer otros clientes y generar recursos y empleos tanto en la empresa estatal como para los privados que dan servicios.
Añadió que, junto al Gobierno local, cámara de comercio y la Federación de Trabajadores Limonenses y otras fuerzas locales, están impulsando varios proyectos, no solo para fortalecer Japdeva, sino el desarrollo de la provincia.
Las propuestas se las han estado presentando al Gobierno y a los candidatos presidenciales, dijo Pérez, quien advirtió que mucho depende de la voluntad política del Gobierno para hacer lo que hay que hacer, pues si no se hace nada, la apertura de APM sería catastrófica para el empleo de Limón.
En relación con los despidos que se anuncian en empresas de servicios portuarios, APM Terminals indicó que “las decisiones de otras empresas costarricenses obedecen a las condiciones particulares de cada una de ellas y APM Terminals es respetuosa de ello.”
Por ahora, el principal compromiso de la compañía es finalizar la construcción de la TCM para iniciar operaciones en febrero del 2019 y dotar al país de la más moderna y eficiente infraestructura portuaria, añadió la firma a través de su servicio de prensa.
Señaló que APM Terminals es un oferente más en el mercado nacional, que pondrá a disposición del sector empresarial servicios estipulados en el contrato de concesión de obra pública del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), tales como carga y descarga de contenedores, transferencia muelle-patio y viceversa, manipulación, recepción y despacho de contenedores (entre otros).
Mediante tecnologías de última generación para la prestación de dichos servicios, la nueva Central impactará directamente en el comercio internacional del país, reducirá los costos de logística para las exportaciones costarricenses, disminuirá los tiempos de atraque, mejorará la eficiencia portuaria, creará nuevas fuentes de empleo directo e indirecto en Limón y atraerá una mayor inversión extranjera, destacó la empresa.
ACCIONES DEL GOBIERNO
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, discrepó de la afirmación de que el Gobierno no ha hecho nada para atender la generación de empleo en Limón, pues dijo que el Estado como un todo sí ha respondido.
Se trata de un tema complejo con el que tienen que ver una serie de instituciones públicas y privadas, no solo el MTSS, de modo que no puede verse como competencia exclusiva de ese Ministerio, señaló.
El jerarca destacó que el cambio de modelo portuario fue una decisión que se tomó en la Administración pasada y el Gobierno actual tomó la decisión superior de mantener el contrato de la TCM.
“Nosotros lo que podemos hacer es aminorar las consecuencias de esa decisión, pero la decisión ya está tomada. Si la entrada en vigencia (de la TCM) hace que algunas empresas cierren o se reduzca sus actividades, eso son consecuencias lamentables de una decisión superior que ya está tomada”, comentó.
Se prevé que podría haber una afectación para la gente que trabaja en predios, las estibas y transportistas a partir del 2019. Cualquier acción que tomen ahora las empresas son propias conforme a su actividad normal, y por lo menos en el Ministerio no las han relacionado con el cambio de actividad prevista para el 2019, aseguró Hasbun en referencia al asunto de los despidos anunciados.
En cuanto al número de empleos que se podrían perder con la apertura de la TCM –que empleará más tecnología y menos mano de obra – dijo que sería aventurado dar un dato, entre otras razones porque Japdeva no va a salir del todo de la actividad portuaria, y más bien de alguna manera se está fortaleciendo con las nuevas grúas que adquirió recientemente, y no está claro qué parte del personal quedaría cesante.
Igual pasa con las empresas que trabajan alrededor de Japdeva, la cual tendría que seguir trabajando con una parte de las estibadoras y de los transportistas.
El ministro dijo no conocer detalles de lo hecho anteriormente, pero desde que él asumió el puesto en el segundo semestre del 2016 se ha estado trabajando con mucha responsabilidad en el tema de Limón, sin olvidar que los empleos se crean fundamentalmente a través de la actividad privada.
Como parte de lo hecho, mencionó la creación de tres comisiones coordinadas desde la Casa Presidencial, con participación de representantes de la zona, incluidos sindicatos y cámaras del sector privado.
Una comisión se encarga de la creación de una zona económica especial, a fin de incentivar el desarrollo de la actividad empresarial. Una prioridad en esto es el combate contra la inseguridad, porque no llegarán inversiones si no hay seguridad, materia en la que se han logrado avances, al punto de que Limón dejó de ser la zona de mayor criminalidad del país, apuntó.
Otra comisión estudia cuántas personas quedarían cesantes en Japdeva, los perfiles de la gente que quedaría desocupada en la provincia, y una prospección de las opciones de empleo en la zona.
Una tercera comisión tiene que ver con problemas institucionales que hay que corregir, como la falta de planes reguladores en algunas municipalidades, cuya ausencia acarrea un problema de seguridad jurídica para las posibles inversiones en la zona.
En una decisión unánime SINTRAJAP se une al movimiento nacional de lucha convocado y programado para hoy por diferentes fuerzas sociales costarricenses y por las siguientes razones:
Modificación de la Clausula 9.1 del contrato de la APM para que se le permita a JAPDEVA competir por la carga en igualdad de condiciones.
Por el incumplimientos por parte del gobierno con respecto al equipamiento de nuestros puertos específicamente en el tema de montacargas y los atrasos que se han dado para la obtención de una viabilidad ambiental para la construcción del puesto de atraque 5-7 en Moín por parte de JAPDEVA.
En defensa de nuestras garantías económicas, sociales, laborales y sobre todo de nuestra estabilidad laboral.
Nos manifestamos además en defensa de las instituciones públicas y en contra de las iniciativas neoliberales que pretenden empobrecer aún más al pueblo costarricense para beneficiar a unos pocos.
Por estas y otras razones nos unimos a la huelga por el día de hoy a partir de las ocho horas.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Liroy Perez Perez, Secretario de Prensa.
Lucha de SINTRAJAP contra el monopolio privado de los puertos de Limón y de Moín: más legítima que nunca
Paradójicamente la lucha de SINTRAJAP es a favor de la libre competencia
¡Caldera enseñó!:
Nunca bajaron los precios de los granos básicos que ocupa el pueblo para su mínima alimentación
A nombre de la coalición sindical PATRIA JUSTA, de la cual es digno integrante el Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Portuarios y Afines (SINTRAJAP), tenemos que censurar las deplorables y desafortunadas declaraciones del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con ocasión de la protesta que protagonizaron integrantes de dicha agrupación laboral, este domingo 8 de marzo, durante la visita del mandatario a los terrenos en los cuales se impondrá el monopolio privado de explotación lucrativa de los muelles de Limón y de Moín, los más importantes del país.
Cuando el mandatario expresa frases contra los trabajadores y las trabajadoras en manifestación en las cuales, por ejemplo, se deja decir que: “Si se quedan ahí será para tomarse unas vacaciones de pocas horas, pero nada va a cambiar”, está implícita una perversa connotación denigrante en contra del personal trabajador de Japdeva y, por ende, de la propia población trabajadora limonense; “olvidando” que él también fue participante en muchas manifestaciones de calle. Creemos que debe disculparse por ello.
Muchos años de agresión mediática en contra de Japdeva por su carácter de empresa pública de propiedad nacional; en contra de su personal por tener una Convención Colectiva de Trabajo de orden constitucional; en contra de SINTRAJAP por haber asumido una posición patriótica y nacionalista, en favor de la soberanía nacional de los puertos costarricenses; llevan al Presidente Solís a alimentar la perversa especie de que este conglomerado laboral es de “vagos que están de vacaciones cuando protestan”.
No quisiéramos pensar que por tratarse del pueblo trabajador de Japdeva el que estuviera protestando, parte fundamental del pueblo limonense, en la mente presidencial hubiese algún otro pensamiento discriminatorio.
Considerando la propia experiencia de la privatización monopólica de los muelles del Pacífico, especialmente el de Caldera, podemos decir que solamente incrementó las ganancias corporativas del empresariado extranjero que lo controla: exterminaron la organización sindical, se precarizaron los empleos que quedaron, se tercerizó mucha de su actividad abaratando la mano de obra involucrada; y pese a que fue abolida la negociación colectiva con el falaz argumento de que la actividad portuaria pública era muy “costosa” para la tal “competitividad”, el pueblo trabajador del país no ha visto ninguna rebaja en productos alimenticios de consumo básico y generalizado (arroz, galletas, pan, macarrones y similares), cuya materia prima de elaboración (básicamente, granos), ingresa por dicha terminal marítima.
Es cuestión de revisar los indicadores sociales de Puntarenas luego de privatizado con carácter monopólico los muelles del INCOP, para constatar la naturaleza legítima de la lucha de SINTRAJAP en contra de otra corporación portuaria monopólica, en este caso en los muelles del Atlántico.
Está más que demostrado que la entronización del monopolio privado en la actividad portuaria de los muelles de Moín y de Limón, encarecerá enormemente la importación y la exportación de productos, resultando gravemente afectado la inmensa mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora en todas sus expresiones; esa misma que hoy vive la desigualdad, que sufre la concentración indetenible de la riqueza, la precariedad salarial y el desempleo, así como el altísimo costo de la vida.
SINTRAJAP ha sido contundentemente claro en que su lucha actual es para que Japdeva tenga las mismas condiciones que se le están dando al consorcio transnacional holandés, a fin de competir en el mismo sentido en que lo hace el ICE y el INS, por ejemplo.
Paradójicamente, tenemos el “extraño” caso de un sindicato altamente representativo de una empresa pública pidiendo, luchando y exigiendo que a ésta la dejen competir al más puro estilo de la prédica neoliberal al respecto.
Por demás, estamos completamente convencidos de que tanto en el caso de los muelles de Puntarenas, en su momento; como en el caso de los del Atlántico hoy en día, la hegemonía política dominante que ha controlado la políticas públicas estratégicas en los últimos gobiernos del bipartidismo clásico, le torcieron el brazo jurídico a la institucionalidad republicana, a fin de que contrariando gravemente lo que la actual Constitución Política establece, estos muelles fueran entregados al monopolio privado extranjero sin pasar por la Asamblea Legislativa. En tal sentido, no estamos obligados a reconocer una legitimidad legal para este asalto al patrimonio público.
Hacemos un llamado a la población trabajadora de SINTRAJAP a unirse a los próximos eventos programados para que JAPDEVA permanezca en el tiempo. Igualmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de Limón para que sumen esfuerzos cívicos y defiendan, igualmente, a JAPDEVA que llegó a convertirse a lo largo de los años en algo así como el “Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Limón”. De nuestra parte, PATRIA JUSTA: coalición sindical latinoamericanista, reitera su apoyo a la lucha de SINTRAJAP.
Finalmente, hacemos un llamado a la más grande conjunción de esfuerzos sociales de todo tipo para fortalecer la posición de SINTRAJAP a favor de la institucionalidad pública y en contra de la extracción de recursos patrimoniales a favor de intereses corporativos transnacionales cuyos socios individuales, probablemente, ni siquiera saben ubicar a Costa Rica en el mapamundi.
“Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendieran”. El gran patriota costarricense don Joaquín García Monge, al pie del Monumento Nacional así nos lo advirtió hacia casi un siglo.
Enviado a SURCOS Digital por Albino Vargas Barrantes.
El Gobierno de Costa Rica dirigido por el Presidente Luis Guillermo Solís, el día de ayer en la figura de su Secretario General de SETENA Ing. Freddy Solanos Céspedes autorizó de forma inconcebible el estudio de impacto ambiental, sin respetar los criterios de los expertos ambientalistas sobre las anomalías y el daño ambiental que se la va a causar a la provincia de Limón.
Esta injustificada resolución de SETENA, es un reflejo más del irrespeto que existe en nuestro país sobre los temas ambientales. Donde con tal de favorecer intereses que no son los del pueblo costarricense son capaces de torcer la ley o acomodarla a conveniencia de los poderosos.
Pese a lo indignante de esta resolución, tenemos que asumir estos nuevos retos con cabeza fría y actuar en consecuencia con esta nueva realidad. Ante esto nos avocamos a conocer la resolución y solicitar a nuestros asesores legales y ambientales preparar la apelación y demandas correspondientes. Recordemos que no podíamos presentar demandas ambientales mientras no se pronunciara la SETENA. Ahora si empezamos a dar inicio a este proceso.
Por otra parte estamos dando esta digna lucha, asesorados y acompañados de los hermanos y hermanas ambientalistas, ante las aberrantes y serviles aprobaciones que surgen de manera reiterada de parte de este ente estatal especializado; que más bien en teoría debería de rechazar de plano esta solicitud para garantizar la protección de nuestro ambiente.
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el fortalecimiento y modernización de JAPDEVA y el que se nos garantice que podremos trabajar en libre competencia, sin monopolio en el manejo de la carga a favor de una empresa transnacional, contrario a la Ley.
Comunicarles que el día de hoy, el Lic. Rafael Rojas Jiménez puso un recurso de amparo, porque la SETENA se negó a dar información sobre el estudio de impacto ambiental y su anexo con la APMT solicitud que se le hizo desde octubre 2014.
SINTRAJAP a nombre de los ciudadanos costarricense lucha para que se dirija nuestra Nación con honestidad por el bien de las mayorías. Este gobierno en vez de darle continuidad a un contrato corrupto gestado en la administración Chinchilla del gobierno del PLN, debería de dedicarse a defender la patria y modernizar los puertos de todos los costarricenses.
«Nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida o en su propia esclavitud, la desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano» Gandhi.
Ronaldo Blear Blear
SECRETARIO GENERAL
SINTRAJAP
Información enviada a SURCOS digital por Liroy Pérez.
Las visiones cortoplacistas acerca de los orígenes y consecuencias de las acciones de las élites del poder político y económico, en un momento determinado, tienen el gran inconveniente de empobrecer, en gran medida, las posibilidades de entender o establecer lo que está ocurriendo efectivamente si es que se busca con honestidad ese propósito pues, al no tener en cuenta los antecedentes que dieron lugar a un determinado diferendo o conflicto, no estaríamos haciendo otra cosa que dar palos de ciego en una piñata, una circunstancia en la que sólo el azar podría hacernos tener acierto. Tal es el caso de la evolución y propósitos de largo alcance, no siempre visibles y transparentes, presentes en las políticas sociales y económicas que los sucesivos gobiernos neoliberales y el sector empresarial de Costa Rica, uno de sus impulsores más importantes, han venido llevando a cabo en el Caribe Costarricense, especialmente en el cuanto a la ciudad de Limón y sus instalaciones portuarias, muchas veces ejecutadas bajo el rimbombante nombre de modernización de las empresas públicas más importantes de la región ¿ En qué han consistido esas políticas y cuáles son sus resultados más visibles? Al respecto, el abogado Vinicio Castillo Serrano, en su condición de asesor legal del sindicato SINTRAJAP, nos ilustra hasta la saciedad sobre cómo las políticas envueltas bajo esa denominación dieron lugar a mayor desempleo, hambre y frustración de amplios sectores de la población limonense. Castillo recordó el caso de los ferrocarriles de la provincia y su pretendida modernización, la que redujo a la miseria y a informalidad (empleo e ingresos precarios) a muchas personas, pues en esa oportunidad se perdieron 700 empleos de calidad y se destruyó el sindicato, una organización aguerrida. Ahora sólo queda ir a los patios del ferrocarril y sus instalaciones reducidas a la ruina, mientras que muchas de esas personas y sus familiares, acostumbradas a llevar una vida decente venden huevos de tortuga o hacen cualquier cosa para lograr apenas sobrevivir. La modernización de las estibadoras, ejecutada hace algunos años-añade Castillo Serrano- fue otro canto de sirena que terminó con mil trabajadores más en la calle, agravando el desempleo en la provincia y culminando con la destrucción del sindicato portuario, de tal manera que si antes había una cuadrilla de 35 trabajadores que hacían la labor, su tamaño se redujo a 15 o 17 que hacen el mismo trabajo pero ganando lo mismo o un poco más, pero teniendo que intensificar la labor en una misma unidad de tiempo.
Lo que está en juego en estos momentos, no sólo para Limón sino para todo el país, es la decisión de los poderosos de este país, de matar y acabar con el último reducto de resistencia social del país, plantea el asesor legal de JAPDEVA, don Vinicio Castillo Serrano, para de esta manera lanzar otros 1500 trabajadores a la calle y darle el tiro de gracia a la población trabajadora limonense, la que sólo tendría derecho a un empleo precarizado si es que lo llega a conseguir dentro de las pocas opciones de empleo existentes en la provincia. Según los términos del contrato con la APM Terminals se pretende que con sólo 250 trabajadores se lleven a cabo las labores portuarias más importantes, algo que resulta ser sumamente grave afirma el abogado de SINTRAJAP.
Las políticas sociales y económicas impulsadas por las élites del poder, a lo largo de las dos últimas décadas, conducen inevitablemente a convertir a la población limonense en un reservorio de mano de obra barata, en estado de sujeción política y social; de tal manera que, en última instancia vengan a engrosar las filas del clientelismo social, proclives a una actitud sumisa frente a los elites del poder. Por si esto no fuera poco, mediante una hábil y tendenciosa campaña de corte totalitario, dentro del mejor estilo del Jefe de Propaganda del Partido Nazionalsocialista(Nazi) alemán, Joseph Goebbels, basada en la repetición reiterada de toda clase de falsedades, se busca desmoralizar a la población trabajadora de Limón descalificándola, en términos de calificativos como los de vagos y parásitos dentro de los que no faltan las alusiones racistas, lo que resulta ser no sólo una grosera mentira, sino también una muestra de ensañamiento en contra de una población a la que se han venido cercenando, en términos del mediano y largo plazo, sus únicas posibilidades de empleo de calidad, a partir de las llamadas políticas de modernización institucional.
La poderosa coalición de políticos empresarios o empresarios políticos, a la que habíamos hecho alusión en la primera parte de este artículo, tiene además la suerte de contar con una legión de gentes de escasos ingresos, poquísima cultura y casi nula capacidad de discernimiento, las que dicen odiar a los trabajadores limonenses organizados y con capacidad de lucha, además de un gran potencial de resistencia que de ningún modo se ha agotado. Algunas de estas gentes se han lanzado, por medio la red de internet, a ejecutar una delirante campaña de insultos y amenazas de toda tipo contra las organizaciones de la clase trabajadora, dentro de un estilo fascistizante que las ha convertido en la base social de la continuidad, por otros medios, del régimen de la dictadura en democracia, preconizada por los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda, una forma brutal de lo político que busca imponerse instalando el miedo en el espíritu y el corazón de las gentes. ¿Estará el nuevo gobierno pensando en convertirse en el tercero de esa modalidad autoritaria y antidemocrática, dentro de la que se ha venido degenerando el republicanismo costarricense? En síntesis, algo así como una especie de cesarismo republicano como le gustaba decir a mi recordado amigo y político cartaginés, don Joaquín Garro Jiménez (de grata memoria), para calificar los arrebatos de una derecha delirante que nunca ha estado ausente de nuestra historia política reciente.
La justificada huelga portuaria que los trabajadores de JAPDEVA han mantenido, de manera valiente y tenaz, a lo largo de las últimas semanas, ha tenido la virtud de poner sobre el tapete, por así decirlo, no sólo el vergonzoso y pésimo negociado llevado a cabo a espaldas de la gran mayoría de la población, pero sobre todo en contra de los mejores intereses nacionales, sino también la deriva autoritaria de un gran sector de la derecha política que está dispuesto a dar al traste con la institucionalidad democrática del país, con tal de imponer sus políticas neoliberales, pues esa institucionalidad le resulta ya un estorbo para sus pretensiones de dominio total, en todas las esferas de la vida social de los costarricenses.
A casi un siglo de haber alcanzado la clase trabajadora, como resultado de sus luchas, una serie de conquistas de naturaleza esencial para la convivencia democrática, estas se encuentran hoy más amenazadas que nunca, especialmente en el caso de las que se refieren a los derechos de huelga, sindicalización y contratación colectiva.
Sucede que apenas concluida la espantosa carnicería, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial(1914-1918), se fundó durante el año de 1919, en el seno de la recién constituida Sociedad de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) impulsora de una importante legislación internacional, basada en convenios internacionales, para proteger los derechos de los trabajadores quienes fueron una de las principales víctimas de aquel conflicto armado, desatado por la codicia de las principales potencias europeas de la época. Hoy la obsesión totalitaria del pensamiento único neoliberal pretende borrar de un plumazo toda esa historia, una razón más que suficiente para que estemos alerta para hacerle frente a esas amenazas.
*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
En los últimos días de octubre, La Nación publicó algunas notas donde hacía referencia a la presunta ruptura –o cuanto menos alejamiento- entre el gobierno de Luis Guillermo Solís y los sindicatos. Por esas mismas fechas el presidente andaba por Canadá en otro “viaje de negocios”, muy en la usanza que se ha hecho familiar en Costa Rica, cuyos primeros mandatarios –y mandataria- se han convertido en una especie de agentes de venta dedicados 24/7 a mercadear al país ante posibles inversores extranjeros. El periplo canadiense de don Luis Guillermo coincidió con la convocatoria de huelga por parte del sindicato de JAPDEVA y todo el despliegue policial comandado por el señor ministro de Seguridad y la acción rompe-huelgas de la señora presidenta ejecutiva de JAPDEVA que, como es bien sabido, han sido las respuestas oficiales ante el movimiento huelguístico. Tanto el viaje del presidente como estas reacciones ante la huelga han gozado del más entusiasta apoyo por parte de la prensa comercial, las cámaras empresariales y las élites políticas. Igualmente don Luis Guillermo y su gobierno ha recibido los más cálidos parabienes por parte de esos sectores del poder con motivo de su “firme negativa” a renegociar la cláusula 9.1 –que concede un privilegio monopólico- del contrato con la transnacional holandesa APM Terminals en relación con la concesión de los puertos del Caribe. Se comprende, pues, cuán oportuna –y acaso acertada- resultaba la nota de La Nación sobre el aparente alejamiento entre gobierno y sindicatos
Las semanas previas a los acontecimientos que acabo de reseñar fueron de acaloradísimo debate legislativo en relación con el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. Bajo el enérgico liderazgo de Ottón Solís, esa propuesta presupuestaria ha sido espulgada de la forma más meticulosa e implacable de que se tiene memoria desde la Edad de Piedra. Tijeras, machetes y hachas pasaron a ser las herramientas que brillaban -amenazadoras y sedientas de sangre- sobre las curules diputadiles, en lo que pareciera ser una competencia por ver quién lograba infligir una mutilación más grotesca al presupuesto. Aunque, como es obvio, uno solo ha sido el campeón indisputable en este torneo: el señor Ottón, desde luego.
La “operación recorte” aplicada en el ámbito legislativo -con pleno respaldo empresarial y mediático- ha tenido, según interpreto, una finalidad principalmente disciplinante. Como a la vieja usanza: al mocosito pizpireto y tequioso se le da su buena zurra para que “tenga fundamento” y no ande por ahí causando estropicios.
Pues el caso es que don Luis Guillermo y su equipo ministerial se lanzaron a la aventura de transfundirle un poquito de sangre a instituciones o programadas hace largo tiempo desahuciados por los sucesivos gobiernos del bipartidismo PUSC-PLN. Parece que ese fue, entre otros, uno de los factores que han contribuido a elevar el déficit fiscal previsto para el año venidero aunque no, ni de lejos, el principal (innegablemente el efecto mayor proviene de vencimientos de deuda pública que tienen lugar en 2015).
Se me hace que, pensando en su promesa electoral de “cambio”, el presidente intentó honrar el compromiso de ese modo. Acaso bien intencionadamente –y con su dosis de ingenuidad- se pensó que ésa sería la vía de menor resistencia relativa. Porque la otra opción –la opción heavy- de cuestionamiento a la ya rancia y tradicional estrategia económica neoliberal y propuesta de una reorientación más o menos significativa, es algo que el gobierno ni tan siquiera ha insinuado. Todo lo contrario, puesto que el propio presidente se ha esmerado por dar cumplidas muestras de que su propósito es mantener incólumes los pilares centrales que sostienen esa estrategia.
Mi hipótesis, pues, es que se intentó tomar un atajo: tratar de hacerle algunos remiendos a la casa por medio de un pequeño fortalecimiento presupuestario a favor de las viejas –y hoy ya destartaladas- instituciones del Estado social y desarrollista. Que de lograrse tal cosa, don Luis Guillermo creía que podría haber rajado ante el país diciendo que estaba “cumpliendo” con su promesa de cambio.
Pues no. El carajillo estaba que babeaba con su helado a punto del primer chupetazo cuando llega Ottón Solís –y a su lado la UCCAEP, la prensa comercial y el resto de las élites políticas (con la excepción del Frente Amplio)- y de un solo manotazo se lo arrebatan.
(“Pues que se ha creído el mocoso este ¿que nos iba a vacilar con su piñatita presupuestaria? JAMÁS»).
A don Luis Guillermo y su gobierno se les ha aplicado –por interpósita mano de don Ottón- un severo escarmiento. La brutal ofensiva desatada contra el presupuesto ha sido una llamada de atención rotunda y sin contemplaciones.
Y, por ahora, parece que el presidente y su gente han entendido el mensaje y están en proceso de asimilar la lección. No tanto lo del business travelpor tierras canadienses, el cual ya había tenido sus antecedentes, acorde con el interés por darle continuidad a la política económica vigente. La cuestión se observa más bien en relación con la “firmeza” de que se hace gala en procura de preservar la inmaculada y virginal concepción de la seguridad jurídica de los inversores extranjeros (caso APM Terminals), la igualmente indómita perseverancia con que se busca reprimir y satanizar la huelga de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA y, como coronación de tan singular gesta, en relación con la reciente decisión en materia salarial para el sector privado.
El gobierno parece alejarse de las “malas juntas” para, contrito y lagrimoso, entregarse al cálido regazo de las bien asentadas élites del poder económico, mediático y político cuyos intereses se juegan en la apuesta por el proyecto neoliberal. A ése tema le dediqué algún análisis en artículos previos: este es un gobierno que nació débil, dotado, asimismo, de una muy frágil constitución. Al cabo, sin embargo, ha resultado más débil de lo que ni en la peor hipótesis se lo hubiera uno imaginado. Le han dado una paliza que lo ha exhibido indefenso y acobardado ¿Tiró ya la toalla? Lamentablemente no puedo descartarlo.
A todas y todos los afiliados, a los medios de comunicación, población limonense y costarricense en general.
El Gobierno respondió negativamente a nuestra propuesta de sentarnos a mejorar en algunos aspectos los documentos presentados, para garantizarle a JAPDEVA, a los trabajadores, a Limón y a Costa Rica respeto y seguridad jurídica.
Entendemos que el Gobierno defienda con vehemencia el contrato argumentando respeto al ordenamiento jurídico, pero lamentamos que no se tenga esa misma posición para aplicar ese mismo ordenamiento jurídico para defender a JAPDEVA y los puertos públicos nacionales que le pertenecen a todos los costarricenses. No es cierto que los Tribunales le hayan dado luz verde a APM para que construya. Les recordamos que aún quedan muchos procesos pendientes por resolverse, tanto en instancias de Gobierno como SETENA y en los Tribunales de Justicia. Así que, la seguridad jurídica en este caso no está aún consolidada.
Lamentamos que este movimiento haya tenido que llegar hasta estas alturas, cuando se pudo haber evitado gran parte del daño que se le ha causado al país con la postergación del conflicto. Denunciamos que no hemos sido convocados para alcanzar ese acuerdo que tanto necesitamos todos. El Gobierno en lugar de buscar soluciones, vuelve a amenazar, demostrando una vez más, su posición cerrada e intransigente que no ayuda en nada al diálogo.
Estamos frente a un contrato que en algún momento, el hoy Presidente de la República se comprometió a revisar públicamente en el plan de Gobierno (Plan Rescate, página 14). Reiteremos que SINTRAJAP está en la mayor disposición a continuar dialogando para encontrar un acuerdo que nos permita dar por finalizado el conflicto.
TODAS Y TODOS A LA MARCHA, MAÑANA LUNES 3-11-14 A LAS 10 AM, SALIENDO DEL CEMENTERIO HASTA LIMÓN CENTRO
Ronaldo Blear Blear, secretario general; Liroy Pérez Pérez, secretario de Educación.
Información enviada a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez.
La inocultable intencionalidad del grupo de políticos empresarios o empresarios políticos que han venido tomando por asalto para destruir en pedazos la institucionalidad costarricense, construida con el esfuerzo de varias generaciones, no es otra -ni más ni menos- que la de acabar con los focos de resistencia sindical que, como en el caso del ICE y de JAPDEVA, les han impedido terminar de saquear esas instituciones y entregarlas a intereses como los de Carlos Slim para el caso de las telecomunicaciones o a los de empresas portuarias transnacionales, como sucede ahora con la holandesa APM Terminals, quien pretende para sí misma poder dejarse la parte de león en el negocio del manejo portuario en aguas del Caribe Costarricense: el monopolio en el manejo de los barcos con 750 contenedores que arribarían al nuevo puerto de aguas profundas que se encargarán de construir en el área de Moin, dejándole a JAPDEVA la parte menor y decreciente del negocio portuario, representada por los barcos que traen 250 contenedores a los actuales muelles de Moin y Limón. Para ello necesitan completar la jugada estratégica de acabar con los sindicatos y las convenciones colectivas en el sector público de Costa Rica, una acción consustancial con la ideología totalitaria que profesan los nuevos y entusiastas militantes de la nueva derecha en nuestra área continental, los que no admiten que ningún sector organizado se enfrente a sus designios y pueda desafiar el modelo de sociedad excluyente y concentradora de la riqueza que se proponen instaurar, para ello necesitan pagar salarios decrecientes degradando el costo de la fuerza laboral, una poderosa razón por la que las organizaciones sindicales constituyen uno de los más serios obstáculos para la concreción de sus designios. Con este contingente político de jóvenes yuppies proclives al neofascismo más visceral, los ya mencionados políticos empresarios se preparan además para dar al traste con la institucionalidad democrática del país, siguiendo los lineamientos del régimen de la dictadura en democracia preconizada por Óscar Arias Sánchez y continuada, en un segundo gobierno, por Laura Chinchilla Miranda. De ahí que no dudan en amenazar, por medio de la red, al movimiento popular costarricense y sus dirigentes descalificándolos en los peores términos para, de esta manera, confundir al sector más desinformado y menos reflexivo de la llamada opinión pública, por lo que de sus intenciones aniquiladoras no queda ninguna duda.
Es por todo lo que hemos venido exponiendo, que estos tecnócratas y yuppies de todo pelaje, acuden a afirmaciones audaces y llenas de falsedad, en cuanto a la naturaleza insuficiente e incompleta de que dispone la ciudadanía costarricense sobre el tema de los muelles, con lo que incurren en la falacia de un presunto conocimiento e información universal disponible y accesible para todos los habitantes del país. De esta manera, terminan resultando culpables en este caso, los así llamados”ticos” o ciudadanos de a pie, de no estar debidamente informados, como si todos los actores sociales tuvieran las mismas posibilidades de acceder a la información y la misma capacidad para entenderla, sobre todo si en ella figuran una gran cantidad de tecnicismos, propios de una jerga que acostumbran a manejar las elites del poder. Han sido las acciones de la resistencia sindical y las preocupaciones emergentes de un sector de la ciudadanía las que han hecho, por así decirlo, que la información aflore y se abra paso, aunque de una manera todavía muy precaria, hacia la construcción de un escenario adecuado para un verdadero debate de fondo sobre el negociado portuario, algo que todavía sigue ausente e imposible para la gran mayoría de la población.
Resulta ser algo falso, de toda falsedad, que sean los trabajadores de JAPDEVA quienes tengan en quiebra- en el caso de que verdad lo esté- a esta empresa o entidad nacional, inicialmente concebida para el beneficio de los habitantes del litoral caribe de Costa Rica, pero por desgracia tergiversada por los juegos de poder de los tantas veces mencionados políticos empresarios y sus acólitos de siempre. En este, al igual que en otros casos de lo que se trata es de un problema de hegemonía sociopolítica y de una abierta lucha de clases, donde la clase patronal busca imponerse abaratando en todo momento el costo de la fuerza laboral, privándola para ello de sus derechos sindicales y políticos. De ahí, la naturaleza falaz y tendenciosa de que son los trabajadores portuarios los que tienen en quiebra a la empresa por sus salarios, y al parecer tremendos beneficios laborales, dentro de una forma de razonar con la que no logran ocultar la verdadera intencionalidad de destruir al sindicato y alcanzar el añorado paraíso de tener una fuerza laboral barata, sujeta a sus designios y carente de todo poder de negociación. Además soslayando el hecho de que la masa salarial recibida todos los meses por los actuales trabajadores portuarios de JAPDEVA, dado el hecho de constituir un importante monto, resulta ser una inyección esencial e importante para activar la demanda agregada, dentro de la economía local del principal y casi único puerto del Caribe Costarricense. ¿O será acaso que los detractores de SINTRAJAP piensan que quienes disponen de esos ingresos se van de compras para Miami o les dan un destino, digamos que extraterrestre?
El monopolio en el manejo de los buques con capacidad de 750 contenedores, para la empresa APM Terminals representa, en este negocio, quedarse con la parte más sustanciosa de la actividad portuaria, ya que precisamente ese es el vector que marcará sus tendencias hacia el futuro y en cuanto la expansión del negociado portuario, a partir de la construcción de la nueva terminal de Moin, quedando las migajas para la administración de JAPDEVA, las que con el paso del tiempo se tornarán cada vez más insignificantes. En cambio, una ruptura de este monopolio los obligaría a aceptar la existencia de un grupo mixto de trabajadores, quienes en ejercicio de sus derechos constitucionales tendrían, en su totalidad, el derecho de contar con su sindicato, cosa que vuelve locos a estos neofascistas y energúmenos que nos amenazan todos los días por medio de la red.
En lo referente al tema del pago de la parte impositiva por parte de la empresa (de apenas el 30%) y del 7% de los ingresos de APM Terminals que se destinarían para JAPDEVA, lo que cabe indicar, por ahora, es que son todavía insignificantes en términos de la magnitud e importancia de este negociado, perdiéndose así un oportunidad única para que la actividad portuaria favorezca de verdad a la provincia, a sus habitantes y al país en su conjunto. Resulta de suyo evidente el hecho de que sólo la mentalidad colonizada de quienes negocian supuestamente en representación de los intereses nacionales pueda permitirse semejante desvergüenza y cinismo, a la hora de presentar sus argumentaciones. Sería bueno tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en esta materia en otras latitudes, especialmente en toda la región del Caribe.
En cuanto a que el crecimiento de las exportaciones e importaciones traerán más oportunidades para la población del principal puerto del Caribe, la histórica y bella ciudad de Limón, lo acontecido desde hace más de un siglo de actividad portuaria demuestra, con creces, que ha sido siempre todo lo contrario. Las riquezas pasan por la provincia, eso es cierto, pero no se quedan para invertirlas en su territorio, generando riqueza y trabajo decente para sus habitantes. Lo demás no es otra cosa que una parte de la utopía neoliberal, cuyos líderes e ideólogos sueñan con sus parques industriales y zonas francas donde los trabajadores son siempre ciudadanos de segunda, pues no tienen siquiera el derecho a sindicalización y son, eso sí, el semillero de una mano de obra barata y abundante.
*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
Estimados señores Ministros y señora Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA:
Las presentes observaciones y propuesta es un agregado a los acuerdos ya alcanzados o consensuados en los diferentes procesos de diálogo que se han venido realizando en el marco de la atención de este conflicto. Documentos del 27 de octubre y 30 de octubre del 2014.
El Sindicato de trabajadores de JAPDEVA y afines Portuarios reitera su total disposición a un dialogo constructivo y permanente que nos permita alcanzar acuerdos que le den un final al conflicto con satisfacción para ambas partes.
Reconocemos la voluntad de diálogo que el Gobierno por medio de sus representantes han tenido con el afán de encontrar una solución al conflicto que al día de hoy ya cumple nueve días.
Aclaramos que este bienintencionado diálogo, que se ha dado dentro del marco de la buena comunicación y el respeto no ha podido alcanzar acuerdos que ayuden a solucionar las razones por las que el conflicto inició.
Este conflicto se mantiene por la negativa del Gobierno a discutir la exclusividad monopólica privada que se le estaría otorgando a la empresa APM Terminals mediante la clausula 9.1 del contrato de concesión que el Gobierno firmo con dicha empresa.
El gobierno el 27 de octubre presentó un documento incompleto, donde nos informa de algunas obras que se están realizando o que se tiene la intención de realizar en la provincia de Limón para mitigar en parte necesidades que han estado esperando por muchos años soluciones. Dicho documento fue acogido para ser incorporado como parte de los acuerdos en el documento final que le dé un finiquito a este conflicto, pero como ya lo hemos manifestado, el mismo no recoge ni por asomo una alternativa para solucionar el conflicto por el problema creado para JAPDEVA, por la entrega de la exclusividad a una empresa privada para la atención de los barcos especializados para el transporte de contenedores.
Después de un gran esfuerzo realizado entre las partes por encontrar una solución el día de ayer, 30 de octubre, se nos presento una propuesta para que la analizáramos y sometiéramos a consulta de nuestras bases.
Dicha propuesta fue objetivamente analizada y rechazada por las bases y la Junta Directiva de SINTRAJAP, por las mismas razones analizadas supra. Sin embargo rescatamos la buena intención del gobierno de realizar estudios de impacto social y económico que no se han hecho y que nos ayudarían a todos a tener más claridad con relación a los efectos futuros de esta concesión, en el escenario actual, tanto para JAPDEVA como para la comunidad limonense y los trabajadores.
Con base en lo anterior proponemos:
Continuar con el dialogo permanente en busca de un acuerdo que permita poner fin al conflicto. Este diálogo deberá sostenerse por medio de reuniones que se continuaran realizando en un lugar neutral dentro de la Provincia de Limón, entre Guápiles y Limón Centro.
Ante la aparente imposibilidad del Gobierno de poder hablar de la Clausula 9.1 del contrato o del monopolio, solicitamos que se firme un documento formal donde el Gobierno le garantice a JAPDEVA mediante el mecanismo legal que el estado le permita, que podrá atender todo tipo de barcos o de cargas en los puertos públicos nacionales, aún después de que eventualmente entre en operación la nueva terminal de contenedores. Lo anterior lo fundamentamos en la norma Constitucional en su artículo 46, el Tratado de Libre Comercio, la Ley Orgánica de JAPDEVA, las clausulas 4.1.2, 9.1 y 12.10 del Contrato de Concesión y lo establecido en el punto 1.2 DECLARACION, del Contrato de Concesión con APM Terminals que establece:
“Principios de Competencia: El Concesionario se compromete a no implementar prácticas o políticas comerciales desleales tales como: dumping y prácticas monopolísticas de conformidad con la normativa nacional y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica.
Que con fundamento en el articulo número uno de la Ley Orgánica de JAPDEVA, como Autoridad Portuaria sea la encargada de coordinar y brindar los servicios de atraque y desatraque, pilotaje y remolcadores de todos los barcos que ingresen a las terminales portuarias en el Caribe Costarricense.
Como punto accesorio y en cumplimiento del anterior, solicitamos que se establezcan mesas sociales de discusión y seguimiento que se encarguen de garantizar los cumplimientos de los acuerdos y de los compromisos que asume el Gobierno con el pueblo de Limón en “EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE JAPDEVA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON” con la participación de los diferentes sectores involucrados en las temáticas del plan. Mismas que serán coordinadas por SINTRAJAP y los representantes del Gobierno.
El gobierno garantizará la protección de todas las fuentes de empleo actuales en JAPDEVA, durante el plazo que dure el Contrato de Concesión de la TCM y su ampliación. De esta forma se garantizará que no exista un impacto social que afecte negativamente a la provincia de Limón.
El Gobierno y SINTRAJAP se comprometen a crear una Comisión vinculante encargada de revisar los planes y políticas de reducción de impacto ambiental, social y económico para garantizar la aprobación de las medidas de impacto que mitiguen los daños que se provoquen de la construcción y operación de la nueva terminal portuaria. Igualmente para garantizar en forma permanente un sistema de mitigación y compensación para minimizar el impacto ambiental y garantizar que exista un santuario de reproducción adecuado para las tortugas Baula, el Manatí y otras especies exóticas de la zona.
Con la firma de este acuerdo, SINTRAJAP se compromete a levantar el movimiento de huelga y reanudar las labores de los puertos en las próximas 24 horas. El Gobierno y JAPDEVA se comprometen a no llevar adelante medidas legales sancionatorias de ningún tipo contra SINTRAJAP, los trabajadores portuarios o sus dirigencias que participaron en el movimiento de huelga producto de este conflicto. Libertad y amnistía a todos los detenidos en Limón durante las protestas de la sociedad civil.
OBSERVACIONES FINALES:
SINTRAJAP hoy está en huelga para que nos dejen competir con una empresa en igualdad de condiciones, no nos oponemos a que venga a invertir la APM Terminals a Limón o que vengan las empresas que quieran a desarrollar la provincia en un verdadero libre mercado donde los usuarios tengan libertad de poder elegir por donde importan o exportan los productos.
Es claro que la posibilidad de construir la terminal de contenedores de Moín por parte de la concesionaria, queda sujeto a la aprobación de los estudios de Impacto Ambiental por parte de SETENA.
Atentamente,
Lic. Ronaldo Blear Blear,
Secretario general de SINTRAJAP
Información enviada a SURCOS Digital por Liroy Pérez.
