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Etiqueta: juicio político

Llamado a la solidaridad: a un mes del juicio de Orlando Barrantes

El próximo 22 de septiembre se realizará por octava ocasión un juicio contra el luchador y dirigente social Orlando Barrantes, lo que representa el juicio político más largo en la historia del país (22 años). Por esta razón, distintas organizaciones sociales, políticas y activistas independientes fundamos el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes y lanzamos la campaña de solidaridad por su libertad.

Este juicio que enfrenta Orlando es de carácter político, por su participación en un movimiento realizado por campesinos, traileros y bananeros en la zona Atlántica en diciembre del año 2000, en contexto de la lucha contra el combo del ICE, así como por el trabajo político que ha hecho el compañero gran parte de su vida. Barrantes ha sido un integrante activo de los movimientos sociales, apoyando luchas campesinas, de ex-estibadores, transportistas independientes, mujeres solas jefas de hogar, indígenas, personas afectadas por el Nemagón y actualmente en la lucha por el acceso a una vivienda digna para la población más vulnerable.

La Fiscalía incluso ha señalado a Orlando de ser un “enemigo del Estado” y “un conspirador contra el gobierno”, como si luchar por nuestros derechos fuera un crimen.

Barrantes ya ha sido declarado inocente y absuelto en dos ocasiones anteriormente en el proceso, pero la Fiscalía continúa ensañada contra el luchador social, irrespetando así el derecho de todas las personas a una “justicia pronta y cumplida”, establecida en el artículo 41 de la Constitución Política. En Costa Rica no estamos acostumbrados a políticas de este tipo, que son propias de dictaduras militares. Estas funcionan como método de amedrentamiento del Estado y de criminalización de los movimientos sociales que se atrevan a organizarse y manifestarse contra las injusticias y para exigir condiciones de vida dignas para los sectores de la población más vulnerables.

Luchar por la libertad de Orlando, es luchar por el legítimo derecho a protestar que tenemos todas las personas y que es fundamental para el control político y para asegurar la participación del pueblo y de todos los sectores en el diálogo social y en la construcción colectiva de la democracia. Por esta razón, llamamos a todas las organizaciones sociales y políticas, religiosas, campesinas, indígenas, sindicatos del sector público y privado, ecologistas, luchadores por vivienda, agrupaciones de mujeres, estudiantes, de base local y comunal, a sumarse a la campaña por la libertad para Orlando Barrantes, porque solidarizarnos con esta lucha es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta y a la organización desde abajo.

Algunas formas para apoyar esta campaña son crear comunicados en solidaridad al compañero, apoyar la campaña de recaudación de fondos y acompañarnos a partir de las 8:00 a.m. del 22 de septiembre, en los Tribunales de Justicia de Guápiles, cuando dará inicio este octavo juicio.

Para más información a los contactos: 8583-0253 o 6060-0278

#TodxsSomosOrlandoBarrantes

 

Fuente de imagen: socialism.com

Justicia por Orlando Barrantes

Orlando Barrantes lleva 22 largos años en procesos judiciales por la misma causa, violentando el artículo 42 de la Constitución Política “Ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”.

Por lo tanto, el juicio que atraviesa Barrantes es un juicio político que condena el movimiento social, por lo cual, todas las personas debemos defender nuestros derechos a organizarnos y manifestarnos, no se debe permitir la criminalización de la protesta social.

“Ninguna persona debe permanecer 22 años en un proceso judicial y de persecución”

Para más información y apoyo a esta campaña ingresar al Facebook: Libertad para Orlando Barrantes, o al Instagram: @Orlando_Barrantes_Libre

Manifestación de Albino Vargas Barrantes en el juicio político en su contra

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 06 de diciembre arrancó el juicio político en contra de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en el que fue acusado por instigación pública al llamar a la ciudadanía costarricense a la protesta social.

En el video que se encuentra al final de la nota, se pueden ver las declaraciones de Albino Vargas en ese juicio. Expuso la corriente ideológica sindical que sustenta y reiteró que la situación legal en la que se encuentra en este momento es impulsada por un grupo liderado por la abogada Gloria Navas, respaldada por el Ministerio Público y el Presidente Carlos Alvarado. 

Adjuntamos el video:

Brasil: táctica de golpe de estado y apariencias legales

Rogelio Cedeño Castro*

 

Primera parte

El resultado inmediato más visible del juicio político contra la presidenta brasileña Djilma Rousseff, un hecho perturbador que ha ocupado las páginas y pantallas de la prensa mundial durante más de un mes, como es en su esencia el acto ilegítimo, ilegal y desproporcionado dispuesto, hace pocos días, por la mayoría de los integrantes de la cámara de diputados y del senado de ese país, ha sido su separación del cargo y la formación de un nuevo gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, convertido ahora en su más encarnizado enemigo, cuyo gabinete aparece conformado solo por integrantes de la minoría rica, caucásica y conservadora del país. Dentro de lo que constituye un acto que implica una vuelta a las prácticas oligárquicas, racistas y sumamente excluyentes, además de grotescas, de un pasado no tan lejano y tan propias del manejo del poder, por parte de las viejas elites durante buena parte del siglo anterior, las que implicaron desde siempre la discriminación y la violencia, en diversos grados, en contra de los grupos negro, indígena y mestizo que conforman la mayoría de la población brasileña, dentro de un país con más población negra que cualquier país africano, aunque también esta figura entre las más apartadas del poder y la riqueza, incluso si lo consideramos a escala planetaria.

No conformes con esto, los integrantes del nuevo gobierno han procedido, de inmediato, a la aplicación de un programa político, económico y social más agresivo, de naturaleza neoliberal y poco respetuoso de los procedimientos legales, dentro de lo que son un conjunto de acciones que, en ningún momento, han recibido la sanción positiva del voto popular.

Es aquí donde se revela, de manera definitiva e inocultable, la singularidad y la violenta determinación de las acciones dispuestas por este conglomerado de diputados y senadores, sobre todo por su pretensión de imponerle a la población brasileña un paquete de acciones en materia de política social y económica principalmente, las que tendrán graves efectos sobre los más pobres y excluidos, en ese enorme y contrastante país, todo como resultado del fin del período de las llamadas vacas gordas, al caer estrepitosamente el precio de las materias primas o commodities de los países de la región, después de un período durante el que, según afirma el economista Alfredo Serrano Mancilla,: “la política económica de Brasil fue muy exitosa en redistribuir riqueza a favor de las mayorías. Políticas sociales, como el programa Bolsa Familia, fueron responsables de sacar a 36 millones de brasileños de la pobreza. Se generó empleo (20,8 millones de puestos de trabajo), se mejoraron los salarios y se crearon casi 80.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, todo esto se consiguió sin romper con las alianzas con el sector financiero. La banca privada nacional engordaba sus cuentas y el capital-golondrina financiero llegaba del exterior al calor de las altísimas tasas de interés. Por momentos, de las más atractivas del planeta. Un complejo equilibrio de ganar-ganar aplaudido por todos: alta aprobación de las mayorías y piropos de los medios internacionales. Por ese entonces se llegó a hablar de Brasil como la tercera vía latinoamericana”.

El descaro, el desenfado y la violencia, no tan implícita como pudiera pensarse en principio, con los que se exteriorizan todas estas medidas dentro del panorama político del Brasil contemporáneo, auguran un momento amargo y duro para las grandes mayorías populares de ese inmenso país sudamericano, una verdadera nación continente con casi 8 millones de kilómetros cuadrados y varias zonas horarias dentro de su extenso territorio, el que limita con la casi totalidad de los otros países sudamericanos, con las excepciones de Chile y Ecuador. Las complejas relaciones de poder hacia el interior de la nación brasileña aparecen aquí, provocando o mostrando una gran variedad de contrastes y problemáticas diversas planteadas a partir de su misma existencia, dada la gran variedad de contrastes en los órdenes más diversos que existen entre las diversas regiones y estados que las conforman, las que van entre las áridas y empobrecidas tierras del nordeste( el sertao, donde el hambre ha reinado desde hace mucho tiempo) y las ricas tierras gauchas del sur brasileño, con su característico verdor y las abundantes predios agrícolas, o entre las áreas costeras de Río de Janeiro o San Pablo con sus áreas urbanas y la inmensidad de las tierras amazónicas, un reservorio forestal de decisiva importancia para toda la especie humana y que se encuentra, cada vez más amenazado por la codicia de unas cuantas empresas transnacionales y los propios latifundistas brasileños, opuestos a cualquier modificación en la distribución de la tierra y en las prácticas depredadoras hacia los bosques de la Amazonía.

Dentro de semejante país, las camarillas locales del poder juegan un papel esencial en la toma de las decisiones más importantes, así como en la obstaculización de aquellas otras que puedan afectar a sus intereses y privilegios de casta, tal y como ha sucedido en esta oportunidad con todos los elementos de la trama del llamado impeachment o juicio político en contra la actual presidenta, que en realidad busca derribar su gobierno e imponer el programa político de la derecha, por el que no votaron en las últimas elecciones generales la gran mayoría de los brasileños y que los políticos de la derecha derrotados en las urnas apenas ayer están tratando de poner en ejecución, de manera acelerada, para impedir o mitigar la reacción de los movimientos populares, tales la Central Unitaria de Trabajadores o el Movimiento de los Sin Tierra(MST).

Este juicio político en esencia es promovido principalmente por sus antiguos aliados en el poder del Partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), a lo largo de los últimos trece años, a partir de la primera elección de Luis Ignacio Da Silva Lula, en las elecciones generales del año 2002, entre los que figura el presidente provisional recién designado y que había sido electo vicepresidente de la república, junto con la presidenta Djilma Rousseff en las pasadas elecciones generales de 2014. Los “aliados” de Lula y Djilma, provenientes de esta fuerza de derecha que ha sido siempre en realidad el MDB, aunque se autocalifiquen como un partido de centro(¿?), han roto con el actual gobierno de Djilma para buscar el retorno a un pasado o statu quo caracterizado por la miseria y creciente violencia contra los sectores populares, quienes a lo largo de la última década han despertado y se han movilizado por sus derechos, incluso enfrentándose al gobierno o a pesar suyo. El camino de los golpistas ahonda los graves problemas de ilegitimidad que ya enfrentaban los poderes públicos y el sistema político hasta ahora imperante en Brasil, además de ser una amenaza mortal para la débil democracia de un gigantesco país. La hipocresía de los protagonistas del drama y las apariencias legales con las que buscan cubrir sus acciones violentas, no ocultan las graves consecuencias de este asalto al poder en el mayor país sudamericano y sus implicaciones en la geopolítica mundial, a las que tendremos que referirnos más en detalle.

*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Morales.

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