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Etiqueta: justicia social

Sector académico envía carta a Presidente sobre reforma fiscal

SURCOS recibió esta carta con la solicitud de ser divulgada. Quienes formen parte del sector académico y deseen firmarla, deben enviar un correo con sus datos a arias.luis1988@gmail.com

 

Carta abierta al Sr. Carlos Alvarado Quesada, ministros, ministras, diputados y diputadas de la República de Costa Rica.

Estimadas autoridades:

  1. Reconocemos la gravedad de la situación fiscal que enfrenta actualmente el país y advertimos, al igual que el conjunto de la sociedad costarricense, sobre las consecuencias sociales y económicas en caso de que el déficit fiscal no sea atendido con la contundencia que requiere. Asimismo, sabemos de la necesidad de ordenar las finanzas y rubros ya insostenibles en remuneraciones y pensiones del sector público.
  2. Igualmente, con suma preocupación, hemos analizado la actual coyuntura política que involucra a los sectores sociales que se oponen a la reforma fiscal. Esta oposición ha ido aumentando a nivel nacional e involucra a gremios sindicales públicos y privados, grupos de pequeños y medianos agricultores y empresarios, funcionarios, funcionarias y estudiantes de las universidades, académicos y vecinos de distintas comunidades. Consideramos que las demandas legítimas de estos actores sociales no han sido atendidas efectivamente por su gobierno desde un inicio y esto debe ser rectificado. Si bien el Gobierno ha llamado al diálogo, deben existir garantías y resultados satisfactorios para los sectores sociales.
  3. En el trámite legislativo del Proyecto de Ley N° 20580 ha sido clara la presión de cabildeos empresariales y corporativos para mocionar a su favor y modificar la normativa que fortalecería los mecanismos que combaten y responsabilizan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes y para mantener sus exoneraciones y privilegios fiscales. Por ejemplo, se ha debilitado la norma de subcapitalización, se han aprobado exoneraciones a iglesias y organizaciones religiosas específicas, a los sectores agropecuarios y se eliminaron los impuestos sobre la revalorización de activos, entre otros cambios regresivos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha reaccionado con la misma contundencia que expresó para contrarrestar la exoneración de la canasta básica.
  4. La reforma fiscal afectaría negativamente a pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder a los mismos tratos parlamentarios preferenciales plasmados en la reforma fiscal. Estas pequeñas y medianas empresas concentran la mayor parte de la fuerza laboral y crean encadenamientos que generan gran valor para la economía nacional. El aumento del impuesto al consumo y los tratos diferenciados a lobbys empresariales no ayudaría a este importante sector de la economía costarricense.
  5. La formulación de una política fiscal debe estar orientada por una postura ética y fundada en criterios de justicia social, tanto en sus aspectos políticos como técnicos. Como han demostrado diversas investigaciones, el Impuesto al Valor Agregado es regresivo desde su construcción e implica un mayor esfuerzo económico para los sectores vulnerables y la clase media costarricense. Igualmente, el mismo Gobierno ha reconocido el impacto en la desigualdad social y la pobreza, sin que exista una garantía de compensación a través de la política social; la regla fiscal que se incluye en el proyecto de ley se basa en criterios de austeridad que en otros países han tenido efectos negativos sobre la distribución de ingresos y las redes de protección social. Ante estos aspectos, queda en evidencia que diferentes sectores de la sociedad costarricense se verán afectados de manera muy diferente en el actual proyecto de reforma fiscal.
  6. La urgencia no es admisible como argumento para descalificar o cerrar las puertas a una negociación vinculante y efectiva. Por el contrario, es precisamente la magnitud y gravedad del problema lo que demanda acuerdos que involucren a todas las partes afectadas y que todos los grupos sociales sean tomados en cuenta, sin menosprecio de sus recursos económicos. La posición pública de liderazgo que la Administración ocupa, le otorga la responsabilidad de tomar la iniciativa para acercarse a estos sectores sociales con una actitud democrática y de escucha efectiva. Por el contrario, hasta el momento, se ha mantenido una narrativa excluyente, altiva y descalificadora, impropia de autoridades políticas de un país democrático. Se debe ser claro en la ruta hacia un diálogo inclusivo, que tome en cuenta a los diversos sectores sociales que hoy se pronuncian en contra. La reforma urge, por eso la negociación es impostergable.

Por estas y muchas otras razones, como miembros de la comunidad académica de este país, les solicitamos enfáticamente retomar la senda de una reforma tributaria justa y progresiva. Asimismo, todos los grupos y sectores involucrados deben dar muestras de avanzar hacia una solución, pero instamos a que el Gobierno sea proactivo en la negociación con los sectores sociales que se manifiestan estos días.

Las personas abajo firmantes formamos parte de la comunidad académica del país:

*Siguen firmas

 

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Caída y ascenso del movimiento fundamentalista cristiano

Marcos Chinchilla Montes

 

Me conmovió de sobremanera leer sobre todas aquellas personas que hicieron el esfuerzo por regresar a Costa Rica, casi que con el fin exclusivo de votar y alzar su derecho a favor de una sociedad que continúe acogiendo un orden democrático que aunque imperfecto, brinda garantías de una institucionalidad y convivencia social orientada a la tolerancia, la justicia social, la integración y el respeto del derecho.

Si bien desde el gobierno de Monge (1982-1986) esas condiciones se han venido deteriorando con la intromisión del neoliberalismo, lo cierto es que la sociedad costarricense no ha claudicado en su anhelo y esfuerzo por alcanzar una sociedad donde todas las personas quepamos en condiciones de justicia, igualdad y equidad en la distribución de riqueza, y en los años recientes, con mayor nivel de armonía con la naturaleza.

Las últimas semanas, y particularmente con la presentación del Plan de Gobierno 2.0 del Partido Restauración Nacional, dejó en evidencia la odiosa confluencia de los intereses económicos de la burguesía nacional que parecieron tener muy buena sintonía con un discurso moralizante, evangelizador y discriminatorio de todo aquello que se aparta de la moral fundamentalista cristiana. Doloroso tener que reconocer como el odio, la intolerancia, la persecución, el fundamentalismo religioso y la violencia se visibilizaron y posicionaron con simpleza en nuestra sociedad; estábamos o estamos a un paso de que se instalara el pensamiento nazista que otrora acabó con la vida de millones de negros, judíos, gays y gitanos

Dichosamente, hoy le asistimos un duro golpe a esa visión de mundo que pensaba retrotraernos 2000 o 2500 años hacia atrás, heredándonos incluso tradiciones e instituciones del oscurantismo medieval y de la inquisición católica.

Muchas pueden ser las razones por las cuales la sociedad costarricense se volcó contra la propuesta del sequito de Fabricio y los neoliberales que posteriormente se le adhirieron; sin embargo, me voy a concentrar brevemente en las siguientes:

La ampliada indignación nacional que borró las fronteras de la pertenencia partidaria y que reconoció el riesgo de violentar un orden societal basado en la defensa, promoción, respeto, exigibilidad y disfrute de los derechos humanos.

Indiscutibles falencias intelectuales, profesionales y personales de Fabricio Alvarado que quedaron ampliamente demostradas en los pocos debates en que participó. Participar en política no es lo mismo que hablar en lenguas en un culto.

Incomprensión e irrespeto aberrante hacia la normativa internacional con la que el país se ha comprometido durante varias décadas, y que a su vez son garante de la promoción de los derechos humanos y las normas de convivencia internacional.

La relación personal y espiritual entre Fabricio y Rony Chávez (este último su padre espiritual) se tornó en un elemento de conflicto en la campaña en la medida que Chávez argumenta que la Virgen de los Ángeles es un espíritu demoniaco que debe ser combatido y desterrado. Este es un tema muy sensible para millones de católicos en el país y Fabricio nunca fue capaz de aclararlo o procuro desviar la discusión.

Un plan de gobierno que en sus diferentes versiones no demostró ni coherencia, ni una direccionalidad política nacional, y que más bien dejó la sensación de ser el plan de una iglesia que quería expandirse a nivel nacional e imponerse como orden moralizante.

Choque frontal y un cuestionamiento continuo hacia la institucionalidad electoral costarricense.

Adhesión oportunista de una serie de figuras ampliamente cuestionadas y mohosas del Partido Liberación Nacional, entre ellas Antonio Álvarez Desanti -candidato perdedor; lo que permitió dejar en claro que el Partido Renovación Nacional es sumamente poroso, que eso de las manos limpias es solo un eslogan de campaña, y que para hacer negocios, se lo hace desde cualquier partido político. A esto hay que sumarle la adhesión de Otto Guevara y otros candidatos presidenciales perdedores que más bien resultaron inconvenientes.

La sospechosa relación entre la campaña de Fabricio Alvarado, el diario digital el Mundo y OPol Consultores que generalmente le favorecía en las encuestas y que solía distanciarse con creces a las encuestas del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Los resultados electorales dejan en amplio descredito a OPol y las personas que estaban detrás de esa empresa.

La indignación nacional se expresó no solo en el voto, sino en una sostenida campaña de memes, videos, comentarios, noticias y reflexiones en las redes sociales y en Whatsapp, las mismas debe asumirse como formas de participación social y de educación que permitieron conocer los riesgos que implicaba un posible ascenso de Fabricio Alvarado a la presidencia del país.

La derrota de Fabricio es a su vez una derrota para los hermanos Arias pues sus intereses económicos y políticos se posicionaron rápidamente detrás de éste; es una doble derrota para un deslucido Álvarez Desanti, sus seguidores y el sector más rancio del PLN; y es una humillación para la Iglesia Católica costarricense que le cedió espacio al fundamentalismo evangélico, perdiendo credibilidad social.

Sin embargo, deseo llamar la atención sobre el siguiente aspecto. En este round Fabricio resultó perdedor; no obstante, desde hace varios años el fundamentalismo cristiano aprendió a degustar las mieles del poder, y van por éste. Desde mi lectura, el fundamentalismo cristiano es ya un movimiento social (eso sí, de derecha), y han venido demostrando que tienen músculo político y que tienen capacidad para movilizarse y hacer temblar la institucionalidad costarricense; sino, recuérdese la cantidad de diputaciones que ganaron para la próxima Asamblea Legislativa, situación que avizora una situación especialmente delicada para el gobierno de Carlos Alvarado.

Finalmente, tenemos cuatro retos muy importantes y que no se deben de descuidar, a saber:

Carlos Alvarado debe hacer un excelente gobierno en términos de justicia social, distribución de riqueza, desarrollo de infraestructura, protección del medio ambiente y defensa de los derechos humanos; de no hacerlo, puede que no resistamos un nuevo embate del movimiento fundamentalista cristiano y su asociación con el pensamiento neoliberal.

El Tribunal Supremo de Elecciones debe revisar y modificar su normativa. Resulta inverosímil que ante tanta violación a la norma electoral, el tribunal se quede casi de brazos cruzados.

La vivencia espiritual debe complementarse con un pensamiento científico que permita enfrentar el pensamiento mecánico-mágico-religioso que está en la base del fundamentalismo cristiano. El desarrollo de una política cultural, educativa y participativa podría incidir en que recuperemos lo mejor de pensamiento de la ilustración, sin descuidar una relación constructiva y respetuosa con el medio ambiente.

La capacidad de reacción y acción social que asumió una buena parte de la sociedad costarricense contra la intolerancia debe mantenerse y fortalecerse. Como lo externé líneas atrás, el fundamentalismo cristiano es ya un movimiento social, con músculo y presencia en la Asamblea Legislativa; vendrán días aciagos en los que intentaran imponer su visión moral y excluyente de lo que es el ser humano, y debemos tener capacidad para cuestionarlos y enfrentarlos.

Dichosamente ganó la sensatez, el respeto a lo socialmente diverso, una agenda que garantiza los derechos humanos, y especialmente, la institucionalidad republicana que con sus evidentes limitaciones, aún permite la convivencia y la inclusión y existencia de la diferencia. Por el momento, con buen tino enterramos la intolerancia.

 

*Imagen tomada de https://semanariouniversidad.com/pais/fabricio-alvarado-presenta-su-plan-de-gobierno-2-0/

Enviado por el autor.

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Carta pública dirigida al Arzobispo José Rafael Quirós acerca de la Iglesia en las elecciones

Estimado Monseñor:

Esta no es una carta edulcorada, pero esperamos que usted vea, en la sinceridad, la medida de nuestro amor por la Iglesia.

Los temas sobre la familia y la ética sexual han predominado en la contienda electoral, poniendo en segundo plano otros muy importantes como la justicia social y la inequidad en la distribución de la riqueza. Antes de la elección del 4 de febrero, no recordamos haber visto ningún llamado de los obispos para ampliar la temática, con lo que se permitió –de modo directo o indirecto– un énfasis erróneo que desorientó al electorado. Tanto es así que en cartas posteriores, y tardías, la Conferencia Episcopal se vio en la necesidad de solicitar una visión integral.

Autorizados analistas opinan que Restauración Nacional, de innegable raíz neo-pentecostal, en alianza con los más radicales políticos neoliberales, pretende debilitar nuestro Estado Social de Derecho mediante una privatización acelerada de las instituciones públicas como el INS, el ICE, etc. ¿Cuál es la posición de la Iglesia para que ese tema sea discutido?

Nos preguntamos con angustia por qué la Iglesia promueve y fomenta tanta cercanía con el neo-pentecostalismo, si no ha tenido –por décadas– intentos efectivos de diálogo con iglesias de larga tradición en el país, como la Anglicana, la Luterana y la Metodista. Tan precipitada cercanía ha servido para respaldar las pretensiones del candidato de Restauración Nacional. Así opinamos muchos católicos.

El mentor espiritual del candidato Fabricio Alvarado, señor Rony Chaves, amenaza abiertamente el culto a la Virgen de los Ángeles y plantea una guerra contra el catolicismo, pero en ningún momento hemos visto una reacción de los dirigentes católicos que defienda nuestras creencias y nuestra fe. No se puede argumentar que eso sería meterse en política.

Acciones como el “Manifiesto Conjunto” entre la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica Costarricense, que –por cierto– acarreó una reprobación del Tribunal Supremo de Elecciones el 18 enero 2018, y la marcha “Por la vida y la familia” del 3 de diciembre de 2017, sin duda produjeron y producen en muchos fieles la sensación de que da lo mismo ser católico que pentecostal. Esto se vuelve dramático en un contexto de acelerada migración de fieles católicos hacia otros credos.

Con todo respeto pero con dolor, afirmamos que hay sacerdotes que públicamente se han manifestado a favor del partido Restauración Nacional, y que en ningún momento ellos han recibido una llamada de atención —pública también— desautorizándolos. Ese silencio oficial de los señores obispos respalda la opción política del partido antes mencionado. El que calla otorga. Por ejemplo, mientras en días recientes hemos escuchado al candidato Fabricio Alvarado utilizar la marcha conjunta del 3 de diciembre con fines políticos, la Iglesia Católica permanece en el silencio, como si desconociera que las acciones públicas deben ser respondidas de manera pública.

La Iglesia Católica ha permitido que circulen –refrendadas por el silencio de sus representantes— falsedades, exageraciones y deformaciones sobre los programas de educación afectiva y sexual del MEP. Para tener una posición objetiva, la Iglesia tenía la responsabilidad de hacer un análisis riguroso, desde la ciencia de la teología, sobre esos programas. Muchos miembros de la Iglesia no nos satisfacemos con generalidades ni planteamientos de fundamentación no fehacientemente demostrada.

Con todo respeto hacia Usted y amor por nuestra Iglesia, esperamos que su respuesta pública contribuya a esclarecer las confusiones creadas en la población católica.

Deyanira Sequeira, cédula 1-248-675

Cristina Zeledón Lizano, cédula 1-230-339

Estrella Zeledón de Carazo, cédula 1-194-378

Fernando Rudin Vega, cédula 1-0484-0457

Aurelia Trejos París, cédula 1-360-879

José Pablo Mora Vargas, cédula 2-0581-0912

Edgar Fernando Céspedes Ruiz, cédula 9-008-572

Blanca Zelaya Irías, cédula 1-0365-0145

Jorge Alejandro Rivera Alvarado, cédula 1-0794-0409

Marco A. Cañizales Ramírez, cédula 1-0932-0081

Misael Mora Pacheco, cédula 2-0391-0306

Julia Li Vargas, cédula 1-0669-0057

María Gabriela Marín Arias, cédula 1-0619-0342

Carlos Eduardo Díaz Aguilar, cédula 1-0524-0105

Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762

Zaida Sequeira, cédula 1-0292-0747

Cecilia Motta Di Mare, cédula 1-0403-0689

Guadalupe González Kreysa, cédula 9-0071-0985

Saray Córdoba, cédula 1-0438-0311

Ligia Barquero, cédula 1-0415-0623

Nydia Sequeira, cédula 1-0340-0524

José Roberto Díaz Marín, cédula 1-0502-0821

Rosario Morera Alfaro, cédula 4-0109-0224

Alfredo Monge Rojas, cédula 1-0432-0849

Pilar Ureña Álvarez, cédula 1-0573-0651

 

*Foto tomada del Facebook del Arzobispo José Rafael Quirós.

Enviado por Deyanira Sequeira.

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DEI comparte recuento de videos de campaña “Lo que importa”

El año pasado el Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, inició la campaña #LoQueImporta, como un pequeño aporte del DEI al respeto hacia todas las personas sin discriminación y en favor de la justicia social.

Adelantándonos al inicio de la actual contienda electoral en Costa Rica, expresamos nuestra preocupación por el modo en que el fundamentalismo religioso buscaba ganar campo e incidir en las políticas públicas, en perjuicio de las conquistas sociales y mediante la instrumentalización de los sectores populares que padecen la exclusión de los derechos humanos fundamentales, como la educación, la vivienda, el alimento o la salud.

Como parte del aporte que hicimos, se divulgaron vídeos dentro del marco de la campaña #LoQueImporta y queremos compartir con ustedes un recuento del material en YouTube, que encontrarán en el sitio web del DEI”.

Vídeos de la campaña #LoQueImporta

 

Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

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Convocatoria Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular

El Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica, la Red Mesoamericana ALFORJA, y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL, estará realizando el próximo 5 y 6 de agosto el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular bajo el tema de “Democracia, Justicia Social y Ecológica: aportes desde una educación popular transformadora”, en San José, Costa Rica.

El objetivo del Encuentro es construir espacios de encuentro, mutuo conocimiento, intercambios, reflexión crítica e inter-aprendizajes.

Para conocer los detalles del Encuentro, ingrese en el siguiente enlace:

Convocatoria Encuentro Mesoamericano 2017

Convocatoria Encuentro Mesoamericano 2017

Enviado por Fabiola Bernal Acevedo.

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De pensamiento es la guerra

Nils Castro

 

Desde finales del siglo pasado, en América Latina experimentamos un proceso por el cual varios partidos o liderazgos de izquierda han llegado al gobierno por medios electorales. Esto abrió un panorama de originales oportunidades políticas y socioeconómicas de carácter democrático, pese a las restricciones que los sistemas políticos y electorales vigentes en cada país tenían establecidas para asegurar el mantenimiento del régimen ya instalado por la clase dominante.

Como era de prever, la emersión de este proceso despertó el fenómeno opuesto: la contraofensiva regional de la derecha en los planos político, mediático, sociocultural y económico, que ha explorado varias modalidades. Aunque algunos de esos gobiernos más tarde fueron defenestrados o han sufrido reveses electorales, nada impide que los movimientos que los impulsaron se rehagan, ni que en otras naciones latinoamericanas afloren opciones de izquierda que también ganen elecciones. Pese a los afanes de algunos “críticos” que pretenden que dichos reveses ya significan la aniquilación de ese proceso, este todavía es un fenómeno en desarrollo: sus causas no han cesado, ni tampoco las expectativas y nuevos escenarios que ellas movilizan.

Precisamente por esto, transcurridos tres lustros el conjunto de esa experiencia debe ser evaluado. No solo por sus valiosas aportaciones, sino porque ello contribuirá a superar la multiforme contraofensiva de las derechas que, pese a haberse advertido a tiempo, pilló impreparados a muchos liderazgos de izquierda. Por ello, esa evaluación demanda tanto honestas autocríticas como conclusiones dirigidas no sólo a revertir dicha contraofensiva, sino a elevar los objetivos del proceso.

La demora en hacerlo favorece la proliferación irresponsable o maliciosa de cierto periodismo sensacionalista que recicla “teorías” como las del péndulo y el “fin de la historia”. Su pertinacia busca negar legitimidad y hasta subsistencia a las izquierdas que militan en los respectivos países, en paralelo con la contraofensiva de las derechas.

  1. El nombre

Antes de abordar algunos aspectos del asunto conviene recordar algunos antecedentes del actual “progresismo” y los alcances que la palabra ha tenido. Discutir el nombre ayuda a acordar cómo ocuparnos del fenómeno.

Me parece inapropiado referirse a la diversidad de formas nacionales de ese proceso con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Más que proponer un proyecto articulado, esa noción expresa el anhelo asignado a una gesta nacional, pero difícilmente puede caracterizar a las emprendidas en otros países. En estricto sentido, el país donde hoy se construye y debate un proyecto socialista para el siglo XXI es Cuba.

Para abarcar ese variado conjunto de experiencias prefiero el veterano calificativo de “progresistas”, comodín lingüístico de larga historia latinoamericana. En los años 60 y 70 incluyó a corrientes, líderes y gobiernos que fueron desde Lázaro Cárdenas y Jacobo Árbenz hasta la revolución boliviana, Jango Goulart y Salvador Allende, sin omitir a Torres, Velasco y Torrijos, entre tantos otros. Esto es, designó a movimientos patrióticos y populares con los cuales la izquierda podía colaborar, que aportaron justicia social, impulsaron la producción nacional, fueron solidarios y procuraron rescatar la soberanía y autodeterminación conculcadas por el imperialismo.

Ese vocablo no requirió definición doctrinaria pero brindó un ancho alero para juntar a esa rica gama de corrientes efectivas en nuestras ciudades y campos, para compartir demandas y metas sin desconocer las diferencias que coloreaban sus respectivas identidades.

En aquellos años se emplearon otros términos afines, como los de movimientos o gobiernos de liberación nacional, nacional-populares, democrático-revolucionarios, etc. Pero la noción de “progresistas” conserva la ventaja de ser más indeterminada que otras con las cuales se intenta sustituirla pero son menos flexibles ante el heterogéneo panorama regional. Por ejemplo, la de “pos neoliberales”, que sugiere que el neoliberalismo pereció, o los gobiernos progresistas pudieron ignorar todas sus imposiciones. Como tampoco las de gobiernos de “centroizquierda”, reformistas o socialdemócratas, cascaron es cuyo sentido el oportunismo europeo vació al entregarse al neoliberalismo, y que en Latinoamérica omiten las controversias que cada día animan la vida interna del progresismo.

  1. Sus antecedentes

Pese a la represión macartista al movimiento democrático de la posguerra, durante los años 60, en significativos sectores populares y medios tomó cuerpo una cultura política afín a las aspiraciones emancipadoras, latinoamericanistas y reformadoras. Además de sus propias reivindicaciones, esa cultura asumió repercusiones de la quiebra del estalinismo, las realizaciones de la Revolución cubana, las revoluciones del 68, los movimientos anticolonialistas afroasiáticos y la lucha del pueblo norteamericano por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. El progresismo que maduró en aquellos años, tuvo la virtud de compaginar toda esa gama de experiencias.

En menos de 30 años, en América Latina esa cultura política alcanzó un auge significativo, sobre todo en sectores urbanos populares y medios. El brío que el acontecer sociopolítico regional le imprimió a la misma se plasmó en una aceleración significativamente reflejada en dos hitos: entre el momento en que Fidel Castro enunció el Programa del Moncada[1]y aquel cuando proclamó La II Declaración de La Habana mediaron apenas 10 años[2].

No obstante, en el fragor de los siguientes años más de una vez el vanguardismo idealista de algunos de sus líderes excedió los términos de esos hitos, al postular como punto de partida al segundo ‑‑la revolución socialista continental‑‑ a poblaciones que aún no habían llegado a reclamar aspiraciones como las planteadas en La Historia me absolverá. Su fervor sobre pasó los alcances temporales de lo que el grueso de la columna de millares de potenciales rebeldes latinoamericanos ya estaban listos a hacer suyos.

Después, al cabo de su tiempo aquel robusto fenómeno padeció el desgaste de la demora del éxito de los proyectos revolucionarios emprendidos, de la frustración de las esperanzas inicialmente cifradas en la renovación del “socialismo real” ‑‑y a la postre su desaparición‑‑, así como la “apertura” de China y el cambio de su política internacional. Por añadidura, de los efectos del “periodo especial” cubano, que retrajeron temporalmente las esperanzas latinoamericanas en la posibilidad de repeler al imperialismo y de acceder al socialismo, y que motivó dudas y controversias sobre la naturaleza y las posibilidades del propio socialismo.

  1. Expansión y crisis

Esa cultura política latinoamericana tuvo un repliegue. Así, cuando en tiempos de la señora Tatcher y el presidente Reagan el imperialismo desató la contraofensiva neoliberal, en el campo revolucionario las fuerzas ideológicas requeridas para enfrentarla no estaban en su mejor momento. Eso le facilitó a la derecha imperial y sus cómplices locales no solo lograr una rápida implantación de sus “reajustes estructurales” en los ámbitos institucionales y económicos, sino también en el campo ideológico, moral y cultural.

El ímpetu contrarrevolucionario de la ofensiva neoliberal reformuló las normas e instituciones económicas internacionales en beneficio de la gran burguesía financiera y la privatización des nacionalizadora de los recursos y empresas públicas. En términos generales, pese a que la pesadilla de las dictaduras militares quedó atrás, se reorganizó el ejercicio de la política y las prácticas electorales a favor de los liderazgos dispuestos a justificar e implementar los correspondientes “reajustes” institucionales y normativos. Aunque se menciona con menor frecuencia, esa ofensiva igualmente invadió el campo ético, cultural y educacional. Alineó los grandes medios periodísticos, restringió las universidades públicas y multiplicó las privadas, eliminó los subsidios a múltiples centros de investigación, cooptó a intelectuales y formadores de opinión, etc.

Aquella ofensiva fue adonde sabemos: achicar el Estado y sus atribuciones, desproteger las empresas y la producción nacional es, precarizar el trabajo y el salario, marginar las organizaciones laborales y sociales, insolidaridad, consumismo, etc. Pero a la postre eso provocó irritaciones sociales que remataron en insurrecciones urbanas y pérdidas de gobernabilidad. Al cabo, la política y los procesos electorales reordenados por las agencias neoliberales perdieron legitimidad y eficacia, y la supervivencia del sistema requirió rehacerse.

Aun así, incluso tras la crisis económica que afloró en 2008, es excesivo pretender que el neoliberalismo colapsó. Aun teóricamente desacreditado, sigue asociado al gran capital y continúan vigentes sus reglas, que regulan el comercio y las finanzas internacionales, y gran parte del funcionamiento institucional de la mayoría de los organismos internacionales y países, así como las formas de pensar de millares de funcionarios públicos y privados. A esto contribuye el hecho de que el neoliberalismo es blanco de múltiples críticas, pero aún no ha tenido que enfrentarse a una contrapropuesta ideológica sistematizada.

  1. Al gobierno, pero no al poder

Como sabemos, en ese escenario de rechazo social a las política neoliberales, varias candidaturas procedentes de la izquierda mejoraron sus posibilidades al coincidir con el crecimiento del voto de castigo contra quienes las sustentaron. Con diferencias según las particularidades de cada país, algunas izquierdas mejoraron su representación municipal y/o parlamentaria, o directamente ganaron elecciones presidenciales aún sin haber logrado significativas victorias locales y legislativas.[3]

El análisis y comparación de procesos nacionales deberá ser parte de la evaluación que tenemos pendiente hacer y compartir. No obstante, sabemos que estas victorias fueron viables gracias a la combinación de unas promesas de campaña deliberadamente poco radicales, con la votación de repudio a la políticas y los gobiernos precedentes. En otras palabras, gran parte de esos votos no reflejó una identificación ideológica de la mayoría ciudadana con un proyecto enfilado a emprender la Revolución, ni con el supuesto de que sus candidatos realizarían un gobierno más revolucionario que el prometido en su oferta electoral.

Por lo tanto, mutatis mutandis, esas izquierdas obtuvieron una oportunidad de gobernar asociada a una mayoría electoral que reclama mejorar sus condiciones de vida, pero que no por ello ya está dispuesta a asumir ‑‑al menos todavía‑‑ las tensiones y riesgos de emprender un salto revolucionario. En otras palabras, de gobernar para cumplir determinadas promesas electorales, no para sobrepasarlas. Además, para hacerlo respetando la institucionalidad prestablecida, sin modificarla por medios distintos de los que ella misma dejaba establecidos. Esto es, para llegar al gobierno, pero no al poder.

Solo donde grandes insurrecciones urbanas habían abierto la posibilidad de cambios mayores, algunos de esos gobiernos pudieron realizar reformas constitucionales que ampliaran su campo de acción aunque, aun así, esas reformas más tarde resultarían insuficientes.[4]

  1. Cuánto ya se pudo

La devastación del Estado por el tsunami neoliberal y sus dolorosas consecuencias en cada población y soberanía nacionales, hizo indispensable emprender rectificaciones, a riesgo de llevar países y economías al caos. La aparición de gobiernos progresistas se insertó en ese contexto, cuando urgieron políticas correctivas pos neoliberales, sin que aún fuera viable sostener alternativas pos capitalistas. Pero eso permitió reconstruir un sistema socioeconómico con el cual reparar muchos de los daños sociales infligidos por los “ajustes” neoliberales, y restablecer las funciones sociales del Estado, lo que también implicó avanzar en la construcción de una comunidad latinoamericana de naciones.

Pese a la diversidad de los procesos políticos que los caracterizan, estos gobiernos coinciden en varios rasgos que originaron importantes efectos regionales: restablecieron la responsabilidad del Estado antela economía, el mercado y la redistribución del ingreso; reorganizaron servicios públicos para atender las funciones sociales del Estado, principalmente las de acceso a la salud y la educación; crearon programas de lucha contra la pobreza y el hambre, y por la alfabetización y la ciudadanización; y, además, ampliaron las inversiones en infraestructura para el desarrollo y para la solución de problemas sociales.

A la par, desarrollaron importantes proyectos de solidaridad e integración latinoamericana e incluso caribeña, que rediseñaron y fortalecieron, o crearon, organismos como el Mercosur, la Unasur, el Alba y finalmente la Celac. Eso incrementó notablemente el peso político y diplomático de Latinoamérica frente al mundo, y su capacidad de negociación. Ni siquiera los críticos más biliares de este progresismo desconocen tales adelantos de la integración regional.

Un buen aprovechamiento del período de alza de los precios internacionales de las materias primas en varios países facilitó financiar los programas de asistencia social sin castigar impositivamente a la clase adinerada. Sin embargo, esa opción apaciguadora no se aprovechó para ampliar y diversificar la capacidad productiva de esos países, y fortalecer sus reservas financieras, para cuando volvieran las vacas flacas, como ocurre tras la crisis mundial emergida en 2008.Además, por efecto del carácter correctivo y asistencialista pero no revolucionario –pos neoliberal pero no pos capitalista‑‑ de estos gobiernos, algunas acciones necesarias, como reformas agrarias y tributarias de mucho mayor aliento, dejaron de acometerse.

En la mayor parte de los casos, tampoco se realizó la indispensable reforma política, ni la debida reforma del campo de las comunicaciones sociales. Estas inconsecuencias, que cabe computar como falta de coraje político y de confianza en el potencial de las organizaciones populares, pueden registrarse como victorias de los grandes medios de comunicación que ahora implementan la contraofensiva de derecha.

Con todo, en estos quince años los gobiernos progresistas ampliaron extraordinariamente el campo de la ciudadanía y la participación popular en el debate de los asuntos de interés público, además de mejorar las condiciones de vida y concretar derechos civiles de decenas de millones de ciudadanos. Por muchas reconquistas que ahora las derechas puedan lograr, ese patrimonio cívico no será fácilmente arrebatado a los sectores populares. De allí en adelante, ahora hay una masa crítica más robusta con la cual discutir y movilizar mejores proyectos de futuro, opción que las organizaciones de izquierda deberán saber ganarle a las derechas.

Pero, tras la el surgimiento de los gobiernos progresistas las realidades y expectativas latinoamericanas quedaron cambiadas. No cabe suponer que toda esta experiencia ha sido un fiasco, ni dejó de legar relevantes consecuencias. Cualquier propuesta latinoamericana de mejor futuro sostenible deberá alzarse a partir de sus resultados, porque el punto al que hemos arribado no es de agotamiento sino de evaluación y relanzamiento

  1. La siguiente disyuntiva

Luego de que los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX ‑‑ ya fueran proyectos guerrilleros, del nacionalismo militar o el socialismo allendista ‑‑dejaron de lograr los objetivos previstos o concluyeron en reformas negociadas con el gobierno existente, y de que Latinoamérica fue blanco de la ofensiva neoliberal, no ha vuelto a darse otro auge ideológico de esa talla. El movimiento político e ideológico que posibilitó las victorias electorales progresistas de los albores del siglo XXI fue expresión de mayorías sociales más resabiosas, que deseaban revertir los efectos del tsunami neoliberal pero temían recaer en luchas civiles o dictaduras militares, o sufrir nuevas tribulaciones económicas.

Ninguno de estos accesos de liderazgos de izquierda al gobierno fue producto de una revolución y, en consecuencia, ellos asumieron gobiernos previamente estructurados y normados por la clase dominante, en las formas dispuestas por el sistema político preestablecido. Con lo cual los progresistas pasaron a ser parte del grupo gobernante, pero sin desplazar a la clase dominante.

En teoría, para superar esta situación hay dos medios: uno consciente de que en tales condiciones solo se puede ir más allá si el proceso es capaz de formar bases políticas que lo exijan, que ayuden a implementarlo y que defiendan las iniciativas gubernamentales que sobrepasa en las restricciones iniciales. Impulsar el proceso exige formar nuevos destacamentos de cuadros y movilizar organizaciones populares ‑‑transformar indignaciones sociales en movimientos políticos‑‑, misiones que por su carácter corresponden principalmente a los partidos y organizaciones de izquierda, más que al aparato gubernamental, que constitucionalmente debe servir a toda la sociedad.

Y un segundo medio, según el cual para ir más allá será necesario lograr sucesivas reelecciones del gobierno progresista, a cada una de las cuales acudir con un programa más avanzado, con base en la simpatía y confianza políticas idealmente obtenidas a través de una buena gestión gubernamental y la satisfacción de importantes demandas y necesidades sociales. Este supuesto es más engañoso de lo que parece, pues generalmente esos gobiernos no compiten por la reelección proponiendo desarrollos más radicales, sino opciones reculadas a la defensiva.

  1. Del revés a la contraofensiva

Ese supuesto ha conllevado repetidos autoengaños, al subestimarlas reacciones que las derechas enseguida de su derrota electoral pasan a impulsar. Aunque pierdan uno o más comicios, ellas conservan su poder económico, su red de articulaciones y auspicios internacionales, el control de sus grandes medios de comunicación y su influencia cultural. La perplejidad inicial de su primer revés puede desconcertar a las derechas temporalmente, pero antes de acudir a la siguiente campaña ellas realinearán sus recursos y medios, e invertirán en renovar su imagen y eficacia.

Desde hace algunos años varias fundaciones y universidades privadas estadounidenses pasaron a ofrecer cursos de organización, encuesta, publicidad y marketing políticos para capacitar jóvenes cuadros de derecha. A su vez, algunas fundaciones españolas se han dedicado a surtir giras y charlas de veteranos dirigentes de la reacción hispanoamericana.

Con estos respaldos y otros más inconfesables, las derechas han remozado su capacidad de cambiar estilos, lenguajes y liderazgos visibles. Como también de apropiarse de algunas de las temáticas suscitadas por las izquierdas, y de culpar al gobierno progresista de los problemas sensitivos que sus antecesores de derecha dejaron en el terreno y las izquierdas hayan demorado en resolver. Sobre todo eso ya he escrito en extenso en estos años y me sacaría de tema repetirlo aquí.[5]

  1. Las enajenaciones del electoralismo 1

Cuando un gobierno progresista vuelve a elecciones, por muchos que hayan sido sus méritos eso ocurrirá sobre un campo sistemáticamente asolado por la oposición económica y los medios periodísticos de mayor audiencia. Esto es, los logros del progresismo habrán sido omitidos o demeritados, sus deficiencias habrán sido sobre dimensionadas y muchos de sus recién pasados votantes estarán desorientados.

En ese contexto, ante cada período electoral el progresismo volverá a encarar una de las aberraciones propias de la democracia capitalista: cada campaña será cada vez más publicitaria y costosa, y los modos de sufragarlas serán más esquivos. Si, como es probable, el sistema electoral no ha podido ser reformado por el proceso progresista, las campañas estarán cada día más sujetas al marketing y más permeadas por la cultura y las prácticas del consumismo y el mercado.

Ante cada reto electoral la primera será que los recursos económicos no alcanzan. Salen los candidatos y dirigentes a buscar donaciones ‑‑a subastarse al mercado, diría Brecht‑‑ y no falta quien incurra en desviación de fondos públicos, lo que, aparte de sus implicaciones legales, bajo el sigilo también puede triturarla moral de algún involucrado. Por mucha buena fe que haya de por medio, inevitablemente la plata de los donantes implica reciprocidades que enajenan a dirigentes, candidatos y partidos, aunque las justifique un “realismo” del que después no hay escapatoria.

A la par suele admitirse el supuesto de que ser de izquierda es un inconveniente electoral; se acepta el prejuicio de que vale “correrse al centro” para suavizar imagen, tranquilizar donantes y buscar una incierta reserva de votantes moderados. Abandonas las posiciones que antes permitieron reconocerte y ser electo como quien eres, pero a los ojos de quienes antes te creyeron irás dejando de serlo. Al cabo, los votos que allá tal vez consigas podrán dejarte lejos de compensar los que pierdes en el campo que dejaste al agotarse la credibilidad que te restaba.

  1. Izquierda y moral

Cuando estos vaivenes se aceptan en una agrupación comprometida con transformar al país, lo que empieza como una falla ética circunstancial se convierte en daño mayor: la confianza perdida se vuelve escepticismo y la credibilidad se esfuma la suspicacia popular concluye que “estos ya son iguales que los otros”, voz que los medios “objetivos” enseguida entran a festinar.

Este fenómeno es asimétrico. Si en un partido conservador se cometen triquiñuelas el público lo cree “natural”, considerando que su moralidad es funcional al capitalismo salvaje. Pero si eso ocurre en un partido que promete otro horizonte ético, asumir comportamientos del repertorio moral capitalista es una aberración.

Para la militancia revolucionaria la calidad de cierta ética, por cuyos principios se está dispuesto a perder la libertad y hasta a dar la vida, es definitoria. Porque en última instancia se va a la contienda política por una de dos razones: porque el sistema es miserable y hay sobradas razones para luchar por transformarlo; o porque se busca disfrutar de las mieles de ese sistema miserable aunque sea a expensas de los demás.

  1. Las enajenaciones del electoralismo 2

Cuando la obsesión electoral se toma la vida partidaria, sus demás soportes lo resienten: si, por ejemplo, el partido merma la formación de líderes comunitarios, pierde dinámica de inserción y liderazgo locales, pierde el liderazgo político que se construye al luchar por las reivindicaciones diarias del ciudadano, que no son parte del escenario electoral. Es decir, al convertirse prioritariamente en grandes máquinas electorales, partidos de reconocidos méritos pueden perder influencia sociocultural porque las energías invertidas en campaña se sustraen a las demás actividades de construcción de contra hegemonía.

Por lo tanto, vale preguntarse: si en las campañas electorales es inevitable competir sin los recursos financieros necesarios, ¿solo podemos participar en desventaja? Si nos dejamos seducir por las campañas a la norteamericana, embriagadas por la estética del consumismo, siempre estaremos en desventaja, aunque tengamos recursos. Pero así como en la guerra revolucionaria solo el ejército de la clase dominante puede alinear el armamento más costoso, mientras las fuerzas populares deben apelar a la inventiva guerrillera, en las contiendas electorales la izquierda debe crear sus propias alternativas, desplegando las capacidades comunicativas de la creatividad popular y juvenil, cónsona con la condición social y moral que sustenta su credibilidad. En ambos casos la capacidad de sorprender con iniciativas inesperadas será decisiva.

  1. Partido permanente vs partido coyuntural

Eso exige volver a preguntarse: ¿cuáles son las misiones esenciales de un partido de izquierda? Decimos que impulsar a los sectores populares a organizarse y formar cuadros políticos, asumir un programa de transformación social, movilizar a las organizaciones y masas sociales para enfrentar los retos políticos por superar, para crear contra hegemonía popular y convertir masas en fuerza política. En ese marco, la participación en campañas electorales para darles mejor contenido es una parte de dichas misiones, más ahora cuando esto puede incluir hasta la posibilidad de llegar al gobierno.

No obstante, debemos distinguir entre el partido permanente y el coyuntural. Cuando la posibilidad de ganar elecciones se hace efectiva, esa parte de las misiones puede tomarse la mayoría de las previsiones, energías y recursos de la vida partidaria, incluso en detrimento de las demás actividades. Pero solo se gana mayor fuerza y poder para vencer los demás retos cuando  se han cumplido las misiones del partido permanente. En especial, las de enraizamiento comunitario, organización participativa y formación ideológica arraigada en la vida y memoria nacionales, para recatar a los millares de compatriotas que el reinado neoliberal sumió en el consumismo y la banalidad culturales.

Para darnos mejor futuro toca construir otro apogeo de la propuesta ideológica y la cultura política comparables al alcanzado en los años 70.

  1. Objetivos y medios no electorales

Para la oligarquía el objetivo es recuperar al gobierno como instrumento de poder; las elecciones son un medio para ese fin y si por este medio no lo consigue hay otros a los cuales apelar. En cada campaña, más que ganar las siguientes elecciones, para la derecha la prioridad es desacreditar y deslegitimar la gestión de cualquier izquierda en el gobierno, para darle sustentación social al propósito de remplazarla lo más pronto posible.

En tanto logre debilitara sus principales adversarios progresistas, la clase dominante querrá ganar comicios, pero a condición de que eso no limite el poder que ella requiere para obtener sus fines. El objetivo principal de la derecha no es volver a Palacio, sino encauzar un proceso contrarrevolucionario de gran alcance. Su propósito es revertir las conquistas populares acumuladas durante las últimas décadas y tomarse otras adicionales. Si eso puede asegurarse por medios no electorales como los llamados golpes “blandos”, la cuestión medular es la de las formas de deslegitimar al gobierno progresista y legitimar al que lo remplace. Ya sea esto mediante unas elecciones auténticas, espurias o reñidas, o de una operación extra electoral.

En estos años, la contraofensiva de las derechas ha introducido novedosas formas de seleccionar y presentar candidatos, discursos y promesas programáticas, para darles mayor charm mediante el marketing y las técnicas de pesquisa y manejo de la opinión ciudadana, y de las llamadas campañas sucias. Pero lo esencial no son sus estilos rutilantes, sino su capacidad ‑‑principalmente mediática‑‑ para degradar la imagen moral y política de las opciones progresistas, no apenas para justificar su defenestración, sino para crear una supuesta urgencia de remplazarlas y fomentar una demanda de cambios que tenga este sentido.

En la práctica, los medios sustituyen a los partidos una vez que las derechas, a través de los suyos, fijan su agenda para un gobierno contrarrevolucionario. Este se enfilará tanto a revertir las conquistas sociales logradas durante más de un siglo como a reinstalar las políticas neoliberales de privatizar recursos nacionales, incrementar capacidad de financiamiento y endeudamiento externos, reducir los avances en materia de integración a meros acuerdos de liberalización comercial, eliminar capacidad de negociación a las organizaciones laborales y comunitarias, judicializar las controversias con los dirigentes progresistas y sacarlos del escenario político orquestándoles procesos legales.

Para las derechas, usar el sistema electoral para recuperar el gobierno como instrumento de estas políticas tiene sentido si permite tomarse la facultad de ejecutarlas. Darse cierta imagen de legitimidad para justificar el atropello a las normas de la institucionalidad democrática en tanto eso convenga a su objetivo final.

  1. Ahondar el proceso democrático

Así las cosas, ante la presente contraofensiva reaccionaria, quienes hoy son los defensores reales de las instituciones democráticas y del proceso democratizador son la izquierda y los sectores progresistas. Pero esta condición no debe distraernos de tres cosas:

La primera, que la institucionalidad que estamos defendiendo es aquella misma que antes fue estructurada por los gobiernos de la derecha tradicional para restringir el juego democrático, mediante una coexistencia política norma da para mantener las cosas como están, no para cambiarlas. Por lo tanto, la cuestión es salva guardar una institucionalidad que al propio tiempo es imperativo democratizar erradicando los arcaísmos y privilegios que benefician a los partidos y candidatos de la oligarquía, y que encarecen el juego político a favor de los grandes financiadores de campañas. A la vez, para ensancharle el campo a la participación popular. Defender la institucionalidad no tiene sentido si no es impulsando un nuevo proceso democratizador.

La segunda, que es preciso tener presente en nuestra vida política cotidiana, en el análisis del acontecer diario y en la producción teórica, que es un imperativo de la misión de las izquierdas y los sectores progresistas, desarrollar su capacidad de convertir la inconformidad e indignación sociales en conciencia y militancia organizada para derrotar a la contrarrevolución para transformar al país.

Y la tercera, que para materializar esta misión es indispensable una permanente formación y acumulación de fuerzas en los ámbitos del trabajo material, de la vida comunitaria y de las diversas expresiones de la convivencia humana. Que es indispensable compartir ideas, proyectos y expectativas que los distintos sectores progresistas puedan hacer suyos, puesto que solo al arraigar en masas organizadas las ideas se convierten en fuerza material.

Sin embargo, lo más importante es que estas tres cosas no son solo exigencias a las organizaciones que luchan en la oposición, sino sobre todo para las fuerzas progresistas que llegan al gobierno. Porque no solo se  trata de generar mayores fuerzas para desenmascarar y derrotar la contraofensiva reaccionaria, sino también para sacar de la modorra a los cuadros y funcionarios adocenados dentro de los gobiernos progresistas. Los partidos y movimientos progresistas que van al gobierno no deben hacerlo para servir como sus justificadores, sino para exigirle a sus integrantes cumplir sus deberes políticos y morales.

Tener mejores gobiernos progresistas no es el fin de esta historia, sino una oportunidad de completar condiciones que faltan para emprender la siguiente. Entre ellas, rejuvenecer y fortalecer nuestras capacidades para derrotar a la contrarrevolución en el campo de la cultura política, la confrontación ideológica y la comunicación persuasiva porque, como apuntó José Martí, “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”.

Panamá, abril de 2016.

[1]. La Historia me absolverá, de 1953, donde se plantea el objetivo de lograr un régimen democrático progresista, sin mencionar al socialismo.

[2].En 1962, en la cual pasó de reafirmar al socialismo cubano a convocar a la diversidad de las fuerzas que podían emprender la revolución latinoamericana.

[3]. Obviamente, tales procesos han sido diferentes donde una fuerza de izquierda llegó a Palacio sin obtener mayoría parlamentaria, lo que mediatizó los alcances de su victoria (como Lula), o donde triunfó en ambos cotejos (como Chávez). Y tampoco es igual cuando previamente unas insurrecciones urbanas defenestraron al anterior gobierno complaciente con el neoliberalismo (Correa), que donde triunfó ganándole a la derecha unas elecciones reñidas (Rousseff), o cuando la izquierda triunfó pero su victoria le fue robada (Cárdenas).

[4].Como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[5].Ver “Una coyuntura liberadora… ¿y después?” en Rebelión 23 de julio de 2009, “Una liberación por completar” en Alai del 17 de agosto de 2009 y, particularmente, “¿Quién es la “nueva” derecha?” en Alai del 14 de abril de 2010 y Rebelión del 15 de abril del mismo año.

 

*Imagen del autor tomada de http://www.cubaminrex.cu/

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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A la conciencia. Carta segunda: La justicia Social debe ser el “Alma Mater de la ley”

Por Juan Almendares

 

“No basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad”… La justicia consiste en devolverle a cada uno su dignidad humana… La paz justa es la única alternativa a la violencia (Ignacio Ellacuría).

Queridísima conciencia: La dialéctica de la verdad histórica y la lucha por la dignidad de los pueblos es el camino de la justicia y la libertad.

La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.

En este sentido la ley es la síntesis del racismo, clasismo y sexismo patriarcal que tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la justicia legal: jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos: militares y policías que estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.

Honduras es un país singular donde se ha concentrado el experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene como eje fundamental la inteligencia que controla la información y vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares, policiales, académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que caracteriza a la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.

El experimento no solo es de inteligencia (orejas y cámaras electrónicas); sino también de guerra psicológica, guerra mediática, guerra económica: desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo religioso, femicidio, asesinatos de la diversidad sexual, de abogados , periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas y defensoras (es) de los derechos humanos.

Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y político por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del “Plan de Prosperidad de los Estados Unidos de América”.

El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH a igual que el golpe de Estado Militar no sólo son fenómenos locales sino están articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y megaproyectos turísticos. Por lo tanto este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el agua y de la Madre Tierra: si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio Goldman, tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a este monstruoso sistema.

La justicia “legal” con injusticia social se refleja en la detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos humanos Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato es convertido en forma ilegal e ilegítima en victima de tortura psicológica y tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y el derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre Tierra.

Nuestra historia es representativa de la sevicia del poder; la verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes campesinos ni ha sido develada porque en la practica la ley en Honduras sirve en su mayor dimensión para ocultar la verdad y favorecer la impunidad.

Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y defensor de los derechos humanos Roberto Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia por omisión o por acción fomentan la impunidad principal factor de incremento de la violencia y los actos criminales en el país. Los informes acerca de la frecuencia de hechos criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de los hechos no se investigan. La policía omite investigar las causas de los hechos culpando con estigmas a las víctimas con los cliché de ‘pelea de territorios’, ‘pleito entre maras’ o capturando a cualquier acusado para justificar su aparente función eficiente”.

En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la impunidad e injusticia social.

Según el jurista y epistemólogo Allan Norrie la dialéctica de la totalidad social amenaza la lógica analítica jurídica. Las categorías legales están separadas del contexto y de los valores morales.

Por consiguiente en Honduras las categorías de la formalidad legal son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos sociales del crimen, los políticos e históricos y de corrupción del sistema son llevados a la rigidez arquitectónica y congelada de la ley para deformar la realidad y culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico multinacional articulado a las oligarquía locales.

La responsabilidad de los intelectuales y de los movimientos sociales es luchar por la justicia social al servicio de la vida, los derechos humanos y de la Madre Tierra.

Lo único que tenemos es la conciencia histórica social de la verdad, la justicia y la libertad frente al neoliberalismo imperial del capital mundializado.

Hagamos concreta esta realidad mediante la solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas, garífunas, las familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la libertad del mexicano Gustavo Castro que está detenido arbitrariamente en Honduras.

Tegucigalpa 28 de marzo 2016

 

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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El demonio del año

Oscar Núñez Olivas

Cada época tiene sus demonios. Para la Edad Media, las brujas. Para el siglo XVI los protestantes. Para la Alemania nazi, los judíos. Para el siglo XX, el comunismo (o el capitalismo, según quien lo viera). Para la Costa Rica de 2015, las convenciones colectivas.

De repente, pareciera que el enemigo público número uno son estos acuerdos laborales, a los que se señala inquisitoriamente como generadores de déficit fiscal y privilegios “desaforados” para los empleados públicos.

Usted pone la radio y alguien está expresando su indignación contra las convenciones colectivas; prende el televisor y un diputado libertario promete empeñar todo su poder de representación para abolir las convenciones colectivas; abre el periódico y un economista escribe sobre los efectos dramáticos de las convenciones colectivas para la economía.

En redes sociales, usted encontrará andanadas de insultos y comentarios insufribles contra los empleados públicos y sus dirigentes sindicales que “inventaron” las convenciones colectivas.

En fin, que el interés y la ignorancia se fueran a pasear un día…

Sé de muy buena fuente, aunque usted no lo crea, que las convenciones colectivas no son invención de don Albino Vargas, ni de ninguno de los dirigentes sindicales del sector público.

Existen desde hace muchos años en la inmensa mayoría de los países occidentales, y constituyen verdaderas instituciones de derecho en las democracias más avanzadas del mundo.

En Europa los convenios colectivos de trabajo están generalizados no solo en el sector público, sino también en el privado. En algunos países funcionan como acuerdos de validez nacional para todos los trabajadores de un mismo gremio; en otros –como en el nuestro- se negocian y suscriben entre los trabajadores y los patronos de cada empresa.

La negociación colectiva es, sin duda, un instrumento de gran importancia en la procuración de justicia social, porque frente al poder del patrono, el trabajador individual no tiene la fuerza suficiente para negociar mejoras en sus condiciones de trabajo, ni siquiera para hacer valer sus derechos mínimos, garantizados por la ley.

La convención colectiva regula las relaciones laborales en su sentido más amplio (salarios, jornadas, periodos de descanso, condiciones ambientales) entre muchas otras, así como los mecanismos de solución de conflictos.

En Costa Rica solo hay convenciones colectivas en el sector público, pues sabemos que en el sector privado la sindicalización está prohibida de hecho, aunque sea legal en el papel, y sin sindicatos difícilmente podría haber convenios colectivos de trabajo.

Posiblemente a esta diferencia se deba en parte la significativa brecha que existe entre los trabajadores del Estado y los de la empresa privada en casi todos los aspectos. Una brecha que algunos políticos y medios de comunicación aprovechan, con despliegue de cinismo, para alimentar la discordia entre ambos sectores laborales.

Las convenciones no solo son legítimas sino que son instrumentos necesarios de la democracia y es un deber del Estado garantizar a los trabajadores de todos los sectores el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

La trampa

De lo anterior no debería deducirse que todo esté bien en relación con las convenciones colectivas vigentes en el sector público. Ciertamente, hay abusos y desproporciones y eso es algo que hasta los propios dirigentes sindicales se ven obligados a reconocer en voz baja.

La política ha puesto la trampa. Y hablamos de la política en sentido amplio, la que desarrollan tanto los sindicatos como los partidos políticos.

Luego de firmarse las primeras convenciones colectivas en el sector público, algunas a finales de la década de 1960, pero la mayoría en las décadas de los años 70 y 80, se fue imponiendo una dinámica que a la postre se volvería insostenible. Dicha dinámica consiste en que cada vez que se renegocia una convención, generalmente al cabo de dos años de vigencia, se hace imperativo introducir nuevas mejoras en las condiciones de trabajo.

Con ello, los dirigentes sindicales exhiben triunfos que afirman su compromiso con los trabajadores que representan y garantizan su reelección, mientras que los políticos que dirigen las instituciones atraen votos para sus partidos y, eventualmente, para ellos mismos.

En algún momento, las reivindicaciones salariales empezaron a ponerse difíciles, ya sea por directrices del Poder Ejecutivo o porque generaban desequilibrios en los escalafones internos. En compensación, los jerarcas empezaron a ceder beneficios de otra naturaleza (permisos especiales, pagos por llegar temprano al trabajo, por trabajar en un segundo piso, etc.) sin detenerse a considerar su racionalidad y sus efectos presupuestarios.

Esa lógica se ha convertido en una bola de nieve, sobre todo en momentos en que existe una creciente preocupación por el déficit fiscal. Los sectores más favorecidos, tradicionalmente reacios a pagar impuestos, han encontrado el argumento ideal para seguir negándose: ¡que el gobierno elimine las convenciones colectivas, recorte el gasto y después hablamos!

Por supuesto, quienes manejan este discurso no mencionan las multimillonarias exenciones que han disfrutado durante décadas diversos sectores empresariales: exportadores, generadores turísticos, empresas de zona franca, para mencionar algunos. Ni se refieren a la masiva evasión fiscal que, según estudios del ministerio de Hacienda, representan una suma igual o ligeramente superior a la que el Estado recauda. Es decir, que sin evasión no existiría déficit fiscal, con convenciones colectivas y todo.

En suma: es demagógico satanizar las convenciones colectivas y hacerlas culpables de todos los males del país. Las convenciones deben seguir existiendo, aunque sería deseable establecer ciertas normas que eviten la reiteración de abusos.

Sin embargo, Costa Rica es un estado de derecho. La racionalización de estos acuerdos laborales es un proceso que debe conducirse de forma ordenada, respetando derechos adquiridos y procurando mantener los beneficios justificables que inciden positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Romero de América

Arnoldo Mora

Arnoldo Mora
Arnoldo Mora

 

Rompiendo los protocolos que en casos similares se acostumbran en el Vaticano, el Arzobispo mártir de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, ha sido beatificado – paso previo a la canonización – en la propia capital del país hermano. A poca distancia del lugar donde fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía y ante miles y miles de esa gentes que él amó y por cuya liberación ofrendó su vida y derramó su sangre, ante autoridades eclesiásticas y civiles, más aun, ante la mirada del mundo entero, pues esa ceremonia se convirtió en el acontecimiento del día en la prensa mundial, Mons. Romero hizo realidad con creces aquello de que «si me matan resucitaré en mi pueblo». Pero Mons. Romero se quedó corto. No solo resucitó en su pueblo, en su patria salvadoreña, sino en el mundo entero. Oscar Arnulfo Romero, el tímido clérigo cuya heroica lucha por la dignidad de su pueblo lo convirtió en gigante, ha saltado a la historia como el más noble símbolo de Nuestra América.

Por no sé porqué designios de la historia, lo cierto es que, desde el siglo pasado, las diversas regiones étnico-culturales y geográficas que configuran la humanidad se han dado un símbolo, un «mito» en el mejor sentido de la palabra, esto es, un modelo a seguir, una fuente de inspiración, una cátedra de los mejores y más elevados valores como legado espiritual para todos los pueblos de la tierra. Esos símbolos son hoy honra de la especie frente a la barbarie de otros individuos y otros acontecimientos que han llenado de sangre y dolor las páginas de la historia de los últimos siglos. El siglo XX ha sido el más tétrico y brutal de la historia de nuestra especie. Las dos guerras mundiales, el nazifascimo y la actual amenaza de un apocalipsis nuclear que podría acabar con toda manifestación de vida sobre la tierra, constituyen la irrefutable prueba de lo que acabo de decir. Mezcla de terror y de dolor configuran los sentimientos que aterran el corazón y la memoria reciente de la humanidad. Las noticias de acá y de acullá que a diario recibimos solo logran acrecentar esos aterradores sentimientos.

Pero frente a esta monstruosa barbarie, surgen como destellos de luz en medio de las tinieblas, algunos hombres que encarnan lo más noble del corazón humano en cada uno de los rincones que configuran la geografía y las culturas del planeta. Leon Tolstoi para los países europeos, Gandhi para los asiáticos, Luther King para los de Norteamérica, Mandela para el África…y ahora Mons. Romero para Nuestra América. Su legado de luz y de esperanza debe guiarnos sumergidos como estamos en la tenebrosa noche que ha sobrevenido a la id garn parte humanidad.

Por eso no podemos situar a Romero tan solo en los altares, sino tal como él fue en su vida real: sumergido en las luchas y dolores de su pueblo. Hizo suya la suerte y el destino de los más pobres y oprimidos. Romero nació en El Salvador pero hoy pertenece a todos los hombres y mujeres que sufren y luchan por la justicia social dondequiera que estén. Romero seguirá siempre vivo y actuando en cada corazón que palpite en busca de los sueños que lo llevaron a la inmortalidad. Su sangre ha sido semilla de vida.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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