SURCOS recibió esta carta con la solicitud de ser divulgada. Quienes formen parte del sector académico y deseen firmarla, deben enviar un correo con sus datos a arias.luis1988@gmail.com
Carta abierta al Sr. Carlos Alvarado Quesada, ministros, ministras, diputados y diputadas de la República de Costa Rica.
Estimadas autoridades:
- Reconocemos la gravedad de la situación fiscal que enfrenta actualmente el país y advertimos, al igual que el conjunto de la sociedad costarricense, sobre las consecuencias sociales y económicas en caso de que el déficit fiscal no sea atendido con la contundencia que requiere. Asimismo, sabemos de la necesidad de ordenar las finanzas y rubros ya insostenibles en remuneraciones y pensiones del sector público.
- Igualmente, con suma preocupación, hemos analizado la actual coyuntura política que involucra a los sectores sociales que se oponen a la reforma fiscal. Esta oposición ha ido aumentando a nivel nacional e involucra a gremios sindicales públicos y privados, grupos de pequeños y medianos agricultores y empresarios, funcionarios, funcionarias y estudiantes de las universidades, académicos y vecinos de distintas comunidades. Consideramos que las demandas legítimas de estos actores sociales no han sido atendidas efectivamente por su gobierno desde un inicio y esto debe ser rectificado. Si bien el Gobierno ha llamado al diálogo, deben existir garantías y resultados satisfactorios para los sectores sociales.
- En el trámite legislativo del Proyecto de Ley N° 20580 ha sido clara la presión de cabildeos empresariales y corporativos para mocionar a su favor y modificar la normativa que fortalecería los mecanismos que combaten y responsabilizan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes y para mantener sus exoneraciones y privilegios fiscales. Por ejemplo, se ha debilitado la norma de subcapitalización, se han aprobado exoneraciones a iglesias y organizaciones religiosas específicas, a los sectores agropecuarios y se eliminaron los impuestos sobre la revalorización de activos, entre otros cambios regresivos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha reaccionado con la misma contundencia que expresó para contrarrestar la exoneración de la canasta básica.
- La reforma fiscal afectaría negativamente a pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder a los mismos tratos parlamentarios preferenciales plasmados en la reforma fiscal. Estas pequeñas y medianas empresas concentran la mayor parte de la fuerza laboral y crean encadenamientos que generan gran valor para la economía nacional. El aumento del impuesto al consumo y los tratos diferenciados a lobbys empresariales no ayudaría a este importante sector de la economía costarricense.
- La formulación de una política fiscal debe estar orientada por una postura ética y fundada en criterios de justicia social, tanto en sus aspectos políticos como técnicos. Como han demostrado diversas investigaciones, el Impuesto al Valor Agregado es regresivo desde su construcción e implica un mayor esfuerzo económico para los sectores vulnerables y la clase media costarricense. Igualmente, el mismo Gobierno ha reconocido el impacto en la desigualdad social y la pobreza, sin que exista una garantía de compensación a través de la política social; la regla fiscal que se incluye en el proyecto de ley se basa en criterios de austeridad que en otros países han tenido efectos negativos sobre la distribución de ingresos y las redes de protección social. Ante estos aspectos, queda en evidencia que diferentes sectores de la sociedad costarricense se verán afectados de manera muy diferente en el actual proyecto de reforma fiscal.
- La urgencia no es admisible como argumento para descalificar o cerrar las puertas a una negociación vinculante y efectiva. Por el contrario, es precisamente la magnitud y gravedad del problema lo que demanda acuerdos que involucren a todas las partes afectadas y que todos los grupos sociales sean tomados en cuenta, sin menosprecio de sus recursos económicos. La posición pública de liderazgo que la Administración ocupa, le otorga la responsabilidad de tomar la iniciativa para acercarse a estos sectores sociales con una actitud democrática y de escucha efectiva. Por el contrario, hasta el momento, se ha mantenido una narrativa excluyente, altiva y descalificadora, impropia de autoridades políticas de un país democrático. Se debe ser claro en la ruta hacia un diálogo inclusivo, que tome en cuenta a los diversos sectores sociales que hoy se pronuncian en contra. La reforma urge, por eso la negociación es impostergable.
Por estas y muchas otras razones, como miembros de la comunidad académica de este país, les solicitamos enfáticamente retomar la senda de una reforma tributaria justa y progresiva. Asimismo, todos los grupos y sectores involucrados deben dar muestras de avanzar hacia una solución, pero instamos a que el Gobierno sea proactivo en la negociación con los sectores sociales que se manifiestan estos días.
Las personas abajo firmantes formamos parte de la comunidad académica del país:
*Siguen firmas
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