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Etiqueta: justicia tributaria

¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Mauricio Castro Méndez

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos. En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados. En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente. El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil. Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado. Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor. Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad. Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local. Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes. Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como  el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto. Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir. Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país. Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital. Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país. Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable. Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor. Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero. Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas. De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan. No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso). Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público. Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés). Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical. El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo. Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público. Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC. No obstante, esos días quedaron atrás. El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo. Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público. El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo público, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales. Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”.

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire. Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas. Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria. Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc. Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal. En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores. Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es crítica para miles de personas. Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura.

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público. Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades. Pero esto no alcanza. Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades. Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes. La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento. O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Análisis y justificaciones para no provocar mayor deterioro en salarios del sector público

Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

El COVID-19 y las tareas ciudadanas dentro del mandato constitucional

Carlos Campos Rojas

Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.

El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.

La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.

De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.

Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.

Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.

La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.

Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.

La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.

Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.

Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.    

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas  que  son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.  

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP

COVID-19 Emergencia: Prioridades y perspectivas de la ISP

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)

a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.

La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.

La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.

Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:

1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.

2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.

3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.

4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.

5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.

6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.

7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.

8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.

Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.

Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:

1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.

3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.

4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.

5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.

6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.

7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.

8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.

A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.

Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.

No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.

Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.

No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.

Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.

Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.

Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez.
Fuente: https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia—prioridades-y-perspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=es

OES-UNA: Gobierno debe valorar cuidadosamente impacto de medidas en materia salarial

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA:

M.Sc. Roxana Morales Ramos – M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez
Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)

El efecto esperado de una reducción de salarios en el sector público debe considerar todos los impactos posibles

En los últimos días se ha insistido en promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, lo que a nivel mediático se ha planteado como si se tratara de la opinión general de los economistas de este país. Ante la ausencia de una valoración de los posibles efectos de esta medida, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quiere llamar la atención sobre varios aspectos.

Por ahora advertimos sobre la dirección de los impactos más que sobre la magnitud de los mismos, ya que ello dependerá del alcance de una eventual propuesta en este sentido (si llegase a presentarse).

1. La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad. Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta. Adicionalmente, esta posible rebaja de salarios afectaría, aún más, los ingresos del Fondo de Asignaciones Familiares e IMAS.

2. La recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios en el Gobierno Central o en el sector público, también se vería afectada hacia la baja, lo que debe restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios. La baja en la recaudación podría ser incluso mayor en términos porcentuales, pues los tramos más altos de salarios están gravados a tasas más altas, e incluso, habría trabajadores y trabajadoras a los que ahora no les aplicaría el impuesto, dada la reducción en su salario por debajo del primer tramo gravable. La pérdida de recaudación debe estimarse para considerar los ahorros netos de una eventual reducción de salarios.

3. Si se da una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más presión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias. La venta de títulos valores en el mercado para conseguir la liquidez necesaria para pagar los retiros del FCL, podría provocar una caída en el precio de los títulos valores y afectar las carteras de los propios fondos de pensiones y de los fondos de inversión, aumentando los rendimientos de esos títulos y generando una presión al alza sobre las tasas de interés.

4. Entre los funcionarios públicos se encuentran personas con altos niveles de endeudamiento que han autorizado, a ciertas entidades financieras, el rebajo automático del pago de sus créditos. Una rebaja de sus salarios crearía un problema para las entidades financieras que hacen estos rebajos o dejarían más expuestas a las personas que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable en estos casos. Esta situación, además de afectar a las personas asalariadas, podría convertirse en un serio problema financiero para algunas entidades que tienen una cartera muy concentrada en cierto grupo de trabajadores, como por ejemplo los del magisterio nacional.

5. La reducción en el consumo derivada de esta situación pesará más fuertemente en la producción, en el corto plazo, que algún beneficio producto de la reducción del déficit fiscal, que en todo caso tendría un efecto nulo o muy pequeño sobre el costo del financiamiento público y, por ende, en las tasas de interés. Es por esto que, si se llegase a plantear una reducción de salarios como se ha manifestado públicamente por algunos colegas economistas, debe estimarse el impacto que esto tendría en el consumo de las familias y por ende su efecto contractivo en el PIB, a fin de determinar qué tan negativa sería la medida en comparación con las ventajas macroeconómicas de la reducción del déficit, sobre todo en el corto plazo.

6. Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social. Reiteramos nuestro llamado a una reforma tributaria amplia, altamente progresiva, que también grave otras formas de ingreso e incorpore contribuciones de los sectores ganadores o menos afectados por la crisis. Medidas que contengan los aumentos de salario, como la suspensión del ajuste salarial y la no aplicación de las anualidades en la actual coyuntura, también serán necesarias.

Adicionalmente es muy importante en esta discusión, más allá de si se llega a presentar o no una propuesta relacionada con los salarios del sector público, que el Gobierno de la República estime y haga públicos los ahorros que ya se están generando, particularmente en: horas extras, viáticos (dentro y fuera del país), compra de combustibles, pago de servicios públicos, eliminación de aumentos salariales, etc. El pago de horas extra y el no otorgamiento de aumentos salariales, también generará un ahorro en el pago de aguinaldos en diciembre, que es importante desde ya cuantificar, lo que permitiría hacer las rebajas respectivas del presupuesto gubernamental, para ir creando certeza sobre la evolución financiera del gobierno y sus necesidades de financiamiento.

Lunes 6 de abril del 2020

https://www.facebook.com/ObservatorioESEUNA/
Observatorio Económico y Social

Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Enviado a SURCOS por M.Sc. Roxana Morales Ramos.

El CORONALUJO y su medicina

Hernán Alvarado

            Un Corona-virus (COVID-19) amenaza mayoritariamente a los abuelos. Pero algo peor amenaza sus vidas: el Corona-lujo (CORO-19), engendro neofascista que logró ya su primera ley despótica. Hay que verlo en detalle y comprender su contexto, ahora que los mayores merecen vuestra atención.

Breve apunte sobre el COVID-19

            Este virus trae una potencia interrogativa descomunal, cuestiona nuestra relación con Estado, familia, cuerpo propio y naturaleza. Todo lo sólido, después de licuarse, se está disolviendo en el aire, sin que sepamos a dónde conduce este trastorno de la «globalidad del mundo». Por ejemplo, confronta la economía actual para la concentración de riqueza con otra que prioriza la vida[1].

            También implica reconsiderar nuestra relación con la tercera y la cuarta edad (80 años o más). No podemos abandonar a los más débiles para que mueran en la calle con una sábana encima; como hacen médicos y enfermeras, debemos defender con todo y entre todos cada vida. Los mayores constituyen nuestra memoria viva, cada muerte es una pérdida incalculable. Ellas y ellos representan el trabajo que construyó el presente. Honrarlos es honrarnos. Solo una sociedad enferma desprecia a sus abuelos. En Costa Rica, hay unos 300 ancianos en indigencia, 350 abandonados por sus familiares en hospitales y 2400 en albergues, que forman parte del hueco de pensiones dignas.

La modernidad tripartita

            Harari sugiere que liberalismo, socialismo y fascismo son tres versiones distintas de la misma ideología: el modernismo[2]. Las tres son «humanistas», más precisamente antropocéntricas; con una fe ciega en el Homo Sapiens, creen que el «superhombre» viajará a las estrellas (¿después de depredar por completo este hermoso planeta?). Profesan un credo cientificista, el «dataísmo», que confía al algoritmo nuestro futuro.[3] Hacen votos sagrados en el altar de la tecnología (como virtud de la máquina y no como saber corporal, según la entendían los griegos) y apuestan al robot, suma moral de todo mundo posible. En tanto creyentes del PIB, las tres comparten el dogma del crecimiento infinito, principal amenaza para el futuro de los nietos. Ninguna ha cuidado a la Madre Tierra, nuestra «casa común» (Papa Francisco). Las tres han menospreciado el saber ancestral, como siervas que son del imperialismo. Las tres se han alimentado mutuamente el letal virus de la guerra.

            La relación entre ellas es compleja, cada una lucha por dominar a las otras; se combaten y contienen, se oponen y complementan. Por su matriz común, el liberalismo puede parecer socialista y éste fascista, o viceversa. En sus últimos estertores, por ejemplo, el neoliberalismo muestra su verdad, su faceta neofascista. Pero tomarlas como una y la misma cosa sería un craso error que impediría superarlas. Tema fascinante que se deja ahí, para seguir con dos conocidas tácticas fascistas que se han ensañado contra las personas mayores.

Ese eterno retorno

            Aunque Adolfo Hitler (1889-1945) lo articuló, el fascismo no comenzó ni terminó con él, tampoco puede reducirse a su pensamiento. Las ideas no mueren, transmutan, como los virus. El nazismo no cayó del cielo, ni fue la obra aislada de un genio diabólico. Después de la primera guerra mundial, el pueblo alemán fue humillado por el Tratado de Versalles; así que el discurso de un Führer que reivindicaba ambiciones imperiales encontró terreno fértil. Al austriaco lo financiaba un clan de familias que se beneficiarían con su victoria; pero al margen de cualquier conspiración, el fascismo renace cíclicamente porque viene inscrito en el ADN de la modernidad.[4]

            Creer que la catástrofe pasó hace más de 75 años tranquiliza, pero es engañoso. Evita descubrir el dictador que llevamos dentro, latente como un herpes. Cualquiera puede actuar como un desalmado, es la «banalidad del mal» que reveló Hannah Arendt (1906-1975). El machismo moderno, verbigracia, conforma un neofascismo patriarcal contra las mujeres, tan persistente que la epidemia de feminicidios no merma. Otro ejemplo es ese Facebook quedestila soberbia, intolerancia e ira. Todo elitismo, clasismo, racismo y colonialismo modernos, incluso todo autoritarismo, comparten el mismo germen ideológico. El miedo y el odio lo nutren, sufragando crueldades y violencias cotidianas. Hoy el neofascismo ha vuelto a las altas esferas del poder, cruz en mano acá, águila enarbolada acullá.

Las campanas del odio

            El populismo y las campañas de odio, hoy de moda, son estratagemas complementarias de manipulación de «masas» de clara inspiración neofascista. El populismo consiste en engañarlas ofreciendo soluciones falsas, el «plan fiscal» es el mejor ejemplo. Pero también lo es la renuncia del Presidente a una pensión que todavía no tiene y el reparto del «ahorro» logrado con la Ley 9796 cuando todavía ni ha entrado en vigencia.

            La falsa propaganda alimenta miedos que se transforman en odio dirigido contra algún grupo minoritario, vulnerable o indefenso. El paradigma sigue siendo la campaña dirigida por Joseph Goebbels (1897-1945) que orquestó las consabidas atrocidades. La técnica consiste en exagerar una característica del grupo meta, o en inventar una que parezca amenazante. Se degrada a las personas reduciéndolas a ella, procedimiento que Friedrich Nietzsche (1844-1900) llamó «moralina». Así es como se fabrican también chivos expiatorios y monstruos.

            Alrededor de la característica se teje un relato que motiva las agresiones posteriores, para que parezcan defensivas, preventivas o vengativas. Se manipula a la «opinión pública» para que los fuertes actúen contra los débiles. Los ejecutores del ataque creen estar haciendo bien. Cuando la verdad emerge, descubren demasiado tarde que fueron instrumentos de causas deleznables. Así se ha cometido toda clase de injusticias, masacres y crímenes de lesa humanidad. Según los estudiosos detrás suelen hallarse beneficiarios que, con un aparente objetivo religioso, ideológico o racista, persiguen un interés material concreto.[5]

El CORO-19

            Cualquier parecido con la campaña contra los pensionados no es mera coincidencia, el neofascismo está más entrometido que el narcotráfico. A continuación sus principales hitos:

  1. Aparece el término «pensión de lujo», contra algunas personas de la «clase» política que consiguieron varias pensiones para las que no habían cotizado.
  2. Circulan volantes con fotos y memes anónimos, que divulgan nombres asociados a pensiones nominales altas. Sin fuente de datos.
  3. Se agrega a algunas personas de «izquierda».
  4. Se divulgan listas que omiten las contribuciones de ley, práctica continuada hasta el final.
  5. Se suma el término «pensionado de lujo», personificando el «mal».
  6. Desde páginas Web y Facebook se atiza el desprecio contra algunas personas tratadas como ladrones.
  7. Los medios de comunicación se suman a la campaña propagando el falso estereotipo.
  8. Se comparan pensiones altas y bajas. Una pensión alta se presenta como una injusticia.
  9. Se inyecta miedo a una inminente «crisis» fiscal.
  10. Se repite por distintos canales las mismas noticias para crear esa ilusión llamada «opinión pública».
  11. Se repite diariamente «pensión de lujo», separado de cotización y tributación; se generaliza a todas las pensiones altas.
  12. Todas las pensiones merecen ahora ser topadas, recortadas, uniformadas.
  13. Se formulan y divulgan proyectos que la misma prensa se encarga de ordenar y priorizar.
  14. Los diputados aprueban el primer proyecto, en medio de una fuerte presión mediática (Ley 9796).
  15. Se prepara el segundo proyecto de la fila.
  16. Se aprueba dar el «ahorro» a los pensionados más pobres (el Estado traslada su responsabilidad a los mismos pensionados)
  17. Se mantiene estricto silencio sobre el interés de privatizar los fondos de pensiones y sobre el incumplimiento del Estado de la Ley 2248 desde 1958.

            No se olvide que esto es eco de la campaña sistemática contra los empleados e instituciones públicas, los héroes de hoy. Incluidas las universidades, cuya autonomía se ha irrespetado como nunca antes. El objetivo «oculto» es obvio: distraer del verdadero problema fiscal.

Una zozobra ingrata

            Más angustiante que el Corona-virus ha sido, para las personas adultas mayores, es este Corona-lujo (CORO-19) coronado por un coro de diputados que no ha reparado en los efectos psicológicos devastadores que ha tenido sobre los más vulnerables. No son pocas las personas mayores entrando en pánico al ver licuados sus derechos adquiridos, en riesgo su patrimonio familiar y amenazado su proyecto de vida. Atrapadas en un limbo, entre un mercado que ya no las necesita (excepto como compradores) y un Estado que ha confiscado insaciablemente su ahorro. Depreciadas injustamente, se les ha confinado en la mayor inseguridad jurídica y económica. A estos contribuyentes puntuales, se les ha vejado como sujetos de derecho y ninguneado como ciudadanos. ¿Sabrán sus gratuitos detractores que el estrés debilita el sistema inmunológico, en especial, de esa población?

            Cualquiera puede intuir el impacto de esa cruzada terrorífica con solo que se haga esta pregunta: ¿cómo se sentiría usted si le dijeran que el Estado le seguirá confiscando su salario, ingreso o dividendo, hasta un máximo del 55%? ¿Cómo creen que reaccionaría la UCAEP al respecto? Techo que el diputado Muñoz insiste que se debe romper, aunque ya sea un porcentaje que mejor se vería como la tasa de usura que no quieren poner. Sin embargo, es más duro cuando se trata de un ahorro generado con una parte del propio salario, por tres o más décadas, o de los intereses que ha ganado a la fecha. ¿Cuál ahorrante está dispuesto a que lo carguen de impuestos, una y otra vez, de esta brutal manera?

            Ahora, esos mismos diputados, en media crisis sanitaria, aprobaron una ley que autoriza a las empresas a recortar, hasta un 75%, la jornada laboral, si sus ingresos brutos bajan un 20% o más. O sea, les preocupa una reducción del 20% en el ingreso de una empresa, por unos meses, pero se enorgullecen de poder tajarle el ingreso a un pensionado, durante el resto de su vida hasta un 55%. ¿Cómo se llama un Estado que cuida a los que más tienen mientras golpea a quienes más debe proteger?; ¿un Estado que legisla a su favor para lavarse las manos como Estado-patrón? Pero, tranquilo, don Alfredo, no es un buen momento ni para salir de la tumba.[6]

Un Estado sin vergüenza

            La Ley 9796 no pudo ser más abusiva, veremos si aguanta una objeción jurídica seria. En particular, las pensiones del Magisterio eran ya los ahorros más gravados de la historia patria. Elaborar leyes justas es la tarea política más importante, pero también la más difícil, máxime si se hace con prisa, presión y soberbia. Cada una requiere estudios técnicos precisos y, sobre todo, en una República «participativa», negociación con afectados o beneficiarios. Esta ley no cumple esos requisitos (tampoco el plan fiscal, impuesta contra buena parte del pueblo en la calle). La llamaron cínicamente «contribución especial solidaria», como si una imposición pueda portar semejante nombre. En realidad, es una confiscación discriminatoria, arbitraria y reiterada de ahorros a personas adultas mayores; esperpento jurídico que cuesta describir, salvo como un atraco «legal».

            Pero no es ingenua, ni neutral, complace a quienes se embolsan el impuesto de ventas, a quienes evaden y eluden (8% del PIB), causantes directos del déficit fiscal. Para estos ladrones del erario público, probablemente los mismos que no pagan la CCSS, solo hay una solución fiscal: reducir el gasto. Los neoliberales lo gritan a coro. Hasta implantaron una «regla fiscal». O sea, satisface a quienes aprovechan la inversión pública y los servicios del estado para hacer sus jugosos negocios privados, mientras dejan de pagar sus obligaciones y protegen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero a ellos se les trata como ciudadanos VIP.

            Si hubieran recortado las verdaderas pensiones de lujo, las truculentas, las que no se cotizaron, todos estaríamos hoy aplaudiendo de pie. Pero solo las usaron de pretexto. En febrero pasado, la comisión eximió a los expresidentes de la segunda reforma de pensiones, premiando a los principales responsables del mal manejo de las finanzas públicas. Lo justificaron diciendo que esas pensiones ya tributan, argumento que ignoraron para los demás pensionados. El diputado Villalta presentó una moción para rectificar, pues le pareció una «bofetada a la ciudadanía», como lo fue la amnistía y las exenciones del «plan fiscal». Como si fuera poco, se nombra superintendente de pensiones a la heroína de esta hazaña, burlándose de la Contraloría, para seguir confabulando contra el futuro de las personas mayores, con un salario de más de nueve millones de colones. ¿Acaso no parece una película del conde Drácula? Mientras unos luchan por salvarles la vida, otros se dedican a ver cómo se la convierten en un infierno.

            Para colmo, en uno de los países más felices del mundo, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado se da el lujo de desfalcar a sus maestros más de 4 billones de colones, desde 1958, desviando sus respectivos aportes hacia la caja única, en vez de crear el fondo de pensiones exigido por la ley 2248.[7] O sea, lo que debiera servir para un fondo solidario de pensiones se usa, gobierno tras gobierno, en cualquier otra cosa, sin rendir cuentas a nadie. De este crimen de Estado son sospechosos, actualmente, el Presidente y su ex Ministra de Hacienda. Esta, además, por haber sido Contralora.

            Ahora nos urge saber, también, qué hacía realmente la UPAD con los datos de los pensionados ¿cuándo, cómo y para qué se usaron, diputado Morales? ¿Cuándo lo sabremos, doña Emilia? Contrario a lo que pueda parecer, este pueblo no está «domesticado», don Pepe. Solo espera a que se aclaren los nublados del día, porque un mandato constitucional contiene ya la medicina contra el CORO-19 que debilita el sistema inmunológico de la Patria, es decir, el sentido de justicia. La norma superior exige una nueva democracia que supere esta democracia «representativa», corroída hasta sus tuétanos por la miseria moral de la «clase» política. Gracias a doña Jocelyn Sawyers Royal, maestra pensionada, no hay que buscar alternativa en ninguna otra parte. Solo hay que entender qué significa que el pueblo ejerce el gobierno, no solo lo elige[8]. «Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden»[9].

Foto: Alejandro Aguilar Sura


[1] Hinkelammert, F; Mora, H (2016 ) Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la Economía Política. Bolivia: Vicepresidencia. 5ta.

[2] Harari, Y.N. (2017) Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. Australia: Harpercollins Publishers. Específicamente, págs. 99 y 199.

[3] Inaugurado por el experimento «científico» más terrible de la historia (1945), crimen de lesahumanidad contra el pueblo japonés aún impune: Hiroshima y Nagasaki. Prueba que Hitler no era el único malvado de la época.

[4] Graziano, W (2004) Hitler ganó la guerra. Buenos Aires: Editorial Suramericana.

[5] Stemberg, R. y Stemberg, K. (2010) La naturaleza del odio. Barcelona: Paidós, p. 18-19.

[6] Alfredo González Flores (1877-1962), depuesto por sostener que los ricos debían pagar como ricos y los pobres como pobres.

[7] Según estudio actuarial revelado por Róger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, el 10 de setiembre de 2018. «El Estado nunca conformó las reservas para pagar las pensiones. Esa plata siempre entró a Hacienda y se gastó en otras cosas (…).» La Nación, pág. 6A.

[8] «ARTÍCULO 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…)» Constitución de la República. Así reformado en 2003.

[9] Ibid, art. 194.

Sindicato UCR fija posición sobre salarios y pensiones en carta al Presidente Alvarado

SURCOS recibió el siguiente comunicado enviado por el SINDEU al presidente de la república y a la Asamblea Legislativa:

DE: SINDICATO DE EMPLEADOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-SINDEU.

PARA: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y ASAMBLEA LEGISLATIVA.

ASUNTO: EN DEFENSA DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES de las y los trabajadores de los sectores público y privado

LUGAR: San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

FECHA: Miércoles 1 de abril de 2020

Estimado señor Presidente:

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica-SINDEU, se manifiesta ante usted y ante la Asamblea Legislativa, para expresar la oposición contundente, vehemente y firme, ante la política económica y social, impuesta por los grupos neoliberales y las cámaras industriales y comerciales quienes desde el Poder Ejecutivo y su gabinete, imponen medidas y acuerdos, que afectan negativamente a las grandes mayorías de la población costarricense y principalmente a la clase trabajadora.

Antes del establecimiento de la Pandemia Covid 19 y a propósito de un ataque furibundo contra los empleados públicos, particularmente de los empleados de las universidades y de la CCSS, y con el propósito de privatizar la salud pública y la enseñanza superior; también se hablaba de la venta de activos, entre otros la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), pero también se hizo pública, como propuesta de su gobierno, la flexibilidad laboral, y una acelerada ruta a la tercerización de la clase obrera de este país.

Para nadie es un secreto que, la estrategia de los sectores del capital nacional y de las transnacionales, es coherente, consistente y progresiva. No deja resquicios, y es resultado de un largo aprendizaje histórico, en el que el poder económico logra su unidad frente a cualquier amenaza a sus jugosas tasas de ganancia.

La explotación de las personas trabajadoras alcanza ya grados extremos en extensión de horarios y/o intensidad de trabajo, a través de jornadas y formas de trabajo extenuantes, sin que medien contrataciones, con mayor remuneración.

Creemos pertinente señalar algunos puntos que son de nuestro interés y que contradicen las políticas de su gobierno, los diputados y la empresa privada:

1. La lógica que mueve la Actual Asamblea Legislativa, conduce inexorablemente a legislar a favor de lo que nosotros denominamos: El aguinaldo de las empresas y el empobrecimiento masivo del pueblo de Costa Rica. Verbigracia, el Plan Fiscal, Leyes contra el salario de diferentes sectores de trabajadores(as); un paquete de 7 leyes sumamente agresivas contra las pensiones.

2. Que en cuanto a las medidas económicas propuestas hasta ahora se reitera el carácter neoliberal y antilaboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación que se enfrenta.

3. Las medidas económicas hasta ahora anunciadas están concebidas particularmente para proteger al sector empresarial, y tienen como único propósito trasladar de manera impositiva a la clase trabajadora el peso económico de esta crisis, en el contexto del COVID-19

4. El conjunto de medidas tales como: Moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por mora en la seguridad social; se anuncia además que las tasas impositivas de la seguridad social se hagan proporcionales a jornadas reales laboradas; asimismo la posibilidad de pago diferido de las mismas. Afirman que su gobierno tiene como objetivo proteger a los sectores dominantes.

5. Con su conocimiento se aprobó en forma acelerada una flexibilización para la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; pero además se acordó por parte del ejecutivo, suspender el “reajuste salarial” del 2020 a todo el sector público.

6. Además de las anteriores medidas, se anuncia un nuevo impuesto ahora revestido de “solidario” para trabajadores formales y trabajadores jubilados. Impuesto que, en definitiva tiene una gran carga contra las pensiones de las y los trabajadores del país.

En resumen, señor Presidente. La imposición de impuestos a la clase trabajadora y a las pensiones, la condonación de la mora producto del incumplimiento de las empresas con el régimen tributario en el que solo la YUNAI FRUIT COMPANY sale de su mora de «¢» 1 444 000 000, o sea más de un 1% del PIB.

La elusión, la evasión fiscal amén del manejo deshonesto de la deuda pública por parte de los partidos de la ética neoliberal, de la cual justamente el Partido de gobierno está involucrado, forman parte de este tejido social que nos enfrenta a indicadores muy peligrosos.

Por otra parte, queremos manifestar que en el caso de las pensiones, estas ya han sido devastadas por las imposiciones solidarias a que están sometidas y dicho sea de paso el fondo producto de las cuotas que deberían colocarse en un fondo de capitalización se han destinado, supuestamente (pues no sabemos si en verdad les va a llegar ese dinero a los sectores marginales) a favorecer a los sectores más vulnerables y en el caso de las personas trabajadoras activas manifestamos de manera enfática: el salario es una cuestión sustantiva del Contrato de Trabajo.

Señor Presidente, para su información, antes del Covid 19 ya existía un desempleo exponencial que era de 12.5%. Apoyamos toda iniciativa presupuestaria para favorecer a la familia costarricense, siempre y cuando los recursos se obtengan plata de los empresarios que ganaron y ganaron durante mucho tiempo y ahora deben resarcir en parte la deuda que tienen con la clase trabajadora por la expropiación realizada.

Sin agotar nuestra preocupación, de la manera más respetuosa le proponemos:

1-Exigir al gobierno de la república un cambio de rumbo en la propuesta económica de enfrentar esta grave crisis, para ello, debe de dejar de pensar en sólo proteger los intereses de los sectores económicos dominantes y mirar principalmente en proteger al pueblo trabajador.

2- Que los Bancos en forma solidaria presten dinero a los empresarios que supuestamente no guardaron en el período de las vacas gordas para sostener el salario de los trabajadores.

3-Rechazar contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa ni más ni menos acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro porque se desconoce el desenlace de esta crisis.

4-Exigir al gobierno abrir los espacios de diálogo con el movimiento sindical y específicamente con el sector de la educación y la universidades públicas, a fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria, a las grandes mayorías del país, ya de por sí empobrecidas y bajo el temor de la pandemia del COVID-19.

De nuestras consideraciones y con respeto, atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL – SINDEU

En pro de la solidaridad, frenando la desigualdad

Hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis. Firmar petición aquí: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Comunicado:

En esta crisis por la pandemia Covid-19, desde el fondo de nuestros mejores valores como nación (los que celebraremos en el Bicentenario), damos un paso adelante para decir que la gente debe estar primero, y antes que nadie, las personas más vulnerables.

Aplaudimos los esfuerzos sanitarios en curso, con el liderazgo de nuestras instituciones públicas, y subrayamos que estos son tiempos para la solidaridad. Es un momento crítico para fortalecer y nunca debilitar los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho y las instituciones que lo sustentan.

Además de lo sanitario, y complementándolo, decimos que los esfuerzos del país, incluidos los del gobierno, deben ser proteger a la población, en lo económico, lo social y lo emocional: garantizar que la cuarentena -requerida rigurosamente para detener la expansión acelerada del coronavirus- sea posible en quienes no tienen un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y servicios básicos (agua, alimentación, luz, vivienda, Internet).

Llamamos a todos los sectores que tienen sus ingresos y necesidades satisfechas, que sí pueden ponerse en cuarentena mientras dure la crisis sanitaria, para que contribuyan solidariamente: grandes contribuyentes, grandes empresas que no contribuyen lo que les corresponde (gracias a amnistías tributarias o declaración de cero ganancias), empresas de zonas francas y empresas exportadoras, comerciantes que están viendo aumentar sus ingresos en estos momentos, personas con salarios y pensiones netas altas de los sectores público y privado, y profesionales liberales.

Los esfuerzos que se despliegan deben enfocarse en esto. No deben reforzar los subsidios para quienes ya tienen ventaja, sino dedicarse prioritariamente a garantizar la cuarentena de quienes no tienen cómo sufragarla y a fortalecer las instituciones que están haciendo gastos extraordinarios al frente de la atención a la emergencia. Debemos priorizar el uso de los recursos en la cuarentena y el apoyo a todas las personas que ven seriamente comprometidos sus medios de subsistencia. En los momentos actuales es imprescindible revertir los procesos que promueven la inequidad y la desigualdad, los cuales han prevalecido en el país en las últimas décadas.

Están sobre la mesa propuestas complementarias que debemos abordar y ejecutar sin dilación, con un espíritu de inclusión solidaria e integración nacional; entre ellas, las siguientes: el diferencial aprovechable por la baja en el precio internacional del petróleo; recargos temporales a los impuestos de renta en sus diversos componentes; impuesto sobre rentas y ganancias de capital; impuestos sobre bienes de lujo; intervención del Banco Central en el mercado secundario de deuda para reducir los gastos por intereses; promoción de un plan nacional de producción de alimentos; impulso de un plan de recuperación económica, adelantando rápidamente una estrategia con el sistema financiero internacional, que ya está proponiendo aplazar el pago de deudas y nuevos recursos no solo para atender la pandemia, sino también para el día después, a la hora de recomponer el tejido económico y social de nuestro país. Estos son tiempos para la solidaridad, no para la mezquindad.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis.

Concretamente, solicitamos al señor presidente de la república una reunión para discutir y analizar los temas aquí planteados.

*Además de las personas y organizaciones abajo firmantes, quienes quieran suscribir este documento lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

  1. Alianza por una Vida Digna
  2. José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073, ex-magistrado y Catedrático UCR.
  3. Jorge Arturo Chaves Ortiz, cédula 1-0413-0957, Coordinador del programa L. J. Lebret de Economía Humana, del Centro Dominico de Investigación (CEDI), y Director de este mismo Centro.
  4. Álvaro Fernández González, cédula 104330981, músico, filósofo, sociólogo, profesor jubilado UCR-UNA.
  5. Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856, comunicador y docente, director de SURCOS
  6. José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499, Microbiólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
  7. Oscar Jara Holliday, cédula 800780568, sociólogo y educador popular.
  8. Nancy Piedra Guillén, cédula 105860455, Directora del Programa de Posgrado Centroamericano y profesora de la Escuela de Sociología de Universidad de Costa Rica.
  9. Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482, socióloga, activista, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
  10. Jorge Alberto Rojas Rojas, cédula 105640230, académico Universidad Nacional.
  11. Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373, economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).
  12. Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295, Abogado y profesor jubilado.
  13. Elizabeth Aguilar Aguirre, cédula 401140430, Msc. Salud Pública.
  14. Héctor Hernán Hermosilla Barrientos, cédula 800930507, Sociólogo, pensionado.
  15. Jaime Ordoñez Chacón, Cédula 105370458, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  16. Bernal Herrera Montero, cédula 104530160, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica
  17. Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006, Profesor Emérito Universidad Nacional
  18. Alexander Jiménez Matarrita, cédula 106070350, Filósofo.
  19. Henning Jensen Pennington, cédula 800410334, Rector, Universidad de Costa Rica.
  20. German Masís Morales, cédula 302250625, Profesor jubilado de la Universidad Nacional y coordinador de Alterdes.
  21. Bernal Monestel Ramírez, cédula 104910937, Productor radiofónico y emprendedor.
  22. Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
  23. Ana Lucía Hernández Díaz, cédula 105720842, Politóloga, investigadora jubilada Universidad de Costa Rica.
  24. Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 104530822, Ministro del Ambiente y Energía 2014-2018, Presidente de la Segunda y Tercera Asambleas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
  25. Alfredo Antillón Montealegre, cédula 103620504, profesor pensionado de Química, músico.
  26. Adrián Pinto Tomás, cédula 109880178, Profesor Catedrático, Escuela de Medicina e investigador, Universidad de Costa Rica.
  27. Víctor Hugo Porras Bolívar, cédula 052040443, Escritor y promotor cultural.
  28. Flora Fernández Amón, cédula 105230903, Empresaria.
  29. Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679, Director del Posgrado en Artes de la Universidad de Costa Rica
  30. Manuel Rojas Bolaños, Cédula 102630897, sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, profesor investigador de la FLACSO Costa Rica
  31. Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499, Orientadora y docente Universidad de Costa Rica.
  32. Lorena Sáenz Segreda, cédula 104790371, Psicóloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica.
  33. Roberto Salom Echeverría, cédula 104430579, Sociólogo, profesor universitario jubilado.
  34. Marcelo Gaete Astica, cédula 800680971, Antropólogo, investigador del Departamento de Estudios e Investigación Educativa, Ministerio de Educación Pública.
  35. Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Compositor, guitarrista, cantautor, gestor cultural, productor, dibujante.
  36. J. Amando Robles Robles, cédula 800520054, Investigador del Centro Dominico de Investigación (CEDI).
  37. Ana Lorena Salmerón Alpízar, cédula 203670966, Bióloga docente de la Universidad Técnica Nacional.
  38. José Antonio Chaves Villalobos, cédula 203960191, Abogado independiente.
  39. Alberto Salom Echeverría, cédula 104430578, Politólogo, Rector Universidad Nacional.
  40. Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485, Sociólogo, docente e investigador del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.
  41. Carmen Camacho Rodríguez, cédula 401100275, Socióloga, académica universitaria jubilada.
  42. Flory Bárbara González Trejos, cédula 104280981, Educadora pensionada.
  43. Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206, Músico, Sociólogo pensionado, Cátedra de Estudios de África y el Caribe, Universidad de Costa Rica.
  44. Ana Beatriz Fernández González, cédula 106250678, Periodista y actriz.
  45. Paulo E. Coto Murillo, cédula 110560998, Sociólogo, investigador y docente, UNED y UCR.
  46. Marco Antonio Quesada Aguilar, cédula 106210600, Músico, compositor, profesor de Etapa Básica de Música de Santa Cruz. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 1988.
  47. Guillermo Acuña González, cédula 401500090, Académico Universidad Nacional.
  48. Esteban Arias C., cédula 113690417, Docente Universidad de Costa Rica.
  49. Daniela Yovann Mora, cédula 107410325, Estudiante.
  50. Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  51. Ligia María Sanabria Salazar, cédula 105980019, Profesora de Educación Musical.
  52. Rishi Vaccari Mora, cédula 113560182, Especialista en compras y proveeduría.
  53. Anthony García Marín, cédula 112820451, Investigador Centro Agenda Joven, UNED.
  54. Nidia Rivera González, cédula 2334804, Ingeniera Agrónoma, Licenciada en Enseñanza de la Ciencia.
  55. Oscar Fernández González, cédula 103620592, Sociólogo y filósofo, Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.
  56. Roxana Hidalgo Xirinachs, cédula 105970626, Directora Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica.
  57. Allan Mauricio Cerna Castro, cédula 800650055, Médico pensionado de la Universidad de Costa Rica.
  58. Francisco J. Enríquez Solano, cédula 104990170, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  59. Nuria Sáenz Gómez, cédula 105860416, Educadora retirada.
  60. Sofía Guillén Pérez, cédula 115040735, Economista.
  61. Jorge Zeledón Pérez, cédula 108540279, Profesor Universidad de Costa Rica.
  62. Cristina Araya Umaña, cédula 401400589, Socióloga y Máster en Estudios de Población.
  63. Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 106600352, Biólogo, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  64. Oscar Alpízar, Confraternidad Guanacasteca, cédula jurídica 3102395766.
  65. Eugenia Molina Alfaro, cédula 203700625, Universidad de Costa Rica.
  66. Karol Montero Rony, cédula 111080959, Gestora sociocultural.
  67. Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Gestor de proyectos, sector cafetalero.
  68. Rafael Aguilar Chaves, cédula 491350260, Psicólogo clínico.
  69. Verónica Sheehan, 184001211017, Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica.
  70. Verónica Shehann, 184001211017, Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico Sustentable.
  71. Adriana Monge Arias, cédula 205430266, Trabajadora Social.
  72. Víctor Hugo Acuña Ortega, cédula 103730844, Historiador, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
  73. Ligia Martín Salazar, cédula 104090849, Antropóloga Social.
  74. Ilka Treminio Sánchez, cédula 800700432, Profesora Escuela de Ciencias Políticas Universidad de Costa Rica.
  75. Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312, Profesora universitaria.
  76. Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593, Psicóloga y pedagoga, jubilada del Poder Judicial.
  77. William Alvarado Jiménez, cédula 601100026, Profesor Catedrático, Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
  78. Adriana Laclé Murray, cédula 103820809, Médico Internista y Catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica.
  79. Javier Contreras Rojas, cédula 502970151, Médico psiquiatra.
  80. María del Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363, Socióloga.
  81. Eva Carazo Vargas, cédula 108930621, Investigadora y activista social ecofeminista.
  82. Montserrat Sagot Rodríguez, cédula 203410034, Directora CIEM, Universidad de Costa Rica.
  83. Luis Del Valle Carazo, cédula 104171457, Médico Forense jubilado.
  84. Anacristina Rossi, cédula 104070914, Escritora.
  85. Carlos Sandoval García, cédula 106390524, Profesor Universidad de Costa Rica
  86. Dionisio Jorge Cabal Antillón, cédula 104250831, Músico escritor.
  87. Viviana Carazo Vargas, cédula 109240674, Docente universitaria.
  88. Natalia Dobles Trejos, cédula 110790825, investigadora CICDE, UNED.
  89. Lidieth Garro Rojas, cédula 602270142, Comunicadora y profesora universitaria.
  90. Marielos Giralt Bermúdez, cédula 102980926, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
  91. Backtori Golen Zúñiga, cédula 112920729, Investigadora (CICDE), Trabajadora social y educadora popular.
  92. Juan Antonio Gutiérrez Slon, cédula 112450785, Sociólogo e historiador, investigador CICDE, UNED.
  93. Vania Solano Laclé, cédula 109660507, Docente Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.
  94. Francis Muñoz Calvo, cédula 114490629, investigador CICDE, UNED.
  95. Dagoberto Núñez Picado, cédula 023330608, Investigador CICDE, UNED.
  96. José María Oviedo Chaves, cédula 105060146, Secretario Nacional Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses.
  97. Jimmy Ortiz Chinchilla, cédula 105540183, Artista, maestro de arte y coreógrafo, varios premios nacionales, docente Universidad de Costa Rica.
  98. Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142, Abogada, docente Universidad de Costa Rica.
  99. Saray Córdoba González, cédula 104380311, Bibliotecóloga, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
  100. Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602, Escritora y actriz, Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría.
  101. Giselle Boza Solano, cédula 302420648, Abogada y periodista, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión (PROLEDI) y docente Universidad de Costa Rica.
  102. Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692, Profesora Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
  103. Rafael López Alfaro, cédula 401490119, Presidente de UNEDPRO.
  104. Dany Villalobos, cédula 206430273, por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
  105. Andrea Alvarado Vargas, cédula 205420230, Periodista, Directora de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica
  106. Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 103990589, Abogada, teóloga y poetisa.
  107. Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 109280731, Abogada, consultora internacional y exdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
  108. Gerardo Chavarría Vega, cédula 104000724, Comunicador, Premio Nacional Pío Víquez 2010.
  109. Norman José Solórzano Alfaro, cédula 204050106, Académico universitario.
  110. Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
  111. María Elena López Núñez, cédula 103410135, Médica pediatra, salubrista, pensionada, exministra de Salud.
  112. Quince Duncan Moodie, cédula 102810201, Escritor y educador, catedrático Universidad Nacional, Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
  113. Mariana Alpízar Guerrero, cédula 114340079, Psicóloga Social, Presidenta Asociación Voces Violeta.
  114. Miguel Ángel Sobrado Chaves, cédula 102940994, Sociólogo e investigador, fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social Universidad Nacional.
  115. Me Pasó en la UCR.
  116. Yasy Morales Chacón, cédula 110410576, Coordinadora Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
  117. Mario Devandas Brenes, cédula 103420692, Economista, representante de los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.
  118. Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243, Sociólogo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Nacional de Historia.
  119. Allen Cordero Ulate, cédula 302170094, Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
  120. Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636, Ingeniero Agrónomo, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarios Universidad de Costa Rica, exministro de Agricultura y Ganadería.
  121. RedESS Costa Rica (Red de Economía Social Solidaria).
  122. COKOMAL (Consumo y Comunicación Alternativa).
  123. Luisa Paz Jiménez, cédula 801080229, Antropóloga, profesora e investigadora UNED.
  124. Carol Moreira Campos, cédula 111780654, Comunicadora.
  125. Pamela Campos Chavarría, cédula 113450315, Antropóloga y gestora sociocultural, Programa Gestión Local UNED.
  126. Daniela Mora Parra, cédula 114850340, Actriz, educadora no formal y gestora cultural.
  127. Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010, Presidenta de CEFEMINA.
  128. María José Chaves Groh, cédula 110810478, Feminista, socióloga y docente universitaria.
  129. Javier Sánchez Valverde, cédula 106440950, Biólogo FECON.
  130. Agustín Gutiérrez Carro, cédula 112250576, Abogado, defensor público y docente universitario.
  131. Virginia María Acuña Montero, cédula 104490534, JPIC/Claret/Costa Rica (Justicia, Paz e Integridad con la Creación).
  132. Ricardo Jiménez Montealegre, cédula 105930310, Biólogo Marino, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional.
  133. Red Costarricense de Agricultura Ecológica
  134. Colectiva Produ Feminista, TEC.
  135. Rotsay Rosales-Valladares, cédula 107410325, Catedrático, Universidad de Costa Rica.
  136. Nora Garita Bonilla, cédula 103820064, catedrática jubilada Universidad de Costa Rica
  137. Roxana Flores Martínez, cédula 602750480, en representación de la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Asentamiento Orocú.
  138. Víctor Madrigal Sánchez, cédula 502010030, vecino de San Pablo de Heredia, teólogo de la Universidad Nacional.
  139. Marino Marozzi Rojas, cédula 104500817, catedrático UNA-UCR-UNED, economista, consultor.
  140. Mujeres en Acción
  141. Rodrigo Soto González, cédula 106940205, escritor, Premio Nacional de Poesía.
  142. Gilda Segreda Sagot, cédula 1416662, profesora pensionada Escuela de Arquitectura, UCR.
  143. Jorge Rovira Mas, cédula 800350073, sociólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
  144. Ma. Cecilia Romero Agüero, cédula 102600938, socióloga, catedrática UCR.
  145. Emilia Molina Cruz, cédula 104110201, exdiputada, Trabajadora Social, profesora jubilada de la UCR.
  146. Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula 103600701, Socióloga y Administradora Publica, profesora Emérita-UCR
  147. Esteban Campos Méndez, cédula 110490153, Planificador Económico y Social
  148. Rodrigo A. Solórzano Soto, cédula 205470814, Profesor de Filosofía
  149. Marlin Óscar Ávila Henríquez, cédula 103340060, Analista Sociopolítico
  150. William Mena Villalobos, cédula 114020167, Estudiante
  151. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador Social
  152. Rodrigo Campos Cordero, cédula 108560885, Sociólogo, Académico y profesor universitario
  153. Javier Francisco Cambronero Arguedas, cédula 2406127, Educador
  154. Dorisa Ballestero González, cédula 304010908, Administración pública
  155. María Lorena Villalobos Solís, cédula 105320391, Abogada
  156. Rafael Ángel Fernández Mora, cédula 104290552, Abogado y Archivista
  157. Andrea Monge Acuña, cédula 110500470, Ama de casa
  158. Tamara Briceño Escalante, cédula 107120104, Ingeniera Industrial
  159. Hernán Alvarado Ugarte, cédula 601290416, Entrenador
  160. Luis Enrique Soto Vargas, cédula 604240914, Estudiante Informática Empresarial UCR
  161. Raúl Venegas Castro, cédula 502040764, Técnico Farmacia
  162. Isabel Avendaño Flores, cédula 106020245, Decana, Facultad de Ciencias Sociales
  163. Pedro Monge Fernández, cédula 114780314, Sociólogo
  164. Guido Antonio Barrientos Matamoros, cédula 105890096, Agroecólogo
  165. Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050, Antropóloga, Jubilada
  166. José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
  167. Rolando Vargas Arrea, cédula 104500610, Médico Pediatra
  168. Sonia Navarro Solano, cédula 104220671, Pensionada
  169. Cindy Alejandra Castro Brenes, cédula 111390258, Administradora de empresas 
  170. Gustavo Enrique Cabrera Vega, cédula 302220901, Activista x DDHH y Abogado
  171. Javier Antonio Torres Vindas, cédula 109040703, Docente e investigador
  172. Ítalo Fera Fallas, cédula 1548350, Sociólogo
  173. Diana Moraga Vásquez, cédula 111450188, Abogada
  174. Madelaine Martínez Rojas, cédula 106020547, Actriz y docente
  175. Álvaro Vega Sánchez, cédula 202841409, Jubilado UNA
  176. María Alejandra Solórzano Castillo, cédula 110700547, Académica Escuela de Filosofía
  177. Ligia Mayela Arce Quesada, cédula 105220971, Abogada y Notaria
  178. Isabel Ducca Durán, cédula 105640060, Jubilada Universidad Nacional
  179. Christian Zamora Dahmen, cédula 800520662,
  180. Marisol Gutiérrez Rojas, cédula 105720906, Profesora Catedrática
  181. Olman Villarreal Guzmán, cédula 502220415, Director Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
  182. Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538, Pensionado
  183. Oscar Madrigal Jiménez, cédula 202560766, Abogado
  184. Gabriel González Vega, cédula 105250121, Académico jubilado de la UNA; crítico y productor de cine
  185. Pablo Díaz González, cédula 205960614, Psicólogo e Investigador
  186. Alfredo Jones León, cédula 104670555, Jubilado
  187. Julia Ardón Morera, cédula 203860415, Comunicadora y Comerciante
  188. Marvin Amador Guzmán, cédula 106730592, Comunicador y Docente de la UCR
  189. Ana Lorena Camacho De la O, cédula 401370180, Socióloga
  190. Yendrily Porras Calderón, cédula 111420468, Derecho
  191. Roberto Antillón Freer, cédula 105700937, Músico y Educador
  192. Carlos Andrés Manavella Cavallero, cédula 103200093017, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
  193. Juan José Cordero Solís, cédula 113530011, Médico Profesor
  194. María Gabriella D’Arsié Tonon, cédula 401189276, Psicóloga Clínica
  195. Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085, Catedrático de la UCR Pensionado
  196. Kyara Sofia Cascante Suárez, cédula 118880719, Activista, Emprendedor y Estudiante
  197. Juan Agustín Salas Rojas, cédula 205460757, Técnico
  198. David Loría Masís, cédula 109520967, Profesor e Investigador
  199. Federico Porras Chavarría, cédula 115560639, Estudiante de Agronomía en la UCR
  200. Gina Sibaja Quesada, cédula 107010863, Politóloga
  201. Rodrigo Alfaro Monge, cédula 202610177, Catedrático Jubilado UNA-UNED
  202. Manuel Jiménez Rodríguez, cédula 111630899, Técnico en Microscopía
  203. Sandra Araya Umaña, cédula 401310102, Profesora Catedrática
  204. Ariel Hidalgo Solano, cédula 1968530, Arquitecto, Profesor y Emprendedor
  205. Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920, Psicóloga
  206. Ana Nicté Castillo Delgado, cédula 402270830, Socióloga y Gestora Cultural
  207. Ivannia Hernández Ramírez, cédula 108950475, Emprendedora Artística
  208. Shirani Jossué Rojas Castrillo, cédula 110190231, Abogado
  209. Warner Alpízar Alpízar, cédula 205250023, Profesor Universitario
  210. Silvia Arguedas Negrini, cédula 900260740, Profesora Educ. Especial Pensionada
  211. Francisco Cordero Gené, cédula 103320363, Jubilado Relaciones Internacionales
  212. Orlando Amaris Cervantes, cédula 800820603, Investigador Social
  213. Lucía Figueroa Protti, cédula 113570278, Docente y Investigadora Universitaria
  214. Reina Arroyo Quirós, cédula 205940345, Docente y Cantautora
  215. Euclides Hernández Peñaranda, cédula 106360324, Docente
  216. César Moya Aburto, cédula 603720175, Investigador CICDE UNED
  217. Roxana Serban NIO, cédula 112400073702, Coordinadora de Proyectos Socio-Ambientales
  218. Alexander Rojas Parajeles, cédula 107130292, Documentalista
  219. Silvia Arce Villalobos, cédula 111000038, Profesora Universitaria y Artista
  220. Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
  221. Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598, Artista Independiente
  222. Alberto Gutiérrez Arguedas, cédula 113690344, Profesor
  223. Ronald Díaz Vargas, cédula 105870283, Periodista y Productor Audiovisual
  224. Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico, Productor y Gestor Cultural
  225. Amilcar Luna Palma, cédula 132000288702, Sociólogo
  226. Ricardo Araya Montero, cédula 202590881, Jubilado
  227. José Hernández C., cédula 111370395, Técnico en Producto y Reaseguro
  228. Ma. Auxiliadora Vega Bustos, cédula 1692037, Docente
  229. Graziella Blanco Coto, cédula 104620007, Juez Tribunal de Flagrancia. Jubilada
  230. Natalia Serrano Álvarez, cédula 113200174, Socióloga y Gestora Cultural
  231. Carlos Campos Rojas, cédula 106050202, Sociólogo
  232. Millaray Villalobos Rojas, cédula 109340412, Antropóloga
  233. Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510, Jubilada Universidad Nacional
  234. Shi Alarcón Zamora, cédula 112910818, Socióloga
  235. Dagmar Facio Fernández, cédula 103390511, Activista
  236. Tatiana Facio Fernández, cédula 103700960, Psicóloga
  237. Montserrat Salas Segreda, cédula 110020530, Maestra
  238. José Joaquín Marín Mora, cédula 1539231, Pintor
  239. Marielos Aguilar Hernández, cédula 301920768, Profesora Catedrática de la UCR Jubilada
  240. Herbert E. Contreras Vásquez, cédula 601200237, M.Sc.Ing. Ambiental
  241. María Chaves Villalobos, cédula 206400152 Académica de la UNA
  242. Leonidas Villalobos Morales, cédula 103921406, Ing. Agrónomo
  243. Victor Soto Miranda, cédula 107900656, Activista Ciudadano
  244. Isabel Viales Cabalceta, cédula 5501990187, MEP
  245. Marlon Freeman Salazar, cédula 112270189, Estudiante
  246. Dorsyne Caravaca Villegas, cédula 501850756, Coordinadora Judicial
  247. Yerling Ruiz Vásquez, cédula 603040331, Comunicadora Social
  248. Sara Villegas Villarreal, cédula 602180471, Estudiante
  249. Casilda Sancho Barrantes, cédula 202410142, Jubilada
  250. Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540, Asesor legislativo
  251. Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Sociólogo
  252. Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166, Trabajadora Social.
  253. Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652, Economista
  254. Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 104680075, Psicóloga
  255. Maricela Morales Mora, cédula 104800252, Profesora
  256. Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634, Socióloga Jubilada
  257. Graciela Villalobos Mora, cédula 115850560, Diseñadora
  258. Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1646922, Antropóloga
  259. Gerardo Lazcares Jiménez, cédula 1376797, Ex Subdirector OIJ
  260. Milena Grillo Rivera, cédula 103410303, Especialista Derechos de Niñez y Adolescencia
  261. Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418, Jubilada
  262. Idahyma Barrantes Fernández, cédula 105730729, Dra. Psicología
  263. Neddy Zamora Chacón, cédula 104001406, Socióloga Pensionada
  264. María Teresa Solís Zamora, cédula 1407239, Abogada
  265. Dhariana Cárdenas Guevara, cédula 112670075, Socióloga
  266. Ernesto Lara Carrillo, cédula 103070121, Pensionado
  267. Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900, Psicóloga y Docente Pensionada del MEP
  268. Silvia Salgado González, cédula 104670993, Antropóloga
  269. Alejandra Fernández Bonilla, cédula 105740192, Periodista
  270. Yanury Chaves Solano, cédula 104011495, Educadora Pensionada
  271. Marianela Vargas Acuña, cédula 107010522, Psicóloga
  272. Eddy Hernández Sandino, cédula 109820649, Psicólogo
  273. Walter Hilje Matamoros, cédula 205500659, Sociólogo, Docente e Investigador
  274. Sebastián Coto Murillo, cédula 113900221, Estudiante Maestría Académica de Filosofía UCR
  275. Fernando Lizana Moreno, cédula 800720990, Ingeniero en Electrónica
  276. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 105610866, Jubilada
  277. José Manuel Cerdas Albertazzi, cédula 501950539, Historiador Catedrático Jubilado
  278. Rosa María Muñoz Varela, cédula 601520211, Docente
  279. Carolina Méndez Araya, cédula 106620439, Ama de casa
  280. Saskia Rodríguez Steichen, cédula 108570902, Docente y funcionaria del Gobierno
  281. Mario Salazar Montes, cédula 111690405, Profesor
  282. Jonathan Acuña Soto, cédula 402020231, Economista
  283. Mónica Bravo Herrera, cédula 110550200, Educadora
  284. Vernor Arguedas Troyo, cédula 900130121, Matemático
  285. Leila Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493, Promotora Política
  286. Sergio Rojas Camacho, cédula 108040259, Exportador PYMES
  287. Yajaira Sibaja López, cédula 701320072, Empresaria
  288. Macarena Barahona Riera, cédula 1526207, Investigadora y Poeta
  289. Gabriela Masís Moya, cédula 302500682, Periodista
  290. Minor Germán Vargas Gutiérrez, cédula 104041058, Juez Penal Jubilado
  291. Hernán Sánchez Guevara, cédula 104190636, Abogado y Notario Jubilado
  292. Omar Arrieta Chavarría, cédula 501431027, Geógrafo
  293. Enid G. Cruz Ramírez, cédula 2318599, Pensionada
  294. Ana Trejos Trejos, cédula 104470409, Consultora Independiente
  295. Víctor Salazar Montes, cédula 112100325, Abogado
  296. Elsa Natalia Artavia Sandí, cédula 114490517, Emprendedora de Servicios de Asesoría
  297. Cindy Umaña Matamoros, cédula 112020090, Ama de casa
  298. Grazia Lomonte Lomonte, cédula 138000127933, Psicóloga, Consultora en Salud y Directora ICOPSI
  299. Yorleny Córdoba Moya, cédula 111830547, Propietaria de Sala de Belleza YRstudio
  300. Fresia Ma. Salazar Campos, cédula 105020378, Docente
  301. Allen Torres Castillo, cédula 1439577, Músico
  302. Orlando Guevara Villalobos, cédula 110450345, Profesor
  303. Elisa Donato Monge, cédula 105140512, Socióloga Profesora Jubilada
  304. Diana Aguilar Chaves, cédula 114020363, Trabajadora Social y Docente.
  305. Leonel Aguilar Castillo, cédula 304780154, Músico
  306. Erasmo Solerti Aguilar, cédula 110910981, Docente
  307. Yadira Matarrita Brenes, cédula 302270778, Editora Académica
  308. César Castro Thames, cédula 302080680, Promotor Socio-Ambiental
  309. Mauricio Gerardo Zeledón Leal, cédula 105690067, Músico
  310. Gerardo Madrigal Aguilar, cédula 105550800, Antropólogo
  311. Alexander Céspedes Solís, cédula 107340468, Ingeniero Industrial
  312. Jaime Enrique Mayorga Robles, cédula 105000936, Tecnología Educativa
  313. Eladio Retana Fallas, cédula 104830574, Pensionado
  314. Élida Mesén Anchía, cédula 104740534, Socióloga
  315. Rafael Arias Ramírez, cédula 203800658, Profesor Universitario
  316. Veneida de los Ángeles Marín Sánchez, cédula 701180937, Estilista y Jefa de Hogar Independiente
  317. Sylvia Mora Zamora, cédula 105500713, Socióloga
  318. Xinia Lemaitre González, cédula 105650150, Lic. Planificación Económica
  319. Francisco Guevara Matarrita, cédula 601170965, Logística Aduanera
  320. Patricia Alvarenga Venutolo, cédula 302220051, Académica
  321. Carlos Bonilla Avendaño, cédula 401210878, Abogado
  322. Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 108350921, Consultor
  323. Mario Zeledón Cambronero, cédula 104020707, Profesor
  324. Sebastián Polimeni Solís, cédula 401900061, Músico y Asesor Agrícola
  325. Jenny Susana González Matamoros, cédula 111240204, Artista Independiente
  326. Oscar Artavia Sánchez, cédula 302090100 Músico y Pintor
  327. Susan Campos Ortega, cédula 114170065, Regidora Municipal
  328. María Fernanda Rojas Rojas, cédula 111690014, Antropóloga
  329. Martha Ulloa Zamora, cédula 104320615, Pensionada
  330. Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga y Docente.
  331. Miriam Porras Jiménez, cédula 501790100, Educadora
  332. Juan Vindas Leitón, cédula 105820554, Conductor de Turismo
  333. Luis Guillermo Murillo Rodríguez, cédula 700760719, Abogado y Activista en Derechos Humanos
  334. Alfredo Arrieta Quirós, cédula 302070999, Creativo Gráfico
  335. Ester Membreño Valle, cédula 104340673, Socióloga
  336. María de Jesús Arrieta Guadamuz, cédula 501461320, Dra. en Nutrición
  337. Vernor Muñoz Villalobos, cédula 105640548, Escritor
  338. Juan Gabriel Vargas Rojas, cédula 504120604, Estudiante
  339. Jaime Roberto Robert Jiménez, cédula 105230146, Psicólogo Social
  340. Rafael Cuevas Molina, cédula 800710280, Profesor
  341. Carmen Alfaro Murillo, cédula 90440456, Educadora Pensionada
  342. Waltraud Barthel, cédula 104000006408, Microempresaria
  343. María Cristina Zeledón Lizano, cédula 102300339, Lic. Filosofía
  344. Mónica Perea Anda, cédula 800500903, Docente
  345. Esteban Damián Avendaño Soto, cédula 109040803, Físico y Ingeniero
  346. Gustavo Adolfo Jiménez Barboza, cédula 113580886, Docente Universitario
  347. Melissa Rodríguez Ríos, cédula 402130407, Artista Escénica
  348. Suy Wong Ugalde, cédula 105720540, Traductora
  349. Andrea Percich Assenza, cédula 801210541, Estética
  350. David Ricardo Castro Barrantes, cédula 206810124, Sociólogo, Estudiante de la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale
  351. Maribel Morales Rojas, cédula 206790111 Administradora Pública
  352. Rafael Rivas Ducca, cédula 106990060, Consultor
  353. Christopher Segura Campos, cédula 603730276, Abogado y Microempresario PYME
  354. German Enrique Montes Guevara, cédula 104050691, Pensionado
  355. Mónica Chinchilla Vargas, cédula 110970814, Empresaria en Turismo
  356. Marta Quirós Mora, cédula 105050491, Ex Pymes y Ama de casa
  357. Marcos Francisco Gutiérrez Alpízar, cédula 203700327, Profesor
  358. Luis Leiva Friedman, cédula 106210013, Docente
  359. Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Psicóloga
  360. Gloria Gavioli Muzzati, cédula 800970237, Hotelera
  361. Ronald Alpízar Martínez, cédula 602360755, Asesor de Microfinanzas
  362. Guadalupe Urbina Juárez, cédula 501830490, Músico
  363. Sofía Salas Monge, cédula 11013804, Abogada
  364. Jose Rojas Camacho, cédula 207670275, Estudiante
  365. Lucía Godínez Rojas, cédula 113980229, Promotora de la salud
  366. Marta Araya Marroni, cédula 107010787, Gerente General
  367. Susan Francis Salazar, cédula 107210975, Docente Universitaria y Catedrática
  368. Danilo Herrera Soto, cédula 401030076, Economista y Productor Agropecuario
  369. Yanín Carranza Chaves, cédula 204820663, Psicóloga
  370. José Ángel Vargas Vargas, cédula 2371866, Profesor Universitario UCR
  371. Ana Lucía Calderón Saravia, cédula 106520347, Antropóloga
  372. Gilbert Villafuerte Mejías, cédula 60971090, Pensionado
  373. Daniel Ortuño Lizano, cédula 112460796, Ing. Mecánico
  374. Lorena Pinto Berrocal, cédula 104530059, Entrenadora
  375. Álvaro R. Ureña Padilla, cédula 106400393, Ing. Agrónomo
  376. Jorge Murillo Medrano, cédula 502390459, Catedrático
  377. Guido Arturo Romero Montes, cédula 105000321, Jubilado
  378. Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166, Trabajadora Social
  379. Luis Alberto Soto Ramírez, cédula 203710970, Trabajador Social
  380. María Elena López Núñez, cédula 103410135, Pensionada
  381. Rafael Esteban Chaves Salas, cédula 107570203, Microbiólogo
  382. Adilia Solís Reyes, cédula 155803301923, Docente Universitaria
  383. María José Ferlini Cartín, cédula 110610439, Editora Periódico Surcos
  384. Manuel Antonio Barahona Montero, cédula 106850904, Sociólogo
  385. Jaime Enrique García González, cédula 105330503, Catedrático
  386. Roxana Lourdes Cedeño Sequeira, cédula 601020645, Trabajadora Social
  387. María Isabel López Ulloa, cédula 304550606, Trabajadora Social
  388. Flavia José Mora Cubero, cédula 205360772, Docente MEP
  389. Jenny Vásquez Vásquez, cédula 204870874, Enfermera UCR
  390. David Gamboa Cervantes, cédula 701970130, Trabajador independiente y estudiante de Gestión de Turismo Sostenible, Instituto Tecnológico de Costa Rica
  391. Anabelle Maffioli Reyes, cédula 105420111, Agrónoma pensionada
  392. Magally González Jarquín, cédula 107550002, Educadora, Patronato Nacional de la Infancia
  393. Guiselle Bolaños Mora, cédula 103910972, Jubilada
  394. Moisés Orias Lezama, cédula 502050160, ingeniero, Sociedad Civil
  395. Elieth Hume Salas, cédula 30246078, jubilada Universidad Estatal a Distancia
  396. Heriberto Araya Céspedes, cédula 601020231, educador pensionado
  397. Roberto Vargas Fallas, cédula 3297736, ciudadano
  398. Alejandra M Cartín  Leiva, cédula 105720619, psicóloga
  399. María Lorena Delgado Figueroa, cédula 105020296, pequeña empresaria
  400. Adolfo Vargas Salas, cédula 111330529, docente
  401. Andrea Ramírez Aguilar, cédula 113730654, socióloga
  402. William Alberto Mendez Garita, cédula 30263096, abogado y politólogo
  403. Lili Fernández González, cédula 1468210, Pensionada
  404. Paulina Mata Monge, cédula 107910223, Ingeniera y Ecologista
  405. Tania Hermosilla Arroyo, cédula 113500545, Administradora
  406. Carlos Camacho Nassar, cédula 202861360, Antropólogo
  407. José Gabriel Rivas Ducca, cédula 105461000, Biólogo /Guía Turístico
  408. Paul Chaverri Gould, cédula 104340688, Abogado
  409. Wálter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico
  410. Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
  411. Héctor Morales Jara, cédula 115200014036, E l lmist
  412. Ligia Quirós Gutiérrez, cédula 202760277, Veterinaria
  413. Luis Ángel Castro Jiménez, cédula 105000546, Cantautor
  414. Liliana Quesada Saravia, cédula 105170402, Socióloga Consultora
  415. Óscar Montanaro Meza, cédula 102800391, Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica
  416. Luis Meza Ramos, cédula 105470861, Agente de ventas
  417. Wifrido Rodríguez Vargas, cédula 400900863, Jubilado
  418. Alice Miranda Arguedas, cédula 401020708, Jubilada
  419. Hazel Ma. Vargas Zeledón, cédula 103980738, Filóloga
  420. Rodrigo Fernández Vázquez, cédula 103961133, Jubilado
  421. Olga Marta Mena Vincenti, cédula 102890145, profesora  Profesora jubilada
  422. María José Cascante Matamoros, cédula 111660261, Profesora
  423. Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga
  424. Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador social jubilado
  425. José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
  426. Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Docente Universitaria

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517