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En pro de la solidaridad, frenando la desigualdad

Escrito en 02/04/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis. Firmar petición aquí: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Comunicado:

En esta crisis por la pandemia Covid-19, desde el fondo de nuestros mejores valores como nación (los que celebraremos en el Bicentenario), damos un paso adelante para decir que la gente debe estar primero, y antes que nadie, las personas más vulnerables.

Aplaudimos los esfuerzos sanitarios en curso, con el liderazgo de nuestras instituciones públicas, y subrayamos que estos son tiempos para la solidaridad. Es un momento crítico para fortalecer y nunca debilitar los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho y las instituciones que lo sustentan.

Además de lo sanitario, y complementándolo, decimos que los esfuerzos del país, incluidos los del gobierno, deben ser proteger a la población, en lo económico, lo social y lo emocional: garantizar que la cuarentena -requerida rigurosamente para detener la expansión acelerada del coronavirus- sea posible en quienes no tienen un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y servicios básicos (agua, alimentación, luz, vivienda, Internet).

Llamamos a todos los sectores que tienen sus ingresos y necesidades satisfechas, que sí pueden ponerse en cuarentena mientras dure la crisis sanitaria, para que contribuyan solidariamente: grandes contribuyentes, grandes empresas que no contribuyen lo que les corresponde (gracias a amnistías tributarias o declaración de cero ganancias), empresas de zonas francas y empresas exportadoras, comerciantes que están viendo aumentar sus ingresos en estos momentos, personas con salarios y pensiones netas altas de los sectores público y privado, y profesionales liberales.

Los esfuerzos que se despliegan deben enfocarse en esto. No deben reforzar los subsidios para quienes ya tienen ventaja, sino dedicarse prioritariamente a garantizar la cuarentena de quienes no tienen cómo sufragarla y a fortalecer las instituciones que están haciendo gastos extraordinarios al frente de la atención a la emergencia. Debemos priorizar el uso de los recursos en la cuarentena y el apoyo a todas las personas que ven seriamente comprometidos sus medios de subsistencia. En los momentos actuales es imprescindible revertir los procesos que promueven la inequidad y la desigualdad, los cuales han prevalecido en el país en las últimas décadas.

Están sobre la mesa propuestas complementarias que debemos abordar y ejecutar sin dilación, con un espíritu de inclusión solidaria e integración nacional; entre ellas, las siguientes: el diferencial aprovechable por la baja en el precio internacional del petróleo; recargos temporales a los impuestos de renta en sus diversos componentes; impuesto sobre rentas y ganancias de capital; impuestos sobre bienes de lujo; intervención del Banco Central en el mercado secundario de deuda para reducir los gastos por intereses; promoción de un plan nacional de producción de alimentos; impulso de un plan de recuperación económica, adelantando rápidamente una estrategia con el sistema financiero internacional, que ya está proponiendo aplazar el pago de deudas y nuevos recursos no solo para atender la pandemia, sino también para el día después, a la hora de recomponer el tejido económico y social de nuestro país. Estos son tiempos para la solidaridad, no para la mezquindad.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis.

Concretamente, solicitamos al señor presidente de la república una reunión para discutir y analizar los temas aquí planteados.

*Además de las personas y organizaciones abajo firmantes, quienes quieran suscribir este documento lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Alianza por una Vida Digna
José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073, ex-magistrado y Catedrático UCR.
Jorge Arturo Chaves Ortiz, cédula 1-0413-0957, Coordinador del programa L. J. Lebret de Economía Humana, del Centro Dominico de Investigación (CEDI), y Director de este mismo Centro.
Álvaro Fernández González, cédula 104330981, músico, filósofo, sociólogo, profesor jubilado UCR-UNA.
Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856, comunicador y docente, director de SURCOS
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499, Microbiólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
Oscar Jara Holliday, cédula 800780568, sociólogo y educador popular.
Nancy Piedra Guillén, cédula 105860455, Directora del Programa de Posgrado Centroamericano y profesora de la Escuela de Sociología de Universidad de Costa Rica.
Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482, socióloga, activista, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
Jorge Alberto Rojas Rojas, cédula 105640230, académico Universidad Nacional.
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373, economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).
Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295, Abogado y profesor jubilado.
Elizabeth Aguilar Aguirre, cédula 401140430, Msc. Salud Pública.
Héctor Hernán Hermosilla Barrientos, cédula 800930507, Sociólogo, pensionado.
Jaime Ordoñez Chacón, Cédula 105370458, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Bernal Herrera Montero, cédula 104530160, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica
Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006, Profesor Emérito Universidad Nacional
Alexander Jiménez Matarrita, cédula 106070350, Filósofo.
Henning Jensen Pennington, cédula 800410334, Rector, Universidad de Costa Rica.
German Masís Morales, cédula 302250625, Profesor jubilado de la Universidad Nacional y coordinador de Alterdes.
Bernal Monestel Ramírez, cédula 104910937, Productor radiofónico y emprendedor.
Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
Ana Lucía Hernández Díaz, cédula 105720842, Politóloga, investigadora jubilada Universidad de Costa Rica.
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 104530822, Ministro del Ambiente y Energía 2014-2018, Presidente de la Segunda y Tercera Asambleas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
Alfredo Antillón Montealegre, cédula 103620504, profesor pensionado de Química, músico.
Adrián Pinto Tomás, cédula 109880178, Profesor Catedrático, Escuela de Medicina e investigador, Universidad de Costa Rica.
Víctor Hugo Porras Bolívar, cédula 052040443, Escritor y promotor cultural.
Flora Fernández Amón, cédula 105230903, Empresaria.
Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679, Director del Posgrado en Artes de la Universidad de Costa Rica
Manuel Rojas Bolaños, Cédula 102630897, sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, profesor investigador de la FLACSO Costa Rica
Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499, Orientadora y docente Universidad de Costa Rica.
Lorena Sáenz Segreda, cédula 104790371, Psicóloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica.
Roberto Salom Echeverría, cédula 104430579, Sociólogo, profesor universitario jubilado.
Marcelo Gaete Astica, cédula 800680971, Antropólogo, investigador del Departamento de Estudios e Investigación Educativa, Ministerio de Educación Pública.
Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Compositor, guitarrista, cantautor, gestor cultural, productor, dibujante.
J. Amando Robles Robles, cédula 800520054, Investigador del Centro Dominico de Investigación (CEDI).
Ana Lorena Salmerón Alpízar, cédula 203670966, Bióloga docente de la Universidad Técnica Nacional.
José Antonio Chaves Villalobos, cédula 203960191, Abogado independiente.
Alberto Salom Echeverría, cédula 104430578, Politólogo, Rector Universidad Nacional.
Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485, Sociólogo, docente e investigador del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.
Carmen Camacho Rodríguez, cédula 401100275, Socióloga, académica universitaria jubilada.
Flory Bárbara González Trejos, cédula 104280981, Educadora pensionada.
Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206, Músico, Sociólogo pensionado, Cátedra de Estudios de África y el Caribe, Universidad de Costa Rica.
Ana Beatriz Fernández González, cédula 106250678, Periodista y actriz.
Paulo E. Coto Murillo, cédula 110560998, Sociólogo, investigador y docente, UNED y UCR.
Marco Antonio Quesada Aguilar, cédula 106210600, Músico, compositor, profesor de Etapa Básica de Música de Santa Cruz. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 1988.
Guillermo Acuña González, cédula 401500090, Académico Universidad Nacional.
Esteban Arias C., cédula 113690417, Docente Universidad de Costa Rica.
Daniela Yovann Mora, cédula 107410325, Estudiante.
Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815, Catedrático Universidad de Costa Rica.
Ligia María Sanabria Salazar, cédula 105980019, Profesora de Educación Musical.
Rishi Vaccari Mora, cédula 113560182, Especialista en compras y proveeduría.
Anthony García Marín, cédula 112820451, Investigador Centro Agenda Joven, UNED.
Nidia Rivera González, cédula 2334804, Ingeniera Agrónoma, Licenciada en Enseñanza de la Ciencia.
Oscar Fernández González, cédula 103620592, Sociólogo y filósofo, Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.
Roxana Hidalgo Xirinachs, cédula 105970626, Directora Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica.
Allan Mauricio Cerna Castro, cédula 800650055, Médico pensionado de la Universidad de Costa Rica.
Francisco J. Enríquez Solano, cédula 104990170, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
Nuria Sáenz Gómez, cédula 105860416, Educadora retirada.
Sofía Guillén Pérez, cédula 115040735, Economista.
Jorge Zeledón Pérez, cédula 108540279, Profesor Universidad de Costa Rica.
Cristina Araya Umaña, cédula 401400589, Socióloga y Máster en Estudios de Población.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 106600352, Biólogo, Catedrático Universidad de Costa Rica.
Oscar Alpízar, Confraternidad Guanacasteca, cédula jurídica 3102395766.
Eugenia Molina Alfaro, cédula 203700625, Universidad de Costa Rica.
Karol Montero Rony, cédula 111080959, Gestora sociocultural.
Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Gestor de proyectos, sector cafetalero.
Rafael Aguilar Chaves, cédula 491350260, Psicólogo clínico.
Verónica Sheehan, 184001211017, Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica.
Verónica Shehann, 184001211017, Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico Sustentable.
Adriana Monge Arias, cédula 205430266, Trabajadora Social.
Víctor Hugo Acuña Ortega, cédula 103730844, Historiador, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
Ligia Martín Salazar, cédula 104090849, Antropóloga Social.
Ilka Treminio Sánchez, cédula 800700432, Profesora Escuela de Ciencias Políticas Universidad de Costa Rica.
Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312, Profesora universitaria.
Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593, Psicóloga y pedagoga, jubilada del Poder Judicial.
William Alvarado Jiménez, cédula 601100026, Profesor Catedrático, Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
Adriana Laclé Murray, cédula 103820809, Médico Internista y Catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica.
Javier Contreras Rojas, cédula 502970151, Médico psiquiatra.
María del Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363, Socióloga.
Eva Carazo Vargas, cédula 108930621, Investigadora y activista social ecofeminista.
Montserrat Sagot Rodríguez, cédula 203410034, Directora CIEM, Universidad de Costa Rica.
Luis Del Valle Carazo, cédula 104171457, Médico Forense jubilado.
Anacristina Rossi, cédula 104070914, Escritora.
Carlos Sandoval García, cédula 106390524, Profesor Universidad de Costa Rica
Dionisio Jorge Cabal Antillón, cédula 104250831, Músico escritor.
Viviana Carazo Vargas, cédula 109240674, Docente universitaria.
Natalia Dobles Trejos, cédula 110790825, investigadora CICDE, UNED.
Lidieth Garro Rojas, cédula 602270142, Comunicadora y profesora universitaria.
Marielos Giralt Bermúdez, cédula 102980926, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
Backtori Golen Zúñiga, cédula 112920729, Investigadora (CICDE), Trabajadora social y educadora popular.
Juan Antonio Gutiérrez Slon, cédula 112450785, Sociólogo e historiador, investigador CICDE, UNED.
Vania Solano Laclé, cédula 109660507, Docente Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.
Francis Muñoz Calvo, cédula 114490629, investigador CICDE, UNED.
Dagoberto Núñez Picado, cédula 023330608, Investigador CICDE, UNED.
José María Oviedo Chaves, cédula 105060146, Secretario Nacional Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses.
Jimmy Ortiz Chinchilla, cédula 105540183, Artista, maestro de arte y coreógrafo, varios premios nacionales, docente Universidad de Costa Rica.
Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142, Abogada, docente Universidad de Costa Rica.
Saray Córdoba González, cédula 104380311, Bibliotecóloga, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602, Escritora y actriz, Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría.
Giselle Boza Solano, cédula 302420648, Abogada y periodista, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión (PROLEDI) y docente Universidad de Costa Rica.
Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692, Profesora Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
Rafael López Alfaro, cédula 401490119, Presidente de UNEDPRO.
Dany Villalobos, cédula 206430273, por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
Andrea Alvarado Vargas, cédula 205420230, Periodista, Directora de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 103990589, Abogada, teóloga y poetisa.
Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 109280731, Abogada, consultora internacional y exdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Gerardo Chavarría Vega, cédula 104000724, Comunicador, Premio Nacional Pío Víquez 2010.
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 204050106, Académico universitario.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
María Elena López Núñez, cédula 103410135, Médica pediatra, salubrista, pensionada, exministra de Salud.
Quince Duncan Moodie, cédula 102810201, Escritor y educador, catedrático Universidad Nacional, Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
Mariana Alpízar Guerrero, cédula 114340079, Psicóloga Social, Presidenta Asociación Voces Violeta.
Miguel Ángel Sobrado Chaves, cédula 102940994, Sociólogo e investigador, fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social Universidad Nacional.
Me Pasó en la UCR.
Yasy Morales Chacón, cédula 110410576, Coordinadora Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
Mario Devandas Brenes, cédula 103420692, Economista, representante de los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.
Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243, Sociólogo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Nacional de Historia.
Allen Cordero Ulate, cédula 302170094, Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636, Ingeniero Agrónomo, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarios Universidad de Costa Rica, exministro de Agricultura y Ganadería.
RedESS Costa Rica (Red de Economía Social Solidaria).
COKOMAL (Consumo y Comunicación Alternativa).
Luisa Paz Jiménez, cédula 801080229, Antropóloga, profesora e investigadora UNED.
Carol Moreira Campos, cédula 111780654, Comunicadora.
Pamela Campos Chavarría, cédula 113450315, Antropóloga y gestora sociocultural, Programa Gestión Local UNED.
Daniela Mora Parra, cédula 114850340, Actriz, educadora no formal y gestora cultural.
Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010, Presidenta de CEFEMINA.
María José Chaves Groh, cédula 110810478, Feminista, socióloga y docente universitaria.
Javier Sánchez Valverde, cédula 106440950, Biólogo FECON.
Agustín Gutiérrez Carro, cédula 112250576, Abogado, defensor público y docente universitario.
Virginia María Acuña Montero, cédula 104490534, JPIC/Claret/Costa Rica (Justicia, Paz e Integridad con la Creación).
Ricardo Jiménez Montealegre, cédula 105930310, Biólogo Marino, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional.
Red Costarricense de Agricultura Ecológica
Colectiva Produ Feminista, TEC.
Rotsay Rosales-Valladares, cédula 107410325, Catedrático, Universidad de Costa Rica.
Nora Garita Bonilla, cédula 103820064, catedrática jubilada Universidad de Costa Rica
Roxana Flores Martínez, cédula 602750480, en representación de la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Asentamiento Orocú.
Víctor Madrigal Sánchez, cédula 502010030, vecino de San Pablo de Heredia, teólogo de la Universidad Nacional.
Marino Marozzi Rojas, cédula 104500817, catedrático UNA-UCR-UNED, economista, consultor.
Mujeres en Acción
Rodrigo Soto González, cédula 106940205, escritor, Premio Nacional de Poesía.
Gilda Segreda Sagot, cédula 1416662, profesora pensionada Escuela de Arquitectura, UCR.
Jorge Rovira Mas, cédula 800350073, sociólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
Ma. Cecilia Romero Agüero, cédula 102600938, socióloga, catedrática UCR.
Emilia Molina Cruz, cédula 104110201, exdiputada, Trabajadora Social, profesora jubilada de la UCR.
Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula 103600701, Socióloga y Administradora Publica, profesora Emérita-UCR
Esteban Campos Méndez, cédula 110490153, Planificador Económico y Social
Rodrigo A. Solórzano Soto, cédula 205470814, Profesor de Filosofía
Marlin Óscar Ávila Henríquez, cédula 103340060, Analista Sociopolítico
William Mena Villalobos, cédula 114020167, Estudiante
Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador Social
Rodrigo Campos Cordero, cédula 108560885, Sociólogo, Académico y profesor universitario
Javier Francisco Cambronero Arguedas, cédula 2406127, Educador
Dorisa Ballestero González, cédula 304010908, Administración pública
María Lorena Villalobos Solís, cédula 105320391, Abogada
Rafael Ángel Fernández Mora, cédula 104290552, Abogado y Archivista
Andrea Monge Acuña, cédula 110500470, Ama de casa
Tamara Briceño Escalante, cédula 107120104, Ingeniera Industrial
Hernán Alvarado Ugarte, cédula 601290416, Entrenador
Luis Enrique Soto Vargas, cédula 604240914, Estudiante Informática Empresarial UCR
Raúl Venegas Castro, cédula 502040764, Técnico Farmacia
Isabel Avendaño Flores, cédula 106020245, Decana, Facultad de Ciencias Sociales
Pedro Monge Fernández, cédula 114780314, Sociólogo
Guido Antonio Barrientos Matamoros, cédula 105890096, Agroecólogo
Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050, Antropóloga, Jubilada
José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
Rolando Vargas Arrea, cédula 104500610, Médico Pediatra
Sonia Navarro Solano, cédula 104220671, Pensionada
Cindy Alejandra Castro Brenes, cédula 111390258, Administradora de empresas
Gustavo Enrique Cabrera Vega, cédula 302220901, Activista x DDHH y Abogado
Javier Antonio Torres Vindas, cédula 109040703, Docente e investigador
Ítalo Fera Fallas, cédula 1548350, Sociólogo
Diana Moraga Vásquez, cédula 111450188, Abogada
Madelaine Martínez Rojas, cédula 106020547, Actriz y docente
Álvaro Vega Sánchez, cédula 202841409, Jubilado UNA
María Alejandra Solórzano Castillo, cédula 110700547, Académica Escuela de Filosofía
Ligia Mayela Arce Quesada, cédula 105220971, Abogada y Notaria
Isabel Ducca Durán, cédula 105640060, Jubilada Universidad Nacional
Christian Zamora Dahmen, cédula 800520662,
Marisol Gutiérrez Rojas, cédula 105720906, Profesora Catedrática
Olman Villarreal Guzmán, cédula 502220415, Director Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538, Pensionado
Oscar Madrigal Jiménez, cédula 202560766, Abogado
Gabriel González Vega, cédula 105250121, Académico jubilado de la UNA; crítico y productor de cine
Pablo Díaz González, cédula 205960614, Psicólogo e Investigador
Alfredo Jones León, cédula 104670555, Jubilado
Julia Ardón Morera, cédula 203860415, Comunicadora y Comerciante
Marvin Amador Guzmán, cédula 106730592, Comunicador y Docente de la UCR
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 401370180, Socióloga
Yendrily Porras Calderón, cédula 111420468, Derecho
Roberto Antillón Freer, cédula 105700937, Músico y Educador
Carlos Andrés Manavella Cavallero, cédula 103200093017, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Juan José Cordero Solís, cédula 113530011, Médico Profesor
María Gabriella D’Arsié Tonon, cédula 401189276, Psicóloga Clínica
Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085, Catedrático de la UCR Pensionado
Kyara Sofia Cascante Suárez, cédula 118880719, Activista, Emprendedor y Estudiante
Juan Agustín Salas Rojas, cédula 205460757, Técnico
David Loría Masís, cédula 109520967, Profesor e Investigador
Federico Porras Chavarría, cédula 115560639, Estudiante de Agronomía en la UCR
Gina Sibaja Quesada, cédula 107010863, Politóloga
Rodrigo Alfaro Monge, cédula 202610177, Catedrático Jubilado UNA-UNED
Manuel Jiménez Rodríguez, cédula 111630899, Técnico en Microscopía
Sandra Araya Umaña, cédula 401310102, Profesora Catedrática
Ariel Hidalgo Solano, cédula 1968530, Arquitecto, Profesor y Emprendedor
Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920, Psicóloga
Ana Nicté Castillo Delgado, cédula 402270830, Socióloga y Gestora Cultural
Ivannia Hernández Ramírez, cédula 108950475, Emprendedora Artística
Shirani Jossué Rojas Castrillo, cédula 110190231, Abogado
Warner Alpízar Alpízar, cédula 205250023, Profesor Universitario
Silvia Arguedas Negrini, cédula 900260740, Profesora Educ. Especial Pensionada
Francisco Cordero Gené, cédula 103320363, Jubilado Relaciones Internacionales
Orlando Amaris Cervantes, cédula 800820603, Investigador Social
Lucía Figueroa Protti, cédula 113570278, Docente y Investigadora Universitaria
Reina Arroyo Quirós, cédula 205940345, Docente y Cantautora
Euclides Hernández Peñaranda, cédula 106360324, Docente
César Moya Aburto, cédula 603720175, Investigador CICDE UNED
Roxana Serban NIO, cédula 112400073702, Coordinadora de Proyectos Socio-Ambientales
Alexander Rojas Parajeles, cédula 107130292, Documentalista
Silvia Arce Villalobos, cédula 111000038, Profesora Universitaria y Artista
Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598, Artista Independiente
Alberto Gutiérrez Arguedas, cédula 113690344, Profesor
Ronald Díaz Vargas, cédula 105870283, Periodista y Productor Audiovisual
Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico, Productor y Gestor Cultural
Amilcar Luna Palma, cédula 132000288702, Sociólogo
Ricardo Araya Montero, cédula 202590881, Jubilado
José Hernández C., cédula 111370395, Técnico en Producto y Reaseguro
Ma. Auxiliadora Vega Bustos, cédula 1692037, Docente
Graziella Blanco Coto, cédula 104620007, Juez Tribunal de Flagrancia. Jubilada
Natalia Serrano Álvarez, cédula 113200174, Socióloga y Gestora Cultural
Carlos Campos Rojas, cédula 106050202, Sociólogo
Millaray Villalobos Rojas, cédula 109340412, Antropóloga
Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510, Jubilada Universidad Nacional
Shi Alarcón Zamora, cédula 112910818, Socióloga
Dagmar Facio Fernández, cédula 103390511, Activista
Tatiana Facio Fernández, cédula 103700960, Psicóloga
Montserrat Salas Segreda, cédula 110020530, Maestra
José Joaquín Marín Mora, cédula 1539231, Pintor
Marielos Aguilar Hernández, cédula 301920768, Profesora Catedrática de la UCR Jubilada
Herbert E. Contreras Vásquez, cédula 601200237, M.Sc.Ing. Ambiental
María Chaves Villalobos, cédula 206400152 Académica de la UNA
Leonidas Villalobos Morales, cédula 103921406, Ing. Agrónomo
Victor Soto Miranda, cédula 107900656, Activista Ciudadano
Isabel Viales Cabalceta, cédula 5501990187, MEP
Marlon Freeman Salazar, cédula 112270189, Estudiante
Dorsyne Caravaca Villegas, cédula 501850756, Coordinadora Judicial
Yerling Ruiz Vásquez, cédula 603040331, Comunicadora Social
Sara Villegas Villarreal, cédula 602180471, Estudiante
Casilda Sancho Barrantes, cédula 202410142, Jubilada
Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540, Asesor legislativo
Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Sociólogo
Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166, Trabajadora Social.
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652, Economista
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 104680075, Psicóloga
Maricela Morales Mora, cédula 104800252, Profesora
Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634, Socióloga Jubilada
Graciela Villalobos Mora, cédula 115850560, Diseñadora
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1646922, Antropóloga
Gerardo Lazcares Jiménez, cédula 1376797, Ex Subdirector OIJ
Milena Grillo Rivera, cédula 103410303, Especialista Derechos de Niñez y Adolescencia
Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418, Jubilada
Idahyma Barrantes Fernández, cédula 105730729, Dra. Psicología
Neddy Zamora Chacón, cédula 104001406, Socióloga Pensionada
María Teresa Solís Zamora, cédula 1407239, Abogada
Dhariana Cárdenas Guevara, cédula 112670075, Socióloga
Ernesto Lara Carrillo, cédula 103070121, Pensionado
Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900, Psicóloga y Docente Pensionada del MEP
Silvia Salgado González, cédula 104670993, Antropóloga
Alejandra Fernández Bonilla, cédula 105740192, Periodista
Yanury Chaves Solano, cédula 104011495, Educadora Pensionada
Marianela Vargas Acuña, cédula 107010522, Psicóloga
Eddy Hernández Sandino, cédula 109820649, Psicólogo
Walter Hilje Matamoros, cédula 205500659, Sociólogo, Docente e Investigador
Sebastián Coto Murillo, cédula 113900221, Estudiante Maestría Académica de Filosofía UCR
Fernando Lizana Moreno, cédula 800720990, Ingeniero en Electrónica
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 105610866, Jubilada
José Manuel Cerdas Albertazzi, cédula 501950539, Historiador Catedrático Jubilado
Rosa María Muñoz Varela, cédula 601520211, Docente
Carolina Méndez Araya, cédula 106620439, Ama de casa
Saskia Rodríguez Steichen, cédula 108570902, Docente y funcionaria del Gobierno
Mario Salazar Montes, cédula 111690405, Profesor
Jonathan Acuña Soto, cédula 402020231, Economista
Mónica Bravo Herrera, cédula 110550200, Educadora
Vernor Arguedas Troyo, cédula 900130121, Matemático
Leila Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493, Promotora Política
Sergio Rojas Camacho, cédula 108040259, Exportador PYMES
Yajaira Sibaja López, cédula 701320072, Empresaria
Macarena Barahona Riera, cédula 1526207, Investigadora y Poeta
Gabriela Masís Moya, cédula 302500682, Periodista
Minor Germán Vargas Gutiérrez, cédula 104041058, Juez Penal Jubilado
Hernán Sánchez Guevara, cédula 104190636, Abogado y Notario Jubilado
Omar Arrieta Chavarría, cédula 501431027, Geógrafo
Enid G. Cruz Ramírez, cédula 2318599, Pensionada
Ana Trejos Trejos, cédula 104470409, Consultora Independiente
Víctor Salazar Montes, cédula 112100325, Abogado
Elsa Natalia Artavia Sandí, cédula 114490517, Emprendedora de Servicios de Asesoría
Cindy Umaña Matamoros, cédula 112020090, Ama de casa
Grazia Lomonte Lomonte, cédula 138000127933, Psicóloga, Consultora en Salud y Directora ICOPSI
Yorleny Córdoba Moya, cédula 111830547, Propietaria de Sala de Belleza YRstudio
Fresia Ma. Salazar Campos, cédula 105020378, Docente
Allen Torres Castillo, cédula 1439577, Músico
Orlando Guevara Villalobos, cédula 110450345, Profesor
Elisa Donato Monge, cédula 105140512, Socióloga Profesora Jubilada
Diana Aguilar Chaves, cédula 114020363, Trabajadora Social y Docente.
Leonel Aguilar Castillo, cédula 304780154, Músico
Erasmo Solerti Aguilar, cédula 110910981, Docente
Yadira Matarrita Brenes, cédula 302270778, Editora Académica
César Castro Thames, cédula 302080680, Promotor Socio-Ambiental
Mauricio Gerardo Zeledón Leal, cédula 105690067, Músico
Gerardo Madrigal Aguilar, cédula 105550800, Antropólogo
Alexander Céspedes Solís, cédula 107340468, Ingeniero Industrial
Jaime Enrique Mayorga Robles, cédula 105000936, Tecnología Educativa
Eladio Retana Fallas, cédula 104830574, Pensionado
Élida Mesén Anchía, cédula 104740534, Socióloga
Rafael Arias Ramírez, cédula 203800658, Profesor Universitario
Veneida de los Ángeles Marín Sánchez, cédula 701180937, Estilista y Jefa de Hogar Independiente
Sylvia Mora Zamora, cédula 105500713, Socióloga
Xinia Lemaitre González, cédula 105650150, Lic. Planificación Económica
Francisco Guevara Matarrita, cédula 601170965, Logística Aduanera
Patricia Alvarenga Venutolo, cédula 302220051, Académica
Carlos Bonilla Avendaño, cédula 401210878, Abogado
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 108350921, Consultor
Mario Zeledón Cambronero, cédula 104020707, Profesor
Sebastián Polimeni Solís, cédula 401900061, Músico y Asesor Agrícola
Jenny Susana González Matamoros, cédula 111240204, Artista Independiente
Oscar Artavia Sánchez, cédula 302090100 Músico y Pintor
Susan Campos Ortega, cédula 114170065, Regidora Municipal
María Fernanda Rojas Rojas, cédula 111690014, Antropóloga
Martha Ulloa Zamora, cédula 104320615, Pensionada
Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga y Docente.
Miriam Porras Jiménez, cédula 501790100, Educadora
Juan Vindas Leitón, cédula 105820554, Conductor de Turismo
Luis Guillermo Murillo Rodríguez, cédula 700760719, Abogado y Activista en Derechos Humanos
Alfredo Arrieta Quirós, cédula 302070999, Creativo Gráfico
Ester Membreño Valle, cédula 104340673, Socióloga
María de Jesús Arrieta Guadamuz, cédula 501461320, Dra. en Nutrición
Vernor Muñoz Villalobos, cédula 105640548, Escritor
Juan Gabriel Vargas Rojas, cédula 504120604, Estudiante
Jaime Roberto Robert Jiménez, cédula 105230146, Psicólogo Social
Rafael Cuevas Molina, cédula 800710280, Profesor
Carmen Alfaro Murillo, cédula 90440456, Educadora Pensionada
Waltraud Barthel, cédula 104000006408, Microempresaria
María Cristina Zeledón Lizano, cédula 102300339, Lic. Filosofía
Mónica Perea Anda, cédula 800500903, Docente
Esteban Damián Avendaño Soto, cédula 109040803, Físico y Ingeniero
Gustavo Adolfo Jiménez Barboza, cédula 113580886, Docente Universitario
Melissa Rodríguez Ríos, cédula 402130407, Artista Escénica
Suy Wong Ugalde, cédula 105720540, Traductora
Andrea Percich Assenza, cédula 801210541, Estética
David Ricardo Castro Barrantes, cédula 206810124, Sociólogo, Estudiante de la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale
Maribel Morales Rojas, cédula 206790111 Administradora Pública
Rafael Rivas Ducca, cédula 106990060, Consultor
Christopher Segura Campos, cédula 603730276, Abogado y Microempresario PYME
German Enrique Montes Guevara, cédula 104050691, Pensionado
Mónica Chinchilla Vargas, cédula 110970814, Empresaria en Turismo
Marta Quirós Mora, cédula 105050491, Ex Pymes y Ama de casa
Marcos Francisco Gutiérrez Alpízar, cédula 203700327, Profesor
Luis Leiva Friedman, cédula 106210013, Docente
Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Psicóloga
Gloria Gavioli Muzzati, cédula 800970237, Hotelera
Ronald Alpízar Martínez, cédula 602360755, Asesor de Microfinanzas
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 501830490, Músico
Sofía Salas Monge, cédula 11013804, Abogada
Jose Rojas Camacho, cédula 207670275, Estudiante
Lucía Godínez Rojas, cédula 113980229, Promotora de la salud
Marta Araya Marroni, cédula 107010787, Gerente General
Susan Francis Salazar, cédula 107210975, Docente Universitaria y Catedrática
Danilo Herrera Soto, cédula 401030076, Economista y Productor Agropecuario
Yanín Carranza Chaves, cédula 204820663, Psicóloga
José Ángel Vargas Vargas, cédula 2371866, Profesor Universitario UCR
Ana Lucía Calderón Saravia, cédula 106520347, Antropóloga
Gilbert Villafuerte Mejías, cédula 60971090, Pensionado
Daniel Ortuño Lizano, cédula 112460796, Ing. Mecánico
Lorena Pinto Berrocal, cédula 104530059, Entrenadora
Álvaro R. Ureña Padilla, cédula 106400393, Ing. Agrónomo
Jorge Murillo Medrano, cédula 502390459, Catedrático
Guido Arturo Romero Montes, cédula 105000321, Jubilado
Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166, Trabajadora Social
Luis Alberto Soto Ramírez, cédula 203710970, Trabajador Social
María Elena López Núñez, cédula 103410135, Pensionada
Rafael Esteban Chaves Salas, cédula 107570203, Microbiólogo
Adilia Solís Reyes, cédula 155803301923, Docente Universitaria
María José Ferlini Cartín, cédula 110610439, Editora Periódico Surcos
Manuel Antonio Barahona Montero, cédula 106850904, Sociólogo
Jaime Enrique García González, cédula 105330503, Catedrático
Roxana Lourdes Cedeño Sequeira, cédula 601020645, Trabajadora Social
María Isabel López Ulloa, cédula 304550606, Trabajadora Social
Flavia José Mora Cubero, cédula 205360772, Docente MEP
Jenny Vásquez Vásquez, cédula 204870874, Enfermera UCR
David Gamboa Cervantes, cédula 701970130, Trabajador independiente y estudiante de Gestión de Turismo Sostenible, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Anabelle Maffioli Reyes, cédula 105420111, Agrónoma pensionada
Magally González Jarquín, cédula 107550002, Educadora, Patronato Nacional de la Infancia
Guiselle Bolaños Mora, cédula 103910972, Jubilada
Moisés Orias Lezama, cédula 502050160, ingeniero, Sociedad Civil
Elieth Hume Salas, cédula 30246078, jubilada Universidad Estatal a Distancia
Heriberto Araya Céspedes, cédula 601020231, educador pensionado
Roberto Vargas Fallas, cédula 3297736, ciudadano
Alejandra M Cartín Leiva, cédula 105720619, psicóloga
María Lorena Delgado Figueroa, cédula 105020296, pequeña empresaria
Adolfo Vargas Salas, cédula 111330529, docente
Andrea Ramírez Aguilar, cédula 113730654, socióloga
William Alberto Mendez Garita, cédula 30263096, abogado y politólogo
Lili Fernández González, cédula 1468210, Pensionada
Paulina Mata Monge, cédula 107910223, Ingeniera y Ecologista
Tania Hermosilla Arroyo, cédula 113500545, Administradora
Carlos Camacho Nassar, cédula 202861360, Antropólogo
José Gabriel Rivas Ducca, cédula 105461000, Biólogo /Guía Turístico
Paul Chaverri Gould, cédula 104340688, Abogado
Wálter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico
Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
Héctor Morales Jara, cédula 115200014036, E l lmist
Ligia Quirós Gutiérrez, cédula 202760277, Veterinaria
Luis Ángel Castro Jiménez, cédula 105000546, Cantautor
Liliana Quesada Saravia, cédula 105170402, Socióloga Consultora
Óscar Montanaro Meza, cédula 102800391, Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica
Luis Meza Ramos, cédula 105470861, Agente de ventas
Wifrido Rodríguez Vargas, cédula 400900863, Jubilado
Alice Miranda Arguedas, cédula 401020708, Jubilada
Hazel Ma. Vargas Zeledón, cédula 103980738, Filóloga
Rodrigo Fernández Vázquez, cédula 103961133, Jubilado
Olga Marta Mena Vincenti, cédula 102890145, profesora Profesora jubilada
María José Cascante Matamoros, cédula 111660261, Profesora
Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga
Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador social jubilado
José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Docente Universitaria

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Escrito en 01/04/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

Escrito en 31/03/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR

Carta Pública al Señor Presidente de la República y Señoras y Señores Diputados

Escrito en 29/03/2020. Publicado en Educación, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

FORO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN EMPOBRECER A LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN MEDIO DE LA CRISIS

El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para cobrarle un impuesto adicional a las personas trabajadoras del sector público y privado, cuyo salario sea igual o mayor al millón de colones. En esa misma línea, un bloque de empresarios solicitó el recorte de la jornada laboral en el sector público, así como la eliminación del salario escolar.

Este Foro rechaza enérgicamente la pretensión de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de la clase media, cuando los grandes empresarios de este país NO han aportado siquiera una parte de sus riquezas para la atención de la emergencia nacional.

Como sector educación, le recordamos al Gobierno que:

1. Desde años atrás nuestros salarios han sido prácticamente congelados y, desde diciembre del 2018, con la aprobación de la ley No.9635 mejor conocida como Combo Fiscal, nuestros salarios fueron reducidos drásticamente.

2. Recientemente se anunció que NO se nos pagará el ajuste por costo de vida 2020.

3. Aún tenemos casos de compañeros(as) del MEP a quienes no se les ha pagado parte de su salario del mes de febrero.

4. Nuestro sector está conformado en gran parte por mujeres jefas de hogar, que en este difícil momento son el sostén de su familia.

5. Nuestro sector tiene su salario comprometido con el pago de deudas y, además, somos el soporte de familiares nuestros que se han quedado sin empleo.

6. Las compañeras y compañeros jubilados del Magisterio Nacional siempre han contribuido solidariamente lo que la ley obliga, al igual que el respectivo impuesto de renta.

Debemos recordarle además que, toda persona trabajadora, con un salario igual o mayor a 840 mil colones ya paga un impuesto sobre la renta, el cual es deducido automáticamente; es decir, NUNCA HEMOS EVADIDO UN IMPUESTO, COMO MUCHOS EMPRESARIOS QUE SÍ LO HAN HECHO.

Como parte de este recordatorio debemos anotar que las personas trabajadoras, en calidad de consumidores, pagamos un IVA del 13%, el cual NO ha sido reducido en absoluto en medio de la emergencia nacional.

En medio de este escenario, pretender empobrecer a la clase media costarricense, significa llevar el país al abismo.

Si la clase media tiene dificultades para consumir, muchos comercios y personas que dependen de nosotros(as) se verán obligados a cerrar, ocasionando muy altos niveles de desempleo, aún después de la pandemia.

En lugar de buscar menoscabar el sustento familiar de la clase trabajadora de Costa Rica, deben buscarse alternativas reales con recursos de los grandes capitales y de los grandes evasores.

Así como el presidente ha dicho “vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”, bien se puede mantener el precio de los combustibles, aun cuando la factura petrolera sigue a la baja, y destinar estos recursos a la atención solidaria.

De igual forma, si se tienen $8.1 mil millones en Reservas Monetarias Internacionales, también se pueden destinar al menos $2 mil millones, equivalentes a ₡1.1 billones pudiendo inclusive duplicarse este monto a ₡2.2 billones, sin detrimento de la actividad comercial internacional que se entiende casi paralizada a nivel mundial, siendo que no se trata de un problema solo nacional.

Resulta contradictorio, que se engañe a la ciudadanía cuando se aceptó el altísimo endeudamiento de nuestra sociedad y en especial de nuestro sector magisterial, promocionando el crédito de salvamento ante las necesidades que nos aquejan a todos, y que ahora se quiera desconocer esta situación al pretender cercenar los salarios de éstas mismas familias endeudadas.

Por ende, reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaría del 2018. PORQUE ELLOS NO HAN SIDO SOLIDARIOS CON COSTA RICA.

CTRN pide a presidente que no cargue más al sector laboral

Escrito en 29/03/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

En un video de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), su presidente, Lenin Hernández Navas hace un llamado al mandatario Carlos Alvarado Quesada, para que la crisis por el COVID-19 sea asumida por grandes empresas y no por el sector laboral. Le compartimos la exposición:

Sindicato de Hacienda al ministro: solidario no… confiscatorio

Escrito en 28/03/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente mensaje enviado por SITRAHSAN al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles:

Señor Ministro:

Consideramos a partir de su interés de aplicar un impuesto solidario a los empleados públicos, que los trabajadores Públicos ya contribuimos suficiente con el Gobierno, en aplicación de la retención salarial por el Impuesto de Renta.

La falta de liquidez del gobierno no es atribuible al empleado público, eso concierne al mal manejo de las finanzas públicas y en mucho a la impericia de los políticos de turno.

Hay que trabajar y legislar también, en la moratoria banquera de los trabajadores en general, las cifras de las millonadas que mantienen están reflejadas en la página web del Banco Central, dicho de otra manera; su capacidad para los números, le debe brindar el panorama ideal

No se vale pedirle más sacrificio al empleado público, cuando se tiene por demostrado en la Contraloría General, que el empleado público contribuye más que los profesionales liberales o inclusive las grandes empresas que declaran CERO IMPUESTOS, teniendo ingresos multimillonarios.

Si hay crisis, la misma debe obligar a todos contribuir, no se vale, decir que grandes consorcios turísticos, abrigados durante muchos años a leyes que los exoneran, a grandes restaurantes que declaran como régimen simplificado y sus platos valían hasta 35 mil colones, en fin las empresas por ley, permiten consignar para pagar los impuestos, en el balance general, las provisiones sean por aguinaldo, por vacaciones, por cesantía y otros derechos laborales, que al final se conoce financieramente, como escudos fiscales.

Recuérdese, que mucho empleado público tiene el salario hipotecado, por qué entonces, no aplicar esos gastos como deducibles para el proyecto que está formulando denominado IMPUESTO SOLIDARIO, el cual al final sería para la población laboral IMPUESTO CONFISCATORIO, debido a que el empleado público tiene comprometido su ingreso para pagar la casita.

Señor Ministro, aterrice; el funcionario promedio no tiene su posibilidad de pagar CASH casi un millón de dólares por una “casa”, entonces por qué no gravar las grandes mansiones o propiedades de miles de manzanas o hectáreas cuyos dueños han gozado de exoneraciones en materia agropecuaria, por qué no gravar los capitales en activos de las distintas clínicas privadas que gozan de exoneraciones por insumos médicos, y todos esos datos los tiene a la mano debido a que los puede conocer por ser datos generales, en nada serían confidenciales, cada sector de la economía es cuantificable y ese parámetro le brindaría un indicador de impacto muy preciso, aunque hay datos irregulares por evasión o elusión o fraude fiscal.

Por qué no pensar en retener los pagos de proveedores del gobierno en insumos médicos, si se muere el asegurado, se les cae el negocio, por qué no retener un porcentaje de lo facturado al gobierno en general para ese propósito y también detener la construcción de infraestructura, negocio de unas pocas constructoras. De los alquileres, ya conoce bastante.

En fin; soluciones hay muchas, actores de interés también, de tal manera que si conoce la política fiscal del país, no se vale que en 15 días de pandemia los grandes consorcios financieros, hoteleras, otros turísticos, y quien “más pinol traga” se diga estará en crisis, cuando han comerciado durante muchos años.

Y tal cual recomendamos en otro correo, debe restringir la transacción electrónica de los fondos financieros en los bancos de esos grandes capitalistas, para que no quiebren el país, o se terminen robando los derechos laborales que le asisten a los trabajadores.

Enviado a SURCOS por el licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.

Ilustración: https://www.ciat.org/mejoramiento-de-la-administracion-de-justicia-tributaria/

¡A SUS ÓRDENES JEFE!

Escrito en 28/03/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

El pasado jueves, a eso del mediodía, el Ministro de Hacienda Rodrigo Chávez anunciaba desde el Museo de los Niños, convertido en Sede de la Asamblea Legislativa como algo muy simbólico, que el Gobierno de Carlos Alvarado enviaría al Primer Poder un proyecto de ley para crear una “contribución solidaria” pagadera por quienes ganaran más de 500.000 mil colones al mes, bien fuera en el sector público o privado, porcentaje que iría subiendo según fuera el monto del suelo. PERO ESO NO ERA LO MAS IMPORTANTE, sino que adelantó que TAMBIEN LAS GANANCIAS DEL CAPITAL serían objeto de la contribución solidaria y ahí, al proyecto le sucedió lo que, según el dicho popular… ¡le pasó a Tere!

¡Todo era soportable, menos tocar al sacrosanto capital!, ¿cómo se le ocurría eso al imberbe que nos gobierna? ¡De inmediato tocaron a rebato!, es de imaginar al representante plutocrático en el gobierno don André Garnier, recibiendo las llamadas de los miembros de los Panamá Paper reclamando semejante desaguisado, que los obligaría a repatriar algunos de sus “cinquillos”.

Así y antes que el cura ñato terminara de santiguarse, la Ministra doña Pilar lee el aguerrido Tweet del Presidente: ¡Mentira!… el gobierno no presentará ningún proyecto, pobrecitos los trabajadores de 500.000 colones!…como mampara para ocultar la verdadera razón de la baja de piso, nada menos, que al Ministro den Hacienda. Y para que no quedara duda, el Ministro Jefe de la Tombería Nacional, que supuestamente ninguna vela tenía en el entierro (¿del Ministro de Hacienda?), ratificaba lo mandado a decir por don Carlos Presidente, como recordando que él tenía la Seguridad en sus manos!

Hoy nuevamente en el marco informativo del Corona Virus, ya más calmados y obedientes, el Presidente y su Ministro de Hacienda de poca autoridad y vergüenza, aclaraban que si habrá ley de aporte solidario para trabajadores del sector público y privado, con salarios de un millón en adelante y escalonado cada medio millón, y de feria, sin temblarles la barbilla, dijeron que lo justo era que, quien ganaba más fuera más solidario y que en eso iban los salarios desde el Presidente para abajo, pero… ¿Y LAS GANANCIAS DEL CAPITAL? Qué cosa… ¡A NINGUN PERIODISTA SE LE OCURRIÓ PREGUNTAR!, ni a Don Ignacio desde el estudio, ni a nadie… qué “extraño” ¿verdad?; omertá o ley del silencio, lo llama la mafia italiana.

Por supuesto que estoy de acuerdo con colaborar solidariamente, pero creo que se debe tomar en cuenta una serie de condiciones antes de poner en difícil situación a muchas personas. Este 27 de marzo, por ejemplo, el Diario Extra trae un editorial infame propio de ese pasquín, donde dice que el 80% de los empleados públicos están en la casa “de vacaciones o haciendo teletrabajo” y que se “echan más de un millón a la bolsa” como si fuera robado. Nada más falso, manipulador y aberrante de un periodismo de baratija, que junto con sus colegas de La Nazi-On y Canal 7, se han dedicado en los últimos años a hacer una sociedad de odios hacia los empleados públicos y los pensionados, que justamente pagaron sus pensiones y LES ROBARON CINCO BILLONES DE COLONES, pero eso no lo dicen… ¡manipuladores!

Así terminó esa historia, con los costarricenses asalariados solidarios, las ganancias de capital ganando intereses en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes y el Presidente, su Gabinete, sus colegas de la prensa todos obedientes…muy bien, muchas gracias.

Esta historia me hizo recordar la película El Gendarme Desconocido de Cantinflas cuando, cuadrado y mano en la visera de su quepis decía… ¡¡A SUS ORDENES…JEFE!!

Una propuesta tributaria debe construirse sobre principios de solidaridad y progresividad

Escrito en 28/03/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

M.Sc. Fernando Rodríguez Garro – M.Sc. Roxana Morales Ramos –
Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez
Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)

La medida anunciada por el Gobierno de la República el día de hoy, relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19. Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis.

En ese sentido, proponemos lo siguiente:

1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.

2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.

3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.

4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.

5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.

6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.

El programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.

27 de marzo de 2020

Más impuesto a los salarios…. ¿y los grupos exonerados? ¿y las ganancias de los banqueros y la usura?

Escrito en 27/03/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.

Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.

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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.

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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?

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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.

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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?

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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral

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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.

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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.

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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.

Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?

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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.

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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.

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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.

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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.

– ordonez@icgweb.org

Vencer al COVID-19, sin colapsar la economía y protegiendo prioritariamente a los más vulnerables

Escrito en 26/03/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.

Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.

Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.

EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.

IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.

Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.

CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.

El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.

Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.

MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.

¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?

Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.

PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS

El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.

El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.

[…]

Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)

En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.

PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES

MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)

Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.

Gráfico 1.

Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.

-IV trimestre de 2019-

De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.

Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
- la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
- la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
- garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.

MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)

En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.

MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS

En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.

1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!

El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).

Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.

Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.

Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.

2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)

El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.

La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:

Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.

Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.

Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.

3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).

La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.

Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.

La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.

UNA DISCUSIÓN PENDIENTE

En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.

En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.

Referencias

Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910

Pellicer, LL. (20 de marzo de 2020). Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009. El País. Recuperado de https://elpais.com/economia/2020-03-20/bruselas-suspende-temporalmente-lasreglas-fiscales-para-responder-a-la-crisis-por-el-coronavirus.html

Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n

Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.

[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).

[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).

Descargar el documento:

FES-OES-VENCER-AL-COVID19-SIN-HACER-COLAPSAR-LA-ECONOMÍA-26-03-2020 Descarga

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro y German Masís.

Etiqueta: justicia tributaria

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