Etiqueta: justicia tributaria

Manuel Delgado

He visto y escuchado, con mucha decepción y con un poco de tristeza, la intervención que hiciera doña Pilar Cisneros hace unos días. Lo primero que sentí al escucharla es que esa no es la doña Pilar que yo conocí y con la que trabajé, aquella mujer valiente que se oponía a los poderosos en defensa de la justicia, en defensa de los desprotegidos. Ahora ella misma se alía con los poderosos, con los medios de comunicación que ella conoce muy bien, con las cámaras patronales y con los partidos tradiciones y se sube a esa ola de borrachera antisindical que está hundiendo al país en el odio, en el temor y en la división.

Yo quiero de manera breve comentar algunos de los puntos de esa intervención.

Empecemos por los salarios. Cuando usted y yo, doña Pilar, trabajábamos en Canal 7, hicimos muchas veces la denuncia de unos salarios insultantes. Recuerdo que en una oportunidad yo le preguntaba a la gente en la calle: ¿Qué haría usted con un salario de medio millón al día? Y la gente se quedaba congelada. ¿Medio millón al día? En esa ocasión había un alto jerarca con ese salario. ¿Hizo algo el poder en torno a esto? Usted recuerda: No hicieron nada, ni una hoja se movió. Lo altos salariazos siguieron oscureciendo nuestro paisaje y aquí paz y allá gloria.

Recientemente hemos tenido casos como el de un gerente bancario que ganaba 29 millones; el del presidente de otro banco, 10 millones; el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, 8 millones; el regulador general, 7 millones.

Tratando de hacer frente al escándalo, el presidente puso un tope. Nadie podrá ganar más de 9,2 millones (ahora habla de poco más de 8 millones). Pero resulta que hay un jerarca por ahí al que no le bastaron, entonces siguió ganando 13 millones mes a mes. La señora Ministra de Hacienda, esa misma que lleva la batuta en el estrujamiento de los trabajadores, dijo entonces que tal excedente en ese salario era legal, pues eran pluses que se habían fijado de acuerdo con la ley. Pero también los salarios de los trabajadores tienen fundamento legal, pues las convenciones colectivas tienen rango de ley. “La ley se estira y se encoje según a quien se le aplica”, decía Aquileo Echeverría. Sabia frase.

Yo suelo hacer el chiste (que es muy real), de que Albert Einstein ganaba en la Universidad de Princeton una suma equivalente a 7 millones de colones de hoy. Alexander Fleming, al descubridor de la penicilina, ganaba en la Universidad de Londres 4,5 millones. Estos jerarcas nuestros quién sabe dónde estudiaron, pero ganan más que Einstein y más que Fleming.

El asunto de fondo es que no hay voluntad de parte del poder político, las cámaras patronales y los partidos políticos de acabar con el festín de los altos salarios. Pero sí se lanzan en cruzada contra los trabajadores que luchan por llevar un milloncito a su casa. (Hay que hacer la aclaración de que la mayoría de los salarios del sector público no llegan a un millón; un millón es el promedio de los salarios públicos, lo que indica que hay decenas de miles de empleados que ganan menos).

Al comienzo del gobierno pasado, el presidente Solís dijo que él no iba a poner en discusión el tema del empleo público en general y de los salarios en particular. Adujo que, de todos modos, ese tema no iba a rendir frutos al fisco en menos de 20 años. Yo publiqué entonces un artículo afirmando que la actitud del presidente era una irresponsabilidad, que el asunto debió haberse comenzado a discutir hacía muchos años. Pero efectivamente ni se discutió antes, ni se discutió entonces, ni se discute ahora. Simplemente se imponen remiendos de manera antidemocrática e injusta.

Vamos con los salarios de los médicos.

No es cierto que los salarios de la médicos, grandes o pequeños, tengan que ver con el problema fiscal del país o con esa deuda de 12 millones de millones que a todos nos preocupa. De todos los salarios del Estado, solo el 42% se pagan con dinero de los impuestos. El resto, los otros 58%, corresponden a instituciones que no dependen del fisco y que se financian con sus propias rentas. Nosotros podríamos reducir a cero los salarios del ICE, o de RECOPE, o del INS, que en nada se vería afectada la deuda interna. Lo mismo ocurre con los médicos. La CCSS es una entidad que se financia con rentas propias que provienen de ese aporte que hacemos los trabajadores mes a mes.

Poner como argumento la deuda pública para atacar a los médicos y sus remuneraciones no puede calificarse sino de demagogia.

Los salarios de los médicos han sido satanizados de manera irracional e injusta. ¿Cuánto gana un médico? Tengo en mi familia un caso de un profesional graduado hace tres años después de nueve años de estudio en la Universidad de Costa Rica y su salario normal apenas llega a un millón y medio. Le llegan, después de todas las rebajas, unos 900.000 mil colones. Un médico general de esta categoría ve a 30 pacientes diarios, 600 al mes. Eso quiere decir que cada cita médica le cuesta a la CCSS 2.500 colones. ¿Y esto le parece un privilegio excesivo? ¿Es justo entonces atacar, vilipendiar, acosar a estos trabajadores?

La Caja tiene 55 mil empleados, y de ellos solamente 2.300, menos del 5%, devengan salarios superiores a 5 millones de colones. Aunque allí están incluidos su Presidente Ejecutivo, los directivos y demás jerarcas nombrados por la política, la mayoría de ellos corresponde a médicos muy especializados, muy calificados y con mucha experiencia. Entonces, no parece justo acosas, amedrentar y vilipendiar al 95% de esos empleados de la salud por algo que no nos gusta del otro 5%.

Doña Pilar recurre a un truco muy poco encomiable cuando mete el enganche médico en esta discusión. Ese privilegio, repudiado por casi todos, no ha sido eliminado porque los partidos tradicionales no han querido eliminarlo. Hay que reconocer que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa con ese propósito, pero todavía estamos esperando que algo pase. Pero el enganche médico no ha estado nunca entre las peticiones de las huelgas recientes, no forma parte de las peticiones de los trabajadores y varios sindicatos, entre ellos la ANEP y su líder Albino Vargas, lo han condenado en reiteradas ocasiones.

Aparte de la Caja, hay en el Estado 1.200 empleados que ganan más de 5 millones de colones. Entre ellos están esos angurrientos de salarios de 8 millones o más, los altos jerarcas impuestos por los políticos y por la política de que hablábamos arriba.

Estos 1.200 salarios constituyen el 0,5% del total, una minoría ínfima. Entonces, por un lado, el Estado podría resolver el problema de esa minoría que no representa mayor problema. Pero lo que pasa es que están usando esos datos para atacar de manera falaz e inmoral al resto de los trabajadores.

¿Por qué esta histeria antisindical? ¿A qué se debe esta orgía de ataque a los trabajadores?

Tengo en mi poder un estudio que calcula la evolución de los salarios de los médicos generales con las nuevas normas fiscales recientemente aprobadas. Sucede que para el año 2023 el trabajador habrá dejado de percibir 14,3 millones de colones. Los demás trabajadores de las demás profesiones correrán la misma suerte. El fin confeso es ese plan: reducir los salarios de las clases medias, empobrecer a este sector.

Aducen, entre otras cosas, el “privilegio” de los empleados públicos respecto a los del sector privado. No dicen, sin embargo, que la verdadera vergüenza nacional es que el salario promedio de los trabajadores del sector privado es de 370 mil colones, una infamia que no tiene perdón.

Esa diferencia en el salario se debe a dos factores. El primero es que los empleados públicos en un 75% o más son profesionales. En el sector privado es exactamente al revés: son profesionales solo el 26%. Aun así los salarios públicos son superiores en todos los rangos.

Es muy posible que los salarios públicos siempre hayan sido mayores que los de la empresa privada. Pero además esos salarios se vieron incentivados por la lucha sindical y las convenciones colectivas. Frente a las dificultades de esta lucha, los trabajadores encontraron maneras de ver mejorados sus ingresos, efecto producido principalmente por los pluses. Un salario como el del médico que arriba mencioné, está compuesto por 900 mil de base y 600 mil de pluses. Si desde un primer momento el sueldo del galeno se hubiera cifrado en un millón y medio (o su correspondiente para la época de que se trate), no hubiera sido necesario ese recurso de los pluses o, al menos, no hubieran llegado a significar una parte tan importante del salario. (Los pluses también existen en la empresa privada, principalmente los que tienen que ver con la antigüedad; algunas empresas también reconocen la capacitación profesional, conocimiento de un segundo idioma, etc.)

Cabe señalar que los aumentos salariales del sector público tienen una gran deuda con los sindicatos; no así en la empresa privada, donde el sindicalismo ha sido perseguido a sangre y fuego. Si en el sector privado hubiera, por lo menos en parte, alguna libertad sindical, es muy posible que esas disparidades que comentamos tendieran a cerrarse.

Vamos a pasar a las pensiones.

De nuevo, este tema es motivo de la histeria mediática y en torno a él se miente y se tergiversa.

Hay que decir para comenzar que, salvo en una pequeña porción, las pensiones nada tienen que ver con el fisco ni con la deuda pública.

Veamos. Hay cuatro regímenes fundamentales. El primero es el de la Caja, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y paga pensión a 269.881 beneficiarios, 53,58%  de ellos por vejez, 27,13% por muerte y 19.28% por invalidez.

Este régimen tiene un tope máximo ¢1.612.000 en sus beneficios.

¿Cómo se financia este régimen? Con fondos propios, por el aporte que mes a mes hacen los asegurados (un 3,84% de su salario), más los aportes de la patronal y el gobierno.

El segundo régimen es el del Poder Judicial. Este tiene 3.737 beneficiaros, es decir, funcionarios jubilados. De ellos 735, el 19%, disfruta de pensiones mayores a los 2,5 millones de colones. Es más, solo 257 pensionados, el 6,8% del total, recibe pensiones superiores a 3,5 millones de colones, es decir, que podrían calificarse como pensiones de lujo. Pero eso lo ocultan la prensa, las cámaras patronales y los partidos tradiciones, y utilizan la situación de ese 6,8% para denigrar al conjunto de los trabajadores judiciales.

De nuevo hay que decir que las pensiones del Poder Judicial nada tienen que ver ni con el déficit público, ni con la deuda del Estado, ni con el fisco, pues este régimen se sostiene con sus propios ingresos, provenientes del aporte de los empleados (en este caso el 13% de su salario), más los del patrono y el Estado.

Más compleja es la situación con las pensiones del Magisterio porque allí hay dos regímenes. Uno es el Régimen de Capitalización, creado en 1995, y que da pensión a poco más de 1.500 personas. Este régimen de pensiones tampoco tiene nada que ver ni con el fisco ni con la deuda interna, pues él es un ente autosuficiente, que se financia con las cotizaciones de los educadores, un 8% de su salario.

El problema lo ofrece el otro, el Régimen Transitorio de Reparto. Con ese nombre se denominó en 1995 lo que venía rigiendo en la materia desde 1958, cuando se creó el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Pero sucede, primero, que desde 1958 y durante 35 años los distintos gobiernos les robaron a los maestros sus cotizaciones. Ese dinerito con que mes a mes cada uno contribuía, lo utilizaba el gobierno para sus gastos corrientes, y nunca conformó un fondo de ahorro o un fondo de capitalización.  Entonces, como no había fondo, las pensiones se iban pagando a costa del presupuesto nacional.

Y segundo problema es que durante muchos años los gobiernos tuvieron la costumbre de sacar a sus amigotes de la academia y nombrarlos en puestos burocráticos (embajadores, viceministros, oficiales mayores, etc.) con el fin de elevarles la pensión. Son esos pensionados los que inflan la lista de los pensionados de lujo.

¿Cuántas son las pensiones altas?

No hay claridad en el país acerca de qué se considera una pensión de lujo. Lo corriente es que se llame así a la superior a 3,9 millones. Son esas las pensiones que devengan el llamado aporte solidario, es decir, una especie de impuesto de renta. El gobierno pasado intentó imponer ese aporte a aquellas que fueran superiores a 2,7 millones, considerando ese monto como el piso de las pensiones de lujo. Y hay quienes afirman que son lujo aquellas jubilaciones que sobrepasan en máximo que paga el IVM, 1,6 millones de colones.

Con estos parámetros tenemos que en el Magisterio existen 750 pensiones de más de 3,9 millones y 1.862 que se sitúan entre esa cifra y los 2,7 millones.

Existen otras llamadas de Gobierno que reúnen a 379 beneficiarios con más de 2,7 millones de colones.

Entonces yo pregunto: ¿Es justo vilipendiar, acorralar, insultar, amedrentar a 275.000 trabajadores públicos por las pensiones de esos 3.000 jubilados de lujo?

Porque eso es lo que hacen los medios, las cámaras y los partidos tradicionales, no buscar soluciones racionales y consensuadas al problema, sino acosar y desprestigiar a los empleados públicos y sus organizaciones. Y a esa campaña de terror se une ahora, por desdicha, doña Pilar.

Termino anotando brevemente que hay una inequidad muy poco alentadora en nuestro sistema de pensiones del IVM, y es que un trabajador que comienza a cotizar a los 35 años de edad se pensiona a los 65 años con 360 cuotas y con los mismos beneficios que otro que empezó a cotizar a los 18, y llega a los 65 años con 564 cuotas.

Esta injusticia se había paliado un poco con la pensión adelantada a los 60 para las mujeres y 62 para los varones, pero esa medida fue eliminada de una manera arbitraria e injusta.

De eso deberíamos estar hablando de manera serena y responsable, no subidos en esa ola de terrorismo mediático.

Dice doña Pilar en su intervención que “no existen costarricenses más costarricenses que otros”. Siento discrepar. Sí existen unos ticos de primera y otros de segunda.

Hace diez años doña Pilar y yo denunciamos por Canal 7 la existencia de megaempresas que reportaban ganancias cero y que, por tanto, no pagaban impuestos.

Yo guardo copia del guion de ese reportaje. Allí denunciábamos a 78 empresas cuyos ingresos sumaban dos millones de millones de colones, lo que en aquella época equivalía a la mitad del presupuesto nacional de la República. Había una con ingresos de 624 mil millones de colones. Otra con 205 millones, tres con más de 100 mil millones y así sucesivamente. Por esas sumas gigantescas de ingresos, esos gigantes pagaban cero impuestos. ¿Cómo la hacían? Pues reportando sumas iguales, idénticas, de gastos.

Un ejemplo. Una reportó ingresos por 29.405.474.975 con 65 céntimos. Al lado, en los costos, como copiado por copy paste, la misma suma, hasta con sus centavos. Los sinvergüenzas no tuvieron ni la molestia de poner, por ejemplo, 50 céntimos en vez de 65.

En resumen, esa fue la historia. La denunciamos y, como era de esperarse, no pasó nada. Seguimos viviendo en el país más feliz de la tierra.

Diez años después, en medio de la pasada huelga y como resultado de la huelga, vuelve a salir a la luz el tema de las megaempresas con ganancias cero. Muchas personas ya venían advirtiendo sobre la elevada evasión fiscal, pero fue el paquete tributario y la lucha contra él los que le dieron volumen al tema.

Sucede que según datos de la Universidad Nacional la evasión fiscal anda no muy lejos de los 3 millones de millones anuales. En una polémica en televisión, el viceministro de Hacienda reconoció que esa evasión alcanzaba del 2,4 millones de millones por año. Yo no tengo idea de cuánto es esa suma, no me cabe en mi cabeza, pero si la evasión no existiera (o al menos no fuera tan elevada) no habría ni déficit fiscal, ni deuda interna, ni la situación calamitosa en que vivimos desde hace años.

Pero nadie hace nada. Al revés, ese plan fiscal que está hundiendo al país en la recesión y al pueblo en la pobreza, les condona a los grandes deudores 190.000 millones por medio de llamada amnistía tributaria. Pienso, luego existo. No pagan, entonces los premiamos.

Entonces allí vemos que sí es cierto que unos son más costarricenses que otros, que hay ticos de primera y ticos de segunda.

Recuerdo que recién llegada doña Pilar a Canal 7, y hablándole de mi persona, le contaba que yo provenía de una familia muy pobre, que había estudiado en una escuela pública y en un colegio público y que luego fui a la Universidad de Costa Rica con beca 11, es decir, la universidad me daba un estipendio para ayudarme con los gastos. De ninguna otra forma hubiera podido yo estudiar. Ella entonces me dijo que cuando ella llegó a este país proveniente de Perú, eso fue lo que más le llamó la atención: cómo los hijos de familias pobres podían convertirse en profesionales. Porque en Perú, me agregó, el hijo de peón es peón toda la vida y punto.

Costa Rica está atravesando por un momento muy difícil. Para mí es el peor de su historia reciente. Está en marcha un gigantesco plan para arrebatarle ese músculo acumulado por décadas. Quieren, en primer lugar y de manera prioritaria, empobrecer a la población reduciendo sus salarios y quitándoles servicios sociales con la excusa de reducir el gasto público.

Quieren devolver al país a la situación en que vivía antes de las reformas de Calderón Guardia, y que tienen tres pilares básicos: la universidad pública, el seguro social y el Código de Trabajo, los tres ahora gravemente amenazados por el plan fiscal. Y para lograr eso, tienen que acabar con los sindicatos, otra de las conquistas de los años cuarenta.

En resumen, nos quieren convertir en un país muy similar al Perú que existía cuando doña Pilar era joven, allí donde el hijo del peón era peón para toda la vida, allí donde solo existía una minúscula oligarquía egoísta, corrupta y dictatorial, por un lado, y una masa empobrecida sin ningún derecho. Eso es lo que quieren.

Y es esto en lo que hay que pensar y es contra esto que hay que actuar.

Doña Pilar, usted es dueña de un gran cariño y un gran respeto. Es un tesoro suyo, sin duda, pero también es un tesoro del pueblo de Costa Rica.

Con ese poder en sus manos, usted podría liderar una lucha por sacar al país de esta horrible pesadilla en que se encuentra, y enrumbarlo por un camino de progreso, diálogo y paz.

La invito a que lo piense serenamente.

Muchas gracias.

 

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