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Etiqueta: justicia

Taller Socio-Teológico 2022: “Defensoras de derechos humanos en el contexto socio-político latinoamericano: cuando los derechos, la salud y la religión se alían”

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SURCOS comparte:

El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), CONVOCA a personas defensoras de derechos humanos, activas en movimientos sociales, organizaciones sociales y comunidades eclesiales de América Latina al Taller Socio-Teológico 2022: “Defensoras de Derechos humanos en el contexto socio-político latinoamericano: Cuando los derechos, la salud y la religión se alían”, el cual tendrá lugar del 18 de abril al 15 de julio. 

El taller se desarrollará de manera virtual, y mediante el uso de un aula en línea que permita semanalmente el intercambio y la construcción colectiva del conocimiento no solo a través de los encuentros sincrónicos sino también a través de diferentes actividades asincrónicas; siguiendo la apuesta epistémica institucional.

El taller tiene una duración de 13 semanas, dentro de las cuales tendremos 8 sesiones sincrónicas y 5 sesiones asincrónicas que establecerán un espacio de diálogos plurales y construcción colectiva de conocimientos para el encuentro de diversos actores populares de América Latina y el Caribe, propiciando el diálogo entre ciencias sociales y teología, para fortalecer el trabajo de la defensa de los DDHH en nuestros pueblos latinoamericanos.
 
Metodología
 A través de una pluralidad de enfoques y metodologías, se busca integrar el pensamiento crítico y las experiencias de cada participante mediante el aprendizaje participativo, en torno al análisis y la toma de conciencia de las distintas dimensiones del contexto de las personas defensoras de DDHH, haciendo un especial énfasis a las dimensiones de derechos, salud y religión. 

Para crear el espacio de análisis e intercambio de conocimientos se contará con foros, encuentros virtuales, mapeo de experiencias, intercambio de archivos y bibliografía, construcción colectiva de propuestas, etc. 

Durante el proceso del taller, las personas participantes seleccionarán una experiencia desde su organización, comunidad o colectivo, la cual se hará presente en el mapeo de experiencias. A lo largo del taller, se espera que se desarrolle una bitácora/informe sobre cómo los elementos teóricos y las discusiones colectivas en el taller enriquecen, cuestionan e impulsan esas experiencias.
Sesiones y horario

El taller está comprendido por 6 módulos temáticos, tomándose así 2 semanas por módulo para profundizar y discutir en amplitud cada temática. Los días lunes de cada semana encontrará en el aula virtual las actividades de dicha semana, teniendo algunas de ellas un encuentro virtual sincrónico de 2 horas, en las siguientes fechas:

  • Jueves 21 de abril,
  • Jueves 28 de abril
  • Jueves 5 de mayo
  • Jueves 19 de mayo
  • Jueves 2 de junio
  • Jueves 16 de junio, 
  • Jueves 30 de junio
  • Jueves 14 de julio

Y en el siguiente horario

País/Región

Hora

Centroamérica

 15:00

Ecuador, México, Perú, Colombia y Panamá

 16:00

Venezuela, Cuba, República Dominicana, Chile y Bolivia

 17:00

Argentina y Brasil

 18:00

  
Política de participación

  • Contar con experiencia en procesos eclesiales, sociales, de militancia, activismo político o compromiso comunitario, la cual desea poner a dialogar en un espacio colectivo desde los aportes de las teologías de la liberación y diversos enfoques de pensamiento crítico y desde la educación popular.
  • Compromiso para participar de manera semanal de las diferentes actividades tanto sincrónicas como asincrónicas
  • Compromiso para crear como producto final del taller una propuesta colectiva en donde se señalan puntos estratégicos para continuar y fortalecer la lucha social, tomando en cuenta las temáticas dialogadas a lo largo del taller y las experiencias de las personas participantes
  • Tener un dispositivo digital con acceso a internet
  • Para realizar la postulación, se debe ingresar y llenar en el siguiente enlace: https://forms.gle/e55V5CPpsNZuCGzy6

Para cualquier información puede comunicarse al correo comunicacion@deicr.org 

Tercer aniversario del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak

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Este 18 de marzo son tres años de impunidad del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Bribrí de Salitre del Clan Uniwak, Defensor de Derechos Humanos miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019, por 14 balazos, en su casa de habitación en Yeri de Salitre.

Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado Costarricense, en su conjunto, de cumplir y garantizar los Derechos Indígenas. El FRENAPI, se mantiene en lucha por la recuperación de todas las Tierras/Territorio indígenas, avanzando en el Proceso de Afirmación Territorial. 

Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, y que se detenga la ola de violencia contra nuestros pueblos. 

#JusticiaParaSergio

 

Publicado en: https://www.facebook.com/306824652789688/posts/2404792522992880/?sfnsn=mo

OIJ dará cuenta de la actuación de casos de violencia en pueblos originarios

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Comunicado de Prensa

El pasado viernes 11 de marzo, indígenas y defensores de derechos humanos se reunieron con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza Espinoza, para solicitar acceso real a la justicia, ante los hechos de extrema violencia de los últimos meses y la gran cantidad de casos acumulados de intentos de asesinato, agresiones, amenazas de muerte y muchas otras denuncias que sufren cotidianamente, los pueblos originarios del país.

En la reunión demandaron el compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ. Esto debido a que muchas causas no han sido recibidas por funcionarios de OIJ y otras han sido archivadas casi de oficio, lo que evidencia, en algunos casos, el racismo y discriminación con el que son atendidas las personas de Pueblos Originarios, cuando realizan diligencias ante distintas instancias judiciales, incluido el OIJ; por lo cual el director dijo que esa situación “no es aceptable y se va a trabajar sobre eso”.

En otro de los puntos solicitados, el director del OIJ informó que acaba de ser elaborado un protocolo para investigaciones del Organismo Judicial para establecer un manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios, el cual ahora debe ser consultado con los Pueblos Originarios.

Sobre la solicitud de establecer los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes, el director del OIJ se comprometió, desde hoy lunes en adelante, que, a todas las denuncias interpuestas ante esta instancia por personas de los pueblos Originarios, se les daría una copia física para respaldarla.

Finalmente, el OIJ aseguró que dará respuesta al documento presentado en el plazo establecido por la ley y ofrecerá todos los contactos y mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre el OIJ y los Pueblos indígenas. 

En la reunión se solicitó un informe pormenorizado del actuar del OIJ en al menos 22 causas y expedientes que se ventilan en los Tribunales de Matina, Pérez Zeledón, Buenos Aires de Puntarenas y en San José.

Destaca el caso del de tentativa de Homicidio contra el dirigente cabécar Leonel García Segura y por la misma causa del dirigente Bribri Mainor Ortiz que fue archivada con solicitud de desestimación en el 2013.

Otro de los hechos donde se piden mayor explicación, son los ataques del 7 de marzo 2020 y 25 de feb 2022, donde turbas atacaron a personas recuperadoras del Pueblo Cabécar de China Kichá, agrediendo físicamente a varios, amenazando de muerte a otros, quemando casas y fincas. En esta misma comunidad se realizó la detención arbitraria del cabécar Carlos Antonio Zúñiga Ríos por agentes del OIJ el pasado 25 de marzo de 2021.

En la reunión se hizo especial énfasis en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, al acercarnos al tercer aniversario de estos hechos aún impunes, como los casos entre 2020 y 2021 de varios líderes y lideresas de Pueblos Originarios de la zona sur que han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Efraín Fernández Zúñiga, Doris Ríos Ríos, Clarita Quiel Torres, Minor Ortiz Delgado, Pablo Sibas Sibas y otras personas indígenas, que a pesar de las denuncias públicas y judiciales, éstas no han sido resueltas satisfactoriamente por el Poder Judicial.

– Territorio Cabécar de Bajo Chirripo.

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.

– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.

– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.

– Cootraosa.

– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.

– Voces Nuestras.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

– Bloque Verde.

Tribuna internacional feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo jueves 10 de marzo a las 11:00 hora Nicaragua, 18:00 hora Europa, 12: 00 hora USA, se realizará una tribuna internacional feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua. Se contará con la participación de familiares de presas políticas y destacadas voces de la solidaridad feminista:

  • Zoilamérica Ortega Murillo
  • Alda Facio 
  • Eva Zetterberg
  • Rosella Simone 
  • Mary Ellsberg
  • Margaret Randall 

La transmisión se realizará vía Facebook y en el canal de YouTube en La Lupa-Periodismo Feminista y en Agenda Propia.

Justicia para Keyla y todas las víctimas de feminicidio

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo 6 de febrero de 2022 a la 1:00 pm (hora Centroamérica y México), se realizará el foro para exigir: Justicia para Keyla y todas las víctimas de feminicidio. La transmisión se realizará vía Facebook Live. Se contará con la participación de:

  • Norma Evelin Rodríguez (Honduras), madre de Keyla Martínez.
  • Dora Lilith Calix R. (Honduras), equipo legal
  • Susana Amaya (El Salvador), lenka taulepa, psicóloga.
  • Adriana Guzmán Arroyo (Bolivia), Amara, integrante de la organización feminismo comunitario antipatriarcal
  • Bernardita Santiago López (Suiza), feminista, activista comunicadora popular de radio lora, Suiza.
  • Ana Cecilia Jiménez Arce (Costa Rica), presidenta ACODEHU, colectivo de solidaridad con el pueblo de Honduras en Costa Rica.   

A un año del feminicidio de Keyla Patricia Martínez, seguimos exigiendo justicia, que se castigue a todos los asesinos materiales, pero principalmente a los actores intelectuales. No más impunidad.

Honduras socialista y democrática

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El compromiso, claro y firme, de la presidenta Xiomara Castro de llevar a Honduras, por la senda del socialismo-democrático, debe llenar de esperanzas a un pueblo azotado por la pobreza y la miseria, la desigualdad social y la desesperanza, la corrupción rampante y la violencia, a la que lo empujaron, con mayor profundidad y fuerza, los once años de gobiernos neoliberales y corruptos, que preceden su mandato.

El jueves, 27 de enero le fue colocada la banda presidencial a la primera mujer hondureña en convertirse en la jefa del Ejecutivo, en los 200 años de vida republicana del hermano país centroamericano.

Su primer discurso como presidenta, expresado ante su pueblo y delegaciones representantes de diversos Estados, fue sólido y categórico, en distintos sentidos. No se anduvo por las ramas. Ni edulcoró las cifras duras de la realidad social y económica de su país (tal y como la deja la presidencia de Juan Orlando Hernández), ni dejó de expresar que tomará distancia del neoliberalismo, que ha heredado cifras trágicas para su país, al convertirlo en el más pobre del continente americano.

La pobreza en Honduras alcanza alrededor del 70 % de su población y se incrementó hasta un 75 % como consecuencia de la pandemia, combinada con las graves inundaciones y otras secuelas, provocadas por los huracanes Eta e Iota. Prácticamente, ocho de cada 10 hondureños son pobres. Igualmente, la miseria ha alcanzado a una mayor cantidad de familias, mientras la riqueza se ha concentrado aún más.

La crisis económica y la descomposición social son causas, junto a violencia delictiva, en gran medida provocada por la actividad del narcotráfico, de la migración hacia el norte del continente. Muchas familias y personas al vislumbrar un horizonte tan sombrío para sus vidas se organizan en caravanas para aventurarse a un peligroso viaje en la ruta Guatemala-México para llegar a la hostil frontera estadounidense.

La presidenta Castro Sarmiento fue electa en noviembre anterior, como candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Obtuvo una holgada diferencia en la segunda ronda. Se impuso con el 51,12 % de los votos frente a Nasry Asfura del oficialista Partido Nacional, que logró el 36,93 %. En el año 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por desarrollar políticas sociales que favorecieron a los trabajadores y al pueblo de su país, y por proyectar convertir el aeropuerto de la base militar de Estados Unidos en Palma Sola, en un aeropuerto comercial; lo que no fue bien visto por el gobierno de Obama-Biden que –con su actuación y omisiones– mostró que respaldó el golpe contra Zelaya.

En su discurso, la presidenta formuló una apreciación situacional del país tan esclarecedora como sombría. Mostró como en el periodo que calificó de dictadura (2009-2022), el país fue saqueado en distintos campos y se impuso un gobierno corrupto y vinculado con el narcotráfico, que ha ido tan lejos en su complicidad como que un hermano del expresidente saliente ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, Juan Orlando Hernández para eludir la justicia y asegurarse disfrutar la impunidad en los próximos cuatro años, se hizo elegir diputado en ese refugio inoperante que es el Parlamento Centroamericano.

«El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota, el país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos, mi gobierno no continuará con la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura; tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje», expresó Xiomara Castro con energía y claridad meridiana.

Por su parte, en el ámbito de la política exterior, se pronunció a favor del multilateralismo y la complementariedad entre los Estados y naciones del orbe. Con ello toma una prudente distancia con las políticas de la Casa Blanca, que sigue obsesionada en un unilateralismo hegemonizado por Estados Unidos, cuando este país nunca se ha encontrado en una posición de tanta debilidad como en el presente, tanto en el crepitar de su deteriorada democracia como en un mundo caracterizado por una creciente multilateralidad.

Al final de su esperanzadora alocución, la presidenta de Honduras enumeró 22 medidas económicas, sociales, anticorrupción, por la justicia y la seguridad. Tengo la certeza de que tiene por delante un camino muy empinado y desafiante. Hay poderosas fuerzas externas e internas que buscarán evitar que avance en la ejecución de su programa de Gobierno y que, incluso, lo buscarán descarrilar. De hecho, aún antes de jurar como mandataria, ha debido enfrentar la traición de 18 diputados de su partido, que se aliaron con los partidos del desastre reciente, a la hora de definir al presidente del Poder Legislativo. Así las cosas, se ha elegido dos directorios para el Congreso Nacional; situación que está en las sedes judiciales y que tendrá que quedar definida pronto.

«Nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre las reglas del mercado…», expresó Castro Sarmiento, con lo que busca orientar un cambio del modelo que ha prevalecido en los últimos tiempos. Se trata de transitar del individualista modelo neoliberal (terrible para las mayorías, exitoso para una minoría plutocrática) a uno centrado en la inclusión social y en la defensa de los derechos humanos, para todos.

Con un profundamente sentido: «¡Hasta la victoria siempre!», la presidenta Xiomara Castro selló un discurso que traza un camino hacia un Socialismo Democrático hondureño, que aviva las esperanzas del pueblo catracho por mejores tiempos y que debe ser motivo de aliento de los pueblos latinoamericanos, que han venido eligiendo en los años recientes, gobiernos de corte progresista que rompen con un neoliberalismo, que es responsable de desastres sociales por doquier.

Ojalá que este flujo de corrientes progresistas de la región se exprese en estas elecciones del 6 de febrero en nuestro país, para que la democracia costarricense sea fortalecida y retornemos por la senda abandonada por los Gobiernos del PLN, PUSC y PAC, de un Estado Social de Derecho, como el que singularizó al país a finales del siglo anterior.

(1 de febrero, 2022)

Protesta contra medidas señaladas en Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas

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El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.

En dichas guías se proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia. 

Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Manifestación contra la violencia y la impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Recolecta de firmas, ¡no más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

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¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

  • Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
  • Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
  • Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
  • Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform

DIGO

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.

         Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.

         Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.

         Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.

         Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.

         Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.

         Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.