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Etiqueta: justicia

Tribuna internacional feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua

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El próximo jueves 10 de marzo a las 11:00 hora Nicaragua, 18:00 hora Europa, 12: 00 hora USA, se realizará una tribuna internacional feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua. Se contará con la participación de familiares de presas políticas y destacadas voces de la solidaridad feminista:

  • Zoilamérica Ortega Murillo
  • Alda Facio 
  • Eva Zetterberg
  • Rosella Simone 
  • Mary Ellsberg
  • Margaret Randall 

La transmisión se realizará vía Facebook y en el canal de YouTube en La Lupa-Periodismo Feminista y en Agenda Propia.

Justicia para Keyla y todas las víctimas de feminicidio

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo 6 de febrero de 2022 a la 1:00 pm (hora Centroamérica y México), se realizará el foro para exigir: Justicia para Keyla y todas las víctimas de feminicidio. La transmisión se realizará vía Facebook Live. Se contará con la participación de:

  • Norma Evelin Rodríguez (Honduras), madre de Keyla Martínez.
  • Dora Lilith Calix R. (Honduras), equipo legal
  • Susana Amaya (El Salvador), lenka taulepa, psicóloga.
  • Adriana Guzmán Arroyo (Bolivia), Amara, integrante de la organización feminismo comunitario antipatriarcal
  • Bernardita Santiago López (Suiza), feminista, activista comunicadora popular de radio lora, Suiza.
  • Ana Cecilia Jiménez Arce (Costa Rica), presidenta ACODEHU, colectivo de solidaridad con el pueblo de Honduras en Costa Rica.   

A un año del feminicidio de Keyla Patricia Martínez, seguimos exigiendo justicia, que se castigue a todos los asesinos materiales, pero principalmente a los actores intelectuales. No más impunidad.

Honduras socialista y democrática

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

El compromiso, claro y firme, de la presidenta Xiomara Castro de llevar a Honduras, por la senda del socialismo-democrático, debe llenar de esperanzas a un pueblo azotado por la pobreza y la miseria, la desigualdad social y la desesperanza, la corrupción rampante y la violencia, a la que lo empujaron, con mayor profundidad y fuerza, los once años de gobiernos neoliberales y corruptos, que preceden su mandato.

El jueves, 27 de enero le fue colocada la banda presidencial a la primera mujer hondureña en convertirse en la jefa del Ejecutivo, en los 200 años de vida republicana del hermano país centroamericano.

Su primer discurso como presidenta, expresado ante su pueblo y delegaciones representantes de diversos Estados, fue sólido y categórico, en distintos sentidos. No se anduvo por las ramas. Ni edulcoró las cifras duras de la realidad social y económica de su país (tal y como la deja la presidencia de Juan Orlando Hernández), ni dejó de expresar que tomará distancia del neoliberalismo, que ha heredado cifras trágicas para su país, al convertirlo en el más pobre del continente americano.

La pobreza en Honduras alcanza alrededor del 70 % de su población y se incrementó hasta un 75 % como consecuencia de la pandemia, combinada con las graves inundaciones y otras secuelas, provocadas por los huracanes Eta e Iota. Prácticamente, ocho de cada 10 hondureños son pobres. Igualmente, la miseria ha alcanzado a una mayor cantidad de familias, mientras la riqueza se ha concentrado aún más.

La crisis económica y la descomposición social son causas, junto a violencia delictiva, en gran medida provocada por la actividad del narcotráfico, de la migración hacia el norte del continente. Muchas familias y personas al vislumbrar un horizonte tan sombrío para sus vidas se organizan en caravanas para aventurarse a un peligroso viaje en la ruta Guatemala-México para llegar a la hostil frontera estadounidense.

La presidenta Castro Sarmiento fue electa en noviembre anterior, como candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Obtuvo una holgada diferencia en la segunda ronda. Se impuso con el 51,12 % de los votos frente a Nasry Asfura del oficialista Partido Nacional, que logró el 36,93 %. En el año 2009, Manuel Zelaya fue derrocado por desarrollar políticas sociales que favorecieron a los trabajadores y al pueblo de su país, y por proyectar convertir el aeropuerto de la base militar de Estados Unidos en Palma Sola, en un aeropuerto comercial; lo que no fue bien visto por el gobierno de Obama-Biden que –con su actuación y omisiones– mostró que respaldó el golpe contra Zelaya.

En su discurso, la presidenta formuló una apreciación situacional del país tan esclarecedora como sombría. Mostró como en el periodo que calificó de dictadura (2009-2022), el país fue saqueado en distintos campos y se impuso un gobierno corrupto y vinculado con el narcotráfico, que ha ido tan lejos en su complicidad como que un hermano del expresidente saliente ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, Juan Orlando Hernández para eludir la justicia y asegurarse disfrutar la impunidad en los próximos cuatro años, se hizo elegir diputado en ese refugio inoperante que es el Parlamento Centroamericano.

«El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota, el país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos, mi gobierno no continuará con la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura; tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje», expresó Xiomara Castro con energía y claridad meridiana.

Por su parte, en el ámbito de la política exterior, se pronunció a favor del multilateralismo y la complementariedad entre los Estados y naciones del orbe. Con ello toma una prudente distancia con las políticas de la Casa Blanca, que sigue obsesionada en un unilateralismo hegemonizado por Estados Unidos, cuando este país nunca se ha encontrado en una posición de tanta debilidad como en el presente, tanto en el crepitar de su deteriorada democracia como en un mundo caracterizado por una creciente multilateralidad.

Al final de su esperanzadora alocución, la presidenta de Honduras enumeró 22 medidas económicas, sociales, anticorrupción, por la justicia y la seguridad. Tengo la certeza de que tiene por delante un camino muy empinado y desafiante. Hay poderosas fuerzas externas e internas que buscarán evitar que avance en la ejecución de su programa de Gobierno y que, incluso, lo buscarán descarrilar. De hecho, aún antes de jurar como mandataria, ha debido enfrentar la traición de 18 diputados de su partido, que se aliaron con los partidos del desastre reciente, a la hora de definir al presidente del Poder Legislativo. Así las cosas, se ha elegido dos directorios para el Congreso Nacional; situación que está en las sedes judiciales y que tendrá que quedar definida pronto.

«Nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre las reglas del mercado…», expresó Castro Sarmiento, con lo que busca orientar un cambio del modelo que ha prevalecido en los últimos tiempos. Se trata de transitar del individualista modelo neoliberal (terrible para las mayorías, exitoso para una minoría plutocrática) a uno centrado en la inclusión social y en la defensa de los derechos humanos, para todos.

Con un profundamente sentido: «¡Hasta la victoria siempre!», la presidenta Xiomara Castro selló un discurso que traza un camino hacia un Socialismo Democrático hondureño, que aviva las esperanzas del pueblo catracho por mejores tiempos y que debe ser motivo de aliento de los pueblos latinoamericanos, que han venido eligiendo en los años recientes, gobiernos de corte progresista que rompen con un neoliberalismo, que es responsable de desastres sociales por doquier.

Ojalá que este flujo de corrientes progresistas de la región se exprese en estas elecciones del 6 de febrero en nuestro país, para que la democracia costarricense sea fortalecida y retornemos por la senda abandonada por los Gobiernos del PLN, PUSC y PAC, de un Estado Social de Derecho, como el que singularizó al país a finales del siglo anterior.

(1 de febrero, 2022)

Protesta contra medidas señaladas en Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas

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El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.

En dichas guías se proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia. 

Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Manifestación contra la violencia y la impunidad

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Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Recolecta de firmas, ¡no más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

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¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

  • Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
  • Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
  • Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
  • Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform

DIGO

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.

         Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.

         Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.

         Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.

         Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.

         Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.

         Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.

Protocolo de la Esperanza, herramienta internacional ante amenazas contra personas defensoras de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

  • Más de 30 organizaciones a nivel global se unen para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.

  • El protocolo es respaldado por diversas expertas y expertos de la ONU y ex relatores y relatoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  • La iniciativa es liderada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.

Washington DC, diciembre 16 de 2021. – Este jueves 16 de diciembre, más de 30 organizaciones en todo el mundo y expertas y expertos de derecho internacional, incluidos relatores y relatoras de la ONU, presentaron el Protocolo de la Esperanza. La primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global, de los cuales el 85%* afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.

Durante más de cinco años, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras trabajaron en esta herramienta que concientiza sobre el alto coste que representan las amenazas en su contra y la impunidad de estos crímenes. El Protocolo de la Esperanza proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices a los Estados para una diligente investigación penal.

Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos se utilizan para intimidar y disuadirles de llevar a cabo su labor. De hecho, 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.

Las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.

Por otro lado, las amenazas en contra de las personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa. El Protocolo de la Esperanza responde a esta necesidad como herramienta para responder de manera efectiva a esta problemática.

El Protocolo tiene su nombre por dos razones, la primera relacionada a su objetivo de garantizar un futuro esperanzador para las personas defensoras. Y, la segunda, en honor al pueblo del oeste de Honduras: La Esperanza, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.

El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechos puede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estándares específicos que guíen las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones que apoyan:

  • African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Artículo 19
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL)
  • Child Rights Connect.
  • Colectivo Jose Alvear Restrepo (CCAJAR)
  • Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
  • Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC)
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
  • Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
  • International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
  • Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA)
  • International service for Human Rights (ISHR)
  • No es Hora de Callar
  • Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
  • Oxfam
  • Peace Brigades International (PBI)
  • Protection International
  • REDRESS
  • RFK Human Rights
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

Más información:

Web Protocolo de la Esperanza. En el siguiente enlace: https://esperanzaprotocol.net/?lang=es&eType=EmailBlastContent&eId=8a9e7b07-624c-45f4-8031-ce928322ba97

Encuesta: Investigación del Protocolo de la Esperanza sobre amenazas contra personas defensoras de derechos humanos (Disponible solo en inglés) en el siguiente enlace: https://cejil.org/en/publications/25383/?eType=EmailBlastContent&eId=8a9e7b07-624c-45f4-8031-ce928322ba97

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Otto Guevara y su condena

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Oscar Aguilar Bulgarelli

Hace poco más de veinte años, el entonces diputado Otto Guevara Guti dijo una frase que se hizo famosa: ¡donde hay permiso…hay chorizo! Montado en ella persiguió, a veces con razón, pero generalmente sin ella, a cuánto funcionario público pudo, todo para alimentar su plataforma política. No le importó corroborar si lo denunciado era verdad o mentira, el tiempo ha demostrado que la mayoría eran acusaciones sin fundamento. No le importó mancillar honras ajenas de gente que, a la postre, resultó inocente. Le importó un comino si, al soltar los mastines de sus mentiras o falsas acusaciones, sufrían personas inocentes en las familias de los denigrados.

En una oportunidad, una periodista le preguntó por qué perseguía con tanta saña a funcionarios directores de una determinada institución pues ella, por conocer a fondo los hechos, sabía que eran inocentes. La respuesta fue: ¡la gallina cuando pone el huevo, lo cacarea! Cinco años después, esos funcionarios fueron sobreseídos por un juez, a solicitud de la Fiscalía, pues no cabía causa alguna.

¡Don Otto, hoy cabe cacarear el huevo de la corrupción que lo lleva a ser condenado por los Tribunales de Justicia a 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación de cargos públicos, por lo que es de esperar que, por un mínimo de dignidad y respeto, retire su aspiración a ser de nuevo diputado, el costarricense no merece semejante afrenta! 

¡Cómo dice el pueblo, a cada chancho le llega su 24… le llegó el suyo, lo que pasa es que, de ese chancho… no sirve el cuero ni para chicharrones!

5 años del Acuerdo de Paz en Colombia: El Apoyo de la Comunidad Internacional es Crucial para su Implementación

Escrito en . Publicado en Derechos.

International Fellowship of Reconciliation comparte el siguiente comunicado:

El 24 de noviembre se cumplieron 5 años del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), que fue un verdadero momento de esperanza en un contexto muy dramático.

Después de décadas de conflicto violento, el pueblo colombiano, junto al mundo entero, espera una Colombia en paz y, sobre todo, justicia, verdad y no repetición. Esto debe incluir también la desmilitarización del territorio y el fin permanente de las prácticas ilegales en el proceso de reclutamiento militar, como las conocidas “batidas”.

El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que se publicará el próximo año, es un hito. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la implementación del Acuerdo de Paz es más lenta de lo esperado. El Contralor General de Colombia señaló que, al ritmo actual, el tratado se implementará en su totalidad hasta 2047. Después de cinco años, apenas se ha logrado una fracción de los objetivos, mientras que destacados partidarios de la extinta guerrilla vuelven a coger las armas.

Sin excepción, todos los puntos del acuerdo de paz están retrasados. En articular, la Reforma Rural Integral no ha avanzado, ya que la tasa de implementación anual en aspectos clave como la formalización de la tierra está por debajo del 30% del resultado esperado, y la distribución de la tierra para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente está por debajo del 1%. En total, se ha implementado menos del 5% de este capítulo, a pesar de que la cuestión de la tenencia de la tierra es una de las principales causas del conflicto y debería recibir una atención especial.

Además, es especialmente alarmante el planteamiento del compromiso de sustituir las economías ilícitas, en particular la coca, por cultivos legales sostenibles, ya que se está convirtiendo en una erradicación forzosa, pues también se prevén reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato.

Es especialmente preocupante el aumento de la violencia. Los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados a un ritmo que no se ve desde hace muchos años. En lo que va del presente año, ya han sido asesinados 155 defensores de los derechos humanos y 44 exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz. Además, desde 2016 se ha producido un alarmante aumento de las masacres; el número de víctimas se triplicó el año pasado y en el actual ya se han producido 88 masacres con 313 muertos. Vale remarcar que las regiones priorizadas para la implementación son las más afectadas por la violencia. Si no se garantiza la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de los ex miembros de las FARC-EP, los restantes puntos del acuerdo de paz serán un asunto menor.

IFOR está preocupada por la lentitud en la implementación del acuerdo de paz y la intensificación de la violencia contra las personas que trabajan para el respeto de los derechos humanos y hace un llamamiento al gobierno colombiano para que implemente las acciones necesarias y esperadas. En vista de los numerosos desafíos, IFOR solicita el apoyo de la comunidad internacional, por lo tanto, de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, de la Unión Europea -sus estados miembros- y de otras instituciones gubernamentales regionales para: 

  • Insistir en la aplicación integral del Acuerdo de Paz.
  • Apoyar una solución negociada al conflicto actual entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
  • Apoyar el desmantelamiento de los grupos sucesores de los paramilitares, como las autoproclamadas «Autodefensas Gaitanistas de Colombia».
  • Seguir de cerca la delicada situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos y de los ex miembros de las FARC-EP e insistir en su protección.
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Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera.