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Etiqueta: justicia

La historia nos convoca de nuevo a galopar

Escrito en . Publicado en Comunidad, Coyuntura.

Compartimos la siguiente carta enviada a SURCOS por un grupo de personas costarricenses:

La historia nos convoca de nuevo a galopar

Carta dirigida al Presidente de Argentina por un grupo de representantes de distintos sectores de la sociedad costarricense:

Señor Presidente de la hermana Nación Argentina, Alberto Ángel Fernández:

Igual que en el pasado la larga hilera de Los Andes, que para nuestra convicción nace en los desiertos de Sonora, se va llenando de voces que llaman a la lucha y la unidad.

La lección está aprendida, y no hay que dejar resquicio alguno para que se cuele el agachamiento y la sumisión.

Con gran alegría vemos con ojos atentos los pasos que se vienen dando para cerrar filas. Argentina y México tienen una responsabilidad histórica para encabezar ese proceso, que no debe parar y que inicia con un acuerdo para fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación con miras a una alianza estratégica que incluye temas como soberanía, género, derechos humanos, certeza de acceso a vacunas y fortalecimiento económico.

Como no somos presa de la ingenuidad, sabemos que, igual que ayer, hay personas y fuerzas agazapadas. Están los viles y los aviesos. Son capaces, demostrado está, de ser crueles y traidores. Fueron realistas entonces, y ahora su baja estatura moral, les hace proclives a servir a poderes ajenos a los países que conforman. En las diferencias, hay un solo pueblo que seguirá reclamando victorias.

Lo que sucede con el resurgir del progresismo del Río Bravo al Cabo de Hornos, los lleva a descomponerse tanto que asumen formas y conductas del fascismo. Creen, en su desvarío, que con groseras iniciativas, difamando y acosando, son capaces de detener el galope que gana cadencia y velocidad y que conduce a la democracia, -que es sinónimo de justicia-, y a la soberanía, a la independencia, a la plena libertad.

Desde este rincón de esa América que no se cansa, que sabe que la vida nos va en la unidad, llegue nuestra voz de aliento, nuestro respaldo militante y comprometido al actual gobierno argentino de Alberto Fernández.

La armonía y la concordia del noble pueblo argentino conocemos que es su meta indeclinable. Con ustedes estamos, en filas cerradas como otrora, para seguir domando cordilleras sin desmayo.

De Costa Rica a Argentina en gesto de hermandad:

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O bien siga este enlace: https://forms.gle/KzEJRGFsbgHADVWb7

Independencia judicial: de las palabras a los hechos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático UCR

            Con frecuencia oímos discursos, reflexiones, conferencias; o bien se organizan debates, seminarios y congresos; o se escriben artículos, tratados, listas de mandamientos, tesis de graduación y un sinnúmero de manifestaciones académicas en torno al tema de la independencia judicial. Todas esas palabras están bien. Pero no son suficientes. Hacen falta las actuaciones y los hechos.

            Lo cierto, digo yo después de una vida profesional dedicada a la función pública y a la carrera judicial, es que el juez independiente es aquél que, por vocación, por valores y por integridad personal decide serlo. Hay muchas tentaciones y amenazas ahí afuera. No hay protecciones legales, constitucionales ni materiales que puedan detener la debilidad o el oportunismo de quien, desde la privilegiada posición de la judicatura, decide traicionar la misión esencial o el rol social decisivo que le corresponde jugar.

            Las principales amenazas a la independencia judicial vienen de los otros poderes, los formales y los de facto. El poder de los políticos, los personajes influyentes social, económica o religiosamente; el poder de los superiores dentro de la estructura misma del Poder Judicial; y ni qué decir la poderosa influencia de los medios de comunicación que presionan en uno u otro sentido. Y de otra parte, están también los poderes informales o de facto, el de los delincuentes comunes, y los peores, los de la delincuencia de cuello blanco o las mafias del crimen organizado. Venderse es la tentación más frecuente y fácil en la cual caer. Y no se trata sólo de la manera más pedestre o vulgar recibiendo dinero a cambio de favores. Están las formas sutiles como archivar una denuncia, dejar que prescriba la causa, absolver al culpable, condenar al inocente. Hay gente tan vendida que el agente poderoso no necesita ni siquiera llamarla, insinuarle o hacerle el depósito bancario. Su servilismo olfatea, adivina, intuye lo que se espera de él (o ella).

            Una tentación peligrosísima es trazarse una carrera judicial ascendente dispuesto a pagar cualquier precio; llegar a la cima con una encomienda que cambie la jurisprudencia para servir a los señores que prestaron ayuda; meterse en el mundillo de las cámaras y reflectores para ganar protagonismo público (pasando información a ciertos periodistas para contar con “buena imagen” y favores), o ser capaces de la infamia y la calumnia en los procesos de nombramientos (“si no soy lo suficientemente virtuoso inventaré vicios inconfesables en mis contendientes”; “si tengo que olvidarme de los amigos de ayer, pues cultivaré nuevas amistades”).

            Pero ante todo, esto de ser juez o jueza, tiene que ser una auténtica vocación. He visto jóvenes profesionales, competentes y valiosos, que tiran la toalla a medio camino. El trabajo judicial siempre es complejo y excesivo; exige muchas renuncias, sacrificios y ciertamente a veces es riesgoso, si es que se quiere hacer como es debido. La vocación auténtica, en el caso de los profesionales del derecho en general y particularmente respecto de los funcionarios judiciales, radica en el valor Justicia. Ese valor se refiere no sólo a la justicia del caso concreto, sino al valor de Justicia Social. No puede haber un buen juez que no recienta la desigualdad, la inequidad o la discriminación de seres humanos en su acceso a los derechos fundamentales. Serían como sacerdotes sin fe en Dios o como médicos a los que no les importe la salud de sus congéneres. Por cierto, que los hay, los hay.

            La última frontera de esa vocación auténtica está cuando el buen juez, llevado por sus principios y su integridad moral, enfrenta la amenaza, la descalificación, y hasta la agresión o violencia contra su vida, sin hacer concesiones, sin traicionarse a sí mismo ni traicionar el juramento de actuar conforme a la ley y sólo la ley. Es ahí cuando recuperamos la esperanza.

            La valentía no es un adorno más, prendido a la toga. Es un requisito sin el cual no hay justicia que valga.

Sabanilla, 17 de febrero de 2021.

Pronunciamiento Público: justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte pronunciamiento público, el cual usted puede suscribir llenado el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7dX_RrloGPdMK-kYwJHd4xeNJ1TFUedwfQQti_GR_J5BXg/viewform

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y personas firmantes:

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

“Exigimos justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre”. Comunicado

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

SURCOS comparte el siguiente comunicado público:

  • La filtración a la prensa del expediente penal 19-000178-0990-PE del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) da cuenta del clima de impunidad e intereses detrás del caso sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, asesinado el 18 de marzo del 2019.
  • Exigimos un alto a la impunidad y el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.

Viernes 29 de enero 2021. Los pasados 21 y 22 de enero, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente penal 19-000178-0990-PE.  Expediente que refiere al caso penal abierto tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y que fue realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires. Este expediente era confidencial tal y como lo demanda la Ley penal vigente.

Las notas periodísticas aportan una serie de detalles de la investigación judicial y son publicados días posteriores a que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación del caso, solicitado por la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. La filtración del expediente es ilegal y fuera de derecho. Pues, además de aumentar el clima de desconfianza respecto al caso de Sergio podría incidir en el buen desarrollo de la investigación, exponer a personas informantes y, finalmente, continuar con la impunidad reinante en el Territorio Bribri de Salitre.

Sobre ello, el 26 de enero el Lic Óscar Retana, abogado de la familia de Sergio Rojas Lázaro, presentó una denuncia ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que se investiguen las irregularidades que atentan contra los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso.

Por tanto:

Apoyamos la denuncia interpuesta por el Lic Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que se sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.

Exigimos que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.

La impunidad en los distintos Territorios Indígenas de la Zona Sur debe ser detenida. En menos de un año, dos defensores de los derechos de los Pueblos Originarios fueron asesinados y ningún responsable de los asesinatos y otras agresiones han sido judicializados. Los casos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera no son aislados, sino que corresponden a un clima de tensión, violencia e impunidad que afecta a otros líderes, lideresas y a los Pueblos en general.

Es hora de que el Estado haga lo que corresponde: garantizar la integridad física, la vida y el disfrute de sus derechos a los Pueblos Originarios. Hasta entonces, como organizaciones estaremos vigilantes y en defensa de los Pueblos Originarios.

¡No más impunidad!

Organizaciones firmantes:
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Correñdores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Voces Nuestras.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva-UCR.
Proyectos ED-3526 Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos socioambientales
Asociación Proyectos alternativos PROAL.PACUARE.
Radio Machete.
EC-519 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales
EC-3555 Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
Juan Antonio Gutiérrez Slon – Sociólogo e Historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de UNED.
César Moya Aburto – Investigador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de UNED.
EC-518 Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra
Ríos Vivos
Bloqueverde
La Barriada
Colectiva Caminando
Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
Personas firmantes:
Amilcar Castañeda Cortez, Responsable académico del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios,
Rafael López Alfaro, Programa de Gestión Local de la UNED,
Osvaldo Durán Castro
Nery Chaves García.
Pamela Campos Chavarría, Programa Gestión Local, UNED
Carolina Somarribas Dormond, Programa de Gestión Local, UNED.
Adriana Villalobos Araya, Programa de Gestión Local, UNED
Zully Jara Méndez, Programa de Gestión Local, UNED.
Xinia Zúñiga Muñoz Investigadora CICDE-UNED
Contactos:
Gustavo Oreamuno Vignet, Ditsö: 8527-0039.
Oscar Retana, abogado defensor Familia Rojas Lázaro: 8561-7671.

Cuando la ilusión de progresismo no alcanza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

 

Foto: https://wradio.com.mx

No necesitamos héroes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Esteban Beltrán Ulate
Profesor
esbeltran@yandex.com

No podemos tener un héroe de paz porque la paz es una aspiración, es in ideal, es el horizonte que debemos aspirar como humanidad. La paz no es un anhelo personal, es un anhelo que debe sentirse en comunidad. No podemos tener un héroe de paz, porque la historia del héroe esta cargada de muchos discursos del pasado, el héroe no habla del pasado, mientras que la paz nos viene del futuro. No hay paz en el pasado, no hay paz en el presente, solo esperanza de un futuro con un cielo para todos, con una tierra sin fronteras, con pan y agua, palabra y amor para cada niño y niña que nace.

No hay paz cuando se manipula la historia para inventar falsos ídolos, no hay paz cuando se manosea el código trabajo para hacer las horas más largas y los salarios más pequeños. No hay paz cuando los vicarios de la economía dictan al oído de la educación y la salud los pasos que deben dar. No hay paz mientras apaguen las voces de los pueblos originarios que claman por una ecología integral, no hay paz mientas la violación y la muerte sean sinónimo de muerte de mujer. No hay paz mientras vivamos en una sociedad colonialista, patriarcal y capitalista; no hay paz mientras los gobiernos disputen la verdad frenando la libertad de prensa. No hay libertad mientras no exista una vacuna contra la corrupción.

No necesitamos esos héroes de paz falsificados, es imposible callar las voces del ayer que muestran la violencia en manos de intereses vanidosos por administrar el poder de gobierno. No necesitamos ídolos que digan a nuestro niños y niñas como debe forjarse un pueblo. Son muchos los mitos en los que vivimos como costarricenses, a lo largo de la historia de nuestra nación, hemos construido una caverna colmada de fantasías, una caverna que no permite que veamos más que sombras, ahí olvidamos nuestros océanos, nuestros bosques, incluso a nuestro prójimo.

Pero la historia también tiene fisuras, la historia se puede escribir y leer de muchas maneras, por eso, incluso en medio caverna que los poderes políticos dominantes han construido bajo la tienda de campaña de los últimos tres partidos en el poder, la ciudadanía puede negar sus ídolos, dar la espalda a la mentira y caminar hacia la verdad, que habita en el horizonte.

No necesitamos héroes, necesitamos las manos abiertas de nuestros compatriotas, aquellos que comparten el pan de la justicia y la igualdad. No necesitamos de figura mesiánica que se presente como el absoluto salvador, necesitamos de una humanidad dispuesta a transformarse y transformar la sociedad en la que vivimos, dispuestos a todo, por una vida digna, donde el pan, el techo, el agua, el aire, todo sea todos, para nuestras generaciones y para las venideras.

Familias sobreviviendo el femicidio

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte:

San José, 11 de enero 2021

Ante los groseros, desalmados e inhumanos comentarios y expresiones de diferentes personas en redes sociales y medios, el Grupo de Familias Sobreviviendo el Femicidio desea expresar su absoluta solidaridad y empatía con la familia de Alisson Bonilla Vásquez. Estas expresiones mezquinas de odio irracional y mofa no son nuevas y todos nosotros las hemos recibido y las seguimos recibiendo. Por esto declaramos:

Exigimos a los medios de comunicación un papel más activo de filtro a las expresiones injustificadas de odio y rencor. Propias de gente desalmada. Los medios tienen una responsabilidad de educar y direccionar el tono y el fondo de las discusiones que genera y que favorece en sus foros de opinión.

Imploramos a los dueños de los medios y sus juntas directivas a reconocer el problema del enfoque mediático en torno a los casos de femicidio. No queremos que nuestras hijas y madres sean un producto comercial, que sirva para vender o posicionar medios.

Pedimos a los anunciantes que tengan una actitud crítica y reflexiva con respecto en que medios y canales van a poner su inversión publicitaria. Lamentablemente al ser un problema de espectacularización y comercialización del femicidio y la violencia contra mujeres y niñas, los dineros de los anunciantes son premio a estas conductas y enfoques. Creemos que es hora de que los anunciantes asuman su responsabilidad en este discurso de odio y misoginia.

Consideramos que la pérdida irreparable y evitable de nuestras madres e hijas en una sociedad sana y solidaria, debería de generar empatía y llamados a la justicia y reparación de las familias que han pasado por este amargo evento. Nosotros como grupo procederemos a buscar las vías legales y administrativas para impedir que la memoria de nuestras víctimas sea mancillada y que algunos energúmenos proyecten su odio abyecto contra nosotros.

Finalizamos agradeciendo la solidaridad, la empatía, el amor y el cariño que recibimos de la gran mayoría de la población. Gracias a ustedes, nuestra lucha por justicia continúa firme y fuerte.

No más femicidios. No más impunidad. Nunca olvidar.

La lucha campesina por la alimentación y la justicia

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Mi historia es la historia de miles de familias campesinas que vinieron de Bolivia a producir las frutas, las verduras y las hortalizas que todos los días se sirven en las mesas de la Argentina”, dice la productora hortícola, Delina Puma Rocabado.

De acuerdo con lo narrado por Puma Rocabado en la charla TEDx Río de la Plata, su sueño original era viajar hasta Argentina para trabajar unos años y regresar a su pueblo para comprar una casa y establecer un negocio.

En el proceso y tras un desastre natural que la llevó a perder todo lo trabajado en la tierra, Puma Rocabado llegó a la agroecología por medio de los talleres de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

“En el taller, al que fuimos con mi hermana, el técnico nos dijo que se podía producir en libertad y ser feliz en el campo sin depender de nadie”, narró.

Puede escuchar la charla completa aquí

Testimonio compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday.

Juzgado de Tocoa en Honduras mantiene medidas cautelares contra defensores del agua de Guapinol

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La mañana del 20 de diciembre el Juzgado de Letras de Tocoa (Honduras) declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares en el caso de los ocho defensores del agua de la comunidad de Guapinol.

“Los defensores de Guapinol” en Honduras, protestaron contra la empresa minera Inversiones Los Pinares por un proyecto riesgoso para las fuentes de agua de las comunidades, y desde hace 15 meses se encuentran en prisión.

“Rechazamos completamente la resolución de la jueza Zoé Guifarro, esa resolución no está apegada a derecho. Como dijimos en conferencias previas, no cabía otra decisión jurídica que no fuera la libertad de los ocho compañeros”, mencionó uno de los abogados defensores, Edy Tabora, durante la conferencia de prensa convocada este lunes.

El abogado defensor, Efraín Ramírez, argumentó que la resolución está completamente ausente de elementos jurídicos. “Se están violentando los derechos de una comunidad y esto por extensión va a generar que se violenten los derechos ciudadanos de todos los hondureños”, mencionó.

La defensa presentó un recurso de apelación por la resolución de la jueza Zoé Guifarro. “El primer hecho que debe ser tomado en cuenta es que los compañeros se presentaron voluntariamente al proceso, esto en cualquier país civilizado debería ser suficiente para que las personas nos defendamos en libertad”, agregó el abogado Ramírez.

Organismos internacionales, organizaciones de derecho internacional y derechos humanos, así como colectivos comunitarios, se han pronunciado en contra del proceso de criminalización y las medidas arbitrarias contrarias a los estándares de derechos humanos. En las afueras del Juzgado de Tocoa se han realizado plantones para exigir justicia.

SURCOS comparte el pronunciamiento que realizó la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras el 19 de diciembre, previo al reciente fallo del Juzgado:

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Libertad Para Guapinol, Honduras

El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, en Costa Rica y la ACODEHU manifiesta su preocupación ante la agudización de la represión, persecución y muerte de ambientalistas en Honduras, y ciudadanía en general. Tal es el caso de ocho defensores ambientalistas de Guapinol que cumplen 15 meses en prisión por su defensa consecuente de la madre Tierra.

Nos sumamos a más organizaciones y voces reiterando que en Honduras la lucha ambientalista es un delito, mientras que los actos de la marcodictadura diariamente son sistemáticos y legitimados de manera infame. En este contexto, el 1 de setiembre del 2019 fueron detenidos los ambientalista y defensores de los Derechos Humanos Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, mientras que su compañero Jeremias Martinez está preso desde diciembre de 2018. Todos víctimas de procesos de criminalización y judicialización por defender los rios y el área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras de Guapinol y sector San Pedro, frente a la explotación que realiza la Minera Inversiones Pinares (Municipio de Tocoa, departamento de Colón) contaminando varios afluentes que nacen en el Parque Nacional Carlos Escaleras, incluido el río Guapinol.

«Es la lucha de siempre, defender el agua y la vida. La comunidad era de paz, no necesitábamos el “desarrollo” ese que nos decían… El desalojo de la acampada se produjo con bombas, balas y gas, pero sobrevivimos y sobreviviremos” (vecina de Guapinol). (Internacionalistas y anticapitalistas. Integrantes de la Delegación Política de la Plataforma por Honduras 02-03 2020.)

En un régimen de naturaleza dictatorial, así como Berta Cáceres con su pueblo defendieron la vida de cada elemento de la naturaleza, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por enfrentarse a los intereses de las élites económicas y la oposición, a su expropiación, destrucción y saqueo constante, hoy sufren prisión estos defensores ambientalistas.

Denunciamos que en la audiencia del día de ayer 18 de diciembre 2020, el Ministerio Público, se comportaron como verdugos de la defensa de la vida y de las luchas sociales, ensañado en que deben continuar presos.

A nivel internacional y nacional esperamos una decisión jurídica, que solo puede ser la libertad de los defensores. Quienes han sido reconocidos como defensores ambientalistas por varios organismos nacionales e internacionales. Respaldamos plenamente a cada compañera y cada compañero que se encuentran en el Campamento en las afueras de los juzgados en Tocoa.

¡La lucha de Guapinol es nuestra lucha! ¡Libertad para Guapinol!

 

Pronunciamiento compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Honduras: Convocan ayuno en solidaridad por la libertad del preso político Rommel Baldemar Herrera Portillo

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El 03 y 04 de diciembre en Tegucigalpa se realizó un ayuno en solidaridad con el joven maestro Rommel Baldemar Herrera Portillo, quien fue detenido y encarcelado injustamente víctima de un falso positivo y un desproporcionado abuso de la fuerza policial, sufriendo golpes y aislamiento en la Jefatura Metropolitana conocida como Core7.

En menos de 48 horas el educador fue encarcelado en la cárcel de máxima seguridad-tortura «La Tolva», bajo comprobadas torturas de diferente índole. En octubre de 2019 Rommel fue internado en Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza.

Información compartida a SURCOS por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu).