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Etiqueta: justicia

El derecho de protesta, desobediencia civil y resistencia

“Hay leyes injustas: ¿Nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo”? (Thoreau)

Manuel Hernández

En el marco de la mayor barbarie después de la Segunda Guerra Mundial, a merced de la cual está siendo masacrada toda una nación, el pueblo palestino, con la pasmosa pasividad y hasta obscena complicidad de los organismos internacionales, se celebra, esta vez, con más pena que gloria, el Dia de los Derechos Humanos, conmemorándose el 76° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

La Declaración contiene el catálogo de los derechos que expresan las supremas aspiraciones y los valores universales de la humanidad, radicados en la libertad, igualdad, justicia, la paz y la dignidad de las personas.

La DUDH no es una concesión gratuita, sino que es resultado de la lucha histórica de los pueblos y los trabajadores del mundo.

No obstante, el amplio elenco de derechos que reconoce la Declaración, ese primer instrumento transnacional pretirió reconocer derechos que no son menos fundamentales que los que expresamente contiene el texto, a saber: el derecho de protesta, desobediencia civil y resistencia legítima.

Estos derechos, cada uno con sus características propias, constituyen derechos de orden político, inherentes a la persona, al ciudadano, a los y las trabajadoras y a los pueblos.

La desobediencia civil y la resistencia contra la opresión de los gobernantes autoritarios y las leyes inicuas, que vulneran derechos fundamentales, forma parte del constitucionalismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII.

La contribución filosófica de John Locke y Thomas Jefferson tuvo una extraordinaria importancia en la configuración de esos derechos.

Locke sostenía, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1690), que el pueblo tiene el derecho de resistir la autoridad y hasta derrocar el gobierno que quebranta los derechos inalienables de las personas.

Locke señaló varios motivos que justifican la resistencia legítima: cuando el gobierno defrauda al pueblo, prometiendo una cosa y haciendo lo contrario, se vale de argucias para violentar o eludir la aplicación de la ley, y en general, utilizar el poder contra el bienestar del pueblo.

Jefferson, en una línea de pensamiento similar, agregó los siguientes agravios: no aprobar o impedir la aprobación de leyes necesarias para el bienestar general, violencia contra los órganos representativos de la voluntad popular, obstruir el funcionamiento de la administración de justicia (cfr. El derecho a la protesta. Gargarella).

Jefferson afirma que la resistencia civil o política es necesaria para contener el poder dentro de sus propios límites: “una medicina necesaria para la buena salud de la República.”

Esas ideas revolucionarias se plasmaron en la “Declaración de Independencia”, de los Estados Unidos de América (1776), que reconoce el derecho del pueblo de restablecer el orden cuando la autoridad menoscaba los derechos inalienables.

Algunos años después se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), que, en realidad fueron varias declaraciones, la cual también reconoció el derecho de “resistencia a la opresión.”

Una de las declaraciones dispuso lo siguiente: “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de sus deberes”.

Así, esas declaraciones reconocieron que la resistencia, que puede tener distintas expresiones, ya sea como protesta, desobediencia civil, y en última instancia, como rebelión, constituyen derechos irrenunciables.

Lamentablemente, las burguesías después abandonaron ese reconocimiento y se volvieron contra esos derechos fundamentales.

Aunque la Declaración Universal no haya comprendido esos derechos, la protesta cívica, la desobediencia civil y la resistencia, constituyen derechos fundamentales que, en realidad, no necesitan la positivación en la normativa internacional, porque son derechos que, por la raíz de su naturaleza, corresponden a los pueblos, derivados de la soberanía popular, con mayor razón, en cualquier sistema democrático.

Jürgen Habermas nos dice al respecto: «Todo Estado democrático de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política, precisamente porque es necesaria».

Hoy, que se conmemora la DUDH, que no sé quién que tenga un mínimo de ética y elemental humanidad, podría celebrarla al fragor de aquella barbarie del Siglo XXI, es pertinente y necesario, ahora, más que nunca, reivindicar que el derecho de protesta, la desobediencia civil y la resistencia son derechos fundamentales, por más que hayan sido omitidos en la Declaración y en otros textos supranacionales, los cuales son derechos primarios, que garantizan la satisfacción de los demás derechos.

“Me revelo, luego existimos”, proclamaba Camus.

Matarán a las personas, pero no a sus ideas

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al interpretar su hermosa canción “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”, el salsero panameño Rubén Blades recuerda siempre el destino de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el contexto latinoamericano.

“Podrán matar a las personas pero nunca a sus ideas”, dice Blades mientras la historia del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desarrollándose en un ritmo sentido:

“Antonio cayo, ostia en mano y sin saber por qué
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé
Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez
Estaba el Cristo de palo pegado a la pared
Y nunca se supo el criminal quién fue
Del Padre Antonio y su monaguillo Andrés”.

El 7 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Costa Rica Jaime, María del Mar y Oscar. Líderes ambientalistas de entonces libraban una férrea batalla contra los intereses privados y sus socios en el Estado costarricense.

A finales de ese año se lograría detener la acción de la Ston Forestal, que intentaba implantar sus intereses forestales, madereros y de tráfico de drogas en el sur del país, una región rica por su biodiversidad.

Seis meses después fue hallado otro ecologista y poeta muerto en circunstancias aún no aclaradas. David Maradiaga, el Rey David como lo llamábamos en el mundo poético costarricense y centroamericano, también fue asesinado.

Una semana antes de su muerte coincidiríamos en un viaje desde Heredia hacia la Universidad de Costa Rica. Allí me contaría lo contentos que estaban quiénes habían quedado de la lucha contra la transnacional forestal. Pero también me revelaría su miedo, un miedo preciso y latente que pude ver en sus ojos: “me andan siguiendo para matarme”, me diría.

Una semana después abriría el periódico y confirmaría el hecho: lo mataron.

Treinta años después la vigencia de las ideas de estos cuatro defensores de la vida permanece y se hace fuerte. La narrativa sobre el paraíso ambientalista y ecológico que acompaña a Costa Rica en los foros internacionales, se desvanece ante la impunidad que persiste en estos cuatro asesinatos.

Recordemos que la fragilidad de los defensores de la vida en Costa Rica y la región continúa: Jairo, Bertha, Sergio, Jerhy. Los mataron, pero sus ideales y luchas continúan presentes.

En otras columnas recientes hemos hablado de la memoria como recurso contra el olvido. Que las ideas de justicia y dignidad que marcaron la vida y obra de estos héroes no se vayan nunca de nuestras reflexiones.

Quisiera terminar este ejercicio de recuerdo con uno de los textos más hermosos que ha parido la poesía centroamericana, justamente en la palabra de David, mi querido David:

Animal Lluvioso

Soy un andante en el dédalo del tiempo
animal lluvioso
que agarra la palabra y la blande frente al hastío
Vivo en medio de estos montes
ni dichoso ni infeliz
en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra
Tengo las manos del jardín
deshechas por flores muertas
una estación de trenes en el encierro
un desordenado cuarto en armonía con el caos
Tengo una plantacalamar
que me abraza y me oscurece y me libera
La hierba azucarada y la cena de bengalas
para golondrinas y tortugas
Tengo Baúles abiertos
Bocanadas de clarín
que arrinconan a los belcebúes de la casa
Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro
Grito para me oigan en épocas dobladas como bodoques
y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo
Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos
Idolatro sextantes herrumbrados
astrolabios y pirámides
Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas
Manos para dejar en ruinas la ruina
Gallos para matar la muerte
Animal lluvioso me declaro
seguro del sol
que un día nacerá
de mis pálidas gotas

Feminicidio, radiografía de un crimen multiforme

Por: Laurène Daycard

La periodista, fotógrafa y escritora francesa Laurène Daycard, publicó su artículo Feminicidio, radiografía de un crimen multiforme en el cual introduce una nueva perspectiva analítica del concepto tradicional asignado a un acto femicida.

Mediante este artículo, la autora aborda el feminicidio como un fenómeno complejo y multifacético que va más allá del simple homicidio de mujeres por una pareja sentimental.

Daycard analiza el feminicidio no solo desde una perspectiva legal, sino también sociocultural, señalando cómo las estructuras de poder, la desigualdad de género y la violencia sistemática contra las mujeres contribuyen a la realización de este crimen. También la autora argumenta que el feminicidio debe entenderse como una manifestación extrema de la violencia patriarcal, y que su prevención y erradicación requieren un enfoque integral que involucre cambios en la sociedad, el sistema judicial y las políticas públicas.

Por otra parte, destaca la importancia de reconocer las diferentes formas que puede tomar el feminicidio, ya sea en el ámbito doméstico, laboral, sexual o en el contexto de violencia organizada, lo que convierte a este crimen en un fenómeno multiforme como lo colocó en el título de su obra.

Le invitamos a descargar este archivo adjunto que introduce un énfasis en la necesidad de visibilizar y cuestionar las narrativas y las prácticas que normalizan o minimizan el feminicidio, así como en la urgencia de un enfoque interdisciplinario para abordarlo. Así como también, leer este llamado a la acción para enfrentar dicho crimen de manera efectiva, reconociendo su complejidad y tomando medidas estructurales en todos los niveles de la sociedad.

Descargue el PDF con el artículo completo de Laurène Daycard publicado por Le Monde Diplomatique. 

Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.

Día Internacional de Solidaridad con Palestina en Costa Rica

El viernes 29 de noviembre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Cancillería (Casa Amarilla) se llevará a cabo una actividad pacífica de solidaridad con Palestina, en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio con Israel.

Esta manifestación se debe a que el pasado 22 de noviembre el gobierno de Costa Rica contestó la solicitud formal de la organización Red de Solidaridad con Palestina sobre el tratado con Israel, indicando que mediante jurisprudencia de la Sala Constitucional, la documentación que se solicitó será tratada como secreto de estado. 

El llamado del movimiento que promueve la solidaridad con Palestina  es el siguiente: “No permitamos que se hagan negocios con criminales de guerra y genocidas, y tampoco permitamos que se negocie a oscuras un TLC con un estado y gobierno perseguidos por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional”.

Le invitamos a esta manifestación, la cual es apta para todo el público con diversas participaciones culturales El llamado es a formar parte de esta jornada internacional de solidaridad.

Anteproyecto de ley para disminuir duración del proceso penal y fortalecer la calidad de la justicia penal y penal juvenil

Rosaura Chinchilla Calderón presentó ante la Oficina de Iniciativa Ciudadana de la Asamblea Legislativa un texto para propiciar un proyecto de ley y una discusión nacional sobre el tema de los ajustes necesarios a la casación y revisión penal, con el afán de disminuir los tiempos del proceso penal sin disminuir garantías.

Esto debido a que la casación penal es altamente discrecional, y según informes de rendición de cuentas, más del 75% de los asuntos se declaran inadmisibles. Es también importante considerar el costo económico de tener una oficina dedicada a inadmisibilidades, el cual es muy elevado debido a el personal de personas cualificadas para esta labor, y por otra parte la calidad de los asuntos, la cual no es la mejor. Esta iniciativa busca “liberar” a la Sala Tercera de esa carga para organizar mejor su tiempo, y mejorar la calidad de sus pronunciamientos. 

Por lo tanto, según Rosaura Chinchilla Calderón, estas son las cuatro líneas básicas de este proyecto:

1.- Crear criterios objetivos de admisibilidad para unos asuntos (por monto de pena, por tipos de delito, por tipos de tramitación, por omisión de decisión de algunos extremos) y que el resto de las decisiones queden firmes una vez agotada la apelación. Con esto se reduce hasta un año de tiempo en la tramitación de las causas teniendo en cuenta la duración promedio actual de la Sala, de casi 5 meses para rechazar, más lo correspondiente al mes para plantear el recurso, los dos meses para tramitarlo, etc.

2.- Volver a una casación tradicional y fortalecer la apelación y su posibilidad de que revalore la prueba.

3.- Dado que la Sala III ya no tendrá a su cargo temas de admisibilidad, se abre la revisión por debido proceso para que se detecten y corrijan yerros en sentencias firmes, pero limitada esta posibilidad a la presentación en una sola vez, de todas las causales y luego de transcurrido cierto tiempo desde la firmeza de la decisión, con lo que se busca evitar las distorsiones anteriores.Es ahí en donde se traslada el escrutinio de criterios encontrados.

4.- Estabilizar y profesionalizar el cuerpo de letrados, eliminando la discrecionalidad en sus nombramientos, sometiéndoles a concursos de idoneidad con estabilidad en su puesto También se limita a dos profesionales asistentes por cada magistratura y se exige que deban tener aprobado el examen correspondiente al grado de la sentencia que revisan. Además, el actual cuerpo de letrados de admisibilidad, que se encarga de rechazar el grueso de los recursos, se trasladaría a apoyar las labores jurisdiccionales de admisibilidad en sede de apelación. Esto denota que el cambio no tendrá implicaciones económicas adicionales para el PJ.

(Haga clic en la imagen para ampliarla).

Les invitamos a descargar los PDF adjuntos, para conocer los detalles de esta propuesta.

Haz clic para acceder a 3929-con-sello.pdf

Haz clic para acceder a 7-Rendicin-de-Cuentas-2023.pdf

Información compartida con SURCOS.

Proyecto busca asegurar protección para personas repartidoras en plataformas digitales ante condiciones laborales inseguras

En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.

Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.

Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.

La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.

El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.

La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.

Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.

En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.

La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.

La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.

Conversatorio en Térraba: Justicia y derechos indígenas en defensa del legado de Jehry Rivera Rivera

El pasado 19 de octubre de 2024, la Casa de Mayores Blöràn (Ù Tla’la) en Térraba se convirtió en un espacio de profundo diálogo y reflexión durante el conversatorio centrado en el fallo del caso de Jehry Rivera Rivera, defensor de los derechos indígenas. Este evento fue convocado por la organización Mujeres Mano de Tigre, con el propósito de visibilizar las problemáticas en torno al fallo judicial que absolvió al homicida confeso de Jehry Rivera, un caso que ha causado gran indignación en la comunidad indígena y sus aliados.

Durante el conversatorio, se discutieron tres temas clave:

  1. Contextualización del caso de Jehry Rivera Rivera : Se repasaron las acciones judiciales en curso y la lucha por la justicia en un panorama legal que, según los participantes, parece ser insuficiente para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Jehry fue asesinado el 24 de febrero de 2020 en el marco de la defensa de territorios ancestrales de su comunidad Brörán en Térraba, frente a las pretensiones de personas ajenas de apropiarse de esos territorios.
  2. Retos y desafíos actuales para los derechos de los pueblos indígenas: Diversos líderes y participantes compartieron sus experiencias, fortaleciendo la red de apoyo y solidaridad entre las comunidades indígenas. Estos retos incluyen no sólo la violencia física, sino también las trabas judiciales y la impunidad que, según los asistentes, perpetúan un clima de inseguridad y vulnerabilidad para los defensores de los derechos humanos.
  3. Rechazo a la decisión judicial del Tribunal de Pérez Zeledón : Los participantes coincidieron en rechazar la absolución del responsable del asesinato de Jehry Rivera. Señalaron que esta decisión ignora el contexto de violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica y sienta un precedente peligroso para la protección de sus derechos. Al final del evento, se emitió un pronunciamiento colectivo, que enfatizó la necesidad de aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos e indígenas.

La actividad no solo permitió intercambiar ideas y fortalecer la cohesión entre las comunidades participantes, sino que también consolidó el rechazo al fallo judicial y renovó el compromiso de seguir luchando por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. En palabras de los organizadores, el conversatorio fue un éxito, tanto por la participación como por el impacto en la comunidad local.

Pronunciamiento del Encuentro por la Vida y Defensa del Pueblo Brörán: Contra la impunidad y el olvido

Ú’tlala, Térraba
19 de octubre de 2024

Considerando:

  1. La conmemoración del asesinato de Jehry Rivera Rivera, líder recuperador de territorios del pueblo Brörán, acontecido el día 24 de febrero de 2020.
  2. El homicidio del líder Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak, acontecido el 18 de marzo de 2019.
  3. Que denunciamos la violencia e impunidad estructural contra defensores de personas de derechos humanos de los pueblos y territorios indígenas, reflejadas en ambos crímenes.
  4. Que se ha cumplido un mes exacto de la absolutoria del homicida confeso de Jehry Rivera Rivera por parte del Juzgado Penal de Pérez Zeledón.
  5. Que la función primordial del Estado es garantizar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, particularmente de aquellas poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
  6. Que se tiene por demostrada la incapacidad y negligencia sistemática del Estado para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a las garantías judiciales de los pueblos indígenas.
  7. Queda evidenciada la incapacidad y negligencia del Estado, reflejada en procesos penales viciados, carentes de investigación y juzgamiento exhaustivo y riguroso de los hechos relacionados.

Nosotros pronunciamos:

PRIMERO: Exigimos justicia para Jehry Rivera Rivera, Sergio Rojas Ortiz, y todas las personas defensoras de derechos humanos.
SEGUNDO: Demandamos justicia para Digna Rivera Navas, madre de Jehry, y Lucy Rojas, hija de Sergio, así como las reparaciones correspondientes.
TERCERO: Exhortamos a todas las personas juzgadoras para que apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, ya incluidos en el ordenamiento jurídico costarricense en su bloque de constitucionalidad.
CUARTO: Reiteramos la obligación del Estado de garantizar vida digna, integridad física y derechos humanos para todos los pueblos indígenas.
QUINTO: Hacemos un llamado a los pueblos indígenas y movimientos sociales de Costa Rica para que se sumen a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y contra la impunidad y el olvido de Jehry Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz.

Suscribimos :
Digna Rivera Navas
Elides Rivera Navas
Claudia Solano Rivera

María José Cabezas Castro
Nathalia Ulloa Castillo
Asdrúbal Rivera Villanueva
Marilyn Cabrera Delgado
Carmen Mena Mat
Melanie Quesada Molina
Andrea Sequeira Avilés
Eunice Hidalgo Gutiérrez
Ana Lía Ortiz N

Elizabeth Mayorga Ortiz
Patricia Villanueva
Isabel Cabrera Bolaños
Alexis Quesada Rivera
Saory Rivera Navas
Kiran Samira Sibaja Rivera
Mario Leiva Rojas
María Galiana Figueroa Lázaro
Andalesio Pereira López
Yannett Rivera Navas
Carlos Onandy Ramírez R
Carlos Cedeño Rivera
Fanny Reyes Ortíz
Carlos G Moreira Álvarez,
Matías Pelz Seyfarth
Daniela María Salas Monge
Allen Cordero Ulate
Cristhian González Gómez
Danny Nájera Díaz
Osvaldo Durán Castro
Amílcar Castañeda Cortéz, docente Universidad Estatal a Distancia.
Wilfrido Montezuma Rodríguez, director del Grupo Cultural Kigaribu Ngäbe.
Marlon Adrián Webb Castillo, Diwö Ambiental.
Francisco Javier Mojica Mendieta, investigador extensionista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Ruth Salgado Guzmán, ONG: Proyecto Ocho.
Lorena Moreira Ramírez, ONG: Proyecto Ocho.
Armando Granados Carvajal, ONG: Proyecto Ocho.
Vania Solano Laclé, Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Olivia Sylvester, Universidad para la Paz.

Organizaciones :
Organización de Mujeres Mano de Tigre.
Consejo de Mayores Brörán.
Red de Mujeres Brörán.
Dbön Orcüo.
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera.
Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Frente Ecologista Universitario, UCR.
Kioscos Socioambientales, UCR.
Teribe Cultural.
DITSÖ.
Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida.
Red Comunitaria de Gestión de Riesgos, Costa Rica.
Representaciones de programas, proyectos, profesores, extensionistas y estudiantes de CONARE.
Profesor y estudiantes del curso Práctica de investigación en Antropología Social, grupo
Escuela de Antropología, UCR.
Movimiento Estudiantil Indígena (MEI) de la Universidad Nacional.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
Red Centroamericana de Resistencia.
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional.
ONG: Proyecto Ocho.

Territorios Indígenas presentes :
Yimba Cájc.
Talamanca Bribrí.
Bijagual.
Térraba.

Presentación del voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por absolución al asesino confeso de Jerhy Rivera

Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón. 

En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera. 

Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.

María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.

Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.

Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.

Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?

Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.

¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo! 

¡Justicia para Jerhy Rivera!

Justicia para Jehry Rivera y los pueblos originarios

En el marco de la semana de solidaridad y denuncia, se organizan diversas actividades en protesta por la absolución de Juan Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Bröran de Térraba, Jerhy Rivera. La decisión fue tomada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, generando indignación y movilización en apoyo a los derechos de los pueblos originarios y en busca de justicia.

Las actividades programadas son las siguientes:

  • Jueves 17 de octubre: Cine Foro «La Lucha Indígena» con la proyección de la película La Princesa Mononoke , a las 5:00 pm en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
  • Viernes 18 de octubre:
    • Plantón a las 9:00 am frente a la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia, para entregar un voto de censura a la magistrada Damaris María Vargas.
    • Conferencia de prensa a las 10:30 am en la Asamblea Legislativa, Piso 3, Sala de conferencias, donde se presentará el voto de censura avalado por más de 600 organizaciones y activistas de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
  • Sábado 19 de octubre: Actividad en Térraba, cuyo objetivo es seguir visibilizando la lucha por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas.

Las acciones son impulsadas por el Colectivo de Apoyo a doña Digna junto con estudiantes universitarios, quienes exigen una respuesta clara y justa por parte del sistema judicial. Se invita a quienes deseen participar a inscribirse al WhatsApp 84 32 65 03, indicando su nombre completo y cédula, antes del jueves 17 de octubre al mediodía.

El MAR exige ¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), expresamos nuestro repudio ante la reciente sentencia absolutoria de Juan Eduardo Varela, quien confesó públicamente el asesinato que cometió contra Jehry Rivera, defensor de los derechos del pueblo bröran y del río Grande de Térraba ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquis, en Costa Rica. Jehry fue asesinado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos ancestrales de varias etnias de la zona sur de ese país, que luchan contra el despojo y las leyes coloniales, para la recuperación de sus tierras. De esta forma, la noche del 24 de febrero del 2020, una turba de más de cien personas llegaron a amenazar y violentar a las comunidades del territorio indígena de Térraba y en medio de ese ataque, Jehry fue asesinado.

Con profunda indignación, denunciamos la impunidad que rodea el asesinato de Jehry, así como el de Sergio Rojas, compañero bribri del territorio indígena de Salitre, también asesinado en Costa Rica en 2019 por defender su territorio ante las usurpaciones ilegales de no-indígenas y cuyo caso se archivó por supuesta falta de pruebas. La violencia en los territorios originarios de Costa Rica ha sido permitida y promovida por el Estado y los gobiernos de las últimas décadas de ese país, quienes han sido negligentes con su responsabilidad de sanear los territorios ancestrales y asegurar el derecho a la tierra y la justicia de los pueblos originarios.

La justicia es un derecho inalienable, y la falta de acción ante estos crímenes sólo fomenta un ciclo de violencia y despojo. Por esta razón, además nos sumamos a la exigencia de justicia en territorio hondureño para la compañera Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca, cuyo asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016, aún no ha encontrado justicia. Es bien sabido que el asesinato de Berta, fue un crimen planificado por los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para silenciar la resistencia que mantenía el pueblo lenca ante la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarcas, proyecto promovido por dicha empresa. De esta forma, demandamos justicia para Berta y concretamente que se ratifiquen la sentencia condenatoria de los 7 responsables materiales de su asesinato, así como la sentencia condenatoria del expresidente de DESA, David Castillo, declarado coautor de este crimen por los tribunales hondureños desde el año 2021.

Además, exigimos que se desarrollen las investigaciones y procesos respectivos que aseguren haya justicia en torno el asesinato del compañero Juan López, defensor del río Guapinol ante la amenaza de la Minera Los Pinares Ecotek, quien también fue asesinado el pasado 14 de septiembre del presente año, en Honduras. Juan, al igual que Berta, fue crítico del modelo económico extractivista imperante en ese país centroamericano, en donde los gobiernos de las últimas décadas han priorizado y apoyado los intereses privados, por sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.

Cabe destacar, que según los informes de los últimos años de Global Witness, en torno a los asesinatos de defensores del territorio en el mundo, señalan a América Latina como la región que registra el mayor número de asesinatos de estas personas. Así, en su último informe de septiembre del 2024, señalan que de los asesinatos registrados mundialmente, el 85% se llevaron a cabo en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México.

Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad internacional a presionar a los gobiernos de la región, para exigir que los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y las comunidades no queden en impunidad, y que se tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad de quienes aún resisten en nuestros países.

A todos los pueblos en resistencia: Unámonos para exigir justicia por Jehry, Juan, Berta y cada una de las personas asesinadas por defender los derechos humanos y la vida.

¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!