Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.
Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.
El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.
No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.
En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.
Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.
La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.
El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.
En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.
El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.
En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?
La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.
También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.
Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.
Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.
Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.
Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.
En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.
A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.
Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.
Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.
Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.
En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.
Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.
El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.
La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.
Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.
De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.
Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.
Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.
Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.
En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.
Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.
Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.
Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.
De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.
Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.
Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.
El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.
Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.
Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?
¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?
¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?
Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.
Seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, así lo manifiestan cuatro de cada 10 ciudadanos.
Mayoría del 86,5% manifiesta algún grado de aceptación de los movimientos sociales de las últimas semanas.
UNA Comunica. Transcurridos más de cuatro meses de la gestión de la presidenta Laura Fernández, los ciudadanos le otorgan una calificación de 6.98 de 10, de acuerdo con el informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, presentado esta mañana por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
La nota es mayor al 6.70 que obtuvo en marzo el expresidente Rodrigo Chaves, al cierre de su gobierno. No obstante, es un inicio de administración con una nota inferior a la obtenida en setiembre de 2022 (hace cuatro años) por el propio Chaves: un 7.65.
“Aunque la medición de agosto de 2026 constituye el primer dato disponible para Laura Fernández Delgado, la comparación con la administración anterior adquiere relevancia debido al énfasis que tuvo la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves durante su campaña. De hecho, su propuesta electoral fue presentada como un proyecto de continuidad y esta orientación también se reflejó en la conformación de su gabinete”, indica el estudio.
La mandataria es la mejor evaluada en este informe. Le siguen el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, con un 6.63; luego Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, con un 6.55 y Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz con 6.54. De la lista de consultados, el que aparece con la nota más baja es Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia con un 6.23.
A pesar de ubicarse en tercer lugar, un 30.7% de la población no conoce la labor de la ministra Bogantes. Un 14.7% desconoce el trabajo del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, y un 13.9% tampoco reconoce la gestión de José Leonardo Sánchez, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sobre el desempeño del gobierno en distintas áreas, la que obtiene mayor puntaje es la de “protección a la naturaleza” con un 6.43. Le siguen “economía” con un 6.32, “educación” con 6.23 e “infraestructura vial” con 6.18. En la parte de abajo de la lista aparecen “salud” con 5.73, “seguridad ciudadana” con 5.46 y “combate a la pobreza” con 5.25.
Para el Idespo-UNA, en general, la valoración del desempeño gubernamental es moderada. “Cinco de las nueve áreas evaluadas obtienen calificaciones superiores a 6, pero ninguna alcanza 6.5”, concluye el informe.
De hecho, la seguridad ciudadana se mantiene como el principal problema que afecta al país. Así piensan cuatro de cada 10 personas. Muy por debajo aparecen ‘institucionalidad y gobernabilidad’ (11,4%), ‘narcotráfico’ (11,2%) y ‘desempleo’ (10,8%)».
Las preocupaciones en torno a la seguridad ciudadana hacen que el 52.6% de la población la califique como “mala/muy mala”, frente a un 31% que la ubica como “buena/muy buena”. Otro 16.3% la ve “regular”.
Aunque no es el principal problema nacional identificado, para un 40.4% de los encuestados la situación económica del país es “mala/muy mala”. Este porcentaje supera al 35.5% que la percibe como “buena/muy buena”. El 24% restante la ve “regular”.
Las opiniones están más divididas si se compara el estado de la economía con respecto a un año atrás. Un 34.6% la ve “mejor/mucho mejor”, un 32.4% la percibe “peor/mucho peor” y para un 31.6% está “igual”.
Percepciones de coyuntura
El Idespo-UNA consultó a los costarricenses su percepción acerca de algunos temas que han dominado la agenda mediática en los meses anteriores. De todos, el que muestra mayor polarización es el de las críticas realizadas por la presidenta al Poder Judicial. Un 50.4% está de acuerdo.
El respaldo baja a un 47.2% si se trata de valorar la forma en que la presidenta se expresa de otros poderes de la República o instituciones públicas. Incluso desciende a un 46.8% cuando las críticas las hace específicamente al Poder Legislativo.
En proyectos y temas puntuales, ninguna logra una aceptación mayoritaria. El proyecto de ley de armonización eléctrica es avalado por un 49.5% de la población, seguido de la minería a cielo abierto en Crucitas (36.1%), la venta de activos del Estado (32.1%) y el manejo de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (23%).
En esta encuesta se incluyeron aspectos puntuales de la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, un 48.3% está de acuerdo en la decisión de la Sala Constitucional de mantener temporalmente a las magistraturas suplentes en sus cargos. El apoyo decae a un 42.3% si se trata de valorar la reducción presupuestaria al Poder Judicial por parte del gobierno.
Solo un 41.5% estuvo a favor de la querella presentada por el gobierno contra cuatro magistrados constitucionales a raíz del fallo sobre los nombramientos. Y baja a un 36.4% al calificar la forma en que el Poder Ejecutivo ha manejado el conflicto con la Sala Constitucional.
“Esto evidencia que el respaldo disminuye cuando la confrontación discursiva se traduce en una acción de mayor escalamiento institucional, como la presentación de una denuncia penal. En consecuencia, aunque una parte considerable de la población respalda el discurso crítico de la presidenta, este apoyo no es uniforme y solamente alcanza la mayoría absoluta en el caso de las críticas al Poder Judicial”, enfatiza el informe.
Por otra parte, el Idespo-UNA abordó las percepciones acerca de las manifestaciones y movimientos sociales que se han realizado en los últimos meses. Una mayoría del 86.5% está “muy de acuerdo y algo de acuerdo” en este tipo de prácticas cuando se trata de la defensa de derechos. Solo un 10.1% manifestó estar “algo en desacuerdo o muy en desacuerdo”.
Sin embargo, un 48.7% considera como “poca” la influencia que puedan tener estas manifestaciones sobre decisiones del gobierno. Por el contrario, un 36.5% afirma que es “mucha”.
De acuerdo con una tipología planteada por los investigadores, nueve de cada 10 personas consideran aceptable la manifestación pública, aunque difieren en distintos niveles sobre la capacidad de influencia que se le atribuye.
En línea con lo anterior, la encuesta también ahondó si de manera personal los ciudadanos expresan lo que piensan acerca de temas políticos. La mitad (50.4%) no siempre lo hacen, mientras que un 34.8% sí lo manifiesta. El 13.8% mencionó que “algunas veces”. Pero, para la mayoría (53.1%), expresar públicamente sus opiniones podría generarle consecuencias negativas.
En cuanto a la valoración ciudadana sobre la confianza que tienen hacia diversas instituciones, las mejor posicionadas son las universidades públicas (7.33), las empresas privadas (7.16), el Tribunal Supremo de Elecciones (6.72) y la Caja Costarricense de Seguro Social (6.39). En la parte de abajo de la lista sobresalen las iglesias protestantes evangélicas (5.28), los sindicatos (4.98) y los partidos políticos (4.69).
La recolección de datos de la encuesta se realizó del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto. En total se realizaron 746 entrevistas completas, con un error de muestreo de 3,6 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Contradicciones en el seno de la institucionalidad
Hay una paradoja en la Costa Rica política de estos días que merece algo más que una reacción coyuntural.
El gobierno de Laura Fernández llega a sus primeros cien días con una opinión pública considerable. Según la encuesta de setiembre de 2026 del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el 64% de las personas consultadas valora positivamente la gestión presidencial y el 69% manifiesta respaldar al gobierno. (CIEP UCR)
No se trata de una anomalía aislada. Rodrigo Chaves terminó su mandato con una valoración positiva también del 64%, y la actual administración conserva buena parte del apoyo que acompañó al gobierno anterior. Incluso la simpatía por el Partido Pueblo Soberano pasó, según el CIEP, de 3,9% a 20,7% entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026. (CIEP UCR)
Sin embargo, cuando se observan algunos indicadores estructurales de la situación política, del Estado social, de las finanzas públicas, de la educación, de la seguridad y de la protección ambiental, aparece un panorama bastante más complejo, plagado de contradicciones.
Estas contradicciones constituyen el punto de partida de estas reflexiones.
No se trata de afirmar que todos los indicadores económicos y sociales hayan empeorado durante los últimos cuatro años. No es así. Tampoco se trata de negar que Costa Rica haya obtenido avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica. La cuestión es otra: ¿qué ocurre cuando una parte importante de las personas encuestadas, reflejo del estado de la opinión pública, evalúa favorablemente a un gobierno mientras algunos de los indicadores que determinan las condiciones materiales de vida y la capacidad futura del Estado muestran tensiones importantes?
La respuesta puede encontrarse, al menos parcialmente, en la transformación de la relación entre ciudadanía, liderazgo y resultados de gobierno.
Debo advertir, que una cosa es una encuesta de opinión y otra distinta es un apoyo ciudadano. Inclusive el apoyo de la ciudadanía a un gobierno se refleja solo parcialmente en la elección presidencial. Suficiente, eso sí para que las nuevas autoridades cuenten con legitimidad de origen, Empero, el apoyo de la ciudadanía a un gobierno, lo que hemos denominado gobernabilidad, requiere algo mucho más sólido: requiere adhesión o apoyo mediante organización de la ciudadanía, capacidad de esta en la toma de decisiones. En las manifestaciones recientes, el gobierno hace alarde de movilización de ciudadanos, cuando lo que en realidad hubo fue acarreo de personas, mediante buses desde lugares distantes a la ciudad de Cartago. Además, estas personas recibieron estímulo bajo la oferta de almuerzos e inclusive dinero. Por otro lado, la policía restringió la movilización de ciudadanos de la misma provincia o de la ciudad de Cartago; en otros casos, a los que fueron identificados como fuerzas opositoras al gobierno, se les exigió la presentación de la cédula de identidad (solo en estos casos), o fueron retiradas algunas personas del parque donde se celebraban los actos oficiales.
I. La salud fiscal: entre la consolidación y sus límites
Conviene comenzar por las finanzas públicas porque constituyen uno de los principales argumentos con los que el gobierno de Rodrigo Chaves defendió su gestión.
Aquí es necesario introducir una distinción.
Costa Rica sí experimentó una mejoría importante en algunos indicadores fiscales. El Gobierno Central consiguió superávits primarios durante varios años. En 2024, por ejemplo, registró un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB. Pero al mismo tiempo el déficit financiero alcanzó 3,8% del PIB, debido principalmente al peso de los intereses y a la desaceleración de los ingresos tributarios. (Hacienda)
La deuda tampoco permite sostener, sin matices, la tesis de que simplemente aumentó durante todo el período. Según Hacienda, la deuda del Gobierno Central equivalía al 63% del PIB en 2022, bajó a 61,1% en 2023 y 59,8% en 2024. En 2025 volvió preliminarmente a 60,4%. (Hacienda)
Pero existe otra cara del problema que resulta políticamente decisiva: el costo de servir esa deuda.
A junio de 2025 se habían pagado ₡1,116 billones en intereses. Ese monto equivalía al 29,5% de los ingresos recaudados hasta entonces. Los intereses representaban además 2,2% del PIB. (Hacienda)
Es decir, la discusión fiscal no puede reducirse a si la deuda como porcentaje del PIB subió o bajó. La pregunta relevante es también cuánto espacio presupuestario queda disponible para atender educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, protección ambiental y políticas sociales después de pagar la deuda.
El proyecto de presupuesto para 2027 resulta revelador: aproximadamente 40% del presupuesto corresponde al servicio de la deuda y cerca de 37,7% de los gastos tendría que financiarse mediante nueva deuda. (El Financiero)
Por otra parte, es notoria la intencionalidad, tanto del presente gobierno como del anterior, en eso sí hay continuidad, de estrechar seriamente los recursos del Poder Judicial, de las Universidades públicas, y como hemos dicho, el presupuesto destinado a políticas sociales.
Es decir, si el presupuesto presentado por el gobierno es un reflejo de la decisión de un gobierno, es fácil deducir su intención de controlar al Poder Judicial en una clara intención de ejercer sobre este un estricto control y perjudicar su ejercicio presupuestario.
De modo que sería más preciso hablar de consolidación fiscal con un margen social y presupuestario estrecho, no de una salud fiscal.
II. Educación: la distancia entre el mandato constitucional y la realidad presupuestaria
La educación constituye probablemente uno de los indicadores más claros de la tensión entre el discurso de desarrollo y las prioridades presupuestarias.
El proyecto de presupuesto para 2027 asigna al Ministerio de Educación Pública ¢2,752 billones, equivalentes al 4,9% del PIB. La cifra está muy lejos del 8% establecido constitucionalmente como referencia para la educación. Además, representa una reducción de 0,7% respecto del presupuesto vigente de 2026. (La Nación)
Aparte de que es evidente que Costa Rica no llega al 8%, en clara violación de la Constitución, el punto de fondo es qué significa esta distancia para la capacidad del país de enfrentar sus problemas de desigualdad, movilidad social, productividad y ciudadanía democrática.
La educación no es solamente una partida presupuestaria.
Es uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad reproduce —o rompe— las desigualdades existentes.
Por eso, una política de contención fiscal que reduzca el espacio de la educación puede producir un efecto devastador para la institucionalidad democrática: mejorar determinados indicadores financieros en el corto plazo mientras deteriora capacidades sociales cuyo costo aparece muchos años después.
III. La política social y el problema de las prioridades
Algo semejante ocurre con el conjunto de las políticas sociales.
El presupuesto es, en último término, una expresión material de las prioridades de un gobierno. Allí donde se asignan recursos existe una decisión política; donde se restringen, también.
El proyecto presupuestario de 2027 plantea una reducción global del gasto, y de manera muy significativa del gasto social respecto del presupuesto vigente, mientras el servicio de la deuda absorbe aproximadamente dos quintas partes de los recursos. El gobierno alega que, el margen de maniobra es extremadamente reducido: Hacienda estima que alrededor del 93% del presupuesto está comprometido por obligaciones legales o constitucionales. (El Financiero). Pero, lo que sí resalta es que el presupuesto presentado privilegia la inversión tanto para el Ministerio de Hacienda, cuanto para el de la Presidencia, ambos bajo el mando de Rodrigo Chaves.
Aquí aparece la pregunta política importante: ¿qué Estado se está construyendo con los recursos que sí pueden ser priorizados?
Y esa pregunta conduce directamente a resaltar nuevamente las restricciones presupuestarias a la vivienda, la seguridad, la salud, la niñez, las personas mayores, la atención de poblaciones vulnerables, las mujeres y por supuesto, las oportunidades educativas.
El deterioro de un Estado social no necesariamente comienza con su eliminación formal. Puede comenzar con su pérdida gradual de capacidad. Y esto es justo lo que viene ocurriendo desde el gobierno anterior.
IV. El costo de vida: la experiencia cotidiana frente a las cifras macroeconómicas
Aquí aparece otra posible explicación de las graves contradicciones entre el autoritarismo gubernamental y la institucionalidad democrática.
El INEC registró para 2025 una variación interanual del IPC de -1,23%. Esto significa que, en términos agregados, el nivel general de precios disminuyó respecto de diciembre de 2024. (INEC)
Pero esa cifra no significa que todos los bienes hayan bajado de precio ni que las familias hayan recuperado automáticamente su capacidad adquisitiva.
En diciembre de 2025, el propio INEC registraba que 47% de los bienes y servicios considerados en el índice habían aumentado de precio, mientras 35% habían disminuido. (INEC)
La experiencia de inflación, por tanto, no es homogénea.
Y aquí resulta particularmente interesante la encuesta del CIEP. La ciudadanía puede valorar positivamente una gestión porque percibe estabilidad económica, aun cuando enfrente dificultades concretas en determinados productos y servicios.
La política se construye también con percepciones.
V. Seguridad: una demanda que reorganiza las prioridades ciudadanas
La seguridad constituye quizá el ejemplo más importante.
Costa Rica ha experimentado durante estos años una crisis de homicidios y violencia criminal que modificó la agenda pública. El propio CIEP señaló en 2025 que la inseguridad y la delincuencia se mantenían como la principal preocupación de la población. (Gestión Web UCR)
Pero la encuesta de setiembre de 2026 permite observar algo aún más preocupante.
Entre las personas que identificaron alguna acción del nuevo gobierno que les había gustado, las categorías relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen y con el sistema penitenciario concentraron conjuntamente 47,4% de las menciones. (CIEP UCR)
Una ciudadanía que percibe que su problema más urgente es la inseguridad puede valorar especialmente un gobierno que coloca ese asunto en el centro de su discurso incluso cuando existen controversias o dificultades en este y otros campos.
La evaluación ciudadana, entonces, no necesariamente constituye una auditoría integral del Estado. Puede ser una respuesta a aquello que cada persona considera más urgente.
VI. Ambiente: una contradicción particularmente delicada
En materia ambiental aparecen asimismo señales que requieren una discusión más profunda.
El caso Gandoca-Manzanillo continúa siendo objeto de una investigación penal. En abril de 2026, la Fiscalía Ambiental consiguió medidas cautelares destinadas a suspender determinados aprovechamientos forestales, trámites administrativos y permisos relacionados con las propiedades investigadas. El Ministerio Público indicó que la causa involucra a un particular, tres funcionarios del SINAC y un regente forestal, y que se investiga cómo determinadas gestiones habrían permitido autorizar aprovechamientos en terrenos cuya condición ambiental impedía legalmente determinadas actuaciones. El propio ministro del ambiente se vio involucrado en las investigaciones sobre abusos y negligencia gubernamental. (Ministerio Público)
El episodio revela un problema institucional de fondo: la protección ambiental depende no solamente de buenas leyes, sino de la capacidad efectiva del Estado para hacerlas cumplir.
Algo parecido ocurre con la discusión sobre Crucitas. Más que reducir el debate a una dicotomía entre minería y ambiente, Costa Rica debería preguntarse si se está rompiendo el consenso que existía alrededor de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y en la preservación del medio ambiente.
El país obtuvo reconocimiento internacional precisamente por haber convertido la protección de los ecosistemas en un componente de su política pública. Si esa orientación pierde fuerza, el costo puede no aparecer inmediatamente en el PIB, pero sí en agua, biodiversidad, territorio, turismo, agricultura y calidad de vida.
VII. ¿Por qué entonces persiste el respaldo?
Llegamos así a uno de los problemas centrales. Una primera explicación sería el personalismo político.
El CIEP ofrece un dato extraordinariamente significativo: 64,4% de las personas entrevistadas considera que Rodrigo Chaves tiene mucha influencia en las principales decisiones del gobierno de Laura Fernández. El mismo estudio encuentra un fuerte componente personalista en la transferencia de popularidad hacia la nueva administración. (CIEP UCR)
Esto significa que una parte del respaldo no puede analizarse exclusivamente como una evaluación técnica de las políticas públicas. Existe una relación emocional y política entre liderazgo y ciudadanía.
Chaves construyó una identidad política que tiene un componente de autoritarismo, pero también se presentó como ruptura con las élites tradicionales, con los partidos históricos y con determinados actores institucionales. Esa identidad parece haber sobrevivido al cambio de gobierno.
Laura Fernández aparece así, en buena medida, como continuidad política de una identidad previamente constituida.
El dato del CIEP es particularmente ilustrativo: aunque 69% respalda al gobierno actual, aun cuando, la mayoría de la población no se identifica exclusivamente ni con el chavismo ni con el antichavismo. (CIEP UCR)
Esto sugiere que el fenómeno no puede explicarse simplemente como una sociedad dividida en dos bloques ideológicos. Hay una zona mucho mayor y más compleja: ciudadanos que adhieren a gobiernos de acuerdo con experiencias personales y confianza en determinados liderazgos.
VIII. La política de la percepción
Hay aquí una cuestión que conecta directamente con los análisis que he venido desarrollando en artículos anteriores sobre poder, legitimidad, gobernanza, ciudadanía y lenguaje político. Una democracia no funciona solamente mediante resultados objetivos. Funciona también mediante la interpretación sesgada o no, de determinados sectores de la sociedad esos resultados.
La ciudadanía no recibe una tabla de indicadores fiscales cada noche antes de decidir si confía o no en un gobierno. Recibe relatos, recibe discursos. recibe imágenes, recibe la influencia de un gobierno sobre quién tiene la culpa de sus problemas.
De ahí que una política pueda ser evaluada favorablemente, aunque determinados indicadores objetivos presenten problemas. No necesariamente porque la ciudadanía sea indiferente a esos problemas, sino porque puede interpretar que estos son heredados, inevitables, o porque carece de la perspectiva política necesaria para percatarse de la magnitud de algunos problemas que nacen apenas, como la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial.
El CIEP aporta otro dato significativo: 75% de las personas entrevistadas considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández; entre quienes así opinan, las principales menciones recaen en la Asamblea Legislativa y los partidos de oposición. (CIEP UCR) Esta percepción es políticamente importante.
Cuando el gobierno consigue presentar los problemas no como resultado de sus propias decisiones sino como consecuencia de obstáculos externos, puede preservar parte de su legitimidad aun cuando los resultados sean discutibles. No afirmo que esa explicación sea siempre verdadera; afirmo que constituye un mecanismo político relevante para comprender la formación de las percepciones de un sector de la opinión pública.
IX. La paradoja democrática
Llegamos entonces a una conclusión que, a mi juicio, es más fecunda que afirmar simplemente que existe una contradicción entre los datos y las encuestas.
No existe necesariamente una contradicción entre una ciudadanía satisfecha y un Estado que presenta problemas.
Una persona puede considerar que un gobierno está haciendo un buen trabajo porque percibe que escucha sus preocupaciones, confronta a quienes considera responsables de los problemas nacionales o representa una ruptura con una clase política en la que dejó de confiar. Mientras tanto, otro observador puede examinar deuda, intereses, educación, salud, vivienda, protección ambiental o capacidad institucional y llegar a conclusiones diferentes. Ambos fenómenos pueden coexistir.
El verdadero desafío democrático aparece cuando la percepción comienza a sustituir por completo la discusión sobre resultados.
Porque entonces la legitimidad electoral y la legitimidad de ejercicio pueden empezar a separarse. La primera proviene de las urnas. La segunda se construye todos los días mediante la calidad de las decisiones, el respeto institucional, la capacidad de resolver problemas y la protección de los derechos ciudadanos.
X. No es solamente un problema de Chaves o de Fernández
Hay finalmente una cuestión más profunda.
No sería suficiente atribuir todo lo anterior a las personalidades de Rodrigo Chaves o Laura Fernández.
El fenómeno expresa también una transformación de la sociedad costarricense.
El debilitamiento de la identificación partidaria tradicional, la desconfianza hacia instituciones, la percepción de inseguridad, las desigualdades persistentes y la frustración con la capacidad del Estado para resolver problemas han creado un terreno favorable para liderazgos que prometen eficacia, ruptura y acción directa. El problema no es que la ciudadanía reclame resultados. Eso es perfectamente legítimo.
El problema aparece cuando la búsqueda de resultados conduce a considerar que los controles, los contrapesos, la deliberación y las instituciones son obstáculos prescindibles.
Una democracia saludable necesita ambas cosas: eficacia y límites al poder; decisión y deliberación; liderazgo y contrapesos; resultados y derechos.
De lo contrario, puede producirse una contradicción peligrosa: que un gobierno conserve una cierta legitimidad social mientras se debilitan progresivamente las capacidades institucionales que permiten que esa misma sociedad ejerza sus derechos.
Epílogo: la pregunta que queda abierta
La encuesta del CIEP no debe ser leída como una refutación de los problemas señalados por los indicadores fiscales, sociales, educativos, ambientales o de seguridad.
Tampoco estos indicadores deberían utilizarse para negar la valoración positiva expresada por una parte considerable de la opinión pública. Ambas realidades existen.
La pregunta política verdaderamente interesante es otra:
¿Cuánto tiempo puede mantenerse una alta legitimidad política cuando las percepciones favorables dejan de corresponderse con mejoras materiales y con el fortalecimiento de las instituciones? Y, a la inversa:
¿Qué ocurre cuando una oposición democrática se limita a señalar los problemas objetivos sin comprender las razones subjetivas, sociales y políticas por las cuales una parte importante de la opinión pública, sigue confiando en el gobierno?
Tal vez ahí se encuentre una de las claves para comprender la Costa Rica actual.
La disputa democrática ya no consiste únicamente en quién administra mejor.
Consiste también en quién consigue construir la interpretación de la realidad que termina siendo aceptada por una mayoría de ciudadanos.
Y esa es, en última instancia, una disputa por el poder.
Y aconteció en aquellos días de septiembre que el pueblo de Costa Rica caminaba confundido entre banderas, vallas, cédulas de identidad, arroz con pollo y publicaciones de Facebook.
Muchos habían perdido la esperanza. Otros habían perdido la paciencia. Algunos habían perdido hasta las ganas de discutir. Y hubo quienes, después de leer los comentarios en las redes sociales, estuvieron a punto de perder también la fe en la especie humana.
Pero entonces ocurrió la revelación.
Tres figuras aparecieron en el horizonte político y hubo quienes dieron gracias porque finalmente alguien les había abierto los ojos.
Había nacido la Santísima Trinidad Jaguar: Rodrigo, el Padre Fundador; Pilar, portadora de la palabra; y Laura, depositaria del espíritu de la Nueva Costa Rica.
Y muchos creyeron. No porque fueran ignorantes. No porque no hubieran ido a la escuela. No porque carecieran de capacidad para pensar. Creyeron porque toda revelación necesita primero un mundo que parezca necesitar ser revelado. Y aquel mundo tenía nombre: los mismos de siempre.
Entonces aparecieron también los Cuatro Jinetes del Apocalipsis:
El primero cabalgaba bajo las siglas PLN.
El segundo llevaba sobre su caballo las del PUSC.
El tercero vestía de Frente Amplio.
Y el cuarto, recién incorporado a las escrituras, respondía al nombre de CAC.
Detrás avanzaban sindicatos, universidades públicas, periodistas, magistrados, burócratas, comunistas, progresistas, zurdos, intelectuales y todo aquel que por razones todavía no completamente esclarecidas hubiese incurrido en el pecado de hacer demasiadas preguntas.
Y vio el pueblo aquello.
Y algunos dijeron:
—¡Ahora sí entendemos!
Porque la primera bienaventuranza de toda revelación política es sencilla:
Bienaventurados aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos, porque finalmente conocerán quién tuvo la culpa.
El libro de los mandamientos
Y fueron entregadas al pueblo unas nuevas tablas. Y en ellas podía leerse:
Primero: Amarás a la Nueva Costa Rica sobre todas las cosas.
Segundo: No tomarás el nombre del Gobierno en vano.
Tercero: Santificarás las fiestas patrias, siempre que las celebres de la manera debidamente autorizada.
Cuarto: Honrarás la valla y portarás tu cédula.
Quinto: No protestarás durante el cumpleaños de la Patria.
Sexto: No cuestionarás innecesariamente las medidas de seguridad, porque quien nada debe nada teme y quien pregunta demasiado algo estará tramando.
Séptimo: No codiciarás las instituciones ajenas.
Octavo: No levantarás falsos testimonios, salvo que hayan sido debidamente compartidos quinientas veces en Facebook.
Noveno: No confundirás libertad con hacer lo que te dé la gana.
Y décimo: Cuando ninguna argumentación resulte suficiente, recurrirás a la doctrina definitiva: Lero lero, calzón de cuero.
Palabra del Señor. Te alabamos, Jaguar.
Las bienaventuranzas de Plaza Mayor
Bienaventurados quienes llevaron la cédula, porque de ellos será la Plaza Mayor.
Bienaventurados quienes respetaron la valla, porque serán llamados ciudadanos ordenados.
Bienaventurados quienes no preguntaron demasiado, porque no retrasarán la fila.
Bienaventurados quienes comieron arroz con pollo, porque serán saciados.
Bienaventurados quienes descubrieron a los mismos de siempre, porque jamás volverán a necesitar explicaciones demasiado complicadas.
Bienaventurados quienes encontraron un enemigo para cada problema, porque suyo será el Reino de la Certeza.
Y bienaventurados, finalmente, quienes comprendieron el profundo significado filosófico del lero lero, porque habrán alcanzado un estado epistemológico al que ni Morin se atrevió jamás.
La pasión de San Farol
Llegó entonces el 14 de septiembre. Y un humilde farol salió de su casa. No sabía nada de neoliberalismo. No había leído a Montesquieu. Desconocía la separación de poderes. No tenía cuenta en X. Jamás había participado en una conferencia de prensa. Era simplemente una cajita de cartón con papel celofán y una luz adentro. Pobre inocente. No sabía lo que le esperaba.
Primera estación: San Farol es condenado a ser politizado
Apenas llegó a la celebración, alguien decidió que representaba el civismo.
Otro afirmó que representaba la resistencia.
Otro sostuvo que simbolizaba el orden.
Otro que simbolizaba la libertad.
San Farol quiso explicar que había sido construido la noche anterior por un niño con goma, cartulina y ayuda de la mamá. Nadie lo escuchó.
Segunda estación: San Farol carga con la democracia
Le colocaron sobre los hombros la institucionalidad costarricense completa.
Separación de poderes.
Libertad de expresión.
Derecho a manifestarse.
Seguridad ciudadana.
Identidad nacional.
Patriotismo.
Gobernabilidad.
Setenta y tantos años de Segunda República.
San Farol comenzó a doblarse.
Tercera estación: San Farol cae por primera vez
Inmediatamente alguien culpó al Gobierno.
Otro culpó al Frente Amplio.
Otro al PLN.
Otro a los sindicatos.
Otro a las universidades públicas.
Alguien preguntó si todo aquello no sería culpa de Carlos Alvarado.
La hipótesis no pudo descartarse inmediatamente.
Cuarta estación: San Farol encuentra a su madre, la Patria
La Patria lo miró desconcertada.
—Hijito, ¿cómo terminó una celebración escolar convertida en una disputa sobre el futuro de la civilización occidental?
San Farol tampoco sabía.
Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a San Farol
Un ciudadano se acercó para ayudarlo a cargar.
Fue inmediatamente identificado como sindicalista.
Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de San Farol
Una mujer se aproximó con un pañuelo.
Antes de llegar le solicitaron la cédula.
Séptima estación: San Farol cae por segunda vez
Desde un extremo alguien gritó:
—¡Dictadura!
Desde el otro respondieron:
—¡Comunistas!
San Farol permaneció en el suelo preguntándose si alguien podría levantarlo antes de continuar con el debate.
Octava estación: San Farol consuela a las mujeres de Jerusalén
—No lloren por mí —les dijo—. Según Facebook, todo salió perfectamente.
Novena estación: San Farol cae por tercera vez
Y alguien proclamó:
—¡Esta caída demuestra hasta dónde son capaces de llegar los mismos de siempre!
Otro respondió:
—¡Esta caída demuestra el avance del autoritarismo!
San Farol comenzó a sospechar que su caída tenía una capacidad explicativa verdaderamente extraordinaria.
Décima estación: San Farol es despojado de sus vestiduras
Le quitaron el papel celofán rojo.
Parecía demasiado comunista.
Undécima estación: San Farol es clavado a la valla
Y allí quedó.
La pequeña fiesta que alguna vez pretendió reunir a la comunidad terminó simbólicamente clavada sobre aquello que la separaba.
Por primera vez nadie se rio.
Duodécima estación: San Farol muere
Antes de apagarse levantó débilmente su luz y murmuró:
—Padre, perdónalos, porque no saben qué interpretación de los acontecimientos están compartiendo en Facebook.
Y expiró.
Decimotercera estación: San Farol es bajado de la valla
Unos denunciaron represión.
Otros celebraron que el orden había prevalecido.
Ambos compartieron fotografías que demostraban inequívocamente sus respectivas interpretaciones.
Decimocuarta estación: San Farol es llevado al sepulcro
El gran pretor alcalde de Cartago, tomó cuidadosamente el cuerpo maltrecho. Lo envolvió en una bandera costarricense. Y antes de depositarlo en el sepulcro, lo ungió generosamente con crema de rosas, santo bálsamo nacional para faroleados, golpeados, escaldados y ciudadanos expuestos a dosis excesivas de realidad costarricense.
Y así estaba escrito:
Bienaventurados los faroleados, porque de ellos será el Reino del Santo Balsamo.
Y al tercer día…
San Farol resucitó.
Salió del sepulcro todavía pegajoso por la crema de rosas y descubrió horrorizado que durante su breve ausencia había sido declarado chavista, comunista, sindicalista, autoritario, demócrata, opositor, patriota, antipatriota y, según una publicación particularmente imaginativa, posiblemente funcionario de la Universidad de Costa Rica.
Entonces San Farol preguntó:
—Mae… ¿yo no era una cajita con una candela?
Nadie respondió.
Miró hacia un lado.
Allí estaban quienes anunciaban la llegada de la Nueva Costa Rica.
—¿Y qué tiene de nueva? —preguntó.
Silencio.
Miró hacia el otro.
Allí estaban quienes pedían recuperar la Costa Rica de nuestros abuelos: aquella de respeto, cortesía, instituciones fuertes, concordia y ríos por los que aparentemente alguna vez circularon leche y miel.
—¿Y todos vivían bien en aquel paraíso?
Silencio.
—¿No había desigualdad?
Silencio.
—¿No había exclusión?
Silencio.
—¿No hubo precarización ni concentración de riqueza?
Alguien carraspeó.
—Hijo —respondió finalmente una voz solemne—, estamos hablando de democracia.
—Ah, bueno —contestó San Farol.
Se puso un poquito más de crema de rosas.
Y entonces formuló la pregunta que ninguna de las dos congregaciones esperaba:
—¿Y si los dos están contando solamente la parte de la historia que necesitan creer?
Hasta aquí podemos reír.
El problema comienza cuando descubrimos que detrás de los disparates de San Farol hay preguntas que no desaparecen cuando termina la parodia.
II. Después de la risa
¿Qué estamos viendo?
Una de las tentaciones más cómodas frente a una sociedad polarizada consiste en pensar que el problema está en los ojos del otro.
¿Cómo no se dan cuenta?
¿Cómo pueden interpretar de esa manera lo que para mí resulta evidente?
¿Qué realidad están mirando?
La pregunta es legítima hasta que aparece otra mucho más incómoda:
¿Y si hay algo que yo tampoco estoy viendo?
Reconocer esa posibilidad no significa caer en un relativismo donde todos tienen razón y nadie la tiene.
Todos miramos desde algún marco, pero eso no significa que todas las miradas sean igualmente verdaderas. Y tampoco significa que sean igualmente falsas.
Hay acontecimientos que pueden comprobarse. Hay decisiones que dejan documentos. Hay normas jurídicas. Hay presupuestos. Hay estadísticas. Hay discursos registrados. Hay resoluciones judiciales. Hay políticas públicas cuyos efectos pueden estudiarse. La realidad no desaparece porque nuestras interpretaciones sean parciales.
Por eso quizá el problema no sea encontrar a alguien capaz de mirar sin filtros. Ese ser humano probablemente no exista. El desafío consiste en construir procedimientos que permitan contrastar nuestras miradas con aquello que ocurrió, y especialmente con aquello que podría demostrar que estamos equivocados. Pero inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué debemos preguntar?
El poder de formular la pregunta
Preguntar nunca es completamente inocente. Cuando alguien pregunta si Costa Rica se está convirtiendo en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, la comparación puede ser legítima si identifica instituciones, procesos y mecanismos concretos. Pero puede resultar engañosa si las diferencias históricas, institucionales y sociales desaparecen y la analogía termina sustituyendo al análisis.
Costa Rica no es Venezuela.
Costa Rica no es Nicaragua.
Costa Rica no es El Salvador.
Eso no significa que la experiencia de esos países no pueda ofrecer categorías comparativas. Significa que encontrar una semejanza no demuestra una trayectoria inevitable.
Si queremos examinar tendencias autoritarias, la pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué comportamientos concretos muestran debilitamiento de controles?, ¿qué instituciones conservan autonomía?, ¿cuáles la pierden?, ¿qué ocurre con la libertad de expresión?, ¿con la independencia judicial?, ¿con la fiscalización?, ¿con el pluralismo?, ¿con el respeto a los límites constitucionales del poder?
Existen investigaciones costarricenses recientes que han identificado confrontación institucional, componentes antisistema, rasgos autoritarios y riesgos para el pluralismo en el discurso y ejercicio político de Rodrigo Chaves. También existen trabajos que interpretan ese fenómeno en relación con problemas estructurales anteriores de la democracia liberal costarricense.
Eso es muy diferente de anunciar que mañana despertaremos convertidos en Nicaragua.
El miedo tampoco debería convertirse en método.
Pero evitar el alarmismo tampoco puede significar cerrar los ojos frente a hechos verificables.
¿Y si el chavismo no fuera solamente causa?
Aquí aparece una posibilidad que resulta particularmente incómoda para quienes hemos concentrado nuestra atención en los riesgos que representan determinadas prácticas políticas recientes.
¿Y si el chavismo no fuera únicamente una causa de la crisis democrática?
¿Y si fuera también un síntoma?
¿Y si determinadas tendencias políticas hubieran encontrado terreno fértil porque existía previamente un malestar que la institucionalidad tradicional no supo comprender o resolver?
La democracia costarricense posee conquistas extraordinarias. Sería intelectualmente absurdo negarlas. Su estabilidad electoral, la abolición del ejército, la construcción del Estado social, la educación pública, la seguridad social y una extensa arquitectura institucional forman parte de una historia que merece ser defendida.
Pero ninguna historia merece convertirse en estampita.
Costa Rica también ha experimentado durante décadas transformaciones económicas, desigualdades persistentes, debilitamiento de vínculos partidarios y frustraciones respecto de la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales.
El propio sistema de partidos cambió profundamente. El bipartidismo que durante décadas estructuró la competencia entre PLN y PUSC comenzó a deteriorarse antes de la aparición del chavismo. También existe abundante literatura sobre la adopción de políticas de liberalización y ajuste económico desde las últimas décadas del siglo XX.
Entonces la frase «los mismos de siempre» puede ser utilizada como instrumento populista, pero su eficacia política no puede explicarse únicamente diciendo que alguien engañó a la población.
Hay que preguntar por qué tanta gente estuvo dispuesta a escucharla.
La otra iglesia: el paraíso perdido
Aquí la crítica debe dirigirse también hacia nosotros.
Frente al discurso de la Nueva Costa Rica ha comenzado a aparecer otro relato: la añoranza por la Costa Rica que supuestamente perdimos: La democracia de nuestros abuelos.
El respeto.
La cortesía.
La moderación.
La convivencia.
Las instituciones respetadas.
Una sociedad donde las diferencias se resolvían conversando y donde, si exageramos apenas un poco la imagen, por las acequias corrían leche y miel. Pero ¿existió realmente esa Costa Rica?
Existió una Costa Rica con importantes logros democráticos y sociales. Eso es históricamente defendible.
Lo que resulta más difícil es convertirla en un paraíso perdido.
Porque aquella democracia convivió también con desigualdades, exclusiones, pobreza y conflictos distributivos. Y durante las últimas décadas la propia estructura partidaria que administró buena parte de esa institucionalidad atravesó transformaciones profundas.
Por eso defender la institucionalidad democrática no debería exigirnos idealizar el pasado. La nostalgia puede ser también una forma de ideología.
Dos paraísos
Y de pronto descubrimos que las dos grandes narrativas aparentemente enfrentadas realizan una operación sorprendentemente parecida.
Una coloca el paraíso adelante: la Nueva Costa Rica.
La otra lo coloca atrás: la Costa Rica que perdimos.
Una ofrece la Tierra Prometida.
La otra añora el Jardín del Edén.
Una dice: Antes de nosotros todo estaba podrido.
La otra responde: Antes de ustedes vivíamos en democracia.
Ambas afirmaciones pueden contener fragmentos de verdad.
Y precisamente por eso resultan poderosas.
El problema comienza cuando el fragmento pretende convertirse en totalidad.
¿Qué une entonces a quienes hoy se oponen?
También merece ser interrogada la coincidencia entre fuerzas políticas históricamente diferentes.
Frente Amplio, PLN, PUSC y CAC pueden coincidir en determinadas coyunturas parlamentarias o en la defensa de reglas institucionales sin que eso convierta sus programas políticos en equivalentes. Esto es perfectamente posible dentro de una democracia.
Una izquierda socialista y una derecha liberal pueden defender simultáneamente elecciones competitivas, separación de poderes o independencia judicial. Pero reconocerlo no cancela otra pregunta: ¿qué sucede con las contradicciones sociales y económicas que existen entre esos proyectos?
Si la defensa de la democracia termina reducida a la defensa de las instituciones existentes, podemos perder de vista las razones por las cuales una parte de la ciudadanía dejó de sentirse representada por quienes históricamente las administraron.
Y entonces aparece la pregunta que quizá deberíamos habernos hecho desde mucho antes.
¿Y si la crisis democrática costarricense no consistiera solamente en la aparición de tendencias autoritarias, sino también en la incapacidad histórica de la propia democracia para cumplir suficientemente algunas de sus promesas sociales?
Tal vez ahí esté el centro del problema. No se trata de justificar ninguna tendencia autoritaria mediante la desigualdad.
La desigualdad no vuelve innecesaria la separación de poderes.
La pobreza no vuelve prescindible la independencia judicial.
La exclusión no justifica deslegitimar controles constitucionales.
Pero tampoco podemos invertir el razonamiento.
La existencia de elecciones libres no elimina la desigualdad.
La división de poderes no alimenta a una familia.
La libertad de expresión no garantiza movilidad social.
Una institucionalidad democrática puede ser jurídicamente robusta y, simultáneamente, resultar materialmente insuficiente para sectores importantes de la población.
Costa Rica continúa enfrentando desafíos relevantes de desigualdad y pobreza pese a mejoras recientes. Y la transformación económica de las últimas décadas ha distribuido de manera desigual algunos de sus beneficios.
Entonces quizás deberíamos abandonar una dicotomía demasiado sencilla: democracia versus autoritarismo.
Porque podría haber simultáneamente erosión institucional, crisis de representación, desigualdad, desafección partidaria, concentración económica, frustración social y emergencia de liderazgos personalistas.
Ninguno de esos fenómenos necesita explicar por sí solo todos los demás. Pero tampoco deberían estudiarse como si no tuvieran relación.
La democracia de las buenas maneras
Aquí aparece una última incomodidad. Es posible añorar un tiempo en que los presidentes hablaban con mayor cortesía, los conflictos institucionales parecían menos estridentes y el lenguaje público resultaba menos agresivo.
Las formas importan.
La democracia necesita límites también en el lenguaje porque el adversario debe continuar siendo un ciudadano legítimo después de terminada la discusión.
Pero las buenas maneras no constituyen por sí solas justicia social.
Una sociedad puede ser extraordinariamente cortés mientras reproduce desigualdades.
Puede respetar escrupulosamente el protocolo mientras determinadas personas permanecen excluidas.
Puede hablar en voz baja mientras distribuye muy desigualmente oportunidades y recursos.
Por eso quizá no sea suficiente preguntarnos cómo recuperar las buenas formas. La pregunta debería ser: ¿qué había detrás de aquellas buenas formas? Y también: ¿qué existe detrás de las malas formas actuales?
¿Qué democracia estamos defendiendo?
Quizá esta sea finalmente la pregunta.
No qué partido.
No qué líder.
No qué bando.
Qué democracia.
Una democracia donde los límites al poder sean reales. Donde ninguna victoria electoral entregue un cheque en blanco. Donde jueces, prensa, universidades, órganos de control, organizaciones sociales y oposición puedan cumplir sus funciones sin convertirse automáticamente en enemigos del pueblo. Pero también una democracia que no considere cumplida su misión porque cada cuatro años celebramos elecciones.
Una democracia capaz de preguntarse por desigualdad, exclusión, educación, trabajo, movilidad social y distribución efectiva de oportunidades. Una democracia política y también social.
No necesitamos escoger entre derechos y justicia social. Precisamente el desafío consiste en evitar que cualquiera de ellos sea utilizado para sacrificar al otro.
No necesitamos bandos para conocer
Después de todo este recorrido podemos regresar al problema inicial.
¿Cómo saber quién está viendo correctamente la realidad?
Quizá la pregunta esté mal formulada. No necesitamos encontrar al observador puro. Necesitamos un método que permita discutir nuestras interpretaciones. Y para eso no necesitamos bandos.
Necesitamos contradicción.
El bando busca evidencias que confirmen aquello que ya cree.
La contradicción busca también aquello que podría demostrar que está equivocado.
Si pensamos que existe una deriva autoritaria, debemos estudiar seriamente las evidencias que respaldan esa hipótesis. Pero también debemos buscar aquello que la contradice.
Si pensamos que el chavismo representa simplemente manipulación, debemos examinar las críticas legítimas que formula contra el sistema anterior.
Si pensamos que la institucionalidad costarricense debe ser defendida, debemos preguntarnos qué problemas produjo, toleró o no consiguió resolver.
Y si alguien anuncia una Nueva Costa Rica, debemos preguntarle concretamente qué tiene de nueva.
Nadie posee la verdad completa.
Pero de ahí no se sigue que todas las afirmaciones sean asimismo verdaderas o igualmente falsas.
La verdad no desaparece porque tengamos perspectivas.
Lo que desaparece es nuestro derecho a declararnos sus propietarios.
Epílogo según San Farol
San Farol continúa sentado sobre la valla.
Mira hacia la derecha.
Alguien predica la llegada de la Nueva Costa Rica.
Mira hacia la izquierda.
Alguien recuerda emocionado la Costa Rica de nuestros abuelos.
San Farol escucha pacientemente.
Ya ha aprendido bastante sobre democracia para ser una cajita de cartón.
Finalmente pregunta:
—¿Y si en lugar de escoger entre un paraíso que nunca existió y una tierra prometida que todavía nadie ha visto, construimos una democracia que no necesite inventarse ninguno de los dos?
Nadie responde.
San Farol se encoge de hombros.
Se acomoda sobre la valla.
Saca del bolsillo el tarrito.
Se pone un poquito más de crema de rosas.
Y espera, porque al fin y al cabo si existe una “tierra prometida” oficialista y un “paraíso perdido” opositor, quizá el verdadero problema democrático esté precisamente en aquello que ambos relatos necesitan olvidar.
La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:
1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.
2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.
3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.
4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.
5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.
El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.
La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.
Hay cifras que informan y cifras que obligan a pensar. El 64 % de valoración positiva que registra la presidenta Laura Fernández en la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) pertenece a la segunda categoría.
No se trata de una encuesta improvisada en redes sociales ni de una medición contaminada por granjas de bots. El estudio entrevistó a 994 personas adultas mediante una muestra aleatoria de telefonía celular, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El resultado es contundente: 64 % califica positivamente la gestión presidencial, 25 % negativamente y 11 % mantiene una valoración neutra. Cuando se pregunta directamente si se respalda al Gobierno, la cifra alcanza el 69 %.
El dato resulta todavía más interesante por el momento en que se produce. Costa Rica atraviesa una seria discusión sobre seguridad y crimen organizado, tensiones alrededor del presupuesto público, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y un ambiente político crecientemente confrontativo. A pesar de ello, la popularidad presidencial permanece elevada.
La reacción más sencilla sería preguntarse: ¿cómo es posible que tanta gente no vea lo que está ocurriendo?
Quizá esa sea la pregunta equivocada.
Tal vez no estamos frente a personas incapaces de ver la realidad. Quizá estamos frente a personas que observan la misma realidad, pero han aprendido a interpretarla mediante categorías diferentes.
Y si esto es así, el problema deja de ser electoral.
Se convierte en un problema de hegemonía.
No necesariamente se vota contra los propios intereses
Desde cierta izquierda se ha repetido durante décadas una afirmación aparentemente evidente: “la clase trabajadora vota contra sus propios intereses”.
Pero esa frase contiene una trampa: Presupone que nosotros conocemos los intereses de las personas mejor que ellas mismas.
El trabajador que respalda a Laura Fernández puede estar votando exactamente de acuerdo con los intereses que ha aprendido históricamente a reconocer como propios: quiere pagar menos impuestos, quiere seguridad, considera injusto que el Estado “mantenga vagos”, desea eliminar “privilegios”, aspira a emprender, quiere que los empleados públicos trabajen, quiere delincuentes encarcelados y quiere, finalmente, que “dejen gobernar”.
Ese mismo trabajador posiblemente utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social, envía a sus hijos a la educación pública, espera que alguno pueda ingresar a una universidad estatal, utiliza infraestructura financiada colectivamente y espera recibir una pensión cuando llegue a la vejez.
No necesariamente experimenta contradicción alguna entre ambas cosas.
Porque esos elementos no están articulados políticamente como un sistema.
Ahí está la hegemonía.
Antonio Gramsci comprendió tempranamente que ninguna clase puede gobernar de manera estable recurriendo exclusivamente a la coerción. Necesita conseguir que una determinada interpretación del mundo aparezca como razonable, natural y hasta evidente.
Mucho después, Stuart Hall analizaría el neoliberalismo precisamente desde esa dimensión cultural. Su éxito no dependió solamente de privatizaciones, apertura comercial o disciplina fiscal. Dependió también de construir sujetos capaces de reconocerse dentro de sus categorías.
La hegemonía no consiste en convencer al explotado de que disfrute su explotación.
Consiste en conseguir que interprete su experiencia mediante categorías funcionales al orden existente.
El neoliberalismo también ocurrió dentro de nosotros
“El pobre es pobre porque quiere”.
“Hay trabajo para quien realmente quiere trabajar”.
“Sea su propio jefe”.
“Todo depende de su actitud”.
“Cambie usted y el mundo cambiará”.
Estas expresiones parecen inocentes. Incluso pueden resultar motivadoras. Pero detrás de ellas existe una profunda transformación cultural.
El desempleo deja de relacionarse con la estructura económica y comienza a explicarse mediante falta de iniciativa personal. La pobreza deja de ser una relación social y se convierte en fracaso individual. La precariedad laboral se transforma en falta de emprendimiento. El éxito demuestra mérito; el fracaso revela insuficiencia personal.
El sujeto colectivo se fragmenta.
Ya no somos trabajadores insertos en determinadas relaciones de producción. Somos emprendedores, colaboradores, consumidores, usuarios y contribuyentes.
Una persona puede pertenecer objetivamente a la clase trabajadora y subjetivamente imaginarse completamente fuera de ella.
Quizá por eso uno de los mayores triunfos del neoliberalismo costarricense no ocurrió en el Ministerio de Hacienda.
Ocurrió en nuestras cabezas.
Y ese triunfo cultural ayuda a explicar una paradoja fundamental: personas que dependen materialmente de instituciones públicas pueden apoyar proyectos que pretenden reducirlas.
No necesariamente han sido engañadas.
Han aprendido a imaginar su bienestar como resultado fundamentalmente individual.
Esto no comenzó con Rodrigo Chaves
Responsabilizar al chavismo de haber inventado todo aquello que hoy preocupa sería históricamente cómodo.
También sería falso.
La transformación del Estado costarricense comenzó mucho antes.
La crisis económica de comienzos de los años ochenta abrió el camino a programas de estabilización y ajuste estructural. A partir de entonces comenzó una transformación progresiva del modelo de desarrollo: apertura comercial, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera, disciplina fiscal, transformación institucional y redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado.
PLN y PUSC participaron, con diferencias, conflictos y ritmos distintos, en ese proceso. Posteriormente también lo hicieron las administraciones del PAC.
Decir esto no significa afirmar que todos los gobiernos hayan sido iguales. Las diferencias importan.
Pero las continuidades también.
Y existe un episodio reciente particularmente revelador.
Rodrigo Chaves no ingresó inicialmente a la política costarricense como dirigente antisistema ni como enemigo de las élites que posteriormente denunciaría.
Después de 27 años trabajando en el Banco Mundial, fue nombrado ministro de Hacienda por Carlos Alvarado en noviembre de 2019. El comunicado oficial de Presidencia estableció entre sus tareas continuar la consolidación fiscal, sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto.
El dato merece ser recordado.
Chaves entró al Estado costarricense no para romper con el proceso de transformación económica existente, sino para administrar una de sus dimensiones fundamentales.
Eso obliga a formular una hipótesis incómoda: ¿y si el chavismo no representa la ruptura con el neoliberalismo costarricense, sino su mutación política?
Cuando el consenso deja de ser suficiente
Durante cuatro décadas las transformaciones económicas avanzaron mediante negociaciones, reformas parciales, pactos, resistencias sociales y límites institucionales.
El resultado fue contradictorio.
El Estado social sobrevivió, pero no permaneció intacto.
Sobrevivieron la CCSS, las universidades públicas, instituciones autónomas, derechos laborales y una determinada concepción de ciudadanía social.
Simultáneamente avanzaron la mercantilización, la disciplina fiscal, la desigualdad, la precarización laboral y una creciente deslegitimación cultural de lo público.
Quizá el chavismo haya identificado algo que los reformadores anteriores no pudieron resolver completamente: el obstáculo pendiente ya no es solamente económico. Es político y cultural.
Laura Fernández ha denominado “Tercera República” al proceso político que pretende impulsar y ha hablado de transformaciones profundas.
Conviene tomar esas palabras en serio, aunque nuestra interpretación no tenga por qué coincidir con la del Gobierno.
Porque la pregunta relevante no es qué significa retóricamente “Tercera República”.
La pregunta es qué transformaciones materiales podrían terminar asociándose con ella.
Y aquí podemos formular una hipótesis provisional: podríamos estar frente al intento de culminar una transformación neoliberal mediante una nueva forma política: un Estado económicamente menos universalista, políticamente más ejecutivo y penalmente más fuerte.
Un Estado selectivamente fuerte
Nicos Poulantzas introdujo hacia el final de su obra la categoría de “estatismo autoritario” para describir transformaciones de las democracias capitalistas caracterizadas por el fortalecimiento del Ejecutivo, la pérdida de capacidad de determinadas mediaciones políticas y una creciente concentración de decisiones estatales.
No estamos afirmando que la Costa Rica actual corresponda mecánicamente a aquella categoría.
Las categorías sirven para pensar, no para sustituir la realidad.
Pero Poulantzas permite cuestionar una asociación particularmente engañosa: neoliberalismo no significa necesariamente Estado débil, puede significar Estado selectivamente fuerte.
Menos Estado para redistribuir.
Más Estado para disciplinar.
Menos universalidad social.
Más disciplina fiscal.
Menor capacidad colectiva de negociación.
Mayor capacidad administrativa.
Menos protección.
Más control.
Menos bienestar.
Más seguridad.
El aparente “Estado mínimo” puede convertirse entonces en un Estado extraordinariamente fuerte precisamente allí donde necesita garantizar orden.
Y aquí la seguridad adquiere una función política fundamental.
El miedo no necesita enemigos imaginarios
El crimen organizado existe.
Los homicidios existen.
El narcotráfico existe.
La inseguridad ciudadana existe.
Negarlo sería absurdo.
Precisamente porque la amenaza es real, no resulta necesario inventarla.
Lo políticamente relevante es cómo esa amenaza se interpreta, se jerarquiza y se convierte en argumento para determinadas soluciones.
La encuesta del CIEP ofrece una pista formidable.
Entre las acciones gubernamentales mencionadas positivamente, seguridad y lucha contra el crimen representan 24,3 % y sistema penitenciario 23,1 %. Juntas concentran 47,4 % de las menciones positivas.
El apoyo posee entonces un relato extraordinariamente sencillo: seguridad, cárcel, orden.
El descontento, en cambio, aparece fragmentado entre numerosas preocupaciones.
Aquí debemos proceder cuidadosamente.
No existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno esté produciendo deliberadamente una crisis de seguridad con el objetivo posterior de justificar medidas excepcionales.
Afirmarlo significaría sustituir investigación por sospecha.
Pero existe otra hipótesis más sólida.
Una crisis real puede convertirse en una estructura de oportunidad política para legitimar transformaciones que, fuera de esa crisis, resultarían mucho más difíciles de aceptar.
No hace falta conspiración. Hace falta oportunidad.
La pedagogía de la excepcionalidad
Si la inseguridad permanece como preocupación fundamental; si determinadas instituciones encargadas de combatirla son representadas como ineficientes; si jueces, fiscales, diputados o controles constitucionales comienzan a aparecer como obstáculos; si simultáneamente se fortalecen las políticas penitenciarias y entran en la discusión pública nuevas formas de cooperación internacional en seguridad, la frontera entre lo normal y lo excepcional comienza lentamente a desplazarse.
La propia presidenta ha declarado que determinadas operaciones terrestres estadounidenses podrían resultar beneficiosas frente al crimen transnacional, aunque también ha aclarado que no existe actualmente una operación concreta y que cualquier ingreso requeriría autorización legislativa.
Precisamente por eso el punto no consiste en anunciar tropas estadounidenses recorriendo mañana las calles costarricenses. Sería irresponsable. El fenómeno interesante es otro: algo que anteriormente habría parecido políticamente extraordinario ha ingresado en el campo de las posibilidades discutibles.
Y una sociedad comienza a transformarse mucho antes de que cambien sus leyes. Comienza a transformarse cuando cambia aquello que considera razonable.
“No nos dejan gobernar”
Otro dato del CIEP adquiere entonces una importancia enorme: El 75 % considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández. Entre quienes perciben obstáculos, las principales menciones recaen sobre la Asamblea Legislativa y sus diputaciones, con 35 %, y los partidos de oposición, con 33 %.
El conflicto institucional puede entonces dejar de funcionar como costo político. Puede convertirse en prueba de autenticidad. “Si todos se oponen al Gobierno, debe ser porque está tocando intereses”.
La universidad critica: forma parte del sistema.
El Poder Judicial protesta: defiende privilegios.
Los sindicatos se movilizan: protegen intereses particulares.
Los partidos se oponen: no dejan gobernar.
La evidencia contraria termina confirmando la narrativa.
Ernesto Laclau estudió precisamente cómo demandas heterogéneas pueden articularse mediante la construcción de una frontera política que separa “el pueblo” de aquellos representados como responsables de impedir la satisfacción de sus demandas.
Entonces el 64 % deja de ser únicamente un indicador de popularidad. Comienza a mostrarnos una posible reorganización del sentido común.
No existe una sola clase dominante
Llegados a este punto sería tentador preguntar quién está detrás de todo esto.
La pregunta puede conducirnos nuevamente a una simplificación.
No existe “la clase dominante” como un sujeto homogéneo reunido alrededor de una mesa.
Poulantzas insistió en comprender el Estado como condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase.
Capital financiero, exportador, comercial, inmobiliario, turístico, empresas transnacionales, sectores vinculados a zonas francas y empresariado nacional no poseen intereses perfectamente idénticos.
Algunas de esas fracciones pueden compartir objetivos como disciplina fiscal, apertura económica, reducción de determinadas cargas o flexibilización y simultáneamente rechazar inseguridad jurídica, enfrentamiento con los tribunales, imprevisibilidad administrativa o excesiva concentración personalista del poder.
Aquí aparece una contradicción importante: las élites tradicionales pueden rechazar las formas del chavismo mientras comparten partes importantes de su horizonte económico.
Eso permite comprender también por qué fuerzas políticas que participaron históricamente en transformaciones económicas de orientación semejante pueden enfrentarse hoy al Gobierno.
Quizá una parte de la disputa no enfrente neoliberalismo contra Estado social. Podría enfrentar: neoliberalismo institucionalizado frente a neoliberalismo plebiscitario y securitario.
El primero reforma negociando con las mediaciones existentes. El segundo puede comenzar a considerar esas mediaciones precisamente como el problema.
¿Terminar lo que comenzó en los ochenta?
Aquí nuestra hipótesis adquiere su forma más provocadora.
El chavismo podría no haber llegado para destruir el proceso iniciado durante los años ochenta.
Podría haber llegado convencido de que finalmente puede culminarlo, no porque exista necesariamente un plan maestro elaborado hace cuarenta años. Los procesos históricos no funcionan así.
Gobiernos cambian. Intereses cambian. Fracciones de clase compiten. Existen resistencias, retrocesos, improvisaciones y contingencias. Pero una dirección estructural puede sobrevivir a quienes inicialmente la impulsaron, y puede encontrar, décadas después, una forma política más adecuada para profundizarse.
En ese sentido, la “Tercera República” podría terminar significando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno. Podría expresar la tentativa de sustituir definitivamente el pacto social que, con todas sus contradicciones, estructuró la Costa Rica posterior a 1949.
La incómoda posición de la izquierda
Aquí el análisis debe dirigirse también hacia quienes nos ubicamos en la izquierda.
Defender la independencia judicial, las libertades públicas, la división de poderes, las universidades públicas y los controles constitucionales resulta indispensable. Pero defender la democracia liberal no obliga a convertirla en horizonte último de emancipación humana.
Podemos defender elecciones libres y preguntar simultáneamente cuánta democracia existe dentro de una empresa.
Podemos defender el Estado de derecho y preguntar qué libertad material posee quien debe aceptar condiciones laborales precarias para sobrevivir.
Podemos defender igualdad jurídica y preguntarnos qué igualdad política real existe cuando la riqueza se concentra extraordinariamente.
El problema aparece cuando la defensa democrática reúne al Frente Amplio con PLN, sectores provenientes del PAC y otras fuerzas sin que resulte suficientemente visible dónde termina la alianza táctica para defender instituciones y dónde comienza el proyecto alternativo de la izquierda.
Porque el chavismo obtiene entonces gratuitamente la imagen que necesita:
“ellos”: Partidos tradicionales, izquierda, sindicatos, universidades, instituciones y “privilegiados”.
Frente a: “nosotros”: El pueblo al que no dejan gobernar.
Cuando la izquierda conserva y la derecha promete transformar
Aquí aparece quizá la inversión política más inquietante de todas.
La izquierda defiende la CCSS.
Defiende las universidades.
Defiende derechos laborales.
Defiende convenciones colectivas.
Defiende pensiones.
Defiende instituciones públicas.
Y tiene razones históricas poderosas para hacerlo.
Pero defender conquistas no equivale todavía a construir futuro.
Mientras tanto, la derecha habla de: cambio, ruptura, transformación, refundación, Tercera República.
La paradoja resulta brutal: la izquierda corre el riesgo de convertirse en la fuerza conservadora de la Segunda República mientras la derecha se apropia del lenguaje revolucionario.
El Frente Amplio posee propuestas programáticas diferentes. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero un programa no constituye hegemonía.
Una alternativa contrahegemónica necesita organización social, presencia territorial, comunidades, sindicatos renovados, movimientos sociales, jóvenes, intelectuales orgánicos, producción cultural, pedagogía política y una imagen del futuro capaz de convertirse en deseo colectivo. No basta escribir la sociedad que queremos. Hay que conseguir que millones de personas quieran vivir en ella.
El vacío dejado por la izquierda
Y aquí Costa Rica deja de ser excepcional.
La reciente victoria de Alternative für Deutschland (AfD) en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde obtuvo cerca del 44 % de los votos, debería obligarnos a pensar.
No porque Costa Rica y Alemania sean sociedades equivalentes. No lo son. Sino porque determinadas fuerzas de extrema derecha parecen haber comprendido algo que buena parte de la izquierda perdió de vista: La política no consiste solamente en administrar intereses. También consiste en producir sentido.
Al trabajador precarizado le dicen: alguien te quitó aquello que merecías.
Al habitante de territorios abandonados: las élites se olvidaron de vos.
Al pequeño empresario: el Estado te asfixia.
Al ciudadano asustado: recuperaré el orden.
Y al conjunto:
“Vos no fracasaste. Te traicionaron”.
Podemos cuestionar esas respuestas, pero antes debemos comprender por qué encuentran receptores.
Cuando desapareció el otro futuro
La caída del llamado socialismo real entre 1989 y 1991 significó mucho más que una derrota geopolítica. Contribuyó a destruir un horizonte.
Durante buena parte del siglo XX, capitalismo y socialismo aparecieron —con todas sus variantes, horrores, conquistas y contradicciones— como futuros posibles.
Después de 1989 comenzó a consolidarse la idea de que el capitalismo no constituía una forma histórica de organizar la sociedad, sino prácticamente la única realidad imaginable.
China demuestra que las relaciones entre planificación, mercado, propiedad, tecnología y Estado pueden adoptar configuraciones distintas, aunque su trayectoria histórica sea singular y resulte imposible trasladarla mecánicamente a otras sociedades.
Cuba y Nicaragua obligan, desde experiencias completamente diferentes, a discutir también los límites de proyectos que se presentan como alternativas al capitalismo liberal. Ser socialista no debería exigir suspender nuestra capacidad crítica precisamente cuando analizamos experiencias realizadas en nombre del socialismo.
Mark Fisher denominó “realismo capitalista” a esa dificultad contemporánea para imaginar una organización social más allá del capitalismo.
Quizá allí resida una parte fundamental de nuestra crisis.
La izquierda no perdió solamente elecciones: Perdió, en buena medida, el monopolio sobre la idea de futuro.
Defender ya no alcanza
Durante demasiado tiempo las fuerzas progresistas han sido colocadas a la defensiva:
Defender la Caja.
Defender el FEES.
Defender salarios.
Defender pensiones.
Defender sindicatos.
Defender instituciones.
Defender la democracia.
Todo ello puede resultar indispensable.
Pero resistir solamente responde una pregunta: ¿qué no queremos perder? No responde la pregunta decisiva: ¿qué queremos construir?
Una izquierda transformadora no debería limitarse a defender condiciones laborales de quienes todavía conservan derechos. Debería universalizarlos.
No solamente defender buenas pensiones para quienes aún las tienen, sino garantizar una vejez digna para todos.
No solamente defender estabilidad en el empleo público, sino combatir la precarización laboral pública y privada.
No solamente defender las universidades estatales, sino convertir el acceso al conocimiento superior en un derecho material para las clases populares en todo el territorio.
No defender privilegios: Universalizar conquistas.
Ese pequeño desplazamiento cambia completamente la conversación: Convierte una reivindicación defensiva en proyecto político.
¿Qué viene después de la Segunda República?
Llegamos entonces a la pregunta que quizá debimos hacernos desde el principio.
La Segunda República fue una construcción histórica. No apareció naturalmente. Tampoco constituye el destino eterno de Costa Rica.
Construyó instituciones extraordinarias, amplió derechos y desarrolló mecanismos de integración social que marcaron profundamente nuestra historia. También produjo exclusiones, contradicciones y límites que no debemos romantizar. Pero el consenso que la sostuvo parece agotarse.
El chavismo ya ofrece una respuesta para aquello que debería venir después: La llama Tercera República.
Quienes no compartimos ese proyecto tendremos que hacer algo mucho más ambicioso que defender indefinidamente aquello que todavía sobrevive del anterior. Tendremos que imaginar nuestra propia respuesta.
¿Qué significaría una Costa Rica donde el aumento de productividad producido por inteligencia artificial y automatización se convierta en reducción del tiempo de trabajo y no en desempleo?
¿Por qué no discutir una jornada laboral de treinta horas?
¿Por qué no ampliar sustancialmente la propiedad cooperativa?
¿Por qué los trabajadores no deberían participar en las decisiones estratégicas de las empresas?
¿Por qué la vivienda debe funcionar fundamentalmente como mercancía?
¿Por qué los cuidados continúan siendo tratados como responsabilidad privada?
¿Por qué no pensar una banca pública deliberadamente orientada hacia una transformación productiva ecológica?
¿Por qué no discutir formas públicas y comunitarias de propiedad sobre determinadas infraestructuras tecnológicas y datos?
¿Por qué no construir una política de seguridad capaz de perseguir implacablemente al crimen organizado mientras combate simultáneamente desigualdad, exclusión educativa y abandono territorial?
¿Por qué la democracia debe detenerse en la puerta del lugar de trabajo?
Eso todavía no constituye un programa. Es algo anterior. Es recuperar el derecho a imaginar.
Recuperar el futuro
La crisis histórica de la izquierda no consiste solamente en perder elecciones. Consiste en haber perdido, durante demasiado tiempo, la capacidad de hacer deseable otra sociedad.
Mientras tanto, nuevas derechas han comprendido el vacío y están intentando ocuparlo.
Por eso nuestra tarea no puede reducirse a conservar aquello que todavía queda de la Segunda República.
Hay que volver a imaginar el futuro.
No sabemos todavía cómo llamar a esa nueva Costa Rica. Tampoco sabemos exactamente cómo construirla.
Pero una transformación auténticamente democrática, solidaria, socialista y ecológica tendrá que recuperar aquello que cuatro décadas de neoliberalismo consiguieron debilitar: la convicción de que los grandes problemas colectivos no se resuelven individualmente y de que una sociedad conserva el derecho democrático de decidir cómo organiza su economía, distribuye su riqueza, utiliza su tecnología y construye su vida en común.
Quizá una revolución del siglo XXI comience precisamente allí. No necesariamente tomando un palacio. Sino recuperando algo que parecía habernos sido arrebatado: la posibilidad de imaginar que las cosas pueden organizarse de otra manera.
Porque si nosotros no somos capaces de imaginar qué viene después de la Segunda República, otros ya lo están haciendo por nosotros. Y hasta le han puesto nombre:
Tercera República.
Referencias orientadoras
CIEP-UCR. (2026). Informe de resultados de la encuesta CIEP-UCR, septiembre de 2026. Universidad de Costa Rica.
Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.
Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
Hall, S. (2018). El largo camino de la renovación: el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lengua de Trapo.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI.
Hay momentos en los que el miedo deja de ser solamente una reacción frente a determinados acontecimientos y comienza a convertirse en una manera de interpretar la realidad.
Quizá Costa Rica esté atravesando uno de esos momentos.
Durante los últimos meses hemos escuchado hablar insistentemente de narcotráfico, sicariato, organizaciones criminales, amenazas, balaceras, inseguridad, Fuerza Élite, secreto de Estado y debilitamiento de las capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado. Ahora se ha incorporado un elemento particularmente sensible: la presidenta de la República ha considerado públicamente que eventuales operaciones terrestres estadounidenses contra el crimen transnacional podrían resultar beneficiosas para la seguridad nacional.
La afirmación merece atención. También merece serenidad.
Hasta donde se conoce públicamente, no existe una operación terrestre estadounidense anunciada para Costa Rica. Tampoco disponemos de evidencia que permita afirmar que una intervención extranjera sea inminente. La propia presidenta ha señalado que no existe actualmente un plan concreto y que una eventual presencia de tropas tendría que transitar por los procedimientos constitucionales correspondientes.
Pero algo importante sí ocurrió: la posibilidad fue introducida en la conversación política nacional desde la propia Presidencia de la República.
Eso es suficientemente relevante como para discutirlo. No necesitamos convertirlo en algo que todavía no es.
El miedo tiene razones
Sería irresponsable negar la gravedad del problema de seguridad que enfrenta Costa Rica.
El narcotráfico existe. El sicariato existe. Las disputas territoriales entre organizaciones criminales existen. Hay comunidades en las cuales las personas han modificado sus rutinas por temor a la violencia.
La propia presidenta ha recurrido a su experiencia cotidiana para describir esa realidad. Ha contado que las balaceras la despiertan durante la noche y ha explicado que las amenazas recibidas le impiden realizar actividades tan sencillas como salir tranquilamente a comprar pan.
Son imágenes comunicativamente poderosas.
La inseguridad deja entonces de expresarse mediante estadísticas, tasas de homicidios o distribución territorial del delito y adquiere un rostro cotidiano: si hasta la presidenta, protegida por los cuerpos de seguridad del Estado, no puede comprar pan tranquilamente, ¿qué puede esperar el ciudadano común?
La pregunta parece inevitable.
Pero precisamente allí debemos detenernos.
Una cosa es la violencia realmente existente. Otra, la percepción social de inseguridad. Y otra distinta, la construcción política del significado de esa inseguridad.
Las tres pueden coexistir y retroalimentarse sin ser exactamente lo mismo.
Reconocer esa diferencia no significa minimizar las víctimas ni negar la criminalidad. Significa impedir que el miedo sustituya al análisis.
La paradoja institucional
Hay además una cuestión difícil de ignorar.
Mientras el crimen organizado es presentado como una amenaza de enorme magnitud, hemos asistido a discusiones y reducciones presupuestarias que afectan precisamente a instituciones nacionales encargadas de investigarlo, perseguirlo y juzgarlo.
El Poder Judicial ha advertido sobre los efectos que determinadas reducciones pueden producir sobre las capacidades del OIJ y del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado.
La paradoja merece explicación.
Si la amenaza es tan grave, ¿por qué no ocupa un lugar igualmente urgente el fortalecimiento presupuestario, técnico y humano de las instituciones nacionales encargadas de combatirla?
No tenemos elementos para afirmar que exista una estrategia deliberada consistente en debilitar esas instituciones para justificar posteriormente soluciones extraordinarias o extranjeras.
No debemos afirmarlo.
Pero tampoco necesitamos demostrar semejante intención para formular una pregunta legítima sobre la coherencia de las políticas públicas.
Y esa pregunta resulta todavía más importante cuando, simultáneamente, empieza a presentarse como beneficiosa la posibilidad de operaciones terrestres extranjeras.
Cooperación e intervención no son sinónimos
Costa Rica necesita cooperación internacional.
El narcotráfico es un fenómeno transnacional. Combatirlo requiere intercambio de información, inteligencia, tecnología, cooperación policial y judicial y coordinación con otros Estados.
Confundir toda cooperación con una intervención militar sería tan equivocado como presentar cualquier presencia operativa extranjera simplemente como una forma más de cooperación.
Las palabras importan porque las diferencias también importan.
Una cosa es cooperación internacional.
Otra, asistencia policial.
Otra, coordinación operativa.
Y otra cualitativamente distinta son operaciones terrestres desarrolladas por fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Costa Rica, país sin ejército permanente desde hace décadas, debe discutir esa última posibilidad con particular cuidado. No desde un nacionalismo elemental ni desde un rechazo automático a Estados Unidos, sino desde nuestra historia institucional, nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestra concepción civil de la seguridad.
Cuando lo excepcional se vuelve imaginable
Quizá allí se encuentre uno de los cambios más importantes que estamos experimentando.
Las sociedades no cambian solamente cuando se aprueba una ley, se firma un decreto o ingresan tropas por una frontera.
También cambian cuando determinadas posibilidades dejan de parecernos extraordinarias.
Primero algo resulta impensable.
Después alguien lo menciona.
Luego provoca escándalo.
Más tarde se discute.
Finalmente puede incorporarse al repertorio normal de alternativas políticas.
No sabemos si Costa Rica recorrerá ese camino respecto de operaciones extranjeras. Precisamente porque no lo sabemos debemos evitar hablar como si ya hubiese ocurrido.
Pero sí podemos observar que algo anteriormente excepcional ha entrado en el campo de lo políticamente imaginable.
Y eso merece discusión democrática.
El problema del secreto
A este panorama se agrega la utilización del secreto de Estado respecto de determinadas materias vinculadas con seguridad e inteligencia.
También aquí necesitamos mesura.
Todo Estado requiere reservar determinada información. Ningún gobierno puede revelar anticipadamente tácticas policiales, fuentes de inteligencia, investigaciones en curso o detalles operativos cuya publicidad pueda beneficiar a organizaciones criminales.
El problema democrático no consiste, por tanto, en afirmar que todo secreto es ilegítimo.
La pregunta es otra:
¿cuánto secreto, sobre cuáles materias, durante cuánto tiempo y sometido a qué controles puede admitir una democracia?
Mientras mayor sea la excepcionalidad invocada para protegernos, mayor debería ser nuestra preocupación por conservar controles institucionales capaces de vigilar a quienes ejercen esas facultades.
Vigilancia democrática, sin embargo, no significa paranoia.
Preguntar no equivale a inventar una respuesta cuando todavía no la conocemos.
Denuncias que deben preocuparnos, pero también investigarse
En este clima han aparecido además denuncias de personas activistas y críticas del Gobierno que aseguran haber abandonado Costa Rica y solicitado protección internacional alegando amenazas o persecución política.
El asunto es suficientemente grave como para no trivializarlo.
Y precisamente por eso es suficientemente grave como para no convertir una denuncia en una conclusión antes de investigarla.
Hay que escuchar a quienes denuncian.
Documentar sus casos.
Conocer las amenazas.
Determinar su procedencia cuando sea posible.
Distinguir actuaciones de particulares de actuaciones estatales.
Exigir respuestas institucionales.
Y, si la evidencia permite establecer persecución política, denunciarla con toda contundencia.
Pero anticipar esa conclusión sin disponer todavía de pruebas suficientes puede terminar debilitando precisamente aquello que pretendemos denunciar.
La democracia necesita vigilancia. No necesita que sustituyamos los hechos que desconocemos por aquello que tememos que pueda estar ocurriendo.
Una pregunta incómoda para quienes criticamos
Y aquí quienes nos oponemos a determinadas decisiones gubernamentales deberíamos hacernos también una pregunta incómoda.
¿No estaremos contribuyendo nosotros mismos a propagar el miedo?
Las declaraciones presidenciales sobre eventuales operaciones estadounidenses han provocado preocupación comprensible. Muchas personas defensoras de los derechos humanos, de la soberanía y de nuestra tradición civilista han reaccionado denunciando los riesgos que podría representar una intervención extranjera.
La advertencia es necesaria.
Yo mismo me opongo firmemente a que la lucha contra el narcotráfico termine utilizándose para normalizar operaciones terrestres de fuerzas extranjeras en Costa Rica.
Pero advertir no es lo mismo que anunciar la catástrofe.
Cuando convertimos una posibilidad en certeza, un anuncio en un hecho consumado o una preocupación legítima en evidencia de que lo peor resulta inevitable, podemos terminar participando involuntariamente en la misma circulación social del miedo que cuestionamos.
Y entonces ocurre una paradoja.
Desde el Gobierno puede decirse:
la criminalidad es tan grave que necesitamos pensar en medidas extraordinarias.
Y desde la oposición podemos terminar respondiendo:
las medidas extraordinarias son tan graves que debemos vivir aterrados por lo que viene.
Los discursos son políticamente antagónicos.
Pero ambos pueden producir un mismo resultado emocional:
miedo, ansiedad e impotencia.
Cuando el miedo gana la discusión
El miedo posee una extraordinaria capacidad para reducir el espacio de las preguntas.
Frente a una amenaza presentada como extrema dejamos poco a poco de preguntarnos:
¿qué debemos hacer?
Y comenzamos a preguntarnos:
¿cuánto estamos dispuestos a permitir para que nos protejan?
Pero existe otro efecto menos visible.
Cuando desde posiciones críticas presentamos el deterioro democrático, la intervención extranjera o la excepcionalidad como acontecimientos prácticamente inevitables, también podemos producir otra pregunta:
¿para qué hacer algo si ya todo está perdido?
Ahí el miedo deja de movilizar.
Paraliza.
Satura.
Agota.
Produce la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas en algún lugar inaccesible y que al ciudadano solamente le corresponde esperar sus consecuencias.
Ese quizá sea uno de los mayores peligros del momento.
No solamente que tengamos miedo.
Sino que el miedo termine convenciéndonos de nuestra propia impotencia.
No regalemos el miedo
Quienes cuestionamos al poder no necesitamos competir con él para determinar quién describe el futuro más aterrador.
Podemos hacer algo mucho más difícil.
Advertir sin aterrorizar.
Denunciar aquello que podemos demostrar.
Investigar aquello que sospechamos.
Preguntar aquello que desconocemos.
Y reconocer expresamente la diferencia entre las tres cosas.
La posibilidad de operaciones terrestres extranjeras debe discutirse.
Los recortes que puedan afectar la capacidad del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial deben cuestionarse.
El alcance del secreto de Estado debe vigilarse.
Las denuncias de persecución deben investigarse.
La violencia debe combatirse.
Pero ninguna de esas tareas exige convencernos anticipadamente de que la democracia costarricense está condenada.
La esperanza también puede ser política
Tal vez aquí necesitamos recuperar una palabra que parece haber desaparecido de nuestra conversación pública:
esperanza.
No la esperanza ingenua de quien piensa que nada malo puede ocurrir porque «Costa Rica siempre ha sido diferente».
La historia no concede semejantes garantías.
Tampoco la esperanza como simple optimismo.
Hablo de otra cosa: la esperanza crítica que nace precisamente de reconocer que el futuro todavía no está decidido.
Una posibilidad no es un destino.
Una amenaza no es un acontecimiento consumado.
Una democracia bajo tensión no es necesariamente una democracia derrotada.
Todavía existen instituciones.
Todavía existen tribunales.
Todavía existe prensa crítica.
Todavía existen universidades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y personas dispuestas a cuestionar al poder.
Todavía podemos investigar.
Todavía podemos denunciar.
Todavía podemos recurrir.
Todavía podemos organizarnos.
Todavía podemos escribir.
Todavía podemos disentir.
Y precisamente porque todavía podemos hacerlo, debemos hacerlo.
La esperanza, entendida de esta manera, no es la antípoda ingenua del pensamiento crítico.
Es la antípoda política de la impotencia.
Septiembre bajo la sombra del miedo
Todo esto ocurre durante septiembre.
Banderas, faroles, himnos, independencia y soberanía forman parte durante estas semanas de nuestra liturgia cívica.
Quizá la coincidencia pueda servirnos para algo más que repetir ceremonias.
Soberanía no significa aislamiento.
Independencia no significa rechazo a la cooperación internacional.
Y defender nuestra tradición civilista no significa cerrar los ojos ante las nuevas dimensiones del crimen organizado.
Pero tampoco deberíamos celebrar la independencia mientras renunciamos a discutir serenamente qué significa ser soberanos frente al miedo.
Antes de preguntarnos si necesitamos fuerzas extranjeras operando en nuestro territorio, podemos preguntar qué necesitan nuestras propias instituciones.
Antes de aceptar que solamente medidas extraordinarias pueden protegernos, podemos exigir evidencia sobre la eficacia de las medidas existentes.
Antes de anunciar que la excepcionalidad es inevitable, podemos impedir que se vuelva normal.
Y antes de concluir que nada podemos hacer, podemos recordar que la democracia nunca consistió en tener garantías de que todo saldrá bien.
Consiste precisamente en conservar espacios colectivos para decidir qué hacemos cuando las cosas pueden salir mal.
Quizá esa sea una tarea apropiada para este mes patrio.
Mientras encendemos faroles para recordar una independencia conquistada hace más de dos siglos, convendría proteger otra forma menos visible de independencia:
la capacidad de una sociedad para pensar políticamente sin que el miedo piense por ella.
Y si el miedo pretende convencernos de que ya nada podemos hacer, quizá nuestra respuesta democrática más sencilla y más contundente sea:
Venimos de ALCOA, de la solidaridad con luchas obreras y campesinas, de la solidaridad con Chile, del Combo del ICE, del NO al TLC, del no al paquete fiscal, del grito por la paz y por la democracia.
Y hoy gritamos:
¡No al régimen autoritario!
El 24 de abril de 1970 no fue solo una fecha marcada en el calendario, fue la manifestación de una decisión de lucha en defensa de la soberanía de la Patria. Aquella gesta contra el contrato-ley ALCOA-Estado de Costa Rica no perteneció a ningún grupo político, sino a una fuerza colectiva de 81 organizaciones en un gran Pacto Patriótico.
En este entendimos que la Patria no se entrega y se firmó un manifiesto de convocatoria y lucha. Fue una jornada unitaria en defensa de la bauxita, del agua, de la ecología y de los pueblos originarios que serían desplazados frente a un contrato que pretendía hipotecar nuestra Soberanía Nacional y arrasar todo el Valle del General.
Esa memoria hoy respira a través de los testimonios de quienes entonces tenían entre 13 y 25 años. Es conmovedor recordar a miles de jóvenes que, desde su colegio religioso en San José, tras discutir sobre el proyecto ALCOA, decidieron unirse a las manifestaciones, venían de todo el país, de la provincia de Heredia y Alajuela y de colegios públicos de San José. En sus recuerdos podemos presenciar aquel desfile de miles de estudiantes que rompieron esquemas para sumarse a las marchas, luciendo con orgullo sus uniformes colegiales aquel glorioso 24 de abril. Eran estudiantes de secundaria, jóvenes adolescentes valientes llenos de convicción y patriotismo. Eran Universitarios, eran trabajadores.
Algunos fueron expulsados de sus instituciones por su beligerancia patriótica y hubo jóvenes trabajadores que caminaron con decenas de muchachos desde diferentes puntos del Valle Central hasta la Asamblea Legislativa, para unirse al clamor nacional y así recorrieron barrios y unieron jóvenes. Tenemos en la memoria igualmente a los dirigentes golpeados y encarcelados aquel 24 de abril.
Sus voces y las de miles que hoy confirman con orgullo: «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad civilista y de nuestras elevadas convicciones patrióticas.
Hoy esa memoria nos devuelve una imagen clara: si en 1970 el recurso por defender era el suelo, la bauxita y la soberanía, hoy nos toca defender las universidades y la educación pública. Nos toca defender la Caja Costarricense de Seguro Social y los ideales democráticos republicanos que un régimen autoritario pretende destruir, socavando con ello el Estado Social de Derecho.
El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el dictado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, representa una nueva forma de dominación y un quebranto a la cultura nacional que debilita nuestra soberanía intelectual, social y la autonomía universitaria. Desfinanciar la universidad pública resulta hoy tan dañino como lo hubiera sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente. Disminuir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, de la educación pública y de los programas sociales es una afrenta a Costa Rica, especialmente a las juventudes.
La historia nos enseña que el protagonismo de los estudiantes de secundaria y universitaria es vital. Aquellos jóvenes de 1970 luchamos por el país que heredarían; los estudiantes de hoy deben comprender que el FEES no es un privilegio de pocos, sino la garantía de que cualquier joven de zona rural o urbana tendrá una silla esperándolo en la educación superior.
La lucha por la educación pública, por la división de poderes y los ideales republicanos al igual que la lucha contra ALCOA, debe trascender ideologías. Es un punto de encuentro nacional, una defensa del ascenso social y un acto de profundo patriotismo.
Al igual que aquellos jóvenes de colegios católicos y públicos y las universidades que se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra los ideales republicanos no es un error de juventud, es, tal y como lo demostró la Generación del 70, la forma más alta de patriotismo.
A levantar los faroles y la TEA de Juan Santamaría.
Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.
Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.
Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.
Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!
Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.
Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.
7 de setiembre del 2026
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