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Etiqueta: Laura Fernández Delgado

Vagancia es decir —4 años después— que no les dio la gana presentar su «ruta de la educación»

JoseSo (José Solano-Saborío)

Este miércoles 11 de noviembre, desde Casa Presidencial, la presidenta Laura Fernández Delgado llamó «vagabundos» a miles de docentes y trabajadores de la educación que salieron a las calles. Les anunció rebajos salariales y tachó de «sanguijuelas» a los dirigentes gremiales, asegurando que marchan para reclamar «cosas que no existen».

Detengámonos un segundo en esa frase: cosas que no existen.

¿Qué llevó realmente al Magisterio Nacional a tomar San José? No fue un capricho ni vagancia. Es el asfixiante deterioro de la educación pública. El presupuesto educativo proyectado para 2027 cae a apenas el 4,9% del Producto Interno Bruto, muy lejos del 8% que ordena nuestra Constitución. Detrás de esa cifra hay escuelas cayéndose a pedazos, deudas salariales acumuladas, incertidumbre sobre las pensiones del Magisterio y aulas sin recursos básicos.

Cuando un docente marcha por dignidad presupuestaria y por el futuro de sus estudiantes, no está haciendo turismo político: está defendiendo el pilar que construyó a Costa Rica.

Y qué ironía hablar de «vagabundos»… mientras el país aún digiere los contrastes de su reciente gira de paseo presidencial por Europa. Mientras en el Vaticano y en la Cumbre Iberoamericana en Madrid se proyectaba la imagen de una Costa Rica próspera, de trabajo y paz, aquí adentro los números de la Contraloría General de la República cuentan otra historia.

El informe DFOE-FIP-IAD-00002-2026 reveló una debilidad alarmante en Tributación Directa: el Ministerio de Hacienda dejó de fiscalizar adecuadamente incumplimientos estimados en ₡1,8 billones en el impuesto sobre la renta entre 2023 y mediados de 2026. De casi 782.000 casos sospechosos de evasión o subdeclaración, Hacienda apenas revisó el 3%, y las revisiones cayeron de más de mil setecientas en 2023 a solo dos en 2025. ¡Dos! Ahí sí parece que hubo mucha pereza institucional para cobrarle a los grandes evasores, pero sobra mano dura para rebajarle el día al maestro que gana un salario honrado.

Y si hablamos de cómo se gestiona el dinero público, hagámonos una pregunta incómoda pero necesaria. Hace apenas unos días distintos medios informaron que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo —bajo un mecanismo de urgencia— un contrato por más de ₡6.300 millones para comprar 40 ambulancias a una empresa vinculada a financistas de la campaña oficialista, descartando ofertas nacionales millones de dólares más baratas.

Entonces, vale preguntar con toda claridad: saltarse los procesos ordinarios de contratación pública de ley para darle negocios millonarios a donantes de campaña… ¿será por «vagancia» de hacer una licitación transparente, o será otra cosa mucho más grave?

En democracia, el respeto empieza por casa. Descalificar con insultos a quienes sostienen las aulas no tapa los huecos fiscales ni borra los cuestionamientos éticos. A los docentes se les escucha con argumentos y presupuesto, nunca con desprecio.

Laura se viste con ropas ajenas

José Luis Amador

Muy lindos los discursos de la señora presidenta en Europa. Se ha vestido con las mejores ropas de la historia de Costa Rica, pero no le sienta bien ni le luce, porque son ropas ajenas. Son ropas tomadas de la historia de nuestro país, esa historia que su partido desconoce y contradice.

Habla de las energías limpias a pesar del intento por demoler el Instituto Costarricense de Electricidad que ha recibido el impacto de este y otros gobiernos que ya no creen en el proyecto valiente que lo echó a andar. Habla de una solidaridad social cuando ni los rubros sociales ni la gente han sido prioridad de este gobierno, sino que por el contrario los presupuestos sociales en salud, educación, pensiones y otros han sido asfixiados.

Habla de la defensa del ambiente, cuando sabemos que esta defensa se sostiene muy a pesar del ideario chavista. Habla de empleos dignos cuando sabemos lo que pasa con el agricultor, el ganadero y otros.

Esta Costa Rica que Laura Fernández Delgado está exhibiendo en Europa es la misma Costa Rica que han pretendido olvidar y que nos han dicho que no existe. Es la Costa Rica que han pretendido presentar como una fantasía y como una dictadura de 70 años. Claro que había que hacerle ajustes y correcciones urgentes, porque algunos ya la venían destruyendo. Pero no son Rodrigo Chaves ni Laura Fernández quienes están remozando la Costa Rica que nos heredaron los abuelos.

Se han puesto las ropas de nuestra Costa Rica excepcional y no les lucen ni les quedan bien porque son ropas usurpadas a la historia.

Se están vistiendo con ropas robadas a una Costa Rica en la que no creen.

RENASES pide a la presidenta Fernández Delgado ordenar el inicio del nuevo hospital de Cartago

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para pedirle que interceda y ordene el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago. La carta está firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de la Red, y fechada el 1 de noviembre en Cartago, en el marco de la celebración del 85.º aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según relata la misiva, ese domingo hubo una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para agradecer por los 85 años de la fundación de la CCSS. Luego, entre cimarrona y mascaradas, las personas asistentes recorrieron las calles de Cartago hasta la Plaza Mayor, donde las esperaban grupos folclóricos de personas adultas mayores, comparsas y bandas estudiantiles.

Después de los mensajes de representantes de personas trabajadoras de la CCSS, del sector agrícola, del movimiento sindical y de otras organizaciones civiles, se realizó una marcha pacífica hacia el Hospital Max Peralta. El objetivo era recordar la urgencia de que la población usuaria del sistema de salud pública cuente con un nuevo hospital, «con miras a asegurar el derecho humano a la salud».

RENASES se dirige a la mandataria como una compatriota que reside en la provincia y que «sabe de nuestras penurias cuando salimos a la asistencia hospitalaria». Expresa la esperanza de que ejerza las facultades de su investidura para ordenar el inicio de la obra, «más, cuando el banderazo inicial de la obra depende de la voluntad política». Según la organización, todos los componentes están en orden: el terreno, el financiamiento, los planos constructivos, la empresa constructora contratada y la consulta de legalidad de los actos requeridos.

La carta va acompañada de las firmas de personas que participaron en la celebración del aniversario de «la institución de todos los costarricenses, la Caja».

La Red se pone a disposición para recibir a una delegación o dialogar con la presidenta sobre el tema, por medio del correo-e renases.cr@gmail.com

Ante la instrumentalización política de la Biblia y de la fe en Costa Rica

Frente a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Virginia Fernández Delgado, quien afirmó que la Biblia es un libro para gobernar, y a las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, sobre la pertinencia de considerar las Sagradas Escrituras en el estudio de proyectos de ley y en la toma de decisiones de quienes ejercen funciones públicas, consideramos necesario reflexionar sobre las implicaciones de trasladar una fuente particular de autoridad religiosa al ámbito de las decisiones que vinculan jurídicamente a toda la ciudadanía.

La fe de un pueblo es su motor ético más profundo, no una herramienta de mercadeo electoral. En las últimas décadas, y de manera más evidente en los procesos electorales recientes, Costa Rica ha sido testigo de una tendencia creciente: la utilización de la fe como plataforma de conveniencia política, que transforma el dogma religioso en una estrategia de movilización, polarización, control y legitimación.

Por eso es importante recordar que la Biblia es una biblioteca de textos escritos en diversos momentos históricos, desde distintas experiencias comunitarias de fe, y en contextos sociales, políticos y religiosos diferentes. Sus interpretaciones han inspirado la defensa de la vida, la búsqueda de la liberación y la justicia, pero también han servido para justificar prácticas de dominación, exclusión y violencia. Esta pluralidad de voces y perspectivas hacen problemático convertirla en un código único y directamente aplicable a la legislación o al ejercicio del gobierno.

La alianza entre Biblia y gobierno es tan peligrosa que, la primera vez que alguien decidió gobernar en Centroamérica con la Biblia en la mano, decenas de miles de personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas por el ejército y cientos de miles tuvieron que huir. El gobernante se llamaba Efraín Ríos Montt, general del ejército y líder de la Iglesia del Verbo, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los períodos más intensos de violencia estatal del conflicto armado guatemalteco.

En otros países centroamericanos, como El Salvador y Nicaragua, las alusiones frecuentes a Dios en los discursos de quienes gobiernan tienen lugar mientras crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos (muertes en cárceles, limitaciones a la libertad de prensa, exilio de personas defensoras de derechos humanos).

La Constitución Política constituye el marco jurídico fundamental que organiza el ejercicio del poder público y reconoce los derechos y libertades de quienes habitan Costa Rica. La Biblia, en cambio, constituye una fuente religiosa y espiritual para las personas y comunidades que la reconocen como autoridad. Por lo tanto, este texto no puede convertirse en fundamento de decisiones políticas que afectarán a todas las personas. Tomar de la Biblia criterios para la legislación o para el ejercicio del poder político constituye una forma de violencia religiosa que desconoce las diversas culturas religiosas del país, así como la existencia de personas que no tienen la Biblia como texto de referencia.

Los tres poderes del Estado tienen en la Constitución Política el referente principal y obligatorio para su trabajo. En caso de conflicto entre la Constitución o la legislación y los dogmas religiosos, los funcionarios públicos deben dar prioridad siempre y sin excepción a la Constitución y la legislación costarricense. En Costa Rica hay iglesias, pero Costa Rica no es una iglesia.

Una lectura literalista y descontextualizada de los textos bíblicos puede llegar a legitimar prácticas incompatibles con los derechos humanos contemporáneos, como la esclavitud, distintas formas de violencia, la subordinación de las mujeres y de la niñez, la persecución y el exterminio de personas con otras espiritualidades. En la época en que se escribieron algunos textos bíblicos primaban otras leyes religioso-políticas que hoy han sido sustituidas por un sistema político democrático, que resguarda las garantías individuales y sociales, los derechos humanos y la paz social. En el caso de Costa Rica, ese sistema está plasmado en la Constitución Política.

Por otro lado, no es de recibo que se utilice la Biblia como un recurso retórico mientras se hacen recortes en salud, educación, seguridad y cultura que golpean principalmente a quienes tienen menos posibilidades. ¿Acaso esos recortes se inspiran en la Biblia? ¿Se inspiran en la Biblia los discursos violentos, altaneros, y deslegitimadores de quienes nos gobiernan?

La Biblia contiene numerosas expresiones de preocupación por las personas empobrecidas, extranjeras, viudas y huérfanas (Dt. 10:18; Sal 146:9). Sin embargo, el Estado costarricense no necesita recurrir a la Biblia ni siquiera para justificar el desarrollo de políticas sociales, ya que Costa Rica cuenta con una consistente tradición de respeto a la libertad de conciencia y de legislación en materia social.

Por lo anterior, hacemos un llamado:

A los líderes políticos: ejercer la función pública con base en la ética, la transparencia y la eficiencia técnica, y evitar el uso de los textos sagrados o de lecturas sesgadas de ellos, para evadir la rendición de cuentas o legitimar decisiones partidarias.

A las comunidades de fe y a las y los líderes religiosos: resguardar la santidad y la independencia de sus púlpitos, promoviendo el discernimiento libre de las y los creyentes y rechazando cualquier intento de coacción o endoso político institucional.

A la ciudadanía costarricense: mantener una postura crítica y evaluar los planes de gobierno, la trayectoria de los representantes políticos y el cumplimiento de la ley por encima de la retórica religiosa utilizada en los discursos.

La Palabra de Dios no es un escudo político; la fe no es una mercancía electoral.

La fortaleza de Costa Rica reside en su capacidad para convivir en paz, entre diversos grupos y comunidades religiosas, respetando tanto la libertad religiosa de sus ciudadanos como la neutralidad e integridad de sus instituciones democráticas.

Pronunciamiento
7 de octubre de 2026

Personas, organizaciones e instituciones firmantes

CECATS
Codehuca
Frente Macroecuménico del Partido Frente Amplio.
Adam Álvarez Calderón, director del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Álvaro Carvajal Villaplana, Acofi
Ana Carcedo Cabañas, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA
Ana Victoria Rodríguez Badilla, ciudadana independiente
Antonio Sandoval Poveda
Arq. Dinorah Bejarano
Carmen Brenes Sáenz, Partido Acción Ciudadana y Parlamento Cívico Ambiental
Elda Aurora Gutiérrez Gutiérrez
Eugenia Salazar
Giselle Zamora Arroyo
Isaac Montero Solera
Isela Loría Ulloa
Karen Mamani Torrez
Kattia Herrera Rivas
Leila Marcela Sánchez Cortés
Luisa López A.
Margarita Brenes coordinadora de Comunicación Política de la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social
Marta Arroyo Bonilla
Mary Paz Solano Vega
Natalia Solano Corrales
Sandra Araya Umaña, Alianza de Resistencia Independiente por la vida de las Mujeres
Sharo Rosales Arce
Silvia Bejarano
Silvia Porras Jiménez
Silvia Regina de Lima Silva

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Pronunciamiento_octubre-2026.pdf

El púlpito, el presupuesto y el miedo

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Termina con una pregunta sobre quién pretende gobernar nuestras conciencias.

Setiembre comenzó bajo la sombra del miedo. Escribí entonces sobre la excepcionalidad, las amenazas y el riesgo de que el temor se instalara en nuestras conciencias antes incluso de que ciertos hechos ocurrieran. El mes termina y el miedo sigue. Ahora se alimenta también de decisiones que desordenan la política exterior, recortan servicios sociales y acercan cada vez más el discurso religioso al ejercicio del poder.

El viernes 25, en la Asamblea Legislativa, la presidenta Laura Fernández Delgado participó en la celebración del Día de la Biblia. Allí afirmó que ese libro podía servir como manual para ser una buena presidenta. La frase merece atención. Quien gobierna puede tener sus creencias y expresarlas; otra cosa es presentar un texto religioso como guía para tomar decisiones en nombre de una sociedad plural. Cuando la fe entra al despacho presidencial, cabe preguntar quién decide qué significa esa guía y qué lugar les queda a quienes no la comparten.

No se trata de negar la libertad religiosa ni de expulsar a las personas creyentes de la política. Se trata de impedir que una interpretación religiosa particular se convierta en medida de ciudadanía, en fundamento de una ley o en criterio para reconocer derechos. Una democracia puede albergar muchas fes; no debería exigir ninguna para garantizar la igualdad.

En Costa Rica esa discusión tiene una dificultad adicional. El artículo 75 constitucional establece que la religión católica es la religión del Estado, aunque protege el libre ejercicio de otros cultos. Por eso hablar de una política laica no es describir una realidad ya alcanzada: es plantear una tarea democrática pendiente. La laicidad significa que las decisiones públicas deben justificarse ante toda la ciudadanía mediante razones, derechos y responsabilidades comunes, no mediante la autoridad de una iglesia o de una doctrina.

Lo ocurrido en la campaña electoral muestra que la preocupación no es abstracta. Laura Fernández firmó una alianza política estratégica con el Foro Mi País, que presentó compromisos como eliminar la llamada “ideología de género” de las aulas. El Tribunal Supremo de Elecciones ordenó cautelarmente detener mensajes que llamaran a votar utilizando razones o símbolos religiosos y la difusión de un folleto que pedía a los cristianos evangélicos votar por Pueblo Soberano. La intervención del Tribunal deja una señal institucional clara: la frontera entre convicción religiosa y movilización electoral no puede borrarse a conveniencia.

La influencia de estos movimientos tampoco se limita a Costa Rica. Un análisis regional de El País describe cómo grupos evangélicos han ganado espacio en gobiernos y movimientos políticos de Centroamérica y los vincula con dinámicas presentes también en Estados Unidos y Brasil. Pew Research Center, a partir de encuestas realizadas en seis países latinoamericanos, encontró que alrededor de dos tercios de las personas consultadas en Brasil, Colombia y Perú consideran importante que su presidente defienda a quienes comparten sus creencias religiosas. En esos tres países, mayorías similares también creen que la Biblia debería influir en las leyes. Son datos de esos países, no una descripción uniforme de todo el continente; sí muestran que la relación entre identidad religiosa y poder político es un fenómeno regional que merece atención.

El fundamentalismo político aparece cuando un sector pretende que sus convicciones sean la norma moral obligatoria para toda la sociedad. No hace falta que se prohíban las elecciones ni que se cierre el Congreso para que el pluralismo se estreche. Basta con clasificar unas posiciones como virtuosas y otras como una amenaza; basta con afirmar que ciertos derechos son una imposición ideológica, mientras la propia doctrina se presenta como verdad natural, familiar o divina.

En esa lógica también encaja la cruzada presidencial contra la llamada “ideología de género”. La presidenta ha dicho que el tema era “agua pasada” y luego reafirmó la oposición de su Gobierno a su presencia en las escuelas. Al mismo tiempo, personas homosexuales ocupan puestos dentro del aparato gubernamental. La contradicción no está en sus identidades: está en un poder que incorpora a algunas personas mientras desacredita las demandas colectivas de igualdad, reconocimiento y educación inclusiva. La diversidad parece aceptable como presencia individual, pero se vuelve sospechosa cuando reclama derechos.

El discurso religioso también debe confrontarse con la política social. La mayoría oficialista aprobó recortar ₡40.000 millones a CEN-CINAI y ₡30.000 millones al BANHVI, trasladando principalmente esos recursos al Régimen No Contributivo de Pensiones. Las personas adultas mayores que reciben esas pensiones también necesitan protección. Precisamente por eso no deberíamos aceptar que el Estado enfrente unas urgencias contra otras: niñez, vivienda popular y vejez no tendrían que disputarse una bolsa insuficiente. Después del recorte se reportaron órdenes de transporte suspendidas y cambios temporales de horario en algunos CEN-CINAI. Las autoridades discutieron el alcance de las afectaciones, pero el problema dejó de ser hipotético cuando el acceso a servicios concretos quedó comprometido.

En la misma modificación presupuestaria se habilitó un traslado de ₡70 millones para comunicación de Casa Presidencial. No es que esos recursos salieran directamente de CEN-CINAI o del BANHVI. Pero, en medio de una discusión sobre austeridad y necesidades sociales, la pregunta sobre las prioridades del Gobierno resulta inevitable: ¿qué encuentra financiamiento y qué se deja expuesto al recorte?

La política exterior completó el cuadro. La presidenta viajó a Colombia y no asistió a la Asamblea General de la ONU. Días después destituyó al canciller Manuel Tovar, quien estaba en Nueva York y tenía prevista la intervención de Costa Rica. La Presidencia alegó que no le había comunicado una invitación a una reunión del “Escudo de las Américas”. La crisis terminó trastocando la representación costarricense en una semana diplomática importante. No es una simple diferencia de agenda: es una señal de improvisación y de concentración de las decisiones en la voluntad presidencial.

También merece escrutinio el nombramiento de Boris Marchegiani como representante ante la ONU. La prensa reportó que él mismo reconoció no tener experiencia diplomática y recordó su participación en el financiamiento de vallas que exigían la renuncia de jerarcas públicos y sus vínculos políticos con el oficialismo. El Gobierno defendió su idoneidad. La pregunta sigue en pie: si existen diplomáticos de carrera, ¿qué criterio explica que un aliado político sin trayectoria diplomática ocupe una representación de tanta importancia? Los puestos públicos no deberían funcionar como recompensa por la cercanía con quienes gobiernan.

Así termina setiembre: la Biblia en el atril, la austeridad sobre servicios sociales, los nombramientos bajo sospecha y una disputa política que presenta la diversidad como amenaza mientras admite selectivamente a algunas personas diversas dentro del poder. El miedo no surge de una sola noticia. Crece cuando se vuelve difícil reconocer un principio común que explique las decisiones del Gobierno y cuando una doctrina religiosa parece ganar autoridad sobre los derechos de quienes no la comparten.

Defender una política laica no significa exigir que las personas creyentes callen. Significa que ninguna iglesia, ningún pastor y ninguna interpretación religiosa gobiernen por encima de la ciudadanía plural. Las leyes deben proteger a creyentes y no creyentes por igual; deben responder a necesidades comprobables y garantizar derechos, no imponer una fe.

Setiembre se acaba. El miedo permanece, pero no tenemos que resignarnos a que el púlpito dicte la ley ni a que la incertidumbre sustituya al debate democrático. También podemos tomar distancia del ruido para cuidar el juicio crítico y recuperar fuerzas.

Costa Rica en el contexto de las relaciones internacionales debe tener dignidad, no debe bajar la testuz gubernativa

Vladimir de la Cruz

Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.

En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.

A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.

Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.

Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.

Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.

En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.

Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.

El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.

La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.

Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.

De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.

Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.

Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.

Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.

En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.

Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.

Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.

Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.

De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.

Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.

Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.

El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.

Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.

Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?

¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?

¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?

Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.

Costarricenses otorgan calificación de 6,98 a la presidenta Laura Fernández

  • Seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, así lo manifiestan cuatro de cada 10 ciudadanos.

  • Mayoría del 86,5% manifiesta algún grado de aceptación de los movimientos sociales de las últimas semanas.

UNA Comunica. Transcurridos más de cuatro meses de la gestión de la presidenta Laura Fernández, los ciudadanos le otorgan una calificación de 6.98 de 10, de acuerdo con el informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, presentado esta mañana por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La nota es mayor al 6.70 que obtuvo en marzo el expresidente Rodrigo Chaves, al cierre de su gobierno. No obstante, es un inicio de administración con una nota inferior a la obtenida en setiembre de 2022 (hace cuatro años) por el propio Chaves: un 7.65.

“Aunque la medición de agosto de 2026 constituye el primer dato disponible para Laura Fernández Delgado, la comparación con la administración anterior adquiere relevancia debido al énfasis que tuvo la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves durante su campaña. De hecho, su propuesta electoral fue presentada como un proyecto de continuidad y esta orientación también se reflejó en la conformación de su gabinete”, indica el estudio.

La mandataria es la mejor evaluada en este informe. Le siguen el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, con un 6.63; luego Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, con un 6.55 y Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz con 6.54. De la lista de consultados, el que aparece con la nota más baja es Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia con un 6.23.

A pesar de ubicarse en tercer lugar, un 30.7% de la población no conoce la labor de la ministra Bogantes. Un 14.7% desconoce el trabajo del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, y un 13.9% tampoco reconoce la gestión de José Leonardo Sánchez, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Sobre el desempeño del gobierno en distintas áreas, la que obtiene mayor puntaje es la de “protección a la naturaleza” con un 6.43. Le siguen “economía” con un 6.32, “educación” con 6.23 e “infraestructura vial” con 6.18. En la parte de abajo de la lista aparecen “salud” con 5.73, “seguridad ciudadana” con 5.46 y “combate a la pobreza” con 5.25.

Para el Idespo-UNA, en general, la valoración del desempeño gubernamental es moderada. “Cinco de las nueve áreas evaluadas obtienen calificaciones superiores a 6, pero ninguna alcanza 6.5”, concluye el informe.

De hecho, la seguridad ciudadana se mantiene como el principal problema que afecta al país. Así piensan cuatro de cada 10 personas. Muy por debajo aparecen ‘institucionalidad y gobernabilidad’ (11,4%), ‘narcotráfico’ (11,2%) y ‘desempleo’ (10,8%)».

Las preocupaciones en torno a la seguridad ciudadana hacen que el 52.6% de la población la califique como “mala/muy mala”, frente a un 31% que la ubica como “buena/muy buena”. Otro 16.3% la ve “regular”.

Aunque no es el principal problema nacional identificado, para un 40.4% de los encuestados la situación económica del país es “mala/muy mala”. Este porcentaje supera al 35.5% que la percibe como “buena/muy buena”. El 24% restante la ve “regular”.

Las opiniones están más divididas si se compara el estado de la economía con respecto a un año atrás. Un 34.6% la ve “mejor/mucho mejor”, un 32.4% la percibe “peor/mucho peor” y para un 31.6% está “igual”.

Percepciones de coyuntura

El Idespo-UNA consultó a los costarricenses su percepción acerca de algunos temas que han dominado la agenda mediática en los meses anteriores. De todos, el que muestra mayor polarización es el de las críticas realizadas por la presidenta al Poder Judicial. Un 50.4% está de acuerdo.

El respaldo baja a un 47.2% si se trata de valorar la forma en que la presidenta se expresa de otros poderes de la República o instituciones públicas. Incluso desciende a un 46.8% cuando las críticas las hace específicamente al Poder Legislativo.

En proyectos y temas puntuales, ninguna logra una aceptación mayoritaria. El proyecto de ley de armonización eléctrica es avalado por un 49.5% de la población, seguido de la minería a cielo abierto en Crucitas (36.1%), la venta de activos del Estado (32.1%) y el manejo de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (23%).

En esta encuesta se incluyeron aspectos puntuales de la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, un 48.3% está de acuerdo en la decisión de la Sala Constitucional de mantener temporalmente a las magistraturas suplentes en sus cargos. El apoyo decae a un 42.3% si se trata de valorar la reducción presupuestaria al Poder Judicial por parte del gobierno.

Solo un 41.5% estuvo a favor de la querella presentada por el gobierno contra cuatro magistrados constitucionales a raíz del fallo sobre los nombramientos. Y baja a un 36.4% al calificar la forma en que el Poder Ejecutivo ha manejado el conflicto con la Sala Constitucional.

“Esto evidencia que el respaldo disminuye cuando la confrontación discursiva se traduce en una acción de mayor escalamiento institucional, como la presentación de una denuncia penal. En consecuencia, aunque una parte considerable de la población respalda el discurso crítico de la presidenta, este apoyo no es uniforme y solamente alcanza la mayoría absoluta en el caso de las críticas al Poder Judicial”, enfatiza el informe.

Por otra parte, el Idespo-UNA abordó las percepciones acerca de las manifestaciones y movimientos sociales que se han realizado en los últimos meses. Una mayoría del 86.5% está “muy de acuerdo y algo de acuerdo” en este tipo de prácticas cuando se trata de la defensa de derechos. Solo un 10.1% manifestó estar “algo en desacuerdo o muy en desacuerdo”.

Sin embargo, un 48.7% considera como “poca” la influencia que puedan tener estas manifestaciones sobre decisiones del gobierno. Por el contrario, un 36.5% afirma que es “mucha”.

De acuerdo con una tipología planteada por los investigadores, nueve de cada 10 personas consideran aceptable la manifestación pública, aunque difieren en distintos niveles sobre la capacidad de influencia que se le atribuye.

En línea con lo anterior, la encuesta también ahondó si de manera personal los ciudadanos expresan lo que piensan acerca de temas políticos. La mitad (50.4%) no siempre lo hacen, mientras que un 34.8% sí lo manifiesta. El 13.8% mencionó que “algunas veces”. Pero, para la mayoría (53.1%), expresar públicamente sus opiniones podría generarle consecuencias negativas.

En cuanto a la valoración ciudadana sobre la confianza que tienen hacia diversas instituciones, las mejor posicionadas son las universidades públicas (7.33), las empresas privadas (7.16), el Tribunal Supremo de Elecciones (6.72) y la Caja Costarricense de Seguro Social (6.39). En la parte de abajo de la lista sobresalen las iglesias protestantes evangélicas (5.28), los sindicatos (4.98) y los partidos políticos (4.69).

La recolección de datos de la encuesta se realizó del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto. En total se realizaron 746 entrevistas completas, con un error de muestreo de 3,6 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Nota: Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/informe_encuesta_percepcion_labor_del_gobierno_agosto_2026.pdf

Entre la percepción y los resultados

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

  • Las paradojas de la continuidad del poder

  • Contradicciones en el seno de la institucionalidad

Hay una paradoja en la Costa Rica política de estos días que merece algo más que una reacción coyuntural.

El gobierno de Laura Fernández llega a sus primeros cien días con una opinión pública considerable. Según la encuesta de setiembre de 2026 del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el 64% de las personas consultadas valora positivamente la gestión presidencial y el 69% manifiesta respaldar al gobierno. (CIEP UCR)

No se trata de una anomalía aislada. Rodrigo Chaves terminó su mandato con una valoración positiva también del 64%, y la actual administración conserva buena parte del apoyo que acompañó al gobierno anterior. Incluso la simpatía por el Partido Pueblo Soberano pasó, según el CIEP, de 3,9% a 20,7% entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026. (CIEP UCR)

Sin embargo, cuando se observan algunos indicadores estructurales de la situación política, del Estado social, de las finanzas públicas, de la educación, de la seguridad y de la protección ambiental, aparece un panorama bastante más complejo, plagado de contradicciones.

Estas contradicciones constituyen el punto de partida de estas reflexiones.

No se trata de afirmar que todos los indicadores económicos y sociales hayan empeorado durante los últimos cuatro años. No es así. Tampoco se trata de negar que Costa Rica haya obtenido avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica. La cuestión es otra: ¿qué ocurre cuando una parte importante de las personas encuestadas, reflejo del estado de la opinión pública, evalúa favorablemente a un gobierno mientras algunos de los indicadores que determinan las condiciones materiales de vida y la capacidad futura del Estado muestran tensiones importantes?

La respuesta puede encontrarse, al menos parcialmente, en la transformación de la relación entre ciudadanía, liderazgo y resultados de gobierno.

Debo advertir, que una cosa es una encuesta de opinión y otra distinta es un apoyo ciudadano. Inclusive el apoyo de la ciudadanía a un gobierno se refleja solo parcialmente en la elección presidencial. Suficiente, eso sí para que las nuevas autoridades cuenten con legitimidad de origen, Empero, el apoyo de la ciudadanía a un gobierno, lo que hemos denominado gobernabilidad, requiere algo mucho más sólido: requiere adhesión o apoyo mediante organización de la ciudadanía, capacidad de esta en la toma de decisiones. En las manifestaciones recientes, el gobierno hace alarde de movilización de ciudadanos, cuando lo que en realidad hubo fue acarreo de personas, mediante buses desde lugares distantes a la ciudad de Cartago. Además, estas personas recibieron estímulo bajo la oferta de almuerzos e inclusive dinero. Por otro lado, la policía restringió la movilización de ciudadanos de la misma provincia o de la ciudad de Cartago; en otros casos, a los que fueron identificados como fuerzas opositoras al gobierno, se les exigió la presentación de la cédula de identidad (solo en estos casos), o fueron retiradas algunas personas del parque donde se celebraban los actos oficiales.

I. La salud fiscal: entre la consolidación y sus límites

Conviene comenzar por las finanzas públicas porque constituyen uno de los principales argumentos con los que el gobierno de Rodrigo Chaves defendió su gestión.

Aquí es necesario introducir una distinción.

Costa Rica sí experimentó una mejoría importante en algunos indicadores fiscales. El Gobierno Central consiguió superávits primarios durante varios años. En 2024, por ejemplo, registró un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB. Pero al mismo tiempo el déficit financiero alcanzó 3,8% del PIB, debido principalmente al peso de los intereses y a la desaceleración de los ingresos tributarios. (Hacienda)

La deuda tampoco permite sostener, sin matices, la tesis de que simplemente aumentó durante todo el período. Según Hacienda, la deuda del Gobierno Central equivalía al 63% del PIB en 2022, bajó a 61,1% en 2023 y 59,8% en 2024. En 2025 volvió preliminarmente a 60,4%. (Hacienda)

Pero existe otra cara del problema que resulta políticamente decisiva: el costo de servir esa deuda.

A junio de 2025 se habían pagado ₡1,116 billones en intereses. Ese monto equivalía al 29,5% de los ingresos recaudados hasta entonces. Los intereses representaban además 2,2% del PIB. (Hacienda)

Es decir, la discusión fiscal no puede reducirse a si la deuda como porcentaje del PIB subió o bajó. La pregunta relevante es también cuánto espacio presupuestario queda disponible para atender educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, protección ambiental y políticas sociales después de pagar la deuda.

El proyecto de presupuesto para 2027 resulta revelador: aproximadamente 40% del presupuesto corresponde al servicio de la deuda y cerca de 37,7% de los gastos tendría que financiarse mediante nueva deuda. (El Financiero)

Por otra parte, es notoria la intencionalidad, tanto del presente gobierno como del anterior, en eso sí hay continuidad, de estrechar seriamente los recursos del Poder Judicial, de las Universidades públicas, y como hemos dicho, el presupuesto destinado a políticas sociales.

Es decir, si el presupuesto presentado por el gobierno es un reflejo de la decisión de un gobierno, es fácil deducir su intención de controlar al Poder Judicial en una clara intención de ejercer sobre este un estricto control y perjudicar su ejercicio presupuestario.

De modo que sería más preciso hablar de consolidación fiscal con un margen social y presupuestario estrecho, no de una salud fiscal.

II. Educación: la distancia entre el mandato constitucional y la realidad presupuestaria

La educación constituye probablemente uno de los indicadores más claros de la tensión entre el discurso de desarrollo y las prioridades presupuestarias.

El proyecto de presupuesto para 2027 asigna al Ministerio de Educación Pública ¢2,752 billones, equivalentes al 4,9% del PIB. La cifra está muy lejos del 8% establecido constitucionalmente como referencia para la educación. Además, representa una reducción de 0,7% respecto del presupuesto vigente de 2026. (La Nación)

Aparte de que es evidente que Costa Rica no llega al 8%, en clara violación de la Constitución, el punto de fondo es qué significa esta distancia para la capacidad del país de enfrentar sus problemas de desigualdad, movilidad social, productividad y ciudadanía democrática.

La educación no es solamente una partida presupuestaria.

Es uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad reproduce —o rompe— las desigualdades existentes.

Por eso, una política de contención fiscal que reduzca el espacio de la educación puede producir un efecto devastador para la institucionalidad democrática: mejorar determinados indicadores financieros en el corto plazo mientras deteriora capacidades sociales cuyo costo aparece muchos años después.

III. La política social y el problema de las prioridades

Algo semejante ocurre con el conjunto de las políticas sociales.

El presupuesto es, en último término, una expresión material de las prioridades de un gobierno. Allí donde se asignan recursos existe una decisión política; donde se restringen, también.

El proyecto presupuestario de 2027 plantea una reducción global del gasto, y de manera muy significativa del gasto social respecto del presupuesto vigente, mientras el servicio de la deuda absorbe aproximadamente dos quintas partes de los recursos. El gobierno alega que, el margen de maniobra es extremadamente reducido: Hacienda estima que alrededor del 93% del presupuesto está comprometido por obligaciones legales o constitucionales. (El Financiero). Pero, lo que sí resalta es que el presupuesto presentado privilegia la inversión tanto para el Ministerio de Hacienda, cuanto para el de la Presidencia, ambos bajo el mando de Rodrigo Chaves.

Aquí aparece la pregunta política importante: ¿qué Estado se está construyendo con los recursos que sí pueden ser priorizados?

Y esa pregunta conduce directamente a resaltar nuevamente las restricciones presupuestarias a la vivienda, la seguridad, la salud, la niñez, las personas mayores, la atención de poblaciones vulnerables, las mujeres y por supuesto, las oportunidades educativas.

El deterioro de un Estado social no necesariamente comienza con su eliminación formal. Puede comenzar con su pérdida gradual de capacidad. Y esto es justo lo que viene ocurriendo desde el gobierno anterior.

IV. El costo de vida: la experiencia cotidiana frente a las cifras macroeconómicas

Aquí aparece otra posible explicación de las graves contradicciones entre el autoritarismo gubernamental y la institucionalidad democrática.

El INEC registró para 2025 una variación interanual del IPC de -1,23%. Esto significa que, en términos agregados, el nivel general de precios disminuyó respecto de diciembre de 2024. (INEC)

Pero esa cifra no significa que todos los bienes hayan bajado de precio ni que las familias hayan recuperado automáticamente su capacidad adquisitiva.

En diciembre de 2025, el propio INEC registraba que 47% de los bienes y servicios considerados en el índice habían aumentado de precio, mientras 35% habían disminuido. (INEC)

La experiencia de inflación, por tanto, no es homogénea.

Y aquí resulta particularmente interesante la encuesta del CIEP. La ciudadanía puede valorar positivamente una gestión porque percibe estabilidad económica, aun cuando enfrente dificultades concretas en determinados productos y servicios.

La política se construye también con percepciones.

V. Seguridad: una demanda que reorganiza las prioridades ciudadanas

La seguridad constituye quizá el ejemplo más importante.

Costa Rica ha experimentado durante estos años una crisis de homicidios y violencia criminal que modificó la agenda pública. El propio CIEP señaló en 2025 que la inseguridad y la delincuencia se mantenían como la principal preocupación de la población. (Gestión Web UCR)

Pero la encuesta de setiembre de 2026 permite observar algo aún más preocupante.

Entre las personas que identificaron alguna acción del nuevo gobierno que les había gustado, las categorías relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen y con el sistema penitenciario concentraron conjuntamente 47,4% de las menciones. (CIEP UCR)

Una ciudadanía que percibe que su problema más urgente es la inseguridad puede valorar especialmente un gobierno que coloca ese asunto en el centro de su discurso incluso cuando existen controversias o dificultades en este y otros campos.

La evaluación ciudadana, entonces, no necesariamente constituye una auditoría integral del Estado. Puede ser una respuesta a aquello que cada persona considera más urgente.

VI. Ambiente: una contradicción particularmente delicada

En materia ambiental aparecen asimismo señales que requieren una discusión más profunda.

El caso Gandoca-Manzanillo continúa siendo objeto de una investigación penal. En abril de 2026, la Fiscalía Ambiental consiguió medidas cautelares destinadas a suspender determinados aprovechamientos forestales, trámites administrativos y permisos relacionados con las propiedades investigadas. El Ministerio Público indicó que la causa involucra a un particular, tres funcionarios del SINAC y un regente forestal, y que se investiga cómo determinadas gestiones habrían permitido autorizar aprovechamientos en terrenos cuya condición ambiental impedía legalmente determinadas actuaciones. El propio ministro del ambiente se vio involucrado en las investigaciones sobre abusos y negligencia gubernamental. (Ministerio Público)

El episodio revela un problema institucional de fondo: la protección ambiental depende no solamente de buenas leyes, sino de la capacidad efectiva del Estado para hacerlas cumplir.

Algo parecido ocurre con la discusión sobre Crucitas. Más que reducir el debate a una dicotomía entre minería y ambiente, Costa Rica debería preguntarse si se está rompiendo el consenso que existía alrededor de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y en la preservación del medio ambiente.

El país obtuvo reconocimiento internacional precisamente por haber convertido la protección de los ecosistemas en un componente de su política pública. Si esa orientación pierde fuerza, el costo puede no aparecer inmediatamente en el PIB, pero sí en agua, biodiversidad, territorio, turismo, agricultura y calidad de vida.

VII. ¿Por qué entonces persiste el respaldo?

Llegamos así a uno de los problemas centrales. Una primera explicación sería el personalismo político.

El CIEP ofrece un dato extraordinariamente significativo: 64,4% de las personas entrevistadas considera que Rodrigo Chaves tiene mucha influencia en las principales decisiones del gobierno de Laura Fernández. El mismo estudio encuentra un fuerte componente personalista en la transferencia de popularidad hacia la nueva administración. (CIEP UCR)

Esto significa que una parte del respaldo no puede analizarse exclusivamente como una evaluación técnica de las políticas públicas. Existe una relación emocional y política entre liderazgo y ciudadanía.

Chaves construyó una identidad política que tiene un componente de autoritarismo, pero también se presentó como ruptura con las élites tradicionales, con los partidos históricos y con determinados actores institucionales. Esa identidad parece haber sobrevivido al cambio de gobierno.

Laura Fernández aparece así, en buena medida, como continuidad política de una identidad previamente constituida.

El dato del CIEP es particularmente ilustrativo: aunque 69% respalda al gobierno actual, aun cuando, la mayoría de la población no se identifica exclusivamente ni con el chavismo ni con el antichavismo. (CIEP UCR)

Esto sugiere que el fenómeno no puede explicarse simplemente como una sociedad dividida en dos bloques ideológicos. Hay una zona mucho mayor y más compleja: ciudadanos que adhieren a gobiernos de acuerdo con experiencias personales y confianza en determinados liderazgos.

VIII. La política de la percepción

Hay aquí una cuestión que conecta directamente con los análisis que he venido desarrollando en artículos anteriores sobre poder, legitimidad, gobernanza, ciudadanía y lenguaje político. Una democracia no funciona solamente mediante resultados objetivos. Funciona también mediante la interpretación sesgada o no, de determinados sectores de la sociedad esos resultados.

La ciudadanía no recibe una tabla de indicadores fiscales cada noche antes de decidir si confía o no en un gobierno. Recibe relatos, recibe discursos. recibe imágenes, recibe la influencia de un gobierno sobre quién tiene la culpa de sus problemas.

De ahí que una política pueda ser evaluada favorablemente, aunque determinados indicadores objetivos presenten problemas. No necesariamente porque la ciudadanía sea indiferente a esos problemas, sino porque puede interpretar que estos son heredados, inevitables, o porque carece de la perspectiva política necesaria para percatarse de la magnitud de algunos problemas que nacen apenas, como la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial.

El CIEP aporta otro dato significativo: 75% de las personas entrevistadas considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández; entre quienes así opinan, las principales menciones recaen en la Asamblea Legislativa y los partidos de oposición. (CIEP UCR) Esta percepción es políticamente importante.

Cuando el gobierno consigue presentar los problemas no como resultado de sus propias decisiones sino como consecuencia de obstáculos externos, puede preservar parte de su legitimidad aun cuando los resultados sean discutibles. No afirmo que esa explicación sea siempre verdadera; afirmo que constituye un mecanismo político relevante para comprender la formación de las percepciones de un sector de la opinión pública.

IX. La paradoja democrática

Llegamos entonces a una conclusión que, a mi juicio, es más fecunda que afirmar simplemente que existe una contradicción entre los datos y las encuestas.

No existe necesariamente una contradicción entre una ciudadanía satisfecha y un Estado que presenta problemas.

Una persona puede considerar que un gobierno está haciendo un buen trabajo porque percibe que escucha sus preocupaciones, confronta a quienes considera responsables de los problemas nacionales o representa una ruptura con una clase política en la que dejó de confiar. Mientras tanto, otro observador puede examinar deuda, intereses, educación, salud, vivienda, protección ambiental o capacidad institucional y llegar a conclusiones diferentes. Ambos fenómenos pueden coexistir.

El verdadero desafío democrático aparece cuando la percepción comienza a sustituir por completo la discusión sobre resultados.

Porque entonces la legitimidad electoral y la legitimidad de ejercicio pueden empezar a separarse. La primera proviene de las urnas. La segunda se construye todos los días mediante la calidad de las decisiones, el respeto institucional, la capacidad de resolver problemas y la protección de los derechos ciudadanos.

X. No es solamente un problema de Chaves o de Fernández

Hay finalmente una cuestión más profunda.

No sería suficiente atribuir todo lo anterior a las personalidades de Rodrigo Chaves o Laura Fernández.

El fenómeno expresa también una transformación de la sociedad costarricense.

El debilitamiento de la identificación partidaria tradicional, la desconfianza hacia instituciones, la percepción de inseguridad, las desigualdades persistentes y la frustración con la capacidad del Estado para resolver problemas han creado un terreno favorable para liderazgos que prometen eficacia, ruptura y acción directa. El problema no es que la ciudadanía reclame resultados. Eso es perfectamente legítimo.

El problema aparece cuando la búsqueda de resultados conduce a considerar que los controles, los contrapesos, la deliberación y las instituciones son obstáculos prescindibles.

Una democracia saludable necesita ambas cosas: eficacia y límites al poder; decisión y deliberación; liderazgo y contrapesos; resultados y derechos.

De lo contrario, puede producirse una contradicción peligrosa: que un gobierno conserve una cierta legitimidad social mientras se debilitan progresivamente las capacidades institucionales que permiten que esa misma sociedad ejerza sus derechos.

Epílogo: la pregunta que queda abierta

La encuesta del CIEP no debe ser leída como una refutación de los problemas señalados por los indicadores fiscales, sociales, educativos, ambientales o de seguridad.

Tampoco estos indicadores deberían utilizarse para negar la valoración positiva expresada por una parte considerable de la opinión pública. Ambas realidades existen.

La pregunta política verdaderamente interesante es otra:

¿Cuánto tiempo puede mantenerse una alta legitimidad política cuando las percepciones favorables dejan de corresponderse con mejoras materiales y con el fortalecimiento de las instituciones? Y, a la inversa:

¿Qué ocurre cuando una oposición democrática se limita a señalar los problemas objetivos sin comprender las razones subjetivas, sociales y políticas por las cuales una parte importante de la opinión pública, sigue confiando en el gobierno?

Tal vez ahí se encuentre una de las claves para comprender la Costa Rica actual.

La disputa democrática ya no consiste únicamente en quién administra mejor.

Consiste también en quién consigue construir la interpretación de la realidad que termina siendo aceptada por una mayoría de ciudadanos.

Y esa es, en última instancia, una disputa por el poder.

Entre el paraíso perdido y la tierra prometida: San Farol, los evangelios políticos y la democracia que no terminamos de construir

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

I. El evangelio apócrifo de san farol

Y aconteció en aquellos días de septiembre que el pueblo de Costa Rica caminaba confundido entre banderas, vallas, cédulas de identidad, arroz con pollo y publicaciones de Facebook.

Muchos habían perdido la esperanza. Otros habían perdido la paciencia. Algunos habían perdido hasta las ganas de discutir. Y hubo quienes, después de leer los comentarios en las redes sociales, estuvieron a punto de perder también la fe en la especie humana.

Pero entonces ocurrió la revelación.

Tres figuras aparecieron en el horizonte político y hubo quienes dieron gracias porque finalmente alguien les había abierto los ojos.

Había nacido la Santísima Trinidad Jaguar: Rodrigo, el Padre Fundador; Pilar, portadora de la palabra; y Laura, depositaria del espíritu de la Nueva Costa Rica.

Y muchos creyeron. No porque fueran ignorantes. No porque no hubieran ido a la escuela. No porque carecieran de capacidad para pensar. Creyeron porque toda revelación necesita primero un mundo que parezca necesitar ser revelado. Y aquel mundo tenía nombre: los mismos de siempre.

Entonces aparecieron también los Cuatro Jinetes del Apocalipsis:

El primero cabalgaba bajo las siglas PLN.

El segundo llevaba sobre su caballo las del PUSC.

El tercero vestía de Frente Amplio.

Y el cuarto, recién incorporado a las escrituras, respondía al nombre de CAC.

Detrás avanzaban sindicatos, universidades públicas, periodistas, magistrados, burócratas, comunistas, progresistas, zurdos, intelectuales y todo aquel que por razones todavía no completamente esclarecidas hubiese incurrido en el pecado de hacer demasiadas preguntas.

Y vio el pueblo aquello.

Y algunos dijeron:

—¡Ahora sí entendemos!

Porque la primera bienaventuranza de toda revelación política es sencilla:

Bienaventurados aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos, porque finalmente conocerán quién tuvo la culpa.

El libro de los mandamientos

Y fueron entregadas al pueblo unas nuevas tablas. Y en ellas podía leerse:

Primero: Amarás a la Nueva Costa Rica sobre todas las cosas.

Segundo: No tomarás el nombre del Gobierno en vano.

Tercero: Santificarás las fiestas patrias, siempre que las celebres de la manera debidamente autorizada.

Cuarto: Honrarás la valla y portarás tu cédula.

Quinto: No protestarás durante el cumpleaños de la Patria.

Sexto: No cuestionarás innecesariamente las medidas de seguridad, porque quien nada debe nada teme y quien pregunta demasiado algo estará tramando.

Séptimo: No codiciarás las instituciones ajenas.

Octavo: No levantarás falsos testimonios, salvo que hayan sido debidamente compartidos quinientas veces en Facebook.

Noveno: No confundirás libertad con hacer lo que te dé la gana.

Y décimo: Cuando ninguna argumentación resulte suficiente, recurrirás a la doctrina definitiva: Lero lero, calzón de cuero.

Palabra del Señor. Te alabamos, Jaguar.

Las bienaventuranzas de Plaza Mayor

Bienaventurados quienes llevaron la cédula, porque de ellos será la Plaza Mayor.

Bienaventurados quienes respetaron la valla, porque serán llamados ciudadanos ordenados.

Bienaventurados quienes no preguntaron demasiado, porque no retrasarán la fila.

Bienaventurados quienes comieron arroz con pollo, porque serán saciados.

Bienaventurados quienes descubrieron a los mismos de siempre, porque jamás volverán a necesitar explicaciones demasiado complicadas.

Bienaventurados quienes encontraron un enemigo para cada problema, porque suyo será el Reino de la Certeza.

Y bienaventurados, finalmente, quienes comprendieron el profundo significado filosófico del lero lero, porque habrán alcanzado un estado epistemológico al que ni Morin se atrevió jamás.

La pasión de San Farol

Llegó entonces el 14 de septiembre. Y un humilde farol salió de su casa. No sabía nada de neoliberalismo. No había leído a Montesquieu. Desconocía la separación de poderes. No tenía cuenta en X. Jamás había participado en una conferencia de prensa. Era simplemente una cajita de cartón con papel celofán y una luz adentro. Pobre inocente. No sabía lo que le esperaba.

Primera estación: San Farol es condenado a ser politizado

Apenas llegó a la celebración, alguien decidió que representaba el civismo.

Otro afirmó que representaba la resistencia.

Otro sostuvo que simbolizaba el orden.

Otro que simbolizaba la libertad.

San Farol quiso explicar que había sido construido la noche anterior por un niño con goma, cartulina y ayuda de la mamá. Nadie lo escuchó.

Segunda estación: San Farol carga con la democracia

Le colocaron sobre los hombros la institucionalidad costarricense completa.

Separación de poderes.

Libertad de expresión.

Derecho a manifestarse.

Seguridad ciudadana.

Identidad nacional.

Patriotismo.

Gobernabilidad.

Setenta y tantos años de Segunda República.

San Farol comenzó a doblarse.

Tercera estación: San Farol cae por primera vez

Inmediatamente alguien culpó al Gobierno.

Otro culpó al Frente Amplio.

Otro al PLN.

Otro a los sindicatos.

Otro a las universidades públicas.

Alguien preguntó si todo aquello no sería culpa de Carlos Alvarado.

La hipótesis no pudo descartarse inmediatamente.

Cuarta estación: San Farol encuentra a su madre, la Patria

La Patria lo miró desconcertada.

—Hijito, ¿cómo terminó una celebración escolar convertida en una disputa sobre el futuro de la civilización occidental?

San Farol tampoco sabía.

Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a San Farol

Un ciudadano se acercó para ayudarlo a cargar.

Fue inmediatamente identificado como sindicalista.

Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de San Farol

Una mujer se aproximó con un pañuelo.

Antes de llegar le solicitaron la cédula.

Séptima estación: San Farol cae por segunda vez

Desde un extremo alguien gritó:

—¡Dictadura!

Desde el otro respondieron:

—¡Comunistas!

San Farol permaneció en el suelo preguntándose si alguien podría levantarlo antes de continuar con el debate.

Octava estación: San Farol consuela a las mujeres de Jerusalén

—No lloren por mí —les dijo—. Según Facebook, todo salió perfectamente.

Novena estación: San Farol cae por tercera vez

Y alguien proclamó:

—¡Esta caída demuestra hasta dónde son capaces de llegar los mismos de siempre!

Otro respondió:

—¡Esta caída demuestra el avance del autoritarismo!

San Farol comenzó a sospechar que su caída tenía una capacidad explicativa verdaderamente extraordinaria.

Décima estación: San Farol es despojado de sus vestiduras

Le quitaron el papel celofán rojo.

Parecía demasiado comunista.

Undécima estación: San Farol es clavado a la valla

Y allí quedó.

La pequeña fiesta que alguna vez pretendió reunir a la comunidad terminó simbólicamente clavada sobre aquello que la separaba.

Por primera vez nadie se rio.

Duodécima estación: San Farol muere

Antes de apagarse levantó débilmente su luz y murmuró:

—Padre, perdónalos, porque no saben qué interpretación de los acontecimientos están compartiendo en Facebook.

Y expiró.

Decimotercera estación: San Farol es bajado de la valla

Unos denunciaron represión.

Otros celebraron que el orden había prevalecido.

Ambos compartieron fotografías que demostraban inequívocamente sus respectivas interpretaciones.

Decimocuarta estación: San Farol es llevado al sepulcro

El gran pretor alcalde de Cartago, tomó cuidadosamente el cuerpo maltrecho. Lo envolvió en una bandera costarricense. Y antes de depositarlo en el sepulcro, lo ungió generosamente con crema de rosas, santo bálsamo nacional para faroleados, golpeados, escaldados y ciudadanos expuestos a dosis excesivas de realidad costarricense.

Y así estaba escrito:

Bienaventurados los faroleados, porque de ellos será el Reino del Santo Balsamo.

Y al tercer día…

San Farol resucitó.

Salió del sepulcro todavía pegajoso por la crema de rosas y descubrió horrorizado que durante su breve ausencia había sido declarado chavista, comunista, sindicalista, autoritario, demócrata, opositor, patriota, antipatriota y, según una publicación particularmente imaginativa, posiblemente funcionario de la Universidad de Costa Rica.

Entonces San Farol preguntó:

—Mae… ¿yo no era una cajita con una candela?

Nadie respondió.

Miró hacia un lado.

Allí estaban quienes anunciaban la llegada de la Nueva Costa Rica.

—¿Y qué tiene de nueva? —preguntó.

Silencio.

Miró hacia el otro.

Allí estaban quienes pedían recuperar la Costa Rica de nuestros abuelos: aquella de respeto, cortesía, instituciones fuertes, concordia y ríos por los que aparentemente alguna vez circularon leche y miel.

—¿Y todos vivían bien en aquel paraíso?

Silencio.

—¿No había desigualdad?

Silencio.

—¿No había exclusión?

Silencio.

—¿No hubo precarización ni concentración de riqueza?

Alguien carraspeó.

—Hijo —respondió finalmente una voz solemne—, estamos hablando de democracia.

—Ah, bueno —contestó San Farol.

Se puso un poquito más de crema de rosas.

Y entonces formuló la pregunta que ninguna de las dos congregaciones esperaba:

—¿Y si los dos están contando solamente la parte de la historia que necesitan creer?

Hasta aquí podemos reír.

El problema comienza cuando descubrimos que detrás de los disparates de San Farol hay preguntas que no desaparecen cuando termina la parodia.

II. Después de la risa

¿Qué estamos viendo?

Una de las tentaciones más cómodas frente a una sociedad polarizada consiste en pensar que el problema está en los ojos del otro.

¿Cómo no se dan cuenta?

¿Cómo pueden interpretar de esa manera lo que para mí resulta evidente?

¿Qué realidad están mirando?

La pregunta es legítima hasta que aparece otra mucho más incómoda:

¿Y si hay algo que yo tampoco estoy viendo?

Reconocer esa posibilidad no significa caer en un relativismo donde todos tienen razón y nadie la tiene.

Todos miramos desde algún marco, pero eso no significa que todas las miradas sean igualmente verdaderas. Y tampoco significa que sean igualmente falsas.

Hay acontecimientos que pueden comprobarse. Hay decisiones que dejan documentos. Hay normas jurídicas. Hay presupuestos. Hay estadísticas. Hay discursos registrados. Hay resoluciones judiciales. Hay políticas públicas cuyos efectos pueden estudiarse. La realidad no desaparece porque nuestras interpretaciones sean parciales.

Por eso quizá el problema no sea encontrar a alguien capaz de mirar sin filtros. Ese ser humano probablemente no exista. El desafío consiste en construir procedimientos que permitan contrastar nuestras miradas con aquello que ocurrió, y especialmente con aquello que podría demostrar que estamos equivocados. Pero inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué debemos preguntar?

El poder de formular la pregunta

Preguntar nunca es completamente inocente. Cuando alguien pregunta si Costa Rica se está convirtiendo en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, la comparación puede ser legítima si identifica instituciones, procesos y mecanismos concretos. Pero puede resultar engañosa si las diferencias históricas, institucionales y sociales desaparecen y la analogía termina sustituyendo al análisis.

Costa Rica no es Venezuela.

Costa Rica no es Nicaragua.

Costa Rica no es El Salvador.

Eso no significa que la experiencia de esos países no pueda ofrecer categorías comparativas. Significa que encontrar una semejanza no demuestra una trayectoria inevitable.

Si queremos examinar tendencias autoritarias, la pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué comportamientos concretos muestran debilitamiento de controles?, ¿qué instituciones conservan autonomía?, ¿cuáles la pierden?, ¿qué ocurre con la libertad de expresión?, ¿con la independencia judicial?, ¿con la fiscalización?, ¿con el pluralismo?, ¿con el respeto a los límites constitucionales del poder?

Existen investigaciones costarricenses recientes que han identificado confrontación institucional, componentes antisistema, rasgos autoritarios y riesgos para el pluralismo en el discurso y ejercicio político de Rodrigo Chaves. También existen trabajos que interpretan ese fenómeno en relación con problemas estructurales anteriores de la democracia liberal costarricense.

Eso es muy diferente de anunciar que mañana despertaremos convertidos en Nicaragua.

El miedo tampoco debería convertirse en método.

Pero evitar el alarmismo tampoco puede significar cerrar los ojos frente a hechos verificables.

¿Y si el chavismo no fuera solamente causa?

Aquí aparece una posibilidad que resulta particularmente incómoda para quienes hemos concentrado nuestra atención en los riesgos que representan determinadas prácticas políticas recientes.

¿Y si el chavismo no fuera únicamente una causa de la crisis democrática?

¿Y si fuera también un síntoma?

¿Y si determinadas tendencias políticas hubieran encontrado terreno fértil porque existía previamente un malestar que la institucionalidad tradicional no supo comprender o resolver?

La democracia costarricense posee conquistas extraordinarias. Sería intelectualmente absurdo negarlas. Su estabilidad electoral, la abolición del ejército, la construcción del Estado social, la educación pública, la seguridad social y una extensa arquitectura institucional forman parte de una historia que merece ser defendida.

Pero ninguna historia merece convertirse en estampita.

Costa Rica también ha experimentado durante décadas transformaciones económicas, desigualdades persistentes, debilitamiento de vínculos partidarios y frustraciones respecto de la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales.

El propio sistema de partidos cambió profundamente. El bipartidismo que durante décadas estructuró la competencia entre PLN y PUSC comenzó a deteriorarse antes de la aparición del chavismo. También existe abundante literatura sobre la adopción de políticas de liberalización y ajuste económico desde las últimas décadas del siglo XX.

Entonces la frase «los mismos de siempre» puede ser utilizada como instrumento populista, pero su eficacia política no puede explicarse únicamente diciendo que alguien engañó a la población.

Hay que preguntar por qué tanta gente estuvo dispuesta a escucharla.

La otra iglesia: el paraíso perdido

Aquí la crítica debe dirigirse también hacia nosotros.

Frente al discurso de la Nueva Costa Rica ha comenzado a aparecer otro relato: la añoranza por la Costa Rica que supuestamente perdimos: La democracia de nuestros abuelos.

El respeto.

La cortesía.

La moderación.

La convivencia.

Las instituciones respetadas.

Una sociedad donde las diferencias se resolvían conversando y donde, si exageramos apenas un poco la imagen, por las acequias corrían leche y miel. Pero ¿existió realmente esa Costa Rica?

Existió una Costa Rica con importantes logros democráticos y sociales. Eso es históricamente defendible.

Lo que resulta más difícil es convertirla en un paraíso perdido.

Porque aquella democracia convivió también con desigualdades, exclusiones, pobreza y conflictos distributivos. Y durante las últimas décadas la propia estructura partidaria que administró buena parte de esa institucionalidad atravesó transformaciones profundas.

Por eso defender la institucionalidad democrática no debería exigirnos idealizar el pasado. La nostalgia puede ser también una forma de ideología.

Dos paraísos

Y de pronto descubrimos que las dos grandes narrativas aparentemente enfrentadas realizan una operación sorprendentemente parecida.

Una coloca el paraíso adelante: la Nueva Costa Rica.

La otra lo coloca atrás: la Costa Rica que perdimos.

Una ofrece la Tierra Prometida.

La otra añora el Jardín del Edén.

Una dice: Antes de nosotros todo estaba podrido.

La otra responde: Antes de ustedes vivíamos en democracia.

Ambas afirmaciones pueden contener fragmentos de verdad.

Y precisamente por eso resultan poderosas.

El problema comienza cuando el fragmento pretende convertirse en totalidad.

¿Qué une entonces a quienes hoy se oponen?

También merece ser interrogada la coincidencia entre fuerzas políticas históricamente diferentes.

Frente Amplio, PLN, PUSC y CAC pueden coincidir en determinadas coyunturas parlamentarias o en la defensa de reglas institucionales sin que eso convierta sus programas políticos en equivalentes. Esto es perfectamente posible dentro de una democracia.

Una izquierda socialista y una derecha liberal pueden defender simultáneamente elecciones competitivas, separación de poderes o independencia judicial. Pero reconocerlo no cancela otra pregunta: ¿qué sucede con las contradicciones sociales y económicas que existen entre esos proyectos?

Si la defensa de la democracia termina reducida a la defensa de las instituciones existentes, podemos perder de vista las razones por las cuales una parte de la ciudadanía dejó de sentirse representada por quienes históricamente las administraron.

Y entonces aparece la pregunta que quizá deberíamos habernos hecho desde mucho antes.

¿Y si la crisis democrática costarricense no consistiera solamente en la aparición de tendencias autoritarias, sino también en la incapacidad histórica de la propia democracia para cumplir suficientemente algunas de sus promesas sociales?

Tal vez ahí esté el centro del problema. No se trata de justificar ninguna tendencia autoritaria mediante la desigualdad.

La desigualdad no vuelve innecesaria la separación de poderes.

La pobreza no vuelve prescindible la independencia judicial.

La exclusión no justifica deslegitimar controles constitucionales.

Pero tampoco podemos invertir el razonamiento.

La existencia de elecciones libres no elimina la desigualdad.

La división de poderes no alimenta a una familia.

La libertad de expresión no garantiza movilidad social.

Una institucionalidad democrática puede ser jurídicamente robusta y, simultáneamente, resultar materialmente insuficiente para sectores importantes de la población.

Costa Rica continúa enfrentando desafíos relevantes de desigualdad y pobreza pese a mejoras recientes. Y la transformación económica de las últimas décadas ha distribuido de manera desigual algunos de sus beneficios.

Entonces quizás deberíamos abandonar una dicotomía demasiado sencilla: democracia versus autoritarismo.

Porque podría haber simultáneamente erosión institucional, crisis de representación, desigualdad, desafección partidaria, concentración económica, frustración social y emergencia de liderazgos personalistas.

Ninguno de esos fenómenos necesita explicar por sí solo todos los demás. Pero tampoco deberían estudiarse como si no tuvieran relación.

La democracia de las buenas maneras

Aquí aparece una última incomodidad. Es posible añorar un tiempo en que los presidentes hablaban con mayor cortesía, los conflictos institucionales parecían menos estridentes y el lenguaje público resultaba menos agresivo.

Las formas importan.

La democracia necesita límites también en el lenguaje porque el adversario debe continuar siendo un ciudadano legítimo después de terminada la discusión.

Pero las buenas maneras no constituyen por sí solas justicia social.

Una sociedad puede ser extraordinariamente cortés mientras reproduce desigualdades.

Puede respetar escrupulosamente el protocolo mientras determinadas personas permanecen excluidas.

Puede hablar en voz baja mientras distribuye muy desigualmente oportunidades y recursos.

Por eso quizá no sea suficiente preguntarnos cómo recuperar las buenas formas. La pregunta debería ser: ¿qué había detrás de aquellas buenas formas? Y también: ¿qué existe detrás de las malas formas actuales?

¿Qué democracia estamos defendiendo?

Quizá esta sea finalmente la pregunta.

No qué partido.

No qué líder.

No qué bando.

Qué democracia.

Una democracia donde los límites al poder sean reales. Donde ninguna victoria electoral entregue un cheque en blanco. Donde jueces, prensa, universidades, órganos de control, organizaciones sociales y oposición puedan cumplir sus funciones sin convertirse automáticamente en enemigos del pueblo. Pero también una democracia que no considere cumplida su misión porque cada cuatro años celebramos elecciones.

Una democracia capaz de preguntarse por desigualdad, exclusión, educación, trabajo, movilidad social y distribución efectiva de oportunidades. Una democracia política y también social.

No necesitamos escoger entre derechos y justicia social. Precisamente el desafío consiste en evitar que cualquiera de ellos sea utilizado para sacrificar al otro.

No necesitamos bandos para conocer

Después de todo este recorrido podemos regresar al problema inicial.

¿Cómo saber quién está viendo correctamente la realidad?

Quizá la pregunta esté mal formulada. No necesitamos encontrar al observador puro. Necesitamos un método que permita discutir nuestras interpretaciones. Y para eso no necesitamos bandos.

Necesitamos contradicción.

El bando busca evidencias que confirmen aquello que ya cree.

La contradicción busca también aquello que podría demostrar que está equivocado.

Si pensamos que existe una deriva autoritaria, debemos estudiar seriamente las evidencias que respaldan esa hipótesis. Pero también debemos buscar aquello que la contradice.

Si pensamos que el chavismo representa simplemente manipulación, debemos examinar las críticas legítimas que formula contra el sistema anterior.

Si pensamos que la institucionalidad costarricense debe ser defendida, debemos preguntarnos qué problemas produjo, toleró o no consiguió resolver.

Y si alguien anuncia una Nueva Costa Rica, debemos preguntarle concretamente qué tiene de nueva.

Nadie posee la verdad completa.

Pero de ahí no se sigue que todas las afirmaciones sean asimismo verdaderas o igualmente falsas.

La verdad no desaparece porque tengamos perspectivas.

Lo que desaparece es nuestro derecho a declararnos sus propietarios.

Epílogo según San Farol

San Farol continúa sentado sobre la valla.

Mira hacia la derecha.

Alguien predica la llegada de la Nueva Costa Rica.

Mira hacia la izquierda.

Alguien recuerda emocionado la Costa Rica de nuestros abuelos.

San Farol escucha pacientemente.

Ya ha aprendido bastante sobre democracia para ser una cajita de cartón.

Finalmente pregunta:

—¿Y si en lugar de escoger entre un paraíso que nunca existió y una tierra prometida que todavía nadie ha visto, construimos una democracia que no necesite inventarse ninguno de los dos?

Nadie responde.

San Farol se encoge de hombros.

Se acomoda sobre la valla.

Saca del bolsillo el tarrito.

Se pone un poquito más de crema de rosas.

Y espera, porque al fin y al cabo si existe una “tierra prometida” oficialista y un “paraíso perdido” opositor, quizá el verdadero problema democrático esté precisamente en aquello que ambos relatos necesitan olvidar.

Apreciaciones sobre la encuesta

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:

1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.

2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.

3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.

4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.

5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.

El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.

La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.