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Etiqueta: Laura Fernández Delgado

Ante la elección de los magistrados hay que dejarse de carajadas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La elección de los magistrados suplentes se ha vuelto un lío mental más que político o institucional. ¿Qué es lo que se reclama respecto a la elección? La simple posibilidad de que puedan reelegirse una o varias veces.

¿Cuál es el problema de la reelección? La formación profesional de un Magistrado no es de corto plazo, como no lo es la formación de ningún profesional. Todos requieren años de estudios. En este caso de la reelección no se está discutiendo esto, sino que lo que se quiere es imponer nuevos magistrados más acordes o identificados con el actual gobierno. Incluso se trata de establecer requisitos de presentación que no están contemplados en la normativa vigente, lo que no se puede hacer, como se quiere hacer con la reelección de la Magistrada propietaria Dra. Julia Varela Vargas.

Respecto a los Magistrados Suplentes puede ser una lucha política válida pero no lo es constitucional ni legalmente, debido a que se debe seguir un procedimiento donde la Corte Suprema de Justicia propone la lista de magistrados suplentes, y a la Asamblea Legislativa le corresponde aprobarla, sin posibilidad de poner nombres de candidatos a magistrados suplentes.

En la situación que tiene la Asamblea Legislativa el problema es eminentemente político. Los magistrados actuales por su nombramiento fueron electos antes del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, por un período de 8 años. Lo que se quiere, con una mayoría de 31 diputados, que no es suficiente para elegir, es nombrar nuevos magistrados, en correspondencia con el gobierno de Rodrigo Chaves continuado por Laura Fernández. Para eso habría que destituir, o ni reelegir magistrados propietarios, para lo cual se necesitan 38 votos de diputados, que el gobierno no los tiene.

Al final de cuentas, antes, ahora o después cualquier elección o escogencia que haga la Asamblea Legislativa de magistrados es una decisión política de la mayoría de los diputados. Así funciona la democracia institucional costarricense, nos guste o no nos guste.

Veamos desde niño la formación de un abogado de manera simple. El futuro abogado cuando niño estudia en un prekínder, o en una guardería infantil. Suponiendo que así sucede. Ahora hay varios niveles de preescolar antes de entrar a la escuela, porque en las guarderías se pueden tener niños desde los dos años hasta los 7 que se exigen para entrar a primer grado de escuela, aunque funcionen como garajes de niños, donde les empiezan a disciplinar y enseñar aspectos esenciales.

Allí adquiere el niño los primeros hábitos hacia la disciplina del estudio, del aprendizaje del idioma materno, aparte de lo que se enseña en la casa. Allí se inicia en el posible desarrollo de sus habilidades y destrezas. Allí se inicia y fortalece su hábito de la lectura en el supuesto que le leen, y los ponen a leer libros y narrativas a su nivel escolar de edad, para que desarrolle el hábito y la disciplina de la lectura, y el gusto por los libros y la lectura.

Allí, en la preescolar, hay niveles o años de estancia hasta que el niño es aceptado para ir al primer grado escolar, que generalmente se aceptan con 7 años. Todo eso va produciendo un conocimiento acumulado. Muchas veces, excepcionalmente, al primer grado llegan niños que saben leer y escribir.

En la escuela, pública o privada, en los niveles de primero a sexto grado, se van desarrollando las habilidades y destrezas traídas de la preescolar y se van profundizando las bases del conocimiento, y del perfeccionamiento, del idioma y de los instrumentos educativos que van formando para ir al proceso de la educación secundaria. En pocos establecimientos escolares se fomenta la lectura de libros.

Hoy en muchas instituciones educativas, incluyendo universidades, se estimula la lectura de resúmenes de artículos y de libros. Se ha dejado de leer libros completos. Muchos estudiantes y profesionales no tienen la capacidad de lectura de un artículo de más de 500 palabras, ni de entendimiento o comprensión de uno mayor de esas palabras.

En la educación secundaria siguen cinco años de estudio. Algunos colegios han introducido un sexto año que prepara para aspirar a estudios en universidades en el extranjero.

En pocos colegios se prepara de una manera sólida en el conocimiento de una lengua extranjera, inglés, francés, alemán, chino, o hebreo, para lo cual hay colegios especializados en el país. Generalmente, estos estudiantes, en prekínder, kínder, escuelas y colegios privados se desarrollan como full bilingüistas cuando hacen todo el proceso escolar en la misma institución. Hay una tendencia al trilingüismo en algunas instituciones escolares privadas.

Del colegio a la universidad

Generalmente, desde el colegio se desarrollan las inquietudes por la carrera universitaria que se va a seguir, cuando no se tiene por herencia familiar. Hijos de abogado, abogado; hijos de dentistas, dentista; hijos de ingeniero, ingeniero; hijos de maestros, maestro o educador etc. De la misma forma opera en los estratos sociales pobres y de extrema pobreza. Hijos de obreros, obreros; hijos de campesinos, campesinos. Es de señalar que el proceso educativo nacional da posibilidades a estos sectores, pero generalmente quedan marcados por su origen socioeconómico, y por las mismas condiciones socioeconómicas que los sacan del proceso escolar y colegial, como cuando se quitan los subsidios de estudios para niños y jóvenes de estos estratos sociales o áreas marginales del país, o cuando no se tienen las condiciones materiales de edificios escolares para recibir la educación. Hay casi 900 establecimiento escolares públicos en abandono, con medidas de seguridad sanitaria, prácticamente cerrados. Los sindicatos de maestros y educadores casi no se pronuncian sobre esta situación.

Supongamos, en el ejemplo que tenemos, que se orienta el niño, ya joven, preuniversitario por ir a estudiar Derecho. Excluidos de esta apreciación los que después del colegio parten al extranjero a estudiar toda la carrera de Abogacía o de Derecho, que en general son muy pocos respecto al número de graduados nacionales y respecto al número que opta por el Derecho, porque eso depende del colegio en que se graduaron, del nivel socioeconómico de sus familias y de las posibilidades de encontrar becas de estudio en el extranjero.

Suponiendo que todo el proceso anterior se hubiera cumplido con el niño y joven, al tener 18 años edad tiene la posibilidad de ingresar a la Universidad. Siguen los años de estudio de Derecho. En una universidad pública tiene restricción de ingreso, por cupo y por promedio de ingreso, como lo es la Universidad de Costa Rica, o pagando sus estudios en una Universidad privada. Dependiendo de esta opción pueden graduarse entre seis o siete años, en la Universidad pública, o en cuatro, porque las universidades privadas eliminan una buena parte de los estudios generales que se dan en las universidades públicas de manera obligatoria. Ya en el sector de educación secundaria están eliminando una cantidad importante de cursos que también se dan, dejando el núcleo de materias a estudiar a unas seis.

El propio presidente Chaves expresó, hace poco tiempo, su opinión de que las universidades públicas debían eliminar todas sus áreas de humanidades y estudios generales, y concentrarse en lo que las empresas demandaban en sus necesidades corporativas y económico empresariales. Para él también eso contribuía a reducir los aportes estatales a las universidades públicas.

Terminada la carrera y estudios de Derecho sigue la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas. Los resultados de graduación y de incorporación de ante el Colegio es desastroso para los graduados o titulados de universidades privadas, haciendo excepción de unas cuatro de ellas.

Ya, el graduado, desde sus años de formación se va orientando en la especialidad o afinidad que le atrae más de las ramas del Derecho. Eso implica estudio post universitario, maestría o doctorado, y subespecialidades, lo que puede llevar unos cuantos meses o varios años más de estudio.

Los abogados así formados se vinculan a Oficinas de Abogados, Bufetes legales, o ponen sus propias oficinas o Bufetes, y empiezan a desarrollar su práctica profesional donde hacen su buena o mala fama, y sus clientes y clientelas.

De todos los graduados pocos se desarrollan en el campo de la investigación jurídica, de la producción de textos o en la publicación de artículos. Esto requiere vocación, experiencia profesional, mucha lectura y estar al día con las nuevas tendencias que en el Derecho se van desarrollando y con las sentencias de los Tribunales que van marcando la jurisprudencia nacional. La inmensa mayoría se vuelca sobre su práctica profesional específica y con su libro jurídico de cabecera, el Código respectivo y algún otro texto.

En el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estableció hace muchos años, tener mínimo de 10 años de experiencia profesional, cuando no se era funcionario del Poder Judicial, y tener además 35 años de edad, requisito, el de la edad, que no se pide para ser presidente de la República o para ser Diputado, ni tampoco tener conocimientos de administración en general, o de economía básica.

Para ser Magistrado además se pide el título de Abogado. Para ser presidente o diputado no se pide ningún título académico profesional de carácter universitario, ni siquiera el título de Bachiller de secundaria. Lo que se requiere para ser presidente es tan solo tener 30 años y para ser diputado tener 21 años. Así de simple. Por eso, parlamentariamente, a veces grupos de diputados actúan como verdaderas recuas políticas transportando y cargando las órdenes que les dan para votar proyectos de ley, sin estudiarlos y sin comprenderlos adecuadamente.

Cuando se estableció la edad mínima de 35 años para el magistrado, aparte de su experiencia comprobada, así se hizo por la expectativa de vida de los costarricenses en 1949, que apenas sobrepasaba los 50 años. Hoy con la expectativa de vida de los costarricenses, en 78 años los varones y 82 las mujeres, bien podría establecerse la edad para ser magistrado en 50 o 55 años, y exigir igualmente una experiencia laboral de 30 o más años como litigantes, como funcionarios judiciales o como profesores universitarios en el campo del Derecho.

Si se quieren poner más requisitos y modificar los existentes es absolutamente válido, pero para ello hay que cambiar la Constitución Política, lo que no sería aplicable a ningún abogado que en los próximos dos años quisiera aspirar a un puesto de Magistrado. Esto es lo que valdría para los abogados aspirantes a nuevos magistrados. Por eso, esa intención de ponerle otros requisitos a la Magistrada Julia Varela Vargas no procede. Eso es literalmente ganas de joder.

Si ya se es magistrado, se establece la posibilidad de la reelección consecutiva, por un período igual al de su nombramiento, es decir por ocho años. Para elegir un Magistrado se requieren dos tercios del número de diputados para nombrarlo y dos tercios para no reelegirlo, que equivaldría a destituirlo.

La reelección consecutiva no es mala. Esa es la verdad. Ese magistrado mínimo tiene ocho años de experiencia en el cargo, o un poco más. ¿Por qué eliminarlo? Salvo que sea un mal magistrado profesional en su cargo, lo que se puede ver y estudiar por sus fallos jurídicos, o por vínculos nocivos que lo rodeen para su ejercicio de magistrada.

La reelección en cargos de dirección de todo tipo existe en Costa Rica, en los puestos de Juntas Directivas de las empresas del sector privado o pública, en las asociaciones, en los sindicatos, en la dirección de partidos políticos, en ciertos puestos públicos e institucionales. Y esas reelecciones son por muchos años o por varios o muchos períodos en el cargo que se tiene, sin que se objete esas reelecciones. Nadie protesta ni se opone a esas reelecciones, que pueden ser disputadas por elecciones internas en esos grupos sociales o políticos.

Ministros se reeligen consecutivamente. Diputados también se pueden reelegir alternativamente, cada 4 años. Mientras les llega su oportunidad de reelección muchas veces siguen trabajando como asesores parlamentarios, o en puestos de trabajo legislativo o ministerial cuando de allí salieron hacia sus diputaciones. Hay políticos que, no reeligiéndose consecutivamente en el mismo cargo, van saltando de un puesto administrativo, institucional o político, y sí van haciendo su carrera política, como la presidente Laura Fernández. Eso era válido en los partidos políticos tradicionales porque así formaban sus dirigentes. Laura Fernández en cierta manera es parte de ese proceso, por la escalera política que le fue servida en que la nombraron consecutivamente.

En Estados Unidos los magistrados de la Suprema Corte se eligen de por vida, hasta que se mueran o hasta que ellos mismos se acojan al retiro o pensión. Eso obliga a los presidentes, que son los que los proponen, a escoger grandes juristas, abogados, así reconocidos en el mundo del Derecho estadounidense. Y, a partir de su nombramiento gozan de total independencia, lo que se quiere eliminar aquí.

Muchas personas que critican la reelección de magistrados en Costa Rica se identifican con los valores estadounidenses al 100%. ¿Qué los hace diferentes para no actuar en Costa Rica, a cómo realmente piensan y a cómo realmente se identifican con esa sociedad estadounidense, que a su vez la consideran un modelo de democracia mundial?

Los magistrados son también el resultado de un proceso de formación de muchos años de trabajo y de estudio. No sería bueno para el mejor desempeño judicial, estar cambiando cada ocho años a los magistrados, sobre todo para estar acomodándolos a favor del gobernante de turno, o para estar improvisando en ese alto e importante cargo o función pública. O, para estar improvisando con personas sin la experiencia judicial el caso. Tampoco sería bueno darles una condición como la que tienen los diputados de poderse reelegir alternativamente cada cuatro, o cada ocho años.

Lo correcto igualmente es que los diputados puedan reelegirse continuamente, como se hacía antes de 1949. La experiencia histórica enseña que no todos los diputados se reelegían. Eso lo hacían unos pocos por su mérito parlamentario reconocido. En el siglo XIX jefes de Estado y presidentes podían reelegirse de manera continua. Pocos lo hicieron, Juan Mora Fernández, Juan Rafael Mora Porras, Rafael Iglesias Castro, por citar a esos.

Soy de la idea, igualmente, que el presidente de la República debe tener actualmente al menos una opción de reelección inmediata y consecutiva, y no tener el espacio de ocho años que se ha establecido para que pueda aspirar nuevamente a un período presidencial, como lo fueron los casos de José Figueres, en 1970, u Oscar Arias, en el 2006. En el caso de José Figueres hay que reconocerle que el poder de gobierno que tuvo a la fuerza, 1948-1949, voluntariamente lo dejó, pudiendo haberse quedado el tiempo, que en ese momento hubiera querido.

Cuatro años es un período corto para el ejercicio presidencial. Igualmente se podría ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una reelección consecutiva, con consulta plebiscitaria, o de referéndum, a medio período para discutir por esa vía si el presidente continúa o no. Todo esto es discutible.

En todo caso, cada elección es una consulta popular sobre si continúa o no un partido político en el gobierno, aunque con otro candidato.

En Costa Rica no se permite la reelección presidencial, pero sí se permite la reelección del partido de gobierno que ha elegido presidente. ¿Acaso no es lo mismo? En la historia nacional hemos visto la reelección de partidos políticos en el gobierno con Liberación Nacional, 1970-1974, 1982-1986 y 2006-2010, la Unidad Social Cristiana, 1998-2002 y 2002-2006, y con Acción Ciudadana, 2014-218 y 2018-2022. En cierta forma con el actual gobierno hay una continuidad del anterior gobierno, 2022-2026, no del anterior partido ganador de esas elecciones del 2022.

Es más clara la tesis del continuismo político gubernativo del actual gobierno, 2022-2026 al 2026-2030, que de los anteriores, donde esa continuidad no era nada evidente, donde cada presidente marcaba su propio sello. Ahora no es así. Hay un solo sello, el que ha impreso Rodrigo Chaves.

Hay una sola dirección política gubernativa, que se expresa en la copresidencia que se ha establecido de manera tácita y reconocida en el matrimonio gubernativo de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.

El continuismo político de la pareja gobernante ha puesto en evidencia la fragilidad de la hipocresía política nacional. Ellos han actuado con claridad, de cara a la sociedad política y civil. El concubinato político, que exhiben y que se tienen es público, notorio, escandaloso pero aceptado por amplios sectores de la sociedad. ¿Por qué continuar con hipocresías políticas en todos los demás partidos, que desearían actuar igual?

El tema de la elección o reelección de magistrados debe resolverse acatando lo dispuesto por la Constitución Política, guste o no guste a los diputados de gobierno. Si quieren corregir eso, pacten la reforma constitucional del nombramiento, entendiendo que esa reforma será válida a partir de los magistrados que se puedan y quieran nombrar en el período constitucional del próximo gobierno, es decir a partir del 2030.

Tal vez, de esa manera se resuelva el problema actual, o la Sala IV, en este tema conflictivo de poderes, lo resuelva, como está autorizada a hacerlo cuando hay conflicto entre los Poderes Públicos, o de carácter institucional, en el que tenga que intervenir para asegurar el funcionamiento del orden público y de la democracia política nacional.

Insistir en bloquear la propuesta de la Corte es simplemente una jodedera, una carajada, una necedad, una mala acción o también una tontería de la bancada de los 31 diputados del Gobierno, oficialistas, de la recua del partido Pueblo Soberano.

100 días de Laura Fernández: ¿Gestión Pública, Espejismo populista o Campaña Permanente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo | Entre Verdades y Opiniones | Para: SURCOS

En política, los primeros cien días de una administración funcionan como el escaparate que define la ruta y el tono del cuatrienio. El reciente balance presentado por la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado desde Zapote prometía ser un corte de caja de gestión ejecutiva, pero terminó convirtiéndose en un guion continuista donde la confrontación institucional sigue siendo la verdadera protagonista de la agenda nacional.

El anuncio del nuevo paquete de proyectos de ley es, en el fondo, un déjà vu. Si bien incluye iniciativas de corte económico y social, el plato fuerte de la narrativa vuelve a ser el intento de limitar las competencias de la Contraloría General de la República. Insistir en reciclar el espíritu de la fallida “Ley Jaguar” —cuyas pretensiones de alterar el control preventivo ya fueron frenadas por la Sala Constitucional— plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante un esfuerzo técnico genuino por hacer más ágil el aparato estatal, o ante la construcción de una coartada política para que el Congreso rechace los textos y poder mantener vivo el discurso del bloqueo?

Sin embargo, el punto más crítico de este informe, analizado desde el rigor de la administración pública, es el anuncio de “100 obras concretas en 100 días”. Apropiarse de megaproyectos como el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón o la Punta Sur de la carretera a San Carlos como logros de la actual administración —o de su predecesora chavista— es un espejismo comunicacional, para su base dura.

Estos son proyectos estructurales de instituciones como la CCSS y el MOPT, que llevan décadas de maduración, diseños y estudios técnicos heredados de gobiernos anteriores. En la gestión pública hay que ser precisos: mezclar intenciones con realidades es un error. Un proyecto en papel, que aún busca financiamiento o está entrampado en apelaciones de adjudicación, no es una obra terminada. Vender el avance de un trámite burocrático de transición como si ya se estuviera cortando la cinta inaugural es un artificio publicitario que subestima al ciudadano.

La cereza del pastel de este evento la puso el hoy ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. En un intento por marcar una superioridad moral frente a la oposición, Chaves afirmó con vehemencia que en el oficialismo no piensan como “los de la acera del frente” que viven calculando las próximas elecciones, sino que ellos piensan en “las próximas generaciones”. Una frase profunda y de antología, si no fuera porque segundos después, en ese mismo micrófono y casi sin respirar, apeló al más puro cálculo electoral: le pidió al pueblo que notara la diferencia para que en los próximos comicios les den “31, 40 o 45 diputados”.

Esa monumental disonancia en el discurso confirma el diagnóstico que hoy hacen diversos sectores independientes: este Gobierno no ha logrado salir del modo de campaña permanente. Se sigue operando desde la lógica del choque y el titular, midiendo fuerzas para la próxima contienda en lugar de consolidar puentes para gobernar hoy, y anunciar que lograron encontrar tela anaranjada para uniformes penales o quitar tomacorrientes y los hornos de microondas en Cárceles no ayudan para nada.

El capital político de ¿la mandataria? Fernández sigue siendo considerable gracias a su contundente victoria en las urnas, pero la luna de miel de los cien días ya expiró. El reloj no perdona, y la paciencia ciudadana frente a urgencias como el embate del narcotráfico, el costo de vida y las listas de espera de la CCSS, tiene un límite. A partir de ahora, queda en el Ejecutivo demostrar si este mandato se traducirá en la ejecución real de políticas públicas, o si nos mantendremos atrapados en un círculo interminable de verdades a medias y opiniones polarizadas.

El gota a gota se viste de corbata. No hagan legal lo que hoy es criminal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Welmer Ramos González

La señora presidenta me culpó de haber impulsado la Ley Contra la Usura, ¡qué honor! y acusó a esta de causar el gota a gota. Tengo la obligación de responderle con la verdad.

El gota a gota no lo inventó la Ley Contra la Usura. El gota a gota existe desde que existen la miseria y la desesperación. Y los usureros también. Lo que sí existía antes de 2020 era un sistema financiero que cobraba tasas de interés anuales del 80%, el 100% y el 200% sin cometer ningún delito. Eso era legal. Nadie iba preso. Nadie respondía por tal crimen. Y 850.000 familias costarricenses estaban en cobro judicial, sin amparo, a merced del crédito informal. Esa era la realidad que motivó la ley.

Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.

El proyecto que el Gobierno presentó hoy no propone un tope más razonable. No fija ningún parámetro en la ley. Lo deja en manos de un ente técnico, sin ancla democrática, sin control de la Asamblea Legislativa. Eso significa que ese tope puede subir a lo que ese ente decida. Y el mismo prestamista que hoy puede ser detenido y procesado operaría mañana sin cometer ningún crimen, con la diferencia de que, en lugar de cobrar con intimidación, cobraría con embargo y con policía. Para la familia que pierde la casa, que pierde el carro, que pierde los trastos de la cocina, la diferencia es ninguna.

El tope vigente hoy es del 51%, ya es altísimo y esa ley pretende llevarlo a niveles de 80%, 100% y más. Los bancos y las financieras ganan bien con las tasa hoy vigentes. Los datos del Banco Central lo confirman: incluso con carteras morosas del 10% y gastos administrativos duplicados, un ente financiero puede operar sosteniblemente con una tasa del 25%. Nadie está quebrando. Lo que los entes financieros no quieren es ganar razonablemente. Quieren ganar sin límite.

Señora presidenta, la usura no es un invento moderno ni una ideología. Es una práctica que la Biblia condena en el Éxodo, en el Levítico, en Nehemías y en el Deuteronomio. La usura es una práctica depravada, vulgar e inhumana. Lo ha sido siempre. No porque lo diga yo, sino porque así la han juzgado la Biblia, Aristóteles, Dante y todos los códigos morales y jurídicos que la humanidad ha construido a lo largo de su historia. Siempre opera igual: busca al que no tiene opciones y lo desangra. Proteger a esa persona no es comunismo. Es justicia. Es lo mismo que hicieron Don Pepe y Juanito Mora: ponerse del lado del pueblo cuando el poder quería aplastarlo.

A las diputadas y los diputados con conciencia les digo esto con toda claridad: no le quiten al Estado el único instrumento que tiene hoy para encarcelar a los usureros. Porque el día que lo hagan, el gota a gota no desaparece. Y una parte de este seguirá vestido de corbata, en una oficina y cobrando despiadadamente con la ley de su lado.

Sin odio. Con la verdad de frente. Eso es lo que esta hora exige.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.

La calidad de la democracia costarricense y los límites del poder. Legitimidad, poder y participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Hay una diferencia fundamental entre ganar democráticamente una elección y ejercer democráticamente el poder.

La primera otorga legitimidad de origen. La segunda debe construirse día tras día.

Esta distinción permite mirar con mayor profundidad el período presidencial de Rodrigo Chaves y hoy el de Laura Fernández. En el caso de Chaves, no se trata de afirmar que Costa Rica dejó de ser una democracia durante su gobierno. No ocurrió de esa manera. Las elecciones continuaron, la oposición existió, la prensa ejerció su función crítica, los tribunales actuaron y los órganos constitucionales mantuvieron sus competencias, muy a pesar de las limitaciones que ese gobierno impuso.

El problema fue otro: la tensión creciente entre la legitimidad electoral del Ejecutivo y los límites institucionales que la democracia constitucional impone a todo poder, incluso al que ha obtenido una amplia mayoría electoral.

La experiencia de estos años obliga, por ello, a formular una pregunta que va más allá de Chaves:

¿Puede una democracia deteriorarse sin que se produzca una ruptura institucional?

La respuesta de la ciencia política contemporánea es que sí. Y precisamente por eso resulta necesario observar no solamente las elecciones, sino también las normas, las instituciones y la cultura política mediante las cuales se ejerce el poder.

El poder necesita límites

Hace casi tres siglos, Montesquieu formuló una de las ideas esenciales del constitucionalismo moderno: para impedir el abuso del poder es necesario que el poder encuentre otro poder capaz de contenerlo, u otros poderes.

La división de poderes no fue concebida para dificultar la acción de los gobiernos. Fue concebida para impedir que una sola voluntad pudiera imponerse sobre toda la sociedad, tal como ocurría con frecuencia durante la Edad Media, en la esclavitud y en las dictaduras de hoy.

Rousseau, desde otra perspectiva, recordó que, en el gobierno democrático, la soberanía pertenece al pueblo. Pero, según el mismo Rousseau, de allí no se desprende que el gobernante se convierta en propietario de esa soberanía. Quien recibe un mandato electoral recibe una responsabilidad pública, no la potestad de apropiarse de la voluntad popular.

Aquí aparece uno de los grandes riesgos de la política contemporánea: que el gobernante interprete su victoria electoral como una autorización para gobernar sin límites.

Entonces puede instalarse una peligrosa ecuación:

Gobierno = pueblo.

Crítica al gobierno = crítica al pueblo.

Contrapeso al gobierno = obstáculo contra el pueblo.

Cuando esto ocurre, el adversario deja de ser reconocido como un competidor legítimo y empieza a ser presentado como enemigo.

Ese fue uno de los rasgos más preocupantes del período de Rodrigo Chaves. ¿Irá a ser un rasgo del actual gobierno también?

Más que un problema de lenguaje

En un artículo reciente me permití escribir sobre el poder del lenguaje en un sistema democrático, y lo nefasto que puede resultar el uso vulgar y soez del mismo, especialmente cuando es esgrimido por el gobernante.

Durante los cuatro años anteriores, fueron frecuentes las expresiones ofensivas, las descalificaciones personales y los ataques contra periodistas, magistrados, la contralora, diputados, funcionarios y otros actores públicos.

Pero reducir el problema al lenguaje soez sería insuficiente.

Lo verdaderamente importante es la función política de ese lenguaje.

Cuando un gobernante descalifica sistemáticamente a quien lo critica, no solamente está siendo descortés. Puede estar intentando quitarle legitimidad, antes incluso de responder a sus argumentos.

El adversario deja entonces de ser alguien que piensa diferente y se convierte en “la casta”, “los mismos de siempre”, “los corruptos” o “los enemigos”.

La política deja de ser deliberación, debate o diálogo y empieza a organizarse alrededor de la confrontación.

Robert Dahl entendió la democracia como un sistema que requiere participación, competencia y oposición. La posibilidad de disentir no es una anomalía del régimen democrático: es una de sus condiciones de existencia.

Por eso, cuando desde el poder la crítica es presentada como conspiración, la democracia comienza a perder una de sus características fundamentales: la aceptación del otro como interlocutor legítimo.

La democracia delegativa

Aquí resulta especialmente útil acudir a los escritos de Guillermo O’Donnell.

Su concepto de democracia delegativa permite comprender una tentación frecuente en América Latina: el presidente elegido directamente interpreta el resultado electoral como una delegación prácticamente ilimitada para gobernar.

La lógica deja de ser: “Fui elegido para gobernar dentro de un sistema de instituciones.” Y comienza a ser: “Fui elegido para gobernar; las instituciones deben abrirle potestad absoluta a mi mandato.”

La diferencia es enorme. En el primer caso, el presidente es una parte del sistema constitucional. En el segundo, el sistema comienza a organizarse alrededor del presidente.

O’Donnell destacó la importancia de la rendición de cuentas horizontal, ejercida por instituciones estatales capaces de controlar a otros órganos del Estado. Por eso los conflictos con la Contraloría, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones no son, no deben interpretarse simplemente como disputas políticas entre personas.

La pregunta democrática es más profunda:

¿Acepta el Ejecutivo que esos órganos tienen legitimidad para decirle que no? Porque un contrapeso que solamente puede decir “sí” deja de ser contrapeso.

El caso del Tribunal Supremo de Elecciones

El conflicto con el TSE ofrece un ejemplo particularmente significativo.

En octubre de 2025, el Tribunal solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Chaves, en relación con denuncias de presunta beligerancia política. La respuesta presidencial presentó la actuación del órgano electoral en términos de un supuesto “golpe de Estado”.

Es legítimo que un presidente discrepe de una decisión del TSE. Puede considerarla equivocada, injusta o incluso políticamente motivada. Pero, lo democráticamente preocupante aparece cuando la existencia misma del contrapeso es presentada como una agresión contra la democracia. Porque entonces la institución deja de ser reconocida como parte del sistema democrático y comienza a ser presentada como su enemiga.

Y ese mecanismo es mucho más importante que cualquier insulto particular.

La democracia puede deteriorarse sin dejar de existir

El politólogo Juan Linz hace una conceptualización que nos permite hacer también una precisión necesaria. A pesar de toda la jerigonza chavista, Costa Rica no llegó a convertirse completamente en un régimen autoritario. El concepto de autoritarismo, en sentido estricto, implica características que nuestro país apenas comenzó a reunir.

Pero una democracia no necesita convertirse en dictadura para deteriorarse.

Puede hacerlo mediante la pérdida de confianza en las instituciones, la personalización del poder, la descalificación sistemática del adversario y el debilitamiento de las normas formales e informales que permiten la convivencia democrática.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han insistido precisamente en la importancia de dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional.

La primera consiste en reconocer al adversario como un competidor legítimo. La segunda implica no utilizar todas las facultades legales simplemente porque se dispone de ellas.

Esta advertencia es crucial. Una democracia puede ser erosionada utilizando instrumentos perfectamente legales. Un gobernante puede no cerrar el Parlamento y, sin embargo, deslegitimarlo permanentemente. Puede no clausurar un periódico y, no obstante, intentar convertir a los periodistas críticos en enemigos públicos. Puede no acabar con la Contraloría, y aún así desprestigiar su función contralora del poder ejecutivo ante la ciudadanía. Puede fingir respeto formalmente por los tribunales y, al mismo tiempo, presentar sus decisiones como obstáculos ilegítimos.

Puede conservar las elecciones y, simultáneamente, no reconocer la idea de que quien gana debe gobernar dentro de límites. Todo ello constituye el terreno de la erosión democrática.

Del presidente al líder

Existe además un fenómeno que merece especial atención: la personalización del poder.

El presidencialismo ya concentra una enorme visibilidad en quien ocupa el Ejecutivo. Pero la personalización ocurre cuando la figura del gobernante comienza a adquirir mayor importancia que la institución que representa.

La política empieza entonces a narrarse alrededor de una persona: “Chaves dice”, “Chaves enfrenta”, “Chaves denuncia”, “Chaves ordena”. La relación política se vuelve cada vez más plebiscitaria: yo contra ellos; el pueblo contra la casta; el cambio contra el pasado; el líder contra las instituciones.

Convengo en que, existen razones sociales que hacen que sectores del pueblo que durante años no se han visto favorecidos por las políticas públicas, hayan comenzado a dejar de creer en muchas instituciones. Es más, acepto que hay un legítimo cansancio ciudadano frente a partidos tradicionales, por la corrupción, la burocracia, la desigualdad y un arsenal de promesas incumplidas. La indignación ciudadana es real. Pero una legítima indignación no puede convertirse en licencia para que venga un gobierno, por más que esté legítimamente constituido, y se dedique a concentrar el poder. La democracia debe ser capaz de procesar el descontento sin destruir los mecanismos que permiten controlarlo.

De la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio

Aquí adquiere particular relevancia el aporte de Xavier Arbós y Salvador Giner. En sus estudios sobre gobernabilidad, ciudadanía y democracia, estos autores ponen en relación la legitimidad con la capacidad de las instituciones para gobernar eficazmente y de manera aceptada por la ciudadanía.

Desde esta perspectiva podemos distinguir dos dimensiones de la legitimidad democrática.

La primera es la legitimidad de origen: la que se obtiene mediante elecciones libres, competitivas y constitucionalmente válidas.

La segunda es la legitimidad de ejercicio: la que se construye —o se pierde— durante el desarrollo del mandato, según la manera en que se gobierna, se respeten las instituciones, se atienden las demandas sociales, se rinden cuentas y se reconoce el derecho de quienes discrepan.

La primera legitima la llegada al poder.

La segunda legitima —o deslegitima— la manera de ejercerlo.

Esta distinción resulta fundamental porque una elección democrática no constituye un cheque en blanco. Rodrigo Chaves obtuvo legitimidad de origen. Eso es indiscutible. La cuestión políticamente relevante es cómo utilizó esa legitimidad. ¿Reconoció suficientemente los límites institucionales? ¿Aceptó que el TSE, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y el Poder Judicial poseen legitimidad propia? ¿Entendió la crítica periodística como condición de la democracia? ¿Consideró al adversario un interlocutor legítimo? ¿Entendió la protesta ciudadana como una expresión democrática que debía ser escuchada?

Estas preguntas permiten desplazar el debate desde la personalidad del gobernante hacia algo mucho más importante: la calidad democrática o no del ejercicio del poder.

De la gobernabilidad a la gobernanza

Y aquí aparece una consecuencia todavía más importante.

Durante mucho tiempo hablamos de gobernabilidad para referirnos a la capacidad de las instituciones para gobernar eficazmente y responder a las demandas sociales. Pero las sociedades contemporáneas han mostrado que gobernar no puede significar simplemente que unos pocos decidan y los demás obedezcan. De ahí la creciente importancia del concepto de gobernanza.

La gobernabilidad pone el acento en la capacidad institucional para gobernar de manera eficaz y legítima. La gobernanza incorpora algo más: la participación de una pluralidad de actores en la deliberación, construcción, ejecución y evaluación de las decisiones públicas.

El Estado continúa siendo indispensable, pero deja de ser concebido como el único protagonista. Participan las instituciones públicas, pero también comunidades, universidades, organizaciones sociales, gobiernos locales, sindicatos, empresas, movimientos ciudadanos, “parones ciudadanos” que se producen para que el poder ejecutivo respete y reconozca plenamente a otros poderes públicos y ciudadanos individuales. La sociedad debe dejar de ser únicamente destinataria de las políticas públicas y se convierte también en sujeto de su construcción.

Esta perspectiva ofrece una respuesta más profunda al problema de la personalización del poder. Cuando la política queda reducida a la relación entre un líder y una masa electoral, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de plebiscitos alrededor de personas. Cuando la ciudadanía participa de manera permanente en la vida pública, el poder tiende a distribuirse. Y un poder distribuido es un poder difícil de personalizar.

La democracia no termina en las urnas

La movilización ciudadana del 6 de agosto en defensa de la independencia judicial tiene, en este contexto, un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las posiciones políticas de quienes participaron, hay un principio que debe ser reconocido: la ciudadanía también tiene derecho a defender públicamente las instituciones de la República. Una democracia sana no exige que todas las protestas tengan razón. Exige que tengan derecho a existir. Y si además tienen razón, tanto mejor.

La ciudadanía no debe aparecer únicamente cuando el poder necesita legitimarse mediante el voto. Debe estar presente también mientras el poder gobierna. Aquí se encuentra el tránsito de la democracia electoral hacia una democracia participativa. Votar es indispensable; pero votar no agota la democracia. La democracia participativa supone deliberar, organizarse, fiscalizar, proponer, protestar, participar en los gobiernos locales y contribuir a la formulación y evaluación de las políticas públicas.

En otras palabras: La ciudadanía no debe limitarse a elegir a quienes gobiernan; debe participar también en la manera como se gobierna.

Una democracia que se controle a sí misma

Norberto Bobbio nos recuerda que la democracia también es un conjunto de reglas acerca de quién decide, cómo decide y dentro de qué límites. Pero una democracia contemporánea necesita algo más que reglas. Necesita ciudadanos, necesita participación, necesita instituciones capaces de escuchar y ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas.

Por eso Costa Rica no debería limitarse a preguntar ¿cómo evitar que aparezca otro gobernante con rasgos personalistas? La pregunta de fondo es mucho más ambiciosa:

¿Cómo construir una democracia en la que ningún liderazgo pueda ocupar el lugar que corresponde a la ciudadanía y a las instituciones? Rodrigo Chaves no destruyó la democracia costarricense. Pero, sí la minó y mucho; su gobierno mostró que nuestras instituciones pueden ser sometidas a fuertes tensiones sin que desaparezcan formalmente. ¿Está siguiendo el actual gobierno de la presidenta Fernández la misma ruta?

Rodrigo Chaves mostró también que la legitimidad obtenida en las urnas puede comenzar a deteriorarse cuando el ejercicio del poder se distancia de las reglas y valores que hicieron posible aquella legitimidad. La lección no debería ser solamente escoger mejor a nuestros gobernantes. Debe ser democratizar también la manera de gobernar. Eso significa fortalecer los contrapesos, proteger la libertad de prensa, defender la independencia institucional, reconocer al adversario como un opositor con plenos derechos cívicos y rendir cuentas claras sobre su accionar. Pero, significa también hacer que la ciudadanía esté presente en la política entre una elección y otra.

Ahí se encuentra el tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza. Y ahí puede encontrarse también una de las claves para una democracia costarricense renovada. Porque la legitimidad de origen abre la puerta del poder. La legitimidad de ejercicio determina qué ocurre después de cruzarla. Y una democracia verdaderamente viva no espera cuatro años para volver a hablar con sus ciudadanos, con todos, con propios y extraños, especialmente con sus adversarios. Exitoso será aquel gobierno que es capaz de incorporar a la ciudadanía al gobierno de la cosa pública.

La democracia, en definitiva, no consiste solamente en decidir quién gobierna. Consiste también en impedir que quien gobierna deje de escuchar únicamente a quienes le dieron el poder; porque el problema democrático decisivo no es solamente quién tiene el poder. Es cómo se distribuye, cómo se controla y cuánto espacio conserva la sociedad para ejercerlo también.

Apoyo, pero crítico, al Poder Judicial y la Fiscalía

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alejandro Guevara Arroyo

El pasado jueves 6 de agosto, en Costa Rica, se desarrolló una manifestación cívica de considerable importancia simbólica, por su composición, su convocatoria y su proclama: un plantón «Por la defensa de la democracia y la justicia».

Fue inicialmente convocado por sectores de la ciudadanía y organizaciones sociales, a los que luego se fueron sumando grupos universitarios, autoridades y personas funcionarias del Poder Judicial, organizaciones sindicales y diversas organizaciones de la sociedad civil, además de representantes de los partidos opositores al actual Gobierno. La convocatoria reunió a miles de personas en la Plaza de la Democracia en San José y tuvo también expresiones menores en el resto del país.

Esta manifestación surge en el contexto de diversas presiones y acciones realizadas por figuras del actual Gobierno de la República, protagonizadas por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves. Entre ellas se encuentran los recortes presupuestarios que han afectado al Poder Judicial; el apoyo oficialista a trasladar a la Asamblea Legislativa la elección de la persona titular de la Fiscalía General; el bloqueo legislativo al nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional; y, más recientemente, las acusaciones públicas contra magistrados constitucionales y las acciones penales anunciadas contra algunos de ellos a raíz de una resolución de la Sala Constitucional (se habló incluso de un ‘golpe de Estado judicial’).

A propósito de este contexto, un grupo de 54 profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica publicamos un pronunciamiento titulado “En defensa de la Justicia Constitucional y del Estado Constitucional de Derecho costarricense”, visible acá:

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2026/8/10/mas-de-50-docentes-de-la-facultad-de-derecho-ucr-respaldan-decision-de-la-sala-constitucional-sobre-la-eleccion-de-magistraturas-suplentes.html

https://semanariouniversidad.com/opinion/pronunciamiento-en-defensa-de-la-justicia-constitucional-y-del-estado-constitucional-de-derecho-costarricense/

Ahora bien, pasada la emoción tras la exitosa convocatoria, de mi parte entiendo que vale la pena subrayar que, en todo caso, mi apoyo a las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y otros órganos relacionados es de índole crítica. Ello alcanza también al pronunciamiento que con convicción firmé junto con otras profesoras y profesores.

No se trata, de mi parte, de una crítica centralmente dirigida a las personas que ocupan esos puestos (aunque puede existir) y, por ello, su resolución no apunta tampoco a un mero recambio de autoridades. El punto, en cambio, es que las instituciones que ejercen la potestad jurisdiccional y las potestades de persecución penal en Costa Rica cargan con un conjunto de problemas y dificultades relevantes, que afectan tanto la eficiencia en el desempeño de sus funciones como la vigencia de los principios constitucionales que las legitiman. Localizar las estructuras institucionales que hacen probables estos problemas y dificultades es aquello sobre lo que ha de recaer la crítica institucional y constitucional, que es la que a mí me parece de prioritaria atención. Entiendo que esta crítica es a un tiempo, profunda y ponderada.

Profunda, porque va a las estructuras que hacen probables ciertos actos y prácticas institucionales problemáticas.

Ciertamente, todo el episodio de Celso Gamboa y las actuaciones de magistrados como Carlos Chinchilla y Jesús Ramírez en el denominado ‘Cementazo’, así como la crisis institucional que rodeó la salida del entonces fiscal general Jorge Chavarría, se encuentran aún presentes en la memoria colectiva de la comunidad política costarricense. Mal haría cualquier defensor del valor de dichas instituciones en desconocerlo.

Empero la pregunta institucional relevante es otra: ¿qué características del diseño de esas instituciones (sus procedimientos de nombramiento, sus controles y su organización interna) hicieron posibles o más probables estos episodios sucedieran y qué reformas permitirían reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir?

Ponderada, porque no cae en la descalificación generalizada de un entramado institucional que, con sus cargas históricas y sus bemoles contemporáneos, mantiene un funcionamiento regular y efectivo en múltiples ámbitos, de la mano de miles de personas funcionarias que día a día cumplen con su labor de la manera en que entienden que corresponde. La crítica institucional exige distinguir entre problemas estructurales, responsabilidades individuales y el funcionamiento ordinario de la institución.

En mi opinión, el apoyo ciudadano demostrado en los últimos días a dichas instituciones ante las preocupantes acciones de figuras del Poder Ejecutivo y Legislativo debería impulsar a sus autoridades, así como al bloque político opositor, a promover reformas largamente esperadas en sus estructuras institucionales fundamentales.

En síntesis, en este caso, la defensa frente a interferencias externas no debería entenderse como una defensa del statu quo vigente. Es precisamente porque la independencia judicial merece ser defendida, pues es clave para el ideal de la República democrática, que corresponde fortalecer las condiciones institucionales que la hacen probable. Para ello, sin embargo, requerimos realizar reformas claves a sus estructuras fundamentales.

Comprender antes que simplificar: Reflexiones sobre educación, sexualidad y democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Rodrigo Campos Hernández

Las discusiones públicas sobre sexualidad suelen producir un fenómeno curioso: cuanto más importantes son, más rápidamente se transforman en trincheras ideológicas. En lugar de intentar comprender un fenómeno complejo, las personas terminan obligadas a escoger entre posiciones que se presentan como absolutamente incompatibles. Unos afirman que todo se explica por la biología; otros parecen reducir toda la experiencia humana a construcciones culturales. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo: la complejidad desaparece.

Este ensayo parte de una convicción distinta. La tarea del pensamiento crítico no consiste en sustituir una certeza por otra ni en responder a un dogma con un dogma diferente. Su función es abrir preguntas, poner en diálogo conocimientos provenientes de distintas disciplinas y ofrecer herramientas para que cada persona construya su propio juicio.

Si la educación aspira a formar personas verdaderamente libres, no puede limitarse a transmitir respuestas. Debe enseñar, sobre todo, a formular mejores preguntas. Porque allí donde una sociedad deja de preguntar y comienza únicamente a repetir certezas, la educación pierde su capacidad de formar ciudadanos y corre el riesgo de convertirse, cualquiera que sea la ideología dominante, en un simple instrumento de reproducción de creencias.

No es casual que la educación ocupe hoy uno de los lugares centrales en las disputas políticas y culturales. Lo que se enseña en las aulas nunca es irrelevante, porque allí se forman las personas que, dentro de algunos años, tomarán decisiones, ejercerán derechos, asumirán responsabilidades y convivirán con quienes piensan distinto. Por esa razón, las discusiones sobre los contenidos educativos rara vez son únicamente pedagógicas: expresan también diferentes concepciones sobre la sociedad, la ciudadanía y la democracia.

Las recientes declaraciones de la presidenta Laura Fernández, según las cuales mientras su administración gobierne no se enseñará la denominada «ideología de género» en las escuelas y la educación se fundamentará en «la realidad biológica de hombres y mujeres», han reabierto un debate que Costa Rica conoce desde hace varios años. Las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos sectores, esas palabras representan la defensa del sentido común, de la familia y de una comprensión objetiva de la naturaleza humana. Para otros, constituyen un retroceso en materia de derechos humanos y una forma de invisibilizar la diversidad existente en nuestra sociedad.

Como suele ocurrir en estos temas, el debate rápidamente quedó atrapado entre dos posiciones enfrentadas. Sin embargo, quizá el problema no consista en decidir cuál de esas posiciones debe imponerse, sino en preguntarnos si ambas logran explicar, por sí solas, un fenómeno tan complejo como la sexualidad humana.

Esa será la pregunta que orientará estas reflexiones.

No se trata de negar la importancia de la biología ni de desconocer el papel que desempeñan la cultura, la psicología o el derecho en la construcción de la experiencia humana. Tampoco se pretende sustituir una visión ideológica por otra. El propósito es mucho más modesto y, al mismo tiempo, más exigente: invitar a pensar si una sociedad democrática puede afrontar un tema de esta naturaleza recurriendo únicamente a explicaciones parciales.

Porque, al final, el verdadero problema no consiste en decidir entre biología o cultura. El problema aparece cuando pretendemos explicar toda la experiencia humana utilizando únicamente una de ellas.

La dimensión biológica: una realidad objetiva, pero no simplista

Sería un error comenzar esta discusión negando aquello que la biología ha demostrado durante décadas.

La especie humana posee una organización sexual basada, en la inmensa mayoría de los casos, en dos configuraciones reproductivas asociadas a los cromosomas XX y XY, al desarrollo gonadal, a procesos hormonales específicos y a la producción de dos tipos distintos de gametos. Esa estructura constituye uno de los pilares de la biología humana y explica el proceso reproductivo de nuestra especie.

Negar esa realidad no fortalece el pensamiento crítico; simplemente desconoce el conocimiento científico disponible.

Sin embargo, sería igualmente incorrecto convertir esa constatación en una explicación completa de toda la experiencia humana.

La propia biología contemporánea ha mostrado que el desarrollo sexual es considerablemente más complejo de lo que durante mucho tiempo se creyó. La investigación genética y la medicina del desarrollo han documentado múltiples variaciones biológicas, entre ellas el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, la insensibilidad completa o parcial a los andrógenos, la hiperplasia suprarrenal congénita y otras diferencias del desarrollo sexual.

Estas condiciones representan un porcentaje reducido de la población, pero constituyen realidades biológicas objetivas. No son construcciones culturales ni posiciones ideológicas. Son expresiones de la extraordinaria diversidad con que la naturaleza desarrolla la vida humana.

Precisamente por ello, la biología contemporánea enseña una lección importante: reconocer la existencia de un patrón mayoritario no implica desconocer la existencia de variaciones igualmente reales.

La ciencia rara vez confirma las simplificaciones con las que frecuentemente se desarrolla el debate político.

Por el contrario, suele mostrarnos una realidad mucho más rica, diversa y compleja.

La orientación sexual: más preguntas que respuestas definitivas

Algo semejante ocurre cuando nos preguntamos por el origen de la orientación sexual.

Durante décadas, la investigación científica buscó una explicación única. Se intentó encontrar un «gen de la homosexualidad», una causa exclusivamente hormonal o una explicación puramente ambiental. Ninguna de esas hipótesis logró explicar por sí sola la enorme complejidad del fenómeno.

Hoy existe un consenso considerablemente más prudente.

La evidencia acumulada por la genética, la endocrinología, la neurociencia y la psicología del desarrollo indica que la orientación sexual parece surgir de la interacción de múltiples factores biológicos y ambientales que actúan durante distintas etapas del desarrollo humano.

No existe evidencia que permita afirmar que la orientación sexual sea simplemente una elección voluntaria.

Tampoco existe evidencia suficiente para sostener que pueda explicarse exclusivamente por un único mecanismo biológico.

La respuesta científica, lejos de confirmar posiciones absolutas, invita nuevamente a reconocer la complejidad.

Y esa actitud resulta profundamente educativa.

Porque una de las funciones más importantes de la ciencia no consiste únicamente en ofrecer respuestas, sino también en enseñarnos a convivir con las preguntas cuando la realidad todavía supera nuestras explicaciones.

Esa disposición intelectual —aceptar que el conocimiento avanza precisamente porque continúa investigando— constituye una de las mejores herramientas que la educación puede ofrecer a las nuevas generaciones.

Desde esta perspectiva, enseñar ciencia no significa transmitir certezas inamovibles, sino formar personas capaces de distinguir entre aquello que conocemos con razonable seguridad y aquello que continúa siendo objeto de investigación.

Tal vez esa sea una de las primeras lecciones que convendría recuperar en un debate público donde las respuestas categóricas suelen aparecer con mucha mayor rapidez que la evidencia que pretende justificarlas.

El ser humano no vive únicamente como organismo

Hasta este punto hemos considerado aquello que la biología puede explicar acerca del sexo y del desarrollo humano. Ese recorrido resulta indispensable porque cualquier discusión seria sobre la sexualidad debe partir del conocimiento científico disponible y no de preferencias ideológicas.

Sin embargo, la pregunta fundamental permanece abierta: ¿es suficiente la biología para comprender la experiencia humana?

La respuesta, desde múltiples disciplinas del conocimiento, parece ser negativa.

Los seres humanos nacemos con un cuerpo biológico, pero no vivimos únicamente como organismos biológicos. Desde el mismo momento en que llegamos al mundo ingresamos en una realidad mucho más amplia: aprendemos un idioma, incorporamos normas de convivencia, construimos vínculos afectivos, desarrollamos una personalidad, adquirimos valores, participamos en instituciones y otorgamos significado a nuestras experiencias.

En otras palabras, vivimos simultáneamente en dos dimensiones inseparables. Una pertenece al orden biológico; la otra al universo de los significados que construimos colectivamente.

No se trata de dos mundos independientes ni enfrentados: La biología hace posible la existencia humana; la cultura le otorga sentido.

Por ello, reducir toda la experiencia humana al funcionamiento de los genes o de las hormonas resultaría tan insuficiente como pretender explicar la música únicamente mediante las propiedades físicas de las ondas sonoras. Estas son indispensables para que exista la música, pero no alcanzan para comprender una sinfonía, una canción popular o la emoción que ambas pueden producir.

Algo semejante ocurre con la sexualidad. La biología explica procesos fundamentales del desarrollo corporal; la psicología estudia la construcción de la personalidad, los afectos y la identidad; la sociología analiza la influencia de las instituciones, la familia y la cultura; la antropología muestra que distintas sociedades han organizado históricamente la sexualidad de formas diversas; el derecho determina cómo una comunidad política reconoce la igualdad, la dignidad y los derechos de las personas, y finalmente, la pedagogía reflexiona acerca de la mejor manera de enseñar todo ello.

Cada una de estas disciplinas ilumina una parte distinta del mismo fenómeno. Ninguna puede sustituir completamente a las demás.

Llegados a este punto conviene hacer una precisión que suele perderse en el debate público. Reconocer la complejidad no significa renunciar al conocimiento, sino comprender que distintos saberes responden preguntas diferentes. La genética ayuda a explicar procesos biológicos; la psicología estudia el desarrollo de la personalidad y de la identidad; la sociología analiza la influencia de las instituciones y de la cultura; el derecho determina cómo una sociedad reconoce la dignidad y los derechos de sus integrantes; la pedagogía reflexiona sobre la mejor manera de enseñar todo lo anterior. Cuando una de estas disciplinas pretende explicar por sí sola la totalidad de la experiencia humana, deja de iluminar la realidad y comienza a simplificarla.

Esta constatación posee una consecuencia especialmente importante para el tema que nos ocupa.

La orientación sexual, por ejemplo, no puede comprenderse únicamente observando cromosomas o estructuras cerebrales, pero tampoco ignorándolos. Del mismo modo, la identidad personal no surge exclusivamente de la biología ni exclusivamente de la cultura. Ambas dimensiones interactúan durante toda la vida de cada individuo, en proporciones que la investigación científica continúa intentando comprender.

Por estas razones, precisamente, las respuestas categóricas suelen ser intelectualmente sospechosas.

Cuando alguien afirma que toda la sexualidad humana se explica exclusivamente por la biología, probablemente está simplificando un fenómeno extraordinariamente complejo.

Pero cuando otra persona sostiene que el cuerpo carece de importancia y que toda diferencia responde únicamente a construcciones culturales, incurre en una simplificación equivalente. Los extremos terminan pareciéndose más de lo que imaginan: Ambos reducen la complejidad para hacerla compatible con sus propias certezas.

La ciencia, en cambio, recorre un camino diferente. En lugar de eliminar la complejidad, intenta comprenderla.

Quizá por ello una de las mayores virtudes del conocimiento científico consista precisamente en enseñarnos humildad intelectual. Cada nuevo descubrimiento responde algunas preguntas, pero abre muchas otras. La historia de la ciencia demuestra que las explicaciones definitivas suelen durar menos que las buenas preguntas.

Esta observación resulta especialmente relevante para la educación.

Si la escuela existe para formar ciudadanos capaces de comprender el mundo, difícilmente podrá cumplir esa misión reduciendo los grandes problemas humanos a una única explicación. Educar no consiste en elegir entre la biología o la cultura, entre la genética o la psicología, entre la ciencia o las ciencias sociales. Educar consiste en mostrar cómo todas ellas dialogan para comprender mejor la realidad.

Finalmente, en tiempos donde la polarización parece exigir respuestas inmediatas y absolutas, quizá la función más importante de la escuela sea precisamente la contraria: enseñar que la complejidad no constituye una amenaza para el conocimiento, sino una de sus mayores riquezas.

¿Sos de los que está vendiendo el futuro por un plato de arroz con pollo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Vengo oyendo en la calle y en Redes Sociales qué poco a poco se incrementa el número de testimonios de chavistas arrepentidos de su voto en febrero pasado. Un poco muy tarde. Sin embargo, creo que a muchos otros los perdimos del todo, hablemos de quienes son:

El banquete efímero y la factura eterna

¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino y de nuestra propia historia? ¿En qué momento el hambre del presente —o la ilusión de una recompensa inmediata— se vuelve tan poderosa que nos hace hipotecar el bienestar del mañana?

En la antigüedad, la narrativa bíblica inmortalizó una escena que hoy resuena con una fuerza pasmosa en nuestra realidad política: Esaú, cansado y hambriento, le vendió su primogenitura, su herencia y su futuro a su hermano Jacob a cambio9 de un simple plato de lentejas. Un trato desigual, un intercambio efímero donde lo momentáneo devoró lo permanente.

Hoy, en la Costa Rica de nuestro tiempo, esa parábola cobra vida de una manera casi cinematográfica. ¿Cuál es el equivalente moderno de ese plato de lentejas? Para muchos, parece ser un plato de arroz con pollo.

¿Qué estamos entregando realmente?

Detengámonos un momento a reflexionar y hagámonos las preguntas incómodas, esas que el método socrático nos obliga a confrontar sin filtros:

¿Qué vale más: la lealtad fugaz hacia una gira o un mitin político, o la estabilidad social de todo un país?

¿Es un intercambio justo aplaudir a figuras como Rodrigo Chaves o Laura Fernández a cambio de un “a-pollo” (un apoyo) que, en la práctica, se traduce en desfinanciar los pilares que sostienen a los más vulnerables?

¿Hemos medido el costo real de lo que se está entregando a cambio de esa efímera sensación de pertenencia?

La letra pequeña del contrato social

Cuando se aplaude sin reservas, rara vez se mira la letra pequeña del contrato que estamos firmando con nuestro silencio y nuestra complacencia. Ese supuesto apoyo tiene un costo altísimo, pagado con los derechos y la seguridad de la ciudadanía:

El golpe a la niñez y la educación: Recortes profundos en programas sociales tan sensibles como miles de becas Avancemos, o los más de 40 mil millones de colones menos para el programa de CEN-CINAI, que alimenta y cuida a la infancia más necesitada.

Recortes al presupuesto del Poder Judicial en un momento crítico, limitando las herramientas necesarias para combatir frontalmente la creciente ola de inseguridad.

El bolsillo de la mayoría: Una propuesta fiscal regresiva que amenaza con tocar la Canasta Básica, elevando el impuesto del IVA del 1% al 13%, golpeando directamente la mesa de los hogares costarricenses de menores ingresos.

Las promesas rotas y las sombras en el camino

A este panorama de recortes y cargas tributarias se suman las sombras del engaño y la desconfianza institucional:

La “agarrada de monos”: La promesa de campaña tan sonada sobre devolver el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) que quedó en el olvido, transformándose en una ilusión más para los trabajadores.

La infiltración y la impunidad: El delicado informe que advierte sobre el posible nexo de 122 policías de la Zona Sur con redes de narcotráfico, contrabando y trata de personas, un síntoma alarmante de la descomposición institucional que no podemos permitirnos minimizar.

¿Vale la pena el precio?

Volvamos la vista al relato bíblico. Esaú sació su hambre por unas horas, pero perdió su legado para siempre.

Hoy, la pregunta queda abierta para cada uno de ustedes, tanto en este espacio de Entre Verdades y Opiniones con JoseSo como en las líneas de esta columna: ¿Vamos a seguir cambiando nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro futuro por un plato de arroz con pollo, o es momento de exigir cuentas antes de que la factura sea imposible de pagar?

Pero cierro con los dos casos más dramáticos. Por un lado, los que ni siquiera reciben el arroz con pollo, pero siguen al pastor de su congregación qué les predicó que tener conciencia de clase se volvió pecado. Por el otro, los que solo lo apoyan porque «qué rico cómo insulta a los ladrones de cuello blanco», cerrando los ojos ante una realidad evidente: impulsan exactamente la misma agenda de venta de activos como el BCR, la intención de cerrar la CCSS o depositar la carga fiscal sobre la clase media trabajadora, e irónicamente conviven con ellos en las mismas burbujas de lujo, como en Monterán.

Pero hay esperanza… el jueves 6 de agosto pasado, un pueblo auto convocado, de manera orgánica, diverso y pacífico pero enérgico, reunió a miles para decirle al oficialismo que el Estado Social de Derecho democrático costarricense se defiende y se respeta.

Vaya contraste, de los que van a comer arroz con pollo y los que si importar pronósticos fallidos de lluvia, caminan donde sea la convocatoria para defender a su Patria.

De Tontos, Tonterías, Tonteras…, de hacerse el tonto y de los retontos

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto hizo la fracción de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano, en la Asamblea Legislativa, cuando el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya manifestó, diciendo con cariño, que la presidenta se hacía la tontita. No la trató de tonta. Tan solo dijo que a su entender parecía que se hacía la tontita.

El alboroto fue para suspender la sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando estaba a pocos minutos de cerrarse el debate de “control político”, que así se tiene establecido en la agenda de trabajo de los diputados, momento en el cual los legisladores pueden referirse libremente a los temas de la vida política nacional, que incluye el balance, análisis o críticas del comportamiento público de quienes integran los Poderes Públicos, entre ellos el del Ejecutivo, presidido por la mujer Laura Fernández.

El alboroto se expresó en el ruido, casi griterío que se estimulaba a realizar contra la expresión del diputado, por parte de los diputados representantes del Gobierno, defensores a ultranza de la presidenta, y por el desorden y caos causado por la presidenta del Poder Legislativo, que de inmediato suspendió la sesión, y abrió los micrófonos para pedir, llamando a sus diputados, que se refirieran a la frase coloquial costarricense de hacerse el tonto.

Esta frase no es solo propia de nuestro lenguaje, sino que se usa en todo el continente y más allá. En la lengua inglesa también se usa. Recuerdo la famosa película de “Tonto y Retonto” o “Dumb and Dumber”, de 1994. Coloquialmente puede compararse con “hacerse el ruso”, “hacerse el sueco”, o en lenguaje más tico “hacerse el maje”.

El alboroto fue ruidoso en ese instante. No tuvo ninguna trascendencia a los medios de comunicación escritos. Fue show para uno de los canales que abanican al Gobierno. Pero, entendámonos un poco con los conceptos.

Tonto es un adjetivo. Como tal describe o ubica a una persona con escasa inteligencia, que es torpe, que le falta sentido común, que actúa con ingenuidad o sin malicia, que realiza actos o dice cosas absurdas o ilógicas. Un tonto es la persona que le cuesta comprender las cosas, que no tiene juicio, que se deja engañar fácilmente, por lo que comete errores pequeños o sin importancia.

También se puede comprender como tonto a una persona que padece deficiencia mental, que carece de inteligencia y por ello actúa ingenuamente. El diputado Araya no se refirió en este sentido.

Históricamente el concepto se remonta a Roma, al “tondus” que se empleaba para señalar a las personas que les faltaba profundidad en el pensamiento, que se consideraba que no pensaba bien, que no tiene sesos o que tiene la cabeza hueca. A estas personas les daban un cosco en la cabeza para producir un sonido hueco como “tonk”. De ahí también son también los vocablos atontar, atontado y tontillo…

Así, el tonto es la persona que actúa con poca inteligencia, imprudentemente o sin comprensión de determinadas situaciones, por lo que sus actos son irreflexivos o insensatos. La persona tonta es la que puede equivocarse por falta de información, experiencia o datos, por lo que puede aprender y corregir fácilmente. Ser tonto es parte del ser humano. Es una condición temporal. No es un sinónimo de imbécil, lo que tampoco dijo el diputado Araya. Es importante distinguir esto.

Al tonto le falta contexto o saber, por lo que puede corregir cuando se le ayuda o cuando ve la realidad con claridad. El imbécil se niega a aceptar la realidad que le produce su actuación. Se niega a aceptar su equivocación haciéndola una trinchera de combate ofendiéndose si se le corrige, pues no pone de su parte para aprender.

Hasta en la Biblia se usa el concepto de persona “tonta”, como “necio” e “insensato” también, no para destacar la inteligencia de la persona sino para señalar su falta de sabiduría y su rechazo a Dios. Igualmente para describir a las personas que ignoran los consejos buenos y hacen el mal. En la Biblia los tontos pierden el control con mucha facilidad y hacen locuras (Proverbios 14:17), como sucedió con la reacción de los diputados de gobierno. En la Biblia el tonto se cree todo lo que le dicen, por lo que se enojan fácilmente…mientras los sabios perdonan.

Ser tonto no califica la capacidad mental. No destaca un problema de la mente. Exhibe la toma de malas decisiones. El orgullo de la persona tonta le coloca en el punto de que no necesita aprender de nadie.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, describe tonto a la persona que tiene poca inteligencia, entendimiento o razón, que tiene torpeza para actuar o tomar decisiones. En las relaciones amistosas y de confianza se usa sin mala intención y como broma, sin ofender la capacidad mental de a quien se le dirige esa condición. En la expresión del diputado Araya, me parece, que fue más el señalamiento de que la presidente, torpemente actúa o toma decisiones. La tontería refiere a las cosas de poco valor.

En el DRAE, también se dice que tonto puede usarse como insulto leve, falta de respeto sin que sea una grosería fuerte. Me parece que el diputado Araya no le dio ninguno de estos contenidos.

Puesto así, la tontería es la expresión que hace el tonto, es la forma como el tonto se expresa, como refiere sus palabras, dichos o hechos sin sentido, seriedad o importancia.

Una tontería es también una cosa de poco valor o sin importancia, referida a cualquier objeto, o persona sin que eso sea una falta de respeto. Lo que destaca lo que somos es lo que hacemos.

Tonterías son, en síntesis, lo que dicen los tontos, palabras, ideas y actos. Decir tonterías es exhibir la cualidad del tonto, muchas veces en lenguaje que no se entiende o carece de sentido, como a veces se expresa el copresidente Rodrigo Chaves, que no se le entiende nada, mezclando su lenguaje, como lo ha hecho, con gruñidos… emocionalmente sintiéndose animal… Como le decía la Madre a Forrest Gump en la película homónima: “la estupidez se demuestra con los actos”.

Si una perrera es el lugar que se tiene destinado para control o refugio de perros, o de animales abandonados, y donde se albergan, la “tontera” la podemos considerar como el lugar donde se concentran, ubican, residen o viven los tontos.

Espero, sinceramente, que el Edificio Legislativo no se convierta en una “tontera”, con un grupo de diputados que actúan como tontos, sin madurez ni sensatez.

Puestas así las cosas, en el español coloquial es válido decir hacerse el tonto, para indicar perder el tiempo, comportarse con poca sensatez, para fingir que no se entiende algo, porque no se ve o no conviene verse y tratarse; porque se quiere hacer algo de manera disimulada, sin planearlo, procurando resultados por sorpresa, o como también se dice coloquialmente hacer cosas a tontas y a locas, sin reflexión, de cualquier manera y sin orden.

El jueves se realizó un llamado Plantón, un encuentro cívico ciudadano inmenso por su movilización, en la Plaza de la Democracia, y por sus réplicas en más de 20 ciudades y pueblos del país. La cantidad de ciudadanos movilizados el jueves, técnica y profesionalmente contados, como se ha hecho, da más de 100.000 ciudadanos movilizados.

No fue una concentración contra el Poder Ejecutivo como tal. Fue un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo modere la forma de relacionarse con los Poderes públicos, con los ciudadanos, con los críticos de su actuación, con los medios de comunicación.

Fue un llamado para que no se disminuyan los fondos y presupuestos del Poder Judicial, de las universidades públicas, de las ayudas sociales, para que el ROP sea devuelto a sus legítimos dueños, para que se elimine el congelamiento de salarios y pensiones que se tiene desde hace cuatro años.

Fue un llamado para detener las manifestaciones autoritaristas, antidemocráticas, militaristas, amenazadoras de establecer un régimen de fuerza, un estado de sitio, un autogolpe de estado que acabe con la Democracia costarricense.

Fue un llamado para que cese la falsa campaña que el Ejecutivo Nacional realiza constantemente contra las bases institucionales del país.

Fue un llamado para que se respete el Estado de Derecho y la independencia real de los poderes del Estado en sus funciones, que les son propias, exclusivas e indelegables. Fue un llamado a los diputados, especialmente a la fracción de los 31 diputados de Gobierno, que respeten la lista de magistrados suplentes que les fue enviada y procedan a conocerla y votarla como corresponde.

El mismo jueves por la tarde los órganos y medios de comunicación al servicio, y pagados por el gobierno, trataban de insinuar a los radioyentes y televidentes que la concentración era casi un verdadero fracaso. Decían que apenas se distinguía del pequeño grupo de ciudadanos que acompañó a la Presidenta, sus ministros y algunos otros funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, para la presentación de un escrito acusatorio contra cuatro magistrados.

Actuar de esa manera era hacerse los tontos frente a la realidad de la movilización y de lo que sucedía en las calles.

El viernes pasado, con la contundencia que fue reconocida por los medios de comunicación escritos, había personas que con relación a esto se empeñaron en seguir haciéndose los tontos. Como avestruces. Insistieron en disminuir la marcha patriótica, el encuentro inmenso de ciudadanos en la Plaza de la Democracia y en las distintas ciudades y pueblos del país en apoyo al Poder Judicial, a la independencia de poderes y a la Democracia costarricense.

Quienes así siguen actuando no son tontos, ni se hacen los tontos. Su problema principal es que los que quieren seguir haciéndose los tontos pasan a la categoría de retontos. Un retonto es quien tiene una condición que lo hace tonto de remate.

Si se trata de discutir los términos con que la presidente se refiere a veces, como lo hizo con la magistrada Patricia Solano, colocándola como la más fea de las feas, como la “refea”, como la llamó, o como el copresidente Chaves se refirió en una ocasión a la presidenta Laura Chinchilla, llamándola la “totalmente desguabilada mental e intelectualmente”, entonces se deberían hacer unas sesiones parlamentarias para discutir los términos con que estos funcionarios se expresan cotidianamente.

De esto, tal vez, lo bueno sea que a partir de ahora, todos los diputados del gobierno, la presidenta y el copresidente y ministro de la Presidencia y de Hacienda, que son los voceros del mal hablar y de ofender, moderen también su lenguaje, porque lo que es bueno para la gansa lo es para el ganso.

Espero que se deje de actuar como tontos o como retontos.

Les recomiendo a todos ver la película “Tonto y Retonto”, (Dumb and Dumber, de 1994), disponible en Google Play.