Etiqueta: legislación ambiental

Ante la ciudadanía denuncio

Publicado el 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Abril 18 del 2023

En ocasiones anteriores hemos planteado que la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica No.7554 del 04/10/1995, se promulgó en un contexto mundial caracterizado por efectivos y trascendentes avances en cuanto a legislación ambiental; entre otros aspectos gracias a las motivaciones generadas por la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. “Un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas con el medio ambiente^1,2”. Obviamente no fue un hecho más del optimismo ambiental del momento, tomando en consideración por ejemplo que, le precedió el proyecto legislativo que representó la trigésima novena reforma de la Constitución Política vigente; propuesta en 1988³ con el objetivo de reformar su Artículo 50, finalmente sancionado como la Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994. La cual, estableció el derecho de todo habitante de este país a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, la obligación del Estado a velar por la protección y conservación del ambiente, elevado a rango Constitucional en justa coherencia con los principios 15 y 17 de la Declaración de Río 1992⁴.

Pero esa progresividad del bloque normativo ambiental no se detuvo con la puesta en vigencia de ambas leyes, casi en lo inmediato también se aprobaron y publicaron la Ley Forestal No. 7575 del 16/04/1996, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 21/05/1998 y Ley de Biodiversidad No. 7788 del 27/05/1998. En resumen, un bloque de Constitucionalidad y Legalidad, claramente consistente con principios ambientales y de derechos humanos a fin de proteger ampliamente el ambiente, y el deber de emprender una evaluación ambiental como instrumento nacional de aplicación obligatoria sobre cualquier propuesta de desarrollo de posible impacto negativo sobre el ambiente⁵. Claro está y vale decir que, no son las únicas, ya que, por ejemplo, otras leyes conexas como la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15/11/1968 y la Ley General de Salud No. 5395 del 30/10/1973 son pilares de gran contribución al respecto.

Sin embargo, y a pesar de que los hechos descritos, tanto por su trascendencia como por el tiempo en que sucedieron determinaron una época álgida en la historia ambiental jurídico-política del país, la reglamentación y aplicación de lo legislado en materia de Evaluación Ambiental durante los años siguientes, no ha contado con mayor o similar respaldo por parte de las autoridades estatales. Tampoco y mucho menos de los grupos del poder económico, cuyas influencias en las políticas públicas han sido y son determinantes en el estancamiento y/o retrocesos. Es más, en las últimas cuatro administraciones gubernamentales incluyendo las aciagas acciones de la actual, se observa una involución cínica e inmoral; pues la propaganda oficial, no cesa ni escatima gastos para así divulgar dentro y fuera del país que, Costa Rica es líder mundial en la conservación y protección de la naturaleza y el desarrollo ambientalmente sostenible. Sin dejar atrás que, en la práctica las mismas autoridades, además de que administran con deficiencia y casi nula transparencia instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (el ente Rector de la EIA)^6,7,8; también ejecutan una derogación paulatina y recientemente abrupta de los requerimientos técnicos y legales establecidos mediante el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Manuales Técnicos. Requerimientos a los que impúdicamente denominan “cuellos de botella”, señalados por el empresariado privado para ser eliminados por el gobierno⁹. Gratuita y tendenciosa concesión contra una reglamentación que, aunque todavía parcial del contenido total de la Ley No. 7554, con amplia participación ciudadana, técnica y científica, se había logrado consolidar entre los años 2004 y 2007 inclusive, mediante la siguiente seguidilla de decretos ejecutivos: 31.849 (28/06/2004), 32.079 (05/11/2004), 32.711 (24/10/2005), 32.712 (18/11/2005), 32.966 (04/05/2006), 32967 (04/05/2006) y 33.959 (19/12/2007)¹⁰.

Nótese que, indicamos reglamentación parcial de dicha Ley además de paulatina, lo cual, si a esta característica se recalca de que, el proceso de implementación duró más de diez años en quedar vigente y no obstante que, la misma ley contempla en su artículo 117 el deber de cumplirlo en plazo de tres meses al promulgarse la ley; son indicadores de que existió un deliberado atraso en procurar la efectiva aplicación de los principios que contempla. Por consiguiente, ésta es una prueba fiel del modelo de desarrollo excluyente de la variable ambiental que ha interesado por parte de los grupos oligárquicos (empresariado privado) en contubernio con las autoridades de gobierno y en ciertos momentos otras entidades como el CFIA y colegio de Geólogos de C. R. Para ellos, las riquezas naturales y el medio ambiente en general, valen mientras estén a expensas del neoestractivismo, enemigo natural de la evaluación de impacto ambiental y el desarrollo ambientalmente sostenible. Nada extraño resulta que, hoy día a los geólogos agremiados a dicho colegio, los preside un renombrado consultor ambiental, con amplia carrera sobre la SETENA e Industrias Infinito¹¹.

Otra prueba de esa connivencia en la “democrática, abanderada de derechos humanos, campeona del ambiente y pacífica Costa Rica”; es su campaña sistemática contra la ratificación del Acuerdo de Escazú^12,13,14. Un Tratado “visionario y sin precedentes”, el cual, “incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones”. Es ampliamente conocido que, con este Acuerdo se persigue la aplicación plena del Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe” de la cual somos signatarios. Es decir, la obstinación de estos grupos dominantes del poder económico político de Costa Rica, la cual es a la vez violenta; hasta hoy no sólo es real y evidente que actúa contra el ya firmado Acuerdo de Escazú, sino contra la Declaración de Río y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues el viraje en la política ambiental de Costa Rica entre el Pacto de San José y el Acuerdo de Escazú, ahora liderado por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles¹⁵, si algo logra con creces, es exponer al país al desprestigio internacional; en tanto las dañinas prácticas a que da lugar su política ambiental, son noticias que cada vez con más frecuencia circulan por el mundo a través de diferentes medios¹⁶.

Por consiguiente y en ese orden, es honrado preguntamos con qué respaldo moral y ético desde su país de origen por parte de autoridades y actores afines, dispone el Dr. José Manuel Salazar Xirinach, quien asumió el desafío de cumplir cabalmente la función para la que fue nombrado como Secretario Ejecutivo de la CEPAL a la vez que, le correspondió también asumir la Secretaría de dicho Acuerdo, según lo dispone su propio Artículo No. 17. Especialmente si se tiene en cuenta que, una de sus obligaciones en el doble puesto, es la continuidad de los esfuerzos y acciones necesarias por parte de sus representadas para la incorporación plena al Tratado de todos los países de la Región de América Latina y el Caribe que faltan. Efectivo compromiso que Costa Rica con otros liderazgos políticos de gobierno, desde el año 2012 en la Conferencia Río+20, había asumido junto a Chile, hasta la adopción del texto del Acuerdo por los países que así lo dispusieron el día cuatro de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú¹⁷.

Es claro que, el siguiente paso de esa adopción por parte de nuestro país, consistió en la firma del Tratado en la sede de la ONU el día 27 de setiembre del mismo año. Sin embargo, si bien el primero de febrero del 2019 inició el trámite de ratificación por parte del Parlamento, y con la aprobación en primer debate (13 de febrero 2020) el compromiso costarricense se mostraba aparentemente sólido e invariable con el respaldo unánime de los parlamentarios presentes; es a partir de ese momento que la situación empezó un cambio radical. Una virulenta campaña de desinformación contra este Acuerdo por parte de diferentes cámaras empresariales y otras acciones como el lobby legislativo, rápidamente surtieron efectos en los tres poderes de la República, dejando como primera o principal evidencia, cómo y quién gobierna en este país. Los pronunciamientos o manifestaciones de la ciudadanía y organizaciones civiles como las Universidades públicas y organismos internacionales (ONU, CEPAL, OCDE, PNUMA) a favor del acuerdo, siguen ignorados.

Para colmo de males, con el nuevo gobierno (2022-2026), ese poder e intereses empresariales y corporativos se acabaron de consolidar. Por ejemplo: a) la campaña contra el Acuerdo no ha cesado, inclusive con actores desde el mismo parlamento, desde donde un hereje y protestante diputado (supuesto representante del pueblo), no ha tenido empacho en declarar públicamente de que se trata de un “instrumento de comunistas¹⁸; b) el primero de febrero de este año 2023, la Asamblea legislativa nuevamente sometió a votación el proyecto pero para archivarlo (enterrarlo han dicho algunos medios), negándole la posibilidad hasta de mantenerlo en la corriente legislativa para que en algún momento posterior se le pudiera dar continuidad; así lo dispusieron 41 diputados de los 57 que integran esta Asamblea¹⁹; c) El presidente Rodrigo Chaves Robles y su ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra, son opositores confesos del Tratado²⁰, y por ende a la ONU-CEPAL y la Corte IDH.

Llama la atención de que, la Indecorosa conducta de Costa Rica fue en su momento acompañada por el otro protagonista inicial (Chile), y a ellos, también se sumaron otros como el gobierno y empresarios colombianos; peruanos y paraguayos. Pero para bien de la Región, nuevos gobiernos en Chile y Colombia, con respecto al proceso de ratificación del Acuerdo, ya rectificaron el triste papel de sus antecesores, y para la satisfacción de sus naciones, ostentan el título de Estados Parte²¹. Mientras Costa Rica, prácticamente quedó sola en su traicionera postura desde la cintura del continente, donde de las cinco naciones, el único Estado Parte del Tratado es la Nicaragua sandinista que, sin reparos fue de los primeros en la ratificación correspondiente por parte de su gobierno, no obstante ser insistentemente vilipendiados hasta por los gobiernos y empresarios costarricenses.

Y volviendo al tema de la Reglamentación de Impacto Ambiental, desde el día 8 de febrero 2023 según divulgaciones de gobierno, la ciudadanía costarricense y por ende los defensores activos del medio ambiente, quedamos a la espera de la publicación oficial de la normativa titulada “Nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”; acción derogatoria del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. Como puede observarse, en la nueva titulación sobre lo que supuestamente involucra el mismo tema, es significativo determinar la suplantación específica del concepto Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Además, sobre el objetivo que persigue esta nueva normativa, sin duda que también es relevante la carencia de sustentación técnica-científica en las alocuciones del presidente y ministro del MINAE, al haber declarado conjuntamente: “Estamos muy, muy contentos en el Minae con este logro. Es una reforma de fondo” al “manual de tortura de la santa inquisición. Era un atraso para el emprendimiento^22,23”. Primero que no se trata de un simple manual, sino un Reglamento General, el cual, una parte sustantiva del mismo lo conforma un Manual de Procedimientos Técnicos. A la vez, aunque el ministro hable de “reforma de fondo”, lo cierto es que el Artículo No. 101 plantea: “– Derogaciones. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas…”.

De principio a fin, el nuevo reglamento que mantienen firmado y que tampoco es el mismo que firmó en su momento el expresidente Solís y sus ministros de turno (41139 del 03/05/2018) con similares intensiones; no da margen a ninguna duda de que, fueron las cámaras empresariales las que lo elaboraron, pero sin contemplar siquiera el deber de la sustentación técnica. De manera que por la preponderancia que en estos asuntos debió asumir la SETENA, su secretario Ulises Alvares y Comisión plenaria, deberían ser llamados a la comparecencia ante la Comisión de Ambiente legislativa, y que rindan cuentas por el adefesio de reglamento que normará el trascendente funcionamiento de su institución y directamente determina el tipo de desarrollo del país. Entre muchos aspectos regresivos a instaurar, está por ejemplo la cantidad de proyectos, obras o actividades que genéricamente se disponen a relevar de la obligación de cumplir la evaluación de impacto ambiental (Observar tan sólo su Artículo 3). Asunto que, por años llamaron proyectos de muy bajo impacto ambiental, además, año con año los ampliaban en listas emitidas mediante simples resoluciones administrativas para excluirlos de esta evaluación, engañosamente agregando algunas actividades que no reunían características de un proyecto. Pero ahora, no sólo reglamentan esa histórica exclusión, sino que, una vez más les aumentan los umbrales. Es el caso por ejemplo de los movimientos de tierra y área constructiva, una práctica viciosa de siempre.

Otro aspecto a prestar atención al menos por el momento y que, denota omisión impropia es que, en materia tan sensible y sobre todo que pretenden derogar, es el deber de observar y entender como ya se dijo, los conceptos básicos de evaluación de impacto ambiental y daño ambiental. Se observa así una velada intencionalidad de retroceder con estas conceptualizaciones, incluso más allá del anterior Reglamento de la Setena (D.E. 25705-1997). Veamos:

Reglamento General de la EIA del 2004

“39. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos.”

“28) Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex -ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA).”

RECSA 2022

“Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento técnico-científico realizado por un equipo de consultores ambientales para identificar y predecir los efectos de una actividad, obra o proyecto (AOP) sobre el ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, cuantificándolos, ponderándolos y estableciendo medidas de control ambiental.”

“17. Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, significativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA)”.

En estas definiciones básicas, queda completamente demostrado una intencionalidad de cambiar a su favor conceptos fundamentales, así cómo se elimina la obligación de cumplir la EIA de muchos proyectos por medio de este reglamento “nuevo” y otras leyes ya vigentes. Y la gravedad de tales decisiones radica en que, se lleva a cabo en momentos de que se tramita también una reforma de Ley 7554 que corta las alas a la SETENA²⁴. Igualmente, cuando la violencia que azota al país, vive momentos extremos, inclusive en temas ambientales; 27.871 denuncias ambientales registradas durante los últimos cinco años²⁵ son alarmantes. Pero no observamos preocupación del gobierno, no obstante, con disimulo la mesa ha sido golpeada por los gringos²⁶.

Conclusión: Costa Rica hoy día enarbola en su política ambiental, no sólo los antivalores más innobles como la traición a nivel regional, sino también, la mentira y el engaño para desatender (desgobernar) los bienes más preciados de la Nación, su salud, la seguridad y en general sus derechos humanos. ¿Podrá haber una reglamentación más retrógrada que la que comentamos? Seguro que no.

Día Mundial de los Humedales… pero no se aprobó Acuerdo de Escazú

Publicado el 03/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

A pesar de ser un día destinado a la protección de uno de los elementos fundamentales del medio ambiente como son los humedales, con mucha tristeza, molestia, coraje, indignación, vergüenza e impotencia Costa Rica ha dejado pasar una oportunidad única e importante para ser congruente con su imagen de país verde y decidió el congreso dejar vencer el plazo para la para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ conocido como Acuerdo de Escazú”.

Este acuerdo tenía como propósito Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio. Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente de nuestra región. Su proceso de negociación contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como con la participación activa de la sociedad civil.

Es vergonzoso que Costa Rica, país en el que se firmó el acuerdo para hacer realidad este avanzado proyecto se negara a firmarlo porque tuvo una votación unánime en el primer debate, que luego la Sala Constitucional anuló y obligó a iniciar el proceso el cual debía de cumplirse dentro del plazo de cuatro años y simple y sencillamente dejaron que ese plazo venciera. Una incongruencia total.

País verde que niega la participación ciudadana en materia de ambiente. País verde que impide que se abran opciones para un desarrollo de la legislación ambiental y la protección que requiere para ser más amigables con el ambiente.

No hubo voluntad política y posiblemente si hubo intereses económicos y personas interesadas para que esto no se diera.

Con 11 votos a favor y 41 en contra, enterraron el “Acuerdo de Escazú”. En contra representantes de Nueva República y de la Unidad Social Cristiana junto al Liberal Progresista y Liberación Nacional allanaron el camino para evitar que Costa Rica participe de un acuerdo ambiental que fue, incluso, elaborado en Costa Rica y aprobado ya por grandes economías, como la de Chile, Argentina, Panamá y otras.

Lo peor de todo es que se archivó sin que se diera un solo debate en torno a su conveniencia o no. Simplemente dejaron pasar el tiempo y ya. Cientos de organizaciones ambientales trataron de que se les escuchara y que por lo menos se abriera un debate mediante la aprobación de la ampliación del plazo, pero no fueron escuchadas.

Muy lamentable y es urgente buscar los mecanismos de derecho internacional para tratar de revivir este acuerdo y pueda ser ratificado por Costa Rica.

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Maquillaje Verde: Dimensiones para reflexionar

Publicado el 13/07/2022. Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes

A partir de la pandemia global de la Covid-19, muchas de nuestras actividades se vieron disminuidas o suspendidas, otras continuaron como si no pasará nada. Esta situación se vio marcada por las profundas brechas socioeconómicas y ambientales que configuran nuestras sociedades, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, en cambio otros sectores más privilegiados vieron sus actividades ser protegidas y hasta promovidas.

Sin embargo, desde diversos espacios políticos y empresariales nos invitan a una reactivación económica que no necesariamente es la que necesitamos, ya que siguen ignorando esas brechas socioeconómicas y ambientales, en cambio nos proponen “normalizar” sus privilegios y reformar aquellos aspectos que limitan sus actividades, por ejemplo en las dimensiones tributarias o legislación ambiental.

Por esta razón, les invitamos a pensar sobre un fenómeno que cada vez más domina los discursos empresariales y políticos el “maquillaje verde”, se caracteriza precisamente por la aplicación de medidas “cosméticas” por ejemplo etiquetas en productos, campañas publicitarias, financiamiento de eventos, entre otros que no tienen ninguna implicación real en los procesos de extracción, producción, distribución y consumo, es decir mantienen sus mismas condiciones, y abre el escenario para su expansión e intensificación.

Con el discurso de la “reactivación económica” veremos cada vez más este tipo de técnicas publicitarias, para justificar la modificación de reglamentos, leyes, permisos y otros instrumentos con el fin de flexibilizar las condiciones y permitir a diversos sectores productivos y económicos de nuestro país concentrar la riqueza y mantener el despojo de nuestros bienes naturales.

Mitos sobre el Acuerdo de Escazú

Publicado el 23/03/2022. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Observatorio Bienes Comunes

SURCOS comparte la siguiente información:

Observatorio Bienes Comunes

Reflexionamos en nuestro documento de trabajo sobre los mitos en torno al Acuerdo de Escazú y nos cuestionamos si realmente sólo pretenden obstaculizar la aprobación del Acuerdo o están exponiendo abiertamente su descontento con la legislación ambiental y el rechazo a la participación ambiental.

Pueden descargarlo aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mitos-sobre-el-acuerdo-de-escazu-documento-del-trabajo/

Nos quieren monocultivo, seamos bosque nativo

Publicado el 19/06/2021. Publicado en Madre Tierra.

El Frente Ecologista Universitario organiza e invita el evento “Nos quieren monocultivo, seamos bosque nativo”, experiencia de lucha en contra de la expansión piñera de Guacimo. Se contará con la participación de Erlinda Quesada, lideresa comunitaria en La Perla de Guácimo e integrante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp), que ha participado de las múltiples denuncias a las compañías piñeras que irrespetan la legislación ambiental, así como de los efectos nocivos de la expansión piñera para las comunidades y la naturaleza.

Día: Viernes 18 de junio
Hora: 3:00 pm
Se retransmitirá por redes sociales:
Facebook: frenteecologistauniversitario
Instagram: fecou.ucr

Si desea participar en la conversación vía Zoom, solo se debe enviar un mensaje directo para compartir el enlace.

Información compartida con SURCOS por Angélica Alvarado.

El Acuerdo de Escazú, de lo sublime a lo indignante

Publicado el 18/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

El Acuerdo de Escazú, según CEPAL, «plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región».^[1] Toda una joya de la diplomacia costarricense que consolida la narrativa país posicionada en el exterior, según la cual Costa Rica es un adalid de derechos humanos y amor a la naturaleza. Entre otras virtudes, ese tratado garantiza el derecho a la información y a la participación ciudadana contribuyendo a la protección de quienes defienden a nuestra Madre Tierra, en una América Latina que puntea en asesinatos de líderes sociales (Costa Rica suma al menos tres). Por lo demás, amarra los avances que ha venido cosechando el país en su legislación ambiental y constitucional, así que desde el principio cumple con el mínimo requerido.

No obstante, este gobierno y esta Asamblea Legislativa nos han dejado en ridículo por no estar entre los primeros que ratificaron para que el tratado entrara en vigor el pasado 22 de abril, a falta del segundo debate. Daño irreparable a la imagen del país que les reclamaremos siempre. Encima, el gobierno no ha hecho casi nada por impulsar y defender su aprobación definitiva. Imperdonable. Y hoy hasta corre el riesgo de ser rechazado, lo que sería una calamidad monumental y una vergüenza nacional sin parangón. Tal vez sea mejor mantenerlo en barbecho, como lo reconociera honestamente la diputada del PAC, Nielsen Pérez, hasta asegurarle los 38 votos; porque lo último que haría falta es que el Ejecutivo lo mande a votar para enterrarlo.^[2] Por otro lado, cada día se agranda una duda en el exterior: ¿Será que Costa Rica sostiene un doble discurso en relación con derechos humanos y ambientales? ¿Será este el espejo donde nuestra hermosa imagen internacional revela su verdad de cuento bien fraguado para turistas incautos? ¿Y será casual que el Presidente Biden no haya invitado al presidente Alvarado a su cumbre climática en abril pasado?

¿Y por qué el gobierno y la mayoría de la Asamblea Legislativa se habrán puesto de acuerdo en esta otra barbaridad? Porque el tratado le inquieta al supremo inquisidor de la política pública que es la Unión de cámaras (UCCAEP). ¿Y con qué argumentos se opone? Con pocos y ridículos, ninguno válido.^[3] ¿Y dónde los defiende? En ninguna parte, ¿para qué? Le ha bastado informar a sus seguidores del PLN, el PUSC y los demás partidos religiosos. Y, por supuesto, instruir al presidente, que fue electo como defensor de derechos humanos pero salió huero. Es tal el poder de ese grupúsculo que hasta la Sala IV ha recurrido otra vez a argumentos espurios para no favorecer la aprobación del tratado; evadiendo, desde luego, el fondo del asunto y congraciándose con esa configuración de fuerzas retardatarias. ¿Y la prensa plutocrática? «Calladita más bonita», como le gusta al patriarcado. Así que el Acuerdo de Escazú anda políticamente huérfano y podría ser postergado o malversado por la campaña política que se avecina, en la que casi todos compiten por parecer útiles a los dueños del dinero.

Pero tenemos que sobreponernos a la vergüenza y a la indignación que todo esto provoca y cuando menos tratar de comprender lo que está pasando, pues lo mínimo es conocer cuál es el enemigo real. Por tanto, ¿qué nos enseña esta inaudita e inédita situación? Lo que ya sabíamos: que en cuestión de política pública incide aquí, más que nadie, un grupúsculo con criterios trogloditas, al que no le importa el prestigio del país, la salud de la Madre Tierra o los derechos humanos; como tampoco le importa, nunca le ha importado, las comunidades indígenas. La única lógica que entienden es la de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Algunos hasta se dicen católicos pero nada quieren saber de cuidar la «casa común» (Papa Francisco).

Claro, pero precisemos. Hay cientos de empresarios honestos en este país que respetan las reglas del capitalismo e incluso se arrollan las mangas para ganarse lo que se ganan. Ellos pagan sus impuestos a tiempo y los salarios de ley, porque saben que es absurdo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Los hay que además impulsan programas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria. También se enriquecen con el trabajo del prójimo, pero comparten algunos beneficios e incentivos asociados a productividad. Hasta pueden ser personas solidarias que aman su país, que pagan con gusto a la CCSS y no despiden al primer trabajador que quiere sindicalizarse.^[4] Sin embargo, la gran mayoría son medianos o pequeños empresarios, sin tiempo para hacer lobby ni para formar parte de las directivas de sus respectivas cámaras.

Pero otra cosa es la mafia «empresarial», la que no paga ni el salario mínimo. El Ministerio de trabajo sabe que casi el 30 % de la fuerza laboral sufría ese flagelo en el sector privado antes de pandemia. En cambio sí paga la «ingeniería fiscal» que necesita para evadir y eludir sus obligaciones fiscales, mientras «exporta» sus ganancias a paraísos fiscales; así que ya tiene el déficit fiscal por encima del 8% del PIB y al país híper endeudado. Esa ingeniería ha inventado el capitalismo de ganancia cero, lo que le valdría para un Nobel en Economía. Estos capitalistas juegan sucio y rudo, mientras se disfrazan de «demócratas ejemplares» se niegan a pagar la seguridad social. Están también los que sin rubor contrabandean y estafan, o hacen extracciones ilícitas en bosques y ríos contaminándolos sin responsabilidad. Ellos se apropian ilegalmente de tierras del Estado o de las comunidades indígenas, venden al ICE electricidad que no necesita o cobran alquileres abusivos y sostienen otras prácticas monopólicas. Todos siguen el mal ejemplo de los usureros que por años han estado atracando a los deudores. Y quedan otras especies que caben en un largo etcétera. Y, por supuesto, también están entre ellos los que blanquean capitales al narcotráfico.

En fin, tales son los abanderados de la avaricia en el desfile del capitalismo salvaje que destruye las fuentes de toda riqueza (trabajo y la naturaleza); el mismo que está llevando a la hecatombe ecológica anunciada por el cambio climático. Todos bajo la ética del enriquecimiento ilimitado a la brevedad posible; de la concentración y centralización de la riqueza como objetivo absoluto, aunque se queden sin futuro, sin planeta, sus nietos y nietas. Actúan contra la sostenibilidad y gobernabilidad del capitalismo. De manera tan egoísta, miope e irresponsable que parecen anticapitalistas. Según la broma de Franz Hinkelammert, cortan la rama en la que están sentados. Pero, por ahora, para desgracia de todos, se van saliendo con la suya.

Mientras tanto, el Soberano, el Pueblo, con el mandato constitucional de gobernar junto a los tres poderes dizque independientes, permanece cual bello durmiente a la espera de que la Patria roce sus labios…

^[1] Así anuncia el IILPES un webinar titulado: «Acuerdo de Escazú. Oportunidades del gobierno abierto ambiental», para el próximo jueves 20 de mayo del 2021.

^[2] Ver un excelente análisis en: https://surcosdigital.com/la-entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-un-hecho-insolito-que-merece-explicacion-video/

^[3] Ver el artículo de Alberto Salom, «El acuerdo de Escazú», del domingo 16 de mayo de 2021, en larepública.net.

^[4] El presidente Biden acaba de hacer una defensa contundente de este derecho básico.

Agua es Vida y Yiski se pronuncian ante proyecto de ley de agua

Publicado el 06/08/2020. Publicado en Agua, Derechos.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«¡DIGAMOS NO A LA NUEVA «LEY DE AGUAS», DE PAOLA VEGA!

Porque pese a la trascendencia que tiene una nueva Ley de Aguas, este proyecto ha sido tramitado DE ESPALDAS A LOS HABITANTES, a pesar de que sustituye sin justificaciones expresas, la magnífica Ley de Aguas que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, en virtud de sustanciales actualizaciones, ha abierto el camino a la incorporación en la normativa legal costarricense, a que el acceso al agua, como bien demanial, en cantidad y calidad adecuadas, sea un Derecho Humano. La precipitación en su trámite no ha permitido incluso, que la gran mayoría de los señores diputados hayan tenido la oportunidad de conocer sus detalles técnicos, y mucho menos debatir sobre ellos como es su responsabilidad. Ello, pese a que es quizá el proyecto de ley MÁS IMPORTANTE que jamás habrían de decidir.
Porque la excelente Ley de Aguas, legado del Dr. Calderón Guardia, que quieren enterrar, es tan VISIONARIA que ha servido de sustento a decenas de normas incluidas en la Constitución Política de Costa Rica, leyes, códigos, matrices de protección de acuíferos, legislación ambiental, normativa ambiental sobre la contaminación de las aguas, SENARA, ARESEP, etcétera. Por lo tanto, ES UNA MENTIRA decir que la actual ley de aguas es una ley vieja, cuando esta ha demostrado poder actualizarse y mantener el marco jurídico vital que garantiza el derecho al acceso al agua potable.
Porque los muy valiosos e insustituibles ACUÍFEROS SUBTERRÁNEO, hoy bajo la tutela técnica y profesional del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quedarían a disposición de un incompetente órgano político, ubicado en el Ministerio de Ambiente. «Dirección de Agua» (a la que simplemente se le cambia el nombre) cuya jerarquía activamente se ha opuesto, a las regulaciones de protección de los acuíferos subterráneos, además formalizadas en atención a resoluciones de la Sala Constitucional. Y es tan evidente la intención de erosionar las funciones de manejo, protección y conservación de las aguas subterráneas, que hasta del nombre del SENARA se elimina cualquier referencia a tan vital área. Así, la REGRESIÓN AMBIENTAL es de tal magnitud, que más allá de la ilegalidad, ha de preocupar infinitamente, las consecuencias de tan insensible e irracional regresión ambiental.
Porque los que pretenden dejar sin protección los invaluables, ¡y a la vez vulnerables!, acuíferos subterráneos, olvidan que, ante la vergonzosa contaminación de nuestros ríos, en extensas regiones del país, así como la sequía que sufren en verano por la disminución de sus zonas de proyección, sus habitantes tienen cifradas sus esperanzas de abastecimiento del líquido vital en las aguas subterráneas. Importante valorar que desde el SENARA se han identificado 58 ACUÍFEROS, costeros, volcánicos y sedimentarios continentales, de los que se nutren más de 17.000 POZOS concesionados en las cuencas del Tárcoles (39%), península de Nicoya (17%), Tempisque (14,4%), Reventazón (5,5%) y Jesús María (3%). Sin embargo, en lugar de proponer un fortalecimiento institucional del SENARA, se busca su degradación.
Porque acorde con la perversa tendencia privatizadora del que llaman «manejo integrado público-privado», se propone la obligación (!) de CREAR SOCIEDADES AGRÍCOLAS como requisito para optar a concesiones de agua para agricultura. Verdaderos órganos privados que habría que inscribir en el Ministerio de Ambiente, formados cada uno por la asociación de cinco dueños de fincas. Aquellos PEQUEÑOS AGRICULTORES que por las más diversas razones no pudieren reunirse en esas muy particulares sociedades, NO podrían obtener concesiones de agua para la atención de sus necesidades. Esto es una privatización del agua de manera solapada.
Porque con no muy sanas intenciones, se amplían indebidamente las condiciones a los derechos de disponer libremente de «agua para uso doméstico», mediante pozos para una casa de habitación o un núcleo familiar, hacia ¡FINCAS DE HASTA 35 HECTÁREAS! O sea, se les otorga a empresarios agropecuarios con fincas de grandes extensiones, permisos previos, sin requisitos, para perforar pozos cual si se tratara para atender las necesidades de una pequeña familia. Otro ejemplo de privatización solapada en un uso doméstico para “pequeñas familias” que viven en “pequeñas” fincas de 35 hectáreas.
Porque se sigue negando la razonable restricción propuesta en su oportunidad, de prohibir la EXPORTACIÓN DE AGUA ENVASADA, desde lugares donde existen comunidades expuestas a periodos, a veces muy largos, de ESCASEZ de agua potable, que sufren así del incumplimiento del acceso al agua en cantidad y calidad, como un DERECHO HUMANO. Tampoco se vislumbra esta prohibición en situaciones de emergencia nacional como lo puede ser una sequía, una pandemia, un problema de salud nacional, contaminación o agotamiento de acuíferos, y otras situaciones adicionales que la lógica de subsistencia, nos dice que es contradictorio exportar agua mientras a lo interno morimos de sed.
Porque es incorrecto siquiera decir, que este proyecto de nueva Ley de Aguas es imprescindible para sustentar la reciente REFORMA CONSTITUCIONAL sobre la materia, y para que el AyA pueda cumplir eficientemente su deber. El que por fugas desde las cañerías del AyA se pierda agua ¡PARA MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS!, el imperdonable rezago en la construcción del proyecto de abastecimiento Orosi II, el costoso fracaso del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, la desvinculación histórica con las asadas, etcétera, son deficiencias de gestión institucional que NO tienen nada que ver con obstáculos que pudiere tener la magnífica Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia.
Porque al eliminar de las funciones del AyA el ejercer «LA GOBERNABILIDAD» del más importante recurso demanial con que contamos los costarricenses, ¡sin determinar A QUIÉN corresponde esa fundamental función!, coloca al agua en una situación de gran VULNERABILIDAD para su manejo Estatal, frente a crecientes amenazas privatizadoras.
Porque al borrar del AyA la función de «ALCANTARILLADOS», sin determinar con claridad a quién se le encarga, crea un previsible CAOS interinstitucional de inimaginables consecuencias en la función cotidiana de las zonas urbanas, principalmente.
Porque lejos de promover la INCORPORACIÓN COMUNITARIA en el uso sostenible y fiscalización del agua como recurso invaluable de dominio público, más bien contiene evidentes RETROCESOS en este tipo de gestión deseable.
Porque desdeña algunas de las AMENAZAS más preocupantes que en la actualidad penden sobre el agua, como lo son la contaminación, la sobreexplotación, las tomas ilegales y la escasa protección de las fuentes, cual si fuere un recurso inagotable.
Porque a las de por sí desdeñadas ASADAS, que hoy abastecen con agua potable A MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS, se les impone impuestos indebidos bajo la engañosa expresión de «cánones», dificultando aún más su voluntaria gestión.
Porque el ICE y otras empresas menores públicas y privadas de generación hidroeléctrica, se verían obligadas a pagar un irracional e inconsulto IMPUESTO por el uso del agua en sus proyectos, lo cual encarecerá los costos de la generación eléctrica y golpeará de nuevo a los hogares y al sector productivo del país.
Porque nada es por casualidad, pues se siguen lineamientos de entes internacionales con grandes intereses en el comercio del agua, como la GWP-Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua, los Foros Internacionales del Agua, ¡todos con vínculos nacionales!, que ven al agua como UN BIEN ECONÓMICO Y NO COMO UN BIEN SOCIAL de carácter demanial».

Colectivo AGUA ES VIDA NO MERCANCIA/ Yiski

*Imagen ilustrativa, UCR.

UCCAEP actúa irresponsablemente, advierten expertos en legislación ambiental

Publicado el 17/06/2020. Publicado en Análisis, Madre Tierra.

– Perderíamos avances que podrían violentar derechos fundamentales que tenemos en el país.
– Es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales.
– Cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas, la solicitud de UCCAEP sobre el agua es indignante.

(FECON, 16-06-2020) Según expertos en legislación ambiental, llamar “acoso” a la normativa ambiental en el país es inaceptable por parte de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Sector Privado (UCCAEP). Un documento titulado “Pacto por el empleo” contiene una serie de exigencias antojadizas que según dicen buscan la reactivación económica, pero en realidad obedecen a caprichos sin fundamento técnico ni legal que atentan la protección al ambiente.

Para Álvaro Sagot Rodríguez, abogado y docente de la Universidad de Costa Rica, es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales. A los grandes empresarios se le deben de exigir requisitos, no para limitarlos a ellos, sino para pensar en las siguientes generaciones.

El abogado ambiental recordó que existe en la legislación ambiental el principio de no regresión y el principio de progresividad que exige al país a entonar todo el ordenamiento jurídico hacia la protección de los derechos humanos fundamentales.

Para el abogado Isaac Rojas, de COECOCEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, las solicitudes de UCCAEP son una clara regresión en lo que el país ha avanzado. Por lo tanto esto podría violentar derechos fundamentales que tenemos todas las personas que habitamos en el país.

“En materia ambiental no podemos retroceder. Siempre hay que ir adelante porque estamos hablando de derechos humanos, que tienen que ver con el lugar que habitamos, que tienen que ver son nuestra salud y que tienen que ver también con la salud de los ecosistemas con que nos relacionamos.” Dijo Rojas que además es el Coordinador Internacional del Programa de Bosque y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.

Rojas señaló que “la flexibilización de la legislación que hace UCCAEP es inaceptable. Así también es inaceptable la solicitud de abrir nuevos negocios, la solicitud de abrir la generación eléctrica que ha demostrado impactos graves en comunidades y ríos de nuestro país.”

Hay que recordar gracias a criterios técnicos y científicos muchas comunidades han logrado echar para atrás varios de estos negocios que iban a seguir atentando contra los ríos, y lo han hecho tanto en sede judicial como ante el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del “enjambre hidroeléctrico” que planteaba desarrollar más de 17 represas en la Zona Sur y que gracias a la organización comunitaria y al trabajo de colectivos como Ríos Vivos fueron frenadas.

Además Rojas alertó que “la UCCAEP también está pidiendo la apertura del negocio de los agroquímicos. Cuando se ha comprobado de que el país tiene el deshonroso puesto de ser uno de los países donde se consumen más pesticidas en el mundo, con esto la UCCAEP quiere llevarnos a ser el número uno impactando la salud nuestra y de la naturaleza.”

La UCCAEP también están pidiendo profundizar un modelo anticuado cuando dicen que quieren la apertura del mercado de exploración y explotación de mercado de gas natural. Tristemente estas peticiones en materia ambiental solamente nos enseñan que empresarios como UCCAEP actúan irresponsablemente en una crisis.

A esto Isaac Rojas dijo que: “los empresarios ven la crisis como una oportunidad para profundizar su agenda, para profundizar sus beneficios a expensas de toda la sociedad.”

A propósito del agua

La UCCAEP solicitó en este documento: “Instruir al SENARA para que dicha institución no aumente las tarifas de riego por parte en el Distrito de Riego Arenal – Tempisque.”

Para Oscar Alpízar, abogado ambiental, integrante de Confraternidad Guanacasteca: “no se entiende como la UCCAEP solicita tratos preferenciales en el costo de las tarifas del agua para el sector agroindustrial.”

Alpízar acotó que: “En la actualidad ya estas tarifas son ínfimas e indignantes. Las grandes extensiones agrícolas pagan 0,2 colones por metro cúbico de agua, mientras que el ciudadano paga en promedio 400 colones por metro cúbico. Es decir, cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas.”

https://feconcr.com/uncategorized/expertos-en-legislacion-ambiental-advierten-uccaep-actua-irresponsablemente/

Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela

Publicado el 24/10/2017. Publicado en Madre Tierra.

Piñeras continúan violentando legislación ambiental y de salud sin ningún tipo de regulación por parte de las autoridades estatales responsables

Río Cuarto de Alajuela, 23 de octubre del 2017. Costa Rica. La Comisión de Ganaderos de Pital y la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, junto con vecinos y vecinas del cantón de Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, denuncian que la empresa piñera ANEXCO continúa generando graves daños ambientales en fuentes de agua y zona de humedales.

Los hechos denunciados ocurrieron el día miércoles 18 de octubre, del presente año en una finca de la empresa Ananas Export Company, conocida como ANEXCO, ubicada a 2 km de la plaza de San Rafael, Río Cuarto. Como se puede observar en las fotografías adjuntas, en las fincas de esta empresa se da invasión del área de protección de una naciente de agua y de humedales (se construyó un gran canal por donde están desecando al humedal).

La expansión piñera sigue generando graves impactos ambientales al patrimonio natural, dañando especialmente las fuentes de agua de comunidades enteras, a pesar de las denuncias y la movilización de vecinos(as) de la zona para que las autoridades intervengan y regulen la actividad. Además, en esta misma zona la Comisión de Ganaderos de Pital, ha denunciado ante las instancias pertinentes las afectaciones a la economía local generadas por la peste de la mosca de la piña (_stomoxys calcitrans_), sin obtener hasta el momento el apoyo de las autoridades estatales responsables.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse y actuar frente a una actividad que destruye la economía local y el ambiente, en favor de unos pocos empresarios millonarios.

Denunciamos que estas situaciones se vienen desarrollando en total impunidad, a pesar de existir amplia legislación ambiental en el país y del conocimiento de la situación por parte de funcionarios(as) de SETENA, MINAE, MAG, SENASA y el gobierno de Luis Guillermo Solís.

*Comisión de Ganaderos de Pital

*Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Para mayor información por favor comunicarse al correo: ditso.org@gmail.com

Fotografías:

Comisión de Ganaderos de Pital.

Coordinadora Norte Tierra y Libertad.

Tomado de la página de Facebook de Bloque Verde.

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Viaje al reino del terror

Publicado el 10/06/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Isabel Ducca Durán

Usted se despierta una mañana y emprende su rutina, tal como la ha tenido desde determinado número de años. Habrá quienes se despertarán y darán gracias al Creador o a la Creadora por el regalo de un día más; otras personas preferirán lanzar un par de maldiciones por lo mal que les ha ido en el amor, la copa no sé qué cuántos de fútbol o por el acoso laboral de la jefatura para la cual trabajan. En fin, empezó la mañana, digamos que de domingo para llevar con calma su viajecito. Con el hambre matutina, usted se sienta frente al jarro de café, el jugo de naranja o la fruta del día para tonificar su digestión.

Digamos que no pasó nada raro y usted empieza a hojear un periódico, a revisar mensajes en su celular, a escuchar o ver los telenoticieros. Está en su casa, es domingo, no hay nada extraño en este día. Pero, cuando tiene el plato de gallopinto con tortillas con queso frente a usted, empieza a limpiarse los ojos porque los siente llorosos, desempaña sus lentes pues le parece que empieza a ver nublado ya que, precisamente, en ese momento, los frijoles empiezan como a retorcerse en el plato y el arroz lanza como chispitas. Usted no lo cree, se pellizca para saber si está en la vigilia o duerme. El pellizco le duele y ahora observa cómo los inofensivos frijoles se transforman en algo que todavía no sabe descifrar, pero de su ranura brota algo diminuto que se va corporizando y usted no lo puede creer. Los frijoles adquirieron vida, tienen diminutas extremidades y con sus manos sostienen una diminuta guadaña cada uno. Ríen, se enfilan con paso marcial y empiezan una marcha cantando el himno de los señores del veneno:

Somos los soldados

En cumplimiento del deber

Vamos sembrando la semilla del terror

Usted, anodado o anodada, los ve enfilar hacia su mano y siente como si miles de hormigas subieran por su brazo y con las guadañitas van abriendo surcos en su brazo y escupiendo algo que usted no comprende bien qué es. Su brazo arde, la sangre brota de esas diminutas heridas, sigue ardiendo porque ellos continúan su labor, abren surcos y siembran algo dentro de su piel.

Mientras usted contempla lo que sucede en sus brazos no se ha dado cuenta que las chispas del arroz se han convertido en un humo verdusco que se dirige a las uñas de sus manos y va introduciéndose en las yemas de sus dedos, por su cutícula; entonces, sus uñas adquieren un tono verdusco amoratado, las uñas se rajan en carne viva y de su mano sale un hedor maligno como si se tratara de diminutos pantanos hirvientes. A este punto de la situación, usted se detiene y no logra descifrar si es realidad o fantasía, si está en una de sus peores pesadillas.

¡Ya se lo había dicho su mamá hace mucho tiempo que no viera esa porquería de programas!

Si usted considera que yo plagié una pesadilla de Freddy para estructurar esa descripción, se equivoca de medio a medio. Lo que leí fueron las alertas que vienen dando ciertas personas humanitarias y responsables. Vea, por ejemplo:

Por este medio advertimos del retroceso sin precedentes, en materia de legislación ambiental y de salud, con el que se pondría en peligro la vida del país si se aprueba la propuesta del reglamento RTCR 484:2016 sobre el registro, uso y control de agrovenenos en Costa Rica que se encuentra en consulta pública (goo.gl/kUXD32).

El reglamento señalado en su transitorio número diez consolida la burla a los principios de precaución y sobre todo al sentido común. Es inaceptable permitir el registro y con ello la venta y uso de nuevos plaguicidas sin que se hayan presentado todos los estudios ecotoxicológicos y clínicos y demás estudios atinentes. Sin lugar a dudas, quiénes les asesoran en materia de plaguicidas evidencian un intento desesperado para desregularizar, flexibilizar y facilitar la entrada a chorro de nuevos agrótóxicos en Costa Rica.

Textualmente el reglamento establece: “TRANSITORIO DÉCIMO: Para las solicitudes de registro de plaguicidas sintéticos formulados que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, y cuyos IAGT se encuentren en trámite, la AC en un plazo de un mes otorgará el registro de dichos plaguicidas sintéticos formulados pendientes de aprobación, por un plazo de tres años de vigencia. Durante este plazo la AC podrá revocar el registro otorgado al amparo de este transitorio, si no satisface la evaluación posterior llevada a cabo por los tres Ministerios. De lo contrario, se le otorgará el registro definitivo…”(…)

Firmar este decreto sería un acto más en favor del poderoso agronegocio que contamina y fumiga la salud de los pueblos y los ecosistemas. ¿Quiénes estarán jugando a las puertas giratorias entre este gobierno y las grandes compañías como DOW, Monsanto o Syngenta?

La peligrosidad y los impactos de agrotóxicos en Costa Rica no son suposiciones, son hechos lamentables que vienen deteriorando la vida de las personas y los ecosistemas en el país, ¿acaso son necesarias más pruebas que los 14 mil trabajadores afectados y esterilizados por el nemagón? ¿o las 12 mil personas que reciben agua contaminada con los agrotóxicos de las piñeras y que, al día de hoy, nueve años después, no se ve diezmada la fumigación sobre sus mantos acuíferos? Y se suman las recientes investigaciones de la Universidad Nacional que demuestran presencia de fungicidas de las bananeras en el pelo y la orina de escolares en el Caribe de Costa Rica ¿eso es cuidar nuestra niñez? Costa Rica es el país de mayor uso y abuso de agrotóxicos a nivel mundial. En vez de buscar formas de desincentivar esta intoxicación nacional desmesurada, el gobierno dará un premio sin precedentes a las cámaras de agrovenenos por llevarnos al primer lugar como toxicampeones a nivel mundial.

El nuevo reglamento decreto les permitirá bañarnos (literalmente) con decenas de nuevos agrotóxicos que ni siquiera serán debidamente analizados por las autoridades competentes desde el Ministerio de Salud y del Ambiente.

De Fabián Pacheco, Bloque Verde.

El Agrotóxico Paraquat, cuyo uso fue prohibido en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea por ser altamente toxico desde el 2007 se sigue importando y aplicando en Costa Rica. (ver nota de la Corte de Justicia de la UE en: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp070045en.pdf)

En el 2007, a raíz de este fallo, la transnacional Dole dejó de usar en todo el mundo paraquat en sus operaciones a nivel mundial, con una sola excepción: Costa Rica.

Ver comunicado de la Dole: http://dolecrs.com/press-release-2007/dole-announces-that-it-will-discontinue-the-use-of-paraquat-in-its-agricultural-operations-2/

De Flora Fernández, Costa Rica Solidaria.

No se puede negar que el gobierno del cambio ha cumplido, lo que pasa es que la pobre gente, todavía, después de cuarenta años de cinismo depredador, no ha entendido que todo hay que leerlo al revés. Cuando, en campaña, ofrecen protección al pueblo, sepa que a quién van a proteger es a los señores del capital, ¡a los Caínes sempiternos!, como dijo el poeta español.

Isabel Ducca D.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Semanario Universidad.

Enviado a SURCOS Digital por la autora.

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