SURCOS comparte el comunicado unitario de la Rectoría, el Consejo Universitario, la FEUCR y el SINDEU:
«Ante las repercusiones negativas que se generarían con la aprobación de este proyecto de Ley Marco de Empleo Público Expediente N°21.336, la Rectoría, el Consejo Universitario, la FEUCR y el SINDEU, se unen al llamado de las universidades públicas para participar en la concentración que se llevará a cabo este martes 30 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. en el Parque Central de San José, con el fin de marchar hacia la Asamblea Legislativa. Se recuerda que, mediante Circular R-75-2021, la Rectoría otorgó el permiso correspondiente para que las personas funcionarias puedan asistir a esta actividad y las convocadas para el 1 y 2 de diciembre. De igual forma, se solicita facilitar la participación del sector estudiantil y se coordinará transporte para algunas sedes».
Luego de analizar el texto sobre el Proyecto Ley Marco de empleo público dictaminado por la Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó nuevamente no aprobar dicha propuesta debido a que mantiene muchos de los elementos que violentan la autonomía de las universidades públicas y la independencia de los poderes del Estado.
En el dictamen que la Institución enviará al Poder Legislativo, el Órgano Colegiado llama la atención sobre la manera tan básica en que el proyecto concibe la autonomía universitaria y sobre los planteamientos desarrollados por la misma Sala Constitucional que resultan contradictorios al artículo 84 de la Constitución Política.
Para la UCR, las modificaciones introducidas al texto no corrigen los vicios señalados por la Sala IV, sino que son una coletilla que no toma en cuenta el sistema completo, pues lo que hace es maquillar la propuesta original para decir que se adapta a las estipulaciones constitucionales sin realmente hacerlo.
Por otra parte, esta casa de estudios superiores señala que la iniciativa tiene implicaciones serias para las universidades públicas, ya que concibe dos categorías de contratación laboral: una que tiene fines protegidos constitucionalmente en sus actividades de docencia, investigación, extensión y acción social –a la que no se le aplicaría la futura ley–, y otra de personal administrativo y demás personas trabajadoras que sí se somete a las nuevas regulaciones y que quedaría expuesta a los vaivenes del Poder Ejecutivo.
Para el Consejo Universitario, el proyecto de empleo público tiene un objetivo de naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones, pero –solapadamente– también contiene una reforma del Estado no explicitada, discutida, ni decidida por la sociedad costarricense, cuando centraliza este tema en el Poder Ejecutivo y debilita las autonomías otorgadas constitucionalmente, lo cual lesiona un aspecto básico de la democracia costarricense como es la independencia de poderes.
Al mismo tiempo, la UCR indicó que, si bien es oportuno diseñar una legislación que permita a las instituciones estatales continuar fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, en procura del bienestar de la población, ese objetivo es enemigo de la improvisación, el análisis superficial, la falta de rigurosidad científica y de estudios técnicos, así como de perspectivas cortoplacistas cimentadas en análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales.
Ejemplo de ello es la intención de unificar el sistema salarial del sector público sin que estén claros los aspectos metodológicos que contemplaría el establecimiento del salario global.
Finalmente, el Consejo Universitario llamó la atención sobre la cláusula de objeción de conciencia que todavía conserva el proyecto de ley y que para el ámbito universitario es inconveniente, porque la universidad pública debe posicionarse a la vanguardia en las reflexiones, nunca tener autorización para evadir el análisis crítico de las ideas y los sistemas de pensamiento o, peor aún, discriminar a las personas por causa de ellas.
Adicional a estos señalamientos, el criterio de la UCR contempla una serie de observaciones específicas y posibles formas de subsanar los inconvenientes que presenta el texto, en caso de que la Asamblea Legislativa insista en aprobar la iniciativa de ley.
La iniciativa de la representante del sector administrativo fue respaldada por más de 1000 funcionarios y funcionarias de la UCR. (Foto: Archivo ODI) Foto: Karla Richmond.
A partir de una iniciativa impulsada por la representante del sector administrativo en el Consejo Universitario, la MTE Stephanie Fallas Navarro, un grupo de más de 1000 funcionarios y funcionarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) suscribió un pronunciamiento en defensa de la universidad pública estatal y en contra del proyecto de Ley Marco de empleo público (Expediente 21.336).
En el documento, que será enviado a los diputados y a las diputadas de la República, se identifican una serie de repercusiones presentes para la educación superior en esta propuesta legislativa, entre las que destacan el debilitamiento de la autonomía institucional estipulada en la Constitución Política, la afectación del modelo de educación superior pública, los derechos laborales, así como la precarización de los salarios del sector público, la invisibilización de la convención colectiva como instrumento para resguardar los derechos de la clase trabajadora y la intromisión de los intereses políticos en el quehacer universitario. Debido a esta situación, el personal administrativo de la UCR, en defensa de la educación superior pública y de los derechos de la ciudadanía costarricense, le solicitó a la Asamblea Legislativa que archive inmediatamente este proyecto de ley.
Durante las Jornadas de Análisis del dictamen de la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público se invita al Foro: “Diseño constitucional del Estado, entre frenos, balances y contrapesos” el día lunes 09 de agosto del 2021 a las 5:00 p.m., se contará con la participación de:
Carlos Manuel Arguedas Ramírez
Paola Vega Rodríguez
Olga Marta Sánchez Oviedo
Modera: Patricia Quesada Villalobos
Organiza: Área de Ciencias Sociales
La transmisión será en vivo por el YouTube de UniversidadDeCR y el de WebTVUCR
Mario Rojas Vilchez en su condición de Secretario General de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum presenta un escrito a los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional ofreciendo su colaboración para la consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, bajo la figura Amicus Curiae, como lo establece el Art.44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El espacio unitario Movimiento Sindical y Social firme en La Lucha convoca a organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho el martes 03 de agosto del 2021 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE (CICANDE), en Belén, con el propósito de articular una respuesta del movimiento social costarricense ante las propuestas regresivas de reforma del IVM, del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público y la Agenda Complementaria del Convenio con el FMI.
El espacio unitario Movimiento Sindical y Social: Firme en La Lucha convoca a organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho el próximo miércoles 28 de julio del 2021 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE (CICANDE), en Belén,con el propósito de articular una respuesta del movimiento social costarricense ante las propuestas regresivas de Reforma del IVM, del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público y la Agenda Complementaria del Convenio con el FMI.
El anterior martes 15 de junio, ASDEICE participó en una jornada más contra el nefasto proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336). En esta oportunidad, expresamos nuestra oposición; junto a delegaciones de agricultores, trabajadores de la salud, pescadores, empleados municipales y repartidores de plataformas. Esto frente al costado sur de la Asamblea Legislativa, pero también en las barras del plenario.
La jornada formó parte de las decenas de actividades de calle, sostenidas en el tiempo, en la que ASDEICE en distintas fechas ha participado junto a otros sectores: frente al edificio del ICE, en la Plaza de la Justicia, en los barrios sur de la capital, en una serie de puntos regionales, en sedes de partidos políticos con bancada legislativa, en Paseo Colón, frente al Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa o Casa presidencial; por mencionar algunos ejemplos.
Dichas actividades han formado parte de un plan de lucha que ha incluido acciones de calle, pero también enlaces intersectoriales, reuniones con diputados, videos informativos e incluso acciones legales contra la arbitraria ley anti huelgas (9808) para potenciar la lucha, como lo es coadyuvancia activa de primer nivel, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presentada por ASDEICE y orientada a acuerpar con argumentos contundentes, la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP, que dicho tribunal constitucional actualmente tiene en valoración y que en horas recientes, está teniendo los efectos deseados, en los procedimientos arbitrarios que la legislación dio a la Sala Segunda para calificar de forma expedita las huelgas como ilegales.
La lucha contra el proyecto de ley de empleo público, está próxima a cumplir una de sus etapas, pero no la fase final.
Desde ya estamos preparando las acciones de diversa índole para las fases venideras. Llamamos a la familia Iceísta en cada centro de trabajo, a mantenerse atentos al llamado de ASDEICE. Seguiremos informando.
Abogado Manuel Hernández Venegas analiza proyecto de Ley Marco de Empleo Público, previsto para que ser votado este jueves 17 de junio.
A las puertas de que se vote en primer debate el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) en la Asamblea Legislativa hoy jueves, el experto en Derecho, Manuel Hernández Venegas, enumeró siete graves vicios de constitucionalidad que contiene la iniciativa.
Después de un análisis jurídico integral, precisó siete aspectos que violan el marco constitucional vigente y calificó al proyecto como “un caballo de troya” para derrumbar la democracia costarricense.
“El proyecto contiene una constelación de vicios de constitucionalidad, que son innumerables; pero se puede decir que los más groseros son siete”, apuntó Hernández en entrevista con UNIVERSIDAD.
Lesiona la independencia del Poder Judicial, que es un presupuesto del Estado de derecho y una garantía democrática. En reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia se pronunció y determinó que el proyecto afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial. El proyecto violenta el autogobierno judicial. Implica que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia tendrá su nueva residencia en el despacho del ministro o ministra de Planificación.
Lesiona la autonomía universitaria, que constituye la autonomía de mayor nivel establecida en nuestra Constitución Política, plena y completa como así lo han resuelto de manera reiterada desde 1993 los pronunciamientos de la Sala Constitucional. La autonomía universitaria implica autonomía administrativa, de gobierno, de organización y presupuestaria. El proyecto le arrebata esta autonomía a las instituciones de educación superior y las somete a todas a la gobernanza de un supra-Mideplan. En aquellos países donde se ha quebrado el orden constitucional, la primera víctima de esta fractura ha sido precisamente la autonomía universitaria.
Lesiona seriamente la autonomía municipal. Los constituyentes demócratas más lúcidos la defendieron, protegiéndola contra toda intervención e injerencia del Poder Ejecutivo en la administración de los gobiernos locales. El proyecto hace pedazos la autonomía territorial.
Violenta la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Constitución Política le atribuye a la Caja la administración y el gobierno de los seguros sociales. La Caja es una institución fundacional del Estado social y democrático. El proyecto somete la CCSS a las directrices vinculantes de Mideplan, que va a afectar la prestación de un servicio esencial para la comunidad y a privatizar estos servicios.
Lesiona el derecho de negociación colectiva. Los principales componentes de la relación de empleo, el reclutamiento y la selección de personal, la promoción, los concursos, la evaluación de desempeño y las remuneraciones quedarán sujetos a la disciplina que disponga el ministerio rector. Estos componentes no podrán ser objeto de negociación colectiva en el futuro. El proyecto vacía el derecho de negociación colectiva en general y no solo de convenciones colectivas de trabajo. No será posible desarrollar ninguna modalidad de negociación colectiva en la administración pública. De manera expresa el proyecto prohíbe TODA NEGOCIACIÓN de remuneraciones y cualquier aspecto económico que implique una afectación presupuestaria de las instituciones.
El proyecto proscribe el derecho de negociación colectiva, a contrapelo del artículo 62 de la Constitución Política y el Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) acerca de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, que está ratificado por Costa Rica y que tiene un rango superior a la ley ordinaria. En varios pronunciamientos de la OIT se estableció que este proyecto no se concilia con los estándares del Convenio 98 de la OIT. Lamentablemente, estas advertencias de los órganos de control de OIT fueron totalmente desatendidas por el Gobierno y por la Asamblea Legislativa y fueron lanzadas al cesto de la basura en una abierta afrenta a los compromisos internacionales que tiene nuestro país con la OIT.
Afecta los derechos adquiridos de las y los servidores públicos. Se lesionan los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas amparadas constitucionalmente porque el proyecto impone la migración de manera obligatoria de las y los funcionarios que tienen la modalidad de salario compuesto (salario base, más pluses) al esquema de salario único global. El proyecto lesiona el principio de irretroactividad (no-retroactividad) de la ley, consagrado en el artículo 34 de la Constitución Política, afectando derechos y situaciones jurídicas consolidadas.
Quebranta el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales contenidos en pactos internacionales y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto como un todo significa un retroceso histórico que nos devuelve en el tiempo más de 70 años atrás; un retroceso social y político. Se violentan estos principios, entre otros motivos porque los salarios de las y los funcionarios públicos se mantendrán estancados por muchos años, lesionándose el derecho fundamental a un salario digno, justo, decoroso, remunerativo, suficiente para cubrir las necesidades materiales y culturales de las y los trabajadores. Además, porque se negoció una cláusula de objeción de conciencia que fomenta la discriminación.
“A todas luces es un proyecto regresivo y autoritario, que derrumba el Estado social y democrático, que no es cualquier cosa”, expresó Hernández.
“Si en este país la Sala Constitucional cumple su cometido, que no es otro diferente que salvaguardar los derechos fundamentales y la continuidad del ordenamiento democrático, este ‘Frankenstein’ impresentable no podría pasar en lo absoluto el control de constitucionalidad”, aseveró el jurista.
UNDECA invita a la manifestación ¡No al proyecto de empleo público!, por salarios y trabajos decentes. Este proyecto de Ley afectará a toda la clase trabajadora costarricense.
Día: lunes 14, martes 15 u jueves 17 de junio del 2021 Hora: 2:30 pm. Lugar: Frente a la Asamblea Legislativa.
