La ANEP hace público su posicionamiento sobre la Ley Marco de Empleo Público el cual empezará a regir en el próximo mes de marzo de 2023, en la que ratifica su oposición, señalando ésta como “perversa” frente a la convocatoria de consulta realizada por MidePlan ante el reglamento en el que intenta recabar la opinión de diversos actores ante esta ley.
Señalan que no serán parte de esta iniciativa, ya que estas acciones no esclarecen la importancia y destino que tienen dichas opiniones en esta convocatoria o si realmente estas se harán valer, por ello, indicaron que “no caerán en el jueguito otra vez”.
Estas declaraciones también establecen culpables sobre la entrada en vigencia de dicha ley en la que atribuyen dicho mérito al Partido Liberación Nacional y al Partido Acción Ciudadana, en la que indican que esta Ley lesiona y obstaculiza los derechos de la clase trabajadora en el país.
En próximos días se presentará una Acción de Inconstitucionalidad.
Ley Marco de Empleo Público no garantiza una sana Reforma del Estado.
La Secretaría General de la ANEP envió una carta a la Presidencia de la República a fin de que, por parte del mandatario, Rodrigo Chaves Robles, se gestione detener la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo cual está prevista para el 10 de marzo.
La preocupación surge ya que en 40 días calendario entraría a regir la Ley, pero de momento son un misterio puntos como la reglamentación, aplicación o la serie de dispositivos operativos para su entrada en vigencia, entre otros factores. Es por esto que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se le solicita al Presidente detenerla.
Asimismo, se le recordó a don Rodrigo cuando afirmó en campaña electoral que la Ley Marco de Empleo Público era un adefesio y que habría que revisarla bien.
Desde nuestra organización, y que siempre nos opusimos a la misma, existe un rotundo rechazo a su entrada en vigencia, ya que generará un desastre de gestión institucional y multi-institucional dentro de la Administración Pública.
Sumado a nuestros análisis jurídicos y políticos, está el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) , la cual, señaló en un informe la cantidad de irregularidades que hallaron en el estudio del presunto proceso de reglamentación.
Por tal motivo, en días próximos la ANEP presentará una Acción de Inconstitucionalidad para que desde la Sala Cuarta se ordene que no entre en vigencia la LMEP, puesto que está plagada de roces con la Constitución y además, la ley no es una necesidad nacional.
Se le invita a sintonizar el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, el próximo viernes 01 de julio a las 6 p.m.
En esta edición, se discutirá sobre la Ley Marco de Empleo Público, N° 10159, recientemente aprobada.
Como personas invitadas participarán:
Jorge Coronado, sociólogo y activista social con especialidad en Economía Política.
Marielos Aguilar, docente jubilada e historiadora.
Manuel Hernández, abogado e insumiso libertario.
Albino Vargas, luchador social y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) desde hace 31 años
Se le invita a ver el programa vía Facebook Live,YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.
Sus preguntas y comentarios son parte importante del programa; se le insta a realizarlas en la sección de comentarios de las distintas redes sociales de Alternativas.
Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, junto a otras representaciones de sindicatos de salud, expusieron de forma conjunta en la Mesa Técnica de Escucha sobre las implicaciones legales de la ley Marco de Empleo Público 10.159, sus conclusiones sobre las implicaciones de esta regresiva ley.
En el espacio de exposición organizado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el licenciado Manuel Hernández Venegas, como vocero experto de UNDECA y organizaciones sindicales del sector salud, señaló de forma vehemente las violaciones jurídicas en derechos humanos, tratados internacionales y vicios de inconstitucionalidad, que afectarán la negociación colectiva y afectaciones generales para los y las trabajadoras de esta ley anti laboral.
Para ver la exposición completa puede acceder al siguiente enlace:
El pasado lunes 25 de abril del 2022 la ANEP envió un oficio en el cual le solicita a la UNGL un espacio de diálogo; la Ley Marco de Empleo Público; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga; la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal y cuestiones relacionadas con la elección de las autoridades políticas son aspectos que pueden formar parte de la agenda.
El nivel de autoritarismo que se está pronunciando en la arquitectura jurídica nacional es alarmante. Uno de los principios fundamentales de la democracia es el pluralismo que le garantiza participación política, efectiva y real, a las diversas posiciones sobre la administración de la cosa pública. Para garantizar el pluralismo, contrario al autoritarismo que implica un sometimiento a una sola autoridad, el equilibrio de poderes es un pilar fundamental. De la necesidad del equilibrio de los poderes deriva la independencia de los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las autonomías municipales y universitaria y la libertad sindical y la negociación colectiva.
Los medios de comunicación masiva que representan la voz de los principales grupos de poder de este país se han encargado de estigmatizar a los sindicatos en una descarada campaña, generada después de la lucha en contra del TLC. Sin embargo, el desprestigio de los sindicatos en el fondo conlleva un profundo menosprecio por la libertad sindical y la negociación colectiva porque implican un equilibrio de poder entre la parte patronal y la parte trabajadora, una manifestación práctica de pluralismo político y un obstáculo para toda pretensión autoritaria de gobierno.
La reciente aprobación en segundo debate del Expediente 19431 o el proyecto de ley Marco de Empleo Público no es en realidad una medida de contención de gasto público, sino un abaratamiento de los bienes y servicios que presta el Estado para garantizar justicia y bienestar social. Bajo un argumento falacioso se ha hecho pensar a las masas que el problema fiscal es el “gasto” público y que recortando el “gasto” del Estado se solucionarán los problemas económicos. Ahora bien, lo que los/as neoliberales llaman “gasto” en realidad es “inversión” en salud, educación, agua, electricidad, seguros y calidad de vida que garantiza justicia y bienestar social para el pueblo costarricense. O sea, quieren desmejorar las condiciones de vida del pueblo para justificar un chivo expiatorio (el “gasto” público) que deje en el silencio la verdadera causa de la crisis económica: el fraude fiscal.
Además, este proyecto representa un avance del autoritarismo y un retroceso democrático en lo que concierne al pluralismo y el equilibrio de poderes, ya que imposibilita que la clase trabajadora de una institución negocie a través de sus sindicatos con las autoridades administrativas de la institución las condiciones salariales, mismas que son impuestas por MIDEPLAN.
Además, estas nuevas potestades de MIDEPLAN (un ente del Poder Ejecutivo) se aplicarán a todos los puestos comunes (el sector administrativo y de servicios no especializados) del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo tendrá injerencia directa en los nombramientos del personal administrativo del Poder Judicial. Luego, esto constituye un golpe antidemocrático en contra del pluralismo y la independencia de los poderes de la República.
En conclusión, este proyecto de ley aprobado por la actual Asamblea Legislativa no es un proyecto de empleo público e implica un desmantelamiento descarado del orden jurídico nacional.
El error político del PLN junto con el PAC y demás fracciones legislativas más allá de que se emitan distintas razones que van desde «es la mejor ley para solucionar el déficit fiscal» hasta es el paso correcto para «mayor justicia salarial entre sector público y privado», entre otras repeticiones discursivas de hace más de 45 años de los «políticos», sin duda le echa un enorme empujón al ultraderechista, misógino, tecnócrata de falsa narrativa populista de derecha y prepotencia ya conocida don Rodrigo Chaves Robles.
Al país posiblemente le esperen años aún más oscuros y sin duda dentro de cuatro años o antes asistiremos a la promoción de otras leyes para «mejorar los impuestos» o «solucionar el déficit fiscal».
Todo indica que en el escenario de que gane una de las dos derechas en disputa por Zapote el país tarde o temprano asistirá a una explosión social.
Como hemos dicho tenemos dos rutas: una más lenta y gradual que la otra, pero que nos lleva por el mismo camino y al mismo lugar, mayor concentración de la riqueza, pobreza, precariedad laboral, desempleo, en fin, mayor exclusión social.
Así las cosas, definitivamente parece ser que la aprobación de la dis que ley de empleo público podría generar más réditos al enfoque ultraconservador y eso acelera el escenario de una explosión social.
En el siglo pasado, las democracias fueron derribadas con acciones militares y golpes de Estado.
En Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, la derrocaron con violentos golpes de Estado, que nos dejaron miles de compatriotas latinoamericanos muertos y desaparecidos.
Pero, modernamente, afirma The New York Times, las democracias se han derrumbado mayoritariamente, no con golpes violentos, sino a través de un deslizamiento gradual hacia el autoritarismo.
Nuestra democracia, la de la Suiza centroamericana, que aunque ciertamente nunca fue perfecta, radicada en la Constitución de 1949, resultado de una dolorosa guerra civil, la derrumbaron políticos y Magistrados, de manera motorizada, en menos de los últimos 4 años.
Esta subversión de la institucionalidad democrática, se fraguó a merced de un poderoso y autoritario tridente legislativo: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018), la regresiva Ley Antihuelgas (2020), y para coronar esta vorágine neoliberal, la Ley Marco de Empleo Publico (2022), que, en definitiva, dinamitó nuestro diseño constitucional.
Nuestro mayor desafío, ahora más que nunca, es recuperar el Estado Social y Democrático. 08/03/2022
1.- Expresamente solicitamos que la Sala Constitucional haga uso de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la respectiva resolución.
2.- Solicitamos se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos fundamentales de las personas habitantes de la República. Rogamos hacer el análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias constitucionales de los órganos de este Poder.
3.- Solicitamos se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial».
SURCOS comparte el documento completo de la Consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público:
SURCOS comparte el comunicado unitario de la Rectoría, el Consejo Universitario, la FEUCR y el SINDEU:
«Ante las repercusiones negativas que se generarían con la aprobación de este proyecto de Ley Marco de Empleo Público Expediente N°21.336, la Rectoría, el Consejo Universitario, la FEUCR y el SINDEU, se unen al llamado de las universidades públicas para participar en la concentración que se llevará a cabo este martes 30 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. en el Parque Central de San José, con el fin de marchar hacia la Asamblea Legislativa. Se recuerda que, mediante Circular R-75-2021, la Rectoría otorgó el permiso correspondiente para que las personas funcionarias puedan asistir a esta actividad y las convocadas para el 1 y 2 de diciembre. De igual forma, se solicita facilitar la participación del sector estudiantil y se coordinará transporte para algunas sedes».
