La polémica por las rotondas en la ruta hacia la provincia de Limón sigue escalando. Grupos sociales y comunales se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto de construcción de rotondas en la Ruta 32.
Rocío Ramírez Varela, representante del colectivo Mujeres en Lucha Social, manifestó en la protesta: «Hoy tuvimos una protesta pacífica en Liverpool para decir no a las rotondas. Esto no es un tema político ni partidario, es un tema del pueblo. Limón no quiere rotondas, no quiere retroceso. Con el financiamiento que dicen tener, hagan pasos a desnivel, porque no vamos a aceptar estas rotondas.»
Ramírez dejó claro que su oposición no responde a ideologías ni partidos políticos, sino a un interés colectivo de la comunidad limonense por evitar lo que consideran un retroceso en su desarrollo. La vocera instó a las autoridades a priorizar la construcción de pasos a desnivel, solución que, según los manifestantes, responde mejor a las necesidades viales de la región.
Por su parte, Mauricio Wilson, coordinador de la Unión Provincial de la Provincia de Limón (Uniproli), tomó una postura directa hacia las autoridades gubernamentales. En conferencia de prensa, expresó su descontento: «Señor Presidente, el nombre de Uniproli viene de líderes comunales que conocen la realidad de Limón. Aunque el 70% de los limonenses votó por usted, en tres años no hemos visto ni un empleo nuevo en la provincia.»
Wilson denunció, además, que las recientes declaraciones del Presidente de la República sobre el nombre de Uniproli, calificándolo de «sofisticado» en tono de burla, son una muestra de la falta de respeto hacia los movimientos sociales. Según el coordinador, esta actitud refleja una desconexión entre el gobierno central y las necesidades reales de los habitantes de Limón.
En relación con las amenazas de sanciones legales por futuras manifestaciones en la Ruta 32, Wilson enfatizó que la comunidad no cederá en su lucha: «Si ocurre una tragedia en una de esas rotondas, asesoraremos a las familias para que demanden al Presidente, al Ministro de Transportes y a los seis alcaldes de Limón.»
El líder comunal también cuestionó la transparencia de las autoridades respecto al financiamiento del proyecto vial, señalando inconsistencias entre las promesas iniciales y las recientes declaraciones del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Wilson acusó al gobierno de incumplir con el presupuesto previamente anunciado para las obras complementarias.
En medio de esta creciente tensión, los manifestantes han reiterado que su lucha no es partidista, sino un llamado a soluciones efectivas que consideren las realidades de la provincia. Para ellos, las rotondas representan un gasto innecesario y un riesgo para la seguridad vial, mientras que los pasos a desnivel, según su perspectiva, serían una inversión más adecuada y eficiente.
Ayer se registró un nuevo incidente de envenenamiento en la Laguna Santa Marta y la Laguna Madre de Dios, en el río Pacuare, en Batán, Limón. Este suceso ocurre apenas quince días después de la anterior muerte masiva de peces (Bloqueverde, 17-10-24).
Vecinos reportaron la muerte de cientos de peces y otras especies. Según los testimonios, las plantaciones bananeras aplicaron nematicidas durante las lluvias, ignorando el impacto que esto tiene en el ecosistema, ya que es más fácil que el veneno llegue al río cercano.
Autoridades del OIJ y del Guardacostas se presentaron para recoger la denuncia y tomar muestras de los peces muertos.
El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha estado monitoreando estas contaminaciones a través desde 2003 en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en los cuerpos de agua que alimentan estas lagunas, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas son arrastrados por escorrentía hasta los afluentes y, eventualmente, llegan a la laguna.
Por ejemplo, en enero de 2003, murieron miles de organismos acuáticos, incluidos peces juveniles y adultos de hasta un metro de largo, como anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También fallecieron crustáceos, entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue probablemente el derrame de un plaguicida de un tanque en el aeropuerto de Batán (IRET, 2004).
En ese histórico evento, se encontraron peces muertos a lo largo de 15 kilómetros. A raíz de este caso, la multinacional bananera Standard Fruit Co. llegó a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo, donde fue «absuelta» de responsabilidad a cambio de comprometerse a pagar ocho mil dólares anuales durante cinco años. Este dinero, en teoría, se destinaría a repoblar el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una evaluación económica del daño ambiental, preparada para el tribunal, estimó que el tiempo para recuperar el estado de conservación inicial sería de cinco años para la actividad pesquera y de cuatro años para la actividad turística. ( ver estudio).
Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” del IRET UNA identificó una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas se encuentran epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diurón, diazinón y difeconazol.
Tras un monitoreo realizado entre 2016 y 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas en las aguas de la laguna, que recibe afluentes de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Batán. La contaminación de estas aguas provoca efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.
Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios albergan alrededor de 100 familias dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.
Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.
Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare.
Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.
Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.
La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.
Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.
Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.
En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.
El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.
Cada 30 de agosto se conmemora el Día para la Celebración de la Lengua Criolla Limonense, así establecido por la Ley #9 619, para reconocer el aporte cultural oral de la comunidad afrodescendiente costarricense.
Día de las Culturas
El inglés criollo limonense es una herencia cultural inmaterial que lucha ante su desplazamiento lingüístico
Desde Guanacaste hasta el Sur, y del Pacífico al Caribe, el sistema educativo sigue sin reconocer la diversidad étnica y lingüística, mientras que la niñez y adolescencia siguen recibiendo una educación hispanohablante. El patrimonio lingüístico de Costa Rica se compone de al menos ocho lenguas, siete de ellas con diversos grados de vitalidad entre los pueblos y territorios indígenas, y el inglés criollo limonense.
Pese a que se carece de estadísticas recientes, algunos estudios han calculado que la comunidad hablante del inglés criollo limonense llega a “unas 65 000 personas, aunque la transmisión intergeneracional es cada vez menor debido a la exigencia social por aprender el inglés estándar para fines laborales; pero ese dato no es exacto”, recalcó la magister Kristel García Robinson, coordinadora del proyecto de Acción Social denominado “Kryol Kaana” (EC-618).
El proyecto “Kryol Kaana”, que en español significa la esquina del criollo, es un proyecto de Acción Social de la Sede del Caribe (SC-UCR) que pretende fortalecer el patrimonio cultural entre la población caribeña más joven.
La magister García comentó que se imparten talleres en centros educativos y otras instituciones de la región, y también fuera de la misma, sobre los orígenes del idioma, la historia afrodescendiente, y los usos de la lengua entre la población. “Nos encontramos que siempre en los grupos hay personas que hablan el inglés criollo, pero hemos detectado que existe vergüenza en admitirlo, pero a medida que se desarrollan las actividades se empoderan para hablarlo”.
“Otro de los aspectos que explicamos es que existen investigaciones en las universidades públicas que están trabajando en la traducción de obras literarias, que se están haciendo esfuerzos por rescatar nuestra lengua y aunque no existe aún una gramática ni una escritura estandarizada, estamos avanzando”, agregó García.
Según la Lic. Luisa Francis Scoth, docente de la Escuela Olimpia Trejos López, uno de los centros educativos participantes, “el inglés estándar y el “kryol” van de la mano, en él usamos frases acortadas para hacerlo más rápido y fluido, y la parte gramatical también cambia. En nuestra comunidad hay niños que lo usan para comunicarse, y los que no saben inglés lo captan rápidamente, yo creo que es muy importante mantenerlo”.
Superando la estigmatización social
“Por su condición de lengua criolla, esta variedad del inglés ha estado fuertemente estigmatizada, lo cual ha propiciado actitudes negativas hacia ella, tanto por parte de la comunidad hispanocostarricense como por sus propios hablantes. Esto mismo ha contribuido a su desplazamiento en su comunidad hablante a expensas tanto del inglés estándar como del español”, aseguró el Dr. Mario Portilla Chávez, ex director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Inil-UCR) y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua (ACL).
Aunque en el pasado el “kryol” fue la lengua común en el Caribe costarricense, ésta ha sufrido un desplazamiento ante el español y el inglés estándar, porque existen prejuicios al considerarse una forma inadecuada de hablar la lengua inglesa.
Desde la reforma educativa de mediados del siglo XX, la enseñanza del inglés criollo y usos sociales decayeron. En las décadas siguientes se describió como un “flat/broken english”, un “patois” o “mekatelyu”; el primero se refiere a un mal inglés, el segundo es erróneo ya que refiere a una variedad del inglés con influencia francesa y el último es un término acuñado a finales de los años setenta por Jack Wilson, investigador de origen estadounidense .
En la actualidad, existe coincidencia entre la comunidad caribeña y lingüistas que el término correcto para referirse a este idioma es inglés criollo limonense, o como sus propios hablantes le llaman, solamente como “kryol”, y debe considerarse una variante más de la lengua inglesa. Pero Portilla es claro que muchas personas prefieren el uso del inglés estándar porque “nadie quiere que le digan que habla un mal inglés”.
Al respecto, la investigadora García Robinson acotó que “perder esta herencia sería un daño irreparable a la cultura de la región, por eso es muy importante esta contribución de la Universidad de Costa Rica (UCR), y la Sede del Caribe cuenta con un equipo que puede aportar un impulso no solamente curricular, sino un abordaje profesional para recuperar el valor patrimonial en enfoques lingüísticos y culturales, en un espacio para que los participantes puedan explorar, valorar y conocer el criollo limonense”.
Asimismo, explicó García, debe superarse la creencia que es un idioma solo de afrodescendientes porque en la actualidad lo hablan y entienden personas de todas las etnias que habitan el Caribe costarricense. “Esta es una lengua que además tiene un factor de aglutinador social es una manera de aceptación, para reconocernos entre iguales sin importar la etnia e incluso se usa para excluir a otros hablantes que no la dominan”.
Retornar a lo esencial
El proyecto “Kryol Kaana” aspira a una población trilingüe, es decir, el dominio del español, del “kryol” y el inglés estándar. “Pero se necesita más apoyo porque en las escuelas limonenses solo se enseña español, y los padres ya no transmiten el “kryol” a sus hijos e hijas olvidando que la lengua transmite nuestra cultura”.
Rosibel Reyes Castro, ejecutiva institucional del Colegio Científico del Atlántico, destacó el aporte de la UCR mediante este proyecto, “lo aplaudo porque es evidente que el idioma se está perdiendo, muchos de los ancestros que lo hablaban han fallecido y aunque se conocen algunas palabras ya no es de uso común, y estos talleres son buenísimos porque la gente vuelve a recordarlo”.
“Considero que hacer esto es rescatar el idioma propio de la provincia y es importante que se hable en los cantones de Limón, pero lamentablemente nos está sucediendo lo mismo con las lenguas indígenas”, prosiguó Reyes.
“El rescate del “kryol” es una lucha por nuestros valores, aunque actualmente los padres jóvenes no quieren practicarlo por vergüenza y no lo enseñan a sus hijos. De ahí es que me sumo al aplauso por este proyecto y deseo que sigan viniendo a nuestra institución, porque están haciendo una excelente labor”, concluyó la Lic. Francis Scotch.
Eduardo Muñoz-Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Parece deslizarse hacia la mazmorra del «Waa fi du». Cahuita en riesgo de perder el beneficio comunitario de co-manejo del Parque Nacional, y todos tranquilos como si nada («laissez faire» – «dejar hacer, dejar pasar» – «don’t give a damn» – «Waa fi du»).
Mientras la población se entretiene con festivales, los opositores del sistema de co-manejo también se regocijan al ver que la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) no puede ejercer su autoridad legal para representar al pueblo en la administración compartida del Parque Nacional.
Esto sucede por incumplimiento, no solo con los estatutos de la Asociación, sino también con la Ley de Dinadeco. Al parecer, actuar al margen de la ley se ha convertido en un hábito, por el cual la comunidad podría pagar el alto precio de perder el co-manejo del parque, una reivindicación de grandes sacrificios.
No se habrían dado cuenta de que la cogestión del Parque Nacional de Cahuita depende de la ADIC, dirigida por ellos.
Pareciera que tampoco se han dado cuenta de que la legitimación de la Junta Directiva de la ADIC es una urgencia mucho mayor que la actualización del padrón de afiliados.
¿En qué están pensando?
En medio de sus jolgorios festivos, ¿se les habrá pasado por la mente el riesgo de dejar sin sueldo a los trabajadores de la cogestión del parque? Y lo que eso significaría: dejar sin salario a más de una docena de familias de Cahuita.
Lo dudo, porque habrían actuado con mucho más sentido de urgencia.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra con gran satisfacción la aprobación en segundo debate del proyecto de ley “Adición del Artículo 2 Bis a la Ley No. 7955 (Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles) el cual fue aprobado esta tarde con 46 votos a favor en la Asamblea Legislativa.
Este proyecto ordena al Gobierno de Costa Rica honrar las indemnizaciones adeudadas a personas ex estibadoras de Limón, una deuda histórica que ha permanecido sin resolver durante 29 años. La aprobación de esta ley es un hito que reivindica los derechos de las personas trabajadoras que contribuyeron significativamente al desarrollo de la provincia y que, hasta hoy, habían sido olvidadas.
Este logro es fruto del trabajo articulado y coordinado de liderazgos comprometidos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo junto con el Frente Cívico Social Laboral de Limón, quienes han estado hombro a hombro en las luchas sociales. Su participación ha sido constante, sumándose el pasado 28 de agosto a la Movilización Nacional Pacto por la Educación Pública y Agenda Social de Costa Rica y el 29 de agosto a las acciones regionales a nivel nacional. Ese mismo día estuvieron presentes en las afueras de la UCR en Limón durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.
Durante casi tres años, hemos impulsado este proceso con firmeza y convicción, luchando incansablemente para garantizar que se haga justicia a quienes, por décadas, sostuvieron la actividad portuaria de Limón. Esta ley no sólo cierra un capítulo de olvido y deuda, sino que también rinde homenaje al trabajo y sacrificio de quienes han sido parte de la historia viva de Limón.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos laborales y sociales de todas las personas trabajadoras del país. Este logro nos motiva a seguir construyendo una Costa Rica más justa y equitativa, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.
¡Seguimos adelante en la construcción de un país más digno para las personas!
SURCOS comparte las declaraciones de Gerardo Vargas Varela:
Las comunidades de Tortuguero, Parismina, Pacuare y demás comunidades aledañas en la provincia de Limón se verán afectadas con el nuevo reglamento de JAPDEVA, que parece ya fue publicado en la Gaceta, pues se indica que todas estas tierras son propiedad de la institución.
Es un atropello a los derechos fundamentales pues miles de familias tienen toda la vida de vivir en la zona, se hace un llamado a la organización comunal y no dejarse robar lo que tanto esfuerzo les ha costado.
El gobierno y JAPDEVA deben respetar estas familias, posiblemente detrás de este nuevo reglamento hay algún interés oscuro el cual no ha sido revelado, pero debe tomarse en consideración la riqueza de la zona.
Conversamos con la Asociación de Desarrollo de Penshurt para conocer de primera mano el contexto que enfrenta este pueblo del Caribe costarricense y reflexionamos sobre la importancia de la participación de las personas para la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Esta actividad se hizo en el marco de nuestro proceso de reflexión junto a la Asociación «Procesos participativos y liderazgos comunales»
Las rotondas en carreteras nuevas como las de Guanacaste no existen, pues se considera que son peligrosas en vías de alta velocidad. Lo que se construye son pasos a desnivel bien cimentados.
En Limón está en construcción desde hace cuatro años una gran vía a 4 carriles (2 de ida y 2 de vuelta), desde el cruce de Río Frío hasta la propia ciudad de Limón (Ruta 32). Se considera una vía de alta velocidad. Por esa razón una gran parte de la población limonense, en su mayoría con gran tradición de lucha y movilización, no termina de comprender cuáles son las razones del gobierno para eliminar los paso a desnivel y construir en su lugar 11 rotondas a lo largo de la Ruta 32. Desde ahora los vecinos anuncian el aumento en los ya numerosos accidentes humanos y silvestres.
Además, hay otro agravante: el diseño de la ampliación de la Ruta 32 no contempla en ninguna parte un solo paso para los animales. Si ahora es muy doloroso observar tantos animalitos destrozados en la ruta, no imaginamos el escenario cuando esté terminada la ampliación.
Se ha conformado una comisión de lucha con representación de todos los cantones de la provincia, con el apoyo entre otros del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) para evitar la construcción de las rotondas y por la defensa de la vida silvestre.
