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Etiqueta: lucha social

Wappin Limón: llamado a participar en marcha

Antonio Wells, Secretario General de SINTRAJAP llama a participar en marcha de este sábado 11. Puede ver más detalles en esta nota: https://wp.me/p6rfbZ-iaQ

Le compartimos el llamado: clic en este enlace: https://fb.watch/dzEQsOwk6d/

Para coordinar la actividad se realizó una reunión entre el Bloque de Vivienda y la dirigencia de SINTRAJAP. Compartimos una imagen de la sesión, sobre la cual, SURCOS recibió esta comunicación: «Hoy jueves 9 de junio la Junta Directiva de SINTRAJAP en sesión extraordinaria recibió una delegación del Bloque de Vivienda para analizar la situacíón de JAPDEVA y de vivienda. Se tomaron varios acuerdos muy importantes».

Solidaridad con joven obrero Carlos Andrés Pérez Sánchez – llamado a firmar

Comunicado

Desde Costa Rica para la comunidad nacional e internacional:

Les solicitamos su apoyo crucial adheriéndose, a nivel personal o como organización, en solidaridad con joven obrero Carlos Andrés Pérez Sánchez, víctima de persecución, criminalización y judicialización en Costa Rica, por haber apoyado huelga contra el combo fiscal (2018). Con su firma se sumará al movimiento social que estamos impulsando por lograr la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA en su contra. Lo presentaremos y haremos circular este miércoles 15 de junio, fecha de Audiencia para Apelación de la condena. CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE.

La defensa del derecho a la protesta social no tiene fronteras.

Un abrazo fraterno desde Costa Rica, país donde también se violentan los derechos humanos.

Gracias de todo corazón por firmar. No se dura ni un minuto. Formulario para firmar: https://forms.gle/zMHsgPTCXtcQpfee9

Criminalización de la protesta social en Costa Rica – Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez. La protesta social es un derecho humano

Comunicado

A partir del 11 de setiembre, 2018, el obrero Carlos Andrés Pérez Sánchez, con 28 años de edad, se convierte en una víctima de la persecución política, mediática y judicial por parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo, Refinadora Costarricense de Petróleos-RECOPE, la Fiscalía General y los Tribunales de Justicia de la República. Una persecución sistemática que ha sido intensificada por los medios de comunicación hegemónicos. Así, sufre prisión durante 100 días consecutivos, como preso político condenado en un juicio con serios vicios procesales donde el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Este joven obrero fue brutalmente agredido y arrestado en las instalaciones de RECOPE, Limón, en el marco de la Huelga Nacional contra el Combo Fiscal – Proyecto Ley 20.580, hoy Ley de Modernización de las Finanzas Públicas. Esta movilización fue convocada por el movimiento social, popular, sindical y campesino.

A 3 años y 9 meses, CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, sigue siendo víctima del proceso de criminalización y judicialización. El pasado 22 de marzo fue condenado por segunda vez, por un Tribunal Penal en la provincia de Limón. Ante esta injusta condena, su abogado defensor José Miguel Villalobos Umaña, interpuso un recurso de apelación de sentencia.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, citó a vista oral para el PRÓXIMO MIÉRCOLES 15 DE JUNIO, A LAS 2 PM, la cita es en el Segundo Circuito Judicial de los Tribunales de Goicoechea-San José.

Las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales, populares y comunidad en general, llamamos a la solidaridad nacional e internacional, al CESE DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS Y LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, Y LUCHADORES(AS) SOCIALES.

Con vehemencia y por respeto al principio de inocencia, solicitamos a favor de CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para este joven trabajador y sindicalista, obrero extrabajador RECOPE.

Manifestamos y denunciamos, ante la opinión nacional e internacional, la tendencia del Estado de Costa Rica por el proceso de la profundización de la criminalización de la protesta social, en contraposición de los diversos instrumentos internacionales suscritos y aprobados y ratificados por el Estado Costarricense.

Es necesario aclarar que el joven Carlos Andrés P., NO COMETIÓ DELITO ALGUNO, y que muy por el contrario, este trabajador hizo un acto heroico al acudir y a atender la emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de RECOPE, función inherente a su cargo.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés Pérez Sánchez, en este proceso de CRIMINALIZACIÒN DE LA PROTESTA SOCIAL.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal.

LA PROTESTA SOCIAL NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO

ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN:

Bloque de Vivienda Nacional

Central única de Trabajadores-CUT

Movimiento de Trabajadores y Campesinos-MTC

Coordinadora Campesina

Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados-ANEP

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

Costa Rica 9 de junio, 2022

FIRMA RESPONSABLE

Orlando Barrantes Cartìn

Bloque de Vivienda Nacional

Declaración de Encuentro Nacional de la Unidad Sindical

El pasado 23 de mayo de 2022, el CICANDE emitió un comunicado donde se convocaba a un Encuentro Nacional de la Unidad Sindical, con el fin de defender el Estado Social de Derecho costarricense. El comunicado señala que la presente administración Chaves Robles (2022 – 2026), posee tintes neoliberales, un gabinete tecnocrático y empresarial lo que cristaliza el objetivo de desmantelar el Estado Social de Derecho. Asimismo, se indica que la conformación de la actual Asamblea Legislativa posee 5 fracciones de partidos conservadores implica un reto estratégico para el movimiento popular y social. 

Se manifiesta que el movimiento sindical impulsará un amplio abanico de alianzas sociales a fin de enfrentar esta amenaza mediante la creación de una agenda común que dé prioridad a los siguientes puntos:

  • Eliminar la regla fiscal
  • Exigir políticas que eviten la corrupción, morosidad, elusión y evasión
  • Defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y de los regímenes de pensiones
  • Defensa de la educación pública
  • Defensa del Instituto Costarricense de Electricidad
  • Defensa de los derechos laborales y del trabajo decente
  • Defensa de la equidad de género y la diversidad sexual
  • Lucha contra el alto costo de la vida y por salarios y pensiones dignas
  • Lucha por la soberanía

De igual forma, se demanda un diálogo social real efectivo, para garantizar la defensa de la institucionalidad pública y de los derechos de la clase trabajadora. También se busca impulsar la unidad popular y social para afrontar las luchas que se tienen por delante.

Si desea conocer con más detalle el comunicado realizado por CICANDE, puede consultar la imagen adjunta.

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

NO SE DEBEN ENTREGAR DERECHOS

Martín Rodríguez E.

La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.

TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.

LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.

HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.

MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.

SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.

EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.

DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.

1 de junio de 2022

Ante la agresión del diputado Eliécer Feinzaig Mintz al salario escolar

Freddy Pacheco León

Hace 27 años se aprobó ese ajuste salarial que se paga diferido. Para el trabajador significa una retención obligatoria que cae muy bien a inicios del año. Al sector privado se le ha propuesto algo, al menos similar, pero no lo aceptan porque quizá muchos patronos, reportan salarios menores haciendo pagos como »servicios profesionales» para escamotear cargas sociales y llevar una contabilidad paralela que les permita no reportar ganancias ¡por eso la evasión de impuestos supera el déficit fiscal! No podrían pues reportar salarios reales porque se les «jode el negocio». 

Para conocer el origen histórico del salario escolar veamos lo que nos dice su gestor quien fue miembro del gobierno de Figueres Olsen (1994 – 1998) como ministro de Trabajo, Farid Ayales:  

»El salario escolar es parte integrante del salario del trabajador con la particularidad que el 8.25% se paga en forma diferida a final de la primera quincena de cada enero. Se constituyó de acuerdo con mi propuesta que el aumento salarial del primer semestre de 1995 se pagara así. Mi propuesta fue acogida por el Consejo Nacional de Salarios que es independiente. Por tanto, NO se puede eliminar o incautar porque sería una rebaja ilegal del salario». 

¡Lástima que Feinzaig no es dado a estudiar, porque se hubiera evitado el ridículo que está haciendo! 

No a los desalojos de familias campesinas en la Zona Norte

Alianza Campesina del Norte

Comunicado de prensa

Desde la Alianza Campesina denunciamos que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Resolución N 005-05-2022, notificó a varias familias del Asentamiento La Guaria, ubicado en El Parque de Los Chiles que serán desalojados. A su vez, existe una posibilidad de que se ejecute otra orden de desalojo, en este caso contra las familias del asentamiento Monteverde.

En el caso del desalojo de La GUARIA, la finca está inscrita a nombre del terrateniente holandés Roderick Gustav Boer Westra. Allí viven unas 170 familias desde finales de 2019, y en general no han sido inquietadas por la posesión y cultivo de las tierras desde hace más de 1 año.

La finca que estuvo abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica que ha provocado la pandemia, el desempleo y la miseria que golpea con especial fuerza a las mujeres.

Desde la Alianza Campesina denunciamos este atropello policial a las familias, y a la inoperancia del INDER que más de dos años después de la existencia de ese conflicto campesino no ha hecho absolutamente nada para poner en práctica las obligaciones que tiene como institución en ese tipo de casos, donde debe tutelar el derecho de las familias a tener tierra para vivir y trabajar.

Ya se están tramitando las defensas legales posibles ante la inminente destrucción de los cultivos y viviendas.

Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones del movimiento social y popular costarricense, a reproducir y a sumarse a nuestra denuncia, y a brindar toda la solidaridad posible esas comunidades organizadas.

La responsabilidad es interpretar la realidad y tomar acción ante pérdida de libertades y derechos

José Luis Pacheco Murillo

No deseo ser alarmista y está lejano el deseo de provocar angustia , sin embargo, no puedo dejar de preocuparme al ver cómo se vienen dando acontecimientos que, si no somos capaces de interpretar ahora y tomar acción, para luego sería demasiado tarde. Esto no es de ahora, ya desde hace años se nos vienen coartando libertades y derechos, en lo político, en lo económico y en lo social. Cada vez se nos hace más difícil podernos manifestar contra lo que se viene dando y se aprueba en la Asamblea Legislativa. Cada vez tenemos más distractores de la realidad nacional que nos impiden tomar conciencia de lo que viene sucediendo: conciertos con famosos, campeonato de fútbol, selección nacional, aparte del desarrollo de la narco mafia y el crimen organizado que generan dinero abundante y que además, hay toda una escuela de aprendizaje con las narco novelas y series televisivas que hacen creer a algunos que eso es el camino a elegir.
Y es que, además, la decadencia del sistema educativo, propicia que miles de niños y jóvenes queden a expensas de esa delincuencia organizada máxime cuando a pesar de esfuerzos por salir adelante se topan con las poquísimas o inexistentes posibilidades de trabajo.
Hoy, ante un nuevo gobierno que llegó al poder por una mezcla de esperanza y la creciente molestia del pueblo por y con lo tradicional, nos vemos envueltos en una estrategia intensa y bien programada para desestabilizar a dicho gobierno.
Un sector muy importante de la prensa, radial, televisiva y escrita, junto a una mayoría calificada de diputados en la asamblea legislativa, un sector del empresariado que ven peligrar privilegios y gollerías y con la asquerosa complicidad de mandos medios y gerenciales de instituciones públicas, están haciendo lo necesario para impedir que este gobierno pueda actuar, sin importarles las consecuencias que eso tenga para todos, incluidos esos sectores pero en especial para los mas necesitados.
Lo que deberían ser grandes noticias como lo relacionado con las redes 5 G, la reforma para bajar el precio del arroz, de la electricidad, para ordenar y limpiar de corrupción el MOPT y muchas más, simplemente han sido ignoradas por “esa prensa” para dar paso a la mofa y a la crítica porque se escribió mal el apellido del presidente o porque hubo una equivocación en el año y gastar cientos de horas en temas que lo único que pretendían y siguen pretendiendo es debilitar al gobierno y directamente al presidente. Llegar incluso a mentir descaradamente y manipular la información tergiversándola con tal de lograr su cometido.
Mucho cuidado, la situación está difícil y debemos tomar conciencia de ello. Hay que exigir y denunciar y hay que manifestarse apoyando y cerrando filas contra los que desean causar daño, no de ahora, desde hace tiempo.
No estamos acostumbrados a estas cosas que si bien es cierto, se han dado en otros países , las veíamos lejanas.
Dios siga protegiendo a Costa Rica e ilumine a los que toman decisiones, incluso en esos sectores que quieren causar daño, para que sean las mejores para todos en nuestro país.

DENUNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL – ACODEHU exige el cese de la represión de la Fuerza Pública contra las y los indígenas del pueblo cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón-Costa Rica)

San José, viernes 20 de mayo de 2022

Durante los últimos diez años, las personas indígenas que decidieron recuperar sus tierras-territorios en China Kichá, han sido víctimas de la violencia por parte de los empresarios que les habían invadido de forma ilegal sus territorios; además les han quemado sus ranchos, sus cosechas y les han violentado físicamente, al punto de que varias personas han sido hospitalizadas.

El miércoles 18 de mayo del presente año en horas de la tarde la Fuerza Pública actúo de manera violenta contra la población de China Kichá.

Las personas recuperadoras informan de la presencia de veinte personas de la Policía Antimotines, además de acciones del Grupo de Apoyo Operacional-GAO.

El excesivo uso de gases lacrimógenos, que la Fuerza Pública lanzó contra la población civil, niños, adultos mayores, y mujeres da muestra de la violencia de los efectivos de la Fuerza Pública contra la población.

En ese contexto de violencia, se detuvo de forma arbitraria al joven Verny Obando Ríos, sacándolo del territorio. Este es el tercer recuperador cabécar detenido por la fuerza pública durante las últimas semanas del presente año.

“Ninguna de las personas que han agredido a los indígenas han sido detenidos”.

En este escenario de agresión, la vivienda de la señora María Esther, persona mayor de edad, sufrió los ataques violentos y su casa quedó parcialmente destruida.

El día de hoy, 19 de mayo una turba armada en las afueras del territorio cabécar, diez personas se presentaron con machetes, palos y piedras, los cuales se instalaron a un kilómetro de distancia del territorio cabécar de China Kichá.

En horas de la tarde una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU-COSTA RICA, estuvieron en el Territorio atendiendo la grave situación de agresión y violación a los Derechos Humanos del pueblo cabécar de China Kichá.

La ACODEHU hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir el cese inmediato de las agresiones de la Fuerza Pública contra las y los recuperadores de la población cabécar y por el contrario, SOLICITAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE COSTA RICA Y DEL ESTADO, PARA BRINDAR LA MERECIDA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS POBLADORES DE CHINA KICHÁ, esto debido a las amenazas y las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los pobladores.

¡¡¡ NO MÁS ASESINATOS, NO MÁS IMPUNIDAD CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA!!!

Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta ACODEHU
Denis Calix, Secretario ACODEHU
Correo-e:
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Convenios a favor de los pueblos indígenas y tribales en Costa Rica: (Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes derechos, y poder iniciar procedimientos legales)

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

San José, jueves 19 de mayo de 2022

“ Se´ ulitame dör añi ël… Sa tsá tsikime, e´r sa tsëwe bua´…”

(Todos somos hermanos… orgullosos de nuestro origen) Mensaje Bribri.

Señor Presidente de la República, señores Ministro de la Presidencia, Ministro de Justicia y Paz, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señor Fiscal General y Tribunales de Justicia, como miembro de la ACODEHU, el que suscribe Trino Barrantes Araya, con cédula de identidad, número 2-0273-0798, de la manera más respetuosa, pero vehemente, hago llegar hasta ustedes y la opinión pública e internacional estas reflexiones, pues es urgente la intervención inmediata para darle una solución permanente y definitiva, a la violencia de los usurpadores contra los territorios originarios de China Kichá.

La historia de represión contra nuestros pueblos originarios es de larga data. Figuras perversas como el “requerimiento”, “el sínodo”, la “encomienda” el “almojarifazgo y la alcabala”, solo para citar algunos de estos instrumentos, siguen teniendo plena vigencia, aunque hoy, asumen nuevas formas jurídicas de aplicación. Esa larga y triste historia inició en 1492 y a partir de ahí nuestros antepasados han sido sometidos a la explotación, la indiferencia, el abandono, marginación, despojo y la represión. Pese a todo ello, nuestros pueblos ancestrales han dado al mundo un valor humano incuestionable: el derecho a la resistencia y a la defensa de su memoria histórica.

Las barbaridades heredades del “encuentro de dos mundos”, siguen en plena vigencia en nuestros territorios, de los que China Kichá, es un ejemplo claro. Rubén Chacón refiere de esta manera sobre el tema señalado:

“…el caso más dramático lo evidencia el territorio de China Qichá (sic) localizado en el cantón de Pérez Zeledón de San José, que fue derogado como territorio indígena en el año 1982 (por medio del Decreto Ejecutivo No.13570-G) en vista de que sus tierras fueron casi totalmente usurpadas por intereses no indígenas. Este territorio fue reivindicado en el año 2001 sin embargo sus problemas de tenencia de la tierra se mantienen…” (2007:38).

Autoridades gubernamentales, blancos usurpadores, cuerpos represivos y un sector de la iglesia y los poderes judiciales, tienen un nudo de complicidad para atentar contra los verdaderos dueños de la tierra de China Kichá. El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas y 8 pueblos. De esos veinticuatro territorios, 9 pertenecen a los cabécares y entre ellos el pueblo de China Kichá. Antes de 1992, todos estos territorios recibían el nombre peyorativo y denigrante de “reservas indígenas

Debemos hacerle saber a la opinión pública nacional e internacional, a la prensa mediática y a las autoridades civiles y represivas lo que regula el artículo No.3 de la Ley Indígena, la cual declara que, en términos jurídicos especiales las

“…tierras de los territorios ancestrales y los pueblos originarios son: imprescriptibles, inalienables, no son trasferibles y, además, son propiedad exclusiva de los pueblos originarios que la habitan”. (Chacón, 1990)

Lo que se pide es muy poco, es el respeto a un derecho que históricamente nace aún primero que el Estado, el “Derecho a la tierra”.

Vale recordar en este largo tránsito que en el IV Congreso Nögbe – Buglé, los mal llamados en el discurso blanco “guaimíes” se aprobó “exigir al gobierno de Panamá…” que reconozca el 12 de octubre, como día de duelo; el reconocimiento inmediato y aprobación de la Comarca en un plazo no mayor de un año” (Jayán,1992:15).

Sin lugar a dudas, el aporte del historiador Carlos Meléndez respecto a la legislación indígena de Costa Rica, publicado en 1957, es un compendio obligado de leyes para defender a nuestros pueblos ancestrales y su derecho a la tierra. Trabajos del Lic. Ananías Matamoros Carvajal. Lic. Rubén Chacón Castro; los aportes de Luis Alberto Tenorio Alfaro y más recientemente los trabajos antropológicos del Máster Gerardo Alfaro y, finalmente, el compendio de instrumentos jurídicos de la CODEHU, son parte necesaria para instrumentar la defensa de los territorios ancestrales a beneficio de sus pobladores.

En la década de los treinta, del siglo XX, precisamente en 1939, se sancionó la Ley General sobre Terrenos Baldíos. Por primera vez se regulaba el derecho a la reserva indígena. Seis años después de haberse emitido esta Ley, en 1945, se creó la Junta de Protección de Razas Aborígenes. Con el Decreto Ley No.34, del 14 de enero de 1949, se le reconoce la personería jurídica a esta organización. (Tenorio,1988: 17).

Una de las tareas más importantes de este ente, fue la declaratoria a favor de las reservas indígenas de Boruca-Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá.

El mismo autor citado, Luis A Tenorio, señala al respecto lo siguiente:

Estas reservas resultaron ser invadidas por los colonos y China Kichá corrió con la peor de las suertes hasta desaparecer y ser derogada posteriormente en 1982” (Ibid.).

La antropóloga María Eugenia Bozzoli de Wille, en su texto: Localidades indígenas costarricenses 1960 – 1968, argumenta lo siguiente:

…en China-Kichá los blancos han comprado “derechos” a indígenas en estado de ebriedad. La compra se ha hecho por la mitad o menos de lo que pagaría un blanco a otro blanco allí mismo: también se reclama que los blancos no acostumbran pagar la cantidad estipulada completa, sino que, habiendo pagado una parte, alegan que eso es suficiente” (1969:21)

Tal vez un breve punteo en el ejercicio de las leyes que se han sancionado y que atienden a la problemática de los territorios ancestrales, nos de la fuerza necesaria del por qué el derecho a la tierra y al territorio, es un derecho consubstancial que pertenece a nuestros pueblos originarios. Véanoslo:

  • Ley 2825 del 14 de octubre de 1961. Crea el Instituto de Tierras y Colonización. En dicha ley se reserva un aparatado que delimita las tierras ancestrales y terrenos baldíos para los pueblos originarios. Esta Ley introdujo, en su artículo No.5, los trámites y mecanismos para la adquisición de las tierras ubicadas en la Reserva Indígena en posesión de los No Indígenas. Asimismo, remite a los procedimientos que establece la Ley No. 2825, del 14 de octubre de 1961, en sus artículos 141 al 155.
  • En el año de 1973 se sanciona la Ley de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la cual implícitamente tiene como objetivo central la declaración de nuevas reservas en los territorios ancestrales.
  • Para el año de 1977 se aprobó la Ley Indígena No. 6172, del 29 de noviembre, Gaceta No. 240. Esta Ley tenía como objetivo fundamental, restituir los territorios ancestrales a los pueblos originarios. (CONAI, 1977; Chacón,199; Matamoros, 1990, Tenorio, 1988)

En el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, con base en el tema en referencia, se aportan los siguientes elementos:

“…Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente No. 14352; Ley Indígena (Ley No.6172; Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI); y el texto del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes -Convenio 169- (Ley No.7316); a las Asociaciones de Desarrollo Integrales Indígenas (ADI¨s); Autoridades Tradicionales Indígenas; y, comunidad indígena en general. En el último caso jugó un papel muy importante la práctica ancestral de la trasmisión oral de la convocatoria” (FUNDAPEN,2007:22).

Nuevamente hoy día, 19 de mayo de 2022, grandes turbas, azuzadas por algunos empresarios, bajo el cobijo cómplice de la policía y muchos testaferros usurpadores de esas tierras, emprendieron un ataque inhumano, salvaje y con amenazas de asesinato contra los y las pobladoras de Chinca Kichá. De tal envergadura han sido estos actos de violencia estructural, que se debió de recurrir a la intervención de representantes de una delegación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, in situ.

Es importante hacerles recordar a todas las autoridades de Pérez Zeledón que, La Presidencia de la República, los Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justica y Paz, bajo lo que dispone el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas No. 40932-MP-MJP, y

“…a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley n. 7316 del 3 de noviembre de 1992 y, en uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, párrafo 2), inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 y lo dispuesto en el artículo 7 inciso i) de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, Ley Nº 6739 de 28 de abril de 1982…”

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó la adopción del Convenio n. 169 del 27 de junio de 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante «OIT»)…”

(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86267&nValor3=111809&strTipM=TC#:~:text=II.,en%20adelante%20%22OIT%22).

Uno de los compromisos que asumen los gobiernos con la ratificación de este Convenio es que lo obliga a respetar la particularidad e importancia de la cultura productiva, los valores espirituales y el ethos cultural de los pueblos ancestrales y principalmente sus territorios; de tal suerte que este Convenio faculta al gobierno a

“…tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces…”

Pero, la fuente citada, otorga la misma importancia a lo que se señala en la Parte II. Tierras Artículo 13. Al respecto, y en extenso, podemos leer lo siguiente:

 “…1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes I 35 con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Artículo 14 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 36 I Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión…”1.

Señor Presidente de la República Rodrigo Chaves, a usted, principalmente, en este momento histórico le corresponde una gran cuota de responsabilidad. Si la tierra de China Kichá se enluta, si sus tierras sagradas son manchadas de sangre, el Tribunal de la Historia tendrá derecho a preguntarse: ¿Dónde estaban las autoridades frente a estos lamentables hechos, de violación sistemática a los Derechos Fundamentales de los pueblos originarios y territorios ancestrales?