Etiqueta: lucha social

Informe legislativo del FEES y autonomía universitaria – hoy en Radio Universidad

Escrito en 10/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.

Este miércoles vamos a estar analizando las propuestas de este informe y sus implicaciones en la autonomía universitaria, con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y de Ana Catalina Chavez Arias, presidenta de la FEUCR.

Será a las 5 de la tarde por los 96,7 fm de Radio Universidad.

Invitan: Escuela de Ciencias Políticas UCR y Kioscos Socioambientales

Piden a ministra de Trabajo protección para sindicalistas de APM y Rada Maersk

Escrito en 10/06/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum solicitó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, que se active la protección para la dirigenvia del recién constituido Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).

Una nota firmada por el secretario general de la CTRN, Mario Rojas Vílchez, señala:

“El pasado 7 de junio de 2020, se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), que lo conforman trabajadores de AMP Terminals y Rada Maersk, entre otras empresas”.

“El sindicato, desde su Asamblea Constitutiva tomó la decisión de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), por lo que desde ya solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar su inmediata inscripción y a su vez autorizarles a sus constituyentes el fuero de protección sindical establecido en la legislación nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT”.

El secretario general del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), Leslie Azofeifa Quintana, explica en este video la situación que viven en su lucha por asegurar sus derechos laborales:

Experta de la ONU: “Impunidad impide protección efectiva de las personas defensoras indígenas”

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera y por Henry Picado.

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Se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

Maikol Hernández Arias

Este domingo 7 de junio, trabajadores de la TCM – APM Terminals y Rada Maersk, en Limón, Costa Rica, tomaron la valiente e histórica decisión de conformar el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).

Este movimiento de trabajadores nace en un ambiente de represión sindical. Solamente un día antes de la asamblea los trabajadores denuncian que la empresa APM Terminals al enterarse del proceso que impulsaban algunos trabajadores ejecutó el despido de varios de ellos, incluido el secretario general electo.

El SCITA es el primer y único sindicato en Costa Rica que define su accionar en la industria del transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, integrando todos los eslabones de la cadena de valor.

Muy motivado de haber sido parte de la conformación de esta nueva organización, que nace naturalmente desde los trabajadores.

Los mayores deseos de éxito para estos trabajadores, amigos y vecinos. Grandes retos están por delante.

Es importante mencionar que el acto de asamblea constitutiva se llevó a cabo tomando las medidas de prevención ante el COVID-19, como lo son el distanciamiento social, el uso de tapa bocas y la desinfección de manos.

En este video puede escuchar la explicación del secretario general del nuevo Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines, Leslie Azofeifa Quintana.

Notificación al Ministerio de Trabajo en relación con la constitución del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines.

“Selma”

Escrito en 08/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

-desfilar contra el racismo en Alabama-

Aquí y ahora, la pantalla es el maestro
que descubre la historia y subraya sus lecciones

Gabriel González-Vega
Académico jubilado de Humanidades, UNA*

El esmerado docudrama tradicional de Ava du Vernay expone, con prudencia y vigor balanceados, el racismo, su horror y su mentira, a partir de una cita crucial en la historia. El pueblo de Selma, en Alabama, todavía bastión confederado un siglo después de la guerra civil de 1861/65, fue escenario idóneo para revelar, concentrado, el abuso cotidiano de una cultura donde el miedo, la ignorancia y la maldad son facetas de una misma necrofilia. Mientras que en Viet Nam el gobierno estadounidense está en guerra por intereses disfrazados de libertad, ésta se le niega a sus ciudadanos que cambiaron esclavitud por segregación.

Ava du Vernay fue la primera mujer afrodescendiente en ganar el Festival de Sundance (en 2 012, con “Middle of Nowhere”, que nunca llegó a Costa Rica, creo). Y la primera en ser nominada al Globo de Oro y con su filme al Óscar con “Selma”. Lo que de nuevo logró, en la categoría documental, con “13th”. Sin embargo, la militancia contra el racismo de los artistas de “Selma” provocó el repudio de los conservadores blancos en Hollywood, que se aseguraron de que no ganase la estatuilla. Aunque sí se llevó el Óscar y el Globo de Oro la Mejor canción original, Glory (John Stephens y Lonnie Rashid Lynn Jr.). También fue muy premiado su filme “When They See Us”, sobre las condenas injustas, finalmente revertidas, de cinco jóvenes afrodescendientes, acusados de haber asaltado a una trotadora blanca en el Central Park de Nueva York. Un caso semejante al que recién se hizo viral (Cooper vs. Cooper) de otra falsa acusación racista de una mujer blanca a un hombre negro (miembro de Audubon) que observaba aves en el mismo parque y que le pidió amablemente a ella llevar su perro con correa, como está estipulado.

Con actuaciones impecables, que incluyen a los célebres Cuba Gooding Jr. y Oprah Winfrey, la fotografía, que quizá falla en aspectos técnicos, está a tono con los ambientes sombríos –hay un inicio poético delirante que marca el terreno de la injusticia- y un acertado cambio de tono. La música delinea el valioso acervo cristiano que alienta a las víctimas (oportuno ahora que tanta iglesia predica discriminación y que la cabeza más visible de la discriminación, Donald Trump, usa la Biblia para predicar odio). El sobrio relato no usa trucos ni privilegia giros sorpresivos sobre la potencia de los hechos. Mas si pasa de la intimidad familiar a la visión de masas decididas a enfrentar 400 años de abusos.

Es un filme de carretera (road movie), literalmente. No con la usual pareja dispareja del cine estadounidense, sino con manifestaciones donde el valor se hace uno en jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Martin Luther King (el excelente actor británico David Oyelowo), recién galardonado con el Nobel de la Paz, en ese momento lidera, entre dudas y angustias, presiones y golpizas, una marea incontenible de rostros que combaten con el sacrificio de sus propios cuerpos, con la entrega de sus vidas en primera fila, lacerados siempre por coros de miradas despectivas. Porque la protesta pacífica desafía el (des)orden establecido y obliga a las autoridades corruptas y sus secuaces a una barbarie que hiere la conciencia pública mediante el testimonio decisivo de la prensa. En nuestros días, la prensa decente se refuerza con los transeúntes que recogen en sus teléfonos celulares tanto la brutalidad como la mentira sistemática de la policía estadounidense.

Sin desmerecer el protagonismo reticente del admirado pastor de Atlanta, no enfatiza su biografía ni lo despoja de su contradictoria humanidad. Lo ubica –y sagazmente al líder revolucionario Malcolm X también-, como el hombre sabio que supo bregar tanto en los pasillos traicioneros de la política como en las calles cubiertas de matones, uniformados o no. Un hombre indispensable, al decir de nuestro José Martí (de paso, sugiero disfrutar de su maravillosa biografía “El ojo del canario”, de mi amigo cubano Fernando Pérez), que no es un súper héroe sino uno de nosotros que supo levantarse a la altura de las circunstancias y logró cambios sustanciales con su breve y decisivo paso por el planeta; que como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, llevó dignidad a toda la especie.

Como educadores para la libertad (si algo he sido toda una vida es educador y si en algo creo es en la educación), debemos revertir el despojo sistemático de la curiosidad, la admiración y la creatividad naturales que perpetra la domesticación vigente. También, hay que combatir la pobreza espiritual de la comunicación masiva, que transformó el héroe y el santo del pasado, modelos ejemplares, en las celebridades de hoy en día, cuerpos/mercancía adorados en el frenesí del consumo adictivo; y peor aún, más recientemente, a brutales matones ignorantes y totalitarios en ídolos adorados por legiones de siervos.

Necesitamos reconocernos en esas manifestaciones históricas y no en falsos personajes de historietas maniqueas. Es urgente comprender este mundo arrasado por la especie feroz que somos, como lo retrata de forma sublime el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado (“La sal de la tierra”, de Wim Wenders) y comprometernos con la regeneración de vida que ese mismo filme anima.

“Selma” es un encuentro humanista con la educación que necesitamos. El arte, así como “Selma”, es indispensable. Nos brinda el conocimiento necesario para impulsar los cambios que anhelamos. Un mundo sin racismo, xenofobia, homofobia ni machismo.

Avance oficial de “Selma” en español:
https://www.youtube.com/watch?v=1U2lX2aAoiA

*Basado en mi artículo originalmente publicado en Campus, UNA, en 2015.

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Los “Chicago Boys” en Costa Rica

Escrito en 08/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los Chicago Boys se le denominó a un grupo de jóvenes economistas chilenos que asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formados en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la escuela neoliberal, para quien “el mercado siempre acierta”[1].

Pensábamos que era una generación “extinta” de los tiempos de aquella nefasta dictadura nazifascista, que heredó al pueblo chileno una macabra historia de vejaciones, torturas y ejecuciones masivas, así como uno de los fracasados experimentos neoliberales en América Latina, con su secuela de privatizaciones en educación, agua, pensiones[2]…En fin, un pueblo sacrificado al dios-mercado.

Resulta que no. Hoy, una nueva generación deambula por nuestro país con el mismo recetario debajo del brazo. Algunos vienen a dictar “cátedra” a su terruño, con aires mesiánicos, después de haber hecho carrera en Institutos (Thinks Tanks) y Organismos Financieros Internacionales, al servicio de los grandes intereses económicos y geopolíticos de los “poderes fácticos” del capitalismo mundial.

Vuelven a su retórica publicitaria de la “eficiencia” del Estado, cuyo único propósito es reducir salarios, precarizar a la clase media y privatizar las instituciones públicas que más han contribuido al bienestar social del pueblo. Es decir, propiciar un Estado menos solidario y democrático y más oligárquico y autoritario.

En una reciente entrevista del periodista Randall Rivera, en el Programa Matices[3] de Radio Monumental, el señor Juan Carlos Hidalgo, ex-analista en el CATO Institute, Washington DC., plantea la opción de la venta de activos del Estado. Sí, las “joyas de la abuela” no se pueden festinar en cualquier subasta, pero al final hay que venderlas. Además, recoge la idea de la nueva supervisora de pensiones y exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, de la creación de un sistema único de pensiones –“una reforma del carajo”, en sus palabras, a lo tico–. Al ser interrogado sobre cómo garantizar una pensión con un monto mayor que el que ofrece la Caja, el entrevistado patina, y de seguido el periodista le pasa el volado: ahí están las pensiones complementarias. ¡Pues, claro!, de eso se trata: fortalecer el sistema privado de pensiones.

Continuar utilizando la mampara de lo público para justificar el gran negocio de lo privado. Sí, servir en bandeja de plata los ahorros de los trabajadores para que el sector financiero siga cosechando clavos de oro, a cambio de dineros devaluados que se devuelven a cuenta gotas a los “beneficiarios”. Y seguir alimentando un aparato de administración financiera, incluida la Superintendencia de Pensiones con salarios y alquileres millonarios, para enriquecer al “pobre” sector financiero y a una clase política rentista.

Rosa Pavellini, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), hace dos comentarios al Informe de la OIT sobre reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en Europa Oriental y América Latina. Por una parte, destaca que “revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores. Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo”. Por otra parte, señala: “Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros que su bienestar no será protegido”[4].

Resulta inexplicable que mientras en 14 países de América Latina se están revertiendo los sistemas privados para volver a los públicos, según el informe citado, en nuestro país se busque fortalecerlos, y a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones.

Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se explica la resonancia de la nueva generación de “Chicago boys”? Por supuesto, esa escuela neoliberal tiene sus discípulos en el país, quienes los apadrinan y promocionan con pleitesía. De esta manera, logran saltar de las instituciones y organismos internacionales, con gran facilidad, a los más altos puestos del gobierno y también de los partidos políticos –la acrobacia en política es un arte que se practica habitualmente con más maña que ingenio–.

Las andanzas de los “Chicagos boys” de hoy, promoviendo la privatización y el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, a cualquier precio, resultan bastante disparatadas, por decir lo menos. De Norte a Sur ese modelo privatizador hace aguas, y muestra su rostro inhumano de cara a las grandes pandemias sanitarias, sociales y ecológicas.

Y es que en estos tiempos, las salidas antojadizas y las improvisaciones están a la orden del día. La inteligencia y hasta el sentido común ceden a las complicidades con los sectores del poder económico y a la ambición político-electoral cortoplacista.

Entre esas improvisaciones y ocurrencias están los proyectos de ley sobre pensiones que promueven diputadas y diputados actuales, con los que pretenden hacer carrera política y promoverse como candidatos para las próximas elecciones. En palabras de Francisco Esquivel son “aberraciones que se hacen ley”[5]; la legislación más deslucida de la segunda república”, según Hernán Alvarado[6]. El primer proyecto aprobado 9796 (Ley Xiomara) está siendo impugnado por más de 400 recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.

Ante tanto desacierto y disparate, hay que apostar con seriedad por revitalizar el Estado Social de Derecho, sobre las sólidas bases éticas y afectivas de la solidaridad y la justicia económica y social. Propiciar nuevas formas de sociabilidad para una convivencia inclusiva y digna, es decir, donde se promuevan y respeten los derechos humanos y de la naturaleza.

Se dice que la solidaridad está en el ADN cultural de nuestro país. Efectivamente, somos un pueblo solidario. Hoy se muestra en la generosa entrega de los servidores públicos, para aportar a la contención del impacto de la pandemia del Covid19. Lamentablemente, es un concepto que se ha venido pervirtiendo por parte de gobiernos que se “solidarizan” con los que más tienen, ofreciéndoles generosas concesiones tributarias y no tocando ni un céntimo del gran capital, en medio de una situación de Emergencia Nacional. Mientras tanto, se exige solidaridad a los pensionados y trabajadores del sector público, duplicándoles los impuestos –que se presentan como “contribuciones solidarias” – y congelando el aumento de salarios por decreto.

Para contrarrestar estas medidas antipopulares, se requiere, con urgencia, impulsar un adecuado sistema de justicia tributaria, que no ofrezca concesiones de privilegio a ningún sector, como se viene haciendo, al permitir las evasiones, elusiones y otorgar exoneraciones y amnistías a las grandes empresas nacionales e internacionales. Que los ricos paguen los impuestos y que a los pobres se les ofrezcan oportunidades para salir de la pobreza con dignidad.

Así las cosas, no hay razón que justifique no aspirar a salarios y pensiones dignas. Es decir, volver a la política de salarios crecientes y apuntalar los regímenes públicos de pensiones, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad.

Para ello, se requiere reactivar la solidaridad y la justicia social. Sin esta reactivación no puede haber verdadera reactivación económica al servicio de la equidad y el bienestar social.

El cuento actual de la “reactivación económica” –publicitado por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” (Krugman)– es como el viejo cuento de que los Programas de Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos iban a convertir en el “primer país desarrollado de América Latina” (Oscar Arias). Por favor, hay que ser más serios, no estamos para repetir los errores de ayer, sino para corregirlos.

Tenemos un gran reto por delante: recuperar el verdadero espíritu y significado de la solidaridad, para relanzar nuestro Estado Social de Derecho.

[1] https://www.efe.com/efe/america/economia/chicago-boys-los-economistas-que-hicieron-de-chile-un-bastion-neoliberal/20000011-4200772

https://surcosdigital.com/la-chilenizacion-de-costa-rica/

[2] Cfr. Informe de la OIT “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.

[3]https://www.monumental.co.cr/podcasts/matices-programa-del-02-de-junio-del-2020/

[4] https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion

[5] https://www.laplumacr.com/post/ley-9796-aberraciones-que-se-hacen-ley

[6] https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

Foto con fines ilustrativos: CCSS

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Escrito en 08/06/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Nicolás Boeglin

Racismo en Estados Unidos: llamado conjunto de varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas

Ante las diversas protestas desatadas en Estados Unidos desde la muerte en manos de policías blancos del ciudadano norteamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas unieron sus voces este 5 de junio.

El contenido de ambos documentos en breve

En un primer texto colectivo, titulado «Statement on the Protests against Systemic Racism in the United States«, repudian el discurso de odio y de incitación a la violencia por parte de la máxima autoridad en Estados Unidos, recordándole las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos suscritas por Estados Unidos. En este comunicado conjunto, firmado por 44 mecanismos no convencionales de Naciones Unidas (véase texto completo), se puede leer que:

«The response of the President of the United States to the protests at different junctures has included threating more state violence using language directly associated with racial segregationists from the nation’s past, who worked hard to deny black people fundamental human rights. We are deeply concerned that the nation is on the brink of a militarized response that reenacts the injustices that have driven people to the streets to protest«.

En la parte final de su texto, los diversos mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos recuerdan también la obligación para los Estados de remediar mediante medidas de reparación actos como el perpetrado contra la vida de George Floyd, a la vez que exigen a líderes internacionales que se hayan expresado sobre este asesinato atacar las raíces estructurales de racismo y de la discriminación racial, al indicar que:

«Reparative intervention for historical and contemporary racial injustice is urgent, and required by international human rights law. This is a time for action and not just talk, especially from those who need not fear for their lives or their livelihoods because of their race or ethnicity. Globally, people of African descent and others have had to live the truths of systemic racism, and the associated pain, often without meaningful recourse as they navigate their daily lives. International leaders that have spoken out in solidarity with protestors, and with black people in the United States should also take this opportunity to address structural forms of racial and ethnic injustice in their own nations, and within the international system itself«.

En otro comunicado conjunto, también con fecha del 5 de junio, titulado «UN experts condemn modern-day racial terror lynchings in US and call for systemic reform and justice» (véase texto completo) varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas estiman que:

«We strongly condemn the killings of Ahmaud Arbery, Breonna Taylor and George Floyd, and call for systemic reform and justice. The latest videos to surface showing white men chase, corner, and execute a young man who was out jogging, or showing an officer kneeling with his weight on a man’s neck for eight minutes shock the conscience and evoke the very terror that the lynching regime in the United States was intended to inspire,” the experts said. “Given the track record of impunity for racial violence of this nature in the United States, Black people have good reason to fear for their lives«.

Se lee también en la parte final de este comunicado la preocupación generada por mecanismos internos policiales en Estados Unidos que favorecen la militarización de los integrantes de las fuerzas policiales; así como por el hecho que la presión que significa la pandemia del COVID-19 es mucho mayor para la población afrodescendiente en Estados Unidos, al aumentar significativamente el riesgo de verse afectada:

» The experts also recommended that the government of the United States revisit and cease policies facilitating qualified immunity, provision of military equipment to, and military-type training of police, no-knock warrants and use of non-uniformed police in citizen interactions. Finally, civilian oversight boards, mandated body worn camera use, de-escalation training, and independent review of all extrajudicial police killings would enhance both transparency and accountability.

The recent incidents are set in the context of COVID-19, which has heavily and disproportionately impacted people of African descent who faced greater risk and lesser ability to quarantine. These risks, the experts said, have been exacerbated by increased abuse of police authority, over-policing, and excessive force in the enforcement of physical distancing restrictions«.

Estos dos comunicados se dan a conocer en plena progresión de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y una semana después de haberse oficialmente retirado Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS): remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos al respecto, titulada “Estados Unidos anuncia su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (disponible en este enlace). Como es sabido, Estados Unidos superó la dramática cifra de 100.000 muertes causadas por el COVID-19 el pasado 28 de mayo. Según los registros de la Universidad John Hopkins (véase enlace oficial a mapa del mundo), de las más de 6,9 millones de personas contaminadas a nivel global al 7/06/2020, Estados Unidos concentra en su territorio más de 1.931.000, seguido luego por Brasil con más de 672.000 personas afectadas.

Un llamado de atención a Estados Unidos raramente escuchado que reitera recomendaciones urgentes hechas… en el 2014

Los señalamientos y las recomendaciones que plantearon este 5 de junio los expertos de Naciones Unidas y los mecanismos no convencionales de derechos humanos en los dos precitados comunicados constituyen, sin lugar a duda, un verdadero desafío para las actuales autoridades norteamericanas.

Al respecto, merece mención recordar la letra del artículo 2 de la Convención Internacional para la Eliminación del Racismo y de todas las Formas de Discriminación, adoptada el 21 de diciembre de 1965 (véase texto completo), de la que Estados Unidos es parte desde 1994 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y que se lee como sigue:

«Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron«.

También merecen ser recordadas las últimas observaciones del órgano encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta convención (el Comité para la Eliminación del Racismo y de otras Formas de Discriminación o CERD) con relación al informe oficial remitido por Estados Unidos, hechas en el 2014 (cuyo texto completo está disponible en este enlace). En ellas, se podrá leer que dos aspectos específicos relacionados a prácticas policiales en Estados Unidos dieron lugar a recomendaciones de carácter urgente por parte de los integrantes del CERD:

«8./…/Recordando su recomendación general Nº 31 (2001) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité insta al Estado parte a que intensifique los esfuerzos por combatir eficazmente y eliminar la práctica de la caracterización racial por parte de los agentes del orden en los niveles federal, estatal y local, entre otros medios:

a) Adoptando y aplicando leyes que prohíban específicamente a los agentes del orden la elaboración de caracterizaciones raciales, como la Ley destinada a poner fin a la caracterización racial;

b) Revisando urgentemente las políticas que permiten la caracterización racial y las prácticas ilegales de vigilancia, supervisión y reunión de datos, incluidas las Directrices sobre la Utilización de Criterios Basados en la Raza por los Órganos de Policía Federales de 2003;

c) Poniendo fin a los programas y políticas coercitivos de inmigración que promueven indirectamente la caracterización racial, como la iniciativa Comunidades Vigiladas y el programa previsto en el artículo 287 g) de la Ley de Inmigración y Naturalización;

d) Llevando a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de caracterización racial, vigilancia, seguimiento y recopilación ilegal de información de inteligencia; obligando a los responsables a rendir cuentas; y proporcionando recursos efectivos, incluidas garantías de no repetición«.

/

«8. /…/Recalling its general recommendation No. 31 (2001) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee urges the State party to intensify efforts to effectively combat and end the practice of racial profiling by federal, state and local law enforcement officials, including by:

(a) Adopting and implementing legislation which specifically prohibits law enforcement officials from engaging in racial profiling, such as the End Racial Profiling Act;

(b) Swiftly revising policies insofar as they permit racial profiling, illegal surveillance, monitoring and intelligence gathering, including the 2003 Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies;

(c) Ending immigration enforcement programmes and policies, which indirectly promote racial profiling, such as the Secure Communities programme and the 287(g) programme; and

(d) Undertaking prompt, thorough and impartial investigations into all allegations of racial profiling, surveillance, monitoring and illegal intelligencegathering; holding those responsible accountable; and providing effective remedies, including guarantees of non-repetition«.

En otras de sus observaciones, los miembros del CERD urgían a Estados Unidos en los siguentes términos:

«17./…/El Comité insta al Estado parte a que:

a) Vele por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden sean investigadas de manera pronta y eficaz; por que los presuntos autores sean enjuiciados y, en caso de que sean declarados culpables, se les impongan penas adecuadas; por que se reabran las investigaciones cuando se disponga de nuevas pruebas; y por que las víctimas y sus familias obtengan una indemnización adecuada;

b) Intensifique sus esfuerzos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden velando por el cumplimiento de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1990, y se asegure de que la nueva directiva sobre el uso de la fuerza del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras se aplique y se haga cumplir en la práctica;

c) Mejore los informes sobre los casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y refuerce la supervisión del uso inapropiado de la fuerza y de la rendición de cuentas por esta práctica;

d) Proporcione, en su próximo informe periódico, información detallada sobre las investigaciones emprendidas en relación con las denuncias de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, incluidos los miembros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, así como sobre sus resultados, incluyendo las medidas disciplinarias o las actuaciones judiciales contra los autores y los recursos puestos a disposición de las víctimas o sus familias«.

/

«17. /…/ The Committee urges the State party to:

(a) Ensure that each allegation of excessive use of force by law enforcement officials is promptly and effectively investigated; that the alleged perpetrators are prosecuted and, if convicted, punished with appropriate sanctions; that investigations are re-opened when new evidence becomes available; and that victims or their families are provided with adequate compensation;

(b) Intensify its efforts to prevent the excessive use of force by law enforcement officials by ensuring compliance with the 1990 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and ensure that the new CBP directive on the use of force is applied and enforced in practice;

(c) Improve the reporting of cases involving the excessive use of force, and strengthen oversight of and accountability for inappropriate use of force; and

(d) Provide, in its next periodic report, detailed information concerning investigations undertaken into allegations of excessive use of force by law enforcement officials, including the CBP, as well as their outcomes, including disciplinary or prosecutorial action taken against the perpetrator and remedies provided to victims or their families«.

Cabe destacar la incuestionable pertinencia de estas recomendaciones hechas a Estados Unidos en el 2014 para prevenir en el futuro el racismo estructural y la discriminación racial que se evidencian en el actuar cotidiano de varias de sus fuerzas policiales.

A modo de conclusión

No cabe duda que la extrema precisión de estas observaciones de carácter urgente dadas a conocer por el CERD en el 2014, al parecer no atendidas debidamente por la administración norteamericana, haga que revistan una actualidad particular en esta primera semana del mes de junio del 2020.

Una ocasión propicia para reafirmar nuevamente cuán necesario es que sean implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos; y cuán imperioso resulta que sean ámpliamente divulgadas y analizadas en el seno de las sociedades, en Estados Unidos como en muchos otros Estados.