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Etiqueta: lucha social

Estado no ha cumplido deber con pueblos originarios

Comunicado de Prensa

  • Estado costarricense no ha cumplido con su deber de entregar las tierras a los pueblos originarios

  • Pueblo Bribri de Salitre exige justicia en el caso del asesinato de Sergio Rojas

Miércoles 4 de diciembre de 2019. Los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, incluyendo al territorio bribri de Salitre, se encuentran ocupados por personas no indígenas, que no cuentan con títulos legales para ello y contrariando la legislación nacional e internacional, que establece que los territorios indígenas pertenecen y solo pueden ser habitados en forma exclusiva por los pueblos originarios respectivos; por lo que toda ocupación de estas tierras por personas no pertenecientes a estos pueblos es absolutamente ilegal.

En este sentido la Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3 categóricamente establece “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

También el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual Costa Rica suscribió, reafirma el derecho a la tierra de los pueblos originarios, al respecto establece el artículo 14 “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

  1. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
  2. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”

Desde el año 2010, los pueblos originarios del cantón han reiniciado procesos de recuperación de tierra – territorio o saneamiento territorial, recalcamos que según las culturas de los pueblos originarios y la legislación nacional e internacional, estos procesos de reafirmación territorial son totalmente legítimos, legales y realizados completamente a derecho, con la particularidad de que no son judicializados por parte de los pueblos originarios.

 

Por lo tanto es obligación del Estado costarricense reintegrar esos territorios a los pueblos originarios, obligación que hasta el momento ningún gobierno ha cumplido; por lo que estos pueblos han ejercido su derecho humano a la tierra.

Justicia para Sergio Rojas

Desde el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exigimos que se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Bribri Sergio Rojas Ortiz y se apliquen las sanciones respectivas. Reafirmamos que el Estado costarricense es responsable de esta ejecución extrajudicial por omisión; este vil asesinato ocurrió el 18 de marzo de 2019 y hasta el día de hoy se mantiene impune.

En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar 321-12 en favor del pueblo Teribe de Térraba y Bribri de Salitre ante los continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia contra estos pueblos; solicitando al Gobierno de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de estos pueblos.

Sin embargo, el Estado costarricense es responsable de la sistemática violencia y violación de los derechos humanos que sufre el pueblo Bribri de Salitre y otros pueblos originarios y hasta el momento no ha cumplido con sus obligaciones para que el asesinato de Sergio no quede impune, cese la violencia contra estos pueblos y se garantice la seguridad e integridad humana y territorial de los mismos.A pesar de la ocupación y usurpación de los territorios indígenas, diferentes administraciones del Estado costarricense no han cumplido con su obligación de desalojar a los poseedores ilegales.

El Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exige al Estado costarricense:

  1. Que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz no quede impune y se aplique la ley a los autores intelectuales y materiales de ese vil asesinato.
  2. Que el Estado costarricense desarrolle e implemente las medidas cautelares 321-12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Que se realice una investigación del actuar de todas las instancias y personal judicial y policial del cantón de Buenos Aires con respecto a su actuar frente a los pueblos originarios para determinar las posibles responsabilidades y sanciones administrativas o judiciales.
  4. Que el Poder Ejecutivo ejecute los 6 desalojos ya emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio de Salitre.
  5. Que el estado costarricense cumpla con el Protocolo de Seguridad suscrito con el pueblo bribri de Salitre desde el 2017.

¡Justicia para Sergio Rojas y los Pueblos Originarios!

Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre

 

Imagen ilustrativa.

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Sindicatos defienden libertad sindical ante Comisionada de la ONU

Las organizaciones sindicales se reunieron con Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de plantear la situación nacional en torno a la libertad sindical y el derecho a huelga dado el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa que busca limitar esos derechos.

SURCOS comparte los dos documentos que dan cuenta de las dos reuniones realizadas: una con ANEP, FIT-ICE (ASDEICE y SIICE) y UPINS; y la otra con varias centrales sindicales y que fue difundida por el SEC.

 

Documentos enviados a SURCOS por Albino Vargas Barrantes y Juan Carlos Durán Castro.

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Tsunami de no-violencia en Colombia

Hernán Alvarado

 

«Todas las revoluciones son imposibles,

hasta que se tornan inevitables.»[1]

[1] Consigna pintada por estudiantes, después de la última toma del edificio de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica.

Hasta ahora la violencia parecía haber ganado en Colombia. El ejército justificó a la guerrilla y viceversa; los paramilitares[1] a otras formas populares de auto defensa; los «vándalos» a la policía, de donde ha surgido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prever motines, aunque también los provoca. Por eso aparecen los encapuchados que defienden a los manifestantes. Todos comparten que el fin justifica los medios y que la violencia se combate con violencia. El narcotráfico suma guardaespaldas y sicarios a ese coctel. Así, la «maldita violencia» parecía haberse enquistado en la cultura, reforzando los comportamientos patriarcales[2]. Sus principales víctimas han sido los más vulnerables: niños, jóvenes, mujeres y ancianos[3]. ¿Un ejemplo emblemático? Dilan Cruz, él luchaba por su educación, haciendo valer su derecho constitucional, cuando un arma del ESMAD le alcanzó en la cabeza. ¿Cómo se llama un policía que asesina a quien debe proteger? El alto mando tendrá que hacer milagros para justificarlo[4]. Un joven soldado se suicidó a raíz de ese conflicto. Por décadas, Colombia ha visto morir y partir a demasiada gente inocente.

Y, a pesar de todo, la gente sigue sonriendo, amando, bailando y conquistando cimas deportivas. La alegría, las bellas canciones, la extraordinaria ironía, tanto como la crítica, son modos cotidianos de resistencia. Uno de los países más felices del mundo es también el más desigual de la OCDE y el segundo de América Latina con media fuerza laboral en la informalidad. Por eso, hoy una inmensa mayoría defiende su derecho a vivir en paz. Solo una minoría prefiere mantener el estatus quo que beneficia al 1% de la población y a sus socios extranjeros, en perfecta sintonía con el autoritarismo neoliberal, propio del «capitalismo salvaje».

El pasado 21 de noviembre, el pueblo respondió masivamente al llamado de las organizaciones sociales en todo el país. Había más de cien razones para protestar y más de mil para defender la vida. La primera es el derecho a indignarse. El senador Gustavo Bolívar contaba 247 líderes sociales asesinados, 77 en lo que va del año. En enero pasado, la ONU urgió al Gobierno sobre la matanza de líderes indígenas. Hace pocas semanas, el ejército bombardeó un campamento guerrillero y mató a 8 niños (los lugareños dicen que podrían ser más). El Ministro de Defensa tuvo que renunciar. Son goterones en un vaso que ya estaba relleno con los 2248 «falsos positivos»[5], tema por el que se indaga judicialmente a Álvaro Uribe. Así que a nadie extraña la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

En Boyacá, donde el gobernador no permitió la entrada del ESMAD, la multitud protestó en forma pacífica[6]. La prensa independiente jugó un papel crucial en la divulgación. En todas partes la asistencia fue multitudinaria, pese a las provocaciones y amenazas del «uribismo» y los desplantes militares del nuevo Ministro de Defensa. Después, un ruido espontáneo de cacerolas, que se oyó en todas partes, dijo ¡basta! Los colombianos exigen que se cumplan los acuerdos de paz y se oponen a más proyectos confiscatorios. Los jóvenes dicen que les han quitado la salud, la educación, el empleo, el futuro; incluso les han quitado el miedo. Ahí está la clave de esta coyuntura. Por eso se está desplomando el «uribismo», incluso en Medellín.

La reacción del presidente Iván Duque ha agravado las cosas. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, le dijo cómo aplacar la protesta. Entre otras cosas, que era momento de ser humildes, reconocer errores y hacer concesiones. Pero el presidente no entiende qué es «diálogo social», o se hace el desentendido[7]. Tras la gran marcha, reconoció el derecho a protestar y dijo estar escuchando, pero solo habló de «vándalos» para alabar a sus «héroes»: los policías. En plena desobediencia civil, siete días después se había reunido con los ministros, con los alcaldes, con los empresarios, pero no con el Comité del paro nacional. ¿Esperaba que la gente se cansara? Luego, propuso «conversar» sectorialmente (divide y vencerás), lo que fue rechazado.

El presidente no entiende que debe rendir cuentas a quienes pagan su salario, igual que policías y militares; no solo a su partido político. Ganar una elección no da derecho a usurpar el poder. El «uribismo» se tapa los oídos para insistir en una maniobra desestabilizadora y pirómana de sus oponentes. Al presidente nadie le había pedido la renuncia, sino que asumiera su responsabilidad, pero dijo que quieren arrebatarle «con violencia» lo que no pudieron ganarle en las urnas, como si su victoria hubiera sido brillante. Ahora, procura ignorar que muchos de sus electores se han convertido en manifestantes. Ha reprobado en lectura política, en empatía, en liderazgo, cuando ya rondaba el 70% de desaprobación.

Las protestas no cesan, el pueblo ha multiplicado su unidad y solidaridad, su fuerza pacífica crece con arte en las plazas; su participación plantea el dilema democracia o neofascismo[8]. ¿Quién manda en una democracia: la ciudadanía o el gobierno; los representantes o los representados? ¿Para qué sirve la violencia del Estado: para proteger a los ciudadanos o para aterrorizarlos? En uno de los países más violentos de América Latina, el pueblo ha izado la no-violencia en el asta más alta de la patria. Según Diana Uribe, se celebra la historia, es decir, la evolución incesante de la sociedad y la cultura. Una multitud sin miedo revive la idea de Mahatma Ghandi con yoga y música en la calle. En Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, la «hiperpotencia» popular en estado de rebelión está reuniendo la fuerza marítima de quienes digna y creativamente exigen justicia y paz[9]. Si sigue firme obligará a evacuar, cuando menos, a los corruptos del gobierno, el ejército y la policía. Por el bien de todos y el futuro de los que vienen, hay que derrotar pacíficamente a los violentos ¡Basta ya y nunca más!

[1] Se trata de mercenarios que actúan en la ilegalidad donde la represión del Estado aún no alcanza.

[2] Ver: Betancur, JM (2000) Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934. Santa Fé de Bogotá, Ministerio de cultura.

[3] Colombia también tiene una alta tasa de femicidios con una impunidad encima del 90%.

[4] Álvaro Uribe, líder del «uribismo», ya intentó justificar el bombardeo de niños y los actos represivos del ESMAD. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, publicó de manera expedita: Dilan era un vándalo.

[5] Así se llama a los muertos presentados por el ejército como guerrilleros para mejorar sus resultados. Esas «ejecuciones extrajudiciales» son una práctica de lesa humanidad conocida por Estados Unidos cuando menos desde 1984.

[6] Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también pidió al ESMAD no intervenir, pues no era necesario (#LAVIDAESSAGRADA).

[7] Algo que atizó la indignación fue ver al presidente evadir a un periodista, que le preguntaba sobre los niños bombardeados, diciéndole: «¿De qué me hablas, viejo?»

[8] Neoliberalismo + represión = Neofascismo. ¿El paradigma? Augusto Pinochet.

[9] Dussel, E (2016 ) 10 tesis de política. México: Siglo XXI y CREFAL. Tesis 12, pág. 94.

 

Foto de: http://www.resumenlatinoamericano.org/

Enviado por el autor.

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FRENAPI denuncia violación de derechos indígenas e impunidad ante comisionada de DDHH de la ONU

De izquierda a derecha, la compañera de FRENAPI, Vicky Lezcano Ortiz, del Pueblo Brorán, Territorio de Térraba, junto Michelle Bachelett, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelett, realiza visita oficial a Costa Rica, con el fin de conocer de primera mano la situación de DDHH del país. En su Agenda, el día de ayer lunes 2 de diciembre del 2019, se reunió con representantes de los Movimientos y Organizaciones Indígenas, incluido el Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI.

Vicky Lezcano Ortiz, integrante del FRENAPI y Delegada Brorán en el Congreso Indígena Nacional- COIN, explicó a Bachelett la lucha actual de los Pueblos Indígenas por la recuperación de sus Tierras/ Territorios, usurpados por No Indígenas, quienes con violencia se mantienen dentro de los Territorios. Relató Lezcano, que ella es una recuperante de tierras, en la Finca Crun Shurín, desde hace casi dos años. Previo a la recuperación estuvo fuera del territorio, víctima de ese despojo.

El Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA) se inició en agosto del año 2010, fecha en que 27 líderes indígenas fueron desalojadas/os violentamente de la Asamblea Legislativa, lo que motivó al FRENAPI a iniciar un proceso por construir Autonomía en los propios territorios a través de la Recuperaciones de Tierras y la construcción de Consejos de Autoridades Propias, rechazando las estatales Asociaciones de Desarrollo – ADIs, por ser una imposición recolonizadora que pervierte la autonomía y divide las Comunidades.

Este proceso autonómico trajo mucha violencia por parte de los/ las terratenientes usurpadores, que han promovido agresiones físicas, ataques con armas fuego, quema de vivienda, persecución y amenazas, con la complicidad directa e indirecta de distintas autoridades del Estado incluidos la policía y los Tribunales de justicia.

Las Recuperaciones de tierras se han extendido y de igual forma se incrementó la ola de violencia, incluyendo cárcel y lesiones graves a compañeros y compañeras de distintos Territorios en lucha por la Autonomía. El caso más grave ocurrió el 18 de marzo pasado, cuando asesinaron a SERGIO ROJAS ORTIZ, bribri de Salitre, fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, integrante del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra de Salitre.

En su intervención, Lezcano, Denunció al Estado/ Gobierno de Costa Rica ante la Comisionada por seguir violando los Derechos Indígenas y no actuar debidamente para que se respeten esos Derechos. También solicitó intervención para que se aclare y castigue el asesinato del compañero Sergio Rojas después de cumplirse casi 9 meses de impunidad total, con el silencio cómplice del Estado costarricense.

 

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Comunicadoras Comunitarias de Puntos de Cultura impulsan Buen Vivir mediante Colectiva Femenina Radio Andante

Ha sido un año difícil en el país y en Latinoamérica, con muchos ataques a nuestros derechos y a los del medio ambiente. Pero por doquier se vislumbran pequeñas luces de esperanza que el pueblo se alzará por encima de los planes de opresión. Una de esas pequeñas luces es la colectiva Radio Andante. El 16 de noviembre del año en curso, mujeres Puntarenenses celebraron el cierre del proyecto Comunicadoras Comunitarias por el Buen Vivir, parcialmente subsidiado por el Programa de Puntos de Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud.

En el transcurso del año las mujeres fueron a varias comunidades a hacer programas de radio que hablaron de los temas que les interesan, como la necesidad de crecer comida sin agrovenenos, el tener empleos dignos, el rol de las mujeres en las familias rurales, el derecho a la comunicación, al agua, a una vida digna, entre muchos más.

Lejos de ser el fin de los programas, las mujeres se proponen seguir por cuenta propia ya que durante el tiempo que estuvieron aprendiendo a hacer radio comunicación comunitaria, también se conectaron con muchas otras mujeres y ya para diciembre tienen dos giras agendadas para programas radiofónicos. Todos los nuevos programas serán bajo su nueva colectiva femenina Radio Andante quienes se identifican como mujeres positivas y propositivas que van a ser parte del cambio que todas y todos queremos ver en Costa Rica y en el mundo.

Para más información pueden contactarlas en su Facebook Comunicadoras Comunitarias Buen Vivir o al correo sdccostarica@gmail.com

Enviado a SURCOS por Verónica Sheehan.

Alianza Defensa del Agua: Llamado a organizarse y proteger territorio

SURCOS comparte este importante documento producto de uno de los encuentros de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas. Luego de un proceso iniciado por personas de comunidades de la zona Norte de esta provincia, y acompañado por la UNED y la UCR, esta agrupación de acueductos rurales, organizaciones de mujeres y otros grupos comunitarios analiza su realidad y propone rutas para su desarrollo.

Con el aporte de una investigación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED coordinada por el sociólogo Orlando Amaris y la asistencia del geógrafo Dany Villalobos, y la colaboración de la Sede del Pacífico de la UCR en el desarrollo de un plan estratégico y un esfuerzo de formación de estrategas mediante el proyecto Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa que coordina Héctor Ferlini-Salazar, estas comunidades no sólo indican a las instituciones públicas cómo cumplir su cometido para el buen vivir de las poblaciones de esa zona, sino que, además, ofrecen a otras regiones su experiencia para avanzar hacia una vida digna.

SURCOS le invita a leer este importante documento de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas:

ALIANZA DE COMUNIDADES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN PUNTARENAS

DECLARACIÓN DE LA MONTAÑA DE COYOLITO

-23 de noviembre de 2019-

 

37 representantes de organizaciones comunales de Chomes, Abangaritos, Orocú, Manzanillo, Judas, Malinche, Coyolito y Jarquín, nos reunimos en La Montaña de Coyolito con el fin de analizar las amenazas actuales sobre las fuentes del agua de cara a los desafíos que traerá la estación seca entrante en nuestro territorio.

CONSIDERANDO

1- Que tenemos muchas problemáticas en común en nuestras comunidades, que gracias a nuestra Alianza hemos podido conocer más a fondo y analizamos sus posibles soluciones.

2- Que los incendios forestales, las explotaciones de agua, las concesiones de cauces de ríos, la deforestación y la contaminación por basura y químicos, entre otros, son problemas que nos afectan a gran escala actualmente.

3- Que en la época seca, las afectaciones de las actividades nocivas hacia las fuentes de agua se vuelven mayores y requieren de mayor vigilancia de nuestra parte y de toda la población.

4- Que la ampliación de la ruta Cañas-Barranca demanda aumentar la explotación de materiales de nuestros ríos, lo que pone en alerta a las poblaciones cercanas por los daños que se puedan provocar a los cauces con la extracción de arena y piedra.

5- Que todos los monocultivos que contaminan el territorio con agroquímicos, terminan por contaminar también los esteros y el golfo de Nicoya, afectando las especies que habitan estos ecosistemas y a las personas que los aprovechan.

6- Que algunas ASADAS tienen sus fuentes e infraestructuras de los acueductos en propiedad privada y pasan por situaciones complicadas para asegurar la provisión de agua a las comunidades, por las variadas limitaciones que provoca esta condición.

7- Que disfrutamos los beneficios de la naturaleza, como los bosques que protegen las nacientes y dan vida a los paisajes, así como los ríos, esteros, manglares y playas que ofrecen sitios recreativos y sustento para nuestras familias.

8- Que, como habitantes de este país, tenemos el derecho a defender un ambiente sano en nuestros territorios, y con esta integración entre comunidades hemos podido conocer más herramientas para poder enfrentar las situaciones que nos afectan.

9- Que la costa Pacífico Central está entre las zonas más vulnerables del país, tanto a nivel social como ambiental, según lo han revelado estudios del propio Estado de la Nación.

10- Estamos conscientes de la necesidad de trabajos en nuestras comunidades, pero las fuentes de empleo deben ser responsables con el ambiente y ofrecer calidad y seguridad para vida digna de las personas trabajadoras.

11- Que tanto las personas como las empresas, tenemos responsabilidades sociales que respetar, por lo que es justo tomar medidas para detener las acciones que afectan las fuentes de agua de la zona, como bien social.

12- Que ha existido indiferencia en nuestras propias comunidades respecto a lo que sucede. Todos somos parte de la comunidad y responsables de velar por el bienestar común, aunque no seamos miembros de una Asociación comunal.

13- Que estamos dando un paso con el mapeo de nuestras problemáticas en el territorio gracias al apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED. Ahora podemos visibilizar la existencia de problemas ante los que ha habido indiferencia en nuestras propias comunidades, así como en las instituciones del Estado.

14- Que tenemos como desafío dar nuevos pasos para fortalecer nuestra Alianza para que perdure y logre las metas de cambio social que queremos, con el ideal de poder transformar nuestra realidad ambiental por una más justa y beneficiosa para toda la población.

POR TANTO DECLARAMOS

1- La importancia de proteger el patrimonio natural en nuestro territorio, lo que debe motivar la toma de acciones por parte de todas las personas de nuestras comunidades.

2- Nuestro compromiso de aprovechar este trabajo realizado junto a la UNED en el 2019, para informar sobre las situaciones que amenazan nuestras fuentes de agua.

3- La necesidad de difundir información en nuestras propias comunidades para lograr el apoyo comprometido de otras organizaciones y unirnos más entre pueblos vecinos.

4- La importancia apoyarnos mutuamente para denunciar estas situaciones que están afectando nuestro bienestar. Hay que romper el silencio ante lo que sucede y nos afecta.

5- Que nuestra lucha es justa, porque estamos tomando acciones para mejorar la condición de nuestras comunidades, y porque el agua es un bien común para todas las personas.

6- Hacer un llamado a la conciencia de todas las personas que habitamos en esta zona, para organizarnos y proteger nuestro territorio ante las acciones irresponsables que nos afectan actualmente y comprometen nuestro bienestar futuro.

APOYAMOS ESTA DECLARACIÓN REPRESENTANTES PRESENTES DE:

ASADA DE ABANGARITOS – ASADA DE CHOMES – ASADA DE COYOLITO-JARQUÍN – ASADA DE MALINCHE – ASADA DE JUDAS – ASADA DE OROCÚ – ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ABANGARITOS – ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE OROCÚ – ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE JARQUÍN – ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS DE LA MONTAÑA DE COYOLITO – MUJERES DE MANZANILLO EN DESARROLLO CON SU COOPERATIVA (MUDECOOP) – COMITÉ AMBIENTAL DE GUACIMAL – VECINOS Y VECINAS INDEPENDIENTES

 

Enviado por Danny Villalobos.

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¿Sabía usted de la amenaza para el humedal Térraba-Sierpe?

#Hoy en Programa Voces y Política: ¿Sabía usted que el humedal Térraba-Sierpe está bajo amenaza por la siembra de casi 500 hectáreas de piña? 🍍 #piñacr  La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente ignoró las objeciones planteadas por el Museo Nacional, comunidades aledañas y  grupos ecologistas. Conozca sobre las amenazas de este proyecto piñero a las 5:00 PM en Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.

Foto de https://www.ecured.cu/

Falacias e inconsistencias en expediente 21035 sobre pensiones

Hervey Badilla Rojas

Sobre la aprobación en segundo debate del expediente 21035 “Ley para fijar topes equitativos a las pensiones, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional “, me permito señalar algunas falacias e inconsistencias en quienes han impulsado y defendido este tipo de mentiras que crean en contra de la clase trabajadora del sector público.

Al respecto, los detractores de semejante atropello en contra de este grupo de trabajadores han venido desde hace muchos años poco a poco convenciendo a la ciudadanía del tema que nos trata.

Por lo difícil de entender y por la complejidad en su contexto técnico el pueblo carece de un análisis exhaustivo y objetivo relacionado con pensiones, lo cierto del caso, es que simplemente han buscado la forma de alimentar mediante el discurso camuflado y espurio vender una mentira que ha sido amasada y comprada sin importar o medir el impacto social que por medio de sus engaños y mentiras esto puede causar. No quiero generalizar, pero es más que evidente el desconocimiento que sobre estos temas existe y que muy pocos conocen a fondo el verdadero interés que se esconde tras estas acciones funestas y corruptas de esa clase política que día a día carcomen y hunden al país y con ello al sector menos pudiente y trabajador de esta nuestra Costa Rica.

Ahora bien, sobre estos temas, de jubilaciones y pensiones es muy fácil hablar y juzgar, pero de análisis y conocimientos reales hay muy poca preparación y por ende muy fácil repicar hasta la saciedad que lo logrado con esfuerzo y sobre todo bajo un principio de legalidad no es válido. Repito, se pregona lo que el pueblo quiere oír.

Por ningún lado escuchamos ni leemos sobre una verdad tan grande como es la irresponsabilidad de los gobiernos de turno desde 1958 a la fecha de no haber creado el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, así establecido por medio de la ley 2248 del 5 de setiembre de 1958. El fin de ese Fondo era para dar contenido presupuestario y pagar a futuro aquellas pensiones propias del Régimen, con los recursos aportados directamente por todos los trabajadores del Magisterio Nacional; pero que sucedió? cuál es la verdad de ese mandato? NO SE HIZO LA PREVISIÓN y los recursos generados pasaron directo a caja única del estado, dejando desmantelada la protección que a futuro se empezaría a dar. ¿Será esto culpa del Magisterio Nacional? ¿Por estos desordenes y malos manejos políticos se nos debe tratar hoy día como se nos endilga?

¿Y a los responsables que les debemos decir? ¿Será que los debemos premiar por semejante acto de irresponsabilidad? Ustedes medios de comunicación y políticos actuales, han buscado la verdadera razón por la que hoy día se deben cubrir algunas pensiones con recursos del estado (Régimen Transitorio de Reparto)? Les insto a investigar y hacer un debate público para darle al pueblo resultados reales y no sesgados de un fin que nunca fue llevado a la práctica.

Finalmente y para que se tenga como verdadero con base al marco legal que nos cobija, los que hemos obtenido una jubilación bajo el régimen del Magisterio, hemos tenido que pagar altas tasas impositivas que no son divulgadas ni lo explicitan, ni los medios de comunicación, ni los diputados y diputadas. ¿Por qué será?

Aún hoy, ya pensionados, nos hacen tributar con las mismas tasas impositivas de cuando éramos funcionarios activos, veamos unos números tomados de la ley No. 7531: (art. 70, del 10% al 16%), art. 71, del 25 al 75%), impuesto de renta, Seguro Social.

Ah, pero esto no se lleva a la luz pública, pero si nos atacan con la etiqueta de “Pensiones de Lujo”.

Lujo es el festín que se dan muchos y muchas personas que saquean al pueblo miserablemente y sin ningún reparo por medio de las grandes EVASIONES Y ELUSIONES, con las enormes deudas por no pago de los IMPUESTOS DE RENTA Y VENTAS, PARAÍSOS FISCALES y un enorme ETC.

A esos no se les ataca, porque son los que sostienen o financian las grandes componendas políticas y argollas de aquellos ilustres que por medio del poder blindan a esas clases para que se engorden a costa de las clases necesitadas y que sin mediar escrúpulos los tienen cada día más y más subyugados a una tiranía propia de mafias entronizadas.

 

Enviado por el autor.

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Bloqueo por la salud comunitaria

La comunidad de Higuito, San Miguel, Desamparados convocó el pasado lunes 25 de noviembre a un bloqueo en el Puente de Jorco, para exigir a las autoridades resolver el grave problema de contaminación que ocasiona el relleno sanitario en esta localidad.

¡No podemos vivir así, basta YA!

¡Por nuestra salud, fuera EBI Ya!

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