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Etiqueta: lucha social

El odio al indio

Álvaro García Linera / https://www.celag.org/

El fascismo, el odio racial, no sólo es la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

16 NOVIEMBRE, 2019

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Publicado por https://www.celag.org y compartido con SURCOS por Carmen Chacón y Vania Solano.

Wiphala, símbolo de la cosmovisión de los pueblos originarios y su vínculo con la Pachamama.

CUT de Chile se pronuncia ante acuerdo partidario por nueva Constitución

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE

CUT

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Central Unitaria de Trabajadores, frente al anuncio durante la madrugada del día de hoy del “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” entre algunos partidos políticos de Oposición y Chile Vamos, señalamos lo siguiente:

1.- Todo aquello a lo que han debido obligarse los partidos hoy, ha sido fruto de la movilización. El anuncio, denominado “histórico”, no refleja más que el deber moral de una institucionalidad política que durante décadas -primero por efecto del Sistema Binominal y luego por la falta de convicción de las mayorías de impulsar sus propios compromisos de campaña- se había negado a enfrentar de manera decidida la necesidad de cambios profundos en nuestro país.

2.- Lamentamos que se intente reivindicar estos avances como un triunfo del pueblo, cuando no ha habido una sola palabra sobre el rol del movimiento social organizado en este avance. Mientras se repudia en toda su magnitud los hechos de violencia y se nos asigna, interesadamente, una responsabilidad en ello a los actores que nos hemos movilizado, se le resta la misma fuerza al respeto a los Derechos Humanos y la condena a la violencia de la que han sido objeto poblaciones enteras. Hacemos un llamado a los parlamentarios a aclarar si se perseguirán o no los responsables de estas violaciones.

3.- A dos semanas, al menos, de haber entregado a los partidos de Oposición el Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile, ningún partido hasta el día de hoy ha dado respuesta a lo señalado ahí́. La ausencia de diálogo con los actores sociales organizados no solo le resta legitimidad al acuerdo alcanzado es, además, una preocupante señal de defensa corporativa de la institucionalidad que los cobija. Nos preguntamos, legítimamente, si este acuerdo se construye con la convicción de superar la desigualdad y los abusos o si es más bien un balón de oxígeno para un Congreso en crisis.

4.- A nuestro juicio, la única manera de contar con las garantías de que este acuerdo se construye desde el genuino convencimiento de avanzar en transformaciones profundas, es sumar al reconocimiento de que debe ser el pueblo quien decida el mecanismo sobre el cual debatir la nueva Constitución Política; una agenda realmente social, donde las prioridades sean: Un Plan de Protección al Empleo, Salario Mínimo de 500 mil pesos líquidos, Pensión Mínima igual al Salario Mínimo propuesto, gratuidad en el transporte a estudiantes y adultos mayores, entre otros. La única manera de construir un proceso constituyente con mínimos de confianza es asumir una Agenda Social potente, que responda a lo que la ciudadanía espera y que nos dé esperanzas a todos que vienen tiempos reales de cambios.

5.- Sabemos que nos jugamos en el Plebiscito el real carácter histórico de este acuerdo y no seremos neutrales ante este desafío, pero hacemos un llamado, tal como está́ planteado para el proceso ratificatorio, a hacer obligatoria la participación en este Plebiscito de Entrada, así como a realizarlo con celeridad. La ciudadanía espera que el Plebiscito sea con urgencia y no puede esperar hasta el mes de abril.

6.- Hacemos un llamado a nuestras estructuras y afiliadas a estar en estado de alerta. Se ha logrado un paso muy significativo al reconocer hoy el camino Constituyente como el camino para construir una nueva Constitución; pero el movimiento sindical representado en la CUT, no está́ disponible para aceptar que ello sea a costa de un acuerdo en el Congreso para legislar una agenda anti derechos, como la que se encuentra hoy en el Parlamento o una Agenda Social mezquina -como la propuesta por el Gobierno- y sin una clara posición de los partidos de condena frente a las muertes, violaciones a hombres y mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes, perdidas de visión, danos oculares y los miles de detenidos y golpeados en las marchas y poblaciones de nuestro país.

La verdadera paz social se construye con justicia social, pero parte por la condena y el NO a la impunidad frente a los apremios vividos en estos 28 días de movilización.

COMITÉ EJECUTIVO CUT – CHILE

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT

Compartido con SURCOS por Rodrigo Aguilar Arce

Fotos: http://www.colegiodeprofesores.cl/

Invitan a comunidad universitaria a defender educación superior pública – pronunciamiento

Pronunciamiento de un grupo de docentes de la Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, en relación con la coyuntura política nacional y universitaria

San Ramón, Costa Rica

12 de noviembre 2019

A la comunidad universitaria de la Sede de Occidente, la Universidad de Costa Rica y demás Universidades Públicas de Costa Rica

A la sociedad costarricense en general

● El pueblo costarricense está viviendo momentos difíciles. Luego de tres décadas de implementación de políticas neoliberales, Costa Rica se encuentra actualmente dentro de los diez países con mayor desigualdad social y concentración de la riqueza en el mundo.

● Es posible percibir, sobre todo a partir de 2018, una profundización del proyecto neoliberal en Costa Rica, cuya más clara manifestación fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580, mediante la cual se materializó una reforma fiscal con notable orientación regresiva. De hecho, como parte de esta reforma, se abre la posibilidad de aplicar la Regla Fiscal, la cual autoriza el recorte del presupuesto de instituciones públicas. La mencionada ley fue impuesta desde el Gobierno de manera autoritaria y vertical, desconsiderando la amplia oposición popular en contra de la misma.

● Además de la reforma fiscal, se han venido impulsando otras iniciativas que amenazan con lesionar derechos fundamentales del pueblo costarricense, como por ejemplo los proyectos de ley No.21.049 y 21.097, los cuales buscan prohibir el ejercicio de las huelgas en el sector público y amenazan con la disolución de sindicatos.

● Tanto la reforma fiscal, como los proyectos de ley “anti-huelgas”, entre otras iniciativas, más allá de simples reformas jurídico-legales, representan un intento por imponer un nuevo “pacto” social en favor de los intereses de oligarquías político-económicas, nacionales y transnacionales. Este proyecto implica un estrangulamiento del Estado Social de Derecho y del ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad costarricense, dicho sea de paso, derechos arduamente conquistados en épocas pasadas a través de luchas sociales.

● En este contexto, se viene gestando un grave ataque en contra de las universidades públicas costarricenses, cuyo papel en la sociedad costarricense es y ha sido fundamental. Para legitimar estos ataques, se ha dado a través de los principales medios de comunicación nacionales una campaña sistemática y fraudulenta para desprestigiar estas instituciones en la opinión pública.

● El más grave y amenazante de estos ataques es el “redireccionamiento” de 70 mil millones de colones en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2020, el cual fue presentado por el Ministerio de Hacienda a Asamblea Legislativa como parte del presupuesto nacional para el próximo año.

● Este “redireccionamiento” implica que 70 mil millones de colones del FEES fueron clasificados como “gastos de capital”, es decir, como aquellos gastos que se realizan una única ocasión y que no son permanentes, como por ejemplo, construcción de infraestructura. En la práctica, significa que estos recursos no pueden ser utilizados para “gastos corrientes”, tales como becas estudiantiles, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, todas ellas actividades fundamentales del quehacer universitario.

● Más que un “redireccionamiento” del presupuesto, estamos frente a un flagrante atropello del principio de la Autonomía Universitaria, reconocido en la Constitución Política de Costa Rica en sus Artículos 84 y 85. Como parte de la autonomía que le reconoce la Constitución, las universidades públicas gozan de total independencia y criterio propio para definir en qué rubros o actividades destinan sus recursos.

● Vale mencionar, como antecedente, que ya la Asamblea Legislativa había hecho un recorte de 10 mil millones de colones al presupuesto de las universidades públicas para el año 2019, el cual implicó medidas de contención del gasto a lo interno de estas instituciones, con impactos sensibles sobre el quehacer universitario. Si bien la Universidad de Costa Rica presentó una Acción de Inconstitucionalidad sobre este hecho, mientras no haya una resolución al respecto, la institución se ve imposibilitada hacer uso de dichos recursos.

● A raíz de este ataque en contra de las universidades públicas, se puso en marcha una fuerte movilización estudiantil, la cual inició desde mediados del mes de octubre y se mantiene, con altos y bajos, hasta la fecha. A lo largo de este proceso, las y los estudiantes universitarios han protagonizado diversas acciones de lucha organizada, entre ellas, la toma de edificios en diferentes sedes y recintos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional.

● Asimismo, el día 22 de octubre se realizó una masiva marcha en San José, con amplia participación de la comunidad universitaria, proveniente de diferentes regiones del país. Ese día se reunieron, en Casa Presidencial, miembros del Gobierno con los rectores de las universidades públicas y representantes de las federaciones estudiantiles, con el fin de re-negociar los términos del FEES para el año 2020. Los resultados de dicha negociación quedaron reunidos en un acuerdo, publicado ese mismo día, en el cual el Gobierno reconoce la potestad de las universidades públicas de utilizar sus recursos según el principio de la Autonomía Universitaria.

● No obstante, consideramos que este acuerdo es insuficiente y engañoso, en primer lugar, porque no es legalmente vinculante; a lo sumo, es una muestra de “buenas intenciones” por parte del Gobierno, del cual hay razones de sobra para desconfiar. Además, para poder hacer realidad los términos del acuerdo, se está en función de terceros, es decir, de actores que no estuvieron presentes en la negociación, específicamente la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, cuyo accionar reciente ha demostrado un alto grado de hostilidad en contra de las universidades públicas.

● Frente a este escenario, complejo y lleno de riesgos, consideramos fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y reflexión, tanto a lo interno de la universidad, como con otros sectores sociales. El conflicto se encuentra abierto e indefinido, motivo por el cual debemos mantenernos informados(as), politizados(as) y movilizados(as) como miembros de la comunidad universitaria, en defensa de nuestros derechos.

● En relación con la situación específica de la Sede de Occidente y la toma de edificios por parte de la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente -AGASO-, manifestamos la urgente necesidad de establecer canales de diálogo y negociación entre las diferentes partes (movimiento estudiantil, cuerpo docente-administrativo y Dirección), con el fin de encontrar una resolución lo más rápido posible.

● Somos conscientes que la comunidad universitaria es heterogénea y que existen diferentes visiones y posicionamientos dentro de ella, así como diferentes formas de praxis política. Asimismo, reconocemos que a lo interno de nuestra institución también se reproducen desigualdades e injusticias, tanto en términos del régimen salarial (funcionarios propietarios e interinos), como en términos de la asimetría entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales, entre otros. Mucho se puede hacer, a lo interno de la universidad, para distribuir el presupuesto de manera más equitativa y sensata.

● No obstante, más allá de las diferencias que existen dentro de la propia universidad, consideramos fundamental, en este momento en específico, no perder de vista quiénes son los verdaderos enemigos: los sectores de poder político-económico que pretenden debilitar y privatizar la educación superior, tendencia que se puede observar en toda América Latina. Esta unión es necesaria para tener mayor claridad política de hacia dónde direccionar nuestros esfuerzos y nuestra lucha.

● Urge salir de la universidad e ir a las calles, así como incidir en los medios de comunicación y en la opinión pública, para presionar en aquellas instancias que finalmente decidirán sobre el destino de todos(as) nosotros(as). A más tardar el 30 de noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa decidirá el presupuesto nacional para 2020, lo cual significa que durante el mes de noviembre debemos hacer todo lo posible por defender el presupuesto y la autonomía universitaria en este espacio.

● Invitamos a la comunidad universitaria en general, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, a luchar activamente en defensa de la educación superior pública. De ello depende nuestra propia sobrevivencia.

FIN DEL PRONUNCIAMIENTO

Firman:

María de los Ángeles Acuña León

Miguel Ángel Herrera Cuarezma

Lissy Villalobos Cubero

Eduardo González Ayala

Jorge Marchena Sanabria

Alberto Gutiérrez Arguedas

José Mora Calderón

Alexia Ugalde Quesada

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas

Vida Digna no vendrá de quienes gobiernan, vendrá de la gente

Reciban un cordial saludo por parte de Radio Andante, un colectivo de mujeres positivas y propositivas en la provincia de Puntarenas y del Centro Demostrativo de Sostenibilidad en Guacimal.

Dicen que cuando falta el dinero el amor sale volando por la ventana… quizás las cosas no son exactamente así, pero en verdad cuando en una familia no hay para las cosas esenciales, no hay calidad de vida. Y por ello, las personas se apuntan a una esclavitud que eufemísticamente llamamos “trabajo” en las piñeras o bananeras, donde trabajan hasta que se les calcinan los riñones agachados largas horas al pleno sol, inhalando los agrovenenos que luego les causan problemas de salud graves.

Existen muchas cosas que hay que enderezar en el mundo. Y en los cimientos de todo arreglo, yacen las personas. Si las personas están mal, el medio ambiente, los animales, los alimentos…todo está mal.

Entonces, a todos los que queremos mejorar cualquier cosa, nos incumbe el atender la necesidad de cada ser humano de tener una ocupación digna, o sea saludable, justamente remunerada y que fomente no solo la supervivencia, sino el bienestar.

A través de ocupaciones dignas, podemos resolver la mayoría del resto de los problemas. Somos parte de un todo. No somos algo separado. Lo que le ocurre al ambiente, nos ocurre a nosotros. Continuando con el ejemplo de las piñeras, sabemos que las piñeras dañan todo: la gente, los animales, el ambiente, la economía nacional. Si nos organizamos para crear trabajos dignos, nadie trabajaría para una piñera. Sería el principio del fin de las piñeras en Costa Rica, el principio del fin de todos los problemas que han causado.

Cómo lograr este objetivo es algo que nos puede ocupar a todas y todos…trabajando en conjunto, creando la nueva humanidad. Somos seres creadores… podemos usar la memoria y creatividad colectivas. Si hubiera una receta, no obtendríamos el beneficio de aprender a través de solucionar, colectivamente, un problema colectivo …no solamente desde la academia, ni desde unos cuantos gobernantes. No sentiríamos ese empoderamiento que solo llega a través de los logros de lo imposible.

Hemos descubierto que el tema del desempleo es central y urgente. La base de los cambios somos las personas, cada individuo. El cambio no vendrá de los políticos ni los gobernantes. Vendrá de la gente. Y tampoco sirve “empujar” a alguien a actuar o involucrarse. Porque estamos frente a algo que requiere un cambio de conciencia… o sea de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. La Alianza por una Vida Digna está haciendo un trabajo inspirador. Y creemos que tiene la capacidad de entrelazar el empleo digno y usarlo como un hilo conductor y guía hacia la nueva humanidad.

Los políticos saben que, si prometen trabajos, la gente se apunta. Ellos lo usan como un truco… no tienen intención de cumplir. Pero nosotros que estamos involucrados en hacer un cambio para una Vida Digna, debemos comprender que las masas apoyarán el movimiento si primero nosotros nos damos a la tarea de reconocer y atender este grave problema que acecha como un lobo a tanta gente…es algo terrible vivir así… casi que eso no se puede llamar vivir, sino solamente sobrevivir. En Guacimal fuimos a hacer una encuesta sobre calidad de agua y de lo que la gente quería hablar era de su necesidad de empleo… y uno la ve.

Proponemos como un siguiente paso, hacer una evaluación de la economía del país, post-reforma fiscal y tomar el pulso de lo que se está sintiendo y viviendo. Al mismo tiempo evaluar los programas para el fomento de trabajo que existen y lo que el gobierno aporta en términos de exoneraciones para los grandes empresarios transnacionales que se llevan toda la plata al extranjero vs los pequeños emprendimientos en los pueblos rurales. Eso nos dará herramientas para empezar a armar una propuesta que detalle desde donde vendría el presupuesto para financiarla, hasta cómo se ejecutaría.

A menudo les pregunto a la gente joven, ¿qué comían los perros y gatos antes de que se creara el concentrado? ¿Qué comían los chanchos y las gallinas? A menudo se me quedan viendo como que les pregunté si el mundo es plano. Y es que no hace más de 50 años que conocemos los concentrados… ahora dependemos de ellos. Regalamos nuestra independencia en nombre de algo mejor o algo más fácil. Pero las consecuencias de esto repetido una multitud de veces en muchos ámbitos, ha creado una manera de pensar que nos tiene atados de mente.

¿Qué pasaría si empezáramos a practicar diferentes maneras de economía? ¿Y al mismo tiempo si tuviéramos programas de capacitación para “gestores socioeconómicos comunitarios”? ¿Y si empezaran los niños en las escuelas a producir al menos parte de lo que se comen en el almuerzo? ¿Y si separáramos los desperdicios para composte o para los animales? ¿Qué pasaría si dejáramos que cada niño, que cada persona desarrollara sus talentos y trabajara en lo que le gusta en lugar de meterles en la cabeza que tienen que estudiar esto o aquello para buscarse un buen trabajo? ¿Y si expandiéramos la definición de lo que es un buen trabajo, para que no solo incluya un buen sueldo que después se usa para curarse la neurosis y la úlcera? ¿Si se incluyera las palabras bienestar y felicidad? ¿Y por qué es que pensamos que alguien nos debe de proveer algo que nosotros mismos podemos proveernos?

Los gestores socioeconómicos comunitarios podrían ayudar a los miembros de las comunidades a hacerse estas preguntas, organizarse y captar y generar fondos para promover sus propios trabajos dignos. Todo esto ya está pasando en alguna medida en muchos lugares de Costa Rica y del mundo. Algunas personas reciclan, algunas practican los trueques, algunas hacen varias cosas a la vez. ¿Qué pasaría si nos damos a la tarea de organizarlo todo para que funcione como una máquina perfectamente equilibrada?

Por ejemplo, cada municipalidad podría dedicar fondos para ello. Las personas que han demostrado su amor y capacidad de gestión para sus comunidades podrían ser remuneradas y apoyadas para que continúen haciéndolo y para que enseñen a otros a hacerlo. Hay fondos internacionales para ello también que podrían ser captados. Hay mucha buena voluntad en el mundo… no estamos empezando desde cero. Hay mucha necesidad de hacerlo y la gente motivada puede lograr mucho.

Y el gobierno mismo podría dejar de esconder el problema de falta de empleo detrás de una cortina de humo y enfrentar el reto de tasar las grandes empresas y utilizar este dinero para estos programas.

Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Para elevar la conciencia, debemos primero elevar los ánimos de las personas. No podemos pedir a alguien que tiene la mente preocupada y el estómago de sus hijos vacío, que piense en lo que se discute en la Asamblea Legislativa, por más que esa discusión le afecte e incumba.

Al atender el tema del desempleo, se limita la desigualdad, hay oportunidades de introducir la educación, y parar muchos de los abusos. Por ejemplo, se pueden crear miles de empleos reforestando, produciendo lo que se come en el país, utilizando materias primas para hacer otros productos de alta calidad, construyendo infraestructuras, educando, limpiando …

Desde Radio Andante y el Centro Demostrativo de Sostenibilidad, hacemos un llamado a la Alianza por un Vida Digna para que se incorpore este tema y que se forme un grupo de trabajo para investigar qué existe ya en el país, qué falta, qué ha funcionado en otros lados, etc. para empezar a avanzar.

Sinceramente,

Verónica Sheehan, Radio Andante.

Comunidades del Norte de Puntarenas en una reunión para encontrar soluciones colectivas a sus necesidades y metas.

 

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LA HISTORIA NO ES SOLO GALLETAS

“Hasta que los leones, tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando a los cazadores”

Manuel Hernández Venegas

La fábrica Pozuelo está de manteles largos. Fundada en 1919, cumplirá la próxima semana, un centenario.

Esta exitosa empresa amplió sus operaciones a varios países de América Central y constituye una subsidiaria de uno de los grupos empresariales más grandes de AL.

La efeméride de esta empresa queda simbolizada en aquellas crujientes galletas, que están arraigadas en el paladar de los ticos.

Pero lo que no han registrado en la página oficial de su centenaria celebración, es la lucha social que libraron sus trabajadoras y trabajadores, a finales de la década de los 70.

Precisamente este mismo año del centenario, se cumplieron 40 años de la huelga que realizaron sus obreras y obreros, para defender y mejorar sus condiciones de vida.

Los trabajadores presentaron un conflicto colectivo de trabajo, que la patronal, sentada en la galleta, se negó negociar.

La injustificada negativa de la patronal, obligó a los trabajadores a ejecutar una huelga, que de manera célere fue declarada ilegal.

La empresa requirió la intervención de la fuerza pública, que de inmediato controló las instalaciones de la fábrica, en la Uruca, y garrote en mano, se dedicó a su habitual oficio.

Parafraseando un famoso comercial de uno de sus productos: si la vez por arriba, la policía asumió el control de la fábrica y desalojó violentamente a los trabajadores de las instalaciones.

Si la vez para abajo, la policía reprimió brutalmente y persiguió a obreras y obreros hasta el río Virilla. La sangre llegó al río.

La represión fue inmisericorde, hasta que -como cierra aquel anuncio- ya no la vez, por las nubes de gases lacrimógenos que lanzó la policía, con un saldo de más 50 detenidos y otros enviados al hospital.

Al final, más de 400 obreras y obreros fueron despedidos.

La historia no solo está llena de galletas, aunque la marca sea “muucha galleta”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Chile: llamado a la desobediencia castrense y filial

¡Hacemos un llamado a la desobediencia castrense y filial! Como hijas, hijos y familiares de genocidas de la dictadura chilena sabemos que quienes ejercen represión hoy en nuestras calles están a un paso de cometer -o ya han cometido- crímenes de lesa humanidad.

Desobedecer órdenes que amenazan a las personas no solo es un derecho en este contexto, sino que una obligación moral; tal como lo hizo David Veloso Codocedo, soldado de 21 años, que se negó a actuar bajo estado de emergencia. Desde aquí no solo lo abrazamos, sino que nos paramos junto a él para construir una nueva historia ¡A DESOBEDECER!

Compartido con SURCOS por Rafaela Sierra.

Perjuicios a sindicatos o sus integrantes pueden traer responsabilidad internacional: IIRESODH

SURCOS comparte este documento del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), en el cual, se “recuerda al Estado Costarricense que los perjuicios particulares causados a sindicatos o a sus miembros, por aplicación de este marco jurídico (Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, expediente Ley 21.049 en trámite), puede generar responsabilidad internacional para Costa Rica y obligaciones de reparación hacia las víctimas, tanto ante el sistema de peticiones del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas”.

La llamada de atención se hace luego de analizar las conclusiones de la Sala Constitucional y las necesarias correcciones de fondo y de procedimiento que deben realizarse a la propuesta, la cual, es adversada por sindicatos y movimientos sociales que la ven como un estrechamiento del espacio democrático.

Compartimos el documento:

San José, Costa Rica, 29 de octubre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

La libertad sindical y el derecho de huelga son fundamentos esenciales de una sociedad democrática, son la voz de la fuerza laboral, la cual también debe ser escuchada

El Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), que es un órgano de acción académica y litigio estratégico internacional, por este medio expresa su preocupación por la información proveída por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida el pasado viernes 25 de los corrientes, mediante un comunicado de prensa, en el que se indica que ha votado y adoptado los puntos conclusivos del proceso de consulta facultativa de constitucionalidad respecto del Proyecto de Ley Nº 21.049 “Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos”.

El IIRESODH participó dentro del proceso de consulta facultativa de constitucionalidad mencionado, en calidad de amicus curiæ (amigo del tribunal), exponiendo argumentos que, basados en el derecho internacional de los derechos humanos y en el desarrollo jurídico producido por la Organización Internacional del Trabajo, esencialmente por medio de su Comité de Libertad Sindical, tenían por propósito proveer información útil para que la Honorable Sala Constitucional enriqueciera su debate interior y que la Sala considerara otros aspectos complementarios que integran el derecho constitucional costarricense.

Para el IIRESODH es preocupante que, de conformidad con el contenido del comunicado de prensa de la Sala Constitucional, el empleador sea sólo obligado al pago de los días de duración de la huelga únicamente si ella es declarada legal, y el motivo de la huelga sea imputado a él mismo por incumplimientos graves. Con esta decisión, la Sala Constitucional destruye la presunción de legalidad que naturalmente se correlaciona con la buena fe, principio jurídico esencial que tiene efectos considerables. De esta manera, al exigirse una declaratoria de legalidad de la huelga se obliga a las organizaciones de trabajadores a acudir a la vía judicial para lograr esa declaratoria y revertir la obligación legal de no pago que se instaura a favor del empleador con el proyecto de ley. En el fondo, este mecanismo, impone una carga de temor a los trabajadores y las trabajadoras que decidan apoyar la huelga, quienes para no perder “en automático” el salario de los días de duración de la huelga, muy probablemente desistan de apoyarla.

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El IIRESODH muestra también su preocupación por que la Sala Constitucional no encontró vicios de inconstitucionalidad en la prohibición de las llamadas “huelgas políticas”. En ese sentido, las acciones de las organizaciones de trabajadores, incluida la huelga, no son menos políticas que las acciones de las organizaciones de empleadores, quienes en la práctica poseen mejores activos — de distinta naturaleza— de los que pueden echar mano para facilitar que sus intereses permeen en los órganos de decisión que ejercen poder público.

En ese sentido, las huelgas políticas son aquellas que descansan en un apoyo directo hacia grupos o plataformas cuya acción política puede poseer una convergencia con la agenda de la organización sindical. Dentro del escrito de amicus curiæ presentado por el IIRESODH, se hizo el siguiente planteamiento:

en el párrafo bajo análisis se hace una prohibición a las denominadas “huelgas políticas”, sin ofrecer una definición de qué debe entenderse por ellas, ¿Cuál es el concepto de una huelga política? La falta de una exactitud en la definición legal formal trasladaría a la autoridad judicial la necesidad de rellenar ese concepto, con lo cual se desvirtuaría la garantía que exige que esa restricción en particular se haga por medio de una ley en sentido formal, no por un juez. En tal sentido, la formulación de la prohibición de la huelga política, impone una restricción abierta que no satisface los estándares constitucionales de la legalidad y tipicidad, con lo cual se debe concluir que en este aspecto, la propuesta contradice el derecho de la Constitución.

Por otra parte, una huelga política debe estar vinculada con la protección de los intereses y derechos de los trabajadores para ser válida, con lo cual, la Sala Constitucional, en el sentir del IIRESODH, tenía una ocasión ideal para desempeñar un rol que coadyuvara a intensificar un debate amplio en la Asamblea Legislativa, con sentido esencial en la formación de la ley, que alejara un tema tan sensible para la democracia costarricense.

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El IIRESODH saluda el salvamento parcial del voto de los magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes quienes consideraron que, respecto de los servicios esenciales, la opción prohibitiva de la huelga debería limitarse exclusivamente a situaciones extremas, cuando exista amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. La votación parcialmente salvada de los Magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes, en cuanto a la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales, y la admisión de la huelga bajo modalidad de limitación de servicios, es una muy adecuada aplicación del llamado test de proporcionalidad el cual busca que de entre varias posibles medidas restrictivas, se seleccione aquella que, siendo establecida en una ley formal, y persiguiendo una finalidad legítima, sea idónea y necesaria para lograrla, y logre un equilibrio óptimo entre la restricción y el beneficio social obtenido en una sociedad democrática, de manera que un derecho no neutralice absolutamente a otro, a menos que la circunstancia sea absolutamente extrema.

Adicionalmente, el IIRESODH se complace en advertir que, de conformidad con el comunicado de prensa proveído por la Sala Constitucional, el voto parcialmente salvado de los Magistrados Salazar Alvarado y Picado Brenes posee coincidencia con lo expuesto en el escrito de amicus curiæ que de manera oportuna presentó el IIRESODH, en el cual textualmente se indicaba que:

Lo que corresponde es discernir si existen servicios públicos de los denominados “esenciales” que efectivamente pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud, en el caso de su suspensión, discontinuidad o paralización. Este tipo de servicios públicos esenciales se denominan “servicios públicos esenciales en sentido estricto” —es decir, no cualquier servicio público, y no cualquier servicio público esencial, sino aquellos que lo son en un sentido estricto—, y si efectivamente se puede asociar un riesgo objetivo a una huelga, entonces la prohibición de la huelga estará justificada. En otras palabras, la prohibición de la huelga, como restricción severa, cuando dicha huelga suceda en un servicio cuya suspensión, discontinuidad o paralización genere un riesgo objetivo al derecho a la vida, a la salud o a la seguridad, es necesaria para la protección de tales derechos.

Nuestra intervención trasladaba el estándar desarrollado por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido que la prohibición de la huelga es aceptable frente a servicios públicos esenciales en sentido estricto, y para los que no alcanza dicha calidad, son admisibles las suspensiones selectivas de servicios, acordadas juntamente con el empleador.

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El comunicado de prensa emitido por la Sala Constitucional da cuenta que no hay declaratoria de inconstitucionalidad sobre el añadido que se hizo al final del artículo 378 del Código de Trabajo, en el sentido que se prohíbe la reiteración las huelgas por idénticos motivos de una anteriormente realizada. Nuestra intervención como amicus curiæ indicaba al respecto lo siguiente:

La mera existencia de una manifestación (manifestación como huelga) que tenga como motivo una situación que ya fue objeto de protesta implica que los problemas no han sido solucionados, y que, por el contrario, persisten y en algunos casos pudo haberse agravado.

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Del mismo modo el IIRESODH saluda que la Sala Constitucional haya encontrado un vicio de inconstitucionalidad en la habilitación generada por el proyecto de ley bajo consulta, según la cual la responsabilidad penal de las acciones de los integrantes de las estructuras dirigenciales del sindicato podían ser empleadas para autorizar la disolución sindical.

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El IIRESODH aprovecha la oportunidad para reiterar su compromiso con los valores democráticos y de justicia social que subyacen en la configuración constitucional de Costa Rica, y en los tratados de derechos humanos.

Adicionalmente, el IIRESODH recuerda que, como lo indica la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, en su nota OCR-029-2019 del 28 de octubre de 2019:

… de conformidad con las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado de Costa Rica en materia de derechos humanos provenientes del derecho internacional incluyendo los tratados internacionales, los Estados tienen el deber de cumplir con dichas obligaciones.

Los procedimientos especiales recogen un conjunto diverso de mecanismos que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos y prevenir violaciones relacionadas con temas o situaciones particulares o examinar la situación de países específicos.

En consecuencia, los Procedimientos Especiales constituyen un instrumento clave para asegurar el cumplimiento de los [derechos humanos] en los países y sus recomendaciones deben ser consideradas oportunamente por los Estados.

Con ello, el IIRESODH lamenta que el dictamen de la Sala Constitucional haya tomado significativa distancia del dictamen que de manera oportuna proveyeron tres Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos en los que advertían incompatibilidades entre el proyecto de ley Nº 21.049 y el derecho internacional de derechos humanos, incluyendo el Convenio sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo.

No obstante, además de reiterar a la Asamblea Legislativa su disposición para dialogar con los Diputados y las Diputadas llamados a dictaminar, sobre los alcances del derecho internacional en la materia, el IIRESODH recuerda que actualmente se discute en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre la libertad sindical —denominada Alcance de las Obligaciones de los Estados, Bajo el Sistema Interamericano, sobre las Garantías a la Libertad Sindical, su Relación con Otros Derechos y Aplicación desde una Perspectiva de Género— en la cual se analizarán diferentes alcances sobre el derecho de huelga que se desprende de la libertad sindical, como se advierte del mismo planteamiento de la solicitud de opinión consultiva, oportunidad que debe ser empleada por Costa Rica para ajustar su ordenamiento jurídico interno a lo que se establece en las normas internacionales de derechos humanos, y reconciliar su postura con los mecanismos de protección internacional de derechos humanos.

Si bien las opiniones consultivas son efectivamente eso, opiniones que evacúan consultas, esto no les resta sentido vinculante sobre la base del principio de buena fe, lo que supone hacer el mejor esfuerzo posible para no ir en contra del objeto y fin del tratado o tratados que se interpretan por medio de ella.

Finalmente, el IIRESODH recuerda al Estado Costarricense que los perjuicios particulares causados a sindicatos o a sus miembros, por aplicación de este marco jurídico, pueden generar responsabilidad internacional para Costa Rica y obligaciones de reparación hacia las víctimas, tanto ante el sistema de peticiones del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Arde Chile

¿Arde Chile? Sí… del fuego de la libertad. Estos momentos, en que todo parece posible, se inscribirán con letras de fuego en las memorias de millones de niños, jóvenes y menos jóvenes. Para proteger para siempre la ventana de lo posible… Una nota de Edmundo Moure.

Edmundo Moure

 

En menos de una semana se derrumbó el mejor ejemplo de la política ultra neoliberal en América Latina. El “oasis chileno” se quedó sin agua, la “perla” capitalista del Cono Sur se disgregó entre los dedos del presidente magnate, Sebastián Piñera. Frases broncíneas se viralizaron en las redes sociales:

“Sabíamos que existían las diferencias, pero nunca pensamos que molestaran tanto”; “estábamos haciendo las cosas bien, pero fuerzas oscuras y externas nos están desestabilizando”; “el comunismo internacional, liderado por Venezuela, complota para que fracasemos”, etcétera.

La ceguera de la clase social y económica que aún gobierna Chile es endémica; emana desde una visión feudal de la Historia que estos grupos no han podido superar en esta isla del fin del mundo, que sigue imperando incluso entre sus profesionales universitarios: médicos, abogados, ingenieros; qué decir entre los empresarios, convencidos de que el manejo de la economía es un simple ejercicio de ingresar y sacar dinero de la faltriquera de un hacendado del siglo XVIII, pagándoles a sus peones con las migajas que caen de su mesa, pidiéndoles que se encomienden a la Virgen María, si tienen hambre…

En menos de cuarenta y ocho horas, la bomba social estalló, extendiéndose, desde Santiago del Nuevo Extremo, hacia el norte y hacia el sur, en este largo pétalo, no solo de “mar y vino y nieve”, como escribe Neruda, sino de lava ardiente, flujo de las erupciones provocadas por reiterados abusos, injusticias, latrocinios y corrupciones. En estas últimas, se han visto involucradas, hasta sus cimientos, las instituciones “respetables” de la sociedad chilena: Iglesia, Fuerzas Armadas, Carabineros…

Ni siquiera los jueces han escapado de esta lacra que permea los organismos del Estado y también la actividad privada. No hay pan que rebanar, como decían nuestras abuelas.

El escándalo de las pensiones miserables, sustentado por el sistema previsional inicuo de las AFP, creado por los “expertos” de la dictadura, entre ellos, el siniestro lacayo de Pinochet, José Piñera, hermano mayor de Sebastián el Breve; la destrucción concertada de la educación pública, en beneficio del lucro privado, a través de la proliferación de universidades espurias y sin acreditación académica rigurosa; el negocio impune de la salud, administrada por inescrupulosos mercaderes, como el actual ministro de la cartera, doctor Sergio Mañalich, dueño de una de las mayores clínicas-hoteles, como se conocen entre nosotros; el sistema de subcontratación de servicios y tareas productivas, que perjudica aún más los bajos salarios y deja a miles de trabajadores sin protección social; la apropiación del agua por particulares y empresas mineras, cuyos manejos venales han ido destruyendo la actividad de los pequeños propietarios agrícolas y crianceros de la zona central de Chile, hoy asolada por la peor sequía de los últimos cincuenta años; la tala de los bosques nativos y su reemplazo por especies de rápida productividad, favoreciendo a las grandes forestales que, en la zona de la Araucanía, usurpan los territorios mapuches y ahogan su cultura; la contaminación de ríos, lagos y mares, mediante un manejo abusivo de los recursos pesqueros…

La lista de iniquidades y trapacerías resulta interminable y no cabe en una simple crónica. Sin embargo, su extensión y hondura en el tiempo han provocado el incendio civil cuyas llamas amenazan, tanto a los poderes fácticos como a los instituidos. Los canales de la televisión abierta y los periódicos de mayor tiraje, todos al servicio incondicional del poder, hacen gala de su hipocresía desinformativa, poniendo el acento en los saqueos, desmanes y quemas de supermercados, farmacias y tiendas; destrozos y sabotajes en la red del Metro, algunos de ellos de sospechosa ocurrencia…

Omiten la fuerza y extensión de las protestas sociales en contra del gobierno derechista; asimismo, los asesinatos y vejámenes contra civiles, por parte de la policía y la soldadesca drogada, esgrimiendo la manida coartada de supuestas provocaciones. Es decir, la amenaza de una olla que se golpea versus una AK6 manejada por un energúmeno acorazado.

Cincuenta muertos, cientos de torturados, miles de heridos que no figuran en las “informaciones” de la gran prensa amarilla. Se ha impedido al director del Instituto de Derechos Humanos el ingreso a los centros asistenciales de salud, negándole toda información fehaciente sobre muertos y lesionados.

Menos mal que contamos con las redes sociales y medios no vendidos al sistema, para informarnos de la realidad que estamos viviendo, que supera con mucho las febles y erráticas respuestas del poder ejecutivo y sus ridículas medidas de mitigación ante la conmoción nacional. Porque un incendio de esta magnitud no se apaga con gasolina, ni con tanquetas ni con la más despiadada de las represiones, invocando, como hace la derecha extrema, al fantasma de Augusto Pinochet.

Por su parte, el parlamento chileno está dando un triste espectáculo, alejado de la gente, como ha sido su tónica durante veinte años, enfrascados sus miembros a sueldo en descalificaciones e insultos mutuos, ignorando las reales aspiraciones y necesidades del pueblo.

Y aunque “Carlos Marx esté muerto y enterrado”, hoy en día, Sebastián Piñera, exhausto y aterrado ante la amenaza de las “hordas marxistas”, parece repetir lo cantado por Serrat en un tema memorable:

-“Amo, se nos está llenando de pobres el recibidor”.

-“Diles que el señor no está, que anda de viaje y que no sabes cuándo va a regresar…”

Mientras tanto, Chile seguirá ardiendo. ¿Hasta cuándo?

 

Fuente: https://madmimi.com/p/99b78f?pact=26452230-154750583-9689145085-2153fd433611436da783614e0d2ac89ecdad2cba

Imagen tomada de https://madmimi.com

Enviado a SURCOS por Arnoldo Mora.

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Chile: Carta abierta al Presidente…Basta de Represión

Compartimos la siguiente declaración:

 

Chile: Carta Abierta al Presidente de la República

“Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad” – “No son 30 pesos, son 30 años”

 

Sr. Sebastián Piñera

Presidente de la República

Presente

La Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales ha considerado necesario dirigirse a usted para expresar su absoluto rechazo a las medidas autoritarias y represivas que el actual gobierno ha tomado para impedir las legítimas movilizaciones del pueblo en demanda de satisfacer sus necesidades largamente postergadas.

Rechazamos tajantemente sus palabras declarándole la guerra al pueblo de Chile. Sabemos perfectamente que este tipo de declaraciones son propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional y fomentan el Terrorismo de Estado reviviendo al enemigo interno, conceptos aún no erradicados de nuestras fuerzas armadas. En ese sentido, rechazamos el continuo envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a cursos en la Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC). Esta situación hace absolutamente criminal utilizar a los militares en tareas de aseguramiento del orden interno. Señor Presidente, debe desistir de esta decisión antes de convertirse en un masacrador de su propio pueblo.

También rechazamos la dictación del estado de emergencia que sólo muestra la absoluta incapacidad del actual gobierno para gobernar Chile. El pueblo de Chile, sus organizaciones de las que somos parte, han soportado 30 años de malos gobiernos, ineptos, corruptos, que han gobernado en favor de los más ricos y poderosos del país en desmedro de nuestro pueblo.

Rechazamos la imposición del toque de queda que sólo busca la actuación arbitraria e impune de las fuerzas policiales como hemos visto innumerables veces estos últimos días. Baste señalar los cerca de 20 muertos que ya tiene bajo su responsabilidad; la no entrega de información sobre detenciones, heridos y muertos; la instalación de la persecución política a jóvenes dirigentes de organizaciones populares, entre los que contamos, el allanamiento ilegal de un edificio y detener, también ilegalmente, a la vocera de la CONES y sus acompañantes; las agresiones y amenazas a un dirigente estudiantil de la Universidad de Valparaíso por parte de carabineros y el secuestro de un dirigente social de Quinteros, también realizado por carabineros.

También consideramos de extrema gravedad la denuncia del INDH por la utilización de túneles de la Estación Baquedano del Metro como lugar de tortura; lo que unido a las incontables golpizas brutales a manifestantes divulgadas por las redes sociales, nos muestra la plena vigencia de prácticas que el mundo civilizado condena decididamente. Estamos seguros que este actuar policial será declarado ilegal por parte de los tribunales, sin embargo, los funcionarios policiales no recibirán ninguna sanción como ha acontecido durante los más de 40 años transcurridos desde el golpe de estado de septiembre de 1973.

Las organizaciones de derechos humanos, depositarias de la memoria histórica y herederas de las luchas del pasado por recuperar la democracia, exigimos que se levante el estado de emergencia y el toque de queda, que se retire a los militares de las calles de nuestros pueblos y ciudades, se juzgue y castigue a los policías y militares que han abusado de su impunidad para asesinar, herir y torturar a sus compatriotas tal como lo hicieron durante los 17 años de la dictadura cívico-militar.

Estos crímenes son una clara demostración de que nuestra lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad y por el Nunca Más se encuentra plenamente vigente y más urgente que nunca.

Como hemos señalado con insistencia: la impunidad de los crímenes de ayer, causa las injusticias de hoy. Expresamos también nuestro pleno respaldo a las demandas levantadas por el movimiento social, en especial la demanda por una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva constitución plenamente respetuosa de los derechos humanos, la democracia y que consagre el Nunca Más.

Solidarizamos con nuestro pueblo y lo acompañamos en su lucha que es nuestra lucha y la de miles de compañeros y compañeras cuyas vidas fueron segadas por el terrorismo de Estado. Esta lucha se encuentra plenamente vigente hoy: por una vida digna y justa.

Señor Presidente, reconocemos su incapacidad de gobernar Chile en este momento. Las medidas presentadas en la agenda no están a la altura de la profunda crisis que afecta al país y no son una solución a los problemas que afectan a la gran mayoría de la población sino, por el contrario, profundizarán el saqueo de nuestras riquezas y la vandalización de los servicios públicos como ha acontecido durante los últimos 46 años. Por ello, y en concordancia con la demanda popular, le solicitamos que renuncie a su cargo.

Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales

 

 

Imagen de portada ilustrativa.

Enviado por Ma. Elena Fournier.

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Baltasar Garzón: Carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera

El juez español que detuvo a Augusto Pinochet

El jurista analiza los motivos que llevaron al estallido a Chile y alerta sobre los peligros de utilizar a los militares para reprimir la protesta social. «El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo», asegura en una carta abierta publicada por el diario digital español infoLibre.

 Por Baltazar Garzón

 

Señor Presidente:

Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.

Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.

Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.

Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.

Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebasó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.

La violencia engendra violencia

Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.

De más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.

Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.

No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.

Ex juez, miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.

 

 

Imagen de portada: Baltazar Garzón. Imagen: EFE

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/227001-baltasar-garzon-carta-abierta-al-presidente-de-chile-sebasti

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