Ir al contenido principal

Etiqueta: Luis G. Martínez Sandoval

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte IV (TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

Gobernanza, sostenibilidad y los límites de la IA

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA administrador de empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Principios del modelo CR-IA 2035

El modelo nacional se sustenta firmemente sobre diez principios rectores e institucionales que guían su implementación de manera transversal:

  • Legalidad: Sometimiento absoluto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico vigente.
  • Protección de derechos fundamentales: Blindaje de las garantías individuales y la privacidad ciudadana.
  • Evidencia: Diseño de políticas basadas en datos empíricos verificables y no en percepciones políticas.
  • Interoperabilidad: Capacidad técnica de intercambio seguro y fluido de información entre entidades.
  • Prevención: Priorización de intervenciones tempranas sobre las causas estructurales antes de la reacción.
  • Coordinación institucional: Trabajo articulado en red superando los compartimentos estancos de la burocracia.
  • Inteligencia financiera: Persecución sistemática del flujo económico como motor del delito.
  • Innovación tecnológica: Incorporación responsable de herramientas avanzadas de ciencia de datos y TIC.
  • Evaluación permanente: Medición científica de resultados mediante indicadores rigurosos de impacto.
  • Supervisión humana: Control, gobernanza y responsabilidad humana ineludible sobre todo sistema automatizado.

Resultados esperados

Si el modelo propuesto se implementa de manera progresiva y gradual conforme a la hoja de ruta establecida, los resultados estratégicos esperados para el Estado costarricense abarcarían:

  • Una optimización sustancial en la utilización de la información pública disponible.
  • Un fortalecimiento real de la coordinación interinstitucional en todos los niveles operativos.
  • La capacidad de detección temprana de riesgos, anomalías logísticas y amenazas de seguridad emergentes.
  • Un robustecimiento de las investigaciones financieras y la tasa de recuperación de activos ilícitos.
  • Una mejor focalización territorial y distribución eficiente de los recursos públicos de prevención social.
  • El establecimiento de procesos sistemáticos de auditoría y evaluación científica de las políticas de seguridad.
  • El incremento de las capacidades preventivas estatales y el blindaje de la ciberseguridad nacional.
  • La generación de conocimiento científico nacional y transferencia tecnológica mediante el sistema universitario.
  • Un aprovechamiento ético, eficiente y responsable de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Estos resultados esperados en ninguna circunstancia deben entenderse como promesas o garantías automáticas. La tecnología y los algoritmos no eliminan el crimen organizado por sí mismos; lo que realizan es potenciar las capacidades analíticas e institucionales del Estado para comprender el fenómeno y responder a él de forma estratégica y eficiente.

Discusión

La principal innovación conceptual que plantea esta propuesta consiste en modificar de raíz la unidad de análisis de la política pública de seguridad. La pregunta tradicional y lineal que ha guiado las estrategias estatales ha sido de carácter reactivo: ¿Cómo capturamos al criminal aislado? Por el contrario, la pregunta sistémica y contemporánea que introduce este modelo plantea un giro estratégico: ¿Cómo funciona el ecosistema complejo que permite que el crimen organizado continúe reproduciéndose de forma constante?

Ambas preguntas representan interrogantes legítimas dentro del diseño de una política criminal, pero la segunda opción cuenta con la ventaja estratégica de permitir al Estado intervenir simultáneamente sobre un número significativamente mayor de variables críticas.

Una organización criminal puede perder integrantes mediante detenciones y reemplazarlos en poco tiempo; puede sufrir la pérdida de un cargamento o ruta y absorber el evento como un simple costo operativo reemplazable, y puede experimentar el desplazamiento o fragmentación de sus liderazgos locales.

Sin embargo, si el aparato estatal logra afectar de forma simultánea, coordinada y basada en datos las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales, institucionales y sociales que sostienen el negocio clandestino, aumenta exponencialmente su capacidad soberana para desmantelar la estructura y reducir la capacidad de reproducción del fenómeno sistémico.

Una nueva métrica de éxito multidimensional

El éxito de una política nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede seguir dependiendo de un indicador único, aislado o de carácter mediático. El modelo CR-IA 2035 propone trasladar y evaluar la efectividad estatal a través de cinco dimensiones de forma simultánea, integrada y complementaria:

  • Dimensión de seguridad ciudadana: Medición de la reducción real y verificable de los índices de homicidios, sicariato, lesiones y extorsiones, controlando de manera científica las fluctuaciones y picos de violencia que suelen ocurrir en los territorios tras la remoción o extradición de líderes criminales.
  • Dimensión de economía criminal: Evaluación del volumen total de flujos financieros ilícitos detectados, cantidad de cuentas bancarias inmovilizadas, desarticulación de empresas fachada y porcentaje de patrimonio delictivo recuperado formalmente por el Estado.
  • Dimensión de estabilidad territorial: Medición de la disminución de los factores de vulnerabilidad social, incremento de la permanencia educativa de los jóvenes en zonas de riesgo y recuperación efectiva de espacios públicos por parte de las comunidades y gobiernos locales.
  • Dimensión social y humana: Evaluación de la cobertura, calidad y efectividad real de los programas preventivos de salud mental, tratamiento de adicciones, oportunidades económicas de reinserción y reducción comprobada de la tasa de reincidencia delictiva.
  • Dimensión de fortalecimiento institucional: Medición del incremento en los niveles de transparencia administrativa, reducción verificable de casos de corrupción interna, optimización de tiempos en procesos de contratación pública y eficiencia en los tiempos de respuesta en materia de asistencia jurídica internacional y procesos de extradición.

La política pública debe analizar y auditar las cinco dimensiones simultáneamente mediante el uso del CR-IA Dashboard para asegurar un equilibrio estratégico permanente.

Conclusión

Costa Rica no se encuentra ante la obligación de elegir entre la aplicación de los mecanismos tradicionales de la justicia y la adopción de innovaciones tecnológicas modernas. Ambas dimensiones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian de manera estratégica e indispensable. La fuerza pública, los investigadores judiciales, los fiscales, los tribunales de la República y los tratados internacionales de extradición continuarán siendo piezas fundamentales e insustituibles para el sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, la efectividad real de todo este aparato institucional se multiplica cuando sus acciones son guiadas por un Estado inteligente capaz de integrar sus bases de datos, procesarlas éticamente mediante modelos de inteligencia artificial y evaluar con rigor científico los resultados obtenidos.

La transformación propuesta se resume en un principio estratégico de control: no se trata de administrar a las organizaciones criminales o carteles, sino de administrar de forma inteligente las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales y sociales que hacen posible su existencia. Eso significa administrar técnicamente la información, los mercados, la violencia, el dinero, el territorio, la demanda, la logística, los riesgos de corrupción y los resultados medibles del Estado.

La inteligencia artificial no constituye una solución mágica o definitiva frente al narcotráfico; representa una herramienta tecnológica de análisis aumentado. La solución real y de largo plazo continuará dependiendo de la fortaleza de instituciones capaces, la coordinación interinstitucional en red, la inteligencia humana, la investigación profesional, la justicia garantista, el control financiero estricto y el despliegue de políticas sociales eficaces e inclusivas.

Costa Rica ya posee los cimientos y gran parte de las instituciones y políticas públicas necesarias. El ICD cuenta con un nuevo horizonte estratégico nacional trazado en su Plan 2026-2035 en materia de drogas y legitimación de capitales, mientras que el MICITT dispone de las líneas de acción para el desarrollo responsable de la IA. El desafío crítico del presente consiste en conectar de forma operativa esas capacidades para que la información se transforme en inteligencia, la inteligencia guíe la intervención de precisión y los resultados alimenten las nuevas decisiones públicas.

El propósito final del modelo CR-IA 2035 no es edificar un aparato para incrementar la vigilancia invasiva sobre los ciudadanos, sino construir un Estado que comprenda mejor las amenazas que acechan a su población. No se trata de sustituir el juicio humano por algoritmos automatizados, sino de dotar a las personas responsables de proteger a la sociedad de las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas mejor informadas. No se trata simplemente de ganar una batalla aislada contra una banda específica, sino de heredar al país una capacidad institucional permanente para que, cuando el escenario criminal mute o se adapte, el Estado ya se encuentre técnicamente preparado para comprenderlo, anticiparlo y desactivarlo en defensa de su paz democrática.

Epílogo

La verdadera transformación histórica de la seguridad pública no ocurre cuando una institución adquiere de forma aislada una nueva herramienta tecnológica. Ocurre cuando se modifica de raíz la manera en la que el Estado utiliza y gestiona el conocimiento para la toma de decisiones públicas. Costa Rica se encuentra ante la oportunidad histórica de transitar de una política criminal predominantemente reactiva hacia un modelo de gestión inteligente capaz de observar el fenómeno, comprender sus lógicas sistémicas, anticipar riesgos específicos, intervenir con precisión y evaluar de forma rigurosa sus propios resultados.

La diferencia operativa puede parecer sutil, pero sus implicaciones estratégicas son profundas. Un Estado inteligente que aprende sistemáticamente de cada una de sus intervenciones territoriales y financieras deja de comenzar desde cero ante cada crisis. Cada decomiso aduanero, cada investigación judicial, cada operación financiera sospechosa, cada homicidio violento, cada territorio vulnerable intervenido y cada programa de prevención social implementado genera datos analíticos de gran valor. La cuestión decisiva para la soberanía del país radica en qué hace el Estado con esa información:

  • Si los datos permanecen archivados y separados en burocracias aisladas, únicamente tenemos información estática.
  • Si los datos se integran de forma interoperable y se analizan con rigor científico, obtenemos conocimiento dinámico.
  • Si ese conocimiento se transforma en metodologías aplicables a la toma de decisiones estratégicas, generamos inteligencia operativa.
  • Y si esa inteligencia se despliega con estricto apego a la ley, respeto absoluto a los derechos humanos, transparencia pública y evaluación científica constante, podemos comenzar a hablar formalmente de un Estado inteligente.

Ese es el verdadero e ineludible desafío estructural que enfrenta la República de Costa Rica frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado transnacional del siglo XXI.

Bibliografía y fuentes institucionales

  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Información institucional y funciones establecidas en el marco de la Ley N.º 8204.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cumplimiento y estructura del Plan Nacional sobre Drogas.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Normativa nacional sobre recuperación, incautación y comiso de activos ilícitos.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, actualización correspondiente al año 2026.
  • Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica 2024-2027: políticas, principios y líneas de acción para el uso responsable de la IA.
  • Poder Judicial de la República de Costa Rica. Tratados Internacionales de Extradición, Códigos Procesales y Normativa de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal.

Nota editorial:
Puede leer las partes I, II y III mediante los siguientes enlaces:

Parte I

Parte II

Parte III

Costa Rica: de la “guerra contra las drogas” a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte III (TIC, Inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

La arquitectura tecnológica y el blindaje estatal

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Modelo CR-IA 2035: cronograma de implementación

Se propone una implementación gradual y progresiva estructurada en cuatro fases estratégicas orientadas a consolidar la transición hacia un Estado inteligente:

  • Fase I — integración (2026-2027)
    • Elaboración del inventario nacional de datos e identificación de duplicidades institucionales.
    • Establecimiento de estándares nacionales de interoperabilidad y protocolos seguros de intercambio de información.
    • Implementación del marco de ciberseguridad inicial y la política nacional de gobernanza de datos.
    • Adopción del marco ético y principios rectores para el uso responsable de la IA en la administración pública.
    • Homologación de tratados y optimización de expedientes de asistencia jurídica internacional y extradición.
  • Fase II — Inteligencia (2027-2029)
    • Despliegue operativo de plataformas analíticas y sistemas de mapas territoriales dinámicos.
    • Activación de los laboratorios de inteligencia artificial especializados en seguridad pública.
    • Implementación de herramientas avanzadas de análisis de redes criminales y de inteligencia financiera integrada.
    • Integración automatizada de sistemas de análisis de riesgo logístico y alertas operativas entre agencias internacionales.
  • Fase III — anticipación (2029-2032)
    • Activación de modelos de riesgo predictivo bajo estricta supervisión humana.
    • Despliegue de planes de contención social e intervención policial de precisión post-extradición en los territorios identificados con alta vulnerabilidad.
    • Automatización del procesamiento de indicadores del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado.
    • Integración analítica avanzada entre todas las instituciones que conforman la red nacional de seguridad.
  • Fase IV — Estado inteligente (2032-2035)
    • Consolidación de un ciclo dinámico, sistemático y permanente de gestión pública basado en el flujo de conocimiento:

Detectar⟶Analizar⟶Intervenir⟶Evaluar⟶Aprender

Bajo este esquema consolidado, el Estado costarricense dejaría de considerar la política pública como una secuencia cerrada o un conjunto de programas aislados. Cada intervención produciría información analítica, cada resultado generaría aprendizaje técnico y cada aprendizaje modificaría de forma automatizada e inteligente la siguiente intervención estratégica del Estado.

Presupuesto y financiamiento

La transformación propuesta hacia un modelo inteligente no debe plantearse bajo ninguna circunstancia como una simple expansión inercial del gasto público o un aumento de la burocracia estatal. Debe conceptualizarse como una inversión estratégica en la capacidad soberana del Estado.

La asignación de recursos públicos de la Matriz Presupuestaria de Inversión se organizará en cinco componentes fundamentales: 

Componente

Finalidad e inversión estratégica

Datos e interoperabilidad

Infraestructura tecnológica para la interconexión ágil, interoperable y segura de las bases de datos de las instituciones públicas.

Ciberseguridad estatal

Sistemas avanzados de defensa informática, blindaje de datos sensibles y protección de redes de información de seguridad nacional.

IA y ciencia de datos

Herramientas analíticas avanzadas, software especializado y laboratorios de procesamiento predictivo de los subsistemas criminales.

Formación y alianzas

Financiamiento del Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública para la creación de talento humano especializado.

Evaluación científica

Financiamiento de las auditorías de impacto de las políticas públicas y el desarrollo de los tableros del CR-IA Dashboard.

 

El financiamiento del modelo combinará de forma transparente los recursos presupuestarios existentes en las carteras de seguridad, la cooperación internacional técnica y financiera, fondos específicos destinados por ley a la innovación tecnológica y seguridad nacional, y alianzas estratégicas con la academia pública, sometidos a estrictos mecanismos de control público y rendición de cuentas. Debe prevalecer un principio estratégico fundamental: no comprar tecnología sin construir la capacidad humana institucional para utilizarla.

Indicadores de resultado y el CR-IA dashboard

El modelo de gestión inteligente abandonará definitivamente la dependencia exclusiva de los indicadores tradicionales de actividad u operativos. No basta con contabilizar el volumen físico o el número de acciones (cuántas operaciones policiales se ejecutaron, cuántos agentes se desplegaron o cuántos decomisos aislados ocurrieron). La evaluación del Estado requiere indicadores cualitativos y de impacto que respondan técnicamente a las siguientes variables analíticas:

  • Cuánto disminuyó la violencia y los delitos conexos en los cuadrantes intervenidos.
  • Cuánto volumen de dinero ilícito fue identificado e interceptado de forma temprana.
  • Cuánto patrimonio y activos de origen delictivo fueron recuperados efectivamente por el Estado.
  • Qué territorios específicos mejoraron sus indicadores de vulnerabilidad social y exclusión.
  • Cuánto disminuyó la tasa de reincidencia criminal en las poblaciones atendidas.
  • Qué programas preventivos demostraron efectividad con base en la evidencia.
  • Qué recursos institucionales fueron utilizados y qué resultados específicos produjo cada intervención pública.

Para centralizar, procesar y visibilizar esta información de forma analítica, se propone la creación de un tablero nacional digital de control denominado CR-IA DASHBOARD. Esta plataforma operará con dos niveles técnicos de acceso: una interfaz con indicadores públicos agregados para fomentar la transparencia ciudadana y el análisis académico, y módulos reservados con sistemas de acceso cifrado para uso exclusivo de las autoridades e instituciones judiciales autorizadas por ley.

Matriz de evaluación

Para construir una cultura institucional de aprendizaje permanente y mejora continua, cada política de seguridad implementada en el marco nacional deberá responder de forma obligatoria a cinco preguntas fundamentales de control científico:

  1. ¿Cuál era el problema estructural o la vulnerabilidad identificada?
  2. ¿Qué intervención específica se realizó y bajo qué marco legal?
  3. ¿Qué recursos públicos (humanos, tecnológicos, financieros) se utilizaron?
  4. ¿Qué resultado medible e impacto real se obtuvo sobre el fenómeno?
  5. ¿Qué variables operativas deben modificarse para la siguiente intervención?

Riesgos del modelo

La implementación de una política de alta intensidad tecnológica y analítica conlleva riesgos críticos inherentes que deben ser identificados y mitigados de forma rigurosa desde su origen para evitar distorsiones en el sistema democrático:

  • Falsos positivos: alertas erróneas generadas por los modelos predictivos.
  • Sesgos algorítmicos: modelos entrenados con datos históricos distorsionados que puedan replicar discriminaciones.
  • Filtraciones de información: fugas de datos sensibles de seguridad nacional hacia redes externas.
  • Ataques cibernéticos: sabotajes o intrusiones en la infraestructura crítica del Estado.
  • Vigilancia excesiva o invasiva: riesgo de rebasar los límites de privacidad de la población.
  • Dependencia tecnológica: subordinación del Estado a proveedores o tecnologías extranjeras cerradas.
  • Concentración de información: acumulación desproporcionada de bases de datos en pocas manos burocráticas.
  • Decisiones automatizadas: emisión de sanciones o actos administrativos sin supervisión humana.

Por tales razones, cada sistema informático o algoritmo de IA integrado en el modelo deberá incorporar obligatoriamente auditorías de código, documentación técnica exhaustiva, evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, supervisión humana constante, mecanismos ágiles de reclamación ciudadana, trazabilidad total de consultas y procesos de revisión técnica periódica.

La IA y los límites del poder estatal

Existe una diferencia conceptual y constitucional fundamental entre utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones complejos y utilizarla para tomar decisiones punitivas sobre las personas. La primera constituye una herramienta analítica legítima; la segunda puede vulnerar de forma directa derechos fundamentales y el debido proceso.

Por ello, el modelo establece una frontera ética y constitucional clara e infranqueable: la IA puede recomendar dónde mirar, pero nunca puede decidir a quién condenar.

La inteligencia artificial tiene permitido:

  • Identificar anomalías administrativas, aduaneras y financieras.
  • Encontrar relaciones y reconstruir vínculos ocultos en redes complejas.
  • Priorizar riesgos logísticos y territoriales para guiar recursos.
  • Comparar de forma masiva grandes volúmenes de información dispersa.

La inteligencia artificial tiene estrictamente prohibido:

  • Declarar la culpabilidad jurídica de un ciudadano.
  • Sustituir el proceso de investigación policial o judicial humana.
  • Sustituir la función jurisdiccional y el criterio del juez de la República.
  • Producir o emitir de forma automatizada sanciones administrativas o penales.

Seguridad como concepto integral multidimensional

El concepto tradicional y lineal de seguridad nacional enfocado exclusivamente en el control policial clásico resulta insuficiente en el siglo XXI. La seguridad contemporánea debe entenderse como un entramado sistémico y multidimensional que comprende e integra de forma interactiva las siguientes dimensiones críticas:

  • Seguridad física: Protección directa de la vida e integridad de los ciudadanos ante la violencia criminal.
  • Seguridad financiera: Blindaje del sistema económico formal ante los flujos de legitimación de capitales.
  • Seguridad digital y ciberseguridad: Protección de las redes informáticas, infraestructuras y datos del Estado.
  • Seguridad territorial: Recuperación integral de los espacios geográficos y exclusión social en las comunidades.
  • Seguridad sanitaria: Enfoque de salud pública para la prevención, tratamiento y reducción del daño por consumo.
  • Seguridad institucional: Protección de los procesos administrativos públicos frente a los riesgos de corrupción.
  • Seguridad informacional: Garantía de la veracidad, custodia, calidad y trazabilidad de los datos públicos.

Dado que el crimen organizado tiene la capacidad de atacar simultáneamente cualquiera de estas dimensiones, la respuesta estratégica del Estado costarricense debe ser igualmente multidimensional e integrada en red.

Costa Rica como Estado inteligente

Un Estado inteligente no es simplemente un Estado digitalizado. Digitalizar las instituciones públicas sin modificar de raíz la estructura y la metodología con la que se toman las decisiones estratégicas únicamente produce un incremento de la burocracia digital.

La verdadera transformación conceptual consiste en utilizar la información para mejorar la calidad y precisión de las decisiones públicas. Un Estado inteligente se define como aquel aparato institucional que cuenta con la capacidad real de transitar de manera científica por un ciclo permanente de aprendizaje estatal:

  • Observar⟶Comprender⟶Decidir⟶Intervenir⟶Medir⟶Aprender

Costa Rica cuenta con ventajas particulares para liderar este modelo: estabilidad democrática, un sistema universitario de excelencia, conectividad digital, experiencia en políticas sobre drogas y una estrategia nacional de IA en desarrollo. El reto actual consiste en conectar de forma responsable esas capacidades dispersas para transformar los datos aislados en conocimiento estratégico aplicable al desarrollo nacional.

Continuará…

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.

Costa Rica: de la ‘guerra contra las drogas’ a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte I: El cambio de paradigma y el “efecto hidra”

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen

El narcotráfico constituye uno de los fenómenos de mayor complejidad para los Estados contemporáneos. Su capacidad de adaptación económica, territorial, financiera y tecnológica dificulta que pueda ser enfrentado exclusivamente mediante operaciones policiales tradicionales, decomisos y detenciones. Costa Rica cuenta con instituciones, legislación y políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno de las drogas, el crimen organizado y la legitimación de capitales. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene, entre otras funciones, la coordinación y diseño de políticas nacionales en esta materia. En abril de 2026 fue aprobada la nueva Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035.

El presente ensayo propone complementar ese marco mediante un cambio de paradigma: pasar de una estrategia predominantemente reactiva a un modelo de gestión inteligente del fenómeno criminal, sustentado en información, inteligencia humana, análisis territorial, inteligencia financiera, tecnologías de información, ciencia de datos e inteligencia artificial.

A este enfoque analítico se incorpora el análisis de impacto de la extradición como una herramienta de cooperación jurídica internacional de alta intensidad. Lejos de entenderse como una solución punitiva aislada, la extradición se analiza como un elemento disruptivo que altera las dinámicas del mercado ilícito, las estructuras de mando y los niveles de violencia.

La propuesta no consiste en negociar con organizaciones criminales ni en convertirlas en interlocutores del Estado. Tampoco plantea sustituir a policías, fiscales o jueces por algoritmos.

La propuesta consiste en administrar las condiciones que permiten que las estructuras criminales prosperen: mercados ilícitos, flujos financieros, territorios vulnerables, violencia, corrupción, demanda, infraestructura logística y redes de información.

Para ello se plantea el modelo CR-IA 2035, basado en seis pilares transversales potenciados por la analítica predictiva y la cooperación internacional:

  • Administrar el mercado, no al cartel.

  • Administrar la violencia.

  • Administrar el dinero.

  • Administrar el territorio.

  • Administrar la demanda y el daño social.

  • Administrar los resultados.

La inteligencia artificial constituye un componente transversal destinado a mejorar la capacidad del Estado para detectar patrones, identificar riesgos, priorizar recursos, evaluar políticas y aprender de sus propios resultados.

Palabras clave: Costa Rica, narcotráfico, crimen organizado, inteligencia artificial, TIC, seguridad, lavado de activos, política pública, inteligencia financiera, territorio, extradición.

Introducción

El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema asociado con el traslado clandestino de sustancias. Es también un fenómeno económico, financiero, territorial, tecnológico, social e institucional.

Costa Rica atraviesa una transformación profunda de su entorno de seguridad. El país históricamente se ha caracterizado por instituciones democráticas, estabilidad política y una tradición de inversión social. Sin embargo, el crecimiento de determinadas formas de delincuencia organizada ha modificado las condiciones de seguridad y plantea nuevos desafíos para el Estado.

El crimen organizado funciona como una red. Produce, transporta, financia, distribuye, lava dinero, adquiere propiedades, establece relaciones comerciales, recluta personas y utiliza tecnologías para comunicarse y ocultar sus actividades. Por ello, combatirlo exige que el Estado también opere como una red.

Las organizaciones criminales contemporáneas pueden utilizar empresas, estructuras financieras, redes de transporte, comunicaciones digitales, comercio internacional, mecanismos de corrupción y relaciones transnacionales para desarrollar actividades ilícitas. Por esa razón, una política pública que mida su éxito únicamente por cantidad de droga decomisada o número de personas detenidas corre el riesgo de observar solamente una parte del fenómeno.

La pregunta fundamental debería ser más amplia y sistémica:
¿Qué condiciones permiten que el crimen organizado continúe reproduciéndose aun después de importantes operaciones policiales?

Esta pregunta conduce a un cambio conceptual. El objetivo no debería limitarse a perseguir indefinidamente organizaciones que pueden ser fácilmente sustituidas por otras. El objetivo debe ser reducir la capacidad del sistema criminal para reproducirse.

En este nuevo escenario, herramientas de alta intensidad como la extradición de nacionales y extranjeros por delitos de narcotráfico y crimen organizado actúan como un factor de disuasión y ruptura. No obstante, si la extradición no se acompaña de una estrategia de datos, puede generar efectos secundarios imprevistos, como la fragmentación de bandas y el aumento de la violencia local por disputas de poder.

Costa Rica ya dispone de una arquitectura institucional que reconoce la necesidad de una respuesta integral. El ICD señala que la política nacional comprende reducción de la demanda, control de la oferta, prevención, tratamiento, legitimación de capitales y coordinación interinstitucional. El siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades contemporáneas de procesamiento de información.

La pregunta ya no es solamente cuántos agentes puede desplegar un Estado o cuántas extradiciones puede ejecutar. También es: ¿Cuánta inteligencia puede producir con la información que ya posee para gestionar los efectos de estas intervenciones?

Metodología y enfoque sistémico

El presente ensayo utiliza una metodología cualitativa, analítica, documental, sistémica y propositiva.

La investigación parte de la revisión de políticas públicas, legislación, estrategias nacionales y estructuras institucionales relacionadas con drogas, crimen organizado, legitimación de capitales, tecnología e inteligencia artificial.

Se utiliza además un enfoque sistémico para analizar el narcotráfico como un fenómeno compuesto por diferentes subsistemas interconectados:

  • Mercado ilícito;

  • Oferta y demanda;

  • Estructuras criminales y liderazgos;

  • Mecanismos de cooperación internacional (extradición);

  • Violencia;

  • Territorio;

  • Logística;

  • Flujos financieros;

  • Corrupción;

  • Tecnología;

  • Instituciones y condiciones sociales.

El análisis se complementa con una perspectiva de política pública basada en evidencia. Esto implica que las intervenciones estatales —incluyendo los efectos de los procesos de extradición en la estabilidad de las organizaciones criminales— deberían ser evaluadas mediante indicadores verificables y no únicamente mediante percepciones políticas o mediáticas.

Finalmente, el ensayo desarrolla una propuesta institucional denominada CR-IA 2035, cuyo propósito es integrar progresivamente información, inteligencia, tecnología, prevención, persecución penal y evaluación.

La metodología reconoce una limitación importante: la inteligencia artificial puede identificar patrones y probabilidades, y la extradición puede remover liderazgos accidentales, pero ninguna de las dos determina por sí misma la culpabilidad jurídica final ni soluciona las causas estructurales del delito. Por ello, cualquier utilización de tecnología y de IA en seguridad pública debe permanecer subordinada al ordenamiento jurídico, la supervisión humana, el debido proceso, la protección de datos y los mecanismos de control institucional.

Objetivos

Objetivo general

Proponer un modelo nacional de gestión inteligente del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, basado en la integración de información, TIC, inteligencia artificial, análisis territorial, inteligencia financiera, el uso estratégico de la extradición y la evaluación de políticas públicas, con el propósito de fortalecer la capacidad preventiva, investigativa, institucional y social del Estado.

Objetivos específicos

  • Analizar el narcotráfico como fenómeno económico, financiero, territorial, social, tecnológico e institucional.

  • Examinar las limitaciones de una estrategia centrada exclusivamente en la interdicción, incautación y captura tradicional.

  • Evaluar el impacto de la extradición como variable disruptiva en la estructura de mandos del crimen organizado y sus efectos secundarios en la violencia territorial.

  • Proponer mecanismos de integración de datos entre instituciones públicas y agencias internacionales.

  • Desarrollar aplicaciones de IA para detección de anomalías, análisis de redes, inteligencia geográfica y evaluación de impacto criminal.

  • Fortalecer la inteligencia financiera y la recuperación de activos como complemento de la persecución penal internacional.

  • Identificar territorios y poblaciones sometidos a mayores factores de vulnerabilidad ante la fragmentación de carteles.

  • Incorporar mecanismos de prevención social y reducción del daño.

  • Crear indicadores nacionales e índices dinámicos para medir resultados de las políticas de persecución y extradición.

  • Fortalecer la participación de universidades y centros de investigación.

  • Establecer una hoja de ruta CR-IA 2035 para construir progresivamente capacidades de Estado inteligente.

Pregunta central de investigación

La investigación se articula alrededor de la siguiente pregunta:
¿Cómo puede Costa Rica utilizar las TIC, la inteligencia artificial, la inteligencia financiera, el análisis territorial y herramientas de cooperación internacional como la extradición para complementar la lucha tradicional contra el narcotráfico y desarrollar una gestión inteligente, preventiva, medible y jurídicamente garantista del crimen organizado?

De ella surge una segunda interrogante:

¿Puede el Estado intervenir eficazmente sobre las condiciones económicas, financieras, territoriales, sociales y tecnológicas que permiten la expansión del crimen organizado —y gestionar los vacíos de poder provocados por la extradición de líderes criminales— sin sustituir el Estado de derecho por sistemas automatizados de vigilancia o decisión?

Este ensayo propone que sí, siempre que la tecnología y la cooperación jurídica internacional sean concebidas como herramientas institucionales y no como sustitutos de la responsabilidad humana.

Marco jurídico e institucional de cooperación internacional

Costa Rica no parte de cero.

La Ley N.º 8204 constituye uno de los principales instrumentos jurídicos nacionales en materia de estupefacientes, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El ICD fue creado precisamente dentro de este marco y tiene funciones relacionadas con el diseño, coordinación e implementación de políticas contra el tráfico ilícito de drogas, actividades conexas y legitimación de capitales.

Costa Rica cuenta además con la Ley N.º 8754 contra la Delincuencia Organizada, códigos procesales que regulan la cooperación internacional, los tratados bilaterales y multilaterales de extradición vigentes y mecanismos relacionados con la incautación, comiso y administración de bienes.

En abril de 2026, el Consejo Directivo del ICD aprobó la Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.

El marco constitucional y los tratados internacionales de extradición imponen límites garantistas estrictos. Esto permite plantear una conclusión metodológica:
CR-IA 2035 no debería construirse como una política paralela, sino como una capa de modernización tecnológica, analítica y predictiva que complemente la arquitectura institucional existente, agilizando el intercambio de información con agencias extranjeras para robustecer los expedientes de extradición y medir sus repercusiones internas.

El cambio de paradigma

Durante décadas, la respuesta frente al narcotráfico se ha asociado principalmente con herramientas punitivas y policiales aisladas:

  • Persecución policial;

  • Operaciones de interdicción;

  • Decomisos;

  • Detenciones;

  • Investigaciones judiciales;

  • Destrucción de infraestructura criminal.

Estas herramientas continúan siendo necesarias. La propuesta no es abandonarlas; el problema aparece cuando se convierten en la totalidad de la estrategia.

Una organización criminal puede perder miembros y reconstruirse. Puede perder cargamentos y reemplazarlos. Puede perder dinero y generar nuevos ingresos. Puede perder territorio o una ruta y trasladarse o desarrollar otra. Por ello, una política pública inteligente debe intervenir simultáneamente sobre las condiciones que permiten la reproducción del fenómeno.

El nuevo paradigma del Estado costarricense frente al fenómeno del narcotráfico se reestructura bajo la siguiente matriz de transición:

Enfoque Tradicional / Reactivo

Nuevo Paradigma / Gestión Inteligente

Perseguir únicamente organizaciones aisladas

Intervenir simultáneamente sobre sistemas complejos

Reaccionar ante la comisión de delitos

Detectar riesgos, vulnerabilidades y amenazas emergentes

Acumular datos dispersos en burocracias

Convertir la información integrada en inteligencia estratégica

Medir el éxito por kilos decomisados

Medir resultados por impacto socioeconómico y reducción de violencia

Ejecutar la extradición como un fin punitivo

Utilizar la extradición como disrupción del sistema, mitigando sus secuelas

Utilizar tecnología como herramienta aislada

Construir una capacidad institucional del Estado basada en datos

   

La propuesta consiste en pasar de los individuos a las redes, de los decomisos a los resultados y de la información tradicional a la inteligencia aumentada mediante IA. Esto no significa administrar a los carteles ni establecer acuerdos con organizaciones criminales, sino administrar el fenómeno criminal.

El impacto de la extradición en el subsistema criminal

La extradición de altos mandos del narcotráfico produce una profunda alteración en las estructuras criminales. Para que esta herramienta no genere efectos adversos en la seguridad ciudadana, su impacto debe analizarse desde la perspectiva de la ciencia de datos bajo tres dimensiones críticas:

  • A. Fragmentación estructural y el «efecto hidra»: La remoción de un líder criminal mediante la extradición rompe la cadena de mando vertical. La analítica de datos demuestra que esto suele provocar la división de una gran organización en múltiples células más pequeñas, locales y frecuentemente más agresivas. La IA aplicada al análisis de redes criminales permite prever estas ramificaciones e identificar de forma temprana quiénes asumirán los liderazgos intermedios para interceptar la reestructuración de la banda.

  • B. Desplazamiento geográfico y disputas territoriales: Cuando un jefe criminal es extraditado, el vacío de poder debilita el control monopólico de un territorio, incentivando a organizaciones rivales a invadir dichas zonas mediante el uso de la fuerza. El procesamiento de información geográfica integrada permite mapear de forma predictiva qué territorios sufrirán picos de violencia tras una extradición, orientando el despliegue policial y social preventivo en los cuadrantes exactos de alta vulnerabilidad.

  • C. Ruptura de canales financieros y logísticos: El mayor valor de la extradición no radica en el aislamiento físico del criminal, sino en la pérdida de sus conexiones directas con los mercados financieros y logísticos internacionales. Al perder sus canales de comunicación habituales, la organización local experimenta una parálisis temporal en el blanqueo de capitales. El cruce inmediato de datos tributarios, inmobiliarios y aduaneros en el momento de la captura facilita el congelamiento de activos antes de que la red intente diversificar sus cuentas.

Reflexiones sobre el marco de gobernanza y gestión de tecnologías de la información de la Universidad Técnica Nacional

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen: El documento adjunto consiste en un análisis crítico riguroso, de alto nivel estratégico y técnico, elaborado por el Académico Universitario MBA Lic. Bach. Luis G. Martínez Sandoval. En su rol como analista del Grupo de Pensamiento Universitario UTN 2028, examina de manera exhaustiva el recién aprobado «Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la Universidad Técnica Nacional» (Acuerdo 0917-2026, aprobado el 13 de agosto de 2026 por el Consejo Universitario).

Introducción

Recientemente se hizo de conocimiento público que el Consejo Universitario, en la Sesión Ordinaria No 17 2026 celebrada el jueves 13 de agosto de 2026, aprobó mediante el Acuerdo

0917- 2026 el “Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la Universidad Técnica Nacional”.

La importancia estratégica del documento es alta. No es simplemente un manual de informática: establece cómo la UTN debería gobernar uno de sus recursos institucionales más críticos: la información y las tecnologías que soportan sus procesos. El documento: Vincula TI con la estrategia institucional. Establece quién debe gobernar TI. Ordena las inversiones tecnológicas. Reduce el riesgo institucional. Protege la continuidad de la universidad. Crea una arquitectura para la transformación digital. Fortalece la rendición de cuentas. Ya no estamos hablando solamente de una propuesta técnica, sino de un marco institucional aprobado por el Consejo Universitario. Sin embargo, a pesar de ser un paso histórico y técnicamente serio aprobado por el Consejo Universitario el 13 de agosto de 2026, el documento sufre del «síndrome del papel perfecto»: una robustez conceptual impecable que carece de tracción operativa.

Revisando objetivamente el Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la UTN, versión 1.0, la valoración es positiva en estructura, pero con debilidades importantes de implementación, medición y gobernanza efectiva.

  1. Fortalezas

Tiene una estructura lógica y bastante completa. Define seis objetivos de gobierno: alineación estratégica, riesgo, recursos, servicios, mejora continua y seguridad/ciberseguridad.

Reconoce correctamente que TI no es responsabilidad exclusiva de la Dirección de TI. Involucra Consejo Universitario, Rectoría, CIGI, Vicerrectorías, Decanaturas, Direcciones y demás unidades. Esto es conceptualmente muy importante.

Incorpora riesgo, continuidad, proveedores, arquitectura empresarial, calidad, KPI y ciberseguridad, lo que demuestra una visión bastante integral.

La idea de mejora continua está bien planteada, incluyendo medición del desempeño y acciones correctivas.

Hay trazabilidad documental. El marco tuvo varias revisiones desde 2023 y finalmente fue aprobado como versión 1.0 el 17 de agosto de 2026 por el Consejo Universitario.

II. Debilidad principal: mucho marco conceptual, poca operacionalización

Su punto crítico.

El documento dice qué debe hacerse, pero en muchos casos no establece con suficiente precisión:

  • quién responde;

  • quién aprueba;

  • quién ejecuta;

  • quién fiscaliza;

  • con qué periodicidad;

  • qué indicador determina cumplimiento;

  • cuál es la meta;

  • qué ocurre cuando no se cumple;

  • qué evidencia debe producirse.

Por ejemplo, se establece que deben definirse KPI y factores críticos de éxito, pero el documento no presenta esos KPI concretos ni sus metas.

Es un buen marco rector, pero todavía no es, por sí mismo, un sistema robusto de gestión y rendición de cuentas.

III. Hay una contradicción potencial con el principio de «Simple»

El propio marco establece que debe ser simple de entender, comunicar, operar y mejorar. Sin embargo, el documento termina incorporando una cantidad considerable de objetivos, prácticas y componentes. No necesariamente es incorrecto, pero existe riesgo de que termine convirtiéndose en un marco documental pesado, cuya existencia sea más fuerte que su aplicación práctica.

IV. La gobernanza está definida, pero falta fortalecer la rendición de cuentas

El documento identifica múltiples actores institucionales, lo cual es correcto. Pero una verdadera gobernanza debería poder responder rápidamente: ¿Quién tiene la última responsabilidad cuando una decisión tecnológica falla, genera un riesgo o produce un perjuicio institucional?

El documento habla de responsabilidades, roles y rendición de cuentas, pero sería recomendable complementarlo con una matriz RACI para cada objetivo crítico.

V. Riesgo: está bien conceptualizado, pero necesita mayor precisión

La sección de riesgos es una de las mejores partes conceptualmente: identificación → análisis → evaluación → tratamiento → monitoreo → comunicación. Pero faltaría convertirlo en un mecanismo cuantificable:

Riesgo inherente → controles → riesgo residual → responsable → fecha de tratamiento → nivel aceptable → evidencia.

Sin esa trazabilidad, la gestión de riesgos puede terminar siendo más declarativa que efectiva.

VI. Seguridad y ciberseguridad: adecuada, pero debería ser más exigente

El documento contempla confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, controles de acceso, vulnerabilidades, incidentes y continuidad. Eso es positivo. Pero para una universidad pública moderna se esperaría además una definición más explícita de:

  • gestión de incidentes;

  • clasificación de incidentes;

  • tiempos máximos de respuesta;

  • respaldo y recuperación;

  • pruebas periódicas;

  • gestión de vulnerabilidades;

  • controles sobre terceros;

  • protección de datos;

  • responsabilidades ante incidentes;

  • métricas de ciberseguridad.

VII. Un punto especialmente importante: proveedores

El documento correctamente establece selección, contratos, seguimiento y evaluación de proveedores. Pero debería existir una conexión mucho más clara entre riesgo tecnológico y contratación pública. Un proveedor crítico no debería evaluarse únicamente por cumplimiento contractual; debería evaluarse también por: criticidad + dependencia + continuidad + seguridad + concentración de riesgo + posibilidad de sustitución.

VIII. Evaluación global

En cuanto a su estructura conceptual y, cobertura temática están muy bien desarrolladas. Gobernanza, gestión de riesgos, ciberseguridad, gestión de servicios requieren mayor tratamiento. Deficitaria está la parte de Indicadores/KPI, Rendición de cuentas, Operacionalización, Capacidad de fiscalización.

El documento es técnicamente serio y conceptualmente bien construido, pero su verdadero valor dependerá de lo que ocurra después de su aprobación. La propia versión 1.0 fue aprobada el 17 de agosto de 2026. Por eso, no se cuestiona principalmente la existencia del Marco, sino la siguiente etapa:

¿Qué instrumentos concretos va a implementar la UTN para convertir este marco en obligaciones, indicadores, responsables, controles, evidencia y rendición de cuentas?

Ese sería, objetivamente, el punto más vulnerable del documento. Y hay una segunda cuestión relevante: el documento afirma expresamente que el gobierno de TI es responsabilidad institucional y no solamente de la Dirección de TI. Esto significa que, si en la práctica la responsabilidad termina concentrándose en TI, habría una brecha entre el modelo aprobado y la gobernanza real.

Si la UTN desarrolla después políticas, responsables, matriz RACI, indicadores, metas, presupuesto, mapas de riesgos, portafolio de proyectos y mecanismos de rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento muy poderoso. Si se queda únicamente como documento aprobado, su importancia práctica baja considerablemente. Veamos el cuadro adjunto del modelo aprobado:

Dimensión Analizada

Diagnóstico Actual

Riesgo Institucional Asociado

Operacionalización

Deficitaria. Dice qué hacer, pero no quién, cuándo, ni con qué evidencia.

El marco se convierte en un manual decorativo sin aplicación real.

Rendición de Cuentas

Incompleta. No define responsabilidades últimas ante fallos tecnológicos graves.

Dilución de la responsabilidad y falta de consecuencias ante incumplimientos.

Indicadores y KPIs

Inexistentes. Menciona la necesidad de métricas, pero no incluye metas ni KPIs concretos.

Imposibilidad de medir el avance real de la transformación digital.

Gobernanza Real

Riesgo de centralización. Conceptualmente es institucional, pero operativamente tiende a recaer solo en TI.

Brecha entre el modelo político aprobado y la ejecución informática aislada.

Por ello, se requiere un Plan de Mejora: De la Teoría a la Operación. Para evitar que el marco sea vulnerable a auditorías internas como externas, la UTN debe transicionar inmediatamente hacia un modelo ejecutable estructurado en cuatro ejes:

1. Despliegue de Responsabilidades (Matriz RACI)

Se debe diseñar una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para cada uno de los 6 objetivos estratégicos. Esto resolverá la contradicción de gobernanza actual:

  • Consejo Universitario / Rectoría: Aprobadores (A) últimos de la inversión y del riesgo residual.

  • Vicerrectorías y Decanaturas: Responsables (R) de alinear los procesos académicos/administrativos con la tecnología.

  • Dirección de TI: Ejecutores (R) de la arquitectura técnica, no dueños de la decisión institucional.

2. Cuantificación del Riesgo Tecnológico

Pasar de una declaración cualitativa de riesgos a un mecanismo vivo de trazabilidad:

  • Establecer una fórmula matemática estándar: Riesgo Residual = (Riesgo Inherente × Impacto) – Efectividad del Control.

  • Asignar un dueño del riesgo (rector, decano o director) con fechas límite obligatorias para el tratamiento de vulnerabilidades.

3. Fichas Técnicas de KPIs y Metas

El marco debe complementarse con un anexo operativo que defina, al menos, los siguientes indicadores con métricas exactas:

  • Ciberseguridad: Tiempo Máximo de Respuesta (TMR) ante incidentes críticos (ej. menos de 2 horas).

  • Continuidad: RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) y RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación) para los sistemas de matrícula y financieros.

  • Gestión de Proveedores: Índice de criticidad basado en dependencia, seguridad de datos y capacidad de sustitución, ligado directamente a la contratación pública.

4. Blindaje ante las auditorías internas/externas

Dado que este documento es un parámetro auditable, la UTN debe adelantarse creando un Repositorio Institucional de Evidencia de Gobernanza de TI. Cada decisión tecnológica de alto impacto o contratación pública debe registrar una bitácora que demuestre su alineación directa con el Modelo de Gobernanza Universitaria.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hay algo especialmente interesante: por su alcance, este documento puede utilizarse como punto de partida para evaluar y/o auditar si las decisiones actuales de la UTN en materia tecnológica, administrativa, de gestión están alineadas con el Modelo de Gobernanza Universitaria y sus principales problemas: 1. Fragmentación y «Efecto Feudo Institucional» en cada sede. 2. Ineficiencia en la Gestión de Sedes y Duplicidad de Modelos. 3. Excesiva Regulación y Falta de Flexibilidad Académica. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la UTN difiere de otras universidades públicas en la rigidez de su entramado normativo interno. 4. Desalineación con el Mandato Productivo y Social. La gobernanza interna ha fallado en articular adecuadamente la producción académica (como los Trabajos Finales de Graduación) con las necesidades del sector productivo local. 5. Vulnerabilidad Financiera y Presión Externa sobre la Autonomía. La UTN es históricamente la universidad que recibe la menor porción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dentro del sistema de CONARE. La constante limitación presupuestaria y la presión política externa (como las negociaciones gubernamentales del FEES y proyectos de Empleo Público) tensionan la gobernanza interna.

Kakistocracia y universidad pública: cuando la lealtad puede sustituir al mérito

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto:
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Hay palabras que incomodan porque obligan a mirar realidades que preferimos no nombrar. Una de ellas es kakistocracia.

El término proviene del griego kákistos, «el peor», y kratía, «gobierno». Tradicionalmente se utiliza para describir el gobierno de los peores o, en un sentido más amplio, un sistema en el que la incompetencia, la mediocridad, la arbitrariedad o la lealtad personal pueden terminar imponiéndose sobre el mérito, la capacidad y el interés institucional.

Aplicar este concepto a las universidades públicas costarricenses no debería interpretarse como una acusación contra personas determinadas. Debe entenderse como una pregunta incómoda sobre la calidad de nuestras instituciones.

¿Estamos construyendo universidades donde prevalecen el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia de criterio, o estamos permitiendo que otros factores-clientelismo, amiguismo, ascensos futuros, estabilidad laboral, otros- tengan un peso excesivo en la selección de quienes ejercen el poder universitario?

La universidad debería ser el último lugar donde el mérito pierda valor

Una universidad no es simplemente una organización administrativa. Es una institución cuya razón de ser está vinculada con el conocimiento, la investigación, la formación profesional, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad. Por eso, cuando el mérito comienza a perder importancia dentro de una universidad, el problema trasciende a las personas que ocupan temporalmente determinados cargos.

Se deteriora la cultura institucional.

La kakistocracia universitaria no necesariamente aparece de manera repentina. Puede comenzar con pequeñas señales:

  • un nombramiento cuyos criterios no son suficientemente claros;

  • un procedimiento cuya transparencia puede ser cuestionada;

  • una decisión que carece de mecanismos eficaces de revisión;

  • una estructura donde la lealtad tiene más valor que la independencia;

  • una cultura institucional en la que cuestionar una decisión resulta más difícil que aceptarla.

Ninguna de estas situaciones, por sí sola, permite afirmar que existe una kakistocracia. Pero sí puede justificar una pregunta:

¿Estamos diseñando nuestras instituciones para que los mejores criterios -experiencia, capacidad demostrada, liderazgo, consciencia institucional, capacidad de negociación, capacidad de resolución de conflictos y otros- prevalezcan?

Rectorías y consejos universitarios: donde la pregunta adquiere mayor importancia

Si queremos analizar el gobierno de las universidades públicas, debemos observar los espacios donde se concentra la mayor responsabilidad institucional. Las rectorías y los consejos universitarios son ejemplos fundamentales. No porque quienes ocupen esos cargos sean necesariamente incompetentes o actúen incorrectamente. Afirmarlo respecto de personas concretas requeriría evidencia objetiva.

El punto es otro, y es mucho más de fondo.

El verdadero problema no es la idoneidad moral de los individuos, sino la complacencia de un diseño institucional que suele confundir la legitimidad democrática con la aptitud técnica y estratégica. Precisamente porque son cargos de enorme responsabilidad, los requisitos y mecanismos para acceder a ellos deberían ser especialmente exigentes, blindados contra la política interna de favores y el clientelismo académico. Sin embargo, estos liderazgos se eligen mediante sistemas de votación que arrastran un sesgo democrático de origen: el derecho al voto se reserva casi exclusivamente para el personal con plaza en propiedad, excluyendo por completo a la población docente interina.

Una Rectoría no es simplemente un puesto administrativo, ni un premio de consolación a la veteranía.

Quien ejerce la Rectoría participa en la conducción estratégica de la universidad, representa a la institución, administra recursos públicos y toma decisiones capaces de producir efectos durante muchos años. No basta con ser un académico destacado para saber gestionar presupuestos multimillonarios o negociar con el entorno político y social.

Los consejos universitarios, por su parte, participan en decisiones fundamentales para la vida académica y administrativa. Sin embargo, con frecuencia se convierten en asambleas corporativistas donde se defienden intereses de sector, de facultad o de gremio, por encima del interés superior de la institución.

Por eso cabe preguntar de forma frontal: ¿Qué tan exigentes son nuestros sistemas para seleccionar a quienes aspiran a gobernar las universidades públicas? ¿Se privilegia realmente la capacidad, la visión estratégica y la ética pública? ¿O el sistema electoral universitario castiga la independencia de criterio y premia al candidato que ofrece discursos cómodos, promesas corporativas y continuismo?

¿Cómo hablar de democracia universitaria cuando se normaliza la precarización de una enorme masa de docentes atrapados bajo la figura de la estabilidad impropia, sosteniendo cotidianamente las aulas, pero privados del derecho a ser electores?

¿Hemos diseñado filtros que evalúen de manera objetiva la trayectoria y la capacidad de administrar recursos, o permitimos que las campañas universitarias se conviertan en concursos de popularidad condicionados por el miedo a perder el nombramiento o por la promesa clientelar de obtener, finalmente, una plaza en propiedad?

Evadir el debate sobre la profesionalización del gobierno universitario y la exclusión democrática de sus propios trabajadores bajo la excusa de defender la autonomía es una contradicción. La autonomía se defiende con excelencia, inclusión y rendición de cuentas, no con opacidad, precarización laboral o endogamia institucional.

Estas preguntas no debilitan la universidad. La fortalecen, porque la obligan a mirarse en el espejo de sus propias inconsistencias antes de que factores externos utilicen esas debilidades para desmantelarla.

El problema de la selección negativa

Uno de los riesgos más serios que puede enfrentar cualquier organización es la selección negativa.

En una institución saludable, las personas más preparadas deberían tener posibilidades reales de asumir responsabilidades. Pero una organización puede desarrollar, consciente o inconscientemente, una dinámica diferente: aquella en la que prosperan más fácilmente quienes se adaptan al sistema que quienes lo cuestionan.

  • El profesional independiente pregunta.

  • El académico crítico cuestiona.

  • El especialista advierte riesgos.

  • El funcionario responsable señala posibles errores.

Todos ellos pueden resultar incómodos. Pero precisamente por eso son indispensables.

Una universidad que pierde la capacidad de escuchar a sus voces críticas comienza a perder una parte esencial de su naturaleza.

Porque una universidad debe enseñar pensamiento crítico, no solamente transmitir conocimientos. Y sería contradictorio enseñar a los estudiantes a cuestionar mientras dentro de la propia institución se desalienta el cuestionamiento.

Lealtad personal no es compromiso institucional

Existe una diferencia fundamental entre lealtad personal y compromiso institucional. El compromiso institucional consiste en defender la universidad, sus principios, sus estudiantes, sus funcionarios y el interés público. La lealtad personal consiste en respaldar a determinadas personas. Cuando ambos conceptos se confunden, aparece un riesgo.

Una universidad pública no debería necesitar personas leales a individuos. Debería necesitar personas leales a la institución, a la legalidad, al conocimiento y al interés público. La verdadera lealtad universitaria no debería preguntarse:

«¿A quién debo apoyar?» Sino: «¿Qué es lo mejor para la institución?»

La autoridad también debe poder ser cuestionada

Una universidad necesita autoridad. Pero ninguna autoridad debería considerarse infalible. La verdadera fortaleza institucional aparece cuando alguien puede decir:

«Esta decisión puede estar equivocada».

Y cuando la institución puede responder: «Vamos a revisarla». Eso es institucionalidad. Una universidad saludable no teme la discrepancia. La utiliza para mejorar.

El problema comienza cuando la crítica se interpreta automáticamente como deslealtad, enemistad o ataque. La discrepancia profesional no debería ser castigada. Debería ser escuchada.

La universidad pública pertenece a la sociedad

Las universidades públicas son patrimonio de Costa Rica. Sus recursos, infraestructura, legitimidad y misión tienen una dimensión pública. Por eso, defender la universidad pública no significa defender automáticamente a quienes la administran.

A veces, defenderla significa precisamente exigirle más.

  • Más transparencia.

  • Más mérito.

  • Más eficiencia.

  • Más rendición de cuentas.

  • Más responsabilidad.

  • Más respeto por la legalidad.

  • Más apertura al debate.

La universidad pública no debería ser patrimonio de grupos, personas o administraciones. Debe estar al servicio de la sociedad.

La solución no es cambiar nombres: es mejorar las reglas

Si una institución presenta problemas de gobierno, la solución no debería consistir únicamente en sustituir personas. Porque mañana pueden llegar otras y reproducir exactamente las mismas dinámicas. La verdadera solución está en fortalecer las instituciones.

Necesitamos:

  • procesos transparentes para acceder a cargos de responsabilidad;

  • criterios objetivos de selección;

  • evaluación del desempeño;

  • rendición de cuentas;

  • transparencia en los nombramientos;

  • independencia de criterio;

  • respeto a la libertad académica;

  • mecanismos eficaces de revisión;

  • órganos de control efectivos;

  • protección para quienes planteen cuestionamientos de buena fe;

  • y una verdadera cultura institucional del mérito.

La excelencia no puede depender de quién ocupa un despacho. Debe estar incorporada al sistema.

La pregunta que deberíamos hacernos

La pregunta fundamental para nuestras universidades públicas no debería ser únicamente:

¿Quién manda? Deberíamos preguntar: ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Con qué criterios fue seleccionado? ¿Cómo se evalúa su desempeño?

Y, sobre todo: ¿Qué sucede cuando alguien demuestra que una decisión puede estar equivocada?

Si la institución escucha, analiza, investiga y corrige, existe salud institucional. Si la respuesta sistemática fuera silenciar, marginar o desestimular la discrepancia, tendríamos un problema que merecería ser examinado. No necesariamente porque exista corrupción. No necesariamente porque exista mala fe.

Sino porque una institución que pierde la capacidad de reconocer sus errores y corregirlos comienza a debilitarse.

Kakistocracia: una advertencia, no una sentencia

Debemos ser cuidadosos con esta palabra. No corresponde utilizar «kakistocracia» como una etiqueta para descalificar personas o instituciones sin evidencia. Su verdadero valor está en utilizarla como una herramienta de análisis y una alerta democrática.

Nos obliga a preguntarnos si nuestros sistemas están seleccionando y promoviendo a quienes poseen las mejores capacidades, preparación, independencia de criterio y compromiso con el interés público.

Porque una democracia no solamente necesita buenos gobernantes. Necesita buenas instituciones. Y una universidad pública no solamente necesita excelentes profesores. Necesita excelentes sistemas para seleccionar, administrar, evaluar, corregir y rendir cuentas.

El verdadero examen

La verdadera prueba de una universidad no está en que nunca se equivoque. Eso sería imposible. La verdadera prueba está en qué hace cuando se equivoca.

¿Escucha? ¿Investiga? ¿Corrige? ¿Acepta la crítica? ¿Protege al que plantea una preocupación legítima? ¿Reconoce que ninguna autoridad es infalible?

Una universidad que responde afirmativamente a estas preguntas demuestra fortaleza. Porque el verdadero peligro no es que alguna vez se tome una mala decisión.

El verdadero peligro comienza cuando una institución pierde la capacidad de reconocerla, cuestionarla y corregirla.

Es ahí donde la palabra kakistocracia deja de ser solamente un concepto político. Se convierte en una advertencia sobre la calidad del gobierno de nuestras instituciones. Y quizá la pregunta más importante que Costa Rica debería hacerse respecto de sus universidades públicas sea esta:

¿Estamos formando profesionales para transformar el país mientras construimos, dentro de nuestras propias universidades, instituciones capaces de transformarse a sí mismas? Entendiendo como autotransformarse mediante un proceso continuo de sana crítica, concertación, diálogo, espacios abiertos, evaluaciones y escucha, entre otros.

Si la respuesta es sí, el futuro es prometedor.

Si la respuesta es no, la discusión apenas comienza.

Envejecer con dignidad, autonomía y propósito: hacia una estrategia país ante la transición demográfica. Parte I

BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen Ejecutivo

Costa Rica atraviesa una transformación demográfica sin precedentes: el acelerado envejecimiento de su población. Este fenómeno, lejos de ser una crisis inevitable, representa el éxito de las políticas de salud pública del siglo XX. Sin embargo, plantea desafíos urgentes en materia fiscal, de pensiones, infraestructura urbana y sistemas de cuidados. El presente artículo analiza la heterogeneidad territorial y de género de este proceso en el país y propone el Plan Costa Rica 2030–2050, un marco operativo de siete pilares diseñado para transformar la longevidad en un activo macroeconómico y social a través de la autonomía, la economía plateada y la solidaridad intergeneracional.

Introducción: El nuevo panorama demográfico costarricense

Costa Rica está envejeciendo. No se trata de una posibilidad futura ni de un fenómeno exclusivo de los países desarrollados. Es una transformación demográfica que ya está modificando la estructura de nuestra sociedad y que durante las próximas décadas tendrá consecuencias profundas sobre las pensiones, la salud, el empleo, la vivienda, el transporte, las finanzas públicas, los sistemas de cuidados y la propia organización de nuestras ciudades.

La velocidad de la transición demográfica en Costa Rica obliga a abandonar la inercia reactiva. El país ha dejado atrás de forma definitiva la estructura piramidal joven que caracterizó su desarrollo durante el siglo XX. Una amplia población infantil y juvenil alimentaba progresivamente el mercado laboral y sostenía una relación favorable entre la población económicamente activa y la población dependiente; sin embargo, ese escenario ha cambiado.

  • Inversión de la pirámide: La población de 65 años y más pasó de representar aproximadamente el 6% en 2005 al 11,7% en 2025. Según las proyecciones actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), este grupo alcanzará aproximadamente una cuarta parte de la población (24,9%) para el año 2050.

  • La velocidad del cambio: En menos de una generación, la relación de dependencia se transformará drásticamente, pasando de una persona mayor por cada nueve habitantes a una por cada cuatro.

  • Los motores del fenómeno: Este cambio estructural responde a una dinámica de doble tracción: un aumento sostenido en la esperanza de vida en combinación con una tasa global de fecundidad que se ubica en un umbral de ultra baja natalidad de 1,23 hijos por mujer. Vivimos más y nacen menos niños, lo que significa que el país deberá prepararse para una sociedad con relativamente menos trabajadores jóvenes y una población mayor considerablemente más numerosa. No prepararnos para esta transformación significaría trasladar el costo de la improvisación a las próximas generaciones.

La verdadera pregunta que debemos hacernos ya no puede limitarse a cuánto costará mantener a una población cada vez mayor. La pregunta de fondo es: ¿Cómo construimos una Costa Rica en la que las personas puedan vivir más años con autonomía, ingresos, salud, propósito y participación económica y social?

Este escenario macroeconómico exige sustituir la narrativa tradicional —que define el envejecimiento como una carga financiera pasiva— por una perspectiva de economía plateada (Silver Economy), donde la población mayor se integra como un agente activo de consumo, inversión, mentoría y producción. El envejecimiento representa una transformación económica, una oportunidad para innovar y una posibilidad real de aprovechar el conocimiento, la experiencia y la capacidad productiva de millones de personas.

Asimetrías del envejecimiento: Género y territorio

El proceso de envejecimiento no impacta al país de manera uniforme. Su análisis requiere una lectura interseccional que contemple las brechas de género y las profundas disparidades geográficas. Envejecer es un logro de la sociedad, pero el verdadero problema aparece cuando la longevidad se acompaña de pobreza, enfermedad, dependencia, aislamiento o pérdida de autonomía. Por eso debemos abandonar una visión homogénea de “los adultos mayores”: una persona de 65 años puede encontrarse trabajando, emprendiendo, enseñando, viajando o cuidando a otras personas, mientras que otra de la misma edad cronológica puede necesitar asistencia permanente bajo realidades sociales completamente diferentes.

La feminización de la vejez

La longevidad en Costa Rica tiene un rostro predominantemente femenino debido a la brecha en la esperanza de vida: 83,38 años para las mujeres frente a 78,45 años para los hombres. Esta ventaja biológica contrasta con una severa vulnerabilidad socioeconómica estructural:

  • Brecha de ingresos: Cerca del 60% de las personas mayores de 65 años que carecen de una pensión contributiva son mujeres.

  • La barrera del cuido: Históricamente, las mujeres han asumido de forma exclusiva y no remunerada las labores domésticas y de asistencia familiar. Esto interrumpió sistemáticamente sus trayectorias formales de cotización ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), condenándolas a una mayor dependencia económica en la vejez.

Heterogeneidad territorial y puntos críticos

El Índice de Envejecimiento (personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años) devela realidades territoriales disímiles que impiden la aplicación de políticas públicas homogéneas:

Región / Zona

Dinámica Demográfica

Desafíos Estructurales

Gran Área Metropolitana (GAM)

Concentra el mayor volumen absoluto de adultos mayores. Distritos históricos como Carmen, Hospital, Merced y Mata Redonda viven un vaciamiento de población joven. En San Pedro de Montes de Oca, el índice pasó de 29,3% (año 2000) a 121,5% (2025).

Saturación de servicios de proximidad y necesidad de reconversión de infraestructura urbana residencial.

Zona de Los Santos (Dota)

Presenta de forma persistente una de las mayores proporciones de adultos mayores del país.

Migración sistemática de las generaciones jóvenes hacia el Valle Central o el extranjero por falta de oportunidades laborales, aislando a la población envejecida.

Península de Nicoya (Zona Azul)

Alta densidad de población octogenaria y centenaria de longevidad excepcional.

Entorno rural disperso que dificulta el acceso oportuno a servicios de salud especializados y transporte adaptado.

Zonas Fronterizas (Coto Brus / San Vito)

Combinación de contracción severa de natalidad y retención de poblaciones envejecidas.

Necesidad crítica de estrategias de arraigo, conectividad y asistencia social básica.

Cambio de paradigma: De la supervivencia a la autonomía de vida

Prolongar la vida biológica sin asegurar la calidad de la misma es un triunfo estéril. El objetivo de la política pública debe trasladarse hacia el indicador de años de vida saludable y autónoma, no simplemente prolongar la supervivencia. La pregunta que debería guiar las métricas del éxito país es: ¿Cuántos años adicionales de autonomía puede ofrecer Costa Rica a una persona que llega a los 65 años? Ese indicador es tan crucial como la propia esperanza de vida.

Para ello, el sistema de salud debe migrar de un enfoque puramente reactivo-médico a uno preventivo e integral, fundamentado en:

  • Prevención activa: Diagnóstico temprano de patologías crónico-degenerativas desde el nivel de atención primaria.

  • Salud mental y cognitiva: Programas comunitarios estandarizados de estimulación cognitiva y contención psicológica para combatir la depresión y el aislamiento.

  • Condición física adaptada: Implementación de redes cantonales de reacondicionamiento físico y nutrición guiada.

Propuesta operativa: Plan Costa Rica 2030–2050

Para articular los esfuerzos interinstitucionales de forma vinculante, se propone la creación de una estrategia de Estado estructurada en siete pilares de ejecución:

Pilar 1. Ingreso digno y sostenibilidad financiera

  • Objetivo: Garantizar seguridad económica, suficiencia para vivir con dignidad y mitigar el impacto de la informalidad laboral (que ronda el 40% de la población activa) sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

  • Acciones: Introducir educación financiera formal en la enseñanza secundaria; diseñar incentivos fiscales para el ahorro voluntario temprano en planes complementarios; incorporar nuevas formas de ahorro y flexibilizar legalmente el retiro a través de jornadas paulatinas que permitan prolongar voluntariamente la vida laboral sin penalizar la cuantía de la jubilación.

Pilar 2. Salud preventiva y envejecimiento activo

  • Objetivo: Descentralizar la atención de la CCSS, optimizar la capacidad funcional de los ciudadanos e invertir fuertemente en prevención, actividad física, alimentación y salud mental.

  • Acciones: Reorientar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) hacia la medicina de la longevidad, priorizando la detección temprana de la fragilidad física y el deterioro cognitivo, adaptando de forma integral los servicios sanitarios.

Pilar 3. Estructuración del Sistema Nacional de Cuidados

  • Objetivo: Formalizar la economía del cuidado para aliviar la carga histórica no remunerada de las mujeres, que tradicionalmente ha descansado sobre las familias, y generar a su vez un nuevo sector económico generador de empleo técnico profesional calificado.

  • Acciones: Crear una red de financiamiento mixto (público-privado) que integre de forma sistémica: atención domiciliaria profesionalizada, centros diurnos cantonales, programas de respiro familiar, servicios comunitarios y redes de apoyo a cuidadores familiares. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) operará como el ente rector de la certificación y capacitación técnica de cuidadores, apoyado por herramientas de telemedicina y tecnología de monitoreo clínico remoto.

Pilar 4. Mercado laboral flexible y empleo 50+

  • Objetivo: Capitalizar la experiencia acumulada durante 30, 40 o 50 años de vida profesional como un activo macroeconómico estratégico, erradicando el error frecuente de asumir que cumplir 65 años significa dejar de producir.

  • Acciones: Modernizar el marco normativo laboral para incentivar la retención y contratación de profesionales seniors bajo modelos flexibles adecuados para quienes desean continuar aportando: jornadas parciales, consultorías por proyectos, mentorías corporativas, docencia, emprendimiento, teletrabajo y esquemas de transmisión planificada de conocimiento hacia las generaciones de relevo.

Pilar 5. Hábitat sustentable y ciudades amigables con la edad

  • Objetivo: Garantizar la autonomía territorial, evitar el confinamiento forzado y el aislamiento del adulto mayor provocado por aceras deterioradas, cruces peligrosos, escasez de espacios de descanso o viviendas alejadas de los servicios básicos.

  • Acciones: Vincular de forma obligatoria al MIVAH, MOPT, IFAM y los 84 gobiernos locales en la planificación urbana estructurada bajo la premisa de: aceras accesibles + transporte público adecuado + vivienda adaptable + seguridad + espacios públicos + servicios de proximidad. Las intervenciones prioritarias contemplan aceras con accesibilidad universal, transporte público intermodal adaptado, señalización de alto contraste y complejos habitacionales accesibles o de co-housing.

Pilar 6. Inclusión tecnológica, ciudadanía digital y propósito

  • Objetivo: Eliminar la brecha digital que precariza el acceso a servicios esenciales y capitalizar la revolución tecnológica (inteligencia artificial, telemedicina, dispositivos de monitoreo) para ampliar la autonomía de las personas mayores de forma inclusiva.

  • Acciones: Ejecutar la Política Nacional de Alfabetización Tecnológica para el Adulto Mayor como parte de la nueva ciudadanía. El enfoque consiste en capacitar de manera práctica en el uso de teléfonos inteligentes, plataformas de salud virtual (EDUS), banca electrónica simplificada, sistemas de emergencia y herramientas de educación permanente.

  • Combate a la soledad: Capturar y mitigar la dimensión de la soledad y el aislamiento que provocan la jubilación, la viudez o la reducción de redes sociales, promoviendo de forma paralela la participación comunitaria, el voluntariado, el deporte, las actividades culturales y las redes de acompañamiento para asegurar que sigan teniendo un lugar activo en la sociedad.

Pilar 7. Pacto de solidaridad e integración intergeneracional

  • Objetivo: Neutralizar el edadismo (discriminación por edad), evitar la fragmentación social y recordar que el envejecimiento no debe convertirse en una confrontación entre jóvenes y adultos mayores, pues los jóvenes de hoy serán los adultos mayores de mañana.

  • Acciones: Promover programas cívicos, culturales, educativos y de voluntariado cantonal que conecten a jóvenes y adultos mayores en proyectos productivos, comunitarios y de transmisión de conocimiento mutuo, consolidando una visión unificada, inclusiva e inteligente del futuro del país.

El potencial de la Economía Plateada

Los adultos mayores no son únicamente beneficiarios pasivos de políticas públicas; son consumidores, profesionales, inversionistas, emprendedores y generadores de demanda. La denominada economía plateada puede abrir nuevos mercados y dinamizar la innovación empresarial en Costa Rica mediante servicios y productos diseñados específicamente para esta población en sectores como:

  • Salud y nutrición especializada.

  • Turismo y recreación adaptada.

  • Vivienda adaptable y soluciones urbanas.

  • Transporte y servicios financieros a la medida.

  • Tecnología accesible y educación permanente.

Esta transformación se traduce en nuevas empresas, nuevos empleos y nuevas oportunidades de inversión, transformando la longevidad en un motor de desarrollo.

Conclusión: Una decisión histórica

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada institucional. Puede optar por mantener un enfoque reactivo que esperará a que el envejecimiento sature la infraestructura hospitalaria, desestabilice los fondos de pensión, presione las finanzas públicas y profundice las desigualdades sociales de las familias que asumen el cuido de forma aislada. O puede, por el contrario, decidir anticiparse.

El envejecimiento poblacional no es el anuncio de una crisis ni una amenaza inevitable; es el resultado elocuente y exitoso del desarrollo humano, la reducción de la mortalidad y la salud pública alcanzada por la sociedad costarricense durante el siglo pasado. El siguiente paso histórico es asegurar que vivir más años signifique vivir con plena dignidad, independencia, seguridad económica, salud y propósito.

La verdadera pregunta para la Costa Rica del siglo XXI no es cuánto costará una población que envejece; es cuánto podemos ganar como sociedad si conseguimos que esa población siga viviendo, produciendo, aprendiendo, enseñando, emprendiendo y participando activamente. Envejecer no debería significar dejar de pertenecer al futuro.

El Plan Costa Rica 2030–2050 permitirá transitar hacia una nueva sociedad: una sociedad más longeva, pero también más inteligente, inclusiva y profundamente solidaria entre generaciones.

Suicidio: 2.812 vidas perdidas en siete años y una crisis que Costa Rica no puede normalizar

BA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales. Académico Universitario.
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina).
Escritor.
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Hay problemas que pueden medirse en colones, en porcentajes, en crecimiento económico o en desempleo. Pero hay otros cuya verdadera dimensión se mide en vidas.

El suicidio pertenece a esa categoría.

Entre 2019 y 2025, Costa Rica registró 2.812 muertes por suicidio. En promedio, son aproximadamente 402 vidas perdidas cada año, más de 33 cada mes y alrededor de 7,7 cada semana.

La evolución es contundente:

Año

Suicidios

2019

382

2020

378

2021

403

2022

429

2023

426

2024

398

2025

396

Total

2.812

La cifra no describe una epidemia que aparezca y desaparezca. Describe un problema persistente.

En 2022 se alcanzaron 429 casos y en 2023 fueron 426. En 2024, el dato definitivo del INEC contabilizó 398 suicidios, equivalentes al 1,3% de todas las defunciones registradas ese año. Para 2025 se reportaron 396 muertes, de las cuales 324 fueron hombres y 72 mujeres. Es decir, aproximadamente 82% de las víctimas fueron hombres.

Más de cuatro hombres por cada mujer

Este es uno de los datos que más debería preocuparnos.

En 2025 murieron por suicidio aproximadamente 4,5 hombres por cada mujer.

No podemos limitarnos a contabilizar la diferencia. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo con los hombres costarricenses.

¿Por qué tantos hombres llegan a una situación límite sin pedir ayuda?

¿Por qué persiste la idea de que hablar de depresión, angustia, fracaso económico, separación, soledad o desesperanza es una muestra de debilidad?

La estadística está diciendo algo que nuestra política pública todavía no parece escuchar suficientemente:

la prevención necesita una estrategia específica para los hombres.

El dato invisible: quienes sobreviven al intento

Las 396 muertes de 2025 no representan la totalidad del problema.

Durante 2023, los servicios de emergencias de la CCSS registraron 12.948 atenciones por intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas.

Y en 2025, al 16 de agosto, el Ministerio de Salud reportaba 2.493 intentos de suicidio notificados: 1.619 correspondían a mujeres y 874 a hombres.

Aquí aparece una paradoja que merece mucha más investigación:

los hombres representan la gran mayoría de las muertes, mientras las mujeres aparecen con mayor frecuencia en los registros de intentos.

No son datos contradictorios. Son señales diferentes de un mismo problema.

La política pública debe estudiar ambas realidades.

Costa Rica no está sola

El fenómeno adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos el mundo.

La OMS estima que 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. Eso equivale a aproximadamente:

1.990 muertes diarias.
83 cada hora.
Más de una por minuto.

El suicidio representó aproximadamente 1,1% de todas las muertes mundiales.

Además, 56% de las muertes ocurrió antes de los 50 años, y aproximadamente 73% ocurrió en países de ingresos bajos y medianos.

Y hay un dato especialmente grave para las nuevas generaciones: en 2021 el suicidio fue la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años en el mundo.

No estamos, entonces, ante un problema exclusivamente de adultos mayores.

Estamos hablando de jóvenes.

De estudiantes.

De trabajadores.

De padres y madres.

De personas que, estadísticamente, todavía tenían décadas de vida por delante.

América tampoco está al margen

La Organización Panamericana de la Salud estima que en las Américas hubo alrededor de 100.760 muertes por suicidio en 2021.

Y la desigualdad por sexo vuelve a aparecer: aproximadamente 3,7 hombres murieron por suicidio por cada mujer en la región.

La región presenta además una característica preocupante: mientras las tasas mundiales han mostrado una reducción en las últimas décadas, las Américas han experimentado una tendencia diferente, con aumento de las tasas de suicidio en el período analizado por la OPS.

Esto debería encender todas las alarmas.

La matemática de la tragedia

Si Costa Rica mantiene un promedio cercano a 400 suicidios anuales, significa que cada cinco años podríamos estar hablando de aproximadamente 2.000 vidas perdidas.

En una década serían alrededor de 4.000.

Pero una política nacional no puede esperar diez años para reaccionar.

Necesitamos prevención antes de la crisis.

Detección temprana.

Atención psicológica accesible.

Seguimiento después de una tentativa.

Programas específicos para hombres.

Atención para adolescentes y jóvenes.

Intervención en comunidades vulnerables.

Y, sobre todo, sistemas capaces de identificar a la persona que está sufriendo antes de que llegue a una emergencia.

La gran pregunta para el próximo Gobierno

El Gobierno de Costa Rica en 2026 debería recibir esta estadística como una obligación, no como una nota al margen.

El país necesita convertir la prevención del suicidio en una política nacional medible, con presupuesto, indicadores y evaluación anual.

No basta con campañas durante una semana al año.

No basta con recordar el problema cuando muere alguien conocido.

No basta con reaccionar después.

Necesitamos saber:

¿Cuántas personas están siendo atendidas?

¿Cuánto esperan para recibir atención psicológica?

¿Cuántos pacientes que han intentado suicidarse reciben seguimiento?

¿Cuántos adolescentes tienen acceso real a servicios de salud mental?

¿Cuántos hombres están siendo atendidos preventivamente?

¿Cuáles cantones presentan las mayores tasas?

¿Cuánto invierte Costa Rica en prevención?

Y la pregunta más importante:

¿Cuántas vidas estamos salvando?

Porque detrás de 2.812 hay 2.812 historias

La estadística nos permite dimensionar el problema.

Pero nunca debemos permitir que la estadística deshumanice la tragedia.

2.812 no son solamente 2.812 casos.

Son 2.812 personas.

Son familias.

Son hijos.

Son padres.

Son hermanos.

Son amigos.

Son compañeros de trabajo.

Son historias que terminaron demasiado pronto.

Y probablemente muchas de esas historias tuvieron señales anteriores.

Una conversación que nunca ocurrió.

Una llamada que no se hizo.

Un pedido de ayuda que nadie escuchó.

Una persona que dijo «estoy bien» cuando en realidad no lo estaba.

Por eso Costa Rica necesita cambiar la pregunta.

No debemos preguntarnos solamente:

¿Cuántas personas murieron?

Debemos preguntarnos:

¿Cuántas personas están sufriendo hoy en silencio y qué estamos haciendo para llegar a ellas?

Porque si podemos contar los muertos, también deberíamos ser capaces de contar las vidas que salvamos. Y esa debería ser la estadística que realmente nos importe. Una vida salvada no es solamente una estadística positiva. Es una familia que conserva a uno de los suyos.

Escuchar. Acompañar. Detectar. Atender. Llegar a tiempo. Ahí debería comenzar una verdadera política nacional de prevención del suicidio.

La Tierra que nos fue confiada. Una reflexión bíblica sobre el cuidado, la responsabilidad y las consecuencias ambientales

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y

Negocios Internacionales. Académico Universitario.
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC (Ecuador- y, América Latina)
📧 luis.martinez.sandoval@gmail.com
📱 Cel. 62764133

Vivimos en un momento en que la humanidad observa cambios profundos en el clima, pérdida de biodiversidad, contaminación de los océanos, deforestación, sequías, incendios y deterioro de los ecosistemas. Frente a esta realidad surge una pregunta que no es solamente científica o económica: ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la creación que habitamos?

La Biblia no utiliza el concepto moderno de calentamiento global ni ofrece una explicación científica del cambio climático. Sin embargo, contiene una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano, la Tierra y Dios. En sus páginas – desde el Génesis al Apocalipsis- encontramos tres ideas que adquieren especial significado en nuestro tiempo: cuidado, responsabilidad y consecuencias.

  1. La Tierra no nos pertenece absolutamente

El Salmo 24 comienza con una afirmación fundamental:

“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. — Salmo 24:1

Desde esta perspectiva, el ser humano no es dueño absoluto de la creación; es parte de ella y tiene una administración delegada sobre ella. Esta idea cambia nuestra manera de entender los recursos naturales. El agua, los bosques, los animales, los mares y la tierra no deberían ser considerados únicamente como mercancías disponibles para ser explotadas al extremo.

La pregunta deja de ser solamente “¿cuánto podemos obtener de la Tierra?” y comienza a ser: “¿Qué estamos dejando para quienes vienen después de nosotros?”

  1. El mandato de cuidar

Uno de los textos fundacionales aparece en el Génesis:

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. — Génesis 2:15

Aquí coexisten dos acciones fundamentales: labrar y guardar. Labrar significa utilizar, transformar y producir. Guardar significa proteger, conservar y custodiar. La Biblia, por tanto, no presenta al ser humano como un agente alienado que deba abandonar la naturaleza, sino como su administrador.

El problema contemporáneo aparece cuando la capacidad de transformar se separa de la responsabilidad de conservar. La humanidad ha desarrollado una extraordinaria capacidad tecnológica: podemos modificar ríos, extraer minerales, talar bosques y producir energía a gran escala. Pero una pregunta crucial permanece: ¿Tenemos la misma capacidad para reparar aquello que destruimos?

  1. Autoridad no significa destrucción

Génesis 1:28 expresa un mandato históricamente malentendido:

“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla…” — Génesis 1:28

Una interpretación irresponsable ha convertido el «dominio» sobre la Tierra en una autorización para la explotación ilimitada. Sin embargo, este pasaje debe leerse en estricta correlación con Génesis 2:15. Si el ser humano recibe autoridad, también recibe una rendición de cuentas. Dominar no es sinónimo de destruir; una autoridad legítima y responsable administra pensando no solamente en la ganancia presente, sino en la viabilidad del futuro.

  1. La Tierra puede enfermar

Uno de los textos más sorprendentes y vigentes para una reflexión ambiental se encuentra en el libro de Isaías:

“Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo… La tierra se contaminó bajo sus moradores”. — Isaías 24:4-5

Sin pretender convertir este texto en una predicción científica anticipada, la imagen analógica resulta profundamente actual. Una sociedad puede enfermar sus ríos, sus mares, sus suelos y sus bosques hasta alterar ecosistemas enteros. Al final, la humanidad termina afectándose a sí misma, pues no vivimos fuera de la naturaleza: somos parte indisociable de ella.

  1. Las consecuencias de destruir

El libro de Apocalipsis plantea una advertencia ética severa:

“…y de destruir a los que destruyen la tierra”. — Apocalipsis 11:18

Más allá de interpretaciones escatológicas literales, el texto plantea una seria cuestión moral: ¿Qué ocurre cuando la humanidad utiliza su poder para sabotear los sistemas que sostienen su propia existencia? La contaminación, la deforestación y la explotación irresponsable tienen consecuencias sistémicas observables. La reflexión bíblica añade una dimensión ética insoslayable: no todo lo que tecnológicamente podemos hacer significa que debamos hacerlo.

  1. La creación también sufre

El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento:

“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora”. — Romanos 8:22

Es una metáfora profundamente conmovedora: la creación “gime”. Al trasladar esta profundidad espiritual a indicadores actuales, cabe preguntarnos:

  • ¿Puede llamarse progreso a un modelo económico que consume más de lo que la biosfera puede regenerar?
  • ¿Puede llamarse desarrollo a una dinámica que deja una estela irreversible de contaminación detrás de sí?

La verdadera prosperidad debe incluir, obligatoriamente, la capacidad de preservar la vida.

  1. La Tierra también tiene un límite

En el Levítico se establece otra premisa de propiedad absoluta:

“La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es…” — Levítico 25:23

En el antiguo Israel existían normas estrictas sobre el descanso de la tierra (el año sabático agrícola). Nuestra época necesita recuperar urgentemente una palabra que el mercado global tiende a olvidar: límite. El planeta tiene límites físicos, los recursos son finitos, los ecosistemas tienen un umbral de absorción de contaminantes y la capacidad humana para reparar daños severos también es limitada.

  1. Una teología de la restauración

La visión bíblica no es una narrativa de desolación fatalista; concluye en la restauración.

“Plantaré en el desierto cedro, acacia, arrayán y olivo…” — Isaías 41:19

Donde había aridez y destrucción, el texto proyecta vida y recuperación forestal. Esto nos convoca a una ecología proactiva. La lucha ambiental no debe limitarse a la denuncia legal o económica; debe reparar. Reforestar, recuperar cuencas hidrográficas, reducir drásticamente los residuos y transformar los patrones de consumo son imperativos de una responsabilidad que no solo evita dañar, sino que se ocupa activamente de reconstruir.

  1. Sanación integral

Isaías ofrece una imagen extraordinaria de restauración cósmica:

“Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor… el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga…” — Isaías 30:26

La creación participa activamente de los ciclos de sufrimiento y sanación en la narrativa bíblica. La herida del entorno es también nuestra herida. Si como civilización hemos sido capaces de vulnerar nuestro planeta, debemos asumir la corresponsabilidad histórica de sanarlo.

  1. El valor intrínseco de la biodiversidad

En los Evangelios, Jesús diluye el antropocentrismo radical al señalar:

“Mirad las aves del cielo… ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre”. — Mateo 6:26, 10:29

En estas líneas, la vida no humana posee un valor inherente ante los ojos del Creador, independiente de su utilidad económica para el ser humano. Cuando destruimos hábitats y provocamos la pérdida de biodiversidad, no estamos perdiendo un mero «recurso básico», sino una expresión irrepetible de la vida silvestre.

  1. Un dilema ético antes que climático

El cambio climático se mide con precisión en grados Celsius, partes por millón de CO₂ o elevación del nivel del mar. Pero detrás de la métrica subyace una encrucijada estrictamente humana: ¿Qué clase de civilización queremos construir?

Una economía cimentada de forma exclusiva en el hiperconsumo y en la cultura del descarte enfrentará inevitablemente las consecuencias físicas de sus premisas operativas. La crisis ambiental no es solo un desafío de ingeniería o de sustitución tecnológica; es un asunto ético, político, cultural y, para miles de millones de personas, profundamente espiritual.

  1. Hacia un desarrollo responsable

Nuestra generación tiene el imperativo de actualizar el principio de «labrar y guardar».

  • Producir, pero conservar.
  • Construir, pero proteger.
  • Consumir, pero moderar.

No se trata de renunciar a la tecnología ni de detener el bienestar económico, sino de redefinir qué significa un progreso real. El éxito del desarrollo futuro no debería medirse por los volúmenes de extracción y desecho, sino por nuestra eficiencia para sostener y conservar los sistemas vivos.

Conclusión: La Tierra como legado y fideicomiso

La Biblia no nos legó un manual de ciencias climáticas, sino algo mucho más exigente: una responsabilidad moral. Nos recuerda que la Tierra es un préstamo, un fideicomiso sagrado puesto en nuestras manos.

“Los cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a los hijos de los hombres”. —

Salmo 115:16

Tener algo bajo nuestro cuidado no nos otorga el derecho de desmantelarlo; nos impone la obligación de entregarlo en condiciones dignas. La pregunta final que definirá nuestra época no es “¿cuánto más podemos extraer de la Tierra?”, sino: “¿En qué condiciones vamos a heredar la casa común de la vida a las próximas generaciones?”

Hacia una capital humana: Propuestas urgentes para la habitabilidad de calle en San José

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN 
www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Dirigente Sindical, Escritor, Científico Social
,
Coordinador MENTES EN MOVIMIENTO UTN 2028 (Grupo de Pensamiento Universitario)

La crisis de las personas en situación de calle en el Cantón Central de San José ha dejado de ser un problema meramente de asistencia social para convertirse en una emergencia urbana, económica y de salud pública. En la última década, esta población creció un 150%, concentrándose principalmente en distritos clave como Merced, Hospital y Catedral. Frente a una inversión local que supera los ₡2.000 millones anuales sin soluciones definitivas, la alcaldía liderada por Diego Miranda y el Poder Ejecutivo han planteado una ruta de choque inmediata.

El diagnóstico de la crisis capitalina

De las aproximadamente 3.733 personas en situación de calle registradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el país, 7 de cada 10 habitan en San José. Los factores determinantes combinan la exclusión social, la farmacodependencia extrema, el desarraigo familiar y la falta de opciones de empleo. Zonas comerciales de la Avenida 7, Avenida 9 y las inmediaciones de la antigua Castellana sufren un impacto directo en la seguridad y las ventas, lo que evidencia la urgencia de cambiar el asistencialismo pasivo por una intervención activa.

Plan de acción a corto plazo: Intervenciones prioritarias

Para mitigar los efectos inmediatos y estabilizar la situación en las avenidas josefinas, las propuestas vigentes se agrupan en cinco ejes de ejecución rápida:

1. Despliegue de la Estrategia Nacional de Convivencia

  • Foco en el Distrito Merced: Lanzamiento prioritario del plan estatal de atención directa en los cuadrantes más críticos del casco central.

  • Alianzas operativas: Coordinación inmediata con ONG consolidadas, tales como la Asociación Misionera Club de Paz y Casa Hogar San José, para el suministro diario de alimentación, duchas y vestimenta básica.

2. Ampliación y apertura de albergues de emergencia

  • Optimización de recursos: Maximizar los 102 espacios de pernoctación del Centro Dormitorio Municipal, que además de una cama digna provee vinculación con servicios de salud.

  • Infraestructura en marcha: Agilizar el acondicionamiento del nuevo mega-albergue municipal (aprobado con fondos locales por ₡1.100 millones) diseñado para dar refugio a 300 personas en condición vulnerable.

3. Activación de la Mesa Interinstitucional de Choque

  • Articulación de presupuestos: Convocatoria impulsada ante la Presidencia para sentar en una misma mesa técnica al IMAS, el IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. El objetivo es unificar fondos y evitar la duplicidad de esfuerzos logísticos.

4. Soporte legal mediante el proyecto «Reintegra San José»

  • Ruta de desintoxicación obligatoria: Apoyo legislativo inmediato al proyecto de ley promovido por la vicealcaldía josefina. Esta propuesta jurídica busca dotar a la Policía Municipal y al sector salud de herramientas legales para guiar obligatoriamente a los habitantes con adicciones hacia procesos formales de desintoxicación, albergue y reinserción laboral.

5. Medida de descongestión territorial: Macro-complejo de reubicación fuera del GAM

  • Compra de finca periférica: Adquisición de un terreno de gran extensión en la provincia de Puntarenas para centralizar la atención integral de la población meta.

  • Traslado masivo y voluntario: Desarrollo de un modelo habitacional, productivo y de salud diseñado para albergar a los indigentes de San José, removiendo la presión demográfica de la capital.

  • Modelo integral: El complejo contará con áreas de desintoxicación, huertas comunitarias para talleres de reinserción laboral y módulos habitacionales permanentes alejados de los focos de distribución de drogas del casco central.

El desafío de la corresponsabilidad

La solución de corto plazo requiere de un compromiso directo entre el gobierno local y el nacional. San José no puede seguir asumiendo el costo operativo de una problemática migratoria y social que es de índole país. De la agilidad con la que se articulen los centros de desintoxicación, la viabilidad del traslado interprovincial y el apoyo de los comercios dependerá que la capital recupere su seguridad, orden urbano y, sobre todo, la dignidad de sus habitantes más vulnerables.

Anexo Técnico: Viabilidad del Macro-Complejo de Reubicación en Puntarenas

1. Mecanismo de financiamiento para la compra de la finca

Para adquirir el terreno y construir la infraestructura sin asfixiar el presupuesto ordinario de la Municipalidad de San José, se proponen tres vías simultáneas:

  • Fideicomiso de Obra Pública: Constitución de un fideicomiso avalado por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica (BCR), respaldado por un porcentaje del impuesto de patentes comerciales de San José, garantizando ingresos estables para pagar la deuda a mediano plazo.

  • Fondos de Desarrollo Social (FODESAF): Negociación de una partida extraordinaria orientada a la erradicación de la pobreza extrema, justificando que el proyecto alivia la carga de servicios de salud centralizados en la capital.

  • Cooperación Internacional y Alianzas Público-Privadas (APP): Captación de recursos no reembolsables de agencias internacionales enfocadas en desarrollo urbano y derechos humanos, junto con donaciones de cámaras empresariales de San José interesadas en la recuperación económica del casco central.

2. Desafíos legales y de derechos humanos

El traslado de ciudadanos entre provincias presenta barreras constitucionales estrictas que deben resolverse formalmente:

  • Libertad de tránsito (Artículo 22 constitucional): Ninguna autoridad puede obligar a un ciudadano a permanecer en una provincia específica si no existe una orden judicial o una declaratoria de interdicción legal. El traslado masivo debe ser estrictamente voluntario o vinculado a la aprobación del proyecto de ley «Reintegra San José», el cual debe tipificar la habitabilidad de calle con adicción severa como un problema de inimputabilidad o peligro para sí mismo.

  • Coordinación intermunicipal: El Cantón Central de Puntarenas debe otorgar los permisos de suelo y construcción. Esto requiere un convenio de mitigación de impacto social para evitar el rechazo de la comunidad puntarenense (efecto NIMBY: Not In My Backyard).

  • Supervisión de la Defensoría de los Habitantes: El complejo debe garantizar estándares internacionales de habitabilidad, alimentación y no confinamiento forzado para evitar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

3. Servicios específicos del macro-albergue

Para que el complejo sea sostenible y no se convierta en un gueto aislado, debe operar como una micro-ciudad autosuficiente con los siguientes componentes:

  • Clínica de Desintoxicación y Salud Mental (IAFA – CCSS): Un pabellón hospitalario permanente con psiquiatras, enfermeros y terapeutas para el manejo del síndrome de abstinencia severo de sustancias como el crack y el fentanilo.

  • Granja Agrícola y Talleres Socioproductivos: Aprovechamiento del clima y extensión de Puntarenas para desarrollar proyectos de hidroponía, ganadería menor y panadería. Esto generará autoabastecimiento de alimentos y capacitará a los internos en oficios comerciales.

  • Módulos de Vivienda Progresiva: Dormitorios segregados por género y condición de salud, que evolucionan desde pabellones de emergencia hasta pequeñas cabañas compartidas como premio al avance en sus procesos de rehabilitación.

  • Destacamento de Seguridad Multidisciplinaria: Presencia interna de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José para garantizar el orden perimetral, el control de contrabando de drogas y la seguridad de los funcionarios civiles.