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Etiqueta: magistradas

Magistradas de la Sala Primera y Vicepresidencia de la Corte Suprema visitaran territorios indígenas en recuperaciones

En el marco del Día Internacional de las Mujeres se realizó un encuentro de mujeres recuperadoras y defensoras de los territorios con la magistrada Damaris María Vargas Vásquez/vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada Iris Rocío Rojas, ambas de la Sala Primera. Participaron las mujeres recuperadoras de pueblos originarios, Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado. En otras actividades de fueron acompañadas por Zeidy Rodríguez Guerra, Gnöbe del territorio Comte Burica y lideresa del Frente Nacional de Pueblos Indígenas.

Patricia Calderón Figueroa del Pueblo Bribri de Salitre le aseguró a las magistradas que las recuperaciones de las tierra-territorio “solo se puede comprender desde lo más profundo de nuestra espiritualidad, pues no las realizamos simplemente para volver a las tierras que de por sí nos pertenecen, sino para preservar nuestra cultura y recuperar la forma de vida que fuimos perdiendo cuando nos quitaron la tierra y la cultura”. “Para Sibú (Dios Bribri), dijo, “la tierra era una mujer, y por eso las mujeres asumimos la responsabilidad de recuperar la tierra y quitarnos la mentalidad no indígena que no respeta la tierra”.

Danny Nájera del Pueblo Brörán y recuperadora de Crun Yaigó recordó que el 85% de su territorio estaba en posesión de no indígenas y le explicó a las magistradas: “las mujeres indígenas tenemos un especial apego a la tierra y a nuestros hijos. Cuando le heredamos la tierra a nuestros hijos también les heredamos la cultura y la espiritualidad”.

Roxana Figueroa, Bribri de Crun Shurín y las demás indígenas, les hablaron a las magistradas cómo se realizan las recuperaciones, los cambios que se han dado en la tierra ahora convertida en campos de cultivos de alimentos y en gran parte dedicada a la conservación de la naturaleza. También les explicaron las innumerables agresiones que siguen enfrentando por parte los usurpadores que no aceptan su condición ilegal, ya conformada así por la misma Sala I y la Sala IV. Precisamente por las sentencias de las Salas y del Juzgado Civil, trabajo y familia de Buenos Aires, que reconoció que es a gente indígena de China Kichá “a quienes la ley les faculta para ejercer el derecho a la propiedad colectiva” sobre sus tierras, que se empieza ver un cambio positivo, que esperan se reafirme.

Los acuerdos alcanzados incluyen que las Magistradas visitarán territorios indígenas, que las Magistradas recibirán “un compendio de casos y los motivos por los cuales no se han resuelto, así como el actuar que estiman es ineficiente de parte de las y los defensores públicos y de las Fiscalías”. Además, se verá la posibilidad de que “desde el Poder Judicial se brinde capacitación sobre derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres en particular.

La Magistrada Damaris Vargas Vásquez en su condición de directora del Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, aseguró que brindará información acerca proyectos del Poder Judicial encaminados a una mejor aplicación de la justicia. Las magistradas reiteraron que el encuentro, tuvo particular importancia por realizarse el 8 de marzo, y se comprometieron a trabajar en conjunto con las mujeres indígenas atendiendo problemas puntuales y buscando soluciones efectivas.

El encuentro fue facilitado por el proyecto “Pueblos Originarios-Universidades Públicas (POUP)“ del Consejo Nacional de Rectores, que además de ese intercambio, incluyó foros y entrevistas en varias universidades, todo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Kioscos Ambientales
UCR

“CANALLA”

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.

Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.

El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.

Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.

En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.

Visita fallida del Relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial: ¿Quién ganó?

Por Marcia Aguiluz Soto, Abogada experta en derechos humanos

Absolutamente nadie. Todo lo contrario, como país perdimos: la imagen de Costa Rica y del Poder Judicial quedó aún más afectada a nivel nacional e internacional.

El pasado 24 de mayo estaba prevista la comparecencia ante la Corte Plena del Poder Judicial, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados, un experto internacional que tiene entre su mandato el realizar recomendaciones sobre este tema a los Estados. Según la invitación que se circuló unos días antes, él se referiría a la “Independencia Judicial: la elección de magistrados y magistradas en Costa Rica”.

El propio día, varios magistrados/as hicieron públicas sus objeciones a la comparecencia. Para justificarse alegaron, entre otras, que había un retraso en la agenda de la Corte y este tema no era prioritario, que no tuvieron suficiente tiempo para prepararse, que el Relator había dado su opinión sobre temas que estaban siendo conocidos por la Sala Constitucional, y que el tema no es de competencia de la Corte. Luego de casi dos horas de discusión y ante el anuncio de que el Relator tenía otros compromisos, la audiencia finalmente no se llevó a cabo.

Diversos medios de comunicación cubrieron la noticia. Algunos cuestionaron los atestados del Relator, otros objetaron el contenido de sus opiniones previas sobre Costa Rica (de paso deslegitimando las contribuciones que hacen a nuestro país, este tipo de mecanismos internacionales de protección). Pocos se refirieron a la deuda que existe en torno al mejoramiento de los procesos de nombramiento de magistrados/as y la importancia de abordar este tema. Lamentablemente la fallida visita del Relator no permitió abrir este debate y su manejo disperso o sesgado en medios tampoco aportó a la discusión de fondo.

Para algunos costarricenses hablar de independencia judicial equivale a defender privilegios y, por tanto, no es de su interés defenderla; esto se confirma fácilmente al leer los numerosos comentarios en redes sociales que –a propósito de lo ocurrido- abogaban por hacer “limpieza” de este Poder al mejor estilo de nuestro vecino país El Salvador.

Es evidente que no existe un consenso ni un entendimiento de lo que está en juego: nada más y nada menos que un sistema de pesos y contrapesos fuerte que garantice nuestros derechos humanos en igualdad.

Eventos como los ocurridos frente a la visita del Relator no solo afectan la imagen del Poder Judicial, sino que suman al desgaste de nuestro sistema democrático, mostrándolo cada vez más alejado e incapaz de resolver las necesidades de las personas.

Muchos actores son responsables de este desgaste. En relación con el hecho concreto, debo señalar que la decisión de una mayoría de magistrados/as de no recibir al Relator generó un costo innecesario y evitable, cuyas consecuencias solo entenderemos con el paso de los años. Algunos medios de comunicación -por las razones que sean- también han puesto su granito de arena en este caos. Muchos otros actores callan y una no sabe si es por silencio cómplice, por desinterés o simple ignorancia.

En relación con este tema -y muchos otros- creo que como sociedad nos merecemos más: más sensatez, más pausa, más escucha, menos ego y más amor por este país.

 

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Comunicado en defensa de la independencia de la Corte Suprema de Costa Rica

  • Comunicado emitido por Jueces y Juezas por la Democracia en España

A raíz del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, donde se hace eco de su preocupación sobre el proceso de selección y designación de las Altas Magistraturas Judiciales de Costa Rica, que está dando lugar a nombramientos judiciales en los que prevalecen consideraciones políticas sobre criterios objetivos establecidos en la normativa internacional; Juezas y Jueces para la Democracia reclama que dicho proceso de selección y nombramiento se ajuste escrupulosamente a los estándares internacionales sobre independencia judicial. Es imprescindible establecer en Costa Rica un sistema “técnico, objetivo y transparente para la selección de magistrados/as”, tal y como se recoge en el citado informe a fin de que puedan ser nombrados conforme a la legalidad internacional.

El Secretariado, a 12 de septiembre de 2019

 

Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado a SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

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Foro de Justicia a Magistrados y Magistradas de la Corte Plena

El Foro de Justicia, espacio de análisis y propuesta conformado por actores especializados, actualmente integrado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN), el Proyecto en Costa Rica de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y consultores independientes, con ocasión del reciente acuerdo adoptado por Corte Plena dentro del proceso disciplinario instaurado contra algunos de sus integrantes,

MANIFIESTA:

A LOS MAGISTRADOS Y LAS MAGISTRADAS DE CORTE PLENA:

1.– Su profunda preocupación por el mensaje implícito que se envía a la ciudadanía y a los miles de trabajadores y trabajadoras que conforman el Poder Judicial, respecto al tratamiento desigual en la aplicación del régimen disciplinario según quien sea la persona a quien se le atribuya la falta, distinción inadmisible en un Estado de Derecho que solo contribuye a deslegitimar las actuaciones y dañar la imagen del máximo órgano de justicia frente a la ciudadanía.

2.– Su desazón por la abierta desaplicación del principio constitucional de proporcionalidad entre la sanción y la falta cometida. Preocupa que hechos tan graves como los encontrados por la Corte Plena —desestimar una investigación por delitos de corrupción en poco tiempo, bajo un argumento que contradice la prueba que consta en el expediente—, cometidos por integrantes del más alto tribunal penal y entre quienes figura el propio presidente de la Corte, sean equiparadas a faltas menores y reprimidas por medio de una simple amonestación.

3.– Su malestar porque ninguna de las personas integrantes de tan alto órgano haya cuestionado el procedimiento secreto que se adoptó, que si bien puede tener sustento legal, pudo ser confrontado de cara a principios y valores del Derecho de la Constitución. Esto pone de manifiesto una aceptación de la opacidad, ajena a los principios de rendición de cuentas y transparencia propios de las democracias modernas.

4.– Su convicción de que, quienes integran la Corte Plena, tienen la oportunidad de rectificar el rumbo del Poder Judicial, que sabemos y reconocemos como clave en mantener y mejorar el desempeño de la institucionalidad nacional en momentos históricos del país que exigen el máximo de transparencia.

5.– Su excitativa, a quienes votaron en dicha sesión, para que, en un ejercicio de transparencia, develen públicamente su voto y las razones por las cuales consideraron improcedentes otras sanciones más graves.

A LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA:

6.– Les recordamos la necesidad de que el Poder Legislativo asuma —con prontitud, seriedad y anteponiendo los intereses nacionales a los personales — la tarea de generar reformas normativas de diverso tipo, incluyendo las de su propio Reglamento. Es urgente dotar al proceso de elección de la magistratura de los más altos estándares establecidos a nivel internacional, con el fin de blindar la institucionalidad democrática con las garantías necesarias que eviten actos que la cuestionen y socaven su legitimidad social.

7.– Les hacemos una excitativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma tal que garanticen un régimen disciplinario para las personas integrantes de la Corte Plena, ejercido por un órgano externo e independiente, en el que se resuelva bajo un criterio jurídico, objetivo, uniforme y equitativo con el que se aplica a todos los otros servidores y servidoras judiciales, así́ como que garantice la transparencia y el control amplios de la ciudadanía.

8.- Les instamos a suscribir el compromiso público de transparencia y negativa a reuniones privadas con quienes aspiren a la magistratura, que este Foro les remitió oportunamente, de cara a las elecciones de los seis puestos de magistratura que tienen en sus manos.

A LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE:

9.– Les recordamos que, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el objeto del régimen disciplinario es garantizarle, a la ciudadanía, la correcta y eficiente administración, lo cual responde a los principios constitucionales de transparencia y de rendición de cuentas. Por esto, existe un evidente interés de toda la población en que los actos de las personas funcionarias que contraríen gravemente esa correcta y eficiente administración de justicia, sean sometidos a análisis y ellas, sujetas a un proceso y, de ser halladas culpables, que sean sancionadas de forma proporcional a su falta.

10.– Les instamos a permanecer vigilantes del acontecer institucional y a manifestar su posición en los distintos espacios que lo permitan, a fin de impulsar los cambios que el país requiere para fortalecer su democracia republicana.

Dado en San José de Costa Rica a los 13 días del mes de julio de 2018.

 

John Brenes Rodríguez

Asociación Costa Rica Íntegra (CRI)

Carlos Núñez Núñez

Juez

Adriana Orocu Chavarría

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)

Marcia Aguiluz Soto

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Alfredo Chirino Sánchez

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

Rosaura Chinchilla Calderón

Manuel Rojas Salas

Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR)

Evelyn Villarreal Fernández

Programa Estado de la Nación/Estado de la Justicia, CONARE (PEN)

Marco Vinicio Zamora Castro

Proyecto en Costa Rica de la Friedrich Ebert Stiftung (FES)

Luis Antonio González Jiménez

Consultor e investigador independiente

 

Comunicado: Foro de Justicia a Magistrados

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.ucr.ac.cr

Enviado por Romano Sancho.

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