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Etiqueta: Marco Leandro

El saqueo de las pensiones que nadie quiere hablar

Por Marco Leandro

  • 61 años de promesas rotas: Los abogados de Costa Rica exigen su dinero perdido.

  • El Timbre que nunca llegó: El escándalo que podría dejar sin pensión a miles de abogados»

  • ¿Incompetencia o corrupción? El Misterio del Fondo de Pensiones que nunca se implementó»


Mañana viernes abogados litigantes de todo el país se presentarán a los Tribunales de Justicia para pedir audiencia a un Juez Penal para evitar que la Fiscalía archive la demanda que tiene más de 10 años bailando de oficina en oficina, con la que piden se cumpla la ley y se les asegure su derecho a pensionarse.

Los abogados, todos ya en edad de pensionarse o ya pasados de años solicitarán al juez penal que rechace tajantemente la solicitud de Katia Azofeifa (otra abogada, solo que con la camiseta de fiscala) de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de desestimar la demanda con la cual pretenden que se cumpla la Ley 3245 art 3 del 31 de diciembre de 1963, la que fue refrendada por una sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo, que condenó al Colegio de Abogados y Abogadas.

Ante el desacato de la sentencia del Contencioso, los abogados presentaron una denuncia, querella y acción civil por los delitos de desacato a la autoridad, presunción de malversación de fondos, ya que desde 1963 han pasado por las manos del Colegio de Abogados y Abogadas más de 60.000 millones de colones que nunca fueron ocupados para crear el fondo de pensiones.

Después de un baile por diferentes Fiscalías, Adjunta de Probidad y Fraudes y Cibercrimen está última desestimó la denuncia.

La Fiscalía desestima y avala que transgredan la Ley y una sentencia firme. Si esto es una orden de la Fiscalía General sería parte de la corrupción que tanto se ha hablado en los últimos años, mientras la casta del Poder Judicial se receta pensiones millonarias, a los litigantes nos niegan nuestro derecho consagrado por Ley de la República. “Creíamos que solo en tiempos de Dall Annesse se podía conspirar tanta corrupción”, dijo Francis Tejada, uno de los organizadores.

Historia completa:¿Incompetencia y corrupción? 

En 1963, la ley número 3245 creó el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas con un propósito claro: formar un fondo de pensiones y jubilaciones para los profesionales del derecho. Sin embargo, 61 años después, ese fondo sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de que los abogados han aportado millones de colones a través de los timbres, el dinero parece haber desaparecido. La Alianza de Abogados CR está levantando la voz para exigir respuestas y justicia.

61 años después, ese fondo no existe. Según los estados financieros auditados entre 2010 y 2023, el Colegio de Abogados ha recaudado aproximadamente 27,987 millones de colones en ingresos brutos provenientes de estos timbres. Pero, ¿dónde está ese dinero?

Una sentencia que nadie escuchó

En 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo emitió una sentencia (número 426) en la que ordenó al Colegio de Abogados y Abogadas crear un reglamento para iniciar el fondo de pensiones. Sin embargo, esta orden no fue cumplida. A pesar de la sentencia, el Colegio de Abogados y Abogadas no ha tomado las medidas necesarias para implementar el fondo, dejando a miles de abogados en la incertidumbre sobre su futuro financiero.

La acción de inconstitucionalidad: ¿Un Intentó de Evadir Responsabilidades?

En 2023, el Colegio de Abogados y Abogadas interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que creó el timbre. Según la Alianza de Abogados CR, esta acción tiene como objetivo dejar sin pensión a los abogados, en lugar de resolver el problema de fondo. Esta medida ha generado indignación entre los profesionales del derecho, quienes exigen transparencia y responsabilidad por parte de las juntas directivas que han manejado el Colegio durante décadas.

¿dónde está el Dinero?

La pregunta que todos se hacen es: ¿Dónde están los 27,987 millones de colones recaudados? La Alianza de Abogados CR está pidiendo una auditoría exhaustiva para rastrear el dinero y asegurarse de que se utilice para el propósito original: crear un fondo de pensiones y jubilaciones para los abogados. Hasta ahora, no ha habido respuestas claras por parte del Colegio de Abogados y Abogadas, lo que ha generado sospechas de mal manejo de fondos.

Llamado a la acción

La Alianza de Abogados CR está invitando a todos los profesionales del derecho a unirse a esta lucha. «No permitamos este saqueo a nuestro gremio», es el llamado que hacen a través de su correo electrónico (alianzaabogadoscr@gmail.com) y su número de WhatsApp (83840220). La organización está dispuesta a llevar este caso hasta las últimas consecuencias para asegurar que los abogados reciban lo que por ley les corresponde.

Conclusión: Un escándalo que no puede quedar impune

“El caso del fondo de pensiones de los abogados es un escándalo que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Con 61 años de promesas incumplidas y millones de colones desaparecidos, es hora de que los abogados de Costa Rica exijan respuestas claras y acciones concretas. La Alianza de Abogados CR está liderando esta lucha, pero necesita el apoyo de todos los profesionales del derecho para asegurar que este caso no quede impune”, explicò Didier Carranza, uno de los lideres del movimiento.

Inspección Judicial interviene caso de pensión para abogados litigantes después de 60 años

Comunicado enviado a SURCOS por Marco Leandro

Por primera vez en 60 años la Inspección Judicial (máximo órgano de control en la Corte Suprema de Justicia) intervino para que se cumpla la sentencia en firme que le ordenó al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica (CAyA), crear el fondo de pensiones para profesionales del derecho litigantes, tal y como lo estipula la ley de creación del timbre de ese colegio profesional.

Eso sucedió esta semana tras más de 20 años de un estira y encoje entre las juntas directivas del Colegio, profesionales litigantes, jueces, y fiscales, donde el proceso judicial era llevado de gaveta en gaveta, de despacho en despacho. Esa oficina intervino pidiendo cuentas a la jueza coordinadora del Tribunal Contencioso. Se le piden cuentas por el retraso en ese expediente donde existe sentencia firme en la aprobación de la pensión para quienes son litigantes.

El licenciado Didier Carranza Rodríguez es quien hizo la denuncia ante la Corte Plena y la pasaron a la Inspección Judicial para su trámite inmediato de tres días para que se rinda cuentas de este asunto que es el más viejo de todos los procesos judiciales que están haciendo cola en la Corte para resolverse. El plazo termina el próximo miércoles.

Estos son los hechos mas importantes:

HECHOS.

1.- El 03 de diciembre de 1963 se dictó la ley N° 3245 nominada Creación del Timbre del Colegio de Abogados, que ordenó al Colegio conformar el fondo de pensiones y jubilaciones para sus agremiados. A pesar de ser una obligación de hacer, que la Asamblea Legislativa impuso al CAyA, al amparo de las potestades que para el efecto dispone, y el deber de obediencia como imperativo legal, el fondo nunca fue formado ni implementado.

2.- Casi MEDIO SIGLO después de promulgada la norma, sustentado en lo dispuesto en la Ley N° 3245, el 2 de febrero del 2012 el abogado León Montoya Hernández interpuso demanda contra el Colegio, en la que solicitó el pago de la pensión más los intereses del Fondo, en forma retroactiva al momento en que solicitó el estudio respectivo a la junta del Colegio de Abogadas y Abogados.

3.- La demanda del licenciado Montoya fue declarada con lugar en sentencia N° 426-2013, dictada el 27 de junio de 2013, que ordenó al CAyA INICIAR DE INMEDIATO a partir de la fecha en que adquiriera firmeza la resolución, los trámites y procedimientos necesarios para la implementación del fondo de pensiones y jubilaciones, y se le otorgó el plazo de dos años, debiendo rendir trimestralmente informes sobre el avance de dicha implementación al Juez Ejecutor (las palabras en mayúsculas son del original y fueron destacadas en negrita por la sentencia). Asimismo, se ordenó al CAyA dictar, dentro del plazo de tres meses, el reglamento para aplicar el régimen de pensiones y jubilaciones y conocer la gestión del actor y, en caso de cumplir con los requisitos que debería establecer el reglamento, reconocerle el pago de pensión y sus intereses.

4.- La resolución N 426-2013 adquirió firmeza el 14 de octubre de 2014 con el rechazo de la casación interpuesta por el CAyA, y notificada el 14 de noviembre, por lo que el plazo para dictar el reglamento venció el 14 de febrero del 2015, y el plazo para la implementación, además de los informes trimestrales sobre su avance, venció el 14 de noviembre de 2016.

Sin embargo, hasta la fecha no hubo voluntad de cumplir la sentencia que se estrelló contra los muros de la misma Corte, que nunca le dio seguimiento a que se cumpliera.

Por eso Carranza recurrió a la Corte Plena a interponer la queja y dio como resultado que el asunto pasara a la Inspección Judicial, que actuó de inmediato dando 3 días a la jueza para que rindiera un informe muy detallado de sus actuaciones.

“1. Informar quiénes son las personas técnicas judiciales y el personal profesional de la judicatura encargados de las diligencias en el expediente 12-000629-1027-CA.

  1. Indicar cuál es el plazo de resolución en el proceso de ejecución para este tipo de asuntos.
  2. Aportar copia de la Matriz de indicadores de Gestión del despacho del año 2024.
  3. Además, adjuntar historial de ubicaciones del expediente 12-000629-1027-CA.
  4. Para respaldar el mismo aportará copia digital del expediente 12-000629-1027-CA y la demás prueba que se considere pertinente”.