La Universidad Internacional de las Américas (UIA) realizará el conversatorio “China: herencia cultural y sistema político”, con la participación de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, el lunes 27 de octubre de 2025, a las 6:15 p. m., en el Auditorio Miguel Marín.
El espacio busca ofrecer una mirada profunda sobre la visión cultural, económica y política de China, su papel en el nuevo orden mundial y su creciente influencia en América Latina.
Participación destacada
El conversatorio contará con la participación de:
Xu Tiefei, subjefe de misión de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica.
Mauricio Ramírez Núñez, académico y analista geopolítico, quien subraya la relevancia de comprender el rol de China en la transformación del escenario global.
En palabras del académico Mauricio Ramírez Núñez:
“China no sólo está transformando su propio destino, está redefiniendo el mundo. ¿Y qué papel juega hoy en la economía global, en la política internacional y en América Latina dentro de este nuevo orden que emerge?”.
El encuentro se plantea como un espacio abierto al diálogo y la reflexión sobre los cambios geopolíticos, económicos y culturales que marcan el siglo XXI, así como las implicaciones de estas transformaciones para las relaciones internacionales y la cooperación entre regiones.
“Les invito este lunes a un conversatorio donde estaremos compartiendo junto al subjefe de misión de la Embajada China en Costa Rica para conversar ampliamente sobre todos estos temas. Venir, reflexionar y descubrir cómo se mueve el poder real en el siglo XXI. ¡Nos vemos allá!”, agregó Ramírez Núñez.
Ver el video
La invitación completa puede verse en el siguiente video:
La conversación telefónica de más de dos horas entre Donald Trump y Vladímir Putin, realizada este 16 de octubre, ha generado inquietud en el bloque occidental. La sola posibilidad de un acercamiento entre ambos líderes reconfigura el tablero estratégico global y amenaza con debilitar aún más la posición de una Europa políticamente fragmentada, desgastada por la guerra en Ucrania y por sus propias crisis internas.
En los círculos euroatlánticos, la llamada ha sido interpretada como una señal de alarma. Los demócratas estadounidenses, férreos opositores de Trump, temen que un eventual entendimiento entre Washington y Moscú pueda erosionar la narrativa y la estrategia que durante casi tres años ha sostenido el involucramiento occidental en Ucrania. Europa, por su parte, observa con creciente preocupación cómo se desmorona la posibilidad de justificar ante su opinión pública una guerra que ya no parece sostenible ni política ni económicamente.
Aunque Trump es un actor imprevisible, con sus típicos cambios de postura que desconcierta incluso a sus aliados, el hecho concreto de que ambas partes acordaran una reunión presencial en Budapest es significativo. Podría representar el inicio de un proceso hacia la desescalada del conflicto ucraniano o, incluso, la antesala de una capitulación parcial de Kiev. Si esto se confirma, sería un golpe devastador para el proyecto geopolítico de una Europa que apostó por la derrota total de Rusia como medio para reafirmar su autonomía estratégica y sostener su modelo liberal de seguridad, cimentado en la OTAN y en la fe casi dogmática en el libre mercado como garantía de estabilidad.
La pregunta que ahora flota en las capitales europeas es inevitable: ¿cómo explicar a sus ciudadanos el fracaso de una guerra que absorbió ingentes recursos, debilitó sus economías y reveló la falta de liderazgo continental? En un contexto de creciente descontento social, crisis energética y erosión del Estado de bienestar, la derrota ucraniana podría acelerar el desgaste político de varios gobiernos europeos y precipitar el ascenso de fuerzas euroescépticas o nacionalistas. Estaríamos hablando entonces no solo de una derrota ucraniana, sino del colapso político del proyecto europeo; una crisis profunda de la idea misma de una Unión Europea sólida y cohesionada capaz de actuar como bloque coherente en el tablero global.
En este marco, el movimiento de Trump tiene una lectura interna ineludible. Si sus círculos más próximos actúan con visión estratégica, un acercamiento con Putin no es un gesto diplomático aislado, sino que se insertaría en la lógica de contención de la creciente fractura interna estadounidense. En un país cada vez más polarizado, donde las tensiones institucionales rozan el punto de ruptura, mantener un canal con Moscú puede ser interpretado como un movimiento de autodefensa estratégica: asegurar que, si el sistema entra en turbulencia, existan actores externos dispuestos a contener el colapso y estabilizar el equilibrio global. Aquí la pregunta sería: ¿estaría Putin dispuesto a tender un salvavidas a Estados Unidos para evitar su caída definitiva?
Putin, pese al prolongado deterioro de las relaciones con Washington y a las sanciones occidentales, siempre se ha mostrado dispuesto al diálogo en un marco de respeto mutuo. Esto sugiere que Moscú percibe en un eventual retorno de Trump una oportunidad para negociar desde una posición de fuerza relativa y consolidar el tránsito hacia un mundo multipolar.
De forma paradójica, el liderazgo de Occidente podría terminar dependiendo, en parte, de la voluntad de aquellos actores que, por distintas razones, se han situado fuera del consenso liberal. Rusia y China, como antagonistas directos de ese orden, pero también países soberanistas como la Hungría de Orbán, la Italia de Meloni o la Turquía de Erdoğan, encarnan corrientes políticas que buscan revalorizar la soberanía nacional frente al globalismo económico y al intervencionismo institucional característico del sistema liberal. Desde esta perspectiva, no resulta impensable que un eje soberanista más pragmático que ideológico, realmente multipolar, en el que converjan Washington bajo el liderazgo de Trump, Moscú, Budapest, Roma, Ankara e incluso Pekín, termine configurándose como un canal alternativo de estabilidad internacional ante una eventual crisis interna de los Estados Unidos.
Así, la llamada entre Trump y Putin, más que un episodio diplomático aislado, podría marcar el inicio de un nuevo realineamiento geopolítico. No necesariamente un pacto formal, sino una convergencia circunstancial basada en la comprensión de que el orden liberal occidental atraviesa su momento más vulnerable en décadas y que un cambio drástico en el sistema internacional es irreversible.
Hay momentos en la vida de los pueblos en que el clima político deja de ser una simple disputa de ideas y se convierte en un campo emocional roto, donde ya nadie escucha, donde cada palabra es un arma y cada diferencia una traición. Costa Rica atraviesa hoy una de esas etapas. Lo que vivimos no es una discusión democrática más: es el peligroso preludio de un divorcio nacional. La polarización no es una estrategia electoral, es el síntoma de un quiebre social más profundo, el de una comunidad que perdió la capacidad de convivir.
Cuando una pareja se separa (algo cada vez más común en nuestra sociedad), no lo hace por un desacuerdo puntual, sino porque se ha quebrado algo más profundo: la confianza, el afecto, la voluntad de entenderse. Exactamente eso ocurre hoy entre el oficialismo y las oposiciones. Ya no se discute sobre proyectos o presupuestos, sino sobre la legitimidad del otro para existir en la esfera pública. En ese ambiente, la democracia deja de ser un espacio de deliberación y se transforma en una lucha por la supervivencia simbólica.
La comparación no es exagerada. En un matrimonio, el divorcio permite a cada parte tomar su camino, cambiar de casa, recomenzar. Pero en un país no existe esa salida. Todos habitamos el mismo territorio, usamos las mismas instituciones, compartimos un destino común. Y esa imposibilidad de “irse” hace que el conflicto sea más peligroso, más visceral. La lucha por el poder se transforma en una pelea por la casa: quién manda, quién se queda, quién tiene derecho a hablar.
Las recientes declaraciones del diputado oficialista Jorge Rojas, invitando a las oposiciones a abandonar el país porque, de lo contrario, los seguidores del chavismo los van a “desterrar”, son una señal inequívoca de ese divorcio. Ya no se trata de diferencias ideológicas, sino del lenguaje propio de una implosión en ciernes. Cuando se niega al otro la posibilidad de estar y disentir, lo que se anuncia no es el triunfo de una parte, sino el colapso de la comunidad política y el fin del pacto social.
Costa Rica, por décadas, fue ejemplo de moderación, equilibrio y respeto entre visiones distintas. Ese fue nuestro orgullo: que podíamos discutir sin rompernos. Pero algo se fracturó. En nombre de la libertad individual, por ejemplo, hemos desmantelado todos los vínculos que nos unían: la religión, la familia, los partidos políticos, la noción misma de comunidad, incluso la identidad nacional. Hoy la “libertad” se usa para justificar el aislamiento, la desconfianza hacia el régimen democrático y el desprecio mutuo. Hemos liberado al individuo de todo, incluso de su responsabilidad y conciencia colectiva.
En esa deriva, la palabra “libertad” ha sido prostituida hasta volverse sinónimo de aislamiento. Ya no significa participar, sino desprenderse; no implica responsabilidad, sino ruptura y ataque. Y una sociedad formada por individuos que sólo se representan a sí mismos, incapaces de reconocerse en algo común, está condenada a dividirse, a perder su alma cívica y ser liderada por tiranos.
El resultado de esto es un ciudadano sin raíces, sin memoria histórica, sin comunidad, sin un “nosotros” que lo contenga. Ortega y Gasset advirtió sobre ese fenómeno en La rebelión de las masas: cuando el individuo común, despojado de toda pertenencia espiritual y cultural, se cree autosuficiente y se convierte en una masa amorfa, sin proyecto, sin norte, movida más por impulsos destructivos que por ideas. Esa masa, incapaz de crear, pero llena de resentimiento, termina por volcar su frustración contra todo lo que la trasciende: las instituciones, la tradición, la cultura, la historia. Ya no busca construir, sino arrasar.
Costa Rica vive hoy ese proceso: el del divorcio de su propia idea de nación. Entre el oficialismo y las oposiciones no hay ya un lenguaje compartido, sino dos mundos que se desprecian mutuamente. No es una diferencia de matices, sino de principios; no es un desencuentro, sino una fractura. Y el peligro es que, al no poder separarnos físicamente como en un matrimonio, el conflicto se quede encerrado en la misma casa: este país pequeño, donde cada habitación —la Asamblea, los medios, las redes, la calle— se convierte en un campo de batalla.
Si no reencontramos un sentido de comunidad, si no reconstruimos el nosotros que alguna vez nos sostuvo, el divorcio será irreversible. No quedará patria, sino ruina compartida y caos social.
La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.
De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.
La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.
Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.
Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.
El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.
Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.
La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.
Los tiempos de las verdaderas revoluciones han quedado atrás. Hoy, cualquier levantamiento que pretenda vestirse con el nombre de “revolución” no es más que una fachada, un montaje cuidadosamente diseñado para engañar a los pueblos. Bajo el disfraz de un cambio de régimen o de una supuesta “liberación”, lo que se esconde es la mano invisible de las élites globales que, enemigas de las tradiciones y de la soberanía de las naciones, manipulan las aspiraciones colectivas para dirigirlas hacia su propio beneficio.
Estas revueltas no nacen del clamor popular ni de la conciencia de las masas: son operaciones calculadas, instrumentos de ingeniería política y social para desarticular Estados, fragmentar culturas y someter economías enteras a los designios del capital transnacional. Las llamadas “primaveras árabes” y las “revoluciones de colores” son ejemplos paradigmáticos: nunca fueron movimientos espontáneos ni genuinamente emancipadores, sino mecanismos de injerencia, financiados y conducidos desde fuera, que dejaron tras de sí caos, ruina y pueblos aún más sometidos que antes.
Lejos de inaugurar un nuevo amanecer, estas falsas revoluciones son la noche más oscura de la política contemporánea: una estrategia de desarraigo, desintegración y nihilismo colectivo, que usa las palabras del pueblo para destruir al propio pueblo.
Una prueba clara de esta realidad se encuentra en el lenguaje estratégico de líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin. En sus discursos, ambos evitan deliberadamente el término “transformar” o “revolucionar” y optan por “reformar”. Esta elección no es casual. “Transformar”, derivado del latín transformare (cambiar de forma), implica una ruptura radical, un cambio estructural que destruye lo existente (aunque sea bueno) para construir algo completamente nuevo. Es un término asociado históricamente con revoluciones que buscan derrocar sistemas enteros, a menudo acompañadas de caos y desestabilización.
En contraste, “reformar”, del latín reformare (dar nueva forma), no significa destruir, sino reconfigurar para fortalecer. Es un enfoque pragmático, sin mucho dogmatismo, pensado para dar estabilidad en un mundo que vive en tensión constante.La historia nos muestra que incluso en Costa Rica, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, después de las turbulencias de los años cuarenta en el país, entendieron que el verdadero camino revolucionario o auténtica vía costarricense era la reforma: modificar lo necesario sin dinamitar los cimientos, construir futuro sobre bases sólidas.La historia les dio la razón entonces; la geopolítica se las da ahora.
En un escenario global donde potencias como China y Rusia hablan de reformar el orden internacional para adaptarlo a nuevas realidades, queda claro que la verdadera fuerza creadora del siglo XXI no está en las utopías de ruptura modernas, sino en la capacidad de reformar con firmeza y visión estratégica.
Xi y Putin abogan por reformar las instituciones internacionales, reformar sus países y promover la estabilidad en un mundo convulso. Este lenguaje refleja una visión de cambio ordenado, que preserva la soberanía y el equilibrio global, en lugar de sucumbir a la narrativa de revoluciones que, bajo la promesa de “despertar”, a menudo sirven a agendas extranjeras o corporativas que se disfrazan con la máscara de la defensa de los derechos humanos y la democracia, cuando lo menos que les interesa es eso.
La preferencia por “reformar” sobre “transformar” no es solo semántica; es una declaración de intenciones: el cambio debe ser estratégico, no disruptivo, y debe priorizar la estabilidad sobre el caos promovido por falsas revoluciones en tiempos de caos.La verdadera batalla no está en revoluciones de papel, sino en la capacidad de reformar con firmeza lo que no sirve y defender con coraje lo que debe permanecer.
El mensaje es claro: la era de las revoluciones terminó. Lo que hoy está en juego es la capacidad de reformar con inteligencia y firmeza para adaptarnos y sobrevivir en un nuevo orden global marcado por tensiones y violencia. En este escenario, lo utópico dejó de ser el horizonte, y es el peso de la realidad el que obliga al sentido común a reaccionar y a asumir decisiones concretas.El verdadero acto revolucionario es reformar con valentía lo que no funciona, y defender con firmeza lo que sí garantiza libertad, justicia y estabilidad.
En Nepal, cientos de personas, en su mayoría de la Generación Z (1995-2010), han tomado las calles en las últimas semanas. La chispa fue la decisión del gobierno de bloquear el acceso a redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, con el verdadero propósito de acallar la disidencia bajo el disfraz de combatir la desinformación. Se trata de una medida con el aroma de las viejas lógicas del siglo XX, incapaz de comprender el papel central que estas plataformas cumplen en la vida social y política contemporánea. Lejos de sofocar el malestar ciudadano, el bloqueo desató una ola de protestas que muy pronto trascendió lo digital y se convirtió en un cuestionamiento abierto al sistema político, marcado por la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades.
Las calles de Nepal arden no solo por la indignación de una juventud hastiada, sino también por la fricción entre dos épocas que colisionan. Lo que se vive en el Himalaya no es simplemente una protesta social contra la precariedad y la corrupción; es un verdadero sismo político que deja al desnudo la fragilidad de nuestras estructuras de poder, incluida la democracia misma. Y ahí está la clave: la democracia no está muerta, pero sí corre el riesgo de volverse irrelevante si no se reforma a tiempo para dialogar con una realidad digital que ya ha superado los marcos institucionales tradicionales.
Aquí es donde el pensamiento de Byung-Chul Han ilumina el trasfondo. Han nos recuerda que el poder contemporáneo ya no actúa solo prohibiendo o reprimiendo, sino seduciendo y permitiendo. Es un poder que se reviste de libertad y que opera bajo la lógica del rendimiento y la autoexplotación. La Generación Z, nacida en este ecosistema, experimenta el contraste entre un Estado que todavía ejerce un poder disciplinario y coercitivo —bloqueando, censurando, limitando— y unas plataformas digitales que se presentan como espacios “permisivos, horizontales y liberadores”, aunque en realidad respondan a intereses privados y a algoritmos que moldean la percepción colectiva.
De ahí la ambigüedad de esta particular revuelta. A primera vista parece un acto emancipador, un grito contra la corrupción y el autoritarismo. Pero no podemos descartar que también sea, en parte, un síndrome de abstinencia: una reacción visceral al corte del acceso a redes sociales que constituyen el hábitat natural de esta generación. La protesta se mueve, entonces, en dos planos: como defensa de derechos democráticos y como defensa inconsciente de plataformas privadas que han reemplazado a la plaza pública.
La disputa central no es solo entre jóvenes y Estado, sino entre soberanía estatal y soberanía digital. El Estado nepalí y muchos otros a nivel mundial no han perdido por completo su autoridad, pero ahora la comparten y la disputan con corporaciones globales que ejercen un poder no coercitivo, sino persuasivo y capilar en este ámbito. En este nuevo escenario, los algoritmos se convierten en árbitros invisibles que deciden qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Esto no es un problema menor.
La libertad, bajo este régimen digital, aparece como una espada de doble filo. Se vive como herramienta de empoderamiento y organización, pero también funciona como trampa de un totalitarismo liberal posmoderno que no reprime desde fuera, sino que captura desde dentro. La revuelta nepalí muestra así el rostro ambiguo de la libertad contemporánea: emancipadora y, a la vez, instrumentalizada.
El caso de Nepal obliga a repensar el futuro de la democracia. Si no logra reformarse para dialogar con estas nuevas generaciones, con sus códigos de inmediatez, supuesta horizontalidad y transparencia radical, quedará rezagada o degradada a infocracia, como el mismo Han lo afirma, frente a los poderes factuales del mundo digital. La pregunta no es si la democracia está muerta, sino si está dispuesta a renacer para no volverse irrelevante ¿obsoleta? en un terreno ya redibujado por el poder invisible de datos y algoritmos que deciden por los humanos.
El liberalismo radical y el antiprogresismo de Javier Milei y Agustín Laje, presentados como supuestas trincheras contra la izquierda posmoderna y el llamado “marxismo cultural”, no son en realidad una alternativa a ese fenómeno, sino su reflejo invertido. Ambos insisten en que el wokismo es socialismo, colectivismo o incluso marxismo en estado puro, pero nada más lejos de la verdad; lo woke no es marxismo, es liberalismo llevado hasta su extremo. Por eso, más que enemigos ideológicos, Milei, Laje y el wokismo son variantes de una misma raíz moderna: la disolución de todo lazo comunitario y la glorificación del individuo aislado (solitario). La aparente guerra entre ellos no es una confrontación de sistemas como lo venden, sino una disputa entre herederos de la misma matriz liberal.
La llamada cultura woke, donde se inscribe la ideología de género que muchos insisten en negar, no es un desprendimiento del marxismo, como suelen repetir sus críticos, sino la culminación más coherente del liberalismo. Rousseau ya lo había formulado en su célebre premisa: “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”. Con ella no anticipaba lo woke, desde luego, sino una lógica contraria a todo colectivismo: la sospecha hacia los vínculos comunitarios y la desconfianza frente a las instituciones clásicas —Estado, Iglesia, familia, nación— vistas como estructuras opresivas contra la supuesta bondad natural del individuo. Esta bandera, retomada por el liberalismo, se convirtió en doctrina: liberar al individuo de cualquier identidad o pertenencia común. Incluso el marxismo, consciente o no, terminó asumiendo sin crítica buena parte de estos supuestos liberales.
Ahora bien, surge la aparente paradoja: si lo woke es profundamente individualista, ¿cómo explicar que sus activistas se organicen como colectivos y luchen unidos? La respuesta es sencilla: no se trata de construir una verdadera comunidad, sino de disolver pertenencias más amplias —como la nación, la tradición o la familia— para fragmentar al individuo en microcolectivos cada vez más pequeños, cuya única cohesión es la identidad subjetiva. En vez de fortalecer lo común, esta lógica lo divide en pedazos, sustituyendo comunidades amplias y orgánicas por tribus identitarias tan débiles como volátiles.
El contraste ideológico con la premisa ilustrada de Rousseau se evidencia claramente al compararlo con la tradición católica. Para esta, el hombre se realiza en comunidad; es en el bien común donde se supera el pecado original, mediante la abnegación, el sacrificio y la ayuda mutua. Incluso desde más antes, Aristóteles, y posteriormente Santo Tomás, habían comprendido que la justicia social y la vida compartida son el orden natural del ser humano. El liberalismo, en cambio, niega ese principio y coloca al individuo en el centro, reduciendo la existencia a un cálculo de intereses privados, sin finalidad trascendental ni espiritual. Así, lo colectivo, lo común y lo trascendente son descartados como obstáculos frente a la razón individual, subordinando la vida compartida a la lógica del beneficio personal.
El protestantismo preparó este terreno al desligar la fe de las obras y convertir la riqueza material y su acumulación en signo de predestinación divina. De ahí se desprende el burgués liberal moderno: un ser definido por su interés individual y no por su capacidad de entrega al bien común.
El wokismo es visto como una fuerza de izquierda, sin embargo, su base doctrinal no es colectivista ni socialista: es liberal de cabo a rabo. Este parte de la supremacía del individuo sobre lo colectivo, de la desconfianza hacia el Estado y de la necesidad de deconstruir toda forma de identidad compartida tradicional. En nombre de los derechos individuales, relativiza cualquier noción de comunidad, tradición o verdad trascendente.
Esto no es herencia del socialismo, sino de la Ilustración liberal. Kant lo expresó con claridad en 1784 cuando definió la Ilustración como la “salida del hombre de su minoría de edad”, es decir, la emancipación de todo principio de autoridad externo —ya sea religioso, político o social— para que el individuo piense por sí mismo. Esa proclamación de autonomía absoluta no es una idea socialista ni comunitaria: coloca al individuo como juez supremo, por encima de cualquier jerarquía mayor, sea Estado, Iglesia o familia.
El mito de que antes del siglo XVIII no había derechos, ni libertad, ni civilidad —sino solo oscuridad y barbarie— fue invento de Rousseau, Locke, Voltaire y compañía. El marxismo adoptó ese relato en lugar de cuestionarlo. Pero lo que incorpora es un ADN ajeno: el ADN liberal. Por eso, cuando Laje denuncia que el wokismo es marxismo cultural, confunde los términos. No es marxismo real lo que late en el corazón de lo woke, sino la más pura exaltación (neo)liberal del individuo posmoderno desarraigado.
Aquí se revela la paradoja. Milei y Laje defienden el liberalismo económico extremo y combaten al wokismo como si fuera su enemigo. Pero en realidad tanto liberalismo como wokismo son dos expresiones de la misma raíz. Milei predica la disolución del Estado, la primacía absoluta del individuo y el mercado como árbitro supremo. El wokismo promueve la disolución de identidades colectivas, la primacía de la autoidentificación individual y el deseo personal como medida de la realidad. ¿Qué diferencia esencial hay entre ambos proyectos? Ninguna. Son dos caras de una misma moneda.
El error de Laje es creer que combate un enemigo externo cuando en realidad combate al hijo legítimo de la ideología que él mismo defiende. Y el error de Milei es pensar que el liberalismo puede sobrevivir sin producir exactamente esas derivas culturales que él repudia.
Ese es el verdadero debate que Milei y Laje evaden: el liberalismo no es el remedio contra el wokismo, es su condición de posibilidad. Mientras sigamos atrapados en ese falso dilema, las alternativas comunitarias, trascendentes y sociales seguirán siendo sofocadas en nombre de un individuo abstracto que, paradójicamente, termina más desprovisto de sentido y manipulado que nunca. Al final, la diferencia entre la izquierda cultural y la llamada nueva derecha no es de esencia sino de matiz, la primera es liberal progresista, la segunda liberal conservadora. Dos estilos, un mismo tronco; el del nuevo totalitarismo de nuestra época, que, bajo la máscara de libertad absoluta, impone sus normas y redefine lo que se puede pensar, decir o sentir.
Uno de los pilares discursivos más sólidos del actual gobierno ante un sector importante del electorado es su supuesto apego a los “valores tradicionales” de la familia, la moral cristiana y la defensa de la vida. Este relato ha sido hábilmente explotado como herramienta de movilización política, en especial en temas como el aborto, la educación sexual y la política exterior presentada como defensa de la democracia. No es un recurso nuevo: partidos como Nueva República, entre otros, han recurrido a la misma estrategia para cazar votos apelando a la sensibilidad religiosa y moral de la población. Sin embargo, la coherencia entre lo que se predica y lo que realmente se cree y practica en las altas esferas del poder resulta frágil, cuando no abiertamente inexistente.
Las declaraciones que días atrás ofreció a un medio de comunicación la diputada oficialista Pilar Cisneros, afirmando abiertamente que es atea y que “no le pueden demostrar que Dios existe”, ponen en evidencia, de forma directa, la contradicción central del discurso gubernamental. No se trata de cuestionar su derecho a la libertad de conciencia o de creencias, un principio y derecho fundamental de toda democracia, sino de señalar la incoherencia política: ¿cómo puede un gobierno que se presenta como paladín de los valores cristianos más conservadores tener como figura clave a alguien que, por convicción, no comparte el núcleo religioso sobre el que supuestamente se asienta toda su narrativa moral?
En cualquier sociedad democrática, la pluralidad de creencias es legítima y bienvenida. Pero cuando un gobierno basa buena parte de su capital político en agitar banderas morales y religiosas para ganar votos, el asunto deja de ser una cuestión de diversidad y se convierte en un caso de manipulación consciente y mal intencionada. Es el viejo truco del poder: decir lo que el pueblo quiere oír para conquistar su voluntad, mientras en la práctica se defienden otros intereses y se opera bajo una lógica de conveniencia ideológica. Esto es más de lo mismo, la vieja política disfrazada de cambio.
Lo mismo ocurre con el tema del aborto: el oficialismo se presenta como una fuerza implacablemente “provida”, pero la integridad de esa postura se desmorona cuando se evidencia que el compromiso no es con principios inmutables, sino con la estrategia política del momento. El discurso se activa o se silencia según convenga para mantener la base electoral, y no porque exista una convicción moral auténtica y uniforme en la cúpula.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando observamos cómo los diputados oficialistas dicen representar un partido en el Congreso para mantener sus privilegios parlamentarios, pero de hecho responden a otro, a Pueblo Soberano. ¿Qué es este nivel de coherencia? Este doble juego parlamentario es el mismo mecanismo que en otros contextos se ha identificado como una de las prácticas del chavismo: crear lealtades por conveniencia, camuflar agendas y manipular el lenguaje para ocultar la verdadera naturaleza de su proyecto político. Mientras tanto, sus seguidores aplauden ciegamente, sin percatarse de la realidad.
Lo que se presenta como la defensa inquebrantable de los valores de la familia y la moral cristiana no es más que una fachada propagandística. Las declaraciones de Pilar Cisneros no son el problema en sí mismas; son, más bien, el síntoma visible, la prueba inequívoca de una maquinaria política que opera con una lógica de engaño calculado y mentiras. Es la gran estafa moral y política de este gobierno: usar la fe y los valores del pueblo, que es lo más sagrado que puede tener la nación, como instrumento de poder, mientras se traiciona su esencia desde adentro.
La credibilidad cuesta años construirla, pero basta un instante para perderla. Doña Pilar pasó de ser el pilar, en nombre y en imagen, de la confianza, a convertirse en el centro de la desconfianza de un movimiento político que le creyó a ciegas, seducido por palabras bonitas que hoy se revelan vacías.
En un mundo interconectado, las relaciones internacionales no son solo un juego abstracto entre Estados, sino una red de relaciones concretas que penetran los tejidos más íntimos de la vida política y social de los países. Lejos de actuar como garantes del respeto mutuo o de los valores democráticos que dicen defender, muchos actores siguen empleando mecanismos de dominación neocolonial para disciplinar a los gobiernos y actores políticos que no se alinean con sus intereses estratégicos. Uno de estos mecanismos, cada vez más evidente, es el uso del retiro de visas como arma geopolítica.
Estados Unidos ha perfeccionado un repertorio de instrumentos que van desde la ayuda financiera condicionada hasta las sanciones individuales, pasando por mecanismos diplomáticos como el retiro o la negación de visas a funcionarios públicos de otros países. Esto último, que en apariencia es una prerrogativa soberana, adquiere otra dimensión cuando se convierte en un mecanismo sistemático para castigar disidencias políticas.
En varios países de América Latina —Costa Rica entre ellos— funcionarios públicos y diputados han visto revocadas sus visas por parte de Estados Unidos bajo pretextos ambiguos como “corrupción”, “acercamientos con el Partido Comunista Chino” o “conductas antidemocráticas”. Estas acusaciones, notoriamente vagas y sin debido proceso, tienden a coincidir sospechosamente con momentos en que dichos funcionarios comienzan a criticar al gobierno de Rodrigo Chaves, denuncian su falta de transparencia o alertan sobre el deterioro institucional y el irrespeto a la democracia.
En otros casos, basta con que promuevan una postura de neutralidad tecnológica o reconozcan las oportunidades reales que países como China pueden ofrecer al desarrollo nacional. Esa sola apertura basta para que Estados Unidos, en un gesto abiertamente coercitivo, les retire la visa, dejando en evidencia cómo se instrumentaliza la política migratoria para imponer lealtades geopolíticas y castigar cualquier desviación del alineamiento hegemónico.¿Puede haber una práctica más antidemocrática que esta? ¿Qué dirían los medios, las ONG internacionales y los gobiernos occidentales si estas mismas medidas fueran tomadas por China o Rusia? ¿Cuántas portadas y condenas acumularían entonces?
Este tipo de intervenciones encubiertas no responde a la defensa de principios universales como dicen, sino a la lógica imperial de amigos y enemigos en una época de competencia comercial y tecnológica. Si el gobierno en cuestión es aliado de Washington, entonces toda disidencia interna se convierte en sospechosa; si el gobierno es hostil o independiente, cualquier alianza con otros polos geopolíticos es inmediatamente criminalizada y sancionada moralmente.
La narrativa se sostiene en la vieja estructura binaria del excepcionalismo moral: EE.UU. como juez supremo de lo que está bien y mal, del quién es “democrático” y quién no. Esto reproduce un pensamiento profundamente supremacista, donde las decisiones soberanas de terceros países se subordinan a los intereses estratégicos de una potencia que sigue creyendo que su rol es “guiar al mundo libre”.
El retiro de visas no busca solo sancionar conductas: busca exigir lealtades. Es un mensaje claro a los actores políticos: “Si quieres mantener tu acceso, tus vínculos, tu legitimidad internacional, adopta la línea de nuestros intereses”. Esto revela una forma de colonialismo diplomático: quien no se subordina, es castigado; quien se opone, es marcado; quien mantiene autonomía, es excluido del círculo “respetable” de las naciones.
Así, el retiro de visas se convierte en mecanismos de coacción, diseñados para alinear la política interna de los países con las coordenadas geopolíticas de Washington. No se trata de combatir el autoritarismo o defender la democracia, sino de sostener regímenes afines, incluso si ellos mismos violan derechos, persiguen opositores o concentran el poder. Lo que importa no es la ética política, sino la obediencia política.
Este tipo de prácticas se parecen demasiado a aquello que el propio discurso hegemónico dice combatir: son rasgos típicos de regímenes totalitarios. Señalar, castigar, censurar y excluir a quienes piensan distinto, sin debido proceso ni transparencia, bajo criterios ideológicos y de conveniencia, es exactamente la lógica del totalitarismo que históricamente ha oprimido pueblos y silenciado disidencias.
La paradoja es escandalosa: se sanciona a otros en nombre de la democracia, mientras se emplean métodos que niegan sus fundamentos más elementales. Lo que se impone no es un modelo de justicia, sino un régimen de castigo selectivo, al servicio de una lógica geoestratégica que responde más al siglo XIX que al XXI. Es momento de nombrar las cosas por su nombre. Este tipo de prácticas no son “medidas diplomáticas” ni instrumentos legítimos de política exterior: son actos de intimidación que perpetúan una arquitectura mundial de asimetría, dependencia y miedo político.
Esta crítica no debe confundirse con antiamericanismo. Se trata de una defensa de la soberanía, de la pluralidad política, y sobre todo, de la coherencia democrática. Porque cuando una potencia actúa castigando disidencias, alineando actores internos a conveniencia, y utilizando su poder para callar al otro, no está defendiendo la libertad. Está replicando el manual de los regímenes que dice condenar.
Pocos van a entender esto, quizás dirán que estoy algo obsoleto para la época, pero es necesario decirlo: la cultura del positivismo emocional, el new age y el horizontalismo radical ha dado lugar a una nueva forma de cancelación. Una forma amable en apariencia, pero profundamente violenta en el fondo. Un nuevo orden simbólico que se presenta como espiritual, armónico e inclusivo, pero que en realidad cancela la diferencia, desactiva la crítica y niega lo trágico. Se trata, en definitiva, de una cultura fascista que no usa botas ni uniformes, sino sonrisas, frases motivacionales y cristales energéticos.
El positivismo emocional tan celebrado hoy en redes sociales y espacios de autoayuda por doquier exige una actitud permanente de optimismo, adaptación y gratitud. Se ha vuelto una especie de mandamiento secular: “si no puedes ser feliz, cállate”. La tristeza, el enojo o la crítica son tratados como fallas morales o energías tóxicas, más que como experiencias humanas legítimas. Así, el sufrimiento no se acompaña, se silencia y la soledad junto con la depresión comienzan a reinar. La melancolía no se nombra, se reprime. La crítica no se escucha, se descarta por “negativa”. En nombre de la luz, se instala una censura emocional.
El new age, por su parte, ha transformado la espiritualidad en una mercancía. Promueve una estética de lo etéreo y lo holístico, pero sin profundidad. Es una pseudo espiritualidad sin tradición, sin historia, sin comunidad real. Una espiritualidad a la carta que se adapta al mercado y al narcisismo de la autoayuda. Con frecuencia, se convierte en un instrumento de despolitización: todo problema social se reduce a una falta de “vibración” o “desalineación personal”. Se cancela así la historia, se ignora la injusticia estructural, se le da la espalda al otro. Y mientras tanto, se vende incienso.
El horizontalismo radical, en su afán por democratizar todos los ámbitos y relaciones, ha terminado por erosionar la autoridad legítima, el conocimiento experto y el sentido de responsabilidad. Bajo el lema de una igualdad mal entendida, se equipara lo inconmensurable: la evidencia con la mera opinión, la experiencia con el capricho. Es una dinámica profundamente nietzscheana, como advirtió el filósofo, no hay hechos, solo interpretaciones, pero llevada al extremo de que «todo vale».
El resultado es la parálisis: lo colectivo deviene inoperante, y lo comunitario se diluye en asambleas interminables donde priman la indecisión y el miedo a asumir posturas. Es la tiranía del consenso superficial, donde cualquier crítica a contradicciones estructurales o fallas éticas se tacha de autoritarismo o de resistirse al flujo colectivo. Este nuevo orden cultural que mezcla positivismo, misticismo comercial y horizontalismo mal digerido, ha creado su propia forma de cancelación autoritaria. No persigue con violencia física, sino con desaprobación pasiva-agresiva. No excluye con fuerza bruta, sino con la moralización de lo emocional. Se cancela al que no “vibra bonito”, al que no “cree en la energía”, al que piensa críticamente. Se le aísla, se le invalida, se le acusa de “negativo”, de “tóxico”, de “no trabajar en sí mismo”.
Así, el disenso no se enfrenta, se disuelve. El dolor no se acompaña, se niega. La complejidad no se piensa, se simplifica. Y todo esto se hace en nombre del amor, la armonía y la paz. Pero esa paz es falsa. Esa armonía es superficial. Y ese amor, muchas veces, no es más que un egoísmo disfrazado de virtud. Porque el verdadero amor no cancela, escucha. El verdadero bienestar no niega el conflicto, lo integra. Y la verdadera espiritualidad no esquiva el sufrimiento, lo abraza.
En tiempos donde todo se vuelve apariencia, lo más revolucionario es recuperar la profundidad. Volver a lo real, incluso si duele. Atreverse a sentir la oscuridad sin culparse. A disentir sin miedo. A pensar sin pedir permiso, a volver a tener esa capacidad de discernir, de cuestionar lo incuestionable y de atrevernos a nombrar lo que otros prefieren ocultar. La auténtica transgresión ya no es derribar estatuas, ni negar toda jerarquía, sino distinguir entre el poder arbitrario y la autoridad legítima.
En un mundo que confunde ruido con libertad y consignas con pensamiento, rebelarse es elegir la lucidez sobre la complacencia, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. Porque la oscuridad más peligrosa no es la que carece de luz, sino la que se disfraza de ella.
