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Etiqueta: medios de difusión

La prensa mentirosa y chantajista de Costa Rica seguirá impertérrita

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (28).

Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La discusión seria y profunda, nunca llevada a cabo en este país centroamericano más allá de lo meramente anecdótico y circunstancial, acerca de la naturaleza específica, los contenidos, la forma y los juegos de poder que giran en torno a la propiedad de los grandes medios de comunicación, con diarios impresos, cada vez más escasos, con menos texto y más dibujitos o infografía, con periodistas decadentes que a lo sumo son operadores políticos del régimen y columnistas alineados a una sola línea de pensamiento, además de las televisoras y emisoras de radio con sus (menti) noticieros, los que en su conjunto se consideran los dueños de la conciencia de los costarricenses, además de presumir o alegar que ellos son sus voceros o intérpretes más autorizados, por lo que este es un asunto y una tarea pendiente mucho más importante de lo que mayoría de la población sospecha o simplemente asume como si fuera eso que alguna gente llama “la verdad”: nos han privado hasta de nuestra capacidad de discernimiento unas gentes que son dueños o simples administradores de esos medios.

En una era en la que los grandes medios de comunicación dejaron de ser el cuarto poder, un fenómeno del que se hablaba hace poco más de un siglo cuando Joseph Pulitzer y Randolph Hearst eran los dueños de grandes consorcios periodísticos, unas gentes que sin embargo tenían la virtud de hacer periodismo y del bueno, acudiendo incluso a los procedimientos más inverosímiles en busca de la noticia, de eso ha quedado una valiosa memoria histórica. Eso se acabó hace mucho tiempo,, ahora esos medios son meros apéndices visibles de algunas cadenas de negocios y esencialmente del capital financiero. Lo mismo ocurre en el plano local, el que ha terminado por fusionarse con el internacional, tampoco existen ahora los empresarios y comunicadores locales que hicieron periodismo de calidad y con sentido crítico en este país. La gran pregunta es sí alguna vez surgirá de nuevo un quinto poder, capaz de reeditar las hazañas del pasado.

Es asunto de darse una vuelta por la vecina Panamá un día domingo cualquiera, para percatarnos de que las portadas y páginas interiores del Panamá América, La Estrella de Panamá y La Prensa, entre otros, son las de unos medios que superan en calidad, diversidad de opiniones y oferta periodística al boletín de la oligarquía costarricense, alias La Nación, el único que circula los días domingos en San José de Costa Rica. Ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo bajo que hemos caído. ¿será porque sólo somos capaces de mirar hacia nuestro ombligo, desde una perspectiva en la que el mundo exterior no existe?

Usando la mentira y el chantaje más descarados acaban de protagonizar unas de las campañas electorales más asquerosas de que se tenga memoria en nuestra historia republicana, con el añadido de una serie de insultos y descalificaciones de todo tipo hacia el candidato presidencial que no era de su agrado. El problema es que la mayoría de la gente lo percibe como un evento pasajero, relativo a las campañas electorales y su financiamiento, a lo sumo una travesura de algunos periodistas mal portados.

Con independencia de lo que podamos pensar acerca del presidente Rodrigo Chaves, un personaje que no parece tener grandes diferencias de opinión con sus detractores gratuitos o de oficio, dado que todos comulgan con la religión del estalinismo neoliberal (Luis Mata Guillén, dixit), los medios prosiguen con su campaña sin darle tregua, al parecer con el propósito de lograr su rendición incondicional. Los poderes fácticos necesitan recalcar y recordarnos a los simples mortales ¿quiénes son las gentes que mandan en este país?

Durante los próximos cuatro años, al igual que durante los ocho que acaban de terminar, la contrarreforma neoliberal proseguirá con la misma intensidad, aunque con una nota ultraconservadora que se ha evidenciado hace ya algunas horas, dentro del equipo del nuevo presidente. Eso no hará disminuir el asedio que mantienen sobre él, en la Casa Presidencial de El Zapote se hace lo que digan los dueños del diario de Llorente de Tibás y la Televisora que está en La Sabana. El nuevo presidente deberá someterse y hacerles concesiones importantes, tanto en el mundo de los negocios como en el desmantelamiento del ICE, la Caja del Seguro Social-cuyos regímenes seguirán siendo saqueados, tal y como ha venido sucediendo desde hace ya medio siglo-, lo mismo que el CNP, a liquidar a precios de remate.

La gran pregunta al margen sigue siendo ¿Se convertirá el partido Progreso Social Democrático en una entidad de política de verdad, con metas y hasta programa incluso? Sin duda que esto traería complicaciones para alguna gente poderosa. Por el momento, estamos viendo que los sotanudos y los panderetos reaccionarios estarán en su charco atacando los derechos de las mujeres y los jóvenes, mientras los trabajadores del campo y la ciudad deberán prepararse para una lucha sin cuartel, la que inevitablemente vendrá.

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”

Edgar Chacón Morales

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”. Conclusiones y … realidades que hablan en las urnas

                El sábado 2 de abril hice públicas algunas reflexiones bajo el título: El voto “Qué me da” y el voto “Caperucita Roja”.

Hago esta mención, porque las reflexiones que siguen, están en relación directa con esas otras (https://wp.me/p6rfbZ-hC4).

                Según los resultados de las votaciones del 3 de abril y contadas las papeletas depositadas en más del 90 por ciento de las mesas electorales, estos escrutinios daban a Rodrigo Chaves por ganador. Chaves 972.397 votos, el 52.89% y a José María Figueres Olsen 865.227 votos, el 47.11%.

                Las tres provincias costeras: Guanacaste 53.443 votos a Figueres y 66.747 a Chaves; Puntarenas 57.920 votos a Figueres y 89.256 a Chaves y Limón 47.381 votos a Figueres y 80.665 a Chaves.

                Las provincias de la Gran Área Metropolitana: San José 330.583 votos a Figueres y 315.359 a Chaves; Alajuela 157.321 a Figueres y 204.796 a Chaves; Cartago 120.991 a Figueres y 112.067 a Chaves; Heredia 97.588 a Figueres y 103.507 a Chaves.

                Con estos conteos ya se daba por ganador a Chaves: En Alajuela y Heredia y a Figueres en San José y Cartago. Este último, sólo ganó en dos de las siete provincias del país y Chaves en cinco.

                Siguiendo con las estadísticas, con muy poca diferencia Figueres ganó en San José y Cartago. Con alrededor de quince mil votos en San José y con alrededor de ocho mil votos en Cartago. Mientras que Chaves ganó en Alajuela con una diferencia de alrededor de cincuenta mil votos y en Heredia con una diferencia de alrededor de seis mil votos.

                En las provincias costeras, Chaves ganó en Guanacaste con una diferencia de alrededor de trece mil votos; en Puntarenas con una diferencia de alrededor de treinta mil votos y en Limón con una diferencia de alrededor de treinta y tres mil votos.

                Entonces Chaves ganó en las tres provincias más empobrecidas, olvidadas y abandonadas, con más votos “Qué me da”, que con votos “Caperucita Roja”.

                Por otro lado, en las dos provincias de la GAM que ganó Chaves, sumadas las diferencias, son mayores que en las dos que ganó Figueres.

                El dato relevante acá, es que en las cuatro provincias es notorio el aumento de los signos de pobreza, los datos sobre falta de oportunidades, entre otras evidencias de deterioro social, por lo que tiene elementos de acierto decir que aquí, también el voto “Qué me da” le ganó al voto “Caperucita Roja”.

                Esto es la realidad objetiva. En cuanto a los factores subjetivos, los mensajes de Figueres al voto “Qué me da”, fueron más demagógicos y sin asidero. Mientras que los mensajes de Chaves hacían alusión a tomar medidas dirigidas a bajar los fondos del Estado que “se van” en la corrupción, para crear oportunidades a los sectores marginados, para dar opciones a acceder a algo más que sus tres necesidades básicas: comida, vestido y habitáculo. Y agregar acá, tal vez para algunos, celular y signos externos de marca.

                Según un servidor de transporte público de taxi: “Sí, es que la gente piensa, y se lo digo porque aquí se sube toda clase de gente: Si el dinero de la corrupción sólo va a dar al bolsillo de los ricos, mejor que roben pero que venga a dar algo a nosotros. Porque Chaves no es ninguna “santa paloma”, también va a robar”.

                El voto “Caperucita Roja”, con sus miedos, con el susto sobre que Chaves va a terminar siendo un dictador de bigotito corto y pelo alborotado, no aportó lo suficiente para un gane.

                Tampoco alcanzó el juego de algunos personajes de entrevista, de “medios de comunicación” (que no son medios porque no median) de aquellos canales unidireccionales o correas de transmisión que sólo llevan des información en un sentido; esos a los que con desatino les dicen “prensa vendida”, sin saber que no es vendida sino parte del festín.

                El voto tradicional de saga, con actitudes irreflexivas y desinformadas, se apresuró a degenerar refranes y dichos. Esta población, fue capaz de transformar el refrán “Mas vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, primero en “más vale lo malo conocido…” y luego en “más vale ladrón conocido…”, esto desde la primera vuelta del 6 de febrero, no sólo ante la disyuntiva Chaves-Figueres. La dignidad ciudadana parece que fue escondida por un miedo irracional, el conformismo, o el desinterés por informarse.

                Aquí llegan al recuerdo cosas como: “Es que mi abuelita me hizo jurar que no iba a botar por otro partido”, sin reflexionar que esos eran los tiempos de Don Pepe y del Calderón Guardismo y no los tiempos de los que, con sus actos, han permitido que les llamen “Pinocho”, “Chemisillo”, o hasta “el hijueputa”, como uno de ellos lo admite y de otros que ellos mismos han patrocinado para convertirlos en azotes, para toda la población, que no es parte de sus grupos.

                Recuérdese que cuando Figueres quiso evidenciar a Chaves como acosador, éste lo desnudó como agresor y abandónico.

                Veremos si Chaves le sigue la pista al negocio de la energía privada, negocio de Figueres y otros. Tal parece que no.

                Por otro lado, lo que para unos y para Chaves mismo parece “trapito de dominguear”, para otros es una vergüenza: funcionario del Banco Mundial, una organización nefasta para pueblos y países empobrecidos, en lo que, entre otros, este organismo tiene responsabilidad.

                Algo o mucho, parece decir que el tiempo del PLUSC, cuando familias tenían un miembro en cada partido, sin importar cuál gana, está terminando, ufff.

                Así también, el voto que le dio la pérdida a Figueres, es aquel voto de quienes ya están hartos de tanta corrupción y descaro y de otros que, con pragmatismo dicen: “Y para mí cuando”.

                Ahora bien: Tanto Figueres como Chaves, los dos fueron a ofrecerse y pedir votos, a los “demonios de la Ideología de género”, los dos parecen congeniar los mismos intereses de servidumbre y propia servidumbre, ya se fueron a buscar entre ellos y se hicieron ofrecimientos mutuos y ya parecen delinear el camino: ellos ganan y los demás perdemos.

                Tiempo para reflexionar: con la mayoría del voto “qué me da”, podría pensarse en un trabajo, para que sea protagonista y no sólo la mayoría manipulada que pone la mano en los procesos de votación.

                Al voto “Caperucita Roja”, le queda entender que el miedo no es el mejor motor.

                Al voto tradicional de zaga, le queda preguntarse y responderse: ¿va a la zaga de qué o de quiénes?

                En fin, según aquellas palabras de Joseph de Maistre: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Abril de 2022.

Los perdedores, los ganadores y la izquierda

Oscar Madrigal

La sorpresa no es que Figueres haya perdido. Lo sorprendente es que no haya sido barrido electoralmente. Prácticamente en todas las elecciones de América Latina la corrupción ha sido el tema definitorio y Figueres reunía todos los componentes de la corrupción: había recibido comisiones de Alcatel y representaba al Partido, que casi por definición, es la corrupción personificada. Al final de la campaña logró aglutinar a algunos sectores políticos y sociales que vieron en Chaves un contrincante aún peor. Liberación Nacional perdió no solo por representar la corrupción sino porque durante los últimos años ha cogobernado con el PAC; de su cosecha fueron las leyes más negativas contra el movimiento social y avaló con entusiasmo la contrarreforma neoliberal. Así que pagó su apego a un neoliberalismo viejo y hasta superado. El futuro de este partido es un cambio no solo de líderes sino de mensaje o seguirá el camino del PUSC.

El otro gran perdedor de esta campaña electoral es la prensa. Trataron por todos los medios de impedir que Chaves ganara y fracasaron. La prensa escrita y televisiva -habrá que estudiarlo mejor- han perdido legitimidad y credulidad. El resultado puede indicar que ya el pueblo no les cree o no son ya los grandes determinantes de lo que llaman la “opinión pública”. Los directores de esos medios deberían presentar las renuncias irrevocables a sus puestos, tal y como ellos exigen de los políticos. Las redes sociales pasaron a jugar un papel más importante, aunque los mensajes fueron igual de manipulados y mentirosos.

Los movimientos sociales fueron presa de su falta de estructuración nacional y de unidad popular por lo que no lograron reaccionar a tiempo ante las propuestas regresivas de Chaves en el campo ambiental, de mujeres o social. La enseñanza podría ser la indispensable coordinación y unidad de ellas para ejercer una influencia importante en los asuntos de Estado.

Rodrigo Chaves venció siendo el abanderado de muy diversos sectores sociales, desde un sector importante de la burguesía, de las clases medias altas, pero lo que definió su triunfo fue el apoyo de los grupos sociales más pobres de las costas y la zona norte. En el centro del país prácticamente empató y definió con los grupos más empobrecidos, los olvidados de siempre. Chaves logró personificar el combate a la corrupción y las argollas políticas; ofreció eliminar las pensiones de lujo, eliminar monopolios como los del arroz y las medicinas, reducir la evasión fiscal y cambiar el acuerdo con el FMI. Ya veremos.

¿Y el Frente Amplio que es la izquierda de este país? Creo que se le abren grandes posibilidades de desarrollo y crecimiento con vistas a convertirse en una alternativa real de gobierno en las próximas elecciones. Su postura parlamentaria debe ser de oposición RADICAL, sin que eso signifique dejar de ser una fuerza propositiva, entendiendo por radical hacer propuestas que ataquen los problemas desde la raíz.

Se dice que nos espera la calle. Es posible. Pero ello será positivo si la calle se une con una propuesta, un programa alternativo que logre emocionar y motivar a los amplios sectores productivos y sociales del pais. De lo contrario seguiremos golpeando la cabeza contra una pared o dando vuelta en un mismo círculo.

En los límites de nuestro Estado Social de Derecho

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (23).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

¿QUÉ O QUIENES FUERON LOS GRANDES AUSENTES EN EL DEBATE ELECTORAL DE ESTE MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022 ORGANIZADO POR EL DIARIO EXTRA?

Aunque a muchos les parezca increíble, e incluso desproporcionado, este juicio que voy a emitir: yo pienso que esos ausentes no fueron personas físicas, sino más bien otros factores que representan la exteriorización del final, ya manifiesto e inevitable, de nuestro estado social de derecho y de la Segunda República, dentro de la que su institucionalidad se materializó, aún en medio de la ofensiva neoliberal iniciada en la segunda mitad de los años ochenta. Dado lo anterior, resulta innegable que, en medio de este debate, faltaron esos componentes esenciales del pacto social de hace setenta años, del que tanto abominaron la oligarquía costarricense y sus principales medios de comunicación por haberle dado continuidad a la reforma social de los años cuarenta, a los que ahora el mundo de la vieja política en el peor sentido del término, representado tanto por Figuerillos, como por los restos del PLN, los “progres” del PAC, los “reaccionarios” del PUSC y algunos pseudocristianos, se encargó de sepultar con una batería de leyes antipopulares, llegando incluso a criminalizar la protesta social y a blindar a los evasores fiscales y tenedores de títulos de la deuda interna.

El otro candidato presidencial, ese que vino de afuera como un auténtico outsider, no es un socialdemócrata ni tampoco se atreve a defender ese legado histórico, del que al parecer no se siente parte, de ahí la arena movediza en la que parece desplazarse, a pesar de algunos señalamientos acertados que formuló al inicio del debate, cuando aún las recriminaciones y amenazas recíprocas no habían comenzado a ponerse de manifiesto, a propósito de temas como el financiamiento de las campañas electorales, dentro unas mal llamadas “elecciones libres” que nunca lo han sido, pero que han resultado ser un excelente negocio para dos o tres banqueros que se han convertido en los árbitros de la política, de ahí que quien no tiene plata no puede entrar en esa absurda competencia, a no ser que disponga de otros medios como en el caso de Rodrigo Chaves, suscitando la ira de sus adversarios. Por lo demás, pienso que ya es hora de abandonar tanta credulidad y estupidez manifiestas, miremos de frente lo que sucede en nuestro país, precisando así los límites entre lo real y lo irreal.

En efecto, lo que sucede es que ambos candidatos presidenciales no logran identificar, de manera pública y bien precisa, los elementos de la mentada crisis por la que estaríamos atravesando, en esencia ambos se equivocan al definirla como coyuntural, y sí piensan –tal y como lo dijeron- que podrán enmendar rumbos que ya fueron definidos en otros tiempos, en otros escenarios y por parte de otros actores sociales. La inmensa deuda pública y sus intereses de mora los harán actuar como marionetas del Fondo Monetario Internacional y de los usureros, toda una capa social de consumados evasores fiscales.

Son esos elementos coyunturales, exteriorizados en el transcurso de una mediocre e insípida campaña electoral, los que nos impiden captar una panorámica del escenario histórico como la que estamos viviendo, muy a pesar nuestro, aunque tendamos a darle la espalda a la realidad: Estamos en los inicios de una prolongada época de retroceso social y político, una que marcará en esencia todos los componentes de nuestro mundo social y político, a lo largo de  la tercera década del siglo XXI, como un proceso propio de la larga duración histórica. Esto apenas está empezando.

Cuando decimos “No a la guerra”, ¿qué decimos?

Leopoldo Cook

Leopoldo Alberto Cook y Antonorsi

23/03/2022

  1. Es importante precisar que “guerra”, hoy en día, no se refiere sólo al uso de la violencia con armas físicas (convencional). Por guerra entendemos a todas sus generaciones, hasta la quinta generación. Por tanto, trasciende al enfrentamiento entre bandos mediante el uso de armas de fuego en forma convencional, incluye también la guerra asimétrica, la guerrilla, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la propaganda, con inclusión de la cibernética y de la población civil, la política, las finanzas. En ella intervienen estados y grupos privados mercenarios. Ocurre en todo el planeta.

Oponerse a la “guerra” sólo cuando esta se manifiesta en la forma convencional es simplista.

Oponerse a la “guerra” sólo cuando la visibilizan los medios de comunicación privados es complicidad.

  1. Ser no violento es diferente de ser pacifista. El pacifista en general se opone al uso de la violencia en cualquier circunstancia (y debería recurrir al término amplio de violencia). El No violento busca el mínimo grado de violencia posible, pero teniendo en cuenta que hay una gama de principios y valores tan importantes a la paz y a la vida.

Por ejemplo, el mismo Gandhi aconsejó a un campesino, durante su larga investigación en la región de Champarán, que, si un terrateniente pretendía abusar de su hija, defendiera su dignidad con una escopeta, si era necesario. La dignidad está por encima de la No violencia. Y en la Guerra Mundial, siendo la India parte del Imperio Británico, en lugar de aislarse, Gandhi optó por participar en apoyo a Inglaterra, si bien en los cuerpos de enfermería. Entendió que se luchaba contra el fascismo.

He citado muchas veces los casos de Mandela, Camilo Torres y hasta la Iglesia Católica que ha llegado a justificar la “guerra justa y la insurrección revolucionaria en el caso de tiranías evidentes”. La “paz” no es un valor absoluto. En aras de la “paz” no podemos cerrar los ojos ante el avance del fascismo.

  1. Cierto que es de lamentar el uso de las armas en el caso Rusia – Ucrania – OTAN. Pero sería ingenuo ignorar los dos puntos anteriores. Sería como quien llega a un sitio y presencia una pelea ya comenzada, y reclama el uso de la violencia por quien en ese momento tiene el puño alzado. No se toma la molestia de averiguar qué sucedió antes, contra quién esgrimía el puño y por qué.

¿No lleva la nación de EEUU décadas, siglos, con el puño alzado contra los pueblos del mundo? ¿No ha estado impulsando la guerra en todas sus modalidades y generaciones? ¿No viene avanzando hacia un intento de control global del Planeta? ¿No es el principal enemigo de la humanidad (aunque no el único)? ¿No es una representación clara del fascismo?

La guerra es nuestro enemigo. Pero por encima de ese enemigo, está el neoliberalismo, causante de la guerra. Si se sale con las suyas, habrá un mundo unipolar, tiránico, fascista. Para llegar a la paz hay que pasar por la multipolaridad.

La Constitución Mundial para la Federación de la Tierra es el mejor instrumento para llegar allá.

El panorama electoral en Costa Rica. Una elección extraña, pero agitada en sus entrañas

Vladimir de la Cruz

Las elecciones en Costa Rica, que se realizarán el próximo 6 de febrero, para elegir Presidente y dos Vicepresidentes, y 57 diputados,  están en una etapa extraña, comparadas con otros procesos electorales anteriores. 

Lo usual ha sido que desde el mes de noviembre, cuando se abre el proceso electoral, para actividades públicas de los partidos y sus candidatos, hasta 3 dias antes del día electoral, 6 de febrero, en este caso, se realice una intensa actividad propagandística en medios de comunicación y en vallas publicitarias, por parte de los distintos partidos políticos y sus candidatos.  

La ley electoral obliga que aquellas instituciones de carácter público, como universidades, la televisora y la radio nacional, o que reciban fondos públicos, están obligadas a tomar en cuenta, para invitaciones a debates, a todos los candidatos presidenciales, sin discriminación alguna. Pueden hacerlo por grupos de candidatos pero no pueden dejar a nadie fuera. 

Hasta la campaña electoral de 1997-1998 era usual que instituciones públicas y privadas invitaran a quienes quisieran. Un Recurso de Amparo constitucional, que interpuse, en enero de 1998, contra un debate de dos medios de comunicación, en el que no me tomaron en cuenta, siendo candidato presidencial, en ese momento, lo gané judicialmente y se obligó a que se me invitara o tomara en cuenta. Los medios de comunicación cancelaron el debate programado entre los que ellos consideraban eran los dos principales candidatos.  

A partir de esa Resolución en los procesos electorales siguientes se tomaron en cuenta a todos los candidatos.  

La legislación luego se reguló para que las instancias privadas pudieran invitar a quienes quisieran, mientras las públicas obligadamente debían considerar a todos los participantes, como se viene haciendo desde el 2006.  

Cuando participan pocos partidos políticos el manejo de debates con candidatos presidenciales se puede hacer más democrático con la participación de todos. Pero, cuando participan muchos partidos políticos se hace más complicada la logística de considerar a todos los candidatos para un debate político, de allí, la necesaria selección de candidatos para diversos debates. La sola escogencia de candidatos, para cada debate, provoca reacciones entre ellos, especialmente de los candidatos que quieren ser tomados en cuenta con los que se consideran más importantes.  

La consideración de los más importantes deviene de la historia de los mismos partidos políticos, si han sido gobernantes o no, si han participado en procesos electorales o no, si sus candidatos son conocidos dirigentes políticos o son nuevos, y en muchos casos, totalmente nuevos, que participan por primera vez, sin historia electoral alguna, como esta sucediendo con algunos candidatos. 

En las elecciones de Costa Rica del 6 de febrero participaron 25 partidos con candidatos presidenciales, lo que evidencia la dificultad de realizar estos debates. Por instituciones públicas hasta este mes de diciembre no se ha hecho ninguna presentación de candidatos.  

Instituciones privadas, cámaras empresariales, asociaciones sociales, y medios de comunicación, han realizado pocos debates tomando en cuenta hasta cinco candidatos, escogidos por ellas, de los 25 inscritos, o han realizado entrevistas selectivas a algunos de ellos, obviamente discriminando o no tomando en cuenta al resto. 

En la determinación de escogencia de candidatos influye también el índice de conocimiento que empiecen a tener en las distintas encuestas, de las casas encuestadoras oficialmente inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, únicas autorizadas para hacer publicaciones sobre intencionalidad de votos.  

Esto influye también en la posibilidad de financiamiento bancario, tanto de bancos privados como públicos, para que mediante créditos o fideicomisos, con respaldo al posible derecho de financiamiento público, post electoral, puedan tener los partidos políticos. Hasta esta fecha solo cinco partidos se han favorecido por financiamiento crediticio de bancos privados para su campaña electoral. 

En Costa Rica existe la norma constitucional, desde 1949, de financiamiento público de las campañas electorales. El origen de esta norma fue quitarle al capital la posibilidad de ser los dueños y amos de los procesos electorales y de control de los partidos políticos y sus candidatos, y facilitar de esa manera, una participación más democrática. 

El procedimiento que se siguió, desde 1996, para financiar las campañas electorales fue de que tendrían derecho a reconocimientos de gastos de campaña aquellos partidos que obtuvieran un 4% o más de votos o que eligieran al menos un diputado.  

Los partidos políticos están obligados, en su inscripción, de presentar un presupuesto de gastos de toda la campaña, que por presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, no puede modificarse. Contra este presupuesto y sus facturas de gastos, el órgano electoral define la validez de los pagos de aquellos partidos que logren pasar el umbral del 4% o de elegir diputado. El análisis de facturas y gastos es riguroso y ya ha ocurrido que a partidos políticos les encausen penalmente a sus Tesoreros o responsables de los manejos financieros de las campañas electorales. 

Contra ese posible financiamiento público es que los bancos se abren para apoyar a algunos partidos, según sus propios análisis, y sus propias encuestas, para asegurarles fondos a algunos partidos políticos, que negocian esos financiamientos hasta con 30 o 40% de descuento de sus bonos electorales, de  su posible derecho de financiamiento electoral. Así, si un banco recibe 2000 millones de colones en bonos electorales, autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones contra su posible resultado electoral, como garantía, por un crédito, a un partido, el partido en realidad recibe 1200 o 1400 millones, según el porcentaje negociado a favor del banco, con riesgo  mutuo, salvo cuando los bancos también se aseguran con bienes u otros avales más reales, que un posible resultado electoral. 

Esto en la práctica hace que la mayoría de los partidos políticos no tenga posibilidad de financiamiento para su campaña electoral, haciendo que el proceso electoral sea muy discriminatorio para los partidos nuevos y pequeños.  

En la historia electoral del país, desde 1953,  alrededor del 96% de los partidos no recibe ningún apoyo financiero público para sus campañas, a pesar de la norma constitucional, que en buena lógica, debería estar abierta a financiar, contra los resultados electorales, a todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos sacan votos y cada ciudadano es igual independientemente a que partido pertenezca, o le dé el voto, donde cada elector, a estos efectos, tiene un valor económico, que se contempla en el 0.11% del PIB, del año anterior a la elección, que garantiza esos gastos electorales nacionales de cada campaña electoral. 

Veinticinco partidos inscritos, me parece, ha paralizado la propaganda en este período de noviembre a diciembre. El impacto del gasto electoral se hará sentir, en propaganda, en enero, mes previo al día electoral, para hacer sentir el peso de los partidos, de los candidatos, de anular propagandísticamente a los otros partidos, de aturdir y atontar a los electores, de hacerse sentir más para la atracción de votos. Y, hasta para hacer una reserva de dinero, entre los partidos que tienen posibilidad de ir a una segunda ronda, en caso de que el 6 de febrero ninguno de los partidos pueda lograr el 40% de los votos para elegir presidente. Sucedió en la campaña electoral del 2014 que el partido Liberación Nacional, prácticamente había gastado todo su presupuesto en la primera ronda, quedándose sin dinero para la seguna, mientras su otro contendiente, el partido Acción Ciudadana, tenía una cifra de dinero muy sustantiva para esa segunda ronda, porque no había hecho tanto gasto en la primera, lo que le facilitó su triunfo, inesperado y sorpresivo para este partido que no esperaba llegar a esa segunda ronda, como igualmente fue su resultado ganador en la elección del 2018. 

Hasta hoy, entonces, hemos tenido, una campaña electoral desteñida, sin aspavientos electorales, sin que se sienta propaganda alguna, y probablemente no habrá tampoco anuncios de saludos de Navidad y Año Nuevo, en medios de comunicación, que sí se permiten por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Cuando se aprecia el panorama de elección de diputados se hace más compleja esta situación. Costa Rica tiene siete provincias, que eligen cada una su respectivo número de diputados. Los 25 partidos nacionales con candidatos presidenciales también participan en todas las provincias con sus propios candidatos. Hay también partidos políticos que solo participan para elegir diputados, en las respectivas provincias. Así mínimo hay 25 partidos nacionales con candidatos a diputado en cada provincia, pero, en general, suben a más, hasta 32 partidos en una provincia. Esto dificulta mucho darle espacio a los candidatos por provincias, si de entrevistas se trata, en instancias públicas y privadas. Lo usual es invitar a los diputados que encabezan las listas de cada partido en cada provincia, lo que ya es, por el número de partidos, imposible de realizar. Hasta hoy no se han hecho encuentros de este tipo.  

En enero es imposible. Serán candidatos bastante invisibles y “anónimos” en su realidad, más allá del esfuerzo individual o partidario que realicen los candidatos a diputados en sus respectivas provincias y cantones. Para ellos pesará el candidato presidencial de sus partidos que puede halar a diputados a su posible elección. 

Esta elección en este sentido ha hecho que de los 25 partidos nacionales, el 60 % de ellos lleve a su candidato nacional también como candidato a diputado, lo que la legislación permite, en una doble candidatura. Esto es así porque a todos los efectos públicos la campaña electoral gira alrededor de los candidatos a presidente. Aún cuando casi no tomen en cuenta a muchos de estos candidatos nacionales, no dejan de tener presencia, y eso les puede producir una ligera ventaja para su posible elección como diputados, sobre los que no son a la vez candidatos presidenciales.  

Desde el 2002 que se permite la doble candidatura, no ha ocurrido que un candidato presidencial, no electo presidente, sea electo como diputado. En esta ocasión hay más posibilidad para algunos de estos candidatos que en el pasado, lo que se verá hasta el 6 de febrero. De suceder podría tener una ventaja legislativa de llevar a su seno candidatos presidenciales, jefes reales de sus partidos, especialmente aquellos que tienen más liderazgo político, lo que permitiría más capacidad parlamentaria para lograr acuerdos políticos, que son muy necesarios para la gobernanza nacional que viene con el nuevo gobierno, a instalarse en mayo próximo, tanto los diputados como el Presidente. 

La preocupación que circula en círculos políticos y económicos es la posibilidad de que haya una gran cantidad de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que imposibiliten la gobernanza o la entraben en su toma de decisiones. Por ahora no lo veo así. No me parece que el resultado electoral vaya a alterar el número de partidos y fracciones parlamentarias que hoy existen en el Congreso costarricense. 

El esfuerzo que se realiza por los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen verdadera posibilidad de ganar la presidencia de la República, es triunfar en la primera ronda, el 6 de febrero, de allí la intensificación de propaganda que se hará en enero. No va a ser fácil. Se requiere el 40% de los votos válidamente emitidos.  

El número de electores, en números redondos, está en 3.5 millones. Suponiendo que pueda haber un abstencionismo de un 30%, que ha sido el promedio del abstencionismo de las campañas electorales del siglo XXI,  hace que  los electores sean 2.450.00, y para ganar se necesita el 40% de estos, alrededor de los 980.000 votantes, cifra que no ha sido alcanzada en el pasado electoral costarricense por ningún partido. 

Otro elemento que enrarece el ambiente actual es el fraccionamiento de tendencias políticas en el actual escenario electoral. Así, con el nombre que reivindica la  socialdemocracia  hay cuatro partidos, entre ellos el histórico Liberación Nacional, con su candidato José María Figueres, hijo del fundador del partido, también expresidente de la República, bajo la bandera del social cristianismo, y del cristianismo no católico, hay seis partidos, entre ellos el de Fabricio Alvarado, quien quedó de segundo en el pasado proceso electoral del 2018, hoy aspirando a una doble candidatura, y Rodolfo Piza, que entra separado de la Unidad Social Cristiana, a quien levantó como partido en las últimas dos campañas electorales, también con doble candidatura,  los libertarios o neoliberales que van divididos en cinco partidos políticos y la izquierda, sin participación de los comunistas históricos, va con tres partidos nacionales, y suma el propio partido de gobierno, Acción Ciudadana, que enfrenta el reto más importante, como sucedió con Liberación Nacional, en la elección del 2014, de ir a un tercer gobierno consecutivo, lo que  no ha logrado ningún partido político nacional. 

La indecisión mostrada en encuestas por los electores y ciudadanos ante el proceso electoral, que alcanza un 70%, no dice que sea una masa abstencionista. Eso está directamente ligado a la gran cantidad de partidos políticos que estaban en proceso de inscripcion, y que sin campaña publicitaria, produzca esa indecisión, afiliación o escogencia de candidatos.  

Los resultados electorales desde 1953 hasta el 2018 señalan que simpre ha votado un 70% de los electores, lo que hace que el abstencionismo real, en ese mismo período sea del 30%. Esto no tiene por qué cambiar. Mi impresión hoy es que el abstencionismo podría bajar un poco, especialmente por lo tensa que será la campaña en enero. La indecisión la han querido mostrar como abstencionismo, lo que no es correcto. 

La segunda ronda se estará definiendo en la segunda quincena de enero, cuando volvamos a preocuparnos en este espacio, de este final electoral, que ahora parece raro, porque las aguas de la superficie no se mueven, pero las corrientes que están por debajo se muestran agitadas y con grandes remolinos, que tendrán su función de tragarse a candidatos. Ya veremos y estaremos atentos al movimiento de estas aguas. 

 

Artículo publicado en Wall Street International Magazine, compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica: una democracia bipolar

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez

(Anotaciones al margen leyendo a Boaventura de Sousa Santos)

            Costa Rica es una democracia que padece una especie de bipolaridad. Una patología consistente en ser, por un lado, una democracia formal (electoral) bastante desarrollada y hasta ejemplar en el mundo, pero a la vez, una democracia real (participativa) bastante débil, diríamos que raquítica. Los mecanismos puramente normativos existen: un tribunal electoral independiente, eficiente y con credibilidad; un régimen de partidos políticos amplio y relativamente accesible; contiendas electorales regladas y pacíficas; y un comprobado respeto por los resultados del sufragio. Sin embargo, todo eso está muy lejos de una efectiva intervención e influencia ciudadana en las decisiones que finalmente se imponen. El poder real de la ciudadanía sobre la escogencia de candidatos a la Presidencia o a la Asamblea Legislativa no existe, queda en manos de reducidos grupos, asambleas o convenciones partidarias, cuando no, en simples encuentros de amigos; en la mayoría de los casos, es mediante vínculos familiares (nepotismo puro y duro) o religiosos (fundamentalismos morales) como se manejan las posibilidades fuertes de elección; los procesos de financiación adolecen de opacidad y subterfugios sin control, uno de cuyos peores síntomas es la compra-venta de bonos conforme los requisitos de la deuda pública adelantada; y, además, un círculo vicioso que liga los pronósticos de encuestas con el poder financiero de los bancos –ahora sobre todo privados- sellan el destino de más de una candidatura.

            En la práctica no se ha querido modificar esta realidad. No ha sido posible asegurar a toda propuesta electoral un mínimo razonable de difusión y conocimiento entre la población. Sigue habiendo una dependencia total de la propaganda a los medios financieros y de comunicación de masas y, en fin, el poder económico bien puede manipular quién si, y quién no, tiene chances reales de obtener un buen resultado en las urnas. Parece imposible, hasta ahora, que quienes resultan electos en medio de esta atmósfera viciada vayan a querer cambiar las reglas del juego.

            Para mal de todos, el funcionamiento estable de la democracia formal-electoral no ha impedido el deterioro creciente de la democracia real en tanto forma de organización política concebida para asegurar a toda la ciudadanía, no sólo el respeto a sus derechos fundamentales, sino también el acceso a los servicios públicos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, energía, nuevas tecnologías). Los defectos señalados en los procesos electorales y la lejanía práctica entre electores y elegidos, ha puesto en crisis el principio de representatividad. Cada vez la calificación de la gente al Parlamento o al Ejecutivo es más severa y hasta brutal. No hay manera de que un ex-presidente de la República, haga lo que haga, conserve un poco de prestigio y estima popular. La representación popular en Costa Rica se ha convertido en un auténtico ejercicio vital, sólo para masoquistas.

            Pero además, en lo importante, como si se tratara de ese bulto, grano o lunar sospechoso que crece sin cesar y que indica que algo grave, profundamente malo, nos está carcomiendo por dentro, la inequidad social, medida por un índice “gini” cada vez más cercano al valor “1”, es decir, cada vez más revelador de una concentración peligrosa de la riqueza social en pocas manos, nos advierte que, en efecto, somos un organismo democrático seriamente polarizado.

            Otra cuestión clave en esta deriva bipolar de la democracia costarricense tiene que ver con una curiosa ambigüedad en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Aunque gracias a presiones externas, la Sala Constitucional ha terminado por confirmar derechos esenciales para algunas minorías (fecundación in vitro, matrimonio igualitario y un buen número de otros derechos particulares), con efecto directo en la esfera individual de las personas; pero ha fallado estruendosamente en cuanto a la custodia de los derechos humanos de carácter colectivo, al bendecir una reforma fiscal nada progresiva; una reaccionaria prohibición de la huelga en el sector público; y una ley de empleo público que contiene, entre otras perlas, un “derecho” a la objeción de conciencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, serios retrocesos en todo aquello que tiene que ver con el tema laboral y una apuesta por el sacrificio de los sectores trabajadores del país, cuestión que parece vital para la afirmación de una economía fanáticamente adherida al modelo neoliberal, y que ha contado con la complicidad de una justicia que ha hecho auténticos malabares con la Constitución Política.

            Me temo que la debacle del PAC en la última contienda electoral tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Es cierto lo que se ha señalado como causas de este fenómeno: la inviabilidad de un tercer período de gobierno; el hecho de dar la espalda a los sectores medios, urbanos y educados que fueron su apoyo tradicional; la debilidad de las candidaturas; la asfixia financiera a que fue sometido el partido; el gobierno Alvarado Quesada que, en temas económico-sociales de gran trascendencia, terminó asumiendo la agenda neoliberal y pagando el coste político que implicaba, y que se suponía prioridad de otros; y, en fin, el “deporte” nacional promovido por importantes medios de comunicación y redes sociales en orden a desprestigiar la institucionalidad pública y la gestión de cualquier gobierno, cualesquiera sean sus logros o fracasos.

            No obstante, en este diagnóstico convencional se ha dejado por fuera una causa esencial. La promesa cardinal del PAC no fue ni siquiera la eticidad en la gestión pública. Antes de eso, se propuso la “acción ciudadana”, es decir, el reencuentro de la gente con la democracia participativa, la posibilidad de rescatar el legítimo principio de representatividad; el trabajo con organizaciones de base según temas e intereses sectoriales y, en fin, la recuperación de la confianza en que se iba a escuchar y atender las demandas de la gente. Sin embargo, en medio del fragor político y electoral de estos últimos veinte años, esta fue una cuestión esencial que se dejó de lado, una alternativa que no se cuidó ni se fortaleció y que no quiso, o no pudo, capitalizar los movimientos sociales en contra del Combo ICE o el rechazo al TLC. No sé qué van a hacer los responsables de esta agrupación política a futuro, pero si algo me parece elemental, es que tienen que definir con absoluta claridad -como lo tendría que hacer cualquier otra agrupación partidaria que pretenda salvar nuestra democracia-, tópicos esenciales como: si siguen creyendo en la acción y participación de la ciudadanía; si, en la dicotomía entre libertinaje (bandera neoliberal) y democracia (participativa), tienen claros cuáles son sus límites y qué están dispuestos a rescatar en razón de una convivencia democrática efectiva; también tienen que definirse sobre si los derechos humanos son sólo cuestión de reivindicaciones individuales o, necesariamente, cuestión de conquistas colectivas esenciales. Tendría que comenzarse por hacer un inventario de los temas/problemas que están incidiendo en esa yaga abierta llamada “inequidad” y decirle a la población costarricense si se va a seguir estrujando a la clase trabajadora (pública y privada) en cuanto a regímenes salariales y de pensiones; si el modelo de desarrollo nacional pasa por tomarse en serio el cambio climático y las estrategias de energías limpias; si se va a pagar la enorme deuda pendiente en materia de violencia y desigualdad contra las mujeres; si se van a tutelar los derechos de las poblaciones originarias, su cultura y su derecho a la tierra; si el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se va a llevar hasta sus últimas consecuencias; y si, para terminar con estos ejemplos, algún día se le va a entrar en serio a la defraudación y elusión fiscal para que cada quien contribuya en la medida de sus posibilidades y el Estado tenga recursos para la prestación de servicios estratégicos.

            En conclusión, en el marco de un capitalismo que parece tener largo aliento, a la par de respetar la propiedad privada y la iniciativa empresarial, de lo que se trataría es de contener la voracidad extractiva sobre la naturaleza y la desalmada especulación financiera del capitalismo salvaje, con el propósito de afirmar los valores de una democracia participativa que traiga equilibrios, que cierre brechas, y donde las personas estén siempre por delante del lucro y la acumulación insaciables de unos pocos.

Panorama gris para el empleo público

SITRAINA

El nivel de autoritarismo que se está pronunciando en la arquitectura jurídica nacional es alarmante. Uno de los principios fundamentales de la democracia es el pluralismo que le garantiza participación política, efectiva y real, a las diversas posiciones sobre la administración de la cosa pública. Para garantizar el pluralismo, contrario al autoritarismo que implica un sometimiento a una sola autoridad, el equilibrio de poderes es un pilar fundamental. De la necesidad del equilibrio de los poderes deriva la independencia de los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las autonomías municipales y universitaria y la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los medios de comunicación masiva que representan la voz de los principales grupos de poder de este país se han encargado de estigmatizar a los sindicatos en una descarada campaña, generada después de la lucha en contra del TLC. Sin embargo, el desprestigio de los sindicatos en el fondo conlleva un profundo menosprecio por la libertad sindical y la negociación colectiva porque implican un equilibrio de poder entre la parte patronal y la parte trabajadora, una manifestación práctica de pluralismo político y un obstáculo para toda pretensión autoritaria de gobierno.

La reciente aprobación en segundo debate del Expediente 19431 o el proyecto de ley Marco de Empleo Público no es en realidad una medida de contención de gasto público, sino un abaratamiento de los bienes y servicios que presta el Estado para garantizar justicia y bienestar social. Bajo un argumento falacioso se ha hecho pensar a las masas que el problema fiscal es el “gasto” público y que recortando el “gasto” del Estado se solucionarán los problemas económicos. Ahora bien, lo que los/as neoliberales llaman “gasto” en realidad es “inversión” en salud, educación, agua, electricidad, seguros y calidad de vida que garantiza justicia y bienestar social para el pueblo costarricense. O sea, quieren desmejorar las condiciones de vida del pueblo para justificar un chivo expiatorio (el “gasto” público) que deje en el silencio la verdadera causa de la crisis económica: el fraude fiscal.

Además, este proyecto representa un avance del autoritarismo y un retroceso democrático en lo que concierne al pluralismo y el equilibrio de poderes, ya que imposibilita que la clase trabajadora de una institución negocie a través de sus sindicatos con las autoridades administrativas de la institución las condiciones salariales, mismas que son impuestas por MIDEPLAN.

Además, estas nuevas potestades de MIDEPLAN (un ente del Poder Ejecutivo) se aplicarán a todos los puestos comunes (el sector administrativo y de servicios no especializados) del Poder Judicial. O sea, el Poder Ejecutivo tendrá injerencia directa en los nombramientos del personal administrativo del Poder Judicial. Luego, esto constituye un golpe antidemocrático en contra del pluralismo y la independencia de los poderes de la República.

En conclusión, este proyecto de ley aprobado por la actual Asamblea Legislativa no es un proyecto de empleo público e implica un desmantelamiento descarado del orden jurídico nacional.

 

Foto: Archivo ODI, UCR

¿QUÉ PARTE NO ENTENDISTE?

Oscar Madrigal

El movimiento FEMINISTA es el fenómeno revolucionario más importante de los últimos 50 años. Si entendemos por Revolución el cambio en las relaciones de poder, el feminismo se propone cambiar las relaciones de poder de manera radical en casi todos los ámbitos de la vida: las relaciones de poder en el Estado, en la familia, en la Iglesia, en la cultura, en la educación… La lucha es contra la raíz de la discriminación generada por un enemigo poderoso que es el Patriarcado, que ha dominado por milenios la vida de la mujer.

Es una lucha por la Igualdad pero mucho más radical porque supera cualquier modelo de producción. Es también una lucha por la libertad y la sororidad, el lenguaje, tan negadas por centurias a las mujeres.

Las mujeres piden básicamente que las traten como iguales, simplemente que no las discriminen. Que les den libertad de disponer de su cuerpo, que les den igualdad en el trabajo, la familia, la cultura, que los ámbitos públicos y privados sean seguros para ellas.

Por eso están contra la violencia ejercida de mil maneras y por milenios contra ellas, por eso están contra los que no les permiten disponer de su sexualidad, de su cuerpo, están contra toda forma de opresión y dominio.

El enemigo es el Patriarcado que, en pocas palabras, es el sistema que reproduce el dominio sobre las mujeres. Contra todas sus manifestaciones lucha y se expresa el feminismo, contra los medios de comunicación que reproducen los estereotipos de las mujeres como objetos, sin valor, contra todos los que no valoran, económicamente hablando, el trabajo de la mujer, incluyendo el doméstico, contra las instituciones que una y otra vez rebajan el papel de la mujer a súbdita y vasalla. Contra todo esto se enfrentan las feministas con fuerza y rabia contenida por milenios.

La revolución feminista es una revolución en marcha; que inició hace varios siglos, desde las luchas para que la Declaración de los Derechos del Hombre las incluyera hasta las luchas por el derecho a elegir y ser electas, por condiciones de igualdad en el empleo y la educación, para solo mencionar unas pocas, ha continuado hasta convertirse en una revolución permanente.

La manifestación del 8 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue muy numerosa, con una participación muy activa, especialmente de mujeres jóvenes y profundamente convencidas de lo justo de sus luchas.

Carlos Andrés Pérez Sánchez: víctima de la administración Alvarado

Isabel Ducca D.

¿Ustedes se imaginan a un saboteador de una refinería de petróleo descalzo?

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goicoechea, reproduce la acusación que se le planteó a Carlos Andrés Pérez S. como causante de un sabotaje a Recope en Moín y llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

Este operario fue detenido la noche del 11 de septiembre del 2018 en Moín; se le responsabilizó de entrar a las instalaciones con la intención de crear un peligro para la seguridad común. Mediante el uso de un objeto idóneo, cortó el cable de señal de nivel de las esferas 7710 y 7711, retiró dos fusibles que suministran la electricidad a los instrumentos de control y dañó el sistema de la válvula hidráulica, desconectando las líneas de fluido hidráulico, tanto en la parte inferior como la parte superior de tal forma que la esfera 711 quedó con las válvulas cerradas, creando un peligro (sic) la seguridad común pues con su actuar interrumpió el bombeo de gas desde el buque Strident Force a las esferas de almacenamiento, para lo cual cerró la válvula de entrada a la esfera, lo que puedo (sic)producir que las tuberías que trasladan el gas sufrieran una ruptura, produciendo una explosión que hubiera liberando (sic) gas licuado de petróleo a la atmósfera, a una razón de 1500 barriles por hora, catástrofe que se logró evitar gracias a la rápida acción del personal de RECOPE.[1][i]

Este fue el sabotaje al que se refirieron tanto Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, como Michael Soto, ministro de Seguridad, el 17 de septiembre 2018, con orgullo de salvadores de los costarricenses por habernos liberado de terroristas con mano criminal.

El trabajador fue condenado por los medios de comunicación, las altas autoridades del gobierno antes de ser también culpado por un juez de Limón el día 27 de noviembre del 2018 a dos años de cárcel y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¡Justicia pronta y cumplida!, cuando así les conviene.

O más bien, ¡injusticia pronta y cumplida!, ya que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito de San José, Goicoechea, el 26 de febrero del 2019, declaró con lugar la apelación interpuesta tanto por el Ministerio Público como por su defensor. Son múltiples las irregularidades que dicho tribunal encontró en el proceso. Nos interesa rescatar una conclusión fundamental de esa argumentación jurídica:

Pocas veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una sentencia cargada de tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho vigente como la presente. Por ello, porque se estima, conforme a lo indicado, que no se trata de simples discrepancias de criterios jurídicos o de errores menores, sino de un burdo desconocimiento del Derecho Penal y Procesal Penal, se considera procedente testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial a fin de que se determine si al juez de mérito le asiste alguna responsabilidad disciplinaria al tenor de lo estipulado en el artículo 199 párrafo final de la Ley Orgánica del Poder Judicial.[ii]

El criterio de juristas destacados fue expuesto en la Revista de Canal 13 del Sistema de Radio y Televisión dirigida por Laura Martínez.[iii] Dicha sentencia fue calificada por José Miguel Villalobos como un mamarracho jurídico que deja ver, como la punta de un iceberg, la crisis del sistema judicial porque una sentencia así amerita que ese juez sea investigado e incluso destituido por la flagrante ignorancia que demuestra; incluso puede ser acusado por prevaricato por la cantidad de vicios procesales y de fondo que contiene la sentencia de ese juez de Limón, pues sus argumentos son contrarios a la ley.

La pregunta fundamental planteada por este jurista es si se trata una magna ignorancia de parte del juez o de un acomodo a la presión para exhibir una condena que correspondiera con la coacción ejercida por sectores empresariales y círculos editoriales para declarar el suministro de combustible como servicio esencial, con el objetivo de garantizar la anulación de la posibilidad de huelga en servicios públicos como el de Recope.

La sentencia del juez de Limón fue presentada por algunos medios como el non plus ultra de la defensa de la institucionalidad porque la intención siempre es confundir al ciudadano, de manera que ligara suministro de combustible con servicio esencial y prohibición de la huelga. Había un sector muy importante que deseaba cerrar el derecho a huelga en los servicios públicos.

Otro asunto muy cuestionable es que los medios de comunicación le hicieron creer a la ciudadanía que existía alguna prueba del sabotaje; sin embargo, el Ministerio Público afirmó que no había ninguna prueba directa, nadie lo observó manipulando algo. A pesar de todo eso, el juez lo convirtió en un indicio preciso y concordante de que esa persona estaba intentando sabotear; ese fue el único indicio para acusarlo. ¡No existe prueba directa! ¡No existen varios indicios!

Nuestra solidaridad para con Carlos Andrés Pérez Sánchez quien entró esa noche a las instalaciones de RECOPE por su lealtad para con el país y la institución, pues tenían varias horas él y otros compañeros que se encontraban fuera en el estacionamiento, de oler como si hubiera una fuga de combustible. Para prevenir una tragedia entraron a revisar. Cuando estaban dentro del plantel, una patrulla entró a detenerlos… Sin palabras, imaginen el resto.

Este viernes tendrá lugar en Limón el juico. Las organizaciones sociales están solicitando Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés.

Si todavía existe justicia en Costa Rica, así será.


[1] Tanto los graves problemas de redacción como el subrayado son del original.


[i]Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.6.

[ii] Idém, p.42.

[iii] S.a. Costa Rica Noticias. Revista: Entrevista: Cuestionamientos a sentencia de trabajador de Recope. Recuperado de: http://www.costaricanoticias.cr/revista/page:2