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Etiqueta: MEIC

Fomentan innovación en PYMES de Pérez Zeledón

Escrito el . Publicado en Derechos.

Bajo el nombre Fomento de la innovación en micro, pequeñas y medianas empresas del cantón de Pérez Zeledón, el Campus Pérez Zeledón de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA), con apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), trabaja desde hace más de un año en una iniciativa que fomenta la innovación en las Pymes del cantón, para mejorar la competitividad, mediante capacitación, asesoría y asistencia técnica.

Sandra Rojas, académica de la Sede Regional Brunca de la UNA y coordinadora de esta iniciativa, comentó que como innovación se espera la introducción de un nuevo producto (bien o servicio), procesos novedosos o mejorados, así como la introducción de un método de comercialización u organizativo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo y relaciones externas de las empresas.

Rojas indicó que esta iniciativa de extensión se compone de varias fases: la primera de diagnóstico, en donde se trata de identificar el grado de innovación de las empresas del cantón, entendida la innovación como la mejora significativa (en procesos, producto estructura organizacional) y no necesariamente algo disruptivo para el Estado.

La segunda etapa, explicó Rojas, se relaciona más con la capacitación, en donde se abordan en la actualidad 30 empresas de la región, como del sector turismo, comercio, software e industrial de diversos tamaños. “El pasado mes de junio realizamos un primer módulo de cinco sesiones, donde se desarrolló el tema de liderazgo para la innovación”, precisó la docente.

La tercera etapa se basa en el entrenamiento a estudiantes para desarrollar capacidades en gestión de procesos de innovación.

Algunos tipos de innovación

Estos son algunos tipos de innovación:

  • Innovación de producto/servicio: Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras características funcionales.
  • Innovación de proceso: es la introducción de un método de producción o de distribución nueva o significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en técnicas, equipo o software. Pueden tener como objetivo disminuir los costos unitarios de producción o de distribución, aumentar la calidad, o producir o distribuir productos nuevos o significativamente mejorados.
  • Innovación comercial: es la introducción de un nuevo método de comercialización que entraña importantes mejoras en el diseño o presentación del producto, en su posicionamiento, en su promoción o en su precio. Tienen como objetivo satisfacer mejor las necesidades de los clientes, abrir nuevos mercados, o reposicionar un producto de la empresa en el mercado, para incrementar sus ventas.
  • Innovación organizativa: Pueden tener como objetivo mejorar los resultados de la empresa a través de la reducción de costos administrativos o de transacción, mejorar la satisfacción en el trabajo y la productividad laboral, conseguir acceso a activos no comercializables como conocimiento o reducir los costos de abastecimiento.

En la actualidad 30 empresas de Pérez Zeledón, en sector turismo, comercio, software e industria, participan de este proyecto de la Sede Brunca.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Los privilegios fiscales de industrias contaminantes: los importadores de agroquímicos

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado FECON – Bloque Verde 

  • Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy  concentrado.

  • Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.

  • Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.

Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.

Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.

El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.

El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.

Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.

Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.

Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.

Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.

Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Sin caras y sin vergüenzas mienten a la nación

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos
Febrero 20, 2022

El pasado 8 de febrero 2023, durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del gobierno, en el segundo anuncio titulado “simplificación de trámites en materia ambiental”, fueron presentados junto al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, los ministros de gobierno Frank Tattenbak Capra (MINAE) y Francisco Gamboa Soto (MEIC), el presidente del CFIA Marco Antonio Zúñiga Montero y el secretario de la Setena Ulises Álvarez Acosta. También, se mencionó el acompañamiento de representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción1.

Si bien la materia ambiental es amplia y compleja como graves son los problemas y daños ambientales que padecen nuestro país y el Planeta, el espacio divulgativo, se limitó a lo que describieron como el “cuello de botella número 92” que este gobierno despescueza con el protagonismo “maestro” del señor Francisco Gamboa; según referencias del propio presidente. Sin embargo, el titular del MINAE ocupó su intervención para llenar de elogios al secretario Álvarez por la tarea cumplida; aunque no se supo bajo cuáles sustentaciones técnicas y/o legales, pues durante el evento, su participación fue muda, máximo que, ni a los representantes de la prensa los interpeló el tema. Tal vez extraño, porque de los cinco protagonistas, este señor era el único supuesto experto en la materia de la Institución que dirige, y a cuya función esencial a través de los expedientes que tramita, dieron a conocer que con la decisión tomada le eliminaron el 65%. Para ellos quizás un “pequeño detalle” pero suficiente para la felicidad manifestada, no obstante, aparte del daño ambiental que induce en el país, vale preguntarnos por las repercusiones que tendrá esta decisión política a corto plazo para los aproximadamente 90 funcionarios de Setena. O sobre los miles de consultores ambientales con credenciales para el desempeño profesional acreditado por esta Institución2.

Pero así fue, el señor Álvarez Acosta no expuso absolutamente ningún sustento técnico ni por parte de sus superiores hubo interés de que lo hiciera, su silencio no se interrumpió ni para corregir las incongruencias discursivas de los acompañantes, si es que su experticia en Evaluación de Impacto Ambiental es consecuente con el puesto que ostenta; por lo tanto, es evidente que fungió como un cómplice más de las mentiras expuestas por ignorancia o mala fe.

Al escribir estas reflexiones, no conocemos todavía la publicación y obvio contenido total del Decreto Ejecutivo anunciado e informado luego por Setena3, acerca de estas nuevas reformas que, por las vísperas evidencian la misma regresividad de las más recientes modificaciones parciales conocidas. Se especula si podrá ser el decreto DAJ-D-008-2018 No. 41132-MINAE que firmara el presidente Solís el 02/05/2018 pero que nunca se llegó a publicar; el generado aparentemente después por el gobierno siguiente titulado “Reforma Integral de 31849-SETENA” con fecha 25/05/2021; reformas o más bien derogaciones consistentemente rechazadas por CONARE4, o en su defecto, “otro más avanzado” acerca de la derogación definitiva del hasta ahora vigente. Es decir, la base de este análisis alude principalmente el vulgar discurso de lo que se atrevieron a decir y repetir los conferenciantes:

1.“Que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental es un manual de tortura de la santa inquisición”. Vulgar descalificación, pues este Reglamento de Ley (D.E. 31849-2004)5 y Manuales con sus anexos y reformas consecutivas anteriores al año 2013, fue elaborado por profesionales de diferentes especialidades y demostrada calificación científica. Está escrito y demostrado que, contó con una amplia participación pública e institucional, así como de los señalamientos precisos y certeros de la Acción de Inconstitucionalidad resuelta mediante Sentencia No.1220-2002 del 06 de febrero de 20026, por parte del más alto Tribunal de este país. También se tomaron en cuenta disposiciones técnicas internacionales, y todo esto, a pesar de la oposición permanente de sectores empresariales nacionales como la Cámara de la Construcción. En consecuencia, ningún ciudadano honrado de nuestra Nación, puede ni debe llegar a tales extremos de bajeza contra esta normativa de tanta trascendencia y sensibilidad. Es notable que se acude a la ridiculización para destruir o en este caso, eliminar algo en lo que carecen de argumentos técnicos y científicos para llevar a cabo. Conducta sin duda alguna consonante con la oposición gubernamental y mismos sectores empresariales contra la ratificación del Acuerdo de Escazú7,8. Dos acciones contundentes y reveladoras de la contra política ambiental de los usurpadores de los poderes del Estado.

  1. “Que se trata de un modelo de escritorio”. Quienes esto han dicho y repiten, entre ellos el secretario de la institución9, parecen confirmar que, nunca lo han leído y mucho menos analizado integralmente y con conocimientos profesionales previos. Pues nadie puede negar que dicho Reglamento General, es parte sobresaliente del bloque de legalidad ambiental que ha dado o dio prestigio internacional a Costa Rica durante años y que, por ejemplo, entre conceptos y definiciones, también comprende un Manual de Procedimientos e Instrumentos Técnicos para el desempeño multidisciplinario tanto en el terreno como en oficina. De manera que, para el cumplimiento cabal e integral de lo que estos señores llaman “modelo de escritorio”, más bien, lo que rige es una transversalización de las fases de campo y oficina en todo el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, obras o actividades. Es decir, si este instrumento verdaderamente interactivo, no ha cumplido la mejor función para la que fue creado, no ha sido por las debilidades que suponen corregir; sino, por las debilidades y desviaciones de quienes lo han administrado, justificando reiteradamente que no es necesaria la inspección de campo. Ejemplo: “Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-0731-2022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección”.Entre los elementos adicionales justificantes de tal decisión se contempla “El contar con un registro fotográfico del área de proyecto”.

3.”65% de proyectos de bajo impacto ambiental que ingresan a Setena ya no requerirán viabilidad”. Del Reglamento inicialmente citado y que asumimos todavía vigente, pues como se ha dicho antes aún no se conoce publicación de su derogación total ni parcial, el Anexo 2 comprende un listado de los proyectos, obras o actividades que deben cumplir el proceso evaluativo. Todos están clasificados y categorizados únicamente en alto (A), moderado (B) y bajo impacto ambiental potencial (C); así mismo, definidos los instrumentos o documentos de evaluación que les corresponde aplicar para obtener la Viabilidad Ambiental. Los de bajo impacto ambiental debían utilizar el documento de dos (D2) para cumplir con el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, obviamente proporcional a su condición respecto a los otros. Pero, aunque esta disposición reglamentaria no siempre fue administrada cabalmente por la Setena, se mantuvo vigente hasta el año 2019 cuando el presidente Alvarado y su esposa, promulgaron el decreto ejecutivo No. 41815-2019-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (05/07/2019)10 que derogó el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental correspondiente.  Se dijo entonces que los trámites en la Setena disminuirían un 54 %, se ahorraría mucho dinero y se reactivaría la economía del país. A partir de ese momento, con el mismo D2, se dio lugar a una figura de laxo formato y contenido que llamaron “Registro (permiso) Ambiental”; un proceso de corta duración el cual “… finalizará con una notificación electrónica indicando, número de permiso ambiental emitido al registro…”, no comprende firma de responsable alguno, no especifica tiempo de vigencia y tampoco establece instrumentos para el control y seguimiento. (Ver Artículos 1, 9, 12 y 13 de este Decreto). En dicho orden, es claro que, hace más de tres años la Setena se desligó parcialmente de otorgar licencias ambientales, y a cambio otorgar también permisos ambientales. Hasta la fecha abarcan miles de proyectos, obras o actividades de disímiles características, excluidos y por ende construidos sin Viabilidad Ambiental con la justificante de que se categorizan de bajo impacto ambiental como: Centros de Salud tipo EBAIS, Centros policiales cantonales, Líneas de transmisión y distribución eléctrica, Estaciones de trasporte público de personas, Concesiones de agua, Gimnasios, etc. (Ejs:  R. A. D2-0060-2020-R, P.A. D2-0532-2020, R. A. D2-0750-2020-SETENA, R.A. D2-0876-2022 SETENA)11. Tómese en cuenta que, la categorización y clasificación de los proyectos, nunca se diseñó para excluir, sino para adecuar y garantizar la proporcionalidad en la aplicación de la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental.

  1. “Que proyectos pequeños no agregan valor”. Los conceptos y visiones económicas representadas por los conferenciantes, quienes en las regulaciones ambientales no ven más que obstáculos a sus políticas de crecimiento; por regla general no son compatibles con el desarrollo ambientalmente sostenible, así hayan repetido y repitan por siempre que, la protección del ambiente lo llevan en su ADN. El máximo y verdadero valor de los recursos naturales y sobre todo bajo las condiciones del presente, exige en Costa Rica y el mundo una actuación humana realista como bien plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato si12. Y esto es de compromiso con el todo y con todos, lo cual, permita superar la tecnocracia impulsada por estos economicistas, cuyo antropocentrismo moderno ilusoriamente supone que los bienes sólo adquieren valor en la medida en que su explotación satisface las demandas del mercado; olvidando o negando que, tales bienes (recursos naturales) por sí mismo poseen valor intrínseco al margen de dimensiones cuantitativas y de mercado.
  2. Que “para estornudar, remodelar una casita humilde y poner una barbería, había que presentar estudio de impacto ambiental de la Setena.” Desde que se promulgó el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y su Manuel en el año 2004 y posteriores reformas, nunca se estableció que actividades u obras como estas, tenían que presentar algún trámite de impacto ambiental ante esa institución. En los Anexos 1, 2 y 3 puede verificarse cuáles sí lo requieren o requerían.
  3. “Venimos trabajando en esto desde el inicio de la administración, no es fácil…”. “Don Ulises Álvarez es quien ha tenido que llevar el fuerte de esta reforma de fondo.” Como ya se ha dicho, la Viabilidad Ambiental a proyectos de bajo impacto ambiental fue derogada en el año 2019 durante la administración Alvarado y la reforma de fondo o derogación planteada sobre el Reglamento y que, aparentemente es la que ahora está por ejecutarse su puesta en vigencia, fue elaborada durante la administración Solís.
  4. “Que con la reforma por ellos trabajada y que pondrán a regir próximamente, cada proyecto de bajo impacto ambiental que ya no tendrá que ir a la Setena, evitará un costo entre 180.000 y 300.000 colones”. Ni cuando se tramitaba Viabilidad Ambiental a dichos proyectos, obras o actividades con el uso del D2, ni cuando posteriormente se sustituyó por un registro (permiso) ambiental; su costo para el usuario nunca ascendió a la suma mínima señalada de 180.000 colones. Pues no demandaba estudios técnicos, no ocupaba pago de consultor ambiental y la única obligación en este sentido, era pagar el equivalente de 60 dólares por concepto de uso del D2 e igualmente, algo así como leer más que usar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, pues al usuario nunca se le entrega ejemplar alguno.
  5. “Establecer con más claridad los controles de obras es fundamental, eso nos lleva al principio de seguridad jurídica”. Este principio no se garantiza con la derogación de una obligación reglamentaria legalmente constituida y consolidada, en cuanto a los requerimientos de la evaluación de impacto ambiental para los proyectos aquí señalados. Por lo tanto, la disposición en marcha que acabará hasta con el registro (permiso), violenta dicho principio, tanto porque en materia ambiental no es válida la retroactividad ni regresividad de normas, como también, porque el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiental permanece incólume. Y parte de lo que sí es más claro, son los descontroles en que quedaron desde la reforma del 2019, una cifra aproximada a los 4500 proyectos de bajo impacto ambiental desarrollados. Así mismo, otros indicadores de atención, como las más de 19.000 denuncias ambientales ingresadas ante las instituciones del MINAE en el mismo período. (Ver sitio web de SETENA y Contraloría Ambiental)13,14.
  6. “Los proyectos grandes realmente sí tienen que demostrar un no impacto al ambiente”. Ningún proyecto sea de la dimensión que sea, tiene ni puede demostrar tal condición, pues si no impacta es porque no existe; además, la dimensión del proyecto no es el único factor determinante del peso del impacto.  Si por proyectos grandes, los conferencistas pretendieron referirse a los proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental potencial que contempla el Reglamento, deben de conocer estos señores que, impactos son impactos. Tanto a esa categoría alto, como a los de mediano y bajo, para todos se deben determinar sus impactos mediante los estudios técnicos, y de esta forma plantear las medidas apropiadas para contrarrestarlos y alcanzar el equilibrio que exige el desarrollo ambientalmente sostenible. Si los impactos ambientales como los de proyectos de categoría mediana y baja, no se identifican y gestionan bajo la misma herramienta, representarán daños al ambiente que, también por acumulación y efectos sinérgicos, llegarán a ser de iguales o mayores consecuencias negativas que los de alto. Y algo más, los impactos ambientales de toda categoría de proyecto, impactan sobre el mismo ambiente, pues no existen tres o más ambientes; el ambiente es uno sólo: la “Casa Común”.
  7. “Esto es muy importante, pues ahora muchos no van a tener que gastar su dinero en lo que no es importante”. “Muerte a la tramitomanía innecesaria”. “Estamos felices ahora. Setena menos fregando desde el escritorio”. “Es una reforma muy sustancial del reglamento de Setena que vemos muy positiva”.Estas estultas y chabacanas declaraciones de la moderna política pública del gobierno, no representan más que la absoluta autodescalificación para administrar las políticas públicas verdaderamente necesarias para volver a avanzar en este país, y no los retrocesos con que, también en materia ambiental e igual lineamiento, se exhiben a nivel internacional. Es falso que se trata de reforma del reglamento de Setena. También es falso que, no es importante invertir dinero para aplicar un procedimiento técnico-administrativo y carácter preventivo, que le facilita a la autoridad ambiental tomar de decisiones informadas respecto a la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. Sin duda que, el atrevimiento desborda los límites de lo esperado, al menos por parte del poder ejecutivo de un país que se creyó democrático y de tradiciones ecológicas.

Así estamos, sobreviviendo de la pandemia del siglo que, ya acabó con la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo especialmente pobres, mientras la pobreza continúa su expansión tanto como la acumulación y concentración de capitales a costa de más sacrificio humano y del ambiente. Es decir, la amenaza y creciente número de muertos continúa. Las fuerzas e intereses que dominan el mundo no dan muestra de pretender revertir tal situación, pues sin haber acabado la pandemia, la guerra ha sido y es su segunda estrategia aún en medio de las catástrofes naturales que, también advierten el cambio climático. A las consecuencias de todo esto, no hemos escapado ni escaparemos en Costa Rica. Pero su gobierno, cínico, prepotente y además ignorante como pocos de la historia nacional, un día sí y el siguiente también acude al añejo “arte de la mentira política” y con absoluta fidelidad a los grupos plutocráticos que representa, pretende hacer creer al pueblo falsedades con vistas a los fines de: “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”. Misma receta para la cual, desde años anteriores aplicaron el terrorismo psicológico de Estado mediante el llamado “memorando del miedo” Casas-Sánchez15.

Por lo tanto, no hay tiempo que perder, luchar y trabajar es ocupación de personas honradas y la denuncia, contra las mentiras de quienes en la Administración del Estado se apartan de sus responsabilidades, deberes y obligaciones de cumplir con la Constitución, la ley y sus reglamentos; es una herramienta legal a disposición de todos y con carácter obligatorio, según lo establecido en el Artículo 50 Constitucional y No. 111 del Reglamento General -todavía vigente.

Referencias:

  1. https://www.facebook.com/CasaPresidencial/videos/591766985657658
  2. https://portal.setena.go.cr/Consultors
  3. *https://www.setena.go.cr/es/Noticias
  4. https://www.elpais.cr/2020/11/17/consejo-nacional-de-rectores-rechaza-propuesta-del-reglamento-de-setena/
  5. La Gaceta No. 125 del 28/06/2004
  6. https://vlex.co.cr/vid/-498448770  
  7. https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/
  8. https://www.elpais.cr/2023/02/17/acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-del-liderazgo-al-olvido/
  9. https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/el-modelo-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-y-el-desarrollo-sostenible/
  10. https://vlex.co.cr/vid/decreto-no-41815-minae-798534217
  11. https://www.setena.go.cr/es/Catalogo/d2
  12. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
  13. https://www.setena.go.cr/es/Tramites/Resoluciones
  14. https://www.contraloriaambiental.go.cr/doc_/doc_1675347061.pdf
  15. https://es.wikipedia.org/wiki/Memor%C3%A1ndum_del_miedo

Los Megaproyectos Regionales de Comercio y Agroindustria: grandes inversiones poco vinculadas a las necesidades de los agricultores

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

La semana anterior tuvimos conocimiento de la firma del contrato de construcción de una nueva planta de procesamiento agroindustrial en la zona sur la cual promoverá el valor agregado de los productos de la región Brunca

La Planta de Tecnologías de Valor Agregado Agropecuario de esta región se desarrollará con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que comprará la maquinaria; del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de la Municipalidad de Coto Brus y será administrada por el Consejo Nacional de Producción (CNP).

El proyecto, cuya inversión total es de ¢2.600 millones, estará ubicada en la localidad de Agua Buena, en Coto Brus contará con líneas de procesamiento para productos como hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos.y con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo.

Además, desde allí se brindarán servicios de desarrollo de prototipos, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, y consulta técnica a productores de la zona.

Rogis Bermúdez, presidente del CNP, explicó que el objetivo del proyecto es incentivar la producción agroindustrial y que las asociaciones de productores puedan colocar sus bienes con un valor agregado en el país y según el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), la iniciativa tiene el objetivo de atender a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región Brunca, zona en la que hay 15.651 agricultores.

“La idea es no solo que se entregue el producto, sino transformarlo. Por ejemplo, piña que no se compra en supermercados hacerla deshidratada, empaquetarla al vacío y venderla, o hacer pulpa para jugos”, destacó Bermúdez. 

En tanto el presidente Alvarado afirmó que. “El propósito de construir esta moderna infraestructura es poder reactivar la economía de la región a partir de la innovación y aplicación de la tecnología en la agricultura”. (CNP, Comunicados,30-6-2020)

El jerarca del CNP comentó que la idea es replicar un proceso de desarrollo de valor agregado hecho en la zona norte, en donde hay 12 asociaciones que ya venden sus productos en el mercado. Esta iniciativa está ubicada en la región Huetar Norte y tendría un costo de 3.000 millones de colones. 

Los Centros regionales de Valor agregado son mega proyectos para el procesamiento agroindustrial administrados por el CNP, que al igual que los mercados regionales para el comercio regional de productos agrícolas impulsados por el PIMA(ya se encuentra funcionando el primero en la región Chorotega con un costo cercano a los 28 mil millones de colones) son grandes inversiones estatales financiadas con recursos externos que pretenden integrar a los productores locales para ampliar la oferta de productos o realizar su procesamiento a gran escala, con el equipo y las condiciones tecnológicas más modernas.

El surgimiento de estos megaproyectos de comercialización o manejo postcosecha regional no son nuevos, tienen sus antecedentes en las plantas de procesamiento de hortalizas y tubérculos de Llano verde en la Fortuna de San Carlos, en la planta de acopio y manejo postcosecha de hortalizas en la Chinchilla en Oreamuno de Cartago y en la planta de acopio y comercialización de granos básicos en Cariari de Pococí, impulsadas por el CNP en la década de los años 80.

Estas plantas de acopio y de procesamiento de productos, con una fuerte inversión estatal y que pretendían involucrar a los agricultores de las regiones, funcionaron un período relativamente corto, fueron subutilizadas buena parte del mismo y terminaron abandonadas o trasladadas a alguna organización local.

Desde décadas anteriores, se ha debatido sobre la pertinencia y efectividad de la promoción y establecimiento de estas mega plantas en las regiones en manos de las instituciones, frente a la posibilidad de impulsar y apoyar pequeñas unidades de procesamiento agroindustrial en las comunidades rurales en manos de los productores y sus organizaciones con el apoyo de los centros de investigación y transferencia de tecnología de las Universidades públicas.

La agroindustria rural concebida como una opción de procesamiento de los productos agropecuarios en una escala pequeña, que favorece la reducción de las pérdidas postcosecha y la diversificación de los productos agroindustriales, generó en las décadas de los 80 y 90 una serie de experiencias asociativas y cooperativas ligadas a la agro industrialización de hortalizas, frutas, tubérculos, especies y lácteos.

La agroindustria rural resultó ser una alternativa de generación de ingresos, empleo y capacidades en las propias comunidades, que permite generar y retener valor agregado en la producción agrícola, fortalecer los sistemas agroalimentarios locales y convertirse en un elemento dinamizador del desarrollo rural (Masís, G.,2019)

En momentos de limitaciones en las finanzas gubernamentales, es importante sopesar la validez del modelo de los megaproyectos, que requiere una inversión millonaria, crea una infraestructura difícil de utilizar, incorporan a una reducida cantidad de agricultores y productos y son manejados por las mismas instituciones, frente al impulso de unidades agroindustriales y de comercio en pequeña escala, de bajo costo, para el procesamiento de productos con identidad territorial y con la participación directa de los agricultores en su gestión.

El propio Ministro de Agricultura había manifestado en una reunión previa a asumir el cargo, con respecto a los grandes proyectos como los mercados regionales, que estos proyectos estaban poco ligados a las necesidades de los agricultores y que había que promover pequeños proyectos de mayor impacto en las comunidades y regiones.