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Etiqueta: MEP

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

Sindicatos de Educación rechazan actos de proselitismo por medios de comunicación oficiales del MΕΡ

Comunicado

Los sindicatos del sector educativo, ANDE, APSE, SEC y Sitracome, manifiestan su rechazo ante la utilización de las redes sociales institucionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) para actos de proselitismo, en el marco de la campaña electoral.

Estas organizaciones magisteriales, caracterizadas por promover el diálogo, la escucha y el entendimiento, lamentan que las autoridades de educación se presten para este tipo de acciones.

La prioridad del MEP debe ser atender las necesidades de inversión, aprendizajes y dignificación de la labor docente y de los trabajadores de educación, así como otras problemáticas.

Consideramos inadmisible que se destinen esfuerzos institucionales a fines proselitistas en lugar de encauzarlos hacia soluciones reales y urgentes para la educación pública.

Exigimos a las autoridades competentes detener este tipo de prácticas con fines proselitistas, en los canales oficiales de comunicación del ΜΕΡ.

Informe Estado de la Educación revela retrocesos y gestión errática en el sistema educativo costarricense

El décimo Informe del Estado de la Educación advierte que Costa Rica enfrenta una crisis educativa más profunda que la de años anteriores, producto de rezagos históricos no resueltos, el apagón educativo que ocurrió entre 2018 y 2022 y una gestión errática que debilitó al sistema en los últimos años.

La investigación detalla que la falta de un plan educativo entre 2022 y 2025, junto con decisiones cuestionadas del Ministerio de Educación Pública (MEP), frenó los esfuerzos para atender los rezagos. El país registró retrocesos en indicadores clave: en las pruebas internacionales PISA de matemáticas se pasó de 402 puntos, en 2018, a 385 en 2022, uno de los niveles más bajos de la región.

Isabel Román Vega, coordinadora del informe, señaló que los diagnósticos previos ya advertían sobre el deterioro. “Hace seis años dijimos que nuestra educación estaba atrapada en una jaula de inercias. En 2021 hablamos de un apagón educativo y en 2023 de una educación de segunda clase. Hoy, Costa Rica sigue experimentando una grave crisis educativa y nuestra educación está perdiendo el valor que siempre tuvo en nuestra historia”.

Según el documento, tres factores principales agudizaron la crisis: los rezagos estructurales acumulados durante décadas, las interrupciones educativas por huelgas y pandemia entre 2018 y 2022, y la gestión errática reciente, sin una política clara ni planes de continuidad.

Entre las prácticas que afectaron la calidad educativa se incluyen:

1. Cambios de planes para remediar el apagón educativo: se pasó del Plan Integral de Nivelación Académica (PINA) a pruebas comprensivas y estandarizadas. Finalmente, todas las anteriores quedaron fuera y actualmente se aplica el diagnóstico de aula y la prueba nacional estandarizada, a cargo del docente, sin herramientas de apoyo.

2. Eliminación del programa PRORI para la informática educativa y de la estrategia de conectividad: en 2022, el MEP solicitó a la SUTEL suspender la distribución de dispositivos y la Contraloría General de la República eliminó la Red Educativa del Bicentenario. En 2023 se rompió el convenio de 30 años con la Fundación Omar Dengo, lo cual dejó las computadoras almacenadas en una bodega.

3. Supresión del programa de Afectividad y Sexualidad sin criterio técnico: fue sustituido por el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, que no incluye contenidos alternativos en materia de sexualidad.

4. Negociaciones anuales del FEES: el presupuesto limitado frena la planificación estratégica y generan estancamientos, caídas y conflictos, sin contemplar las necesidades futuras.

5. Debilitamiento en la fiscalización de universidades privadas: se modificó el reglamento del CONESUP, se autorizó la apertura de nuevas universidades internacionales sin supervisión y se aprobaron carreras virtuales sin control de calidad.

El documento no solo describe los problemas, también plantea seis prioridades de acción con soluciones prácticas: inversión educativa, reducción de la pobreza en los aprendizajes, mejoras en evaluación, fortalecimiento de la rectoría del sistema, gestión local y logro universitario.

La UNA reacciona

El pronunciamiento del Decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA) se sumó a la discusión tras los hallazgos. “Estos datos nos interpelan como nación. Desde el CIDE consideramos urgente la construcción de un gran acuerdo nacional por la educación, que trascienda los ciclos políticos y siente las bases de una política pública de largo plazo. Este acuerdo debe traducirse en una estrategia país integral y sostenida, que convoque al Estado, las universidades, las familias y a toda la sociedad a un esfuerzo común por sacar a Costa Rica de la crisis educativa”, señaló Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del CIDE.

La académica enfatizó que mejorar la gobernanza en el Ministerio de Educación, fortalecer la macro evaluación con instrumentos de calidad y crear mecanismos de acompañamiento pedagógico para los centros educativos son pasos necesarios que vinculan la escuela con la comunidad. También reconoció que los centros formadores de docentes, incluido el propio CIDE, deben revisar y mejorar su quehacer mediante innovación en la formación inicial y continua, investigación pertinente y propuestas que contribuyan a la recuperación de aprendizajes.

El pronunciamiento incluyó un mensaje al magisterio nacional: “Sabemos que los contextos educativos son diversos, que las complejidades sociales inciden directamente en su labor diaria y que los desafíos son enormes. Les agradecemos profundamente por mantenerse en pie de lucha, con compromiso y vocación, en defensa del derecho a la educación pública de calidad. Cuentan con el respaldo del CIDE en este camino”, mencionó la vicedecana.

El mensaje del decanato concluye con un llamado a la acción: “La educación es el cimiento de la democracia, la equidad y el desarrollo humano. Desde el Decanato del CIDE hacemos un llamado a la unidad nacional, con visión de futuro y responsabilidad histórica, para garantizar que cada estudiante costarricense tenga acceso a una educación de calidad que le permita construir su vida y aportar al bienestar colectivo”.

El informe fue presentado el 28 de agosto a las 9:30 a. m. en el auditorio Franklin Chang Díaz, en Pavas, por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Oficina de Comunicación / Universidad Nacional, Costa Rica

La resistencia comunal no duerme: ¡Por una educación digna que defienda el presente y futuro de nuestros hijos e hijas!

Carolina Zúñiga, ANEP.

Carolina Zúñiga Castro

En el ámbito de la educación de nuestra niñez y juventud, enfrentamos un sistema profundamente desafiante. Se ha trazado una ruta de la Educación imaginaria, marcada por recortes presupuestarios que culminan en una alfabetización escasa, casi nula. Esto no es accidental; es una estrategia que busca erosionar la capacidad crítica de las futuras generaciones.

¡Auxilio! ¿Qué sucede en el Circuito 01 de Desamparados, del MEP?

Hoy, el Circuito 01 de Desamparados se encuentra en un caos total. Los recortes presupuestarios, las Juntas de Educación que no logran resistir un sistema desgastante, las familias agotadas por los maltratos institucionales y una infraestructura en constante deterioro son la cruda realidad. La indiferencia de las autoridades ante esta situación es alarmante y se traduce en aulas superpobladas y migración a escuelas fuera de su comunidad, falta de materiales didácticos y un personal docente desmotivado y sobrecargado. Un ambiente laboral hostil que enferma al cuerpo docente.

El principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple. Cientos de familias desamparadeñas vivimos en un estado de alerta constante por la educación de nuestros hijos e hijas. Nos preguntamos: ¿Están en buenas manos? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. La calidad educativa se deteriora a pasos agigantados, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes.

Asistimos a un debilitamiento del pensamiento y del razonamiento. ¿Qué se busca? Una población adormecida, ¡claro! Es mucho más fácil dominar a las masas desde la ignorancia. No hay otra interpretación posible ante la crisis sistémica que estamos experimentando. Se fomenta la memorización por encima del análisis crítico, limitando la capacidad de nuestros estudiantes para cuestionar y proponer soluciones.

Condenamos la violencia institucional que transgrede los Derechos Humanos y que obstaculiza el acceso a políticas públicas, especialmente para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta violencia se manifiesta en la negación de oportunidades, la falta de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la precarización de las condiciones laborales de quienes luchan por una educación digna.

La lucha comunal vive y no está dormida, ni sumisa. Desde las bases, “los de abajo” nos levantamos para exigir el respeto a nuestros derechos y la garantía de una educación pública de calidad. No callaremos ante la injusticia y seguiremos alzando la voz hasta que se reconozca que la educación es la base de una sociedad justa y equitativa. La resistencia es nuestra arma más poderosa y la usaremos para construir un futuro mejor para todos.

¿Qué tienen los liberales contra la niñez?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.

No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.

El hecho de que ₡14.000 millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?

Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.

El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.

19 de junio de 2025

Contraloría encuentra inconsistencias en metas indicadas por el Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.

El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.

La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.

En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.

En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.

El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.

En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.

Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025

Defensoría interviene por derecho a la educación de niñez en el CATEM

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.

La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.

La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.

También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.

Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.

La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.

Comuicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría recomendó al MEP revertir decisión de eliminar Programa de Afectividad y Sexualidad Integral

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones donde solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) revertir la decisión de eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia” la decisión adoptada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado 16 de enero de 2025, mediante el acuerdo AC-CSE-SG-24-03-2025.

La Defensoría de los Habitantes sostiene que las propias instancias técnicas del MEP concluyeron que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no reemplaza ni cumple con los objetivos del programa eliminado y que estuvo vigente desde el año 2013, al ser excluidos contenidos claves como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.

El informe destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por órganos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. La supresión del programa contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

Las recomendaciones dirigidas al ministro de Educación Pública y presidente del Consejo Superior de Educación van desde la reactivación de dicho Programa derogando el acuerdo antes mencionado. Una vez restablecido, valorar su revisión, evaluación periódica con respaldo de criterios técnicos, basados en un enfoque en derechos humanos, promoviendo una participación plena del estudiantado y personal docente en dicha revisión y actualización.

Cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes. Para tal efecto es necesario e indispensable

Involucrar a personas expertas y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de edad, con estándares internacionales y de cumplimiento de mejores prácticas”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para la Defensoría es fundamental promover la participación de la comunidad estudiantil adolescente, fomentando espacios de diálogo y participación para que las y los adolescentes y jóvenes expresen sus necesidades y expectativas respecto a su educación en sexualidad y afectividad, así como la formación de docentes para que puedan abordar estos temas con sensibilidad, respeto y conocimiento.

Adicionalmente la Defensoría recomendó al ministro de Educación monitorear y evaluar continuamente los programas, implementando mecanismos de seguimiento para asegurar que las acciones educativas sean efectivas y respeten los derechos de las y los jóvenes. En el informe, la Defensoría exhorta al MEP y al CSE respetar las recomendaciones de organismos internacionales que instan a mantener la educación sexual integral como componente obligatorio del currículo educativo y que lo reconocen como un derecho humano. También exhorta al Ministerio de Educación Pública a actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al marco jurídico nacional e internacional.

Las recomendaciones están sustentadas en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos reconocido en instrumentos internacional de derechos humanos. Su eliminación podría aumentar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente hacia estudiantes LGBTIQ+, así como adolescentes madres, personas migrantes, indígenas, con discapacidad y podría incrementar las estadísticas de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Aumentan casos de hostigamiento sexual en el sector público

Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023

En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.

Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.

Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.

Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.

De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.

Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.

Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Tomadores de decisiones ordenan acciones sobre sexualidad desde el desconocimiento, alerta académica de la UNA

“Los tomadores de decisiones no han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento y eso es muy delicado”. La advertencia la hizo, este 19 de marzo, Margarita Murillo Gamboa, académica del Centro de investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), durante la conferencia virtual Afectividad y sexualidad para el desarrollo integral de las personas menores de edad.

La conferencia, que se programó, tras la suspensión del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP), analizó las implicaciones que tal medida trae y la necesidad de garantizar una formación integral para la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Murillo Gamboa, quien tuvo la oportunidad de participar en la creación de estos programas, recordó que en 2006 la educación sexual inició como una guía y evolucionó a un programa estructurado con la política pública de sexualidad, desde 2010 y hasta 2020. Desde esa fecha el programa, que estaba dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria y primaria, no se renueva.

También mencionó que para crear esta política se basaron en descubrimientos del neurólogo Antonio Damasio, que consisten en que todo lo que pensamos pasa primero por una emoción. Si no se educa ni se hace conciencia de eso, no se puede dar un concepto racional ni una educación emocional.

Tras el análisis se dieron cuenta de que no se necesitaban guías si no un programa que se adaptara a un modelo de género. Por eso abordaron tres temas principales:

1. Educación emocional y valores

2. Factores culturales, de género y estigmas

3. Salud sexual y reproductiva

La especialista recalcó en que si no hay educación emocional no hay respuestas positivas ante la sexualidad. “Yo no puedo enseñarle a un muchacho a ponerse un condón o hablar de pastillas o tecnología anticonceptivas, si no he trabajado la madurez emocional y las creencias o estigmas que tiene alrededor de la pastilla, por ejemplo, o del condón. Todos esos estigmas y creencias delimitan la conducta de protección; hay que trabajarlas, porque nada hago con enseñarle a ponerse un condón, si no se lo pone porque está enamorado”.

Recordó que en los programas se les hablaba a los menores de edad, quienes entre los 3 y los 5 años, manifiestan las primeras expresiones eróticas de placer. “Somos seres de deseo y placer, no se le puede anular a la vida humana el deseo, y debe ser dentro de espacios placenteros”.

Lo que pasa es que el tabú, el morbo y la vergüenza—aclaró—relacionan el placer con la violencia sexual, la pornografía o la prostitución, y eso no es un placer sano. Lo que recomienda, en cambio, es educar sobre los estados de placer reales, como amar, cantar, besar, reír, llorar, entre otros.

¿Pero por qué este gobierno decide quitar los programas?

Según la académica, dentro de las recomendaciones que hicieron, en el 2010, fue capacitar a las personas facilitadoras, con 60 a 80 horas por año; sin embargo, no llegaron ni a 25 horas, por lo que se tuvo que plantear una estrategia política para incluir en el curso de ciencias toda esta materia, y que fuera validado con el examen de bachillerato para que, de alguna forma, se vieran obligados a estudiarla. “Por eso este gobierno decidió no reactivar la política: porque no capacitaron a los facilitadores; además de una serie de presiones, de tabúes y temores, un moralismo exagerado y muchas noticias falsas”, mencionó la experta.

Recalcó que los tomadores de decisiones desconocen por completo sobre estos temas. “No han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento y eso es muy delicado”, finalizó.

Por su parte Arturo Fallas Vargas, académico del Cide, se refirió a la importancia de la educación sexual desde edades tempranas, ante la realidad que vive Costa Rica. Según dijo, se les preguntó a estudiantes de primaria y secundaria cómo aprenden educación sexual y el gran resultado fue que lo hacen a escondidas.

Ese desconocimiento lleva a los menores a caracterizar los modelos amorosos con violencia, con celos y con una visión de sexualidad inadecuada. “Actualmente los estudiantes buscan información de forma furtiva, nos hemos devuelto casi 30 años, antes de que se dieran estos programas (…) sin estos programas ¿cómo será la construcción de su biografía sexual desde la educación sexual que recibe?”

¿Por qué es importante la educación sexual?

Fallas mencionó que la sexualidad nos acompaña toda la vida desde la infancia hasta la vejez, y que es la forma de vincularnos y expresar afecto y comprender el cuerpo como parte de la identidad. En la etapa de la infancia, implica aprender sobre el cuerpo, los límites, el respeto y eliminar el aprendizaje desigual; y en la etapa de la adolescencia, se profundiza en la autonomía, el consentimiento y las relaciones interpersonales saludables.

Además, enfatizó que, a más información menos mitos, y se evitan las creencias erróneas del amor, el placer, la orientación del deseo sexual y la identidad de género. “En la educación sexual hay que desmontar los mitos y promover una sociedad más respetuosa y libre de prejuicios. Educar en sexualidad es educar en autonomía, cuando las personas conocen sus cuerpos, emociones y derechos, pueden tomar decisiones informadas sobre su vida afectiva y sexual”, afirmó.

Asimismo, descartó que la educación sexual fomente la promiscuidad. Por el contrario, refuerza la responsabilidad, no acelera el inicio de la actividad sexual lo cual redunda en la mejora de toma de decisiones. “No hablar de sexualidad no la elimina, sólo deja a las personas en riesgo, el silencio nunca ha protegido a nadie”.

En complemento a estas reflexiones, Miroslava Bonilla Cabañas, académica del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), recordó que la educación sexual es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional. “Los gobiernos deben actuar desde un enfoque de derechos y garantizar que las personas menores de edad accedan a información basada en evidencia científica”, declaró.

El evento finalizó con el recordatorio de la vicedecana del Cide, Susana Jiménez, para quien “Hablar de educación sexual no es solo hablar de biología o de prevención, como muchas veces se ha vendido, sino es reconocer que la educación es un acto político y por lo tanto cuando yo tomo una decisión de tipo curricular, eso también expresa una visión de un mundo, que lo que enseñamos y lo que decidimos no enseñar tiene un impacto directo en la sociedad que estamos construyendo. Por lo tanto, desde el Cide creemos que la educación sexual afectiva es clave para nuestras niñas, niños y adolescentes porque necesitamos gente que tenga un desarrollo de un juicio crítico, que tengan capacidad de análisis, habilidades de diálogo, y complementen todo esto con la formación que reciben en sus hogares; además, porque en este momento hay muchos desafíos que pasan en la sociedad”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica