Curso lectivo inicia con bajo presupuesto, ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y aumento creciente de la violencia escolar.
El curso lectivo inicia en Costa Rica marcado por desafíos críticos: 825 órdenes sanitarias que afectan a instituciones educativas, un presupuesto reducido, la ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y un contexto de creciente violencia escolar. Ante esta situación, el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), hace un llamado a la sociedad costarricense a renovar el compromiso con la educación pública, por ser un pilar del desarrollo nacional, equidad y justicia social.
El sistema educativo público enfrenta múltiples retos que requieren una respuesta inmediata y coordinada, según advirtió Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA). Este año, dijo, el presupuesto destinado a la educación es el más bajo de la década, lo que limita las inversiones urgentes en infraestructura, capacitación docente y programas educativos. Además, la falta de concursos para docentes recién graduados y la ausencia de pruebas de idoneidad dificultan el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza.
Las 825 órdenes sanitarias vigentes en los centros educativos reflejan una problemática que impacta directamente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Paralelamente, el aumento de casos de violencia en las aulas agrava la situación, afecta el ambiente escolar y provoca un desgaste emocional y profesional entre el personal docente, que enfrenta desmotivación frente a estas adversidades.
La educación pública, sin embargo, continúa siendo un eje central para el desarrollo nacional. A lo largo de la historia costarricense, ha sido la herramienta que ha permitido a millones de personas acceder a oportunidades, reducir desigualdades, y promover el progreso colectivo. Ante este panorama, cita Jiménez, existen experiencias internacionales con estrategias que podrían ser replicadas en el país.
En otros contextos, agregó la experta, se implementan programas educativos que integran a las comunidades en procesos de aprendizaje sostenibles. “La colaboración activa entre familias, comunidades y escuelas fomenta el capital social y la corresponsabilidad en la mejora del sistema educativo. Además, inversiones en educación temprana y en la calidad de los procesos en todos los niveles posicionan a la educación pública como un motor de bienestar colectivo y desarrollo regional”.
En el caso de Costa Rica, señala la experta, reivindicar la figura docente es clave para superar los retos actuales, ya que las maestras, maestros, profesoras y profesores desempeñan un rol esencial como agentes de cambio y es fundamental, además, fortalecer su compromiso y motivación. “Esto se puede lograr mediante programas de formación continua que incluyan liderazgo transformacional, desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas, así como una reflexión crítica sobre el impacto social de su labor”, dijo.
Actores clave
Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes también es indispensable. De acuerdo con la especialista, fomentar encuentros que permitan la reflexión profesional puede ayudarles a reencontrarse con su vocación y renovar su entusiasmo. Estas acciones son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema educativo a largo plazo.
El rol de las familias es igualmente crucial. Además, crear espacios accesibles y acogedores en las instituciones educativas facilita su participación activa en la educación de sus hijos e hijas. La capacitación para apoyar el aprendizaje en casa y su involucramiento en las decisiones escolares fortalecen el sentido de comunidad y la confianza mutua entre familias e instituciones.
Desde el Cide-UNA se hizo un llamado a la sociedad costarricense para defender la educación pública. Este sistema no solo impulsa el desarrollo personal, sino que es un motor de equidad, justicia social y progreso económico, además de promover la cohesión social.
“Cada familia puede apoyar activamente a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Cada docente tiene la oportunidad de inspirar a sus estudiantes, incluso en los contextos más difíciles. Además, la ciudadanía en general debe cuestionar discursos que minimizan el valor de la educación pública, considerándola un gasto en lugar de una inversión estratégica para el desarrollo del país”, mencionó la vicedecana.
El inicio del curso lectivo 2025, agregó, debe ser un punto de partida para renovar el compromiso colectivo con la educación pública. Afirmó que este llamado no solo corresponde a los actores directamente involucrados en el sistema educativo, sino a toda la sociedad costarricense: la educación pública es un bien común que beneficia a todos y debe ser defendido con firmeza.
“Un país que invierte en educación invierte en su futuro. Renovar la esperanza y defender la educación pública es una tarea que nos compete a todos. Solo mediante un esfuerzo conjunto será posible garantizar un sistema educativo a la altura de las necesidades del país, que permita construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria”, concluyó Jiménez.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
