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Etiqueta: MEP

Aumentan casos de hostigamiento sexual en el sector público

Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023

En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.

Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.

Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.

Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.

De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.

Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.

Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Tomadores de decisiones ordenan acciones sobre sexualidad desde el desconocimiento, alerta académica de la UNA

“Los tomadores de decisiones no han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento y eso es muy delicado”. La advertencia la hizo, este 19 de marzo, Margarita Murillo Gamboa, académica del Centro de investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), durante la conferencia virtual Afectividad y sexualidad para el desarrollo integral de las personas menores de edad.

La conferencia, que se programó, tras la suspensión del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP), analizó las implicaciones que tal medida trae y la necesidad de garantizar una formación integral para la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Murillo Gamboa, quien tuvo la oportunidad de participar en la creación de estos programas, recordó que en 2006 la educación sexual inició como una guía y evolucionó a un programa estructurado con la política pública de sexualidad, desde 2010 y hasta 2020. Desde esa fecha el programa, que estaba dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria y primaria, no se renueva.

También mencionó que para crear esta política se basaron en descubrimientos del neurólogo Antonio Damasio, que consisten en que todo lo que pensamos pasa primero por una emoción. Si no se educa ni se hace conciencia de eso, no se puede dar un concepto racional ni una educación emocional.

Tras el análisis se dieron cuenta de que no se necesitaban guías si no un programa que se adaptara a un modelo de género. Por eso abordaron tres temas principales:

1. Educación emocional y valores

2. Factores culturales, de género y estigmas

3. Salud sexual y reproductiva

La especialista recalcó en que si no hay educación emocional no hay respuestas positivas ante la sexualidad. “Yo no puedo enseñarle a un muchacho a ponerse un condón o hablar de pastillas o tecnología anticonceptivas, si no he trabajado la madurez emocional y las creencias o estigmas que tiene alrededor de la pastilla, por ejemplo, o del condón. Todos esos estigmas y creencias delimitan la conducta de protección; hay que trabajarlas, porque nada hago con enseñarle a ponerse un condón, si no se lo pone porque está enamorado”.

Recordó que en los programas se les hablaba a los menores de edad, quienes entre los 3 y los 5 años, manifiestan las primeras expresiones eróticas de placer. “Somos seres de deseo y placer, no se le puede anular a la vida humana el deseo, y debe ser dentro de espacios placenteros”.

Lo que pasa es que el tabú, el morbo y la vergüenza—aclaró—relacionan el placer con la violencia sexual, la pornografía o la prostitución, y eso no es un placer sano. Lo que recomienda, en cambio, es educar sobre los estados de placer reales, como amar, cantar, besar, reír, llorar, entre otros.

¿Pero por qué este gobierno decide quitar los programas?

Según la académica, dentro de las recomendaciones que hicieron, en el 2010, fue capacitar a las personas facilitadoras, con 60 a 80 horas por año; sin embargo, no llegaron ni a 25 horas, por lo que se tuvo que plantear una estrategia política para incluir en el curso de ciencias toda esta materia, y que fuera validado con el examen de bachillerato para que, de alguna forma, se vieran obligados a estudiarla. “Por eso este gobierno decidió no reactivar la política: porque no capacitaron a los facilitadores; además de una serie de presiones, de tabúes y temores, un moralismo exagerado y muchas noticias falsas”, mencionó la experta.

Recalcó que los tomadores de decisiones desconocen por completo sobre estos temas. “No han llevado formación en afectividad y sexualidad, pero tienen el poder de tomar decisiones desde el desconocimiento y eso es muy delicado”, finalizó.

Por su parte Arturo Fallas Vargas, académico del Cide, se refirió a la importancia de la educación sexual desde edades tempranas, ante la realidad que vive Costa Rica. Según dijo, se les preguntó a estudiantes de primaria y secundaria cómo aprenden educación sexual y el gran resultado fue que lo hacen a escondidas.

Ese desconocimiento lleva a los menores a caracterizar los modelos amorosos con violencia, con celos y con una visión de sexualidad inadecuada. “Actualmente los estudiantes buscan información de forma furtiva, nos hemos devuelto casi 30 años, antes de que se dieran estos programas (…) sin estos programas ¿cómo será la construcción de su biografía sexual desde la educación sexual que recibe?”

¿Por qué es importante la educación sexual?

Fallas mencionó que la sexualidad nos acompaña toda la vida desde la infancia hasta la vejez, y que es la forma de vincularnos y expresar afecto y comprender el cuerpo como parte de la identidad. En la etapa de la infancia, implica aprender sobre el cuerpo, los límites, el respeto y eliminar el aprendizaje desigual; y en la etapa de la adolescencia, se profundiza en la autonomía, el consentimiento y las relaciones interpersonales saludables.

Además, enfatizó que, a más información menos mitos, y se evitan las creencias erróneas del amor, el placer, la orientación del deseo sexual y la identidad de género. “En la educación sexual hay que desmontar los mitos y promover una sociedad más respetuosa y libre de prejuicios. Educar en sexualidad es educar en autonomía, cuando las personas conocen sus cuerpos, emociones y derechos, pueden tomar decisiones informadas sobre su vida afectiva y sexual”, afirmó.

Asimismo, descartó que la educación sexual fomente la promiscuidad. Por el contrario, refuerza la responsabilidad, no acelera el inicio de la actividad sexual lo cual redunda en la mejora de toma de decisiones. “No hablar de sexualidad no la elimina, sólo deja a las personas en riesgo, el silencio nunca ha protegido a nadie”.

En complemento a estas reflexiones, Miroslava Bonilla Cabañas, académica del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), recordó que la educación sexual es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional. “Los gobiernos deben actuar desde un enfoque de derechos y garantizar que las personas menores de edad accedan a información basada en evidencia científica”, declaró.

El evento finalizó con el recordatorio de la vicedecana del Cide, Susana Jiménez, para quien “Hablar de educación sexual no es solo hablar de biología o de prevención, como muchas veces se ha vendido, sino es reconocer que la educación es un acto político y por lo tanto cuando yo tomo una decisión de tipo curricular, eso también expresa una visión de un mundo, que lo que enseñamos y lo que decidimos no enseñar tiene un impacto directo en la sociedad que estamos construyendo. Por lo tanto, desde el Cide creemos que la educación sexual afectiva es clave para nuestras niñas, niños y adolescentes porque necesitamos gente que tenga un desarrollo de un juicio crítico, que tengan capacidad de análisis, habilidades de diálogo, y complementen todo esto con la formación que reciben en sus hogares; además, porque en este momento hay muchos desafíos que pasan en la sociedad”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría interpone acción judicial ante agresión sufrida por niño con discapacidad

Solicita medida cautelar a Juzgado de Familia, quien ordena varias acciones

La Defensoría de los Habitantes planteó ante el Juzgado de Familia una solicitud de medida de protección cautelar a favor de una persona menor de edad con discapacidad, que sufrió agresión física en una escuela pública.

El proceso de protección cautelar es un juicio recientemente creado por el Código Procesal de Familia, que tiene el fin de proteger los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad (personas menores de edad, personas con discapacidad y adultas mayores, indígenas, entre otras). De conformidad con el artículo 34 de ese Código la Defensoría de los Habitantes cuenta con la legitimidad -facultad- para interponer este tipo proceso.

Pese a que la madre de la persona menor de edad recurrió a diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, no recibió respuesta satisfactoria. La madre solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes y se realizó una investigación en la cual se emitió un informe final que constató una serie de yerros en el procedimiento administrativo y emitió recomendaciones.

En atención a dicha legitimidad y a que la situación denunciada persistía, la Defensoría decidió interponer el proceso cautelar de protección para resguardar la integridad física de la persona menor de edad, debido a que el docente seguía impartiendo lecciones en dicha escuela. Esta Defensoría solicitó al Juzgado adoptar urgentes medidas provisionales que aseguren el derecho a la integridad física, psicológica y emocional de la persona menor de edad, así como el derecho a una educación inclusiva en un espacio seguro.

El Juzgado acogió varias medidas cautelares, entre ellas, ordenar a la directora del centro educativo asignar a otra persona docente a efecto de que no se vean suspendidos los apoyos educativos que él requiera en ejercicio de su derecho a la educación durante todo el curso lectivo 2025.

Adicionalmente que la persona docente no pueda acercarse ni perturbar al niño en el lugar de estudio durante todo el curso lectivo.

También se ordenó a la directora del centro educativo, que sea a través de funcionario competente de la Institución o hacer las coordinaciones necesarias ante el Ministerio de Educación Pública para ofrecer a la mayor brevedad posible un acompañamiento profesional a la persona menor de edad.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Curso lectivo de 2025 inicia con desafíos críticos

Curso lectivo inicia con bajo presupuesto, ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y aumento creciente de la violencia escolar.

El curso lectivo inicia en Costa Rica marcado por desafíos críticos: 825 órdenes sanitarias que afectan a instituciones educativas, un presupuesto reducido, la ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y un contexto de creciente violencia escolar. Ante esta situación, el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), hace un llamado a la sociedad costarricense a renovar el compromiso con la educación pública, por ser un pilar del desarrollo nacional, equidad y justicia social.

El sistema educativo público enfrenta múltiples retos que requieren una respuesta inmediata y coordinada, según advirtió Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA). Este año, dijo, el presupuesto destinado a la educación es el más bajo de la década, lo que limita las inversiones urgentes en infraestructura, capacitación docente y programas educativos. Además, la falta de concursos para docentes recién graduados y la ausencia de pruebas de idoneidad dificultan el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza.

Las 825 órdenes sanitarias vigentes en los centros educativos reflejan una problemática que impacta directamente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Paralelamente, el aumento de casos de violencia en las aulas agrava la situación, afecta el ambiente escolar y provoca un desgaste emocional y profesional entre el personal docente, que enfrenta desmotivación frente a estas adversidades.

La educación pública, sin embargo, continúa siendo un eje central para el desarrollo nacional. A lo largo de la historia costarricense, ha sido la herramienta que ha permitido a millones de personas acceder a oportunidades, reducir desigualdades, y promover el progreso colectivo. Ante este panorama, cita Jiménez, existen experiencias internacionales con estrategias que podrían ser replicadas en el país.

En otros contextos, agregó la experta, se implementan programas educativos que integran a las comunidades en procesos de aprendizaje sostenibles. “La colaboración activa entre familias, comunidades y escuelas fomenta el capital social y la corresponsabilidad en la mejora del sistema educativo. Además, inversiones en educación temprana y en la calidad de los procesos en todos los niveles posicionan a la educación pública como un motor de bienestar colectivo y desarrollo regional”.

En el caso de Costa Rica, señala la experta, reivindicar la figura docente es clave para superar los retos actuales, ya que las maestras, maestros, profesoras y profesores desempeñan un rol esencial como agentes de cambio y es fundamental, además, fortalecer su compromiso y motivación. “Esto se puede lograr mediante programas de formación continua que incluyan liderazgo transformacional, desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas, así como una reflexión crítica sobre el impacto social de su labor”, dijo.

Actores clave

Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes también es indispensable. De acuerdo con la especialista, fomentar encuentros que permitan la reflexión profesional puede ayudarles a reencontrarse con su vocación y renovar su entusiasmo. Estas acciones son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema educativo a largo plazo.

El rol de las familias es igualmente crucial. Además, crear espacios accesibles y acogedores en las instituciones educativas facilita su participación activa en la educación de sus hijos e hijas. La capacitación para apoyar el aprendizaje en casa y su involucramiento en las decisiones escolares fortalecen el sentido de comunidad y la confianza mutua entre familias e instituciones.

Desde el Cide-UNA se hizo un llamado a la sociedad costarricense para defender la educación pública. Este sistema no solo impulsa el desarrollo personal, sino que es un motor de equidad, justicia social y progreso económico, además de promover la cohesión social.

Cada familia puede apoyar activamente a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Cada docente tiene la oportunidad de inspirar a sus estudiantes, incluso en los contextos más difíciles. Además, la ciudadanía en general debe cuestionar discursos que minimizan el valor de la educación pública, considerándola un gasto en lugar de una inversión estratégica para el desarrollo del país”, mencionó la vicedecana.

El inicio del curso lectivo 2025, agregó, debe ser un punto de partida para renovar el compromiso colectivo con la educación pública. Afirmó que este llamado no solo corresponde a los actores directamente involucrados en el sistema educativo, sino a toda la sociedad costarricense: la educación pública es un bien común que beneficia a todos y debe ser defendido con firmeza.

Un país que invierte en educación invierte en su futuro. Renovar la esperanza y defender la educación pública es una tarea que nos compete a todos. Solo mediante un esfuerzo conjunto será posible garantizar un sistema educativo a la altura de las necesidades del país, que permita construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria”, concluyó Jiménez.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría revisa sustitución de programa de afectividad y sexualidad

La Defensoría de los Habitantes, desde el anuncio de la sustitución del programa de afectividad y sexualidad integral por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), realiza un análisis técnico sobre esta decisión, los criterios que les sustenta, la legalidad del acuerdo y estudiar las diferencias existentes.

Adicionalmente esta Defensoría ha realizado gestiones ante esa cartera para que remita toda la información necesaria que dio sustento al cambio de programa, las evaluaciones realizadas previo a la puesta en práctica del nuevo programa llamado Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia y todo el material realizado a este caso.

Como Defensoría venimos revisando una serie de aspectos de acuerdo con nuestra competencia. También requerimos conocer los contenidos del nuevo programa, el acta donde se tomó el acuerdo, los cambios realizados con respecto al anterior y a partir de este análisis técnico, valorar nuevas acciones a emprender”, dijo esta tarde la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

Incluso el día de ayer, personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Defensoría de los Habitantes, sostuvo una reunión técnica con grupos de organizaciones de la sociedad civil para conocer sus preocupaciones y observaciones, como parte del estudio que se realiza desde un enfoque de derechos humanos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Chaves y Müller nos engañaron sobre la educación sexual y los protocolos contra el bullying LGBTIQ+

Comunicado del SEC

Durante la conferencia de prensa del pasado 29 de enero, el presidente Chaves y la hoy exministra Katharina Müller mintieron sobre los Programas de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral del MEP. Con ignorancia y cinismo, redujeron la educación a simple erotismo y placer. promoviendo polarización política con fines electorales.

La falsedad de sus afirmaciones se evidencia con una simple revisión de los contenidos:

En primer grado, los estudiantes aprenden sobre el cuidado del cuerpo, la higiene y cómo comunicar situaciones incómodas o peligrosas.

En segundo grado se enfatiza el respeto en las relaciones interpersonales.

En tercer grado, aprenden a evitar la violencia y a cuidarse mutuamente.

En cuarto grado, estudian los cambios corporales y la importancia de los hábitos saludables.

En quinto grado, se abordan cambios en la adolescencia enfocados en igualdad y equidad.

En sexto grado conocen procesos fisiológicos de reproducción y la formación de una familia.

Desde séptimo año, asumen la diversidad de manera respetuosa en el marco de los derechos humanos.

En octavo año, aprenden sus derechos sexuales y reproductivos evitando relaciones violentas.

En noveno año, se fomenta la toma de decisiones informadas, la prevención de ITS y embarazos, y el reconocimiento del abuso sexual.

En décimo año, la asignatura «Educación para la afectividad y sexualidad integral” permite a los estudiantes plantear sus dudas, con orientación de profesores de psicología. Se analizan estereotipos de género, métodos anticonceptivos y el papel de las instituciones en la defensa de derechos.

Como puede verse, la mencionada promoción de la «perversión» solo existe en la cabeza enfermiza del presidente y una exministra que hoy se va, dejando nuestra educación publica en caos, sin haber comprendido que la materia que se imparte en escuelas y colegios no es una sola, ni es lineal, sino que está graduada según el nivel psicosocial, edad y escolaridad de las personas estudiantes en diferentes programas y asignaturas, impartida además por educadores y educadoras con responsabilidad y conocimiento.

Chaves y Müller repitieron comentarios vulgares que circulan como chistes de cantina, que no responden a casos reales. Ningún profesor responsable del MEP ha pedido a sus estudiantes que revisen pornografía, ni que pregunten a vecinos o desconocidos sobre experiencias sexuales. Esas afirmaciones falsas son una ofensa a la inteligencia y a la dignidad del personal docente que con gran dedicación imparten la materia desde el año 2012.

Gracias a estos programas, el país ha reducido la cifra de embarazos adolescentes. Sin embargo, el retroceso provocado por Chaves y Müller atenta contra los derechos de la niñez y adolescencia. La educación sexual no debe limitarse al hogar ya que muchas madres y padres no están preparados para abordarla. Es un derecho fundamental y una obligación del Estado.

Por todo lo anterior. El SEC rechaza la eliminación de estos programas y la derogatoria del protocolo de atención del bullying contra la población LGTBIQ+, como afirma falsamente el MEP.

¡SEC junto al pueblo!
31-1-2025

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA alerta sobre retroceso en educación y derechos humanos

UNA Comunica. 27 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, así como el Protocolo de Atención de Bullying contra la población LGTBIQ+. Estas medidas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y arriesga importantes avances en salud sexual, prevención de la violencia, promoción de la igualdad y atención de la discriminación.

Desde su implementación, estos programas han sido herramientas esenciales para el desarrollo integral de las juventudes, al abordar temas clave como: cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia, diversidades sexo-genéricas, prevención de la violencia basada en género y violencias sexuales, salud sexual y reproductiva, que incluye la educación sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y protocolos claros para prevenir y abordar el bullying por orientación sexual o identidad de género.

La decisión de eliminar estos contenidos contradice las recomendaciones de las altas instancias internacionales en derechos humanos y la normativa vigente en Costa Rica como la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Programa de Afectividad y Sexualidad Integral ha demostrado su eficacia en la reducción de embarazos adolescentes. Según el informe Estado de la Nación de 2022, la tasa de nacimientos en adolescentes disminuyó de un 19% en 2012 a un 9% en 2021, un “logro país que debemos cuidar”, según resalta el documento. De igual manera, el Protocolo de Atención de Bullying ha sido un pilar clave para combatir la discriminación, el bullying y la violencia que enfrentan las personas jóvenes LGTBIQ+, garantizando un ambiente educativo más inclusivo y seguro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó estas decisiones bajo la premisa de que la educación sexual es responsabilidad primaria de las familias y que el programa tenía un enfoque “erótico” inapropiado. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia concreta y parecen ignorar el impacto positivo de los programas en el bienestar y la formación de las juventudes.

La ausencia de educación integral en sexualidad y la eliminación de protocolos específicos expone a las personas jóvenes a mayores riesgos de abuso sexual, relaciones impropias y otras formas de violencias por razones de género, discriminación y embarazos no deseados. Además, debilita el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+, lo que perpetúa las desigualdades estructurales en nuestra sociedad.

Instamos al Consejo Superior de Educación y al MEP a reconsiderar estas decisiones y garantizar que los programas educativos contemplen una formación integral, así como protocolos inclusivos que preparen a las juventudes para enfrentar los desafíos del presente y el futuro en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos y los estándares de las instancias correspondientes como la Corte IDH y el Comité CEDAW.

La educación sexual y afectiva no es un adicional, sino un derecho fundamental que contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencia y el Estado de Costa Rica tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Comunicado sobre la eliminación del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral

Este comunicado puede ser firmado por organizaciones que forman parte del Ente Permanente de Consulta de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos.
Para conocer el comunicado y firmar si es una de las organizaciones que se indica puede seguir el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlapk8DP4L-PoetAsfM0DxJ_SssNCcXyUN1YwaL5xSyK9EoQ/viewform?usp=header

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.