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Etiqueta: migrantes

APDHA solicita amparo por violencia policial en Granada

Violencia policial en Granada, tras el Partido Marruecos-España en Qatar, 06/12/22. Captura de video de testigo del hecho.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

“¿De qué trabajas tú, moro de mierda?” o “Esta noche vas a dormir en el calabozo caliente” fueron algunas de las frases que los agentes dirigieron al denunciante.
En uno de los vídeos aportados al procedimiento judicial se observa cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza al denunciante cuando este se encontraba inmovilizado en el suelo.

Solicitan amparo al Tribunal Constitucional por un caso de violencia policial durante el partido entre Marruecos y España

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante un nuevo caso de violencia policial que tuvo lugar en la ciudad de Granada el pasado 6 de diciembre de 2022 durante el partido del Mundial de Qatar entre Marruecos y España. Según la denuncia interpuesta, ese día el denunciante se dirigía rumbo a su trabajo cuando un dispositivo policial le impidió el paso por una calle donde un grupo de personas estaba celebrando la victoria de la selección marroquí en el Mundial de fútbol celebrado en Qatar.

En ese contexto, el denunciante, también de origen marroquí, alega que dos agentes lo tiraron al suelo, lo golpearon en distintas partes del cuerpo y, una vez inmovilizado, otro agente se aproximó y le propinó una patada en la cabeza. Los hechos fueron presenciados por numerosas personas, quienes grabaron la escena con sus teléfonos móviles. Ante tales hechos, las personas que se encontraban congregadas en la zona comenzaron a gritar “¡Racismo!, ¡racismo!, ¡racismo!”. De hecho, según la versión del denunciante, a lo largo de su detención los agentes se dirigieron a él con expresiones tales como “¿de qué trabajas tú, moro de mierda?” o “esta noche vas a dormir en el calabozo caliente”.

Tras su traslado a comisaría y puesta en libertad, se elaboró un parte de lesiones en el que se objetivaron heridas y hematomas en todo el cuerpo. Por ello, acompañado por la asesoría jurídica de la APDHA, la víctima interpuso denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Granada solicitando la práctica de numerosas diligencias de prueba tales como el informe médico forense, la declaración de la víctima, el interrogatorio de los testigos y del personal sanitario, así como la identificación de los agentes que formaban parte del dispositivo que detuvo y agredió al denunciante. Junto a la denuncia, se aportaban además informes médicos objetivando las lesiones, fotografías de estas y grabaciones de la detención.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 archivó el caso sin practicar ni una sola diligencia de prueba solicitada. Tan solo solicitó el atestado policial elaborado al efecto por la Policía Nacional. Ante esta decisión, el denunciante recurrió primero ante el propio juzgado y después ante la Audiencia Provincial. El órgano de instrucción confirmó la decisión adoptada, argumentando respecto al vídeo donde se ve cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza que “si en ese momento se produjo alguna lesión al denunciante” fue porque los agentes “se vieron obligados a utilizar la fuerza mínima imprescindible para poder ser trasladado a Comisaría”.

La Audiencia Provincial, sin entrar al fondo de la cuestión, confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción el pasado mes de junio. Por tal motivo, el denunciante ha formalizado esta semana recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que sostiene que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con la prohibición de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes.

La APDHA denuncia que no se trata de un hecho aislado. Por una parte, la organización recuerda que apenas hace un año que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en un caso que también tuvo lugar en la ciudad de Granada y en el que se formuló una denuncia por torturas en el contexto de una actuación policial. Por otra parte, la entidad andaluza sostiene que «lejos de tratarse de un hecho puntual, estas actuaciones policiales totalmente desproporcionadas son algo más que casos aislados y, en muchas ocasiones, son reflejo de un racismo institucionalizado»

 

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/07/apdha-solicita-amparo-por-violencia-policial-en-granada/

Bukele y Las Maras en El Salvador

Alberto Salom Echeverría

(primera parte)

Cualquier persona que no tenga la información debida, se sorprenderá al saber que el origen de las maras se produjo en los suburbios del sur de Los Ángeles, California, en Los Estados Unidos, antes que, en El Salvador como frecuentemente se cree. Su nacimiento se dio en la década de los años ochenta, a raíz del maltrato y la discriminación de las que fueron objeto los migrantes salvadoreños a los Estados Unidos, a manos de pandillas de nacionalidad mexicana y descendientes afroamericanos. Una buena parte de los migrantes salvadoreños huyeron de El Salvador, por las malas condiciones de vida derivadas de la guerra civil en la que estaba envuelto el “pulgarcito de América”, como llamó a una de las naciones más pequeñas del continente americano el escritor (poeta y fino en el estilo de su prosa), el salvadoreño Julio Enrique Ávila (n. 1892-m.1968). Aclaro que esta alusión de mi parte no posee el menor tono peyorativo, sino que corresponde a la connotación que le otorgó el poeta Ávila cuando afirmó: “El Salvador es el país más pequeño del continente, el Pulgarcito de América. Tan pequeño, tan pequeño es, que podría imaginarse que cupiera en el hueco de una mano. Sin embargo, la pequeñez geográfica, pobreza de territorio, ha sido vencida por un alma indígena indomable que ha logrado florecer los páramos y ha hundido su arado de madera hasta en los bordes del precipicio y las aristas de las cumbres. Todo el país cultivado, se ofrece al peregrino como un huerto generoso; y bajo su sombra un huerto con los brazos abiertos, con los brazos en cruz, para acoger al que viene de fuera en busca de abrigo o sustento. Pueblo que todo lo obtuvo del trabajo, en una lucha tenaz y paciente; pero que sabe compartir la parquedad de su bocado con quien lo ha menester…” (Cfr. Ávila, Julio E. “El Salvador, Pulgarcito de América.” -fragmento- en: https://m.facebook.com >posts)

Estos migrantes salvadoreños entonces se organizaron en primera instancia, para defenderse del latrocinio conforme el que eran tratados, en muchas circunstancias hasta por otras pandillas delincuenciales. Poco tiempo después se les sumaron personas de origen guatemalteco y hondureño, así como también algunos mexicanos y de otras nacionalidades. Este origen fruto de condiciones tan adversas, hizo que sus miembros se cohesionaran como una especie de “hermandad” y que tuvieran que actuar de manera clandestina en el territorio estadounidense. Al poco tiempo, las condiciones socio económicas paupérrimas en las que se vieron obligados a sobrevivir, los empujaron a incurrir en acciones delictivas. Esta deriva violenta, los enfrentó inclusive con el FBI y la DEA, acarreando en gran cantidad de ocasiones su deportación a El Salvador y los demás países de los que provenían, sin tener derecho a defensa legal alguna.

El regreso de los cientos o miles de deportados a El Salvador, Guatemala y Honduras dejó a muchos de ellos con una mano adelante y la otra atrás, merced a la violenta pauperización o empobrecimiento que experimentaban (y experimentan todavía) esas sociedades. Fue así como, la organización que habían creado en Los Estados Unidos, las experiencias de enfrentamiento con las autoridades policiales y haberse visto obligados a actuar prácticamente en la clandestinidad, los preparó, sin haberlo previsto, para afrontar las nuevas exigencias en sus países de origen.

Las maras como se habían denominado desde que se organizaron en el “Norte revuelto y brutal”, para usar la conocida expresión del inmortal prócer cubano José Martí, comenzaron a echar raíces como organización criminal al margen de la ley, en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero principalmente en el primero de ellos, desde principios de la década de los noventa después de la deportación que sufrieron por parte del gobierno estadounidense.

En el caso de la “Mara Salvatrucha 13”, una de las más violentas, sus miembros fueron reclutados por el Cartel de Sinaloa, precisamente por su accionar cruel y violento. Fueron entrenados en el manejo de armas para ser insertados en el enfrentamiento contra “La Organización del Golfo” (Los Zetas o Cártel de los Zetas), una poderosa organización terrorista del narcotráfico en México, reputada por ser una de las más sanguinarias que se movía entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, fundada por el capo Arturo Guzmán Decena, conocido como el “Z1”. (Cfr.  Marzulli, John (4 de marzo de 2011). «MS-13 gang member yelled ‘the beast has eaten!’ after murder of man he mistook for a Blood: witness – New York Daily News». Articles.nydailynews.com. Consultado el 24 de octubre de 2012.)

El término de mara quiere decir “pandilla de muchachos”; en El Salvador la connotación es: gente, pueblo, chusma. “Salvatrucha 13” por su parte es una palabra compuesta que tiene que ver con Salvador por una parte y trucha por la otra, que significa en México, persona sagaz. El número 13 hace alusión a la treceava letra del alfabeto la “M” de “Mara”. El radio de acción de la “Mara Salvatrucha 13” ha estado distribuido principalmente entre Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras y subsidiariamente en Canadá, Los Estados Unidos y México. Pero las maras en su conjunto se han extendido inclusive por algunos de los países europeos, como España y, se sabe de brotes en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Empero, en ninguno de ellos lograron establecerse. (Cfr.https://elpais.com/politica/2014/03/29/actualidad/1396110792_713723.html).

Otros de los Carteles, pandillas o Maras con los que se ha enfrentado la “MS13”, fueron los siguientes: Mara Barrio 18 (uno de sus peores enemigos), Cártel de Juárez, Los Negros, Sombra Negra, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán Leyva, The Rascals, Bloods, Norteños, Armenian Power, y los Latin Kings. Y como si este “pedigree” fuera poca cosa, la “Mara Salvatrucha 13” tuvo varios enfrentamientos armados con el Gobierno Federal de Los Estados Unidos.

Entre las actividades delictivas se le achacan: narcotráfico, robo, extorsión, terrorismo, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinato, proxenetismo, crimen, asalto, secuestro y tráfico de armas. De acuerdo con los datos acopiados, se le atribuye poseer entre 200.000 y 300.000 miembros. No obstante, hay que tomar en cuenta que, entre los procedimientos de las maras, existe la extorsión no solo contra el Estado y organizaciones, sino también contra la población. Muchas personas son reclutadas por las maras mediante ese procedimiento, so pena de ser asesinadas ellas y sus familias si no se enrolan con la organización o colaboran con ella. Por otra parte, las maras crecieron entre los jóvenes, debido a los diversos problemas familiares y sociales que sufrían de abandono, maltrato, abuso, etc. De esta manera los jóvenes y adolescentes ingresan a las maras desde la edad de los 12 años, buscando encontrar en ellas apoyo a sus familias. Además, muchos otros ingresaron a la organización bajo amenaza como se expresó antes. Es frecuente que se les obligue antes de ingresar a la organización a realizar algún acto violento, a fin de contar con la autorización para acceder a ella. Todo lo anterior debe tenerse muy presente para todo lo que en estos ensayos vamos a analizar.

(Cfr.https://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha#:~:text=La%20Mara%20Salvatrucha%20comenz%C3%B3%20por,las%20m%C3%A1s%20violentas%20del%20mundo). Continuará la próxima semana…

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Mirar para otra parte

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

Es fácil hacer los cálculos: contabilice el número de minutos, exposición de imagen, análisis periodísticos, transmisiones en vivo, retransmisiones en plataformas virtuales sobre el affair doméstico entre una exreina de belleza (la hipérbole se explica sola) y un empresario acostumbrado a las luces y reflectores, pero no precisamente por sus actividades y negocios.

Saque conclusiones. El affair fue construido por una agenda que no repara en el vaciamiento de contenidos una y otra vez. En la necesaria era de la reflexión, cada vez más el análisis adelgaza y en su lugar una lista de temas inyectados de esteroides artificiales domina casi todos los ángulos de las noticias diarias.

Mientras se invitaba al público costarricense a observar en vivo la requisa in situ de las “joyas de la corona”, a cientos de miles de kilómetros de palacio, un nuevo drama tocaba las puertas de la europea fortaleza.

Un buque pesquero convertido en transporte de “carga humana” naufragó en costas mediterráneas.

Zarpó de Libia con cerca de 750 personas (si, esos cuerpos no contabilizados por el capitalismo neoliberal) con rumbo a Italia. Cerca de Grecia, una posible desestabilización de la embarcación habría causado la tragedia.

Al momento de escribir estas reflexiones, se contabilizan oficialmente 79 personas fallecidas, más de 100 personas rescatadas y un número indeterminado de personas desaparecidas en el mar mediterráneo.

Las personas sobrevivientes identificaron aproximadamente 100 niñas y niñas, que junto con mujeres, se encontraban en el fondo de la embarcación al momento del desastre.

Desde que la Europa fortaleza cambió su programa de ayuda humanitaria “Mare Nostrum” por una serie de acciones de control y persecución en alta mar denominadas “Tritón” a inicios de la década anterior, la máquina de triturar personas migrantes en el mar y las costas mediterráneas no ha dejado de funcionar y dar vueltas.

Mientras tanto, a cientos de miles de kilómetros del drama, la agenda mediática criolla ocupa a la gente en el problema social e institucional profundo que representa un affair de élites convertido en tema de alcance nacional. A los 2 minutos que a lo sumo recibió la noticia del naufragio en aguas griegas le contrasta una vasta, amplísima cobertura que tiene a este país en vilo. Mirar para otra parte significa afinar el sentido de lo importante. Es ver más allá del ombligo, de nuestras pequeñeces. Ante el vaciamiento de significado de la comunicación hegemónica, interpongamos el prisma de la urgencia, de lo necesario, de lo importante. Hagamos otra comunicación produciéndola y consumiéndola de una forma políticamente activa.

Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.

El riesgo de un discurso infundado 

Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)

Hace poco un medio de comunicación nacional me preguntaba mi opinión sobre el tránsito de personas por el paso fronterizo entre Colombia y Panamá denominado Tapón del Darién y las implicaciones para el país de una posible afluencia masiva de migrantes una vez superado ese duro trance.

Mi respuesta fue ubicar el sentido de dinámica de la movilidad en la que las personas en tránsito no buscan quedarse en el país sino más bien generarse las condiciones requeridas para continuar su camino.

Es un proceso con varias dimensiones concatenadas y no puede ser reducido a un asunto de hipervisibilización o aumento de la inseguridad provocada por el paso de tales movilidades.

Trabajar en argumentar desde una idea como estas, contribuye a desmontar la noción difundida de una crisis migratoria que el país debe atender con sus escasos recursos.

La crisis, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no la producen quienes migran sino los sistemas institucionales, económicos y sociales que crean las condiciones causales a las que se adiciona la implementación de políticas migratorias basadas en el enfoque securitario.

Un aspecto que adiciona a la fabricación de las crisis migratorias es la socialización de informaciones distorsionadas o que den la impresión de que la situación no puede controlarse. Justamente el presidente de la República, Rodrigo Chaves emitió recientemente una opinión en la que señalaba el costo ( SIC) de mantener a poblaciones migrantes en el país dotándolas de servicios como educación y salud.

Si el enfoque es el costo, algo anda mal en la posición gubernamental y denota ciertamente un uso instrumental del tema para seguir generando núcleos duros de apoyo con temas sensibles. Bien es sabido que en regímenes populistas, los gobiernos se granjean el apoyo popular estableciendo posiciones que la mayoría desea escuchar. La migración es uno de ellos.

Hubiera sido necesario que antes de emitir tales declaraciones, el mandatorio dedicara un par de horas de su intensa agenda para leer con detalle el informe de la OCDE-OIT de 2018 sobre la contribución de as migraciones al desarrollo económico del país. Sabría que por ejemplo esa contribución fue estimada en cerca de un 12% del Producto Interno Bruto, aporte para nada menor en las circunstancias de la economía global y nacional.

La reciente designación de una nueva jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indica dos aspectos a señalar: la inconsistencia que ha caracterizado el liderazgo del sector en los últimos años y su ubicación como parte del ámbito de seguridad, gobernación y policía.

En la actualidad se discute una nueva política migratoria por entrar en vigencia a partir de 2024. Convendría discutir con seriedad si la Institucionalidad que gestiona las migraciones en el país debe seguir ubicada bajo el alero de los esquemas securitarios que, entre otras cosas, se nutren con fuerza de opiniones orientadas a construir una corriente de opinión contraria a la gestión de tales procesos, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El país se enfrenta a uno más de sus actuales desafíos. Las migraciones no pueden ser problematizadas de la forma en que la sociedad lo ha hecho hasta el momento. Es necesario un golpe de timón histórico que incluya decencia, conocimiento y oficio para acabar con las percepciones negativas y los peligros de opiniones que luego se conviertan en acciones de intolerancia, discriminación y rechazo.

El valor político de una espalda

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

El cuerpo como reducto, recurso, representación social. El cuerpo como arma, signo, símbolo. Donde se inscriben las marcas de la desigualdad, al mismo tiempo que la respuesta.

El cuerpo, poner el cuerpo, es quizá de los enunciados más claros a nivel político en los últimos tiempos.

La primera línea de personas jóvenes en los hechos del Chile de finales de la última década pagó prácticamente con sus ojos la acción cruenta y salvaje de personas entrenadas para matar.

Las 40 personas migrantes centroamericanas y de otros orígenes asesinadas en un centro de detención incendiado en Ciudad Juárez, pusieron su cuerpo para tratar de salvarse.

Los dos dirigentes indígenas costarricenses asesinados por defender sus territorios y sus familias marcadas con fierros calientes, estuvieron allí con sus cuerpos como dispositivo de resistencia.

Nunca como ahora el valor del cuerpo mecanismo de protesta y resistencia. Nunca como en estos tiempos de regresión neoliberal, el significado de un acto en el mismo corazón de la hegemonía cultural en Costa Rica.

Dar la espalda significa no reconocer, desconocer, resignificar, dignificar el trabajo del artista. Dar la espalda al poder es simbólicamente resistir a su funcionamiento. No verle la cara. Apelar a otros lenguajes corporales para decir, gritar.

En la reciente ceremonia de entrega de los premios nacionales de cultura, el acto fue justamente resignificado por un grupo de mujeres artistas en el campo visual, que bajo la consigna del hartazgo (qué más harta puede estar una mujer que un día sí y otro también experimenta violencia, acoso, discurso de poder y discriminación) expresó su profundo enojo contra los intentos de las elites dominantes por aniquilar la cultura, el arte y la educación del escenario nacional.

Lo hicieron allí, en ese otro escenario dispuesto para la alta cultura, las “bellas artes”. Son Las Hartas. Así se llaman. Así actúan. Así confrontan.

“Las artes, ni bellas ni apolíticas: críticas y combativas” rezaba uno de los carteles en la protesta convocada por personas trabajadoras del sector mientras adentro la espalda de Las Hartas enseñaba, implicaba, decía.

Dar la espalda como valor político. En otros momentos ha sido el puño en alto, el valor simbólico de una boca cosida, la inscripción de discursos de protesta y respuesta en todo el cuerpo.

El cuerpo como posibilidad y activación de una forma, otra, en la que lo político emerja desde la pulsión, desde adentro.

Un país bajo la piel

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El inicio de la época contemporánea de las movilidades humanas debe ser ubicado justamente hace diez años cuando el mundo observaba horrorizado el naufragio de una embarcación con más de 500 migrantes provenientes de Eritrea, Somalia y Ghana y que salió de Libia rumbo a Italia.

La fecha del 3 de octubre y el nombre Lampedusa marcan de alguna manera el comienzo de una época de horror fabricada por la gubernamentalidad migratoria global contra los cuerpos de las personas migrantes.

Entre Lampedusa y Ciudad Juarez han pasado cientos de miles de historias de drama y sufrimiento de personas que han fallado intentando cumplir el proyecto de tener un futuro mejor. En esta última ciudad, la necropolítica migratoria mexicana se encargó de calcinar, dejar morir al mejor estilo agambiano, a más de 40 personas migrantes “aseguradas” en un centro de gobierno estatal. Ocurrió el 28 de marzo reciente y las implicaciones de la apatía y la deshumanización institucional mexicana coludida con el sector empresarial privado apenas si empiezan a conocerse.

Hace apenas tres días una nota periodística informaba de la detención de 15 personas costarricenses en la frontera entre México y Estados Unidos cuando intentaban cruzarla. La estadística, apenas perceptible en la realidad centroamericana, muestra sin embargo la acuciante finalización de un proyecto costarricense basado en la integración horizontal y la fortaleza institucional.

El término de esta comunidad imaginada está produciendo poco a poco fisuras sociales que encuentran en la migración una estrategia de salvación y sobrevivencia. Fueron 15 esta vez, pero el conteo agregado ya empieza a mostrar cifras significativas desde una realidad golpeada por un autoritarismo de baja intensidad, la violencia estructural y la desigualdad galopante.

En un emotivo encuentro de música y poesía realizado el 30 de abril, los artistas nicaragüenses Luis Enrique Mejía Godoy y Gioconda Belli ofrecieron en San José un momento de reflexión, vibración y memoria.

Hablaron del exilio como ese país al que nunca se llega, al decir de Abdelmalek Sayad. El exilio como una posibilidad de reconstrucción de la historia personal, la piedra de Sísifo vista como una posibilidad de volver a levantarse una y otra vez. Hablaron de pieles que llevan países, como los migrantes de Lampedusa, los de Ciudad Juarez, los cientos de miles de exiliados y solicitantes de refugio en Costa Rica desde abril de 2018.

En tanto el orden global siga fabricando cuerpos exiliados, reducidos a la nada, su piel mostrará las marcas de países que empiezan a disolverse en la geografía. Para ellos la música y la música existirán para salvarlos.

Una tarea civilizatoria por hacer

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El mismo día que en Costa Rica saltó a la luz pública un caso de racismo contra un jugador de fútbol de su liga profesional, se conocía el horror de la necropolítica sistemática y gubernamental del Estado mexicano contra las personas migrantes que atraviesan su territorio.

Ambos casos se conectan. Invariablemente en una matriz histórica que no cesa y que tiene al poder institucional y el poder cultural como ejes axiológicos de prácticas que siguen evidenciándose un día sí y otro también en este mundo de la post pandemia o la pandemia prolongada.

En el caso del jugador, extranjero en Costa Rica y proveniente de Jamaica, la denuncia implica no sólo el insulto y la provocación. Además, deja ver un escenario de naturalización de las prácticas de racismo instaladas en la epidermis y en la psique de una actividad que no cesa de reproducir día con día estas odiosas formas de discriminación, odio y exclusión sociocultural.

La mínima acción del equipo involucrado (terminar su ligamen con el entrenador al que se le atribuyen las acciones de racismo en contra del jugador) debiera a estas alturas ir acompañada de una actividad educativa a todo nivel, involucrando campañas de formación y sensibilización sobre ese tema, tan delicado en una sociedad como la costarricense.

El drama de las personas migrantes fallecidas en un centro de aseguramiento en México, por su parte, denota el desprecio absoluto por la vida y la desidia de un sistema migratorio basado en la seguridad como su principal derrotero.

Bajo estas premisas, si lo que muere no es “legal”, se naturaliza y hasta se justifica. Las vidas de los centroamericanos en tránsito por México valen menos que el costo de un combo en un restaurante de comida rápida.

Ambos sistemas, el del racismo y el de la secutización migratoria in extremis, asumen que hay un otro inferior al que debe desaparecerse hasta aniquilarlo, desde el discurso y la práctica.

Estos tiempos son tiempos “bisagra”. La clausura de ciclos y el comienzo de nuevos a los que les está costando dejar atarse el lastre del pasado. Mientras la vida importe menos que el aparto en el que escribo estas reflexiones, seguiremos involucionando hasta encontrarnos con el primer fuego.

Quizá esa sea la tarea civilizatoria que nos tocó vivir. Hagámosla entonces. Bien. Volvamos al principio. Intentemos de nuevo reconocernos en nuestra humanidad.

Denuncian crimen de Estado: La muerte de 39 migrantes en México

Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador del Grupo Plural, indica que la política migratoria mexicana no solo mata, sino que también viola los derechos humanos y genera un trato profundamente indignante con las personas migrantes. 

Según el Senador, el incendio sucedido en Ciudad Juárez que mató a 39 personas en un centro de detención de migrantes es una consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación: no se trata de un caso aislado o una terrible casualidad, sino que responde a una violación sistemática a las personas migrantes y, por ende, a un crimen de Estado. 

El estado mexicano recibe a 130 mil migrantes al mes, los cuales no tienen dónde comer ni dónde dormir y, encima de todo, sufren de persecución y criminalización a cada lugar donde van. 

Por ello, Álvarez exige a la tribuna que se dejen de minimizar los hechos y se cambie la política migratoria de inmediato.

 

Imagen: Semanario Universidad.