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Etiqueta: Ministerio de Cultura y Juventud

Movimiento Transparencia emite comunicado sobre la reforma a la Ley de Premios Nacionales que avanza en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Cultura.

La subcomisión legislativa respectiva analiza la reforma a la Ley de Premios Nacionales de Cultura. Ante este trámite, el Movimiento Transparencia considera necesario dejar constancia pública de las acciones realizadas durante este proceso, sobre todo porque quienes participamos en distintos espacios de consulta y discusión todavía no conocemos la versión actualizada del texto sustitutivo. Dado que esta reforma está próxima a someterse a votación es clave el seguimiento ciudadano.

Movimiento Transparencia, Fundación ACUA y Fundación Interartes fuimos las tres organizaciones que comparecimos ante la Asamblea Legislativa el 28 de julio, semanas después de la comparecencia del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, realizada el 1 de julio. Cada organización presentó sus propias observaciones y propuestas. Posteriormente, las organizaciones participamos en espacios de diálogo en el Ministerio de Cultura y Juventud para revisar el texto sustitutivo y conversar sobre las propuestas planteadas.

En el caso de Movimiento Transparencia, se nos informó que algunas de nuestras observaciones serían acogidas. Entre ellas, la incorporación de la literatura infantil a los Premios Aquileo J. Echeverría; una declaración jurada mediante la cual quien postule una obra asuma responsabilidad sobre su autoría y originalidad; y otros mecanismos de verificación relacionados con el ISBN y las condiciones de publicación.

También manifestamos nuestra oposición a la propuesta de convertir automáticamente a quien obtiene un Premio Nacional en jurado de la edición siguiente. Consideramos que ese mecanismo puede fortalecer círculos de reciprocidad y posibles conflictos de interés, precisamente donde la reforma debería procurar mayores garantías de independencia. En la reunión se nos indicó que esta disposición se mantendría por tratarse de una propuesta del Ministerio.

Otra de nuestras observaciones que no fue acogida se relaciona con el enfoque del premio a la economía creativa o “economía naranja”. Desde Movimiento Transparencia consideramos que debe preservarse el espíritu de un reconocimiento a la gestión cultural, que permita reconocer también el trabajo desarrollado desde las comunidades y no únicamente iniciativas vinculadas a una lógica económica o mercantil.

Sin embargo, a pesar de haber participado en estos espacios de diálogo, nunca tuvimos en nuestras manos la versión actualizada del texto sustitutivo. Por esa razón, no podemos verificar si aquello que se nos comunicó fue efectivamente incorporado, cuál es su redacción definitiva, qué otras modificaciones se realizaron posteriormente ni qué ocurrió con las distintas recomendaciones recibidas durante el proceso.

Ante esta situación, el 25 de septiembre, Movimiento Transparencia, Fundación Interartes y Fundación ACUA enviamos conjuntamente un correo al despacho del ministro de Cultura y Juventud solicitando respetuosamente “el borrador actualizado del texto sustitutivo”, con el propósito de “conocer y valorar las nuevas incorporaciones realizadas al documento”.

Consideramos importante que la ciudadanía conozca esta situación. Los Premios Nacionales son reconocimientos del Estado costarricense y constituyen el máximo reconocimiento público que el país otorga en distintos ámbitos de la creación y la cultura. Por ello, sería saludable que el texto actualizado sea conocido públicamente antes de que la reforma continúe avanzando en su trámite legislativo.

Asimismo, consideramos que una reforma de esta trascendencia habría merecido la participación de un espectro todavía más amplio de organizaciones, colectivos, universidades, artistas, creadores y gestores culturales. La participación de las organizaciones que fuimos convocadas respondió al interés y seguimiento que hemos mantenido sobre este proceso, pero de ninguna manera pretende representar la diversidad del sector cultural costarricense.

Movimiento Transparencia reitera su solicitud de conocer el texto sustitutivo actualizado, con el fin de evaluar las nuevas incorporaciones y conocer qué ocurrió finalmente con las propuestas y observaciones planteadas durante este proceso.

Movimiento Transparencia
28 de septiembre de 2026

Organizaciones culturales, ante la reforma a Ley de Premios Nacionales de Cultura y Arte propuesta por el ministro de Cultura y Juventud, señor Jorge Rodríguez, anunciamos ante la comunidad del país nuestra posición y propuestas

Escrito en . Publicado en Cultura.

Ante la inminente discusión en la Asamblea Legislativa de un proyecto de reforma a la ley vigente de premios nacionales, un grupo de agrupaciones culturales han dado su punto de vista basado en un análisis concienzudo que duró meses y que implicó comparecencias ante la comisión legislativa. Se ofrecen enseguida sus observaciones y propuestas que, según han manifestado, dan testimonio de su posición de este proceso.

Durante 2025, el ministro de Cultura y Juventud, señor Jorge Rodríguez Vives, que desempeña ese cargo desde la administración anterior, lanzó a consulta un proyecto de Reforma a la Ley de premios de Cultura y Arte. Varias organizaciones, especialmente de escritores, propusieron una serie considerable de modificaciones a ese proyecto y se entrevistaron con el ministro. Sin embargo, el proyecto original aparece de nuevo en la Asamblea Legislativa, sin ninguna modificación de fondo: la consulta había sido formal, pero, al parecer, sin diálogo fructífero ni impacto. En ese nuevo contexto, se llama a opinar a varias organizaciones, algunas asentadas y verificables, otras de presencia casi desconocida. El texto recibe una vez más una serie de observaciones de especialistas, personas expertas, activistas, gestores culturales y artistas. Tres grupos asistieron a comparecencias en la Asamblea Legislativa y expusieron sus observaciones: las organizaciones firmantes y el Movimiento Transparencia. Señalaremos aquí los más significativos de nuestros señalamientos.

Vacíos y problemas de la ley vigente

Como herencia de la ley vigente, hay en la propuesta de reforma persistencia de problemas de concepto, como el considerar a los premios nacionales “un incentivo”, cuando se trata, en el orden internacional, de premios a la excelencia y maestría en el campo premiado, sin importar la edad del postulante.

Otro problema central es el modo de administración actual del proceso subyacente a estos premios, al parecer inconexo, sin cabeza visible y circunscrito al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), que no tendría forma de garantizar la vigilancia del cumplimiento de la ley, en su condición de juez y parte. La propuesta de administración de la reforma citada agrava esta situación, por su tendencia endogámica: elimina o reduce los miembros externos al MCJ (CONARE, Colegio de Periodistas y Academia de la Lengua), le da poderes casi omnipotentes al jerarca y, además, convierte a las direcciones de los mismos departamentos del Ministerio en proponentes de jurados, es decir, concentra todo el proceso en el MCJ. Completa este panorama de concentración el hecho de que, al parecer, un texto sustitutivo devolvería la cabeza de la administración de los premios a la Dirección de Gestión Sociocultural, antigua Dirección de Cultura, donde ya estuvo por décadas, sin mejorar el proceso. En esas circunstancias, el ministro no tendrá un comité de expertos externos, con enfoques interdisciplinarios, que no sean los que provienen de sus subalternos. Como es sabido, ningún ministro puede ser experto en todos los campos. Tampoco sus subalternos tienen necesariamente la formación profesional en las artes premiadas: son administradores. Algo digno de destacar es que se reduce a uno solo el representante del CONARE (de las universidades estatales), que tienen a su cargo la enseñanza de las artes, con lo que se convertiría a los Premios Nacionales, que financia y otorga actualmente el Estado costarricense, en premios del Ministerio de Cultura y Juventud, gestionados y administrados por ese ministerio. Igual que ahora, ante una anomalía, el MCJ probablemente mandaría al ciudadano a poner un proceso judicial por su cuenta, como si fuera un problema legal del ciudadano y no una responsabilidad del ministerio velar por la probidad interna e introducir correctivos.

Subrayamos que los premios nacionales en el presente son otorgados por el Estado costarricense y no por una sola entidad, como sería si se aprueba la reforma.

En general, existen dudas y denuncias sobre nombramiento, idoneidad y actuación de algunos jurados, sobre desacato a normativa vigente, sobre filtración de información de los jurados, sobre la concordancia de las obras premiadas con los requisitos de ley y otros aspectos de procedimiento. Y un problema mayor: no existe instancia prevista para atender las denuncias. Así lo ha demostrado el Movimiento Transparencia. Sin embargo, en la reforma propuesta no se da solución a este cúmulo de cuestionamientos.

NUESTRAS PROPUESTAS

Destacaremos aquí nuestras propuestas más importantes, entre otras más de detalle, que hicimos llegar a la Asamblea Legislativa.

1. ENMIENDA A PROBLEMA CONCEPTUAL

Para ello, que se elimine la palabra “incentivo” de la ley y se lea “reconocimiento a la excelencia”.

2. PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN CON AUTONOMÍA

Para eliminar la situación de juez y parte del MCJ:

Que se cree una COMISIÓN SUPERIOR DE PREMIOS NACIONALES (COSUPRENA) de funcionamiento autónomo, que coordinará los premios en consulta con la Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ, y será sostenida con redistribución de fondos del MCJ, las universidades públicas y el MEP, es decir, del conjunto institucional mayor de cultura del país. Se recomienda que se use la figura de descargo de funciones internas cuando las personas que se nombren sean funcionarios de esas instituciones y que se financie con apoyo de todo el conjunto de instituciones responsables.

Sus características y funciones serían las siguientes:

  • Serían nombradas en COSUPRENA las personas con los currículos, méritos y atestados más altos en su campo. Podrán presentarse como postulantes quienes cumplan los requisitos, que deberán publicarse, con al menos seis meses de antelación, en la página oficial de cada una de las instituciones que participan en el nombramiento.

  • Sus miembros serían elegidos por un período de tres años, sin posibilidad de reelección consecutiva. El nombramiento estaría a cargo del ministro (a) de Cultura y Juventud, el ministro (a) de Educación Pública y el presidente (a) del CONARE, a partir de una nómina lograda por concurso de antecedentes. Esta comisión nombraría entre sus miembros una Junta Directiva. Uno de ellos será un representante de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud, que deberá cumplir las mismas condiciones profesionales que los restantes.

Funciones

Tendría a su cargo:

  1. La coordinación administrativa de todos los premios.

  2. La creación de los criterios evaluativos generales y los procedimientos para la asignación de los premios, mediante su reglamentación.

  3. El seguimiento de los jurados asignados para asegurar que cumplan con los principios de idoneidad que dicta la ley, así como éticos, profesionales y legales correspondientes.

  4. La elaboración del reglamento de esta ley.

  5. La recepción de las denuncias, la puesta en marcha de las respectivas investigaciones y la aplicación de correctivos y sanciones, en caso de que se produzcan faltas, con un veredicto resolutivo ante las denuncias de irregularidades, presentadas por miembros de la comisión, los jurados o los participantes.

  6. Determinar subcategorías por premiar anualmente de manera alterna en los campos que se requiera.

  7. Otros propios de su ejercicio.

3. SOBRE LOS JURADOS

Este es un tema álgido de la situación actual. El Movimiento Transparencia ha hecho denuncias fundamentadas al detalle sobre este punto. Proponemos que la conformación y las responsabilidades de los jurados sean claras y precisas:

  1. La selección de jurados deberá hacerse por concurso de antecedentes, en la Comisión Superior de Premios Nacionales, entre candidatos que tengan experiencia en su campo y artistas con una obra consolidada y reconocida, con méritos equivalentes al premio.

  2. Los jurados estarán conformados por cinco personas y recibirán retribución por su trabajo, según corresponda.

  3. Habrá una nómina de jurados sustitutos, en caso de renuncia o retiro, por las causas supra mencionadas.

  4. El trabajo del jurado sobre las obras y personas postuladas es estrictamente individual y se considera falta grave implicar a terceros en su decisión y motivará su retiro inmediato de la función.

  5. Los jurados no tendrán relación de familiaridad hasta en tercer grado, ni de amistad o enemistad o sociedad o pertenencia a grupos con los postulados, ni habrán participado en evaluaciones, presentaciones o críticas previas de las obras participantes, de lo contrario, deben renunciar a esa función.

  6. El grupo de jurados de cada año ha de velar por la integridad del proceso y debe comunicar a la Comisión Superior y al MCJ cualquier irregularidad que se presente. Ambas instancias, con sus recursos y coordinadamente, dictaminarán sobre denuncias o problemas señalados y resolverán lo que corresponda, de acuerdo con las leyes vigentes y en función de la credibilidad y respeto merecidos por los premios.

  7. Ningún jurado podrá serlo sin las credenciales y méritos suficientes a su función, ni volver a cumplir como tal, sino pasados tres años desde su última participación en un mismo premio, incluidas sus subcategorías.

  8. Las decisiones del jurado son inapelables por la materia juzgada, pero pueden ser cuestionadas, o revocadas, si se demuestra falta contra la ley, los reglamentos, los requisitos y los procedimientos de los premios.

En la propuesta ministerial se incluye en el jurado a la persona ganadora del Premio Nacional del año anterior a conformar; sin embargo, creemos que esa integración no puede ser obligatoria. Además, una persona ganadora no necesariamente cumple con los requisitos indispensables para la conformación de un jurado. Por lo tanto, esa norma debería quedar excluida de la ley.

4. SOBRE OTROS PROBLEMAS Y DENUNCIAS REITERADAS QUE EL ACTUAL PROYECTO DE REFORMA TENDRÍA QUE ATENDER

  1. El hecho de que algunos premiados lo son múltiples veces

Ante esto, se propone que un premio nacional solo pueda ser otorgado una vez en la vida de un artista o cultor, en cada una de las categorías y subcategorías de los premios. Esto es justicia distributiva, de modo que más personas tengan acceso a los bienes simbólicos y materiales que implican y se desestimule la lucha subterránea por dinero y méritos y el tráfico de influencias entre aspirantes, algunas veces privilegiados por sus grupos de pertenencia.

  1. Establecer filtros de calidad

Los filtros son indispensables para asegurar la calidad e idoneidad de las obras: ISBN, editorial responsable (sea o no autopublicación), curaduría y crítica literaria o artística sobre la obra aspirante.

  1. El problema de la autenticidad de la autoría

El candidato(a) o aspirante deberá entregar a la administración una declaración jurada sobre su derecho de autoría, donde garantizará no haber usado IA, e indicará que obedece a las reglas éticas que prohíben el plagio u otra alteración del texto para que parezca inédito y que cumple con las normas dictadas por el concurso.

  1. Desacatos a los plazos de cobertura del premio

La obra debe haber aparecido por primera vez, sin excepción, durante el año que se premia. Por lo tanto, no pueden haber aparecido en años anteriores, ni pueden ser recopilaciones de obras anteriores, ni autocompilaciones hechas con partes de obras antiguas.

  1. Garantizar que no existan conflictos de interés

Debe garantizarse que los jurados no tengan ninguna relación previa o simultánea, sea familiar, hasta tercer grado, afectiva (amistad, relación íntima, o enemistad), laboral o de pertenencia grupal con los postulados a los premios y, en ese caso, deberán recusarse y renunciar de inmediato a esa función.

5. NUESTRAS PROPUESTAS SOBRE PREMIOS NUEVOS

Otro aspecto muy inadecuado de la reforma es que los nuevos premios propuestos (cuatro en total: sobre la música popular, la gastronomía, la economía cultural y la juventud) carecen de justificación suficiente e instalan la llamada economía naranja como prioritaria. Son premios a quienes hagan cultura con ideas político-económicas neoliberales, que significa hacer dinero con la cultura.

No obstante lo dicho, hemos hecho un esfuerzo de adecuación de lo propuesto por el ministro, para adaptar los premios señalados a una mayor democracia y justicia cultural, como sigue:

  1. El propuesto Premio a la Música Popular Costarricense Julia Cortés es excluyente de las demás formas populares de las artes: el baile popular, las artes plásticas populares, las artes dramáticas populares, entre otras. Además, el nombre Julia Cortés no corresponde a las intenciones que dice tener el premio. Esta artista se consagró en París, allá vivió la mayor parte de su vida y cantó un repertorio internacional. No se conoce ningún arraigo popular en Costa Rica.

En consecuencia, procurando objetividad y justicia, proponemos que no se dedique este premio exclusivamente a la música, sino que:

Se cree como un PREMIO NACIONAL A LAS ARTES POPULARES EN COSTA RICA, con el nombre de un gran cultor popular, señor Espíritu Santo Maroto, lo que visibiliza la etnia boruca y rinde el honor debido a una vida dedicada a lograr la sobrevivencia de las artes de este pueblo y de los pueblos originarios, tan poco representados en la cultura del país.

b) Sobre el propuesto premio de gastronomía, ya la cocina de chef, la alta cocina internacional se ha premiado mediante el Magón. Estaría faltando una vía para premiar las expresiones regionales, de base comunitaria, las que impactan la nutrición de miles de costarricenses, con soluciones creativas, aquellas que no necesariamente derivan en actividad comercial, sino también en uso familiar y otros. Por lo tanto, proponemos incluir el Premio a la Gastronomía costarricense, como una subcategoría en el Premio Nacional a las artes populares en Costa Rica, en tanto que recoge y evidencia la sabiduría ancestral alimentaria de las distintas regiones culturales, geografías y etnias de este país.

c) Proponemos cambiar el nombre del Premio de Gestión de Economía Creativa y Cultural Virginia Pérez- Ratton, al de PREMIO DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL VIRGINIA PÉREZ- RATTON. Eso significa ampliar la propuesta actual del ministro, al incluir proyectos de gestión en general y no solo los de tema económico, de modo que se puedan seguir premiando, sin discriminación, los proyectos culturales comunitarios de gestión y promoción cultural, sea cual fuere el modelo económico que los sustente, o que se desarrolle como emprendimiento altruista, apoyado en la donación o contribución voluntaria o cooperativa comunitaria.

d) Sobre el Premio nacional a la Juventud, Jorge Debravo, señalamos que no parece adecuado dedicarle un premio de cultura a una condición etaria, sea juventud, niñez, adultez o tercera edad. La edad no es materia cultural, sino una condición biológica. Todos los premios nacionales deben ser accesibles a la juventud. Si ya el gobierno ha instituido este premio con este nombre fuera de los premios nacionales, recomendamos dejarlo fuera de los premios nacionales, pues se incurriría en un error conceptual.

6. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A ALGUNOS PREMIOS YA EXISTENTES:

Presentamos ahora algunas de las reformas más relevantes que incluye nuestra propuesta.

  1. Modificaciones a los premios Aquileo

  • En los Premios Aquileo, recomendamos incluir como subcategoría: Literatura infantil.

La escritura y publicación de libros de literatura infantil tiene una larga y productiva trayectoria en el país. Su inclusión en los premios nacionales es de sobra justificada. Ha desempeñado un papel de primer orden en la formación de generaciones de costarricenses, colaborado con la educación y las primeras letras y la promoción de valores humanos fundamentales para esa etapa de la vida. Su publicación actual supera por mucho a otras expresiones minoritarias como la literatura ilustrada.

Además, consideramos indispensable garantizar que:

  • No se admitirán en estos premios libros que no se hayan publicado el año mismo de la vigencia del premio; tampoco aquellos que no estén respaldados por sello editorial e ISBN.

  • No se considerarán libros hechos con uso de IA, ni compilaciones o nuevas versiones de textos ya publicados o que impliquen plagios.

7. OTROS PREMIOS QUE SE JUSTIFICAN MÁS, SI SE REFORMAN

  1. Proponemos que el Premio Francisco Amighetti incluya subcategorías, que rindan honor a mujeres meritorias de las artes visuales:

-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti en la subcategoría Margarita Bertheau para obras Bidimensionales: obras en soporte de dos dimensiones en pintura, dibujo, grabado, fotografía, collage, entre otras.

-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti en la subcategoría Dinorah Bolandi para obras Tridimensionales: obras con tres dimensiones en diversos medios como cerámica, escultura, arte objeto, instalación, entre otros.

-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti en la subcategoría Sila Chanto para otras categorías. Se contemplan expresiones dentro del ámbito de las artes visuales que presenten mezclas de diversos lenguajes, propuestas multimediales, experimentales, sonoras, performáticas, intervenciones espaciales, entre otras.

b) Proponemos reformar también el premio Carlos Enrique Vargas para que se ordene en dos subcategorías y se eliminen algunos elementos incluidos en la ley actual.

-Interpretación musical: se premiará la mejor ejecución musical. Entre los posibles premiados se encuentran solistas, agrupaciones y directores. Se elimina “Dirección musical”, dado que el director es un intérprete.

-Composición: se premiará una obra estrenada en público cuya autoría se encuentre debidamente registrada.

Por otra parte, se considera que el arreglo no tiene el mismo nivel de creatividad que una composición original. En la actualidad, incluso, la inteligencia artificial realiza este tipo de trabajo con gran rapidez y de manera gratuita.

Finalmente, destacamos estos elementos de nuestra propuesta:

  • Los Premios Nacionales en Cultura y Arte, al ser el reconocimiento máximo en un campo de la cultura, serán otorgados por una sola vez en la vida de una persona para cada categoría. Podrá postularse en alguna otra categoría.

  • No es justo privar a un ganador de lo logrado por morir antes de la premiación, como implica la reforma de ley. Si eso sucediera, el premiado recibirá lo que corresponda, simbólica y materialmente, por medio de sus herederos.

  • Nadie podrá eludir los requisitos de los premios, ni los postulantes ni los administradores, sin las consecuencias legales del caso.

  • La administración general de todos los premios contaría con la coordinación y control de la COSUPRENA, como entidad de autonomía relativa.

Presentamos este documento como testimonio de nuestra reflexión y trabajo sobre una propuesta ministerial que no alcanza los cambios debidos de una necesaria reforma a la ley vigente, según nuestro criterio.

Organizaciones firmantes

Fundación ACUA
Para el aprendizaje y la cultura artística

Fundación Interartes
Para la Cultura y las Artes en América Central

San José, 25 de setiembre de 2026

Sector cultura y audiovisual se movilizan a la Asamblea Legislativa ante recorte en el presupuesto 2027

Escrito en . Publicado en Cultura.

Personas trabajadoras del cine y el audiovisual costarricense se manifestaron este martes 22 de setiembre en las afueras de la Asamblea Legislativa junto a otras representaciones del sector cultura. La movilización coincidió con la comparecencia del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ante la comisión legislativa que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, en el cual, según denuncia el sector, el ámbito audiovisual queda sin los recursos necesarios. Con pancartas como «La cultura alimenta familias», las personas manifestantes llamaron la atención sobre las consecuencias que tendría esa decisión para la producción, la exhibición y la formación de públicos en el país.

Para esta discusión, el sector preparó el documento Audiovisual. Aproximaciones a un estado del sector para asuntos legislativos (setiembre de 2026). En él recopila datos sobre el impacto económico, cultural e internacional de la actividad audiovisual y de los programas públicos que la sostienen.

Antecedentes

La movilización se suma a los reclamos que las organizaciones del sector vienen planteando desde julio. En un comunicado del 23 de julio, publicado por SURCOS, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), la Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica, DOKUS, InterArtis Costa Rica, ASODEV y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense señalaron vacíos en la implementación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.° 10657. Entre ellos mencionaron la falta de un reglamento firmado, la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglas claras, el retraso en los resultados del Fondo El Fauno y la incertidumbre sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), de Ibermedia y de la Cinemateca Nacional.

Una industria con encadenamientos productivos

El documento plantea que el sector audiovisual genera encadenamientos productivos en todas sus etapas, desde el desarrollo hasta la distribución. En esas etapas intervienen servicios de hostelería, alimentación, transporte, construcción, renta de equipos y vehículos, costura, servicios legales y contables, supermercados, pulperías y panaderías, entre muchos otros.

Según el texto, los fondos públicos de fomento funcionan como un mecanismo de efecto palanca que atrae capital externo, coproducciones y rodajes. Entre los ejemplos que cita:

  • Clara Sola recibió unos US$43.000 del Fondo El Fauno y atrajo US$500.000 de inversión en el país, con más de 180 empleos directos, más de 200 indirectos y siete semanas de rodaje en Vara Blanca, Poasito y Río Cuarto. Eso equivale a más de 11 dólares por cada dólar estatal.

  • Tengo sueños eléctricos generó más de 160 empleos directos y obtuvo más de 25 premios nacionales e internacionales, con una relación de inversión de alrededor de 7 a 1.

  • Memorias de un cuerpo que arde generó más de 150 empleos directos, reunió a más de 25.000 personas espectadoras en las siete provincias y obtuvo más de 30 premios.

Presencia en los principales festivales

El documento destaca que el cine costarricense suma más de 12 años de participación continua en festivales clase A. Todas las producciones con presencia internacional se realizaron bajo marcos de coproducción que trajeron recursos al país. Además, más del 90% de las personas cineastas con proyección internacional se identifican como mujeres.

Entre los hitos recientes menciona las nominaciones a los Premios Goya de El despertar de las hormigas, Memorias de un cuerpo que arde y La piel del agua, y la presencia en la Berlinale y en distintas secciones del Festival de Cannes. En 2026, Siempre soy tu animal materno fue seleccionada en Un Certain Regard, la tercera producción costarricense en una sección oficial de ese festival. El texto recuerda también que Costa Rica presidió el Programa Ibermedia entre 2024 e inicios de 2026. Como referencia, señala que durante todo el siglo XX el país produjo apenas nueve películas, mientras que en 2026 se estrenan ocho largometrajes nacionales, siete de ellos con apoyo estatal a través de El Fauno e Ibermedia.

Los programas en riesgo

El documento describe los principales programas públicos del sector:

  • Fondo El Fauno: fondo concursable administrado por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, regido por el Decreto Ejecutivo N.° 44456-C y amparado en la Ley N.° 10.071 de Atracción de Inversiones Fílmicas. Otorga hasta ₡50 millones para producciones mayores de ficción, documental, animación o videojuegos. Según el texto, hoy depende del presupuesto institucional y está a la espera de giros estipulados en la ley que se encuentran retenidos por Hacienda.

  • Programa Ibermedia: Costa Rica ha participado de forma ininterrumpida desde 2007. Con un aporte estatal acumulado de US$2,8 millones, cercano a US$150.000 por año, 113 proyectos costarricenses han recibido US$4.196.825, es decir, un retorno directo de 1,5 dólares por cada dólar invertido, sin contar el capital extranjero y privado adicional.

  • CRFIC: tras 14 ediciones, el festival reúne a más de 15.000 personas espectadoras y exhibe más de 70 películas al año, con una etapa itinerante que alcanza a más de 3.000 personas fuera de la Gran Área Metropolitana.

  • Preámbulo: programa de formación de públicos creado en 2015 como antesala de la Cinemateca Nacional. En 2025 registró 7.753 asistentes en la Sala Gómez Miralles, frente a 4.244 en 2022, y alcanzó a 5.786 personas en 12 comunidades rurales mediante sus giras. El 70% de su público tiene entre 15 y 35 años, y más de la mitad de su programación está dirigida o codirigida por mujeres.

  • Cinemateca Nacional: la Ley N.° 10657 la eleva por primera vez a rango de ley (artículo 19) y obliga al Estado a garantizarle espacio físico, presupuesto y recursos humanos para la alfabetización audiovisual y la preservación del patrimonio cinematográfico.

El documento cuestiona además la lectura que se ha hecho de datos de la Encuesta Nacional de Cultura 2026 sobre el consumo de cine. Recuerda que producciones nacionales como Maikol Yordan 2, Amor viajero y Hombre de fe convocaron a decenas de miles de personas en salas, y sostiene que las ventanas de exhibición pueden haber cambiado, pero no el interés por el contenido costarricense.

El documento cierra con una frase que resume la posición del sector: «Un país sin cine es un país sin memoria».

Arabella Salaverry ofrecerá recital y conversatorio en el marco de la Fiesta de la Lectura Costa Rica 2026

Escrito en . Publicado en Cultura.

En el marco de la Fiesta de la Lectura Costa Rica 2026, cuyo país invitado es Qatar, la escritora Arabella Salaverry ofrecerá un recital y conversatorio de poesía, narrativa y creación literaria, el jueves 11 de septiembre, a las 5:00 p.m., en el Complejo de la Antigua Aduana, en San José. Según precisó la propia Arabella Salaverry, la actividad se realizará frente a la Casa del Cuño.

La actividad, bajo el lema «Palabras que nos acercan», será presentada y conducida por la poeta Marianella Sáenz, y contará con la participación musical de Leonardo Perucci Salaverry en el violín.

La Fiesta de la Lectura es organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud.

Festival Cultural «Grito por la Paz» se realizará en Tibás el próximo 22 de agosto

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural, Portada.

La Comunidad Buen Vivir invita a la ciudadanía al Festival Cultural «Grito por la Paz Tibás 2026», que se realizará el sábado 22 de agosto, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Biblioteca Pública de Tibás, con entrada libre. La actividad es organizada en conjunto con la Escuela de Bellas Artes Vincent van Gogh, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Sistema Nacional de Bibliotecas.

Según explican las personas organizadoras, el festival surge como una reflexión colectiva frente al dolor causado históricamente por las guerras, bombardeos, invasiones y desapariciones forzadas ocurridas tanto en conflictos mundiales —como las dos Guerras Mundiales, Hiroshima y Nagasaki, o la guerra de Vietnam— como en distintos países de América Latina, el Caribe, África y Medio Oriente. Desde esa preocupación, la Comunidad Buen Vivir ha llevado el «Grito por la Paz» a distintos puntos del país, incluyendo Paso Ancho, San Sebastián, Desamparados, Turrialba y San José, y ahora extiende la iniciativa a Tibás.

La jornada combina teatro, danza, artes visuales, música en vivo, poesía, creación literaria, tai chi chuan e instalaciones en los árboles, además de una fogata cultural, exposición de artes visuales y talleres de mandalas.

Entre las actividades programadas destacan: tai chi chuan con Reynaldo Ugalde Meza (9:00 a.m.); danza en telas sobre árboles con Kryssia Rojas (10:00 a.m.); cuentacuentos con Hillary Zúñiga Araya (10:30 a.m.); un taller de mandalas para personas adultas mayores y un taller de creación literaria de poesía para niños y niñas con Marta Rojas (10:45 a.m.); el foro de cine corto «Pachamama: la llamada» con Ronald Soto Venegas (11:00 a.m.); un círculo de percusión «Tambores para la Paz» con Jorge Guido (11:15 a.m.); el taller «Apachetas para la Paz» con Edison Valverde y una exhibición de body paint con Hommer Salazar (11:30 a.m.), junto con actividades simultáneas de dibujo bajo los árboles y el inicio de la instalación «Casa de Neón», ambas a cargo de la Escuela de Bellas Artes Vincent van Gogh.

Al mediodía se realizará la «Olla de la Paz» con Erika Cascante, seguida de una exhibición de kung fu con José Torres, del Centro de Cultura Yan Xiang de Costa Rica (12:10 p.m.), danza con Sabrina Álvarez (12:30 p.m.), teatro mimo con Reynaldo Ugalde Meza (12:45 p.m.) y un monólogo escénico de Laura Meoño (12:50 p.m.).

La tarde continuará con lecturas de «Poesías para la Paz» a cargo de Mario Zaldívar, Marta Castro, Francis Cruz, Alejandro Chinchilla, Alejandro Cordero, Catalina Gaviria Hena, Malquín González Mena y Carmen Julieta Echeverría (1:00 p.m.); los conciertos «Violines sin Guerra» con Dana Zárate (1:30 p.m.) y «Violines para la Paz» con Aristóteles Gray (1:45 p.m.); una presentación de solistas y cantautores con Falú, Mirley Vega, Andrés Prada, Navi Hernández, Ana Andrade, Hayden Ceciliano, Alonso Ferreto y Jorge Guido (2:00 p.m.); el concierto dúo Hel-Hecho Latino con Óscar Álvarez y Reynaldo Ugalde (3:00 p.m.); y los conciertos de música latinoamericana de los grupos Urgente (3:10 p.m.) y Terra Nova (3:30 p.m.). El festival cerrará a las 3:55 p.m.

Organizaciones audiovisuales exigen claridad y transparencia al Ministerio de Cultura y Juventud sobre la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.º 10657

Escrito en . Publicado en Cultura.

Advierten que conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglamento a la Ley debidamente publicado, ni reglas claras de participación, atenta contra la seguridad jurídica, resta competitividad al sector y debilita la representación de áreas como animación, videojuegos, distribución, actores, actrices y personas intérpretes.

San José, Costa Rica, 23 de julio de 2026. Organizaciones y personas trabajadoras del sector audiovisual solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud que brinde información clara, pública y verificable sobre el estado real de la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual, Ley N.° 10657, así como sobre los criterios y plazos que regirán la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual.

Con el espíritu de reunir la diversidad del sector y entender la situación actual con la reglamentación de la Ley N.º 10657, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica (UDCCR), Asociación de Documentalistas de Costa Rica (DOKUS), InterArtis Costa Rica, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV) y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense convocaron una reunión sectorial el miércoles 22 de julio del 2026.

El llamado responde a los vacíos legales, reglamentarios, administrativos y presupuestarios que persisten en la implementación de la ley. Entre los puntos críticos están la publicación pendiente del reglamento, la integración y operación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual, y la continuidad de programas estratégicos como el Fondo El Fauno, el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) y la participación del país en Ibermedia.

Una convocatoria apresurada y sin reglamento publicado

El día 15 de julio, el Ministerio de Cultura realizó una convocatoria para que las organizaciones postularan las ternas de personas que conformarían un nuevo Consejo de Cinematografía y Audiovisual. Si bien esa convocatoria fue publicada en el Alcance N.° 90 a La Gaceta N.° 131 del 15 de julio de 2026, no fue difundida en diarios de circulación nacional y únicamente se socializó el día 21 de julio en redes sociales. Sin embargo, las organizaciones del sector audiovisual consideran que, sin un reglamento debidamente emitido por el Poder Ejecutivo (el cual debe hacer operativa la ley vigente desde octubre de 2025), sin claridad sobre la situación jurídica e institucional del Consejo de Cinematografía y Audiovisual y sin la definición de un procedimiento transparente para la presentación, valoración y selección de las ternas, resulta un despropósito exigir la participación del sector en estas condiciones, pues implica transferir una carga institucional sin ofrecer las garantías mínimas de legalidad, seguridad jurídica, transparencia y legitimidad que el proceso requiere.

El edicto no precisa los requisitos de las candidaturas, los documentos por presentar, los mecanismos para acreditar la pertenencia a cada sector, la forma de resolver la eventual presentación de varias ternas ni los criterios que usará el Ministerio para efectuar los nombramientos. Esta falta de información es, precisamente, lo que el Reglamento debía definir y lo que las organizaciones piden subsanar de forma inmediata y pública.

Un borrador de reglamento que genera incertidumbre

Existen serias dudas acerca de la regularidad jurídica de la convocatoria pública para postulación de ternas para el nombramiento de miembros del Consejo de Cinematografía, sin que haya sido debidamente decretado el reglamento de la Ley. En efecto, el artículo 7 de la Ley expresamente indica que el procedimiento para el nombramiento del Consejo “será establecido mediante el reglamento respectivo”. En consecuencia, no es legalmente viable que tal nombramiento pueda realizarse sin un procedimiento establecido en la norma que reglamenta la ley, debidamente decretada por el Poder Ejecutivo.

La incertidumbre se agrava porque la versión del borrador del reglamento que circula públicamente identificada como versión 14, fue previamente socializada mediante un proceso de consulta pública y a la fecha continúa disponible como documento descargable en el sitio web del Centro Costarricense de Cine, aunque no ha sido firmada por el Poder Ejecutivo.

Las organizaciones señalan que los plazos de postulación que propone el Ministerio contradicen de forma directa incluso el borrador del reglamento ya socializado. El artículo 7 del borrador del reglamento dispone que debe otorgarse un plazo de 15 días naturales para recibir las postulaciones de las organizaciones. Sin embargo, la convocatoria del Ministerio brinda apenas 9 días naturales después de la publicación oficial, seis días menos del mínimo que establece el propio texto reglamentario que el Ministerio sometió a consulta pública.

A esto se suma que el Ministerio envió un oficio a ciertas organizaciones con requisitos de postulación, sin que quede claro el criterio de escogencia de las organizaciones a las que se dirigieron. Además, varios requisitos no están contemplados en la Ley, ni en el borrador de reglamento socializado ni en el edicto publicado en La Gaceta. Es decir, no se explica públicamente el fundamento jurídico de estas exigencias adicionales ni el plazo real con que contarían las organizaciones para reunir dicha documentación.

Estas inconsistencias refuerzan la necesidad de que el Ministerio aclare, de manera pública, con base en qué marco normativo vigente sustenta la convocatoria actual.

“Solicitamos que ambos procesos se realicen con legalidad, transparencia, participación y seguridad jurídica. La urgencia institucional no puede sustituir el procedimiento que la propia ley ordena desarrollar mediante reglamento”, señalaron las organizaciones firmantes.”

Un Consejo con poder decisorio

El Consejo de Cinematografía y Audiovisual no será una instancia meramente consultiva. La Ley N.° 10657 le asigna funciones determinantes para el funcionamiento del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual: aprobar políticas, planes, estrategias y presupuestos; definir las reglas de los recursos concursables; nombrar a los jurados que seleccionan proyectos; nombrar y remover a la Dirección General del Centro y la Dirección de la Cinemateca Nacional; aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento; y supervisar la ejecución de programas y recursos públicos.

Por la magnitud de estas responsabilidades, las organizaciones consideran que su conformación debe estar precedida de reglas claras, plazos razonables y condiciones que permitan una participación efectiva de todos los sectores representados. Una integración apresurada podría debilitar la legitimidad del órgano colegiado, comprometer la idoneidad técnica de sus integrantes y generar cuestionamientos posteriores sobre su representatividad, transparencia y validez.

Riesgo de menor representatividad para sectores históricamente excluidos

La nueva ley amplía la composición del Consejo de tres a siete integrantes e incorpora formalmente representaciones de sectores que antes no tenían voz ni voto en ese órgano, entre ellos la animación digital, los videojuegos, actores, actrices y personas intérpretes así como otros oficios creativos vinculados con la dirección y la escritura cinematográfica y audiovisual.

Este avance representa una oportunidad histórica para reconocer la diversidad del ecosistema audiovisual costarricense. Sin embargo, un proceso acelerado, sin reglamento y sin mecanismos claros de información, podría producir el efecto contrario: limitar la participación de colectivos y organizaciones emergentes, privilegiar a grupos de interés con mayor capacidad administrativa y reducir la representatividad efectiva de los sectores recién incorporados.

Las organizaciones firmantes advierten que la participación no debe reducirse a la presentación apresurada de nombres. Debe garantizarse que las personas postuladas cuenten con respaldo sectorial, conocimiento del ámbito que representarían y condiciones para rendir cuentas ante las organizaciones y comunidades de su sector.

Incertidumbre institucional y pérdida de competitividad

La acumulación de vacíos reglamentarios, administrativos y presupuestarios mantiene al sector en una situación de incertidumbre que podría restarle competitividad al país. La falta de reglas claras y de autoridades plenamente constituidas puede afectar la planificación de producciones, la atracción de inversiones, la creación de empleo, el acceso a coproducciones internacionales, la formación profesional y la continuidad de los programas públicos de estímulo, exhibición y circulación audiovisual.

Costa Rica ha desarrollado en los últimos años capacidades técnicas, profesionales y empresariales que le permiten competir como destino para producciones nacionales e internacionales. Pero esa competitividad también depende de instituciones estables, procedimientos previsibles y políticas públicas sostenidas en el tiempo. La incertidumbre actual podría debilitar la confianza de compañías productoras, inversionistas, fondos internacionales y organismos de cooperación que requieren interlocutores institucionales claros y marcos normativos confiables.

El Fauno continúa sin resultados anunciados

La convocatoria del Fondo de Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno establecía el 17 de julio de 2026 como fecha para anunciar los proyectos beneficiados, pero los resultados no se publicaron según lo previsto, y el Ministerio no ha informado públicamente las razones del retraso.

El Fauno es el único fondo público permanente de fomento cinematográfico y audiovisual del país, esencial para el desarrollo de proyectos de cine, televisión, animación, videojuegos y otras expresiones audiovisuales. De acuerdo con su normativa, el Consejo de Cinematografía y Audiovisual debe intervenir en la fase final del proceso, por lo que su falta de integración genera incertidumbre sobre la declaratoria de los proyectos seleccionados, el giro de los recursos y la formalización de coproducciones internacionales.

Las organizaciones solicitan al Ministerio que informe públicamente sobre el estado actual del proceso de evaluación, la situación de las recomendaciones emitidas por el jurado, la nueva fecha para anunciar los proyectos beneficiados por El Fauno y el fundamento jurídico que permitirá concluir la convocatoria.

Debilitamiento de la capacidad operativa del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual

La ausencia de un Consejo de Cinematografía y Audiovisual constituido y de una persona a cargo de la Dirección del CCCA genera preocupación sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine, la participación costarricense en Ibermedia, el funcionamiento de la Cinemateca Nacional y los demás programas administrados por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual.

El CRFIC es una de las principales plataformas públicas de exhibición, formación y circulación cinematográfica del país. Ibermedia, por su parte, es un mecanismo fundamental para el desarrollo, la coproducción con países de la región y la internacionalización de obras costarricenses.

Las organizaciones consideran necesario que el Ministerio presente, de forma pública, un plan que garantice la continuidad presupuestaria, administrativa y operativa de estos programas, independientemente de los procesos de transición institucional.

Recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas

En 2025, Costa Rica recibió más de US$11 millones en inversiones vinculadas con producciones audiovisuales internacionales, resultado del trabajo de promoción, facilitación de trámites y coordinación institucional realizado por PROCOMER y la Comisión Fílmica. La ley traslada recursos generados a través de incentivos fiscales de dichas producciones al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual. Sin embargo, persisten interrogantes, no resueltas públicamente, sobre la transferencia de dichos recursos derivados de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los cuales a su vez deben contribuir al financiamiento del Fondo El Fauno.

Por ello, las organizaciones solicitan una rendición de cuentas pública sobre los recursos generados desde la entrada en vigencia de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los montos trasladados al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, los recursos pendientes de transferencia, y las medidas previstas para fortalecer los encadenamientos entre la inversión extranjera y el sector audiovisual nacional.

Petición al Ministerio de Cultura y Juventud

Las organizaciones firmantes solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud los siguientes puntos:

  1. Tramitar la firma definitiva del reglamento de la Ley N.° 10657 de forma inmediata, a efectos de completar legalmente el procedimiento de integración del Consejo.
  2. Actualizar las bases de datos de las diversas representaciones de los subsectores, y comunicar con claridad quiénes son los implicados en las diversas convocatorias.
  3. Una vez conformado el Consejo de Cinematografía y Audiovisual, presentar un plan de continuidad institucional y presupuestaria, con cronograma público, para El Fauno, el CRFIC, Ibermedia, la Cinemateca Nacional y los demás programas del CCCA.
  4. Rendir cuentas de manera pública y detallada sobre los recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas y su traslado al fomento audiovisual nacional.

Las organizaciones reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio de Cultura y Juventud para encontrar soluciones jurídicas, administrativas y presupuestarias que permitan implementar la Ley de forma ordenada, transparente y sostenible.

La nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual constituye una oportunidad histórica para fortalecer el sector, ampliar su diversidad y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales. Aprovecharla exige, ante todo, información clara y verificable, procesos transparentes y pleno respeto por el ordenamiento jurídico.

Organizaciones firmantes

Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA)

Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)

CCR – Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica

Unión de Directoras de Cine de Costa Rica

DOKUS – Asociación de Documentalistas de Costa Rica

Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV)

InterArtis Costa Rica

Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense

Carta abierta al Ministro de Cultura

Escrito en . Publicado en Cultura.

Los Premios Nacionales, la trazabilidad y una denuncia que no se acogió

Señor Jorge Rodríguez Vives

Ministro de Cultura y Juventud

Estimado Señor Ministro,

Quien suscribe, Paola Valverde Alier, con todo respeto, expongo:

Todavía recuerdo aquella mañana del 5 de febrero de 2025, un día después del anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, correspondientes a la evaluación de las obras del 2024, cuando, por casualidad, junto a mi esposo, el escritor Dennis Ávila, lo encontramos a usted, feliz, presenciando el ensayo de una agrupación artística en el Ministerio de Cultura. Ambos nos acercamos para saludarlo y, gracias a su amabilidad, aproveché para comentarle las irregularidades que habían rodeado el proceso. Le conté que, apenas unos minutos después de publicar en mi perfil de Facebook un mensaje en el que felicitaba a las personas ganadoras, pero cuestionaba la ética del jurado (debido a la filtración indiscriminada de los resultados semanas antes de la premiación), recibí siete audios enviados por una integrante de dicho jurado.

Usted me escuchó. Y yo se lo agradecí.

En esos audios se describían situaciones que revelaban la opacidad del proceso. Entre ellas, la afirmación de que el premio iba a ser compartido conmigo, “pero no se pudo», y que mi libro había recibido una mención de honor.

Ese año las menciones de honor fueron eliminadas. Y, para ser sincera, ese reconocimiento nunca fue lo importante para mí. En 2015 recibí una mención de honor en un país donde, desde 1962, apenas trece mujeres han sido reconocidas con el Premio Aquileo J. Echeverría en Poesía, frente a más de cincuenta hombres. Entonces, lo que buscaba no era un diploma, sino comprender si el proceso había sido transparente.

Después de hablar con usted acudí a tres oficinas distintas del Ministerio para solicitar las actas del jurado. Quería saber si dicho jurado decía la verdad o no. Todavía sigo esperando respuesta al correo electrónico mediante el cual formalicé esa solicitud. En aquel momento debí citar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que ampara a los costarricenses a obtener información de carácter público.

Yo tenía un desánimo muy grande. Me preocupó escuchar a esa integrante del jurado afirmar que el desorden provenía del propio Ministerio de Cultura y Juventud. Según relató, a ella le llegaron en una misma caja dos libros de un mismo autor, lo que implicaba que otra persona integrante del jurado no había recibido, al menos en un caso, uno de esos libros para evaluar. Lo contó con la ligereza de quien comenta la calidad de una fruta en una feria del agricultor.

Usted comprenderá, Señor Ministro, que para quienes hemos dedicado la vida a la literatura y a la gestión cultural esto es serio. Lo que para algunos puede parecer un trámite administrativo para otros significa años de formación, trabajo y disciplina. Usted es artista, sabe a qué me refiero.

Dicho jurado me habló de otras irregularidades, incluso de conversaciones que ella mantenía con su esposo sobre las obras en competencia, quien, según lo que relató en los audios, le ayudó a leer y enjuiciar los libros de cada participante. Es probable que usted haya conocido ese material, porque los siete audios fueron protocolizados ante notario público y aportados como prueba al recurso de nulidad presentado por el escritor y abogado José María Zonta.

Ese recurso no se sustentaba únicamente en esos audios. También incorporaba documentos oficiales y desarrollaba dieciséis motivos de nulidad. Su Despacho respondió mediante un oficio de apenas dos páginas, sin abrir un procedimiento administrativo para investigar los hechos y sin desarrollar la motivación del acto administrativo y sin analizar cada uno de los argumentos planteados.

El miércoles 1 de julio, Señor Ministro, lo escuché comparecer ante la Asamblea Legislativa para presentar la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Usted habló de filtraciones. Habló1 de transparencia. Habló de libros que concursaban una y otra vez hasta obtener un premio, cambiando de portada o de casa editorial.

No pude evitar pensar que muchas de esas anomalías ya estaban contenidas en el recurso de nulidad2 presentado por José María Zonta. Me satisface comprobar que, al menos en esos aspectos, aquellas advertencias terminaron encontrando eco en la reforma que hoy impulsa el Ministerio.

Pero Señor Ministro: los reglamentos existen. El problema no fue la ausencia de reglas. El reglamento actual de los Premios Nacionales establece requisitos claros para la conformación de los jurados, para el desarrollo del proceso y para la valoración de las obras. El problema también es quién fiscaliza el cumplimiento de esas reglas.

El 11 de junio del 2026 fui invitada a una mesa de diálogo3 en el Centro Cultural de España, como parte del ciclo El Nuevo (Des) Orden Literario, sobre las tensiones en el campo literario costarricense. Para prepararla decidí revisar los expedientes de los Premios Nacionales de 2022, 2023 y 2025. Lo hice porque quería ofrecer una visión coherente y comparativa seria, respecto al proceso del 2024. Y mientras más documentos solicitaba, más preguntas aparecían. Descubrí que el Ministerio no conserva los registros audiovisuales correspondientes al año 2023, a pesar de ser una exigencia de la Ley General de Administración Pública. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. También recibí una respuesta oficial del SINABI indicando que los currículos de las personas que integraron los jurados de 2022 y 2023 no integran el acervo institucional, imposibilitando verificar posteriormente si cumplían con los requisitos reglamentarios.

De todo el material, hubo un hallazgo que me pareció anómalo.4 Al solicitar el listado de obras postuladas al Premio Aquileo J. Echeverría 2023 comprobé que ese mismo documento fue entregado de manera distinta al menos a otra persona que lo solicitó. Una copia conservaba visibles las anotaciones de los criterios de exclusión. La copia que recibí tenía esas mismas anotaciones cubiertas con tachones negros (Ver imágenes al final).

Hablo del mismo documento público distribuido en versiones diferentes, según quien lo pida. Desconozco el criterio de ocultación de esa información en una copia y en otra. Un documento público no puede ser modificado dependiendo de a quien se le entregue.

La transparencia, Señor Ministro, exige consistencia. Como documento público debió de ser entregado a quien lo solicitara en igualdad de condiciones.

Durante su comparecencia usted explicó que la reforma incorporará el ISBN como requisito para participar en la categoría de literatura. Señaló que ello permitirá dar trazabilidad a las obras y evitar que un mismo libro participe reiteradamente cambiando únicamente su portada. Celebro dicho propósito, pero creo que aquí conviene hacer una precisión técnica: el ISBN no identifica una obra, no constituye un diferenciador permanente de la obra intelectual.

Una misma novela puede tener un ISBN costarricense, otro español, otro argentino y otro mexicano, sin dejar de ser exactamente la misma obra.

Eso fue lo que ocurrió con la novela Donde Nadie del autor Carlos Villalobos, premiada en 20245. Dicha novela fue publicada primero en España con un ISBN otorgado a esa edición. Posteriormente fue publicada en Costa Rica por otra editorial con un ISBN completamente distinto. Ambos libros indicaban en su ficha catalográfica que eran “primera edición”. Siendo la del 2024 una “segunda edición”. Además, existen las dos boletas de postulación: una de 2023, donde el libro no fue premiado, y otra de 2024 donde obtuvo el galardón.

Me pregunto si el verdadero desafío consiste en incorporar ese número como requisito o en definir, con claridad, qué pretende controlar la ley. Porque el ISBN no basta por sí solo para identificar la historia completa de una obra.

Hay otro aspecto de la reforma que también me genera inquietud. Durante su comparecencia se planteó la posibilidad de convertir en jurados a las personas ganadoras de los Premios Nacionales. Comprendo la intención de aprovechar su experiencia y reconozco que muchas de ellas tienen una trayectoria impecable. Sin embargo, en un campo cultural tan pequeño como el costarricense, donde escritores, editores, gestores, docentes y jurados compartimos constantemente los mismos espacios, cualquier medida que amplíe las posibilidades de conflictos de interés merece ser analizada con cuidado. No se trata de cuestionar la honorabilidad de quienes han recibido un premio. Se trata de que las reglas de incompatibilidad, recusación y transparencia sean lo suficientemente claras como para proteger tanto a las instituciones como a quienes participan en los procesos.

Coincido con usted en algo fundamental, Señor Ministro, la calidad, la rigurosidad, la independencia y el prestigio de los jurados terminan transmitiendo, también, al prestigio de quienes reciben el premio. Precisamente por eso los jurados deben ser seleccionados con criterios objetivos y reglas claras para prevenir conflictos de interés.

Actualmente existe un Reglamento y es claro en ese punto.

También quisiera preguntarle por el proceso mediante el cual se construyó esta reforma. Participé en la primera mesa consultiva convocada por el Ministerio. Estuve sentada frente a usted y recuerdo que manifestó estar de acuerdo con los planteamientos presentados por el Movimiento Transparencia, que sostuvo la denuncia pública, firmada por dieciséis autores costarricenses.

Salí de aquella reunión convencida de que iniciaríamos un proceso amplio de diálogo con el sector cultural. Sin embargo, nunca recibí un correo de seguimiento, nunca recibí una llamada, nunca fui convocada nuevamente. Por eso quisiera preguntarle: ¿hubo una segunda o una tercera mesa de trabajo con el sector cultural? ¿Se volvió a consultar a quienes participamos en aquella primera reunión? ¿O el proyecto continuó sin ese diálogo?

Señor Ministro, a lo largo de estos años también le he reconocido públicamente los aciertos de su gestión. Le he agradecido su apertura al diálogo y la disposición para escuchar las preocupaciones del sector cultural. Precisamente por ese reconocimiento, y como creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestras instituciones, me permito hacerle una última petición: que el Ministerio de Cultura y Juventud abra un proceso administrativo para investigar los dieciséis motivos de nulidad documentados en el recurso presentado contra los Premios Nacionales 2024.6

Hace apenas unos días, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia7 dio un ejemplo importante para la institucionalidad cultural costarricense. Tras un procedimiento administrativo, anuló un premio literario al concluir que existió plagio y dejó sin efecto la publicación de la obra ganadora. La EUNED demostró que una institución pública puede revisar sus propias fallas.

Las instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía.

Esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema de Premios Nacionales de Cultura, pero también puede convertirse en la oportunidad de demostrar que la transparencia no solo mira hacia el futuro, sino que también tiene la valentía de revisar el pasado cuando existen hechos documentados que merecen ser investigados mediante el debido proceso.

Paola Valverde Alier

Poeta y gestora cultural

4 Incluir las muestras en anexo

Campo minado: legitimidad y poder en la literatura costarricense

Escrito en . Publicado en Cultura.

El pasado 11 de junio de 2026, participé como ponente en el ciclo El nuevo (des)orden literario del Centro Cultural de España en Costa Rica. La mesa, titulada Campo literario, campo minado, fue moderada por el escritor Rodrigo Soto y contó con la participación de G. A. Chaves, Paul Benavides Vílchez, Guillermo Barquero y quien suscribe.
Lo que sigue es el texto íntegro de mi intervención. Es una investigación ciudadana documentada con fuentes primarias, registros audiovisuales públicos e información solicitada al Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.
Lo presento porque creo que esta información le pertenece a la ciudadanía.

Paola Valverde Alier
Poeta y gestora cultural

Desde mi temprana juventud he estado cerca de la poesía, de quienes la escriben y de quienes generan espacios para su difusión. La inocencia de esa época me hizo imaginar un campo inclusivo. La primera vez que esa burbuja se rompió fue a mis dieciocho años, durante la inauguración de una librería universitaria, cuando me acerqué a un poeta consagrado. Este me dijo: “muchacha, usted es muy bonita y las mujeres bonitas jamás escribirán buena poesía”.

Cuento la anécdota porque sus palabras me dejaron aturdida. En múltiples ocasiones me vi incomodada por acciones y comentarios extraños, salidos de tono, provenientes de figuras prestigiosas a quienes admiraba. Con los años entendí que experiencias similares eran compartidas por muchas otras personas. Algunas continuamos nuestro camino a pesar del acoso, las burlas y el temor a equivocarnos; otras se retiraron, agotadas por ese entorno.

Poco, o nada, ha cambiado desde que Yolanda Oreamuno escribió “El ambiente tico y los mitos tropicales”i. Las tensiones identificadas ochenta y cinco años atrás no desaparecieron con la globalización. Migraron de las ideas a los favores, de los manifiestos a los audios de WhatsApp. Pero siguen siendo, en esencia, lo mismo: pulsos sobre quién tiene derecho a ocupar el campo. Y esas tensiones se agudizan en un país que ha centrado su mirada en el Gran Área Metropolitana, la institucionalidad y los grupos de poder.

La diferencia entre otras épocas y el presente es que hoy resulta mucho más difícil ocultar ciertas prácticas. La información circula a gran velocidad, y muchas inconsistencias adquieren otra dimensión gracias a registros audiovisuales, publicaciones y huellas digitales. Pero este mismo entorno ha abierto espacios para nuevas formas de manipulación: perfiles falsos, hostigamiento digital y narrativas de victimización que circulan sin pasar por canales institucionales de denuncia.

Distorsionar un discurso o esconderse detrás de un seudónimo para atacar está hoy a solo un clic de distancia.

La literatura ha construido sus propias jerarquías: críticos, jurados, académicos, editores, autores consagrados. Muchos con excelente trayectoria y criterio, personas que han aportado a la construcción de una identidad cultural. Y otros que, convertidos en figuras intocables, se erigen como mediadores del valor literario y administran el acceso al reconocimiento dentro de sus propios espacios.

La escasez de apoyos estructurales es delicada en un país donde el respaldo a la creación literaria es limitado, a diferencia de otros países, donde existen múltiples programas de promoción, becas, publicaciones, traducciones, residencias literarias, fondos de creación o estímulos a la escritura. En un contexto así, los pocos mecanismos de reconocimiento existentes adquieren un peso enorme.

Antes de abordar las fracturas que he documentado debo decir que creo en el rigor y en la calidad de una obra, en los criterios editoriales y en el reconocimiento justo. También creo en personas e instituciones que han dedicado su vida al estudio, la academia, la investigación, la creación y la promoción literaria. En Costa Rica hay personas que hacen de la literatura un lugar honesto.

En este sentido es justo reconocer las iniciativas de las instituciones. Es cierto que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en los últimos años la apertura de las puertas del Teatro Nacional al pueblo, el regreso del FIA a la Sabana y programas que descentralizan la oferta cultural fuera del Gran Área Metropolitana. Todas son iniciativas valiosas. Pero que las reconozcamos no significa que debamos bajar la guardia ante la fiscalización del uso de los fondos públicos cuando detectamos irregularidades. Como ciudadanos debemos ser críticos siempre y exigir mayor transparencia en todos los procesos.

El sesgo y las dinámicas de exclusión dentro del canon literario han sido objeto de cuestionamiento en múltiples ocasiones.

El año pasado coincidieron, sin pretenderlo, diversos episodios que salieron a la luz y reactivaron esas discusiones:

  • Un caso de plagio que involucraba un libro completo y la premiación de un poema en la Revista Nacional de Cultura.

  • Una obra con similitudes sustanciales publicada y premiada en dos países bajo títulos distintos, en certámenes que exigían obra inédita, uno de ellos premiado con fondos públicos y publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

  • La doble postulación a los Premios Nacionales de una misma obra en años consecutivos —descartada en 2023 y premiada en 2024—, publicada en dos países bajo dos editoriales distintas, cada una con una ficha catalográfica que la identificaba como ‘primera edición’.

  • Cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de un jurado y filtraciones de resultados que circulaban semanas antes de hacerse público el veredicto, entre otros episodios.

Todos son hechos verificables, respaldados por publicaciones e información solicitada al propio Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.

Conozco de cerca el caso de los Premios Nacionales del 2024 porque fui parte de quienes investigaron las irregularidades. Y en este sentido quiero aclarar que me involucré en la investigación porque los hechos llegaron hasta mí. Una mañana recibí varios audios de una persona del jurado en los que se hacía referencia a la filtración de resultados que ya circulaban en redes sociales. Llegaron unos minutos después de haber realizado una publicación en mi Facebook donde felicité a los ganadores, pero cuestioné la ética del jurado por las filtraciones que habían circulado. En dichos audios se formularon afirmaciones sobre el tratamiento dado a los libros participantes que, a mi criterio, evidenciaban un proceso opaco.

En ese momento yo tenía dos opciones: callar hasta que el premio me alcanzara o documentar. Yo elegí documentar.

La cultura ciudadana de rendición de cuentas no es un capricho, es una obligación. La Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 9 que la institucionalidad debe operar con la mayor transparencia, garantizando nuestros derechos ciudadanos; y en su Artículo 11 que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de la labor que realizan. Por ello “la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”. Como costarricense, me amparo en ese derecho.

Los audios que recibí aquella mañana fueron presentados, debidamente protocolizados ante un notario público. Un jurado de Premios Nacionales ejerce una función pública dentro de un procedimiento administrativo regulado por el Estado.

En los galardones del 2024 se lograron identificar vacíos y fallas acumuladas. Al contrastar ese proceso con otros años, resulta llamativo que en 2023 una cantidad importante de obras fue marcada con criterios de exclusión claros, cito textualmente: reedición o segunda edición; autopublicación o sin editorial; ensayo académico; no es ensayo; el período no corresponde; antología o recopilatorio; ensayo fotográfico; libro didáctico o libro infantil.

Esos mismos criterios no se aplicaron en 2024, cuando se premiaron autopublicaciones y reediciones fuera del período, y fueron retomados en 2025 con mayor rigurosidad. Vale la pena señalar que el documento de obras postuladas del 2023 fue entregado de manera distinta a diferentes personas: en una versión las anotaciones son visibles, en la que me entregaron a mí aparecen tachadas en negro.

Cuando el reglamento se aplica con rigor para unos y con flexibilidad para otros, la confianza en el proceso se debilita. En los registros audiovisualesii de la reunión inicial del jurado de 2024, el presidente rechaza la adopción de criterios de evaluación, pese a que tres de sus compañeros plantean la necesidad de establecerlos.

Sus declaraciones resultan relevantes porque evidencian un rechazo expreso a la utilización de parámetros diferenciados de valoración. Otro hallazgo en 2024 fue que ningún miembro del jurado contaba con la formación en dramaturgia exigida por el Artículo 5.d del Reglamento de Premios Nacionales.

Al ver estas inconsistencias, solicité los registros de otros años para ofrecerles a ustedes, esta noche, una comparativa. El Ministerio indicó que no contaba con los videos del 2023. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. Esto es muy delicado porque la Ley General de Administración Pública obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados, garantizando el acceso ciudadano a dicha información.

También se confirmó por escrito, mediante respuesta del director del SINABI, que los currículos de los jurados de 2022 y 2023 no existen en el acervo institucional.

¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quién verifica su idoneidad?

La administración pública es continua. Nadie puede justificar la ausencia de registros o documentos achacándola a otra administración.

Para concluir el relato de lo ocurrido en los Premios Nacionales del 2024 debo decir que el escritor y abogado José María Zonta interpuso un recurso de nulidad con 16 motivos documentados. Fue respondido con apenas dos páginas sin sustento normativo ni jurisprudencial, a diferencia de otros recursos que se han respondido con resoluciones extensas, argumentadas y con sustento jurisprudencial. Quiero ser muy clara: nunca se cuestionó el fallo, que es inapelable, ni la calidad de las obras premiadas. Lo que se cuestionó, con documentación suficiente, fue el mecanismo previo.

A pesar de no haber dado trámite formal a la denuncia, el Ministerio de Cultura lanzó una consulta ciudadana para la reforma a la Ley de Premios Nacionales. La nueva Ley está hoy siendo revisada en la Asamblea Legislativa. Eso indica que la discusión generó incidencia.

Quisiera señalar que esta fue una investigación ciudadanaiii, realizada con nuestro tiempo y recursos, sin financiamiento institucional. Hay mucho más por comprender, el tema merece una investigación más profunda. Ojalá alguien tome nota.

Yolanda Oreamuno lo dejó por escrito: «Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta. ¡No! Le bajan suavemente el suelo que pisa, y despacio, sin violencia, se lo coloca a la altura conveniente.». Y si se cuestiona demasiado, “rápidamente, sin pleito ni molestias, usted estará silenciado.”

El castigo a quienes hablan adopta distintas formas, como ocurrió en el I Coloquio de Literatura Costarricense Contemporánea de la Universidad Nacional, donde se abordó el tema de los Premios Nacionales sin dar voz a quienes sostuvimos la denuncia, reduciéndola a un acto de «escarnio público». Y eso, paradójicamente, confirma todo lo que este texto señala.

Aquella frase que recibí a los dieciocho no era solo un prejuicio estético: era la manifestación de un sistema que se cree dueño de la legitimidad.

Se dice popularmente que Costa Rica no tiene memoria y que a los tres días se olvida todo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué será de nuestra literatura si preferimos tapar los hechos antes que comprenderlos?

La memoria también es aquella persona que un día te dice: «soy un brujo; en cinco años te veré a los ojos y te diré que aquí no pasó nada.»

La memoria existe precisamente para recordarnos que sí pasó.

Estamos ante el trauma de la palabra. Si no hay un cambio corremos el riesgo de una literatura sorda. Un campo fragmentado a pedazos. Un Frankenstein en busca de un padre.

Arrancándonos los ojos. Desollándonos la piel.

¿Por qué nos cuesta tanto la empatía? ¿Por qué molesta la crítica o la fiscalización?

Tengamos sentido de la responsabilidad.

Todo funcionario o institución, llámese oficina, universidad, asociación, ONG, que toque fondos públicos debe estar abierta a la rendición de cuentas. Todo beneficiario también.

Los actores del campo literario somos todos. Por eso, el Artículo 33 de la Constitución Política nos recuerda que toda persona es igual ante la ley. Nadie está por encima de ella.

Desactivemos las minas y activemos la colaboración, la co-creación, la empatía orgánica de comunidad. Dejemos atrás los mitos tropicales, las mezquindades y los compadrazgos. Costa Rica merece un debate a la altura.

Seamos adultos. Ha llegado la hora de madurar.

Cierro con una pregunta: ¿cuál es el compromiso que asumimos hoy para incidir y transformar esta historia?

Muchas gracias.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Ministro de Cultura habla del libro pero desfinancia las bibliotecas”

Escrito en . Publicado en Cultura.

SURCOS recibió el siguiente comentario del historiador Óscar Aguilar Bulgarelli:

“Hoy en la mañana escuché al ministro de Cultura, que debía ser de incultura, hablar acerca del libro, acerca de las bibliotecas nacionales. Señaló que el libro era fundamental en una democracia porque abría las mentes, porque permitía el pensamiento crítico y que las bibliotecas eran el lugar donde la gente podía acudir a cultivar esa mente libre, etc., y se lanzó una perorata en favor del libro y en favor de las bibliotecas, cuyo contenido yo hubiera estado de acuerdo en casi todo, pero no puedo estar de acuerdo cuando es simplemente una perorata vacía, una falacia absoluta. ¿Por qué? Porque yo no sé si este señor, que es compañero de expediente penal con el presidente de la República y doña Pilar Cisneros y otros cuantos, por ahí, ¿de veras que creerá? Como lo dijo doña Pilar Cisneros, que el “tico básico” … “¿Que el tico básico se traga cualquier cuento? Y es que no es así.

El costarricense no es tonto, señor ministro y señora Pilar. No nos tragamos cualquier cuento. Algunos se tragaron, algunos por años, pero van descubriendo la verdad de que, lo que les decían en las batallas de televisión era pura pantomima.

Pues bien, volvamos a lo nuestro. Resulta que el ministro habla en favor del libro, habla en favor de las bibliotecas, pero cuando vamos a revisar el presupuesto que él le aprobó al sistema de bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, que son todas las bibliotecas del país, empezando por la Biblioteca Nacional, la partida para comprar libros, esos que él alabó, está en cero. Prácticamente no pueden comprar ni un libro hecho de un papelito de papel higiénico. Nada.

Entonces, ¿por qué habla de la importancia y los desfinancia? Porque es mentira, porque este gobierno no cree en nada que signifique impulsar la inteligencia, impulsar el conocimiento, impulsar la cultura. ¿Quieren que todos seamos, sí, muy lelos y que nos traguemos las mentiras que nos dicen un día y otro también? Porque no pensamos…

Eso es lo que quieren, pero eso es lo que no han podido todavía con muchos de nosotros. No, señor ministro, no somos ni lelos, ni somos básicos para que ustedes traten de engañarnos. Explíquenle al país por qué usted dejó al sistema de bibliotecas sin la posibilidad de comprar un libro cuando es su función fundamental.

No sé, es como despojar totalmente las farmacias de la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Bueno, ya casi lo han hecho, ya casi lo han hecho. Por eso me sentí muy disgustado al escuchar semejantes mentiras y saber que se encaraman en cuanto podio tienen enfrente a expulsar odios, a expulsar mentiras, a engañar a la gente, a pedirles que les den 40 diputados.

¿Para qué? Para que se opongan a todo. Sí, señor ministro, antes de hablar, explíquenle al país por qué usted, como ministro, destruye el sistema de bibliotecas públicas nacionales al dejarles prácticamente su presupuesto en cero.

Conferencia «Juan Santamaría: el hombre y el héroe» por Adrián Chaves Marín

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La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle a la conferencia Juan Santamaría: el hombre y el héroe por Adrián Chaves Marín.

La conferencia será virtual el jueves 10 de abril a las 4:00 p.m. y se transmitirá por los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook Academia Morista Costarricense https://academiarorista.org/