En el marco de los esfuerzos por potenciar el desarrollo económico de Costa Rica, se ha presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley titulado “Ley de Creación de los Centros de Desarrollo Empresarial para Acercar Servicios Empresariales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. Esta iniciativa busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), un sector que constituye uno de los principales motores económicos del país.
El proyecto de ley propone la creación de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), que serán espacios dedicados a brindar asistencia técnica, asesoría empresarial y capacitación a las MIPYMES en todo el territorio nacional. Los CDE operarán bajo una alianza estratégica entre el sector público, privado y académico, lo que permitirá aprovechar las capacidades y recursos de cada uno de estos sectores en beneficio del desarrollo empresarial.
Según la diputada Vanessa De Paul Castro Mora, impulsora de la iniciativa, “el sector MIPYME es fundamental para la economía costarricense, no solo por su capacidad de generar empleo, sino también por su contribución a la innovación y a la diversificación del mercado. Sin embargo, estas empresas enfrentan barreras significativas, como la falta de acceso a financiamiento, asistencia técnica y capacitación especializada”. Con la creación de los CDE, se busca superar estas barreras y mejorar la competitividad de las MIPYMES, contribuyendo a su crecimiento y sostenibilidad.
Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa De Paul Castro Mora.
En el marco de la celebración del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el próximo 27 de junio de 2023, vamos a tener en la UCR: «Click para Innovar 2023: Oportunidades de vinculación y servicios que ofrece la Universidad de Costa Rica«.
Mostraremos el catálogo de servicios y vinculación que algunas unidades universitarias pueden ofrecer al parque empresarial en áreas como: ciencias agroalimentarias, cosmética y productos naturales, farmacología, salud animal, calidad y metrología, mejoramiento de procesos y logística, entre otras posibilidades.
Este próximo 2 y 3 de diciembre, desde las 08:00 a.m. y hasta las 04:30 p.m. 36 sedes de la UNED abrirán espacios para que personas emprendedoras puedan comercializar productos y servicios.
La actividad es organizada por la Primera Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIYY) y la UNED.
Se cuenta con el apoyo del Banco Popular y su Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME).
La feria tiene por propósito impulsar el sector productivo y emprendedor costarricense, para ello tomará las sedes universitarias y parques de diferentes cantones como vitrinas de una amplia gama de productos para toda la población, promoviendo el apoyo al parque emprendedor e impulsando la economía en los territorios.
Este próximo 2 y 3 de diciembre, desde las 08:00 am y hasta las 04:30 pm, 36 sedes de la UNED abrirán espacios para que personas emprendedoras puedan comercializar productos y servicios.
La actividad es organizada por la Primera Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIYY) y la UNED.
Se cuenta con el apoyo del Banco Popular y su Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME).
La feria tiene por propósito impulsar el sector productivo y emprendedor costarricense, para ello tomará las sedes universitarias y parques de diferentes cantones como vitrinas de una amplia gama de productos para toda la población, promoviendo el apoyo al parque emprendedor e impulsando la economía en los territorios.
Enseguida le mostramos las sedes en las cuales se estará realizando la Feria:
La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.
Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.
No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:
“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)
A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.
Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.
El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.
El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).
El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.
Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.
La nueva Administración universitaria propone fortalecer el impacto de la generación de conocimiento en territorios fuera de la GAM, así como apoyar la transformación productiva de empresas cooperativas y asociativas o consorcios de mipymes que así lo requieran
El ecosistema de innovación de la UCR lo conforman diversas unidades que desarrollan vínculos de trabajo, co creación y desarrollo de proyectos e ideas, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con base en conocimiento. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
La propuesta de rediseño del ecosistema de innovación de la Universidad de Costa Rica (UCR) incluirá una Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica que desde la Vicerrectoría de Investigación coordinará las actividades de la Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento (AUGE-UCR), la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova-UCR) y el proyecto Hélice-UCR para el mejoramiento de la capacidad productiva y competitiva del país.
El responsable de la transformación es el politólogo Dr. Alberto Cortés Ramos quien explicó que está muy consciente del aporte que hace la UCR en innovación al país, y que la intención de la nueva administración es fortalecerlo, utilizando al máximo toda la capacidad e infraestructura institucional.
“El enfoque de asumir esta responsabilidad de rediseñar las unidades que trabajan con el sector productivo por medio de la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología, no parte de cero. El camino recorrido aporta experiencia, es masa crítica aquilatada para escalar el impacto de esta transferencia a la sociedad costarricense. No es borrón y cuenta nueva”, explicó Cortés Ramos.
El enfoque anunciado incluye el fortalecimiento del rol de las sedes regionales en los procesos de transferencia, un mayor vínculo con el conjunto de las universidades públicas y nuevos socios estratégicos a nivel nacional. Lo anterior favoreciendo proyectos de transformación tecnológica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.
Continuidad
Las unidades como AUGE-UCR, Proinnova-UCR y Hélice-UCR seguirían trabajando normalmente en sus agendas y respondiendo a los compromisos asumidos con terceros durante los próximos meses.
Dr. Alberto Cortés Ramos, politólogo con una Maestría en Estudios del Desarrollo (1997) y Doctorado en Geografía (2008). Tiene una Especialidad en Economía Social de la Universidad de Mondragón (2017).
En el caso específico de AUGE-UCR las nuevas autoridades señalan una condición delicada de la FundaciónUCR frente a la Contraloría General de la República (CGR), que esperarían que cambie en las próximas semanas, con el objetivo de darle sustento material al vínculo de la Universidad de Costa Rica con el sector productivo. En la actualidad AUGE-UCR mantiene relaciones estratégicas con el Sistema de Banca para el Desarrollo que se quieren fortalecer.
Por su parte Proinnova-UCR continuará con su trabajo en la gestión de innovación, protección de la propiedad intelectual, la transferencia de conocimiento en varias vías y su labor de capacitación a nivel nacional e internacional; y Hélice-UCR cumplirá con los acuerdos alcanzados con la República de Corea para el apoyo a 12 proyectos de prototipado en sectores de salud y bienestar, producción de agroalimentos, sociedad de la información y conocimiento, y ambiente y energía.
Un nuevo énfasis que se impulsará desde la nueva dirección se orientará a la transformación productiva de empresas cooperativas, asociativas y de consorcios de mypimes consolidadas, que ocupen una mayor densificación tecnológica y la incorporación de componentes que tengan que ver con economía regenerativa y adaptación y mitigación al cambio climático.
La nueva directora de Proinnova-UCR, la también politóloga Licda. Geannina Sojo Navarro explicó que el rediseño busca el impacto de una Universidad fortalecida y pertinente en todas sus sedes y en las regiones para aumentar con innovación la calidad de vida de las personas.
El proceso de rediseño se tomará de dos a tres meses para ser presentado de forma completa según lo señaló Cortés Ramos, pero asegura que se visualiza desde esta nueva administración universitaria, y de forma contundente, un fortalecimiento de la relación Universidad -Sociedad.
Licda. Geannina Sojo Navarro. Politóloga. Su desarrollo profesional ha estado orientado a procesos de gestión pública, gobernanza abierta, innovación y derecho a la comunicación.
Autoridades entrantes
En Hélice-UCR y AUGE-UCR: Alberto Cortés Ramos.
Politólogo con una Maestría en Estudios del Desarrollo (1997) y Doctorado en Geografía (2008). Tiene una Especialidad en Economía Social de la Universidad de Mondragón (2017). Es profesor catedrático de las escuelas de Geografía y Ciencias Políticas. En términos de su desarrollo profesional, fue director por Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (2015-2018) y consultor de FAO (2020) en la formulación de una estrategia para la reactivación rural con inclusión social y transformación sostenible en el contexto de la crisis del COVID-19 en la Franja de Desarrollo Norte (2020-23).
En Proinnova-UCR: Geannina Sojo Navarro.
Politóloga. Su desarrollo profesional ha estado orientado a procesos de gestión pública, gobernanza abierta, innovación y derecho a la comunicación. Se ha desempeñado como Coordinadora de Gobierno Abierto de la Presidencia de la República, asesora del Director por Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas, del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi).
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información – UCR
Es una verdad de Perogrullo que el modelo económico impuesto durante las últimas tres décadas es un modelo agotado y obsoleto, que únicamente ha tenido como función, concentrar aún más la dinámica económica en unas cuantas empresas, profundizando la apropiación y acumulación de la riqueza en pocas manos.
En dicho modelo económico, la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la producción de pequeños agricultores, campesinos, es marginal, hemos sido excluidos de dicho modelo, algunos solamente somos sobrevivientes y a duras penas.
Representamos el 90% en el mercado local, en la economía interna, y la participación en el sector exportador también con un peso importante, a pesar de eso, las micro y pequeñas empresas tienen una ínfima participación en el total de exportaciones.
Por otro lado, las políticas globalizadoras, reducción de aranceles, etc., vía discurso de las “ventajas comparativas”, han priorizado los bienes importados, marginando la producción local de alimentos, destruyendo nuestra capacidad de producción básica, ejemplo, totalmente la producción de maíz, parcialmente la de frijol, para beneficio de intereses de sectores importadores
Nos han vendido un cuento, una estafa, achacándole al Estado los problemas de nuestra sobrevivencia, que la tramitología, que las mal llamadas cargas sociales, que la burocracia, que el tamaño del Estado, etc., siendo como se mencionó, que es en la esencia misma del modelo económico excluyente el origen de nuestros problemas y de nuestras posibilidades de existencia.
Ya en la pasada crisis, muchos micro, pequeños y medianos empresarios desaparecieron, otros perdimos nuestros más valiosos activos, pequeños agricultores y campesinos, perdieron su más valioso recurso de vida, su tierra y, en general, para otros, a pesar de haber sobrevivido, fuimos golpeados y muy duramente, todavía hoy cargamos con la resaca de esa crisis.
Hoy, nos enfrentamos a otra nueva crisis que, como se proyecta, es de carácter global, y pone en entre dicho, toda esa estafa ideológica, un modelo privatizador, globalizante y concentrador de la riqueza, una crisis aún más profunda que la vivida hace unos años, una crisis que por sus características, definitivamente terminará de hundir en el desempleo y la pobreza a miles de costarricenses, con la desaparición de cientos de micro, pequeños, medianos empresarios, campesinos y pequeños productores en el agro.
Desde la respuesta gubernamental la cosa no pinta mejor, todo apunta a que los que históricamente han gobernado, los intereses de las grandes corporaciones, financieros y transnacionales, buscan, a través del Ejecutivo y el Legislativo, aprovecharse de la crisis, cargar sobre las espaldas del pueblo trabajador, privado y público, manteniendo intocables sus propios intereses, sus cuentas en paraísos fiscales, sus ganancias, y, profundizando aún más ese injusto y antidemocrático modelo privatizador.
Seamos claros, la sociedad y la economía como parte de esta, dependen total y absolutamente de la capacidad adquisitiva de la población, es por eso verdaderamente lamentable, cómo sectores trabajadores, micro, pequeños y medianos empresarios se pliegan al discurso, aplaudiendo el ataque frontal y oportunista contra el sector público trabajador, pretendiendo que este se equipare a las lamentables y precarias condiciones del sector privado, como si llevar a todos a la pobreza, implicaría una mejora a nuestra propia existencia como empresarios, viviendo la falsa ilusión de que empobreciendo al país, vía discurso del “déficit”, “tamaño del Estado”, etc., podría venir a mejorar nuestra propia calidad de vida.
En suma, como empresarios debemos tomar conciencia de que No somos parte de la élite empresarial, cuyo modelo económico atenta contra nuestra propia existencia, que como sector económico debemos tomar una posición más clara, aunar esfuerzos por construir un sistema económico que NOS INCLUYA a todos y todas, empresarios, campesinos y trabajadores, debemos hacernos oír, porque todos somos parte de un conglomerado social, interdependientes unos de otros, debemos EXIGIR un cambio de modelo, ampliar y profundizar nuestra DEMOCRACIA en el sentido amplio de la palabra, nuestra economía es urgente, es indispensable que para que podamos sobrellevar la crisis, sea DEMOCRATIZADA.
Este miércoles 29 de abril, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) presentó una Propuesta integral y equitativa para la recuperación de la crisis económica y social, provocada por el COVID-19. La misma fue entregada en Casa Presidencial por Yorgina Alvarado, Secretaria General del SEC, al vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez y la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara.
Esta ruta planteada se basa en la mitigación de las consecuencias de la pandemia y su recuperación. También se incorpora un esquema mejorado de recaudación que abarca la intervención estatal durante la crisis y el alivio al bolsillo de las personas.
Gilberth Díaz, presidente del SEC, explica que es necesario mejorar la recaudación impositiva para dotar de recursos al Plan Proteger, aumentando su alcance y cobertura hasta los ¢200 mil. Para ello es necesaria una reforma tributaria progresiva que grave los ingresos líquidos netos (después de deducciones) personales a partir de ¢1,5 millones sin importar si la persona trabaja en el sector público o el privado”.
“Necesitamos una aplicación de impuestos extraordinarios a la renta empresarial; las rentas y ganancias de capital; al consumo suntuario; además de un impuesto por única vez del 1,5% a las fortunas privadas y empresariales ociosas mayores a $1 millón. Igualmente, estamos proponiendo un impuesto escalonado a las zonas francas cuyas actividades o giros de negocio no han sido afectados económicamente por la pandemia o bien sus ganancias se han visto incrementadas”, dijo Díaz.
La propuesta del SEC incluye la utilización de una parte de los fondos provenientes del financiamiento externo y sugiere un rol más activo del Banco Central en la compra de deuda para reducir la presión fiscal, la emisión de dinero para inyectar liquidez a la economía y la emisión de bonos.
El presidente del SEC agregó la necesidad de renegociar la deuda interna con el fin de reducir su peso en el presupuesto nacional y mejorar así las finanzas públicas.
“Los ahorros que genere el sector público producto de este período de aislamiento deben dirigirse al fortalecimiento de la CCSS y para apoyo de las mipymes. (Por ejemplo, viáticos, combustibles, electricidad, agua, algunos de mantenimiento, etc.), los superávits libres de instituciones públicas y el recorte de gastos superfluos”, señaló.
La propuesta del SEC hace un llamado a la responsabilidad del Gobierno de garantizar la estabilidad del empleo público en el entendido que es necesario para la atención de la emergencia y la reconstrucción de la economía. Al mismo tiempo se sugiere que toda ayuda que se otorgue a través de moratorias hacendarias y previsionales sean otorgadas específicamente a empresas con problemas comprobables.
Respecto al mejoramiento de las condiciones económicas individuales y empresariales, se necesita una amplia moratoria financiera de 6 meses para quienes sufren los efectos de la crisis por lo que el Banco Central BCCR debe dar facilidades de liquidez con un fondo de rescate.
Para lograr el alivio económico de hogares y empresas es fundamental que la ley de usura ponga un tope de 27% sobre la Tasa Básica Pasiva. Esto unifica las tasas tope y crea condiciones de control crediticio para el BCCR. “La aprobación del proyecto actual es una burla a miles de costarricenses”.
El BCCR debe fijar topes de comisiones por uso de datáfonos considerando: estándares internacionales, la coyuntura económica del país y la urgencia de las pymes por contar con recursos para operar, también debe asegurar que las entidades financieras entreguen a las empresas el dinero producto de las transacciones el mismo día.
Sugerimos un sistema de precios subsidiados de la electricidad para personas, comercios e industrias de forma segmentada y con criterios técnicos definidos por el ICE. La idea es que el consumo más básico de cada segmento tenga un mayor subsidio y que luego de ciertos volúmenes se pase la tarifa completa.
La ruta planteada por el SEC también menciona la participación del capital privado en la construcción y operación de proyectos de infraestructura medulares para el país. Entendemos, que para que el modelo de APP sea exitoso se tiene que incorporar la noción de conveniencia e interés nacional en la negociación y que el proyecto se construya desde las necesidades de la población. “No es conveniente que la Asamblea Legislativa se enfrasque en discusiones que retrasen el financiamiento de obras claves en la etapa de recuperación económica y social”.
También se propone una ley de medicamentos que se concentre en el servicio que presta el fármaco y no reducirlo únicamente a su dimensión comercial o verlo como un simple producto. También será necesaria una ley de implementos médicos que recoja las lecciones aprendidas de esta emergencia.
Es evidente que el país necesita una soberanía alimentaria, es decir, abastecer por nuestros medios los alimentos básicos.
Una vez superada la pandemia, debemos reconstruir del tejido económico y social que ha quedado muy dañado. Lo primero es atraer recursos de organismos internacionales para crear empleos.
Esta reconstrucción requiere un fondo equivalente al 7% del PIB (¢2,3 billones) para financiar un amplio programa de inversión pública que genere empleos directos (detallados en la propuesta).
No es momento de polarizar a la sociedad con discusiones ideológicas de privatización, venta de activos o austeridad fiscal, requerimos consenso. Esta es una propuesta para construir un futuro diferente y seguro para toda persona sin importar su género, credo, orientación sexual, pensamiento político o clase social, “Haremos lo necesario para garantizar la justicia en estos tiempos”, concluyó el presidente del SEC.
Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables
Sergio Reuben Soto.
Sergio Reuben Soto
Presentación
I.- La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente. Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.
Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria, en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos, es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.
Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.
Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.
II.- Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.
De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.
No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.
Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.
El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.
La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.
Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado. Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.
Presentamos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.
Propuesta de ejes principales
1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.
2.- Equilibrio dinámico del gasto público. El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.
3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)
4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.
5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.
6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.
7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.
8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.
9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.
10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.
