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Etiqueta: MOPT

Asociación ecologista solicita a la Sala Constitucional valorar oficio clave del CONAVI como prueba en recurso de amparo sobre rotondas en Ruta 32

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional valorar un oficio clave del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como prueba en un recurso de amparo interpuesto contra la institución pública. El recurso tiene que ver con la colocación de rotondas en la Ruta 32, situación la cual varios vecinos y comunidades organizadas de la zona han manifestado su molestia.

Esto se dio a conocer a través de la carta a la Sala Constitucional suscrita por Marco Levi Virgo, vecino de Limón. En esta carta, Levi le solicita a este órgano judicial incluir en el recurso de amparo el oficio CARTA-CONAVI-UE32-09-2025-0459 (0563).

La carta, suscrita por el ingeniero Ronald Alfaro Fernández, menciona algunos puntos importantes. Alfaro menciona en el oficio que está buscando estudios funcionales que demuestren o justifiquen la implementación de obras no contempladas originalmente en el proyecto. Levi de esta manera menciona que “esta afirmación implica que las rotondas actuales no cumplen plenamente con las necesidades de funcionalidad y seguridad de la Ruta 32”.

Otro punto a destacar del oficio es que reconoce que la implementación de las rotondas obedece a que quedan pendientes expropiaciones que permitan hacer el paso a desnivel, siendo estas una medida temporal y no una solución. Levi menciona que esto compromete la seguridad vial y contradice las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MOPT.

Entre otros puntos mencionados en el recurso están que la institución se compromete a mejorar los diseños en un futuro. Además, Levi menciona que los puntos del oficio donde se mencionan las medidas de participación ciudadana son ambiguos en su gran mayoría. Por otra parte, menciona que tienen un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la elaboración de estudios técnicos y la planificación de obras complementarias.

Además de la inclusión del oficio como prueba del recurso de amparo, otras medidas solicitadas por Levi a los magistrados judiciales en su carta son: ordenar la realización de estudios técnicos y obras complementarias, la instalación mecanismos efectivos de participación ciudadana, y que la Sala Constitucional designe un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El recurso de amparo tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad vial y a un ambiente sano, derechos constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la carta fundamental.

Lucha comunitaria logra mejora en condiciones de paradas de buses en Ruta 32

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.

En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios. Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.

Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.

Imagen con fines ilustrativos.

Sala Cuarta atiende recurso por desobediencia del MOPT ante irregularidades en paradas de autobús en Ruta 32

La Sala Constitucional abrió una audiencia contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, debido al incumplimiento de una sentencia que ordenaba brindar información sobre la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32.

El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, en representación de las personas afectadas. Según la denuncia, el ministro no ha respondido de forma completa ni veraz, y persisten dudas sobre la legalidad de las bahías construidas por el CONAVI en puntos distintos a los autorizados, lo que representa un riesgo para las personas usuarias.

El expediente señala que tanto el MOPT como el CONAVI han dado respuestas contradictorias sobre la responsabilidad de estas obras, mientras que el Consejo de Transporte Público aseguró no haber participado en estudios sobre la ubicación de las paradas. La Sala ordenó al ministro explicar por qué no se han atendido las solicitudes de información realizadas desde abril de 2023.

El recurso también solicita que se trasladen las paradas a los sitios oficialmente autorizados: debajo del puente peatonal en La Unión, tanto en el sentido Limón-San José como en el sentido San José-Limón, para garantizar la seguridad vial y ciudadana.

La Sala Constitucional advirtió que, de comprobarse desobediencia, podría abrirse un procedimiento administrativo y penal contra el ministro, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Imagen: Semanario Universidad

Desarrollo turístico Bahía Papagayo incumple las normas de protección y mitigación ambiental

El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.

Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.

El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.

La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.

La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.

A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.

Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.

El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.

En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.

El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.

Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.

Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.

Comunidad de La Unión de Guápiles solicita suspensión de obras en Ruta 32 tras incumplimientos del MOPT

La comunidad de La Unión de Guápiles solicitó formalmente al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, la suspensión de los trabajos de cunetas que se están realizando en la ruta nacional N° 32, específicamente al costado oeste del puente nacional sentido 1-2, por medidas de seguridad poblacional.

En un documento entregado el 24 de abril de 2025, las vecinas y vecinos fundamentaron su petición en el derecho constitucional consagrado en la Ley N° 9097 y señalaron que, a pesar de haber enviado una nota electrónica hace más de 24 horas, no habían recibido respuesta.

La población advirtió que, de no atenderse su solicitud, realizarán una manifestación pacífica en el área de trabajo, lo que podría afectar el flujo vehicular con cierres programados. En el documento, la comunidad responsabiliza al ministro por las consecuencias que pueda tener la falta de atención a este asunto.

Antecedentes judiciales

Cabe recordar que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por esta misma comunidad contra el MOPT y ordenó al ministro Zeledón responder en un plazo de diez días a una solicitud presentada desde abril de 2023.

Las personas recurrentes habían solicitado información sobre cinco aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta 32: el estado del puente peatonal, la ubicación de paradas de autobuses, la justificación de la radial de retorno, el cierre del paso peatonal de calle Los Pérez y la presentación de los cambios en la vía.

La magistratura determinó que, aunque se realizaron algunas reuniones con la comunidad, no existe evidencia de que la autoridad ministerial haya respondido por escrito a todas las inquietudes ni entregado la documentación técnica solicitada.

Deficiencias técnicas señaladas por Lanamme UCR

Las preocupaciones de la comunidad tienen respaldo en un informe técnico del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme UCR). El documento EIC-Lanamme-INF-1896-2024, de diciembre de 2024, identificó serias deficiencias en el diseño de las rotondas del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta 32.

El informe señala que las rotondas de Moín, Batan, Matina, Siquirres y Codela presentan un alineamiento rectilíneo en algunos de sus accesos, condición que aumentará la probabilidad de accidentes y de ingreso a alta velocidad.

Además, el estudio determinó que las rotondas cuentan con una geometría reducida incompatible con la circulación del vehículo de diseño WB-20 a una velocidad de 30 km/h, debido a limitaciones del derecho de vía y retos para realizar expropiaciones.

Lanamme UCR recomendó cinco alternativas de diseño geométrico para la valoración de la Administración y sugirió implementar medidas complementarias de movilidad segura y pacificación vial, ya que todas las alternativas de intersecciones tienen como principal riesgo la velocidad de operación.

La comunidad de La Unión solicita al ministro medidas urgentes que garanticen la seguridad de todas las personas usuarias de la vía, especialmente estudiantes, así como el establecimiento de paradas de autobuses adecuadamente ubicadas y aprobadas por el Consejo de Transporte Público.

Imagen: Los trabajos en la Ruta 32 han generado múltiples peligros para las comunidades y las personas que viajan.

Sala Constitucional ordena al MOPT responder a vecinas y vecinos de La Unión de Guápiles

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la comunidad de La Unión de Guápiles contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La resolución ordena al ministro Efraím Zeledón dar respuesta, en un plazo de diez días, a una solicitud presentada por las personas vecinas desde abril de 2023.

El documento judicial señala que la población de La Unión remitió una gestión escrita al entonces ministro Luis Amador sobre cinco aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta 32: el estado del puente peatonal, la ubicación de paradas de autobuses, la justificación de la radial de retorno, el cierre del paso peatonal de calle Los Pérez y la presentación de los cambios en la vía.

La magistratura determinó que, a pesar de haberse realizado algunas reuniones con la comunidad, no existe evidencia de que la autoridad ministerial haya respondido por escrito a todas las inquietudes ni entregado la documentación técnica solicitada por las personas recurrentes.

De acuerdo con el expediente, el puente peatonal mencionado no ha sido concluido y la comunidad ha expresado preocupación por la seguridad de quienes transitan por la zona, especialmente estudiantes. Aunque el MOPT ha colocado banderilleros en horario diurno para facilitar el cruce, estas medidas son temporales.

La sentencia también señala que la ubicación de las paradas de autobuses, situadas a aproximadamente 300 metros del puente peatonal, no cuenta con la debida aprobación del Consejo de Transporte Público, entidad competente en esta materia.

El ministro Zeledón deberá cumplir con lo ordenado bajo el apercibimiento establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece pena de prisión o multa para quien incumpla una orden dictada en un recurso de amparo. Además, el Estado fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios.

Sala Constitucional admite recurso de amparo por riesgos en rotondas de la Ruta 32

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), relacionado con las condiciones de seguridad en las rotondas de la Ruta 32.

El expediente N° 25-008703-0007-CO, tramitado el 8 de abril de 2025, señala que el tribunal ordenó al ministro y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) rendir informe sobre los hechos alegados en un plazo de tres días hábiles.

Según la documentación oficial, la persona recurrente denuncia las condiciones inseguras que prevalecen en la Ruta 32, especialmente en sus rotondas, y solicita medidas urgentes para mejorar la seguridad.

El recurso menciona un accidente ocurrido el 25 de marzo de 2025, cuando un tráiler no logró maniobrar adecuadamente en una rotonda de esta ruta. Levy Virgo argumenta que este tipo de incidentes se ha convertido en un problema recurrente, respaldado por advertencias de especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La solicitud presentada ante la Sala IV señala que la decisión de implementar siete rotondas en lugar de pasos a desnivel en esta vía representa un riesgo para la integridad física de las personas usuarias.

En su recurso, Levy Virgo cita varios documentos técnicos que advierten sobre las deficiencias en estas infraestructuras, incluyendo oficios del Lanamme dirigidos a autoridades del MOPT.

La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada como instructora de este proceso constitucional.

Levy Virgo ha hecho un llamado a diferentes sectores, incluyendo alcaldías, diputaciones, empresariado y personas usuarias de la Ruta 32, para unirse al proceso y exigir soluciones urgentes que garanticen la seguridad vial en esta importante conexión con la región caribeña.

Defensoría: Controles deben ser claros en concesión de Puerto Caldera

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación, la cual tuvo como objetivo atender las disconformidades que reclaman los usuarios de los servicios que actualmente brinda el concesionario de Puerto Caldera.

En el marco de dicha investigación, se logró determinar que la Contraloría General de la República habría emitido el Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, en el que se abordó el tema de la ausencia de controles en cuanto a los montos invertidos en mantenimiento en la infraestructura y equipos que administra la concesionaria, lo que ha generado un impacto directo sobre el servicio que se brinda por dicha empresa; situación que sin lugar a dudas, tendrá efectos de cara a la terminación del contrato en el año 2026 y las obligaciones contractuales al momento de entrega de dichos bienes y equipos, por parte del Concesionario.

En el marco de las diferencias de criterio que se suscitan entre el INCOP y la Contraloría General de la República, en torno a los montos de mantenimiento al momento de la finalización de la concesión, el INCOP suscribe en solitario un Acuerdo Conciliatorio, del cual quedó demostrado que el MOPT nunca estuvo en conocimiento, a pesar de que es una competencia propia de la Administración Concedente y no única del INCOP, dados los efectos en la recepción final de los bienes y equipos, que actualmente administra. Adicionalmente, del texto del Acuerdo se determinaron roces con las competencias de la ARESEP en materia de tarifas, que nunca fueron analizadas.

En este sentido, a lo largo de la investigación y para el actual contrato de concesión, la Defensoría ha advertido la importancia de ahondar en la diferenciación que existe entre las funciones del INCOP y de la Administración Concedente que, para efectos jurídicos, esta Defensoría considera distan de lo que se ha señalado por las autoridades del INCOP y el MOPT como una “mera coordinación”.

Esta advertencia toma mayor relevancia en el marco de proceso de licitación Mayor No. 2024-LY-CAL-000001-INCOP, a efectos de evitar inconvenientes futuros como los que evidenció la CGR en su informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, a escasos meses de su finalización y en donde de conformidad con el mismo documento de licitación, contará con una Administración Concedente conformada por el Poder Ejecutivo, entendido este por el Presidente de la República, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Hacienda y aunque el documento señale estarán representados por el INCOP, se debe recordar que la delegación no transfiere responsabilidad.

En este sentido, en el marco de su magistratura de influencia, en diciembre anterior la Defensoría hizo ver al MOPT que debe existir normativa que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia Contraloría General ha denominado “Administración Concedente Compleja”; posición que fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP”.

Ante el rechazo de las solicitudes planteadas tanto al MOPT como al INCOP, corresponde elevar el presente asunto ante el órgano competente y dado que la investigación se enmarcó en el ámbito de la Contratación Administrativa, corresponderá a la Contraloría General de la República determinar si existe mérito para continuar con la investigación, todo ello al amparo del proceso de seguimiento del Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021 y las posiciones expuestas por esta Defensoría en la presente investigación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Firmes en defensa de asfaltado 811

Comunicado

¡Unirse a esta lucha es defender los Derechos Humanos de nuestras familias y comunidades!

La Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811 viene impulsando gestiones dirigidas al MOPT, CONAVI y otras instituciones involucradas para que resuelvan y hagan el Asfaltado Total de la Ruta Nacional 811; así como proporcionar su respectivo mantenimiento.

Es urgente su presencia para manifestar públicamente la preocupación por el mal estado de la Ruta Nacional 811; interrupción de labores de asfalto y el no recibir respuesta por parte de ninguna institución para resolver de manera oportuna esta situación. Dicha manifestación ciudadana la impulsó en conformidad con derechos consignados en legislación internacional y en la constitución Política de Costa Rica vinculados al derecho a la protesta; entre ellos en los artículos 26 y 28.

Reiteramos que el estado actual de dicha ruta afecta en el diario vivir de las familias que viven a las orillas de esta vía y otras comunidades aledañas; entre algunas se encuentran La Ligia, Santa María, Irlanda, Escocia, El Silencio, Dos Ríos, El Camarón, Los Ángeles, Finca Lomas, La Morenita, La Aurora y otras comunidades cercanas.

Así mismo, perjudica drásticamente la calidad de vida y la seguridad de todas las personas que transitan por dicha carretera, en el actual estado en que se encuentra. En el verano hay demasiados huecos y polvo que también se convierte en un problema de salud pública, donde en especial, niñez, juventud y personas adultas mayores sufren de problemas respiratorios a causa de tanto polvazal. Problemática que se agudiza con la lluvia que provoca un barrial casi intransitable.

Esta problemática violenta y vulnerabiliza derechos humanos de todas las comunidades, inclusive a los grandes empresarios del banano, piña, productores agrícolas, pequeños emprendedores de proyectos de turismo.

Hemos hecho propuestas y hemos estado esperando por muchos años una verdadera solución, como es el asfaltado. Exigimos a las instituciones respectivas que, en coherencia con el discurso que se da aludiendo a la política de Estado, se agilice con las acciones concretas por el desarrollo de nuestra provincia será una realidad.

 

Agradecimiento y reconocimiento al colaborativo esfuerzo en la implementación de pasos de fauna aéreos para la ruta 32 en Costa Rica

El documento es una carta de agradecimiento de la Comisión Vías y Vida Silvestre (CVVS-UNED) dirigida a varias personas e instituciones que colaboraron en el diseño de pasos de fauna aéreos para la Ruta 32 en Costa Rica, proyecto bajo la responsabilidad del MOPT-CONAVI.

El agradecimiento se centra en la Ingeniera Sonia Vargas por conectar a la comisión con la Escuela de Ingeniería en Construcción del ITCR y a los estudiantes de último año que participaron activamente en el proyecto, bajo la guía de los profesores Giannina Ortiz y Ángel Navarro. También se agradece a las ONG, especialmente a Vínculo Animal, por su apoyo logístico, y a la Dra. Irena Villalobos Hoffmann por su aporte.

La carta destaca que el éxito del proyecto se debió al compromiso y esfuerzo colectivo, a pesar de los desafíos, y expresa el deseo de continuar con la misión de proteger la fauna silvestre a través de la implementación de pasos de fauna en toda la red de carreteras nacionales y más allá.

Del informe final del proyecto de taller de diseño realizado por estudiantes del ITCR se extrae que este incluyó un análisis detallado del estado del arte y la justificación del problema, así como la identificación de las especies de fauna que se beneficiarían de los pasos aéreos, tales como el mono Congo, el mono Carablanca, y el Perezoso de tres dedos, entre otros. Se diseñaron y evaluaron varias alternativas antes de seleccionar la solución óptima, utilizando herramientas de ingeniería avanzada y siguiendo las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de los pasos de fauna.

Además, se sugiere la posibilidad de publicar un informe sobre la contribución de la CVVS, incluyendo las organizaciones Ambio, YIski, Vínculo Animal, el consultor Ronald Villalobos H., la Ingeniera Sonia Torres, así como los profesores y estudiantes de último año de la Escuela de Ingeniería en Construcción del ITCR y VEXVT-UNED, en la construcción de los pasos de fauna aéreos de la ampliación de la Ruta 32. Se destaca la importante labor de coordinación técnica y biológica realizada por Ronald Villalobos con el equipo del ITCR.

Finalmente, la carta está firmada por varios miembros de la Comisión Vías y Vida Silvestre, junto con otros colaboradores de diferentes organizaciones conservacionistas, y se cierra con un agradecimiento de parte de Ma. Elena Fournier S.