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Etiqueta: MOPT

Defensoría: Controles deben ser claros en concesión de Puerto Caldera

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación, la cual tuvo como objetivo atender las disconformidades que reclaman los usuarios de los servicios que actualmente brinda el concesionario de Puerto Caldera.

En el marco de dicha investigación, se logró determinar que la Contraloría General de la República habría emitido el Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, en el que se abordó el tema de la ausencia de controles en cuanto a los montos invertidos en mantenimiento en la infraestructura y equipos que administra la concesionaria, lo que ha generado un impacto directo sobre el servicio que se brinda por dicha empresa; situación que sin lugar a dudas, tendrá efectos de cara a la terminación del contrato en el año 2026 y las obligaciones contractuales al momento de entrega de dichos bienes y equipos, por parte del Concesionario.

En el marco de las diferencias de criterio que se suscitan entre el INCOP y la Contraloría General de la República, en torno a los montos de mantenimiento al momento de la finalización de la concesión, el INCOP suscribe en solitario un Acuerdo Conciliatorio, del cual quedó demostrado que el MOPT nunca estuvo en conocimiento, a pesar de que es una competencia propia de la Administración Concedente y no única del INCOP, dados los efectos en la recepción final de los bienes y equipos, que actualmente administra. Adicionalmente, del texto del Acuerdo se determinaron roces con las competencias de la ARESEP en materia de tarifas, que nunca fueron analizadas.

En este sentido, a lo largo de la investigación y para el actual contrato de concesión, la Defensoría ha advertido la importancia de ahondar en la diferenciación que existe entre las funciones del INCOP y de la Administración Concedente que, para efectos jurídicos, esta Defensoría considera distan de lo que se ha señalado por las autoridades del INCOP y el MOPT como una “mera coordinación”.

Esta advertencia toma mayor relevancia en el marco de proceso de licitación Mayor No. 2024-LY-CAL-000001-INCOP, a efectos de evitar inconvenientes futuros como los que evidenció la CGR en su informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, a escasos meses de su finalización y en donde de conformidad con el mismo documento de licitación, contará con una Administración Concedente conformada por el Poder Ejecutivo, entendido este por el Presidente de la República, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Hacienda y aunque el documento señale estarán representados por el INCOP, se debe recordar que la delegación no transfiere responsabilidad.

En este sentido, en el marco de su magistratura de influencia, en diciembre anterior la Defensoría hizo ver al MOPT que debe existir normativa que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia Contraloría General ha denominado “Administración Concedente Compleja”; posición que fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP”.

Ante el rechazo de las solicitudes planteadas tanto al MOPT como al INCOP, corresponde elevar el presente asunto ante el órgano competente y dado que la investigación se enmarcó en el ámbito de la Contratación Administrativa, corresponderá a la Contraloría General de la República determinar si existe mérito para continuar con la investigación, todo ello al amparo del proceso de seguimiento del Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021 y las posiciones expuestas por esta Defensoría en la presente investigación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Firmes en defensa de asfaltado 811

Comunicado

¡Unirse a esta lucha es defender los Derechos Humanos de nuestras familias y comunidades!

La Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811 viene impulsando gestiones dirigidas al MOPT, CONAVI y otras instituciones involucradas para que resuelvan y hagan el Asfaltado Total de la Ruta Nacional 811; así como proporcionar su respectivo mantenimiento.

Es urgente su presencia para manifestar públicamente la preocupación por el mal estado de la Ruta Nacional 811; interrupción de labores de asfalto y el no recibir respuesta por parte de ninguna institución para resolver de manera oportuna esta situación. Dicha manifestación ciudadana la impulsó en conformidad con derechos consignados en legislación internacional y en la constitución Política de Costa Rica vinculados al derecho a la protesta; entre ellos en los artículos 26 y 28.

Reiteramos que el estado actual de dicha ruta afecta en el diario vivir de las familias que viven a las orillas de esta vía y otras comunidades aledañas; entre algunas se encuentran La Ligia, Santa María, Irlanda, Escocia, El Silencio, Dos Ríos, El Camarón, Los Ángeles, Finca Lomas, La Morenita, La Aurora y otras comunidades cercanas.

Así mismo, perjudica drásticamente la calidad de vida y la seguridad de todas las personas que transitan por dicha carretera, en el actual estado en que se encuentra. En el verano hay demasiados huecos y polvo que también se convierte en un problema de salud pública, donde en especial, niñez, juventud y personas adultas mayores sufren de problemas respiratorios a causa de tanto polvazal. Problemática que se agudiza con la lluvia que provoca un barrial casi intransitable.

Esta problemática violenta y vulnerabiliza derechos humanos de todas las comunidades, inclusive a los grandes empresarios del banano, piña, productores agrícolas, pequeños emprendedores de proyectos de turismo.

Hemos hecho propuestas y hemos estado esperando por muchos años una verdadera solución, como es el asfaltado. Exigimos a las instituciones respectivas que, en coherencia con el discurso que se da aludiendo a la política de Estado, se agilice con las acciones concretas por el desarrollo de nuestra provincia será una realidad.

 

Agradecimiento y reconocimiento al colaborativo esfuerzo en la implementación de pasos de fauna aéreos para la ruta 32 en Costa Rica

El documento es una carta de agradecimiento de la Comisión Vías y Vida Silvestre (CVVS-UNED) dirigida a varias personas e instituciones que colaboraron en el diseño de pasos de fauna aéreos para la Ruta 32 en Costa Rica, proyecto bajo la responsabilidad del MOPT-CONAVI.

El agradecimiento se centra en la Ingeniera Sonia Vargas por conectar a la comisión con la Escuela de Ingeniería en Construcción del ITCR y a los estudiantes de último año que participaron activamente en el proyecto, bajo la guía de los profesores Giannina Ortiz y Ángel Navarro. También se agradece a las ONG, especialmente a Vínculo Animal, por su apoyo logístico, y a la Dra. Irena Villalobos Hoffmann por su aporte.

La carta destaca que el éxito del proyecto se debió al compromiso y esfuerzo colectivo, a pesar de los desafíos, y expresa el deseo de continuar con la misión de proteger la fauna silvestre a través de la implementación de pasos de fauna en toda la red de carreteras nacionales y más allá.

Del informe final del proyecto de taller de diseño realizado por estudiantes del ITCR se extrae que este incluyó un análisis detallado del estado del arte y la justificación del problema, así como la identificación de las especies de fauna que se beneficiarían de los pasos aéreos, tales como el mono Congo, el mono Carablanca, y el Perezoso de tres dedos, entre otros. Se diseñaron y evaluaron varias alternativas antes de seleccionar la solución óptima, utilizando herramientas de ingeniería avanzada y siguiendo las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de los pasos de fauna.

Además, se sugiere la posibilidad de publicar un informe sobre la contribución de la CVVS, incluyendo las organizaciones Ambio, YIski, Vínculo Animal, el consultor Ronald Villalobos H., la Ingeniera Sonia Torres, así como los profesores y estudiantes de último año de la Escuela de Ingeniería en Construcción del ITCR y VEXVT-UNED, en la construcción de los pasos de fauna aéreos de la ampliación de la Ruta 32. Se destaca la importante labor de coordinación técnica y biológica realizada por Ronald Villalobos con el equipo del ITCR.

Finalmente, la carta está firmada por varios miembros de la Comisión Vías y Vida Silvestre, junto con otros colaboradores de diferentes organizaciones conservacionistas, y se cierra con un agradecimiento de parte de Ma. Elena Fournier S.

Defensoría investiga traslado de atención de carreteras nacionales a municipalidades

Sobre más de 3.000 kilómetros de la red vial nacional

Como parte del control de legalidad que realiza la Defensoría de los Habitantes, se le envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), 12 preguntas relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, que estaría trasladando a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.

El objetivo de esta Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos. Estas son las consultas que el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, debe responder dentro de los cinco días hábiles: si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.

Se le consultó si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, además, en caso de llevar adelante esta iniciativa, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si dichos recursos ya están o no reservados a nivel presupuestario.

Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales.

Además, se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales, qué consideración le merece que los establecidos actualmente en las Leyes N° 8114 y 9329, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.

También, deberá informar si considera que las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como LANAMME u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades.

Por último, deberá indicar qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

La inseguridad y la indefensión. El caso de Cervantes -Turrialba

Por Carlos Carranza

Me toca hacer el viaje de San José – Turrialba y viceversa como parte de un continuo. En algún momento he escrito sobre la necesidad de modernizar el trayecto Paraíso -Turrialba. El trayecto Paraíso – Cervantes se ha poblado en alto grado con residencias tipo chalet bellas y comercio precioso, la vía sí está bien, pero en términos relativos ya que en ciertos días la densidad vehicular es alta aunado por la circulación de “furgones” de todo tipo lo que hace más complejo el transitar en esa vía.

Pero lo más difícil es cuando se pasa de Cervantes en el trayecto que va de Pirrís a Turrialba, pues la carretera, además de corto espacio en una zona de neblina y lluvia se han desaparecido los “gatos “y las demarcaciones con el agravante de que zonas para autobuses o furgones no existen y algunos puentes son una calamidad como el de subir hacia la Victoria o el de Quebrada Honda, para colmo, cuando hay alta densidad no existe ningún apoyo y control de autoridades.

Para llegar de Turrialba a Montes de Oca tardé casi cuatro horas en un total de aproximadamente 65 kilómetros.

El hecho destacado de esta peripecia fue cuando no nos podíamos mover y vi a muchas personas que decidieron caminar, posiblemente bajaron de los buses en acto de valentía pese al frío y la llovizna cansadas de esperar. Por supuesto que había un accidente, pero no era para ese caos. Cuando pasé no vi autoridades y todavía uno de los autos atravesado sin ninguna grúa.

Solo indico: ¿Cuándo tendremos autoridades para apoyar y una carretera con los niveles MÍNIMOS para circular en condiciones adecuadas con algo de inversión mínima (no máxima) para aliviar este tipo de situaciones?

Dejo hasta aquí asentada una genuina preocupación que solicita algunas medidas para “paliar” esa situación tan grave.

Espero algún grado de atención de las autoridades del sector del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las entidades involucradas.

CTRN alza la voz en apoyo al SITECNA frente al colapso del servicio de control de tránsito aéreo e incumplimiento de Gobierno

Comunicado

Desde la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum (CTRN) expresamos nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras del servicio de control de tránsito aéreo ante el incumplimiento de compromisos por parte de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La secretaria general de la CTRN, Fanny Sequeira, hizo un llamado a las autoridades del gobierno para que ofrezcan soluciones concretas y de aplicación inmediata en la reunión que el presidente Rodrigo Chaves ha convocado a la dirigencia de SITECNA, al ministro de Transporte Mauricio Batalla y a jerarcas de Aviación Civil para este martes 14 de mayo, a las 10 a.m. en la Casa Presidencial.

“Sabemos que el personal del servicio de control de tráfico aéreo han sido un baluarte en nuestro país pues, pese a no contar con el equipo y recursos suficientes, han cumplido sus funciones de manera eficiente y comprometida. No obstante, la desidia de las autoridades gubernamentales ha llevado este estratégico servicio a un grado de deterioro que amenaza con el colapso”, indicó Sequeira.

SITECNA, sindicato afiliado a la CTRN, ha denunciado reiteradamente el incumplimiento de los acuerdos pactados, tras un año de negociación, con relación a un reajuste y revalorización salarial, reestructuración de las plazas del personal activo, dotación de personal y equipos necesarios para el desempeño de sus labores.

Debido a las carencias de equipo y personal, en el transcurso de un mes se cerraron en al menos cuatro ocasiones frecuencias de control aéreo en el Aeropuerto Daniel Oduber. El sábado pasado hubo otra situación que amenazó con la paralización del Aeropuerto Juan Santamaría.

Juan Carlos Barquero, tesorero de SITECNA, explicó que el sábado pasado estuvo a punto de darse una suspensión de doce horas del servicio de tráfico aéreo en el aeropuerto Juan Santamaría, debido a que no había personal disponible para sustituir a un operador que se hallaba incapacitado por razones médicas.

“Esta situación, obviamente, disparó una alerta entre las aerolíneas, la administración del aeropuerto y el mismo gobierno, porque la suspensión podría haber afectado a casi 2.500 pasajeros que salen y entran al país en ese mismo horario”, explicó el dirigente sindical.

Finalmente, la crisis se superó gracias a la disposición de dos operadores vinculados al sindicato que se ofrecieron voluntariamente a trabajar el turno bajo la condición de que se encontrara una solución a los problemas de escasez de personal y de bajos salarios que afectan este servicio, vital para la economía del país.

“El presidente (Rodrigo Chaves) nos llamó para hablar de la situación y nos convocó a una reunión este martes (14 de mayo) en la Presidencia junto al ministro del MOPT (Mauricio Batalla) y jerarcas de Aviación Civil, con la promesa de que nos apoyaría en la búsqueda de soluciones a estos problemas”, manifestó Barquero.

El dirigente sindical fue enfático en explicar que lo ocurrido el pasado fin de semana no fue una manifestación de fuerza ni una protesta, sino de un asunto orgánico “en el que nosotros no tenemos nada que ver”. Sin embargo, recordó que el Sindicato viene denunciando los problemas que enfrenta el servicio desde 1998, sin que la administración haya adoptado medidas adecuadas para resolverlos.

“La escasez de recurso humano, afirma, incide en el cansancio del personal. Tenemos compañeros que no han podido tener vacaciones desde hace tres años y la situación se va a agravando. Además, demandamos que se atienda la situación salarial pues hace 15 años que no recibimos un ajuste”, añadió.

Por su parte, Juan Carlos Calderón, presidente de la CTRN manifestó el rotundo apoyo para el SITECNA y a todas las personas funcionarias del servicio de control de tráfico aéreo.

“Exigimos una respuesta inmediata por parte de las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil y reiteramos nuestro apoyo a este sector en el momento en que requieran para llegar a una pronta solución por la economía del país y por el bien de los trabajadores”, concluyó Calderón.

La lucha presidencial, en Zapote, ha agudizado y limpiado su terreno con la destitución del ministro

Vladimir de la Cruz

Mas allá de cualquier situación anómala, alrededor de la contratación para construir, o arreglar la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, lo que tendrá que dilucidarse, ojalá con gran trasparencia y conocimiento público, lo que se ha desatado es un escándalo político, cosa que le gusta impulsar al presidente Chaves, como elemento distractor de la realidad política nacional.

Para mí, lo sucedido, con la forma realizada de la destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, estando ellos en viaje oficial en Canadá, viaje con conocimiento y acuerdo del Presidente Chaves, y de las instancias administrativas correspondientes, fue una verdadera cochinada, una asquerosidad de actuación gubernamental, de deslealtad mínima hacia colaboradores, de la presidencia de la República, que mide, ubica y exhibe, una vez más, al Presidente; no a los destituidos.

La destitución del ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, no obstaculiza ni impide lo que tiene que resolverse en el Aeropuerto Daniel Oduber. La situación hay que atenderla, con la empresa calificada que pueda resolver los arreglos que tengan que hacerse. Esto está ligado a la responsabilidad de manejo de aeropuertos internacionales, que están también regulados y vigilados por la IATA, lo que debe preocuparnos como país, por el papel que hoy tiene el turismo extranjero en Costa Rica, y por la cantidad millonaria de turistas que llegan a Liberia anualmente.

La destitución realizada fue un acto qué, por su naturaleza, envía un mensaje directo a todos los miembros del Consejo de Gobierno, y a todos los funcionarios de nombramiento del Presidente, o del Gabinete ministerial. Ninguno está seguro, en sus actuaciones dirigidas por el presidente, aunque viajen con su autorización oficial. Todos están sujetos a las condiciones hepáticas, biliosas, atrabiliarias del presidente… hasta el país. Todos los ciudadanos, todos los sectores sociales, económicos, políticos y productivos penden y están sujetos a estos estados biológico-patológicos del presidente… ¡cosa muy grave!

Es claro que los ministros son de nombramiento del presidente, y que solo él los puede destituir. Eso no está en discusión. El que nombra destituye. Es la forma lo que ha trascendido como presunto escándalo político y de posible corrupción pública, situación que no era de desconocimiento del presidente, por la forma como se giró instrucciones para las instancias, que no eran las pertinentes, que resolvieron el trámite del arreglo del aeropuerto de Liberia. Por eso, en la destitución del ministro, y su sustitución, inmediatamente el presidente giró instrucciones, al nuevo jerarca de Obras Públicas, para que destituyera al director de Aviación Civil, puesto que sí dependía jerárquicamente del ministro y no del presidente.

La otra parte del mensaje cifrado, que le debe llegar a los miembros del Consejo de Gobierno, y a los funcionarios que el presidente nombra, es que deben tomar precauciones de sus actuaciones institucionales, sobre todo cuando esas actuaciones son directamente diseñadas, vigiladas, en cierta forma interesadas del propio presidente, y por ello ejecutadas indirectamente, o en paralelo, con el funcionario, de manera que ante una situación que luego se presenta en la forma como irregular, a cargo del funcionario, y no del presidente, deben tener a resguardo su espalda y asegurados los pasos de sus actuaciones, donde quede precisa la huella indeleble también del mandatario, sabiendo, sobre todo que el presidente los deja solo, a la intemperie del aguacero, a cielo descubierto, sin resguardo alguno.

Si esas precauciones incluyen grabaciones, como las que realizó, en su momento, la entonces ministra de Comunicación, son válidas; no solo para proteger al funcionario, que puede ser embarcado en una acción, que luego puede presentarse públicamente como dolosa, sino también para proteger la legalidad del acto, de la actuación, de lo realizado por el funcionario cuestionado. Así, se desprende, de lo actuado por el presidente… que todos los funcionarios de su nombramiento deben andar con su grabadorcita o tener su teléfono celular prendido en grabación… Ese puede ser su mejor seguro de vida, tal vez su garantía para no ser pasados a la Fiscalía, ni ser indagados judicialmente, aunque dicen que a todos los funcionarios que se reúnen con el presidente les revisan electrónicamente, no solo para ver si están armados, sino para detectarles cualquier dispositivo electrónico que porten. Si esto que se dice es real, lo que pone en evidencia es la desconfianza que se produce de cualquier conversación presidencial donde se traten asuntos de negocios del Estado o del Gobierno, discútanse o no montos de dineros, donde se trata de evitar que lo que no esté escrito no quede grabado. Esto es lo que públicamente se percibe de lo que sucede en Zapote.

Digo esto porque, para mí está claro que las actuaciones del ministro de Obras Públicas, y Trasportes y del director general de Aviación Civil, estaban con el aval y apoyo del presidente. Lo demás son discusiones de montos de dinero más, o montos de dinero menos, y de cuál empresa salió favorecida y cuáles perjudicadas, que es como se está presentando el caso del Aeropuerto de Liberia.

La destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación, calza con lo que he afirmado en otros artículos, de la estrategia del caos, que el presidente trata de provocar, de desastre nacional, de crisis gubernativa o de gobernanza, que le permita preparar las condiciones para el ejercicio de un gobierno de fuerza, de excepción, o para preparar el intento de una posible convocatoria de un plebiscito o referéndum nacional, lo que se analiza en Zapote, para valorar las posibilidades de extender el mandato presidencial por una vía de excepción política, que no es fácil realizarla en Costa Rica.

La imagen de Bukele, solo falta que se coloque en el despacho del presidente, en apoyo a la idea centroamericanista que comparten, el presidente Chaves y el presidente Bukele, de El Salvador, con la posibilidad, de qué si el presidente Chaves no puede resolver los problemas nacionales, lo haga Bukele, como ya han empezado a proclamar algunos seguidores del actual gobierno. No sé si Bukele interviniendo directamente en la política nacional, cosa que no se podría, o como presidente centroamericano, formando nosotros parte de una nueva República Centroamericana, como la ha anunciado y proyectado Bukele, y como la acaricia Rodrigo Chaves. Sus flirteos con Bukele y el mismo Daniel Ortega tan solo son indicios, según se puede percibir.

La destitución realizada fue una carambola bien tirada del presidente. El presidente constantemente se luce como un buen billarista político. Sabe hacer, y está bien asesorado, en estas jugadas de distracción política en el escenario nacional. Por ahora yo lo veo así. Se presenta ante su audiencia fiel como el combatiente de la corrupción, de los supuestos chorizos y malos manejos de la cosa pública. Sus seguidores le aplauden en el circo que nos presenta.

Cuando en su gobierno, apenas de 22 meses, se han producido 42 cambios, a razón de uno cada quince días, lo que se evidencia es una crisis de gobierno, de conducción, de visión nacional, de no tener equipo de gobierno, de ausencia de un Gran Timonel, cuando el capitán del barco quiere realizar todas las funciones, que no puede dirigir.

La idea central de la crisis no está en las debilidades o falencias del presidente, sino en su mensaje de que no se le deja gobernar, como él quisiera, verticalmente, sin intromisión de organismos o instancias administrativas intermedias de control. Gira en lo que el presidente constantemente señala, que necesita que lo dejen gobernar, cómo él quiere dirigir el país, para lo que hay que eliminar a todos los funcionarios e instancias de control administrativo y político, que le estorban u obstaculizan su gestión autoritaria, como lo ha dicho claramente.

Cuando fui embajador en Venezuela conocí una situación similar de renuncias y cambios gubernamentales. Desde el 2000 hasta el 2009 el Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, también tenía una rotación, por destitución o cambios en Gabinete, muy similar al gobierno de Chaves, el costarricense. En Venezuela, 209 cambios en esos diez años. En una conversación que tuve con un alto funcionario de la Cancillería venezolana, le hice ver esa situación y cómo nos afectaba, en las gestiones diplomáticas que teníamos que realizar por medio de la cancillería, de atrasos burocráticos, en los trámites solicitados, y cómo creía yo que también afectaba a la propia obra gubernativa del Presidente Hugo Chávez. El funcionario tan solo me dijo: “Mire Embajador… Ese es el tiempo que da el Presidente Chávez”, frase que me quedó sonando… “tiempo Chávez qué da” … para robar…esa era la esencia. No es la situación de cambios ministeriales e institucionales que hay en el país, pero, ojalá no lleguemos a situaciones como ésa. No hay en Costa Rica los montos presupuestarios que puede generar una economía basada en la producción de petróleo y de gastos públicos, que autorizadamente el presidente puede gestionar casi discrecional y confidencialmente, como sucede en Venezuela. Pero, en grandes contrataciones para ciertos proyectos, pueden suceder “gastos”, “pagos” o “reconocimientos”, “favores”, como se señaló de una importante empresa constructora, en otros negocios de Estado, aún sin concluir sus indagaciones judiciales, en otros gobiernos, como se han conocido que ocurrieron en el país.

En torno a la bulla de la destitución del Ministro de Obras Públicas se ha cuestionado lo sucedido por su cercanía con el presidente Chaves, la consideración pública que se hacía de que era su delfín para la próxima campaña presidencial, de que hubiera manifestado públicamente que podría aspirar a una candidatura en esa dirección, que era el funcionario del Gabinete mejor calificado, que tenía mejor percepción pública que el mismo presidente, lo que sí afectaba el estado de ánimo presidencial, porque de las personas que le rodean y trabajan con él, nadie puede estar más arriba de la línea de flotación del presidente. Todo se hacía con conocimiento del presidente Chaves, y la buena imagen solo podía favorecer la imagen del gobierno y del presidente, aunque el presidente no lo entendiera o aceptara. Pero, volvemos a empezar de cero.

Dice mi buen amigo, el biólogo Freddy Pacheco, que el Ministro Amador “estaba en «alitas de cucaracha» por haber engavetado o destruido, proyectos como la autopista Barranca-Limonal, el urgentísimo tren metropolitano, una justa revisión vehicular, el regular ordenamiento vial, las carreteras a Cartago y Limón, el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, con nueva carretera hacia el Pacífico (en lugar de la ocurrente ampliación de la ruta 27), el insostenible por ineficiente muelle de Caldera, el costoso espejismo de APM Terminals, el caos vial provocado por el puentecito del bajillo de Los Ledezma, el sueño irreal de la carretera a San Carlos, las decenas de puentes sin intervenir, los abandonados puentes peatonales, el incompetente proceso hacia la frustrada ciudad gobierno”.

Todo esto ocurría y se hacía al amparo y supervisión también del presidente de la República. Si todo esto es cierto, ¿cómo se había ganado tan buena imagen el ministro? Y, si todo eso es cierto, ¿había o no razón para destituirlo?, a pesar de que todo eso se hacía con el aval del presidente, y que “esa buena fama” le ayudaba a la imagen del gobierno. ¿Si todo eso es cierto, la responsabilidad compartida, del Ministro con el Presidente, vale o no para que el Presidente también renuncie, y deje su cargo?

La fresita del postre fue, como se ha dicho y publicado, una licitación para la urgente rehabilitación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, «a la medida» de la empresa MECO, que estaba cobrando cerca de mil millones de colones más, denunciado ante el presidente por sus amigos de las otras dos empresas, Pedregal y Hernán Solís, “como presunto acto de corrupción”, negociación que en alguna parte no se le consultó, participó o no fue atendido por el presidente Chaves, hasta que le advirtieron que estallaría el escándalo.

Alrededor de la destitución del ministro se movieron otras fuerzas, y personajes políticos y empresarios importantes, que sí tenían interés de sacar al ministro del escenario presidencial, por tener ellos ese interés presidencial, y por tener algunos de ellos gran influencia en el aparato de asesoría que gira alrededor del presidente, de quienes manejan hoy su estrategia electoral hacia las elecciones del 2026, y de la postulación del eventual relevo de Chaves. Esos asesores ya se mueven en la dirección de impulsar a un empresario, y financista, con lazos importantes internacionales, por ahora en la discreción pública de su conocimiento, como el natural relevo del presidente Rodrigo Chaves, con la certeza de que él no puede continuar continua o sucesivamente la presidencia como él quisiera.

Por ahora la candidatura de la ministra libertaria Natalia Díaz, no es la del presidente Chaves. La eventual candidatura de Natalia es, por ahora, la de la propia Natalia. Si la ministra llega a enero próximo, veremos si sigue o no en el gobierno por su propia voluntad, o se sale para lanzar su candidatura.

El ministro Amador promocionó su propia candidatura entre la afición chavista, poniéndole así, travesaños y zancadillas, a los deseos de los asesores de Zapote, a la misma ministra de la Presidencia, y a quien por debajo impulsan los asesores y financistas que llevaron a Rodrigo Chaves a la presidencia.

La candidatura que Rodrigo Chaves apoye o impulse la definirán quienes le asesoran fuera de la Casa Presidencial, y quienes le financiaron su campaña.

En este molote político, del escándalo de la destitución de estos funcionarios públicos, no perdamos la perspectiva… El aeropuerto tiene que repararse en lo que corresponda…separemos la paja del grano de la destitución… entendamos que la lucha presidencial en Zapote se ha agudizado y, por ahora, se ha limpiado su terreno con la destitución del ministro… Nuevos nubarrones vendrán que contribuirán a continuar la distracción política que se impulsa desde el despacho y oficinas en Zapote.

Un engaño más para los limonenses

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

O Amador no sabe de lo que está hablando, o está jugando con los habitantes de Limón, otra vez. Cuando los muelles de Japdeva, según la Cepal, estaban dentro de los 12 mejores puertos latinoamericanos (en un ranquin de 120), la cantidad de contenedores de 20 pies (TEUS), era similar.

Los dos daneses y un británico que suscribieron el contrato de concesión (el 12 de febrero del 2012) en representación de APM, jamás van a permitir que se supere el número de 1.500.000 contenedores, pues, de hacerlo, la concesionaria, tendría que alcanzar la promocionada inversión de US$1.000 millones, obligados, entre otros, a condicionar la mitad de la isla artificial (40 Ha) con los otros puestos de atraque.

APM, como filial de la naviera MAERSK, que con una flota de más de 500 barcos portacontenedores, transporta alrededor del 15% del comercio mundial de esas estructuras, podrían, si lo necesitaran, regular el flujo de contenedores hacia la terminal, para que, en los años que le quedan a la pésima concesión, ni se aproxime la cifra de millón y medio de TEUS.

Así las cosas, los expertos relacionados con Japdeva, tendrían que decirle al ocurrente Amador, que, en su «idioma», está MFT. Que esa expectativa está en la cola de un venado; que lo que debería de hacer el MOPT es exigir que se cumpla la letra del contrato, en cuanto a que, solo «fully cellular container ships» (barcos con carga exclusiva de contenedores) sean los que APM podría recibir en sus dos puertos de atraque.

Que los que no sean de esa característica, deberían ser atendidos en los 10 puertos de atraque de Japdeva que, además de su eficiencia y menores tarifas, era financieramente autosuficiente.

Solicitud para conformar la Comisión Mixta de Monitoreo para Terminal de Contenedores de Moín

Por Sofía Jiménez Murillo

A través del oficio DM-TC-2023-4742, el Sr. Marco Vinicio Levy Virgo solicita la conformación de la Comisión Mixta de Monitoreo para el Proyecto Terminal de Contenedores Moín. Esta petición de conformación de comisión está incluida en el expediente administrativo D1-7968-2021-SETENA. Adjuntamos el documento, del MOPT, dónde puede apreciar detenidamente la información. 

Ciudad Gobierno, ejemplo de incompetencia e improvisación

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Extraña que, como parte importante de lo que hace la administración Chaves, alrededor del millonario, pero mal estructurado proyecto de «ciudad gobierno», se obvie lo de la manzana perteneciente al Liceo de Costa Rica.

Al reafirmarse judicialmente, que los 10 mil metros cuadrados de terreno al sur del edificio oeste, son propiedad del centenario Liceo, se suscribió un contrato de arrendamiento con las autoridades del MOPT, que, por desdicha, el ministro Luis Amador ordenó incumplir, o sea, no pagar el alquiler pactado, afectando sensiblemente el buen funcionamiento del prestigioso Liceo.

Pues bien, mediante una maniobra de los jerarcas del MEP, MOPT y VIVIENDA, ejecutada con la complicidad de una espuria junta administrativa, órgano con solo FUNCIONES ASESORAS, se cometió falta grave. Cual si la Ley promovida por el expresidente Daniel Oduber, mediante la cual se reconoce como del LCR la cuadra que hoy ocupan los talleres del MOPT, fuere letra muerta, la tal junta administrativa (procesada por supuestos actos de corrupción), le «cedió» al gobierno de Chaves, lo que no podían regalar.

Serán los tribunales de justicia los que, sin duda alguna, anularán el «convenio de cesión», pero mientras tanto, el gobierno NO puede, no debe, hacerse «gato bravo» con el bien que pertenece al Liceo.

Podría pagar una indemnización por expropiación (si se llegase a aprobar el préstamo de US$450 millones en la Asamblea Legislativa), o determinar otro mecanismo justo de traspaso, pero no cometer el delito que hoy no les da pena exhibir ante la opinión pública.